Lunes, 26 Septiembre 2016 06:21

Los primeros archivos abiertos

Los primeros archivos abiertos

Ricardo Lagos promulgó el secreto por 50 años para proteger la dignidad de las víctimas que no querían hacer público su martirio.

 

Al menos quince víctimas del terrorismo de Estado trasandino lograron desclasificar documentos que dan cuenta de las torturas sufridas entre 1973 y 1990, cuando fueron detenidas por agentes militares. Con esta iniciativa, los ex presos políticos logran romper, por primera vez, con un largo silencio que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054. Quince carpetas forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas por razones políticas.


La documentación contiene fotografías, recortes de prensa y fichas de las víctimas, además de la transcripción de los testimonios de los denunciantes, en los que aparecen nombres y descripciones de sus captores y torturadores. “Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”, señaló Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el jueves recuperaron la carpeta vinculada con su caso.


Mathieu, que tras el golpe de Estado integró la red periférica de apoyo al MIR (Movimiento de Izquierda revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio. “Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo sólo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.


Los testimonios, documentos y antecedentes aportados a la Comisión Valech debían permanecer en secreto por un plazo de 50 años, según determinó la ley 19.992, conocida como Ley Valech, que establece la entrega de pensiones de reparación para las víctimas de la dictadura. Según argumentó el entonces presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo de la medida era proteger la dignidad de las víctimas que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.


Hasta el momento, el acceso a esa información no sólo estaba vedado a la ciudadanía, sino también a los jueces, que no podían conocer los antecedentes sobre los casos de represión. La actual presidenta, Michelle Bachelet, prometió en su campaña electoral que estudiaría el tema, pero fue la iniciativa de un artista visual chileno la que permitió romper con el secreto. “Desclasificación Popular” es la campaña artístico-política de Francisco “Papas Fritas”, un transgresor artista que junto a un equipo de periodistas y abogados encontró la forma legal de forzar al Estado chileno

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Kissinger frustró los intentos de EEUU para detener las matanzas de la dictadura argentina
Nuevos archivos desclasificados prueban que el exsecretario de Estado puso trabas a los intentos del gobierno de Jimmy Carter de tomar medidas enérgicas contra la sangrienta dictadura argentina de 1976-1983

 



El exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger frustró los intentos de su país de detener las matanzas de la dictadura militar argentina de 1976-1983 al felicitar a la Junta Militar del país sudamericano por "eliminar" el terrorismo, según importantes archivos recientemente desclasificados.

 

Los documentos , que salieron a la luz el lunes por la noche, demuestran que la buena relación entre Kissinger y los dictadores argentinos puso trabas a los intentos de Jimmy Carter de influir en el régimen durante su presidencia de 1977 a 1981.

 

Funcionarios del gobierno de Carter se enfurecieron cuando Kissinger viajó al Mundial de Fútbol en Argentina en 1978 como invitado especial del dictador Jorge Rafael Videla, responsable de la desaparición forzosa de 30.000 opositores a la dictadura militar.

 

En ese momento, Kissinger ya no trabajaba para el Gobierno, después de que Carter venciera a Gerald Ford en las elecciones de 1976, pero los archivos prueban que los diplomáticos estadounidenses temían que sus elogios a la dictadura incrementaran las matanzas.

 

Durante sus años como secretario de Estado, Kissinger alentó a la Junta Militar a aniquilar el "terrorismo". Por el contrario, Carter y Zbigniew Brzezinski, su consejero de Seguridad Nacional, hicieron de los derechos humanos un pilar en la política de exteriores de EEUU y presionaban a la dictadura argentina retrasando préstamos y venta de equipamiento militar.

 

Kissinger elogió a Videla

 

Los cables recientemente desclasificados relatan cómo Kissinger elogió a Videla y otros militares por sus métodos durante su visita al país en 1978. "Los elogios de Kissinger al gobierno argentino por su campaña contra el terrorismo fue la música que los militares querían escuchar," dice uno de los documentos.

 

Otro cable diplomático explica que, durante una comida con Videla, "Kissinger aplaudió los esfuerzos argentinos por combatir el terrorismo" y lamentó que "desafortunadamente muchos estadounidenses piensen que Argentina es una bebida sin alcohol". Dijo que muchos estadounidenses "no saben nada de la historia argentina ni de sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo".

 

Kissinger tuvo incluso una reunión privada con Videla, sin la presencia del embajador de EEUU en Buenos Aires, Raúl Castro, en la que se discutieron temas de derechos humanos y la política de asuntos exteriores de Carter. "Videla arregló todo para que Kissinger y el intérprete llegaran media hora antes que el embajador", revela un cable.

 

Durante otra reunión extraoficial con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un grupo de diplomáticos argentinos conservadores y muy influyentes, Kissinger fue aún más lejos, declarando que "en su opinión, el gobierno argentino estaba haciendo un muy buen trabajo eliminando fuerzas terroristas".

 

Castro, el embajador de Estados Unidos, estaba escandalizado por el comportamiento de Kissinger.

 

"Mi única preocupación es que los repetidos elogios de Kissinger hacia las acciones del gobierno argentino para aniquilar el terrorismo... se les suban a la cabeza a los anfitrio nes argentinos", escribió el embajador en un extenso cable a Washington. "Existe el peligro de que los argentinos utilicen las declaraciones elogiosas de Kissinger para justificar un endurecimiento de su postura frente a los derechos humanos".

 

Los funcionarios en Washington estaban furiosos. "Los elogios de Kissinger al gobierno argentino por su campaña contra el terrorismo fueron la música que los militares querían escuchar," escribió Robert Pastor, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, en un resumen de la visita de Kissinger para Brzezinski. "Lo que me preocupa es su aparente deseo de hablar contra la política de derechos humanos del gobierno del Presidente Carter", señaló Pastor.

 

Carter quiso que Juan Pablo II interviniese

 

Los documentos desclasificados revelan que en un momento el gobierno de Carter consideró pedir al papa Juan Pablo II que interviniera ante los dictadores argentinos.

 

Un extenso cable de septiembre de 1980 marcado como "confidencial" explicaba que "la Iglesia y el papa tienen mucha más influencia aquí que el gobierno de Estados Unidos y podrían ser intermediarios efectivos con el objetivo de volver a un Estado de derecho".

 

El cable –de funcionarios de Estados Unidos en Roma- dice que "el Vaticano podría ser el intermediario más efectivo" ante las autoridades argentinas, que "utilizan las desapariciones como táctica habitual".

 

Los documentos no revelan si los diplomáticos estadounidenses llegaron a contactar al Vaticano, y el papel de la Iglesia Católica durante esos años oscuros sigue siendo tema de debate: muchos informes indican que había sacerdotes presentes durante sesiones de tortura. No fue sino mucho después, en el año 2000, que la Iglesia Católica argentina finalmente pidió disculpas por hacer la vista gorda ante la represión.

 

Los cables también describen el antisemitismo delirante que predominaba entre los generales argentinos, que estaban convencidos de que Brzezinski (un católico nacido en Polonia) dirigía una conspiración judía mundial contra Argentina.

 

Para combatir esta supuesta conspiración, la dictadura secuestró al prestigioso periodista judío Jacobo Timerman. Gracias a la fuerte presión del gobierno de Carter, Timerman fue finalmente liberado, aunque se le quitó la ciudadanía argentina y fue expulsado a Israel, donde relató a diplomáticos estadounidenses las torturas a las que fue sometido.

 

"Timerman explicó que el punto principal de los interrogatorios durante su cautividad era su supuesto papel como líder argentino de una presunta conspiración sionista m undial", advierte un cable desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv.

 

Otro informe de Pastor para Brzezinski –con el encabezado "Tú no pareces judío"– relata con incredulidad que Timerman le dijo a los diplomáticos estadounidenses que "la mayoría de los militares argentinos cree que existe una conspiración judía a nivel mundial de la cual nacen los problemas de terrorismo en el país, y creen que usted (Brzezinski) dirige dicha conspiración".

 

Cuando Timerman le señaló a sus torturadores que Brzezinski era católico, le contestaron que eso era parte del ardid, explicó Pastor.

 

"¡Creen que usted es judío porque leyeron la guía telefónica de Nueva York y encontraron varios ‘Brzezinskis’ con nombres de pila judíos!", escribió.

 

La desclasificación de los archivos –que había sido anunciada por Barack Obama durante su visita a la Argentina en marzo – fue bienvenida por el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Claudio Avruj.

 

"Nos sorprendió la rapidez con que Estados Unidos nos entregó la documentación", declaró a la prensa. "Pensábamos que llevaría más tiempo".

 

Tomado de theguardian. Traducido por Lucía Balducci

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Martes, 12 Julio 2016 07:34

Condenas por la Caravana de la Muerte

Condenas por la Caravana de la Muerte

EX OFICIALES CHILENOS RECIBIERON PENAS DE PRISION POR CRIMENES DEL PINOCHETISMO

 

 

La Caravana fue una comitiva militar que luego del golpe de Estado de 1973 recorrió Chile y asesinó a aproximadamente un centenar de presos políticos. En el mismo caso, las querellas implican al ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre.

Un tribunal de Chile condenó ayer a prisión a seis ex oficiales del Ejército por considerarlos autores de 13 asesinatos y tres desapariciones en la norteña ciudad de Copiapó en octubre de 1973, como parte del caso Caravana de la Muerte, por el que otro juez concedió la libertad provisional al general Juan Emilio Cheyre, ex jefe del ejército (2002-06), procesado por el homicidio de otros 15 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet.


Los crímenes del caso Caravana de la Muerte son los que cometió una comitiva militar que tras el golpe de Estado de septiembre de 1973 recorrió Chile y asesinó a cerca de un centenar de presos políticos en diversas ciudades. La comitiva era comandada por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como “delegado del comandante en jefe”, lo que implicaba que debía ser obedecido como si fuese el propio Pinochet.


En un fallo unánime, las tres juezas de la I Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenaron a penas de 15 años y un día de presidio cada uno al brigadier Pedro Espinoza Bravo y al coronel Sergio Arrendondo González, como autores de los crímenes. El también ex coronel Patricio Díaz Araneda fue sentenciado a 11 años de prisión, también como autor, mientras los ex oficiales Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar 10 años y un día de cárcel.


El caso fue investigado por la jueza especial Patricia González, quien estableció que el 16 de octubre de 1973 llegó a Copiapó la comitiva de Arellano Stark y que ya de noche tomaron a cuatro presos políticos que estaban en el regimiento y a nueve que permanecían en la cárcel de la ciudad. Luego los transportaron a las afueras, hasta un punto del desierto, donde los asesinaron a tiros.


Por otra parte, el juez Mario Carroza liberó a Cheyre y a otros cinco encausados por el asesinato de 15 prisioneros políticos en el regimiento de la ciudad de La Serena, y fijó una fianza de unos 1515 dólares para que el ex jefe del Ejército abandone el batallón de policía militar en el que está recluido desde el pasado día 7, cuando fue procesado.


El magistrado, además, les negó la libertad provisional a otros dos procesados como autores de esos crímenes, el coronel retirado Ariosto Lapostol y Víctor Hugo Alegre.


El caso es investigado como otra de las aristas de la Caravana de la muerte y estas víctimas fueron sacadas de las cárceles para ser asesinadas y en varios casos el general Arellano Stark ordenó a oficiales de los regimientos locales participar en los asesinatos, que fueron justificadas como fallos de consejos de guerra que nunca se realizaron.


En otros casos, los asesinados ya cumplían condenas por supuestos delitos, algunas de ellas irrisorias, de cien días de prisión, por faltas menores.


Los querellantes del caso, que apelarán la decisión del juez, según anunciaron, sostienen que es imposible que Cheyre no supiera nada de los asesinatos, ya que era el ayudante del coronel Lapostol, jefe del regimiento y acusado de ser uno de los autores materiales de los crímenes. Al ser detenido, Cheyre, que tiene un amplio prestigio en el ámbito académico y político, y es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, renunció a la dirección del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.


El general, que fue defendido por diversos dirigentes, incluido el ex presidente Ricardo Lagos, también renunció como miembro del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), pero a pesar de su arresto, desde el organismo le pidieron que se mantenga en el cargo.


Por su parte, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad de Chile presentó ayer una querella contra los responsables de torturas y la desaparición de opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cometidas en ese enclave alemán del sur de Chile después del golpe militar. La acción judicial reclama que se investigue y condene a los militares chilenos y a los colonos alemanes que participaron en crímenes de lesa humanidad en la hoy conocida como Villa Baviera, que durante la dictadura funcionó como un centro de detención y tortura de opositores políticos.


“En el caso de Colonia Dignidad, los avances en materia de verdad y justicia han sido particularmente insuficientes, manteniéndose crímenes y criminales en la impunidad”, explicó en conferencia de prensa la titular de la Asociación, Margarita Romero.


Colonia Dignidad fue el enclave de una secta alemana liderada por el ex enfermero nazi Paul Schäfer, que entre 1961 y 2005 funcionó en una zona situada a 400 kilómetros al sur de Santiago, donde se cometieron abusos sexuales a menores y otras atrocidades. Después del golpe de Estado del 11 de marzo de 1973, Schäfer ofreció sus instalaciones a la policía secreta de Pinochet y Colonia Dignidad se convirtió en una pieza clave del aparato represor de la dictadura, por el que se estima que pasaron unos 350 opositores.


Los querellantes sospechan que al menos un centenar de presos políticos fueron asesinados y enterrados en fosas construidas por los propios colonos.

Las más de 46.000 fichas incautadas del enclave alemán en 2005 han permitido incluir en la querella a nueve ex militares chilenos identificados con nombre y apellido.


Se trata de ocho oficiales y un suboficial de la época. Algunos de los involucrados no aparecen en otras causas de derechos humanos y uno de ellos llegó a ser uno de los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet.

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Domingo, 05 Junio 2016 07:11

El enredo peruano

Los candidatos a la presidencia de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, al término del debate que se realizó el pasado día 29 en la ciudad de Lima

 

En casual sincronía con las elecciones estatales mexicanas, hoy domingo los peruanos van a las urnas para decidir en balotaje quién será el presidente por los próximos cinco años, sucediendo a Ollanta Humala, quien sale cabizbajo, perseguido –él y su primera dama– por una gran impopularidad y algunos problemas judiciales.

 

En la primera vuelta del 10 de abril, Keiko Fujimori (41 años), hija del ex dictador encarcelado por matanzas, desfalco a la nación y graves violaciones a los derechos humanos, había obtenido 39.81 por ciento de los votos válidos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (77 años), financista neoliberal que ya fue secretario de Economía y Finanzas y jefe de gobierno en la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006), sólo alcanzaba 20.97 por ciento de las preferencias.

 

La arrolladora victoria de Keiko Fujimori en la primera vuelta, además de ponerla en una envidiable pole position en la carrera presidencial, ha permitido a su partido, Fuerza Popular, copar el Poder Legislativo conquistando 73 curules de las 130 del Congreso unicamaral frente a las 18 de PPK.

 

Las ocho semanas que separan la primera de la segunda vuelta electoral, caracterizadas por un duelo sin exclusión de golpes, han visto pasar mucha agua, no siempre limpia, bajo los puentes.

 

La revelación de Jesús Vásquez, ex colaborador de la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, de que Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, se habría jactar con él, en una conversación telefónica grabada, de haber lavado 15 millones de dólares para la campaña de Keiko en 2011, ha caído como bomba en un contexto ya bastante polarizado.

 

Las hebras de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico se trenzan estrechamente alrededor de los fujimoristas y emergen independientemente de la contingencia electoral.

 

En mayo de 1996, en el avión presidencial de Alberto Fujimori, se encontraron 174 kilos de clorhidrato de cocaína, descubrimiento que llevó a la cárcel a 28 oficiales de la fuerza aérea peruana y un edecán presidencial, pero nunca llegó al propio mandatario.

 

En marzo de 2013, en un almacén del Callao, puerto de Lima, propiedad de Kenji Fujimori, hermano congresista de Keiko, fueron encontrados 91 kilos de cocaína, sin que se le persiguiera o investigara, gracias a su inmunidad parlamentaria.

 

Las recientes denuncias del piloto peruano Jesús Vásquez desde Estados Unidos, sobre el lavado de activos de Fuerza Popular, hechas, según sus declaraciones, "para que una banda criminal no llegue a controlar mi país", han destapado toda una serie de vínculos entre Joaquín Ramírez y sus familiares –en particular su millonario tío Fidel, dueño y rector de la ubicua universidad Alas Peruanas– con el mayor narcotraficante de Perú, Miguel Arévalo Ramírez, apodado Eteco.

 

La propia DEA, normalmente parca en cuanto a declaraciones, ha admitido la existencia de una investigación denominada Operation untouchables, the Arevalo drug trafficking organization, iniciada en 2011 y aún no concluida, que involucra a Joaquín Ramírez y su tío. Al mismo tiempo, quizá para no interferir directamente en el proceso electoral peruano, la agencia estadunidense ha declarado que no tiene ninguna investigación en curso que concierna a Keiko Fujimori.

 

Estas revelaciones se suman al hecho de que 11 neocongresistas de Fuerza Popular están siendo investigados –esta vez en Perú– por delitos que van de robo agravado a falsedad ideológica, pasando por el lavado de activos. Por este último ilícito, un fiscal peruano está indagando a la propia candidata presidencial y su marido.

 

Para completar un enredo digno de la pluma de Leonardo Sciascia, unos días después del provisorio alejamiento de Joaquín Ramírez, segundo a bordo, de la secretaría del partido –un "paso al costado", dado con mucha demora–, un programa televisivo irónicamente titulado Las cosas como son difundía el audio de una llamada entre Jesús Vásquez y un conocido suyo en el cual el ex informante de la DEA parecía desmentir las revelaciones sobre el lavado de activos de Keiko Fujimori. Pena que la grabación de la llamada, evidentemente auténtica, había sido groseramente manipulada, borrando la frase clave: "Es que no es falso. Todo es verdad".

 

La innoble triquiñuela, que a muchos ha hecho recordar las falsificaciones y la compra de medios practicadas en la década de la dictadura fujimorista, ha logrado embarrar a José Chlimper, empresario que ha asumido la secretaría de Fuerza Popular en sustitución de Joaquín Ramírez y es actual candidato a la vicepresidencia.

 

Chlimper, quien cuando fue secretario de agricultura hacia el final del gobierno de Alberto Fujimori modificó la ley de exportación agropecuaria en sentido antilaboral y amenazó con disparar a los huelguistas, tuvo que admitir que fue él quien entregó a los conductores del programa televisivo el audio editado, escudándose en la increíble explicación de que ignoraba su contenido. Si no hubiera sido por la valentía de la joven periodista Mayra Albán, quien ha revelado la existencia de una grabación original que desmentía el audio falsificado, la turbia maniobra de los naranjas –el color de los fujimoristas– hubiera tenido éxito.

 

El talante autoritario de la dictadura, las falsificaciones mediáticas, la manipulación de la justicia, el latrocinio sistemático de los bienes públicos, la compra de las conciencias y de los votos, los abusos de autoridad han reaparecido así, como por encantamiento, rompiendo la máscara electoral de un nuevo fujimorismo.

 

Las manifestaciones oceánicas del 31 de mayo en Lima y en muchas ciudades del sur, en contra de un temido regreso de los Fujimoris al poder, han coreado unos poderosos "No a Keiko" y “No al narcoEstado”, en aparente contradicción con las encuestas que favorecen a Keiko por hasta cinco puntos porcentuales.

 

El antifujimorismo, que enarbola las banderas de la memoria histórica y de la preservación de la democracia, no tuvo otra opción que respaldar la candidatura de Kuczynski, aunque a veces de muy mala gana y "tapándose la nariz".

 

Hay quien describe la actual confrontación, llegada a un punto verdaderamente álgido, como "una lucha entre el Perú de los honestos y el país de los transas". La toma de posición de última hora de Verónika Mendoza, candidata de la izquierda que no logró llegar a la segunda vuelta por sólo dos puntos porcentuales pero conquistó 20 curules en el Congreso, invita explícitamente a votar por PPK, luego de cierta reticencia.

 

Renuencia más que comprensible, si se considera que Pedro Pablo Kuzcynski, aunque animado por buenas intenciones hacia los excluidos y opuesto al regreso de una dictadura, representa los intereses de los grandes capitales, las corporaciones trasnacionales y Estados Unidos.

 

 

* Periodista italiano

 

 

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Un policía antimotines apalea a un estudiante durante la protesta del jueves en Santiago

 

Miles de estudiantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, que desplegó un extenso contingente de fuerzas especiales. La protesta se saldó con 117 detenidos y 32 policías heridos, entre ellos siete mujeres, según carabineros.

 

Los violentos enfrentamientos entre policías y estudiantes chilenos el jueves dejaron más de 100 detenidos, informó ayer el gobierno chileno. Los estudiantes chilenos volvieron a la carga en contra del gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al que le exigen acelerar la ansiada reforma educativa.

 

En el centro de Santiago este jueves miles de estudiantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, que desplegó un extenso contingente de fuerzas especiales para hacer frente a esta nueva manifestación. La protesta se saldó con 117 detenidos y 32 policías heridos, entre ellos siete mujeres, según datos entregados por Carabineros.

 

Convocados en una marcha no autorizada por las autoridades, los estudiantes se reunieron en las cercanías de la céntrica Plaza Italia pero fuerzas especiales de la policía les impidieron el paso, con chorros de agua y gas lacrimógeno.

 

Estudiantes encapuchados, que atacaron a la policía con piedras y palos, lograron romper el cerco y llegar a la céntrica avenida Alameda, donde nuevamente se generaron violentos choques, que la policía repelió.

 

El comercio de toda la zona debió cerrar sus cortinas, al igual que varias estaciones del ferrocarril metropolitano, mientras que el tránsito quedó cortado en parte de la avenida Alameda, un eje neurálgico de la capital chilena.

 

“Se supone que los estudiantes son el futuro de Chile. Entonces, ¿qué esperamos entonces del futuro de Chile?”, se quejó una mujer que se vio sorprendida por la violenta manifestación ante un grupo de periodistas.

 

El malestar estudiantil crece en Chile por el lento avance que advierten los jóvenes en el proceso de reformas a la educación y muchos se preguntan si el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet alcanzará a ver convertido en ley uno de sus proyectos más emblemáticos.

 

Los jóvenes han tomado las calles en los últimos días en manifestaciones que, convocadas por federaciones estudiantiles, han culminado en graves enfrentamientos con la policía. Los estudiantes y sus familias vienen demandando desde hace años una amplia reforma a la estructura educativa chilena heredada de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada una de las más desiguales del mundo.

 

“Todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional, pero la verdad es que se discute donde corresponde, en el Congreso, con los tiempos que el debate democrático requiere”, explicó Bachelet, después de que un grupo de estudiantes disfrazados de turistas irrumpiera esta semana en La Moneda, la sede del Poder Ejecutivo, para captar el interés de sus demandas.

 

Uno de los aspectos sobre los que los muchachos llaman la atención es la gratuidad universal de la educación, mejorar la calidad de la misma, el fin al lucro y que se les considere su opinión sobre el tema, entre otras exigencias.

 

A partir de marzo de este año alrededor de 150.000 estudiantes de escasos recursos pudieron ingresar a estudiar sin costo a las universidades estatales y a determinadas privadas. Además, una ley prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la seleccción de estudiantes en colegios que reciben aporte estatal.

 

“Hoy es una realidad que miles de familias ven a sus hijos estudiando gratis, sin deuda. Esa es una realidad y también estamos trabajando para ir mejorando la calidad de la educación que reciben”, dijo la mandataria.

 

Actualmente, el Congreso discute un proyecto de ley para sacar los colegios públicos todavía administrados por las municipalidades desde el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet y señalados como el origen de la discriminación en la educación chilena. Por otro lado, el gobierno todavía afina detalles de lo que será la redacción del proyecto sobre educación superior antes de enviarlo para su tramitación en el Parlamento.

 

“El Gobierno lleva adelante una reforma educacional que ha tenido muchísimos avances y que hace cinco años atrás eran completamente impensables”, defendió Bachelet una de las promesas que hizo durante la campaña electoral.

 

A pesar de los avances, muchos se preguntan si la mandataria podrácumplir con una de las propuestas más emblemáticas de su Gobierno cuando faltan poco menos de dos años para que concluya su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018.

 

La gobernante socialista, que lidera la Nueva Mayoría, una coalición que integran desde comunistas a demócratas cristianos, con mayoría en el Congreso, confía en que podrá materializar su programa de gobierno en el tiempo que le queda. A diferencia de su primer gobierno, entre 2006 y 2010, Bachelet fue perdiendo en el actual mandato el apoyo de sus compatriotas, que se sitúa en alrededor de un 25 por ciento y en un rechazo del orden del 65 por ciento, según las encuestas. Sin embargo, el principal test a su gestión se realizará el 23 de octubre, cuando se celebren las elecciones para alcaldes y concejales, los primeros comicios bajo su actual mandato.

 

 

 

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Sábado, 02 Abril 2016 06:24

El hermano argentino

 Obama y Macri en el Parque de la memoria, el 24 de marzo

Negocios, lavado de cara para recuperar el “patio trasero” y acuerdos en materia de seguridad, con la excusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fueron los tres ejes de la visita de Obama a la Argentina macrista.

 

“Lo admiro profundamente”, fue la frase pronunciada por el presidente Mauricio Macri en referencia a Barack Obama en la simbólica y emblemática cena para mil invitados en el Centro Cultural Kirchner. El encuentro sirvió también para mostrar la política interna del macrismo: del kirchnerismo sólo fueron invitados el senador Miguel Pichetto, que ya adelantó su voto favorable para acordar con los fondos buitre, y el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, lobbista de las empresas mineras estadounidenses y canadienses en la cordillera argentina. Macri se posicionó así como un naciente líder liberal en una región golpeada por los gobiernos de centroizquierda.

 

La visita del presidente de Estados Unidos tuvo fines similares: la recuperación de la imagen estadounidense en el patio trasero latinoamericano. Tras la regresiva política contra la revolución cubana, Washington se dio cuenta de que la penetración comercial puede dar mejores frutos que la invasión militar. En el caso argentino, después de 15 años de gobiernos progresistas sudamericanos que le costaron algunos dolores de cabeza, como el rechazo al Alca en 2005 durante la visita de George Bush a Mar del Plata.

 

Es la primera vez en la historia política argentina que la derecha empresarial logra el gobierno por medio de los votos, y sin apoyarse en el fraude o en las fuerzas armadas. El triunfo macrista llega cuando los problemas azotan con fuerza al progresismo regional, que tambalea en Brasil y Venezuela, bajó su intensidad en los segundos mandatos de Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vázquez en Uruguay, y sólo encuentra algo de vigor en la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa. Obama vuelve además a reconquistar posiciones económicas y evitar que China siga escalando lugares con acuerdos binacionales en la región. A nueve meses de terminar su mandato, busca dejar en orden el patio trasero para la futura administración presumiblemente demócrata que debiera encarnar Hillary Clinton.

 

La recuperación regional por parte de Washington tiene cara de hereje. Los pronósticos indican una malaria en la economía estadounidense, con un diagnóstico de desaceleración del crecimiento, o directamente de recesión, a partir de los próximos tres meses. Colaboran con ese panorama la caída de los precios del petróleo y el ajuste realizado por China para evitar su propio riesgo de colapso. Por eso Obama vino por todo.

 

Eufórica se mostró la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense (Amchar) con la visita, y en especial con la nutrida comitiva de empresarios invitados. Se entiende esa euforia cuando se tiene en cuenta que 613 empresas de capital estadounidense están radicadas en Argentina y entre sus principales rubros figuran las comunicaciones y las finanzas. Entre todas aportan 18 por ciento del Pbi, 38 por ciento de la recaudación fiscal y representan la cuarta parte de las importaciones y exportaciones argentinas. Un gobierno liberal como el de Macri dispuso en sus primeros cien días de gestión pautas económicas esperadas no sólo por Amchar sino por la embajada estadounidense: salida del cepo cambiario, eliminación de retenciones mineras –hay media docena de corporaciones estadounidenses dedicadas a la megaminería en Argentina–, libre compra de dólares, y lo fundamental: recuperar libertad para girar las remesas de ganancias a las casas matrices. En ese sentido, tanto la cámara como el gobierno apuntan a un ingreso masivo de nuevos capitales estadounidenses al país y un aumento de las inversiones de las empresas de ese origen ya radicadas. En un ataque de súper optimismo, Macri arriesgó la cifra de “15.000 millones de dólares que van a llegar después de esta visita, para mejorar la vida de los argentinos con más puestos de trabajo”.

 

El embajador Noah Mamet expuso los puntos en común de la agenda sellada el 23 de marzo: “juntos para combatir el narcotráfico, el terrorismo, asegurar la paz duradera en Colombia, promover el uso de energías más limpias y trabajar codo a codo por la defensa de los derechos humanos en el mundo”. Efectivamente, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es una de las nuevas herramientas usadas desde Wa¬shington para justificar incursiones y medidas en países poco dóciles a su política exterior. Ya en 2011 el gobierno de Cristina Fernández aprobó la llamada ley antiterrorista, que generó fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos y la izquierda, cuando en su segundo mandato el kirchnerismo quería mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Esa ley sigue vigente y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que buscará profundizar su aplicación recuperando la participación argentina en los acuerdos con la Dea estadounidense y otros organismos de seguridad del Norte, para que vuelvan a instalar sus delegaciones en el país.

 

ESPALDARAZO.

 

Leandro Morgenfeld, doctor en historia y especialista en relaciones entre Argentina y Estados Unidos, considera la visita de Obama como “un espaldarazo para Macri en busca de convertirlo en un líder regional, precisamente en momentos en que Brasil y el gobierno de Dilma Rousseff están en problemas. En ese sentido, busca impulsar el ingreso de Argentina a la Alianza Transpacífico para contrapesar el rol del bloque económico Alba en Centroa¬mérica y porque además es una forma de dividir la región, uno de los postulados históricos de Estados Unidos en América Latina”. Crítico de la intervención de Washington en asuntos latinoamericanos, Morgenfeld apunta además a la fecha elegida para la visita de Obama. “Que venga justamente un 24 de marzo, en el 40 aniversario del golpe de Estado del 76, es un problema para él y para el propio Macri, y por eso decidieron que se vaya a Bariloche. Los derechos humanos para Estados Unidos son la excusa para intervenir en los asuntos internos de otros países. El primer acto de Macri fuera del país fue reclamar en la reunión del Mercosur contra Venezuela por los presuntos presos políticos, en relación con el opositor Leopoldo López, con la excusa de los derechos humanos. En ese sentido hay coincidencias entre Macri y Washington. Y en cuanto a los documentos que van a desclasificar sobre los años de la dictadura es algo que pidieron Abuelas de Plaza de Mayo. Macri lo hizo algo propio y Obama accedió. Es importante, pero todo se enmarca en la coyuntura de la visita”, señala Morgenfeld.

 

Para el conservador Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, “cuando asumió Obama, el continente era crítico respecto de Estados Unidos. Se constituyó el Alba en torno de Venezuela y gobiernos de centroizquierda, populista como el chavismo o socialdemócrata como Lula en Brasil, mantuvieron posiciones contrarias a la injerencia de Washington en la región, y por si algo faltaba, buscaron aliarse con China, una potencia en busca de suplantar a Estados Unidos por lo menos en materia comercial y económica”. Al final de su mandato, Obama visita Cuba y Argentina con el mensaje de dejar atrás el pasado y mirar el futuro de oportunidades comunes, piensa Fraga. “En relación con las dictaduras, admitió los errores de la Casa Blanca en el pasado. Y eso tiene peso en este momento para recuperar espacios de poder.”

 

NI DERECHOS, NI HUMANOS.

 

El paseo en solitario, en la mañana del 24 de marzo, de Macri y Obama por el Parque de la Memoria, sobre el Río de la Plata, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, dejó en claro la intención de forzar hasta ribetes ridículos una autocrítica sobre el rol de Washington en los años setenta en el Cono Sur. “Fuimos lentos en denunciar las violaciones a los derechos humanos”, se limitó a exponer Obama. La promesa de desclasificar nuevos documentos, esta vez incluyendo archivos de la Cia, hecha tres días antes del arribo a Buenos Aires y anunciada por Susane Rice, consejera de Seguridad Nacional, resultó vaga y ambigua, sencillamente porque el proceso puede demorar hasta dos años, según lo expresado por la propia diplomática estadounidense y por el secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj. Tampoco hay certezas sobre la naturaleza y la información que contengan los documentos.

 

La colmada Plaza de Mayo dejó en claro, sin embargo, que los derechos humanos siguen siendo parte de la agenda ciudadana.

 

 

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Marcha multitudinaria a 40 años del golpe en Argentina

En una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, más de cien mil manifestantes encabezados por Abuelas y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S de desaparecidos marcharon este jueves aquí para recordar cuatro décadas del golpe militar que instaló la dictadura más cruenta del país. La movilización llevó el lema 40 años de lucha, memoria y militancia: sin derecho no hay democracia.


Fue la primera marcha en el gobierno del presidente derechista Mauricio Macri, a quien llovieron críticas y reclamos. También fue la primera vez en que todos los medios de comunicación, tanto privados –salvo Crónica TV– como estatales, que ahora controla el gobierno, ocultaron las concentraciones y las marchas. Fue tan evidente que muchos de los manifestantes consultados mencionaron una y otra vez la palabra censura, que no sólo sucede con esta situación, desde que asumió Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre.


Aquí, en todas las capitales regionales y en otras ciudades del país decenas de miles marcharon este jueves. En Córdoba, Rosario, Sante Fe, Mendoza, Paraná y en el resto de las provincias, incluso en la turística Bariloche, donde estuvieron unas horas el presidente estadunidense Barack Obama y su familia, hubo marchas.


¡Macri basura, vos sos la dictadura!, fue uno de los cánticos más repetidos durante el acto en esta capital, donde acompañaron a los organismos de derechos humanos agrupaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. Asombró la cantidad de personas que llegaron con sus familias y se movilizaron de manera independiente.


En esta capital, al terminar el acto de la marcha central, entraron a Plaza de Mayo otros miles de manifestantes convocados por el colectivo Encuentro, Memoria Verdad y Justicia y por otra parte Hebe de Bonafini, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, llegó en un camión, junto a militantes y algunos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para realizar la ronda de los jueves, que se mantuvo en todos estos años desde 1977.


Durante el acto central, Estela de Carlotto leyó un documento firmado por Abuelas, Madres, H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Hermanos de Desaparecidos por Razones Políticas ante una plaza colmada, como lo estaba la Avenida de Mayo y calles adyacentes.


A 40 años del golpe genocida nos sentimos nuevamente convocados a defender la democracia, leyó De Carlotto, y afirmó que el cambio de gobierno significa a diario la vulneración de derechos.


En estos primeros cien días del nuevo gobierno, nuestra democracia retrocedió demasiado. Con decretos de necesidad y urgencia se violentaron leyes como la de servicios de comunicación audiovisual e instituciones como el Congreso, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte Suprema. La necesidad y urgencia que los corría (alentaba) era la de desarmar el país que teníamos, integrado a la patria grande, con un Estado para el pueblo. En pocos días lo cambiaron por un país entregado a las corporaciones y con un Estado a espaldas al pueblo, señala el documento.


De igual manera se condenó el intento de asegurar este modelo neoliberal con un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta social y el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea demonizado.


Hubo referencia a los más de cien mil despidos, a la persecución política, al cierre de programas sociales, a las leyes que se están votando contra el pueblo y a la represión que ha regresado, por lo que nos convoca en esta plaza la necesidad de defender la democracia.


Reclamaron además que sean juzgados los civiles que participaron en la dictadura, con fuertes críticas a la corporación judicial que continúa defendiendo a sus socios, cómplices económicos y a los medios de comunicación que se beneficiaron del terrorismo de Estado.


En ese tramo recordaron cómo los periódicos derechistas Clarín y La Nación colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos y mostrando como enfrentamientos los crímenes de lesa humanidad, con los argumentos de la teoría de los dos demonios. Cuarenta años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen mintiendo, afirmaron en el comunicado leído por De Carlotto.


Reivindicaron a los ex presidentes Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner por sus políticas de derechos humanos y defendieron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, víctima de las operaciones del macrismo para apartarla del cargo.
En el mismo documento se exigió la libertad de la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur Milagro Sala y la renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien puso en duda el número de 30 mil desaparecidos. No vamos a permitir que nadie, ni menos que un funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30 mil.


Los organismos también advirtieron sobre un doble discurso del gobierno de Macri, cuando habla de la continuidad de los juicios contra los represores pero al mismo tiempo despide a los trabajadores que los garantizan. Las políticas de memoria, verdad y justicia sólo se sostienen con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Exigimos que se terminen los despidos, reclamaron.
Aunque se valoró el anuncio de Obama sobre la desclasificación de archivos secretos vinculados con la dictadura, De Carlotto exigió que se cumpla ese compromiso y se extradite al genocida Norberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, cuando 16 personas fueron asesinadas en una base de la Marina, en 1972.


“Esperamos acceder a toda la información que tiene Estados Unidos, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante las dictaduras de la región y el Plan Cóndor”, dijo De Carlotto, y añadió que Washington debe dejar de violar los derechos humanos, tanto en su territorio como en la cárcel de Guantánamo y en otros lugares del mundo.


Por último, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, repudió los intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y entre aplausos llamó a abrazar al pueblo de Brasil en defensa de la soberanía popular.
Añadió que van por (Nicolás) Maduro en Venezuela, por Evo (Morales) en Bolivia, por Dilma (Rousseff) y (Luiz Inacio) Lula (da Silva) en Brasil; las corporaciones no tienen fronteras; van por nuestra libertad y nuestros derechos.


Con la misma emoción de siempre, en esta marcha como en todos los años, se desplegó una larguísima bandera argentina con las fotografías de miles de desaparecidos, como un doloroso símbolo de lo que significaron los años del horror.

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Viernes, 04 Marzo 2016 06:26

Guerras, memoria y justicia

Guerras, memoria y justicia

Este año, en julio, se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939). Uno de los conflictos más despiadados del despiadado siglo XX. Que una inclemente dictadura prolongó durante cuarenta larguísimos años más. Y que marcó al rojo vivo la memoria colectiva. Aún hoy, a decenas de miles de españoles les está prohibido desenterrar los restos de sus familiares, dispersos por las cunetas del país, fusilados sin juicio sólo por ser republicanos. Ni siquiera el restablecimiento de la democracia en 1978 sosegó los ánimos como lo acaba de demostrar, en Madrid, el reciente encono en torno a la ‘desfranquización’ de los espacios públicos...


La Ley de la Memoria Histórica (2007), al no reconocer que los crímenes del franquismo fueron cometidos contra toda la sociedad española y contra la humanidad, no permitió cicatrizar las profundas heridas de la guerra. Que siguen sangrando hoy... Recordemos que la Justicia española sancionó hace unos años al juez Baltasar Garzón por haber éste iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones, durante la Guerra Civil española, de más de 100.000 republicanos (cuyos cuerpos yacen en fosas anónimas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).


La decisión administrativa tomada en España en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en aquel momento, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierdas), consistió en no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.


Obviamente, a ocho décadas del inicio del conflicto y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Aunque, Alemania no ha dudado en llevar a los tribunales, hace unas semanas, a un ex sargento de las SS de 94 años de edad, Reinhold Hanning, acusado de complicidad de asesinato por haber trabajado en el campo de concentración de Auschwitz en un momento en el que cientos de miles de judíos húngaros fallecieron allí.


Pero no es sólo un asunto jurídico. Lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en ‘museos consagrados a la Guerra Civil’, por ejemplo, en los manuales escolares de historia y en días de solemne homenaje colectivo. Así se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.


La Ley de Amnistía española condujo a imponer, sobre la ‘banalidad del mal’ franquista, una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de ‘ceguera inconsciente’ (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.


En España no se constituyó nunca ninguna Comisión de la Verdad como las que se han multiplicado por el mundo en nombre del deber de memoria.


“El deber de memoria –dice el filósofo Reyes Mate– nace de Auschwitz porque aquello fue pensado como un proyecto de olvido. No debía quedar ningún resto físico del pueblo judío para que se olvidara su contribución a la historia de la humanidad. El proyecto tuvo lugar, por eso hablamos de ‘crimen contra la humanidad’, pero no se consumó porque Hitler fue vencido y eso nos obliga a recordar aquel genocidio. Honrar la memoria de Auschwitz es entender el alcance del deber de memoria”.


La película Shoah empieza con una secuencia en la que un superviviente camina cabizbajo hasta un punto en el que señala al suelo mientras dice: “Era ahí”. Ahí no hay nada, un poco de césped envuelto por el silencio de un bosque perdido en Polonia. Pero ahí estaba... la cámara de gas. La mirada de la víctima devuelve a la realidad de ese lugar una presencia olvidada. La mirada de la víctima permite conocer una parte de la realidad que sin ella sería inaccesible.


Eso demuestra que la memoria, como lo saben los antropólogos, es también conocimiento y no sólo sentimiento.
Por eso ya se han creado, en más de treinta países, Comisiones de la Verdad. Estos organismos oficiales, temporales, se encargan de investigar un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos para contribuir a la manifestación de la verdad sobre los crímenes. Casi siempre, esas Comisiones publican un informe final en el que exponen sus conclusiones y sus recomendaciones.


El modelo de estas comisiones es la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995) que buscaba la justicia luego del fin del apartheid en Sudáfrica. Sus objetivos fueron: promover la unión nacional, la reconciliación, determinar las causas de la violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy ‘justicia transicional’.


Los testigos que eran identificados como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos eran invitados a brindar testimonio sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas ofrecieron sus testimonios en audiencias públicas. Los victimarios o perpetradores de crímenes violentos podían también dar testimonio y solicitar en ciertos casos una amnistía. Esta comisión estaba encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien había establecido como lema de la Comisión que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La transición democrática en Sudáfrica se vio facilitada por un proceso único de reconciliación y de búsqueda de la verdad.


Este proceso es necesario hoy en otros países, por ejemplo, en Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derechas, intenta imponer contra los derechos de las víctimas una ley de amnistía (como lo hicieron los militares golpistas del Cono Sur) a favor de cabecillas violentos que provocaron guerrillas urbanas (una suerte de kale borroka generalizada) en 2014, las cuales causaron decenas de muertos y centenares de heridos. O en México, donde la ‘guerra del narco’ ya ha causado unos 200.000 muertos.


Recientemente, en Colombia, el Gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron, en el marco de los Diálogos de Paz, la creación de una Comisión de la Verdad para “esclarecer” y “explicar” el conflicto que –desde hace más de medio siglo– desgarra ese país sudamericano. Los negociadores explicaron que esa Comisión tendrá tres objetivos: “Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (...) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades individuales y colectivas; y promover la convivencia en los territorios del país, fomentando un ambiente de diálogo”. “Nos urge –añadieron– dar respuesta a los colombianos y, en especial, a las miles de víctimas que reclaman verdad. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo: las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto”.


La reconstrucción de la identidad social es un trabajo colectivo que supone poder realizar un relato fidedigno de los crímenes perpetrados desde el autoritarismo. Ese relato resulta indispensable para las nuevas generaciones que se acercan a conocer su pasado. Para que la memoria no se degrade, es necesario ejercerla en relación con el presente y de cara al futuro.


Para ponerle un punto final a la impunidad y desterrar la posibilidad de que se vuelvan a repetir los crímenes y genocidios, es indispensable rescatar la memoria de las luchas contra la injusticia social, por la soberanía, por las libertades y por los derechos humanos.


También hay que reivindicar los ideales de los luchadores y proponer diferentes acciones: políticas, culturales, mediáticas, etc., para actualizar y revivir hoy la construcción de otra sociedad basada en el paradigma de la solidaridad en oposición al individualismo y a la fragmentación. Igualmente es necesario impulsar la aplicación de las leyes que castigan los crímenes del terrorismo de Estado, denunciar las complicidades e indiferencias que colaboraron en su implementación.


Es indispensable exigir que las autoridades pongan el aparato estatal al servicio del esclarecimiento y de la recopilación de todos y cada uno de los abusos y atropellos contra las víctimas de las dictaduras, del juicio y del castigo efectivo de dichos crímenes.


Es asimismo importante difundir y popularizar el conocimiento de los derechos humanos para que aquellos que son víctimas de hostigamiento y de vulneración de los mismos puedan hacer valer los mecanismos que los protegen del abuso institucional. Finalmente, es determinante promover, de forma activa, la memoria de las luchas populares por la libertad, por la democracia y por la justicia social.


Sin verdad no hay justicia. Alejados de la venganza y sin convocar el rencor ni el resentimiento inútil, tenemos el deber de recordar. Hacer memoria para hacer justicia.

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Domingo, 03 Enero 2016 08:43

Carnicería en Arabia Saudita

Carnicería en Arabia Saudita

La orgía de decapitaciones de Arabia Saudita –47 en total, entre ellas la del erudito clérigo chiíta jeque Nimr Baqr al-Nimr, seguida por una justificación coránica de las ejecuciones– fue digna del Estado Islámico. Tal vez era la idea.


Porque este extraordinario baño de sangre en la tierra de la monarquía musulmana sunita Al Saud, que llevaba la clara intención de enfurecer a los iraníes y a todo el mundo chiíta, una vez más sectarizó un conflicto religioso que el EI ha hecho tanto por promover.


Todo lo que faltó fue el video de las decapitaciones, aunque las 158 ejecutadas el año pasado en el reino estaban perfectamente a tono con las enseñanzas wahabitas de ese grupo. La frase de Macbeth, la sangre tendrá sangre, se aplica sin duda a los sauditas, cuya guerra al terror, al parecer, ahora justifica cualquier cantidad de sangre, sea sunita o chiíta.


Pero, ¿con qué frecuencia los ángeles de Dios misericordioso se aparecen al ministro saudita del Interior, el príncipe heredero Muhammad bin Nayef? Porque el jeque Nimr no sólo era un viejo sagrado. Pasó años como erudito en Teherán y Siria, era un reverenciado líder chiíta de las oraciones del viernes en la provincia saudita de oriente y un hombre que se mantenía al margen de los partidos políticos, pero exigía elecciones libres y era detenido y torturado con regularidad –según su relato– por oponerse al gobierno sunita wahabita saudita.


El jeque Nimr decía que las palabras eran más poderosas que la violencia. La enigmática insinuación de las autoridades de que no había nada sectario en el baño de sangre de este sábado –sobre la base de que decapitaron a sunitas y chiítas por igual– fue clásica retórica del EI.


Después de todo, el EI corta la cabeza a apóstatas sunitas sirios y soldados iraquíes con la misma dedicación con que masacra chiítas. El jeque Nimr habría recibido de los esbirros del Estado Islámico exactamente el mismo trato que tuvo de los sauditas, si bien sin la farsa de un juicio seudolegal que suscitó la queja de Aministía Internacional.


Pero la matanza de este sábado representa mucho más que el odio saudita hacia un clérigo que se regocijó de la muerte del ex ministro del Interior Nayef Abdul-Aziz Al-Saud, padre de Muhammad bin Nayef.


La ejecución del jeque Nimr revigorizará la rebelión hutí en Yemen, país que los sauditas invadieron y bombardearon el año pasado en un intento por destruir el poder chiíta allí. Ha enfurecido a la mayoría chiíta en Bahrein, gobernado por los sunitas. Y los propios clérigos iraníes han afirmado que la decapitación causará el derrocamiento de la familia real saudita.


También presentará a Occidente el más vergonzoso de los problemas de Medio Oriente: la persistente necesidad de humillarse con servilismo ante los ricos autócratas del Golfo a la vez que expresa inquietud por la grotesca carnicería. Si el EI hubiera cortado la cabeza a sunitas y chiítas en Raqqa –en especial la de un sacerdote chiíta problemático como el jeque Nimr– de seguro David Cameron habría tuiteado su disgusto ante un acto tan odioso. Pero el hombre que humilló la bandera británica para marcar la muerte del último rey del ridículo Estado wahabita usará evasivas al abordar este episodio de cabezas cercenadas.


Por muchos hombres sunitas de Al Qaeda que también hayan perdido la cabeza, literalmente, ante verdugos sauditas, la pregunta se hará tanto en Washi-ngton como en capitales europeas: ¿se proponen los sauditas destruir el acuerdo nuclear iraní obligando a sus aliados occidentales a apoyar incluso este escándalo reciente? En el mundo obtuso en el que viven –en el que el joven ministro de la Defensa que invadió Yemen detesta al ministro del Interior–, los sauditas aún glorifican a la coalición antiterrorista de 34 naciones en su mayoría sunitas que supuestamente forman una legión de musulmanes opuestos al terror.


Sin duda las ejecuciones son una forma sin precedente de dar la bienvenida al Año Nuevo. Sin embargo, fuera de las implicaciones políticas, existe una pregunta obvia que hacer a la casa de Saud, que busca perpetuarse: ¿acaso los gobernantes del reino han perdido el juicio?


Traducción: Jorge Anaya

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Sábado, 12 Diciembre 2015 06:41

Chile revive los horrores de la dictadura

Chile revive los horrores de la dictadura

"Llevábamos varios de estos tipos a la pampa (desierto) y les pegábamos un tiro en la cabeza. Los dinamitábamos. No están. Están desintegrados. No quedaba nada." La horrorosa conversación fue tendencia en Twitter y Facebook.


Es uno de los programas radiales más famosos y escuchados de Chile. Las historias de amor, infidelidades, líos de alcoba y un sinfín de enredos de pareja, ha hecho que el Chacotero sentimental conducido por el director de cine Roberto Artiagoitia (Rumpy) en la Radio Corazón, sea desde hace años una marca registrada, incluso con anécdotas que inspiraron películas en la pantalla grande. Sin embargo, la llamada que recibió este miércoles tiñó de rojo una transmisión que amenazaba con ser una más en el historial del espacio.


"Nos mandan para Santiago y pasé a la extrema violencia", dijo un anónimo oyente saliendo de la temática habitual del espacio radial. Con el seudónimo de Alberto, aseguró ser un ex conscripto y francotirador que hoy se gana la vida conduciendo un taxi en una ciudad del norte. El relato sigue de manera eufórica: "Ya no sé si quiero vivir o morir. Caché (vi) lo malo que puede ser uno. Antes éramos hippies, amor y paz, pero ahí había que salvarse como sea. Estoy generalizando la situación en sí, a lo que estábamos expuestos".


"Yo era soldado", agrega el oyente, hoy de 62 años. "Estaba haciendo el servicio militar (obligatorio en esa época), fue en los enfrentamientos en Santiago para el 73. Primero lo hacías por maldad, después cachabas como que te gustaba. ¡Te volvía loco! Luchabas contra esos sentimientos. Volvimos al norte, a mi ciudad y nos recibieron como héroes. Te felicitaban como un acto heroico y para mí todo eso había sido un delito".


"¿Vos disparaste, mataste gente, huevón?", le preguntó el Rumpy al aire, pasadas las 14.30. "Estaba obligado o te mataban los milicos o te mataban ellos o los otros huevones de allá...", respondía Alberto, dejando a medio Chile boquiabierto y las redes sociales hirviendo.


"Te avivaban la cueca: 'Dispare soldado combatiente'. Era mejor que la marihuana esa huevá... Participaba de una misión especial y llevábamos varios de estos tipos a la pampa (desierto) y les pegábamos un tiro en la cabeza. Los dinamitábamos. No están. Están desintegrados. No quedaba nada", continúo con un relato disperso que se extendió por 25 minutos en el que habló de al menos de 18 ejecuciones en los albores de la dictadura.


La historia conmovió al conductor radial acostumbrado a relatos fuertes, pero que, sin duda, jamás esperó una llamada como ésta. "Fue escalofriante. La Policía De Investigaciones (PDI) vino, también la Brigada de Derechos Humanos, entregamos el audio y algunos antecedentes más que puedan necesitar", dijo el Rumpy a medios locales en su habitual estilo colquial y cercano. Y no es para menos, la conversación fue tendencia en Twitter y Facebook, redes sociales que no pararon de viralizar partes de la horrorosa historia.


"Les pegábamos un balazo en la cabeza. ¡Y pah! ¡No quedaba ni la sombra!", precisaba Alberto. Tras eso, el Rumpy, visiblemente afectado, replicaba sorprendido: "Para mí es súper difícil hablar contigo. Y tú como que ya tenís tu vida superada y es fácil decir: 'Nah, yo los mataba, les tiraba unos dinamitazos y no quedaba nada y vamos para adelante'. Para mí, lo que estás narrando es una historia muy dura y muy terrible".


"¿Has escuchado dónde están los desaparecidos? ¡Nadie ha dicho dónde están los desaparecidos, porque no están! ¡Están totalmente desintegrados!", insistía Alberto.


Así, contó que en un patrullaje le tocó presenciar el supuesto asesinato del marido de la "italiana", una mujer que lo había enamorado años antes. "Yo participé en una patrulla. El gallo (tipo) amarrado, un balazo en la cabeza, dinamita". Contó Alberto que esta italiana se casó con el "regidor de su ciudad". De acuerdo a El Ciudadano, el único regidor de Iquique que figura como desaparecido es Juan Antonio Ruz Díaz, y citando el Informe Rettig (archivo histórico de víctimas) el 29 de octubre, en un Consejo de Guerra, se decretó pena de muerte a cuatro personas, las que fueron ejecutadas a las 6 de la mañana del 30 de octubre de 1973. Entre estas personas se encuentra Ruz, quien trabajaba como "funcionario de Aduanas de Iquique" y "se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones".


Los cadáveres nunca fueron entregados a sus familiares.


Maurin, la hija de Alberto, entró a la historia al relatar al diario La Estrella de Iquique que su padre "se desahogó, son 40 años que él lleva esto guardado, es la verdad que no quieren escuchar... Mi papá es una víctima de la dictadura tal como son los presos políticos, los torturados y muchos conscriptos que fueron utilizados", sentenció la joven. Ella insiste en que su padre "habló con la verdad y ha cooperado en la búsqueda de esa verdad".


De hecho, Alberto aseguró en la conversación radial que publicó un libro con estas historias, llamado Desperdicio Militar Obligatorio. Según cita el diario El Ciudadano, la obra fue inscripta con el nombre de Guillermo Reyes Rammsy y el protagonista se llama Damián. Es más, precisó que el romance con la italiana quedó en suspenso cuando fue llamado a hacer el servicio militar. "Me quedé pegado como por tres años", confesó.


Si la sangrienta historia es ficticia o real deberá determinarlo ahora la Justicia. Lo cierto es que el hombre que el miércoles decidió confesar sus crímenes perpetrados en 1973 –a días del golpe militar encabezado por el dictador Augusto Pinochet– no pasó inadvertido. Tanto así que la PDI logró identificar al hombre que llamó a la radio con su confesión. Se trata de Guillermo Reyes Rammsy, un ex conscripto del regimiento Carampangue de Iquique que hizo su servicio militar obligatorio en esa época, según confirmó la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Esta persona fue detenida la noche del jueves en Valparaíso y enfrentará un proceso para esclarecer la veracidad de sus dichos.


El diario electrónico EMOL añade que a primera hora de ayer, los efectivos de la Brigada de Derechos Humanos lo pusieron a disposición del experto en derechos humanos, el juez Mario Carroza, quien tiene ahora la palabra para terminar una historia que se repitió muchas veces en Chile y que esta semana –de manera inédita– fue escuchada en primera persona en forma simultánea por miles de chilenos.


@chripalma

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