¿Se avecina un alud de ejecuciones en Egipto?

No quiero sonar alarmista, pero ¿acaso Abdel Fatá Sisi y sus generales en Egipto planean colgar a Mohamed Mursi y sus compañeros de la Hermandad Musulmana? Imposible, dirán ustedes. Nasser sólo se volvió sobre la Ikhwan con ferocidad digna de Saddam cuando uno de los hermanos –un plumero de nombre Majmud Abdul Latif– trató de asesinarlo en Alejandría, en 1954. Los gendarmes de Nasser concluyeron entonces que la Hermandad conspiraba para derrocar al régimen, exactamente lo mismo de lo que los camaradas de Mursi son acusados ahora. En Medio Oriente, una vez que se pone a una organización la etiqueta de terrorista, la sombra de la horca pende sobre sus miembros.


Ahora que el alzamiento estilo Al Qaeda en Sinaí y los coches bombas en El Cairo han sido artificialmente integrados en una conspiración de la Hermandad –como sabíamos que ocurriría–, tan terrible como la que identificó Nasser, Sisi y sus comparsas pueden valerse de cualesquier medios que deseen para liquidar un movimiento con 85 años de existencia. Fracasarán, desde luego, entre otras razones porque, como se dieron cuenta Nasser y Anuar Sadat, y luego Hosni Mubarak, la Hermandad es políticamente corrupta y cortejará a cualquier régimen militar con tal de volver a la legalidad. Mursi en persona negoció con Mubarak cuando los esbirros de éste diezmaban manifestantes en la plaza Tahrir. Sisi fue nombrado ministro de la Defensa por Mursi.


No, los que pagarán el pato son los pequeños. Individuos como Bassen Mohsen, quien protestó en Tahrir contra Mubarak –tres de sus entonces camaradas en la plaza han sido sentenciados a tres años de prisión por manifestarse contra las nuevas leyes antiprotestas de Sisi– y quien entonces, durante las violentas manifestaciones posteriores frente al Ministerio del Interior, recibió un tiro de un policía que le atravesó el ojo. Aún no está claro si fue víctima del famoso Francotirador de Ojos de la policía de seguridad interior, un tal teniente Mohamed Sobhi Shenawy, quien gozaba cegando a sus enemigos inermes con perdigones de escopeta antes de ser arrestado y enviado a prisión por exactemente tres años. Sus miniatrocidades, por tanto, fueron equiparadas por el gobierno a la bravura de los tres camaradas de Bassen Mohsen, quienes recibieron tres años cada uno por su oposición pacífica a las leyes antidemocráticas de Sisi.


Mohsen fue el que pagó más caro. Hace dos semanas recibió disparos en cabeza y tórax durante otra manifestación contra el gobierno en su ciudad nativa de Suez. ¿Víctima de policías de gatillo veloz, o de manifestantes armados? Nadie lo sabrá, por supuesto. Bassem Mohsen había luchado contra Mubarak, luego contra el régimen militar que lo sucedió, después de nuevo contra los esbirros de la Hermandad del presidente Mursi, electo democráticamente, y por fin contra el nuevo régimen no electo, encabezado por militares, marchando hombro con hombro con sus antiguos enemigos de la Hermandad. No pudo digerir la matanza de mil hombres y mujeres cuando Sisi aplastó los plantones de los hermanos, en agosto pasado. En particular lo indignaba el proyecto de la nueva constitución de permitir que el ejército juzgara a civiles en tribunales militares (viejo truco de Mubarak, por cierto).
En lo futuro, pues, todo simpatizante de la Hermandad será un terrorista digno de muerte –como volvieron a demostrar los asesinatos de cinco civiles este fin de semana–, y por tanto, de un juicio militar y una posible sentencia a la pena capital. Así se deshacía Mubarak de sus más intransigentes enemigos islámicos. Nasser no dudó en llamar al verdugo para decapitar a la Hermandad. Y a Sisi, cuyo propio tío era miembro de ésta hace más de medio siglo, ¿para qué le sirve Mursi?


¿Y qué hay de las clases medias liberales y de los jóvenes que –junto con los trabajadores, los islamitas, los pobres, los ancianos y los intelectuales– demandaron el derrocamiento de Mubarak? Demasiados de ellos se alinearon después de pedir al ejército deshacerse del presidente que ellos mismos eligieron. Demasiados –periodistas, ay, entre ellos– aplaudieron a Sisi por echar del poder a la Hermandad; por salvar a Egipto de la tiranía de los hermanos; por aplastar un golpe islamita ejecutado por un presidente electo democráticamente; por asesinar, digámoslo sin ambages, a tantos inocentes.


Ahora también esos escritores y artistas lo piensan de nuevo. Grupos pro derechos humanos son acosados, sus miembros llevados a la cárcel. Es una repetición de la humillante historia reciente del país. ¿Acaso Egipto deberá volver a la infancia, a las eras de Nasser, Sadat y Mubarak? ¿Habrá que deshacerse de Mursi? Una cosa es descubrir que el rostro congelado de Sisi aparece en chocolates, y otra muy diferente comérselos.


© The Independent
Traducción: Jorge Anaya

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Guerra total contra los Hermanos Musulmanes en Egipto

Después de que el miércoles designase como una "organización terrorista" a los Hermanos Musulmanes, organización vencedora de las primeras elecciones libres celebradas tras la revolución de 2011 que acabó con Hosni Mubarak, el Gobierno egipcio ha declarado una guerra total contra el histórico movimiento islamista, alejando de forma definitiva cualquier atisbo de solución política a la crisis que vive el país árabe. El Ejecutivo renovó este jueves sus promesas de aplicar mano dura ante la amenaza terrorista después de un atentado contra un autobús en El Cairo que provocó cinco heridos. La acción constituye el primer ataque con explosivos dirigido contra la población desde el inicio de la última ola de violencia.


Según Hani Abdelatif, portavoz del Ministerio del Interior, el Código Penal contempla la condena a la pena de muerte para los líderes de la Hermandad, como dirigentes de una organización terrorista, y sentencias de hasta cinco años de cárcel por la simple pertenencia al grupo. "Todo aquel que la promocione con sus acciones o de palabra, o que participe en las publicaciones o grabaciones de la organización terrorista, también será castigado con una pena que no excederá los cinco años", añadió el portavoz.


Más allá de las consecuencias legales, la decisión del Gobierno entierra cualquier esperanza de una solución negociada al sangriento pulso que libran los Hermanos Musulmanes y las autoridades, apoyadas por el Ejército. Desde el golpe de Estado que derrocó el 3 de julio al rais islamista Mohamed Morsi, diversas personalidades e instituciones habían intentado mediar de manera infructuosa entre ambos actores. La medida representa una victoria dentro del Gabinete de los halcones que apuestan por la erradicación de la cofradía, pues hace valer su apuesta represora frente a la vía del diálogo que defiende el sector liderado por el vicepresidente Ziad Bahai el Din.


La declaración gubernamental se produjo tras el brutal atentado frente a la comisaría de policía de Mansura (norte del país) que causó la muerte a 16 personas y heridas a más de un centenar el pasado martes. A pesar de que el grupo yihadista Ansar Bait al Maqdis reivindicó la acción, tanto el Ejecutivo como los medios de comunicación insisten en atribuir su autoría a la Hermandad.


El bloguero Big Pharaoh encontró una explicación a tal incongruencia: "El Gobierno está utilizando la sangre de las víctimas de Mansura para su batalla política contra los Hermanos". La cofradía es el único movimiento político robusto, capaz de disputar el control del país a la renacida red de instituciones e intereses que sostenía al régimen de Mubarak. A pesar del endurecimiento de la represión, la Hermandad anunció públicamente que continuará movilizando a sus seguidores en las calles contra "las autoridades golpistas".


Por otro lado, Egipto padeció este jueves un nuevo ataque terrorista. Una bomba estalló en un autobús público a las 9.15 de la mañana en el barrio cairota de Medina Nasser. En aquel momento, el vehículo se encontraba medio vacío, por lo que la explosión provocó solo cinco heridos. La policía desalojó y rastreó la zona, encontrando otros dos artefactos explosivos que procedió a desactivar. Las dos bombas eran de fabricación casera y contenían clavos y trozos de mármol.


A pesar de no haber provocado víctimas mortales, el atentado estimuló el furor con el que los medios de comunicación atacan a la Hermandad. En un intento de desencadenar una auténtica caza de brujas, la televisión CBC facilitó a sus telespectadores varios teléfonos del Ministerio del Interior para que denunciaran a miembros de la cofradía. El periódico Youm al Sabaa aún fue más lejos con una de sus portadas, titulada "El pueblo quiere la ejecución de los Hermanos". La única excepción a la demonización de la cofradía en los quioscos era el periódico Hurriya ual Adala, propiedad del brazo político de la Hermandad, pero ayer fue prohibido.


Entre tanta histeria anti-Hermanos, pocos entraron a debatir la legalidad de la decisión gubernamental de calificar a la cofradía de grupo terrorista, aplaudida también por los partidos laicos. "El recurso al artículo 86 [del Código Penal] no es legal, ya que los tribunales son los únicos capacitados para aplicarlo, y no una institución ejecutiva", declaró al diario Al Shuruk Tareq al Bishri, un veterano profesor de Derecho que también censuró que se estableciera la identidad del autor del atentado de Mansura sin esperar siquiera a que la fiscalía finalizara sus pesquisas.


Uno de los principales frentes de la guerra contra la Hermandad hace referencia al futuro de sus ONG. En aplicación de la sentencia judicial que en septiembre disolvió al movimiento, el Ejecutivo ha ordenado la congelación de los activos de más de un millar de asociaciones islámicas sospechosas de pertenecer o colaborar con la Hermandad, entre ellas hospitales y organizaciones caritativas. Varios de sus responsables han negado cualquier vínculo con la cofradía, y han denunciado que la medida puede afectar gravemente a miles de ciudadanos pobres.


"Perder su red de ONG representaría un golpe muy duro para los Hermanos, pues a ella deben su popularidad entre los más pobres", explica Mohamed Faiz, analista del centro Al Ahram. Durante la dictadura de Mubarak, todas estas actividades sociales eran toleradas, pues los Hermanos Musulmanes era una organización alegal.

 

 

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Domingo, 01 Diciembre 2013 12:17

Un Silencio atronador

Un Silencio atronador

Así como la Armada usó como campo de concentración la casa de descanso del arzobispo de Buenos Aires, "El Silencio", el Ejército utilizó el predio del Seminario Salesiano Ceferino Namuncurá, de Funes, próximo a Rosario, para secuestrar y torturar al menos a tres personas, una de las cuales no reapareció. El lugar fue vendido un año después a la Fuerza Aérea, pero los salesianos conservaron vastas propiedades linderas. Allí pasó sus últimos años el ex provicario castrense Victorio Bonamín.

 

La justicia federal de Rosario detectó otro campo clandestino de concentración que funcionó en una propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante la última dictadura cívico-militar. Se trata del seminario de la Casa Obra Salesiana Ceferino Namuncurá, de la ciudad santafesina de Funes, donde fueron torturados al menos tres prisioneros del destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Cuerpo de Ejército II, que habían sido privados en forma ilegal de su libertad. Así se desprende de documentos y de testimonios brindados en la causa conocida como "Guerrieri II". Dos sacerdotes forman parte del expediente. Uno integraba el grupo de tareas que secuestraba en Rosario, y después de la dictadura siguió su carrera y fue distinguido por el Vaticano. El otro fue una de las víctimas de la tortura, se alejó de la Iglesia y reconoció el lugar de su cautiverio. También aparece mencionado un arzobispo, que estuvo al tanto de los hechos. Al menos uno de los detenidos que compartió el alojamiento y el martirio con el ex sacerdote, no reapareció luego de su paso por aquel establecimiento de la Iglesia y hasta hoy sigue siendo un detenido-desaparecido. En ningún otro país americano la Iglesia Católica estuvo tan imbricada con la represión dictatorial. El primer campo clandestino conocido que haya funcionado en una propiedad eclesiástica es la casa de fin de semana "El Silencio", en las afueras de la Capital argentina (Ver "El primer caso"). El segundo fue detectado por el fiscal Gonzalo Stara, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Rosario, quien actúa ante el juez instructor Marcelo Bailaque y ante el tribunal oral de juicio integrado por los jueces Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango, que conducen el debate de un tramo de la causa. Esa utilización clandestina de los bienes eclesiásticos por la dictadura fue mencionada por el ex cura tercermundista Santiago Mac Guire ante la Conadep, pero no había sido investigada, porque en aquellos años la Justicia se limitaba a los altos jefes militares. El dato fue confirmado por Roberto Pistacchia, quien compartió el lugar de sometimiento con Mac Guire. Igual que en el caso de "El Silencio", después de su uso para la represión esa parte del Ceferino Namuncurá fue vendida para borrar las huellas. "El Silencio" hoy está abandonado, pero el lugar donde funcionó el seminario salesiano fue vendido a la Fuerza Aérea en 1979, y desde entonces es sede del Liceo Aeronáutico Militar, instalado sobre la avenida que lleva el nombre del santo aborigen. Los salesianos conservan los terrenos linderos (Ver "Buenos vecinos").

 

Por denuncia del obispo

 

Mac Guire integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que tuvo duros enfrentamientos con el arzobispo de Rosario, Guillermo Bolatti, reacio a las reformas dispuestas por el Concilio Vaticano II. Más adelante Mac Guire dejó los hábitos y el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, lo casó con María Magdalena Carey, con quien tuvo cuatro hijos. En agosto de 1971, durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, Mac Guire y tres sacerdotes a quienes Bolatti había purgado de sus parroquias fueron detenidos de madrugada en un violento operativo del servicio de Inteligencia del Ejército, que incluyó el secuestro de libros de Perón y Eva Perón y de una carta del ex presidente a uno de los curas. El abogado defensor de los sacerdotes dijo que las detenciones se produjeron por datos suministrados por las autoridades eclesiásticas. Un diario rosarino afirmó que curas tercermundistas y sindicalistas "habían realizado una reunión con fines subversivos". Cuando el Movimiento lo querelló ante la justicia, el diario respondió que la información provenía del Arzobispado y de la SIDE. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo acusó en forma directa a Bolatti. Los servicios de informaciones y el sector del Episcopado que integraba Bolatti no distinguían entre los sacerdotes tercermundistas, la Juventud Peronista y Montoneros. Muchos años después, la monumental investigación científica del ex salesiano José Pablo Martín estableció que de los 524 miembros de ese movimiento sacerdotal sólo entre 10 y 15 participaron por decisión individual en organizaciones guerrilleras, y entre 25 y 30 tuvieron contactos con las organizaciones armadas que actuaban en las mismas villas, barrios, universidades o estructuras políticas: no más de un 5 por ciento en total. Aquella dictadura concluyó en 1973, con la entrega del gobierno al presidente electo Héctor Cámpora, que puso en libertad a todos los presos políticos. Pero menos de tres años después, el 24 de marzo de 1976, un nuevo y sangriento golpe militar, con articulado apoyo civil, se apoderó otra vez del gobierno. El 18 de abril de 1978, el ex cura Mac Guire fue secuestrado una vez más en Rosario, cuando circulaba en bicicleta con un hijo. Recién recuperó su libertad en diciembre de 1983 al concluir la dictadura. En 1984 declaró ante la Comisión Presidencial Investigadora sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Dijo que fue "puesto violentamente en el piso del auto, encapuchado y llevado fuera de la ciudad a un lugar desconocido que resultó ser el campo de concentración perteneciente a la localidad de Funes y conocido como 'Ceferino Namuncurá', que fue dado por sus anteriores poseedores, los salesianos". Luego de doce días encapuchado en ese lugar, en el que lo sometieron a varios interrogatorios bajo torturas cada día, Mac Guire fue conducido al Batallón 121 de Rosario, donde lo esperaban el 2 Comandante del Cuerpo de Ejército II, general de división Luciano Adolfo Jáuregui, quien "disponía sobre la vida de desaparecidos definitivos y en tránsito" y su ex arzobispo Bolatti. En ese batallón, los suboficiales Gauna y Berra le confirmaron que había estado en el Ceferino Namuncurá. Esposado a una cama del batallón durante un mes y medio, Mac Guire fue sometido a una parodia de juicio en el Comando del Cuerpo II, en el que resultó condenado a 15 años de prisión.

 

El compañero monseñor

 

Durante su alojamiento en el Batallón también recibió la visita de un ex compañero en la arquidiócesis rosarina, Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia obrera de Bajo Saladillo cuando Mac Guire y otros veintiocho sacerdotes exigieron a Bolatti que aplicara las reformas conciliares. Cuando volvieron a verse, Mac Guire era un ex sacerdote, estaba preso y había sido torturado, y Zitelli era el capellán de la jefatura de policía de Rosario, a cargo del comandante de Gendarmería Agustín Feced. "Yo tenía todo el cuerpo lastimado por efecto de la picana y él me preguntaba cómo estaba." Zitelli admitió haberlo visitado, pero negó haber sabido de las torturas. En el subsuelo de la Jefatura, María Inés Luchetti de Be-ttanín le contó que las presas, de entre 16 y 60 años, eran torturadas con picana eléctrica y violadas, entre ellas su suegra. Zitelli la interrumpió:

 

–Que usen la picana se justifica porque estamos en guerra y es un método apto para obtener información. Pero la violación atenta contra la moral y los militares nos prometieron que eso no iba a pasar.

 

Lo mismo le contaron otras prisioneras, ante quienes explicó la necesidad de la tortura, pero se conmovió con las violaciones. Una vez enterado por Zitelli, el arzobispo Bolatti no hizo nada para modificar la situación, porque opinaba que de fracasar la dictadura "el heredero será el marxismo" y se impondrá "el placer sexual desorbitado" de una sociedad permisiva. La violación pasaba a ser así un imperativo de la seguridad nacional, apta para combatir hasta el pecado capital de la lujuria.

 

Al ex sacerdote Angel Presello, que también había sido su compañero en el seminario, Zitelli le dijo:

 

–Sin tortura, no hay información.

 

Ex detenidos cuentan que en 1977 Feced les anunció que festejarían con una comida el haber acabado con la subversión en Rosario. Les hizo pagar a los que quedaban con vida la cena de celebración, para la que un preso fue obligado a cocinar, el vino Nebiolo y el whisky. Entre los comensales, estaba el cura. En 1999, el sucesor de Bolatti en el Arzobispado, Eugenio Mirás, le entregó a Zitelli el título honorífico de monseñor conferido por el Vaticano. Centenares de habitantes de Casilda, donde oficiaba de párroco, lo repudiaron. Mirás les replicó que era un excelente sacerdote y que quien tuviera pruebas estaba en la obligación moral de llevarlas a la Justicia, cosa que las víctimas habían hecho en vano quince años antes. María Inés Luchetti de Bettanín le recomendó que consultara la causa Feced, donde constaba la denuncia. Zitelli dijo que pedía perdón por las acciones lesivas a la humanidad que hubieran cometido policías católicos, pero aclaró que Feced era agnóstico. Además negó que ese centro de detención hubiera sido clandestino y dijo que nunca supo de torturas, aunque entendía la represión debido a los atentados contra policías, y que cuando celebraba misa para las detenidas, lo recibían con gozo y alegría. Un ex suboficial de la policía le respondió que él lo había visto, junto a Feced, mientras torturaban con picana eléctrica a un detenido. El año pasado, el juez Marcelo Bailaque procesó a Zitelli junto con el ex dictador Jorge Videla y catorce militares y policías en la causa Feced, como "partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas" en nueve casos y "coautor del delito de asociación ilícita", pero consideró que no había mérito para procesarlo por tormentos y homicidio. Bailaque ordenó la cárcel efectiva para los demás acusados, pero permitió el alojamiento de Zitelli en una casa religiosa y luego dispuso que aguardara en libertad la apertura del juicio oral.

 

Enganchados

 

En la institución salesiana, Mac Guire compartió una minúscula habitación con otros dos secuestrados, Roberto Pistacchia y Eduardo Garat. El último nunca reapareció. Su esposa, Elsa María Lilia Martín, declaró en 1984 ante la Conadep que militares y policías conocidos le confirmaron que Garat estaba vivo en el Batallón 121 y que su detención se vinculaba con la proximidad del campeonato mundial de fútbol. Cuando el sargento Durán les confirmó que estaba allí, los familiares recurrieron a la Iglesia "pidiendo que intercedan por él y nos den información de su suerte. El padre García, de Rosario, nos informó que estaba vivo. Las otras personas de la Iglesia con que hablamos, nos pidieron tiempo para averiguar y hubo quienes se ofrecieron a rezar por él". Garat fue detenido-desaparecido unos días antes que Mac Guire. Cuando el secuestro de Mac Guire fue convertido en detención, su mujer, María Magdalena Carey, pudo visitarlo y se comunicó con la esposa de Garat. Le dijo que habían estado en un centro clandestino en Funes y que luego de torturar al ex sacerdote le exigieron que firmara una especie de confesión, "o te hacemos boleta como a Garat que no quiso firmar". Pistacchia fue secuestrado el mismo 18 de abril de 1978 que Mac Guire. El 1º de noviembre de este año hizo una primera declaración ante el fiscal Stara y esta semana lo amplió ante Bailaque. Dijo que fue secuestrado en la puerta de su casa e introducido en el baúl de un Ford Falcon, que lo condujo primero a la Jefatura de Policía de Rosario y, luego de algunas horas, a un lugar de la ciudad de Funes, donde permaneció más de un mes. Por las deplorables condiciones de detención, perdió casi 30 kilos. Como bienvenida y sin hacerle preguntas "empiezan las palizas, a tirarme agua fría y caliente". También padeció la "aplicación de picana en el pie y simulacro de fusilamiento". En ese lugar estuvo con Mac Guire y Garat, "quienes también fueron interrogados con tormentos". Los tres compartían una minúscula habitación, pero eso no era un problema para sus captores, ya que colgaron a cada uno "de un gancho por medio de las esposas que tenían puestas". Agregó que una vez fue llevado junto con Mac Guire a un patio, donde los mojaron con una manguera en pleno invierno y les dispararon como si los fueran a fusilar. Un par de días después de la llegada de Garat al lugar, escuchó a los secuestradores decir "se nos va", y a partir de allí quedó solo con Mac Guire. Pocos días después aparecieron unos hombres de mejor nivel cultural que los torturadores, que Pistacchia piensa que eran militares. "Hay que trasladarlo al cura", dijo uno de ellos. Pero se lo llevaron a él, que estaba encapuchado, hasta el Batallón 121. Lo curaron en la enfermería y lo esposaron a la cama. Hasta allí llegó una comitiva de militares y hombres de civil. La encabezaba el general Jáuregui, a quien acompañaba el Arzobispo.

 

–Hemos cumplido. Aquí tiene a Santiago Mac Guire –dijo Jáuregui.

 

–Este no es Mac Guire –replicó Bolatti.

 

Jáuregui ordenó que volvieran a Funes a buscar al ex sacerdote y que trasladaran a Pistacchia.

 

–Supongo que este señor queda acá –advirtió Bolatti.

 

Jáuregui asintió.

 

A Mac Guire lo trajeron a la rastra porque no podía caminar solo y lo ubicaron en otra cama junto a la de Pistaccchia. El ex cura saludó a Bolatti y ambos conversaron. Pistacchia y Mac Guire fueron trasladados al Comando del Cuerpo II, en Moreno y Córdoba, donde les anunciaron que les formarían un Consejo de Guerra. Los llamaban "enemigos de la Patria", pero dejaron de torturarlos. Luego de una recorrida por las cárceles de Coronda, Sierra Chica, La Plata, Villa Devoto y Rawson, recuperaron la libertad al finalizar la dictadura. Pistacchia contó que en el primer lugar donde estuvo secuestrado se escuchaba el vuelo de aviones. Por el estado del piso y las paredes parecía un lugar en construcción. También se escuchaba el funcionamiento continuo de un generador eléctrico. Lo mismo le había dicho Mac Guire al diario Democracia, al quedar en libertad en diciembre de 1983. Agregó que al llegar al Batallón 121, el Sargento Gauna y el Cabo Primero Berra le contaron que el centro clandestino al que lo condujeron estaba en Funes. En la pieza donde estuvo había materiales de construcción. Era un lugar muy silencioso y de noche prendían un generador eléctrico. El fiscal Stara pidió al juez Bailaque el llamado a indagatoria por la privación de la libertad y los tormentos aplicados allí contra personal del Cuerpo de Ejército II y su destacamento de Inteligencia y contra el capellán Zitelli. La familia del ex sacerdote presentó querella y solicitó al Arzobispado que informe si los salesianos tienen o tuvieron un predio en la localidad de Funes. También se pidieron informes al registro de la propiedad y al Ministerio de Defensa. El miércoles y el jueves de esta semana, el fiscal Stara presentará su alegato ante el tribunal oral por la parte del proceso en curso.

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Jueves, 12 Septiembre 2013 14:24

Chile: A 40 años del golpe cívico-militar

Chile: A 40 años del golpe cívico-militar

ALAI AMLATINA, 11/09/2013.- Los 40 años del golpe cívico militar encuentran a Chile gobernado por una parte de los civiles que lo promovieron y en vísperas de elecciones presidenciales y parlamentarias a efectuarse el 17 de noviembre.

 

Sorprendentemente, hay un clima muy distinto al que se vivió en los aniversarios 30º y 20º. Una suerte de destape nacional de la verdad, acicateado por el creciente interés de la gente en debatir quiénes fueron los civiles que lo promovieron, mientras crece el afán por conocer pormenores de la represión terrible a los más pobres y las políticas económicas a favor del segmento de los más ricos.

 

Presionada por el nuevo estado de ánimo de la sociedad, y también porque lo pide el rating, la televisión entró de lleno a un tema evadido por décadas, pero que ahora vende sintonía y publicidad. Hay diversos enfoques, desde el conservador –sustentado principalmente por la televisión pública (TVN) y el canal 13, del grupo Luksic con la iglesia católica (Canal 13)– que repite las viejas monsergas sobre el caos y el desabastecimiento “por culpa de Salvador Allende”, oculta el desabastecimiento provocado por los empresarios y comerciantes financiados por EEUU, el rol desestabilizador de El Mercurio y los grandes medios, el boicot económico y financiero estadounidense y criollo, la actividad terrorista contra el gobierno (voladura de trenes, torres de alta tensión, gasoductos, etc., algunos planificados por la Marina ejecutados por la mano de obra barata del grupo extremista Patria y Libertad, mucho antes del golpe), el financiamiento de EEUU de la huelgas de los camioneros, etc, etc.

 

La óptica más novedosa la aplican los canales de propiedad extranjera, como Chilevisión (del grupo Turner-CNN-Times) con una serie muy bien titulada Las Imágenes Prohibidas. Muestra todo lo que algunos sabíamos pero que el grueso de los chilenos nunca conoció por la censura mediática y los “cuentos chinos” de los montajes periodísticos, con víctimas de lesa humanidad que figuraban asesinados en hechos variados de crónica roja, falsos suicidios por amor de mujeres lazadas al mar, gente caída en enfrentamientos que nunca existieron, etc. Muchos periodistas que lograron credibilidad bajo la dictadura, se prestaron para mostrar en TV estos escenarios ficticios, de falsos enfrentamientos, sin muertos, sin sangre. Sólo vegetación, casquillos vacíos y el relato oral de un guión inventado por los esbirros de la DINA/CNI.

 

Hoy pocos dudan que los detenidos desaparecidos realmente existen, que en Chile no hubo ninguna “guerra”, que la dictadura fue cívico-militar (no sólo castrense), que los uniformados fueron llamados por los civiles que tocaron la puerta de sus cuarteles, que sin el apoyo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) –y por supuesto, del entonces esmirriado Partido Nacional, de extrema derecha– el golpe no hubiera sido viable, que el Poder Judicial no cumplió su rol institucional y que los medios tampoco informaron la verdad.

 

La Corte Suprema se hizo una severa autocrítica el viernes, después de una petición de perdón, por sus «acciones y omisiones», formulada el miércoles por los jueces (Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile), y de un cuestionamiento del Presidente Piñera. Un distinguido senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, también pidió disculpas, a título personal, por “omitir lo que debía hacer”. La senadora Evelyn Matthei, candidata presidencial de la derecha, dijo el sábado que “todos los chilenos pedían el golpe”, pero el lunes llegó tarde a una curiosa “conmemoración” convocada por el Presidente Piñera frente a La Moneda, para entregar una declaración escrita diciendo "nunca se debe usar la violencia para alcanzar el poder" y "no son aceptables las violaciones a los derechos humanos".

 

El 31 de agosto Piñera dijo: “El Poder Judicial no cumplió su rol de proteger el estado de derecho y proteger la vida. Sistemáticamente negaba los recursos de amparo que pudieron haber salvado muchas vidas (…) O por ejemplo la misma prensa, que muchas veces no informó con la debida veracidad de los hechos que estaban ocurriendo, y en cierta forma también contribuyó a que estos hechos no fueran conocidos como debieron haber sido conocidos" (1). Esta última frase la omitieron en la versión oficial (2), pero millones alcanzaron a oírla en vivo.

 

Evidentemente, se vive una época en que los políticos de todos los colores se inclinan a desdecirse y a pedir perdón, además de elucubrar nuevas frases, más gratas a los oídos de los electores. Y éstos son un enigma, con cerca de 10 millones de nuevos votantes por efecto de la nueva ley de “inscripción automática (a los 18 años) y voto voluntario” que incluye a gente de más de 40 años habilitada para sufragar con sólo presentarse e identificarse ante la urna que le corresponda.

 

La mayor curiosidad por el pasado reciente proviene de la gente más joven. Según datos de 2010 (pues el censo 2013 fracasó y se discute cuándo se hará de nuevo), el 65% de la población actual tenía menos de 19 años cuando ocurrió el golpe, o nació después. Y hoy éstas son personas tienen 15 a 59 años y un renovado interés por reconstruir su propio pasado.

 

También se desmoronan todas las grandes mentiras que por 17 años fueron la armazón ideológica y mediática de una dictadura que intervino los textos escolares, eliminó para siempre la educación cívica como ramo de enseñanza obligatoria, redujo y censuró la enseñanza de la historia y tuvo siempre la complicidad de la gran prensa, radio y televisión en la difusión y fabricación de historias falsas.

 

Por ejemplo, ya nadie cree la historia falsa de que hubo una “guerra” y que en Chile había de 10.000 a 20.000 hombres armados hasta los dientes, llegados de Cuba, Checoslovaquia, Bulgaria, no importaba mucho de dónde y exactamente cuántos eran: vinieron a poner al país tras la cortina de hierro comunista y había que buscarlos y matarlos. Por xenofobia anticomunista asesinaron también muchos extranjeros de los llamados “países tropicales”, incluso brasileños, mexicanos y argentinos. Los militares que hacían hogueras con libros no distinguían a un guatemalteco de un dominicano: todos los que hablaban con otra tonada eran “cubanos”.

 

Lo mismo ocurrió con el Plan Z, inventado por la CIA para exacerbar la venganza contra los izquierdistas por supuestas listas de ciudadanos que serían eliminados cuando el gobierno de Allende, con la fuerza que no tenía, impusiera un gobierno marxista. Este plan de guerra psicológica, divulgado por los militares tras el golpe, jamás existió, según los archivos desclasificados de la CIA desde el gobierno de Bill Clinton. Hasta lo descartó como una «falsedad» el periodista Federico Willoughby-MacDonald, que fue una suerte de “ministro de información” del dictador y, después, de Patricio Aylwin, el primer presidente en “democracia”.

 


La huella de Allende

 

A 40 años de su partida, adquiere más fuerza la profunda huella que dejó Salvador Allende en la sociedad chilena. Su pensamiento de reformador social sigue plenamente vigente agrandado por la imagen del Presidente que dio la vida en su intento de profundos cambios, demasiado parecidos a las actuales demandas de distintos sectores del pueblo, en una sociedad remecida de cuajo por los estudiantes y los movimientos sociales, no así por los partidos políticos cuya aceptación bordea el 20%.

 

Resulta evidente que en los últimos años la sociedad chilena se ha desplazado hacia la izquierda. El entendimiento de la gente joven se sacudió bozales, tabúes y “cortinas de humo” impuestas sucesivamente por la dictadura cívico-militar y los gobiernos civiles interesados sólo en expandir la libertad del gran capital, nacional y extranjero.

 

Allende murió justamente porque esos sectores no toleraron su acción de gobierno ni sus reformas sociales, legales y pacificas. ¿Hubo, o no, una “santa alianza” del gran capital, EEUU y la clase política reaccionaria de la época, tristemente bajo el liderazgo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin Azócar, la cúpula de la fallida “Revolución en Libertad” alentada en los ’60 por la “Alianza para el Progreso” de Kennedy? ¿Llamaron, o no, al partido militar para el trabajo sucio, y luego lo abandonaron a su suerte en cualquier esquina del basurero de la historia? El debate sobre estos temas recién comienza.

 


El factor PDC

 

El PDC fue el factor clave del golpe en Chile. Convencido de que el poder terminaría finalmente en sus manos, la cúpula de ese partido mayoritario (29,1%) activó a sus generales del ejército Sergio Arellano Stark y Oscar Bonilla Bradánovich, ex edecanes de Frei, más Augusto Lutz, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, entre otros gestores precoces del golpe.

 

Después del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), el segundo y último elegido por la derecha en el siglo 20 –el tercero en 52 años fue el de Piñera–, el PDC se convirtió en una nueva cara de la derecha, honrando su origen de desprendimiento del Partido Conservador llamado Falange Nacional en 1938 y transformado en PDC en 1957.

 

La alianza encabezada por el Partido Conservador Unido (PCU) y el Partido Liberal (PL) en 1964 retiró a su candidato presidencial Julio Durán, del entonces derechista Partido Radical (PR), para cerrarle el paso a la tercera postulación del Dr. Salvador Allende, y asegurar el triunfo de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), pero los dos partidos de la derecha fueron prácticamente barridos del mapa en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965. El PL obtuvo 7,31% de los votos, con 6 diputados de un total de 147, mientras el PCU alcanzó 5,18%, con 3 legisladores, en tanto el PR sobrevivió con 13,29% y 20 parlamentarios. Conservadores y liberales se fusionaron en el Partido Nacional (PN) en 1966.

 

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1969, previas a la presidencial que el 4 de septiembre de 1970 ganaría Allende con el 36,6%, el Frente de Acción Popular (Frap) –antecesor de la Unidad Popular (UP)– sacó 29,89% y eligió 37 diputados. El PDC eligió a 57, con el 30,72%. El PN alcanzó al 20,6% con 33 diputados.

 

En las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, la UP de Allende alcanzó el 50% y eligió al senador reemplazante de Salvador Allende, el socialista Adonis Sepúlveda. Pero en las elecciones de marzo de 1973, la UP redujo su votación al 44,11% y eligió a 63 diputados de 150 (PS 28, PC 25, PR 5, IC 1, API 2, Mapu 2). La Confederación de la Democracia, que aglutinó a la vieja y nueva derecha, alcanzó el 55,6% y eligió 87 parlamentarios (PDC 50, PN 34, Democracia Radical, DR 2; Partido Izquierda Radical, PRI, 1).

 

La derecha unida alcanzó mayoría en el Congreso, pero los resultados no alcanzaron los 2/3 del Senado para destituir al Presidente. Sólo pudo allanar el camino al golpe militar con diversas iniciativas parlamentarias, como la Ley de Control de Armas y declarar “inconstitucional” el gobierno de Allende semanas antes del golpe.

 

La cúpula del PDC, como principal partido de oposición, promovió múltiples iniciativas para desestabilizar y, por último derribar, al gobierno de Salvador Allende. A través de su senador Juan de Dios Carmona, impuso la Ley N° 17.798, que a partir del 20 de octubre de 1972 dio atribuciones propias de las policías a las 4 ramas de las Fuerzas Armadas (FA). Así, los militares golpistas pudieron amedrentar a los trabajadores y allanar fábricas bajo el pretexto de buscar armas.

 

Esta ley del PDC también le sirvió a los militares para sopesar psicológicamente la actitud de los obreros al cometer allanamientos sangrientos y premonitorios de lo que vendría muy pronto, como el de la industria Lanera Austral de Punta Arenas, el 4 de agosto de 1973, donde las tropas dirigidas por el general Manuel Torres de la Cruz asesinaron al obrero Manuel González Bustamante.

 

El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados declaró “inconstitucional" el gobierno de Allende, por 81 votos (63.3%) contra 47. Allende fue acusado de instaurar "un sistema totalitario", una dictadura comunista. Al día siguiente, bajo el título a 8 columnas: Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: El gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución, El Mercurio publicó el texto íntegro. La sesión fue presidida por el PDC Luis Pareto. El PN Gustavo Lorca era vicepresidente de la Cámara.

 

El mismo partido mayoritario que apoyó en masa este acuerdo, con el ex presidente Eduardo Frei Montalva como su líder indiscutido, apenas tres años antes, el 24 de octubre de 1970, contribuyó con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador Allende en el Congreso Pleno.

 

Sólo 13 dirigentes del PDC se opusieron públicamente al golpe cívico-militar el 13 de septiembre de 1973, recordados como “los 13 del 13”: 1) Bernardo Leighton Guzmán, diputado, ex ministro, ex vicepresidente de la República; 2) José Ignacio Palma, ex diputado, ex ministro, ex presidente del Senado; 3) Renán Fuentealba Moena, senador, ex diputado, ex delegado de Chile ante la ONU; 4) Sergio Saavedra, diputado, ex intendente de Santiago; 5) Claudio Huepe G., diputado, ex intendente de Arauco; 6) Andrés Aylwin Azócar, diputado; 7) Mariano Ruiz-Esquide, diputado; 8) Jorge Cash M., profesor, periodista; 9) Jorge Donoso, abogado, periodista; 10) Belisario Velasco, economista, ex gerente de la Empresa de Comercio Agrícola, ECA); 11) Ignacio Balbontín, sociólogo, profesor universitario; 12) Florencio Ceballos, abogado, asesor sindical; y 13) Fernando Sanhueza Herbage, arquitecto, presidente de la Cámara de Diputados desde el 15 al 29 de mayo de 1973.

 

“Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional”, reza esta declaración que hoy algunos PDC pretenden atribuírsela a todo el partido.


El rol de los medios

 

El PDC tuvo también un activo rol en la desestabilización mediática del gobierno de Allende a través de sus medios periodísticos, como el diario La Prensa (ex Diario Ilustrado) y la radioemisora Presidente Balmaceda.

 

En 1970 la televisión era universitaria y estatal, mientras la prensa escrita y la radio estaban controladas por diez grupos hegemónicos:

 

1) El Mercurio/Lord Cochrane, 2) Empresa Editora Zig Zag, 3) Radio Minería, 4) Radio Portales, 5) Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, 6) Compañía Chilena de Comunicaciones, 7) Emisora Presidente Balmaceda, 8) Sociedad Periodística del Sur, SOPESUR, 9) Sociedad Nacional de Agricultura) y 10) Radioemisoras Unidas.

 

Durante la preparación del golpe hubo irrestricta libertad de prensa y de expresión. La supuesta opresión del periodismo fue una ficción proclamada como "verdad" por El Mercurio y sus otros dos diarios de la capital, Las Ultimas Noticias y La Segunda, así como La Tercera, Tribuna (creada con fondos CIA) y La Prensa. Los diarios de oposición sumaban 541.000 ejemplares diarios, más el efecto multiplicador de 3 lectores por ejemplar, según un reporte de Chile Hoy Nº 14, 1972, distribuidos de la siguiente forma:

 

La Tercera 220.000, El Mercurio 126.000, Las Últimas Noticias 81.000, La Segunda 55.000, Tribuna 40.000 y La Prensa 29.000. Los diarios favorables al gobierno año totalizaban 312.000 ejemplares al día: Clarín 220.000, El Siglo 29.000, Puro Chile 25.000, La Nación 21.000 y Última Hora 17.000.

 

El informe "Covert Action in Chile, 1963-1973" (3), emitido en 1975 por el comité senatorial estadounidense presidido por Frank Church e integrado por otros diez senadores, señala que la CIA sobornó a ejecutivos y periodistas de El Mercurio; fundó publicaciones como el diario Tribuna y revista Sepa, entre otras; e infiltró a lo menos la mitad del mundo periodístico entre 1970-1973. En su investigación de documentos secretos estadounidenses desclasificados, Soberanos e Intervenidos, Joan E. Garcés concluyó que en junio de 1964 la CIA producía 24 informativos radiales diarios en Santiago y provincias, 26 programas de "debate" por semana y subsidiaba a "medios de información afines".

 

El "Covert Action in Chile", conocido también como "Informe Church", apunta que en 1970-73 la CIA:

 

● "Incluía un grupo de apoyo periodístico que suministraba artículos sobre política, editoriales y noticias para colocar en la prensa y en la radio".

 

●"Otro de los proyectos proporcionaba fondos para fichas (nombre eufemístico de agentes) individuales en la prensa".

 

● "Otras fichas, empleados todos de El Mercurio, permitían que la Estación CIA publicara más de un editorial al día basado en sus orientaciones".

 

● "La campaña de propaganda tenía varios componentes. Las pre dicciones del colapso económico con Allende eran reproducidas por periódicos europeos y latinoamericanos en artículos originales de la CIA".

 

● "El Mercurio fue uno de los principales canales de propaganda en 1970-73, como lo había sido en las elecciones de 1970 y en el período anterior a la posesión de Allende" (4/ 11/70).


El Mercurio recibió financiamiento de Estados Unidos para su campaña contra Allende, aprobado por el Comité de los 40, integrado por el Asistente del Presidente para Seguridad; el Subsecretario de Estado, el Secretario Adjunto de Defensa, el Director del Estado Mayor Conjunto y el Director de la CIA. El 25 de marzo de 1970, el Comité aprobó 125.000 dólares para "operación de descrédito de la Unidad Popular"; el 27 de junio se acordaron 300.000 dólares adicionales; el 9 de septiembre se aprobaron 700.000 dólares para El Mercurio.

 

El 11 de abril de 1972 se aprobaron otros 965.00 dólares para El Mercurio. Según el "Informe Church", entre 1965 y 1973 se gastaron en Chile 12,3 millones de dólares solamente en el "rubro prensa".


El rol de Eduardo Frei Montalva

 

El ex presidente dejó un escrito de 7.000 palabras que justifican la adhesión del PDC al golpe. Cualquiera puede consultar hoy en Internet (4) su carta al italiano Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, fechada el 8 de noviembre de 1973 y publicada oportuna y extensamente por El Mercurio.

 

Eduardo Frei Montalva intentó convencer a Rumor de que la “terrible catástrofe económica y política, haya producido tal desesperación en las Fuerzas Armadas y en el pueblo chileno -pues éstas jamás podrían haber actuado sin la aquiescencia de la mayoría- hayan quebrado una tradición tan larga y tan honrosa que constituía nuestro orgullo”.

 

Consideró ridícula la afirmación de que Neruda fue asesinado y trató de venderle a Rumor la idea de una presencia militar extranjera en largos párrafos dedicados a supuestos arsenales de variada marca y procedencia que tendría la UP, incluidos “cañones antitanques”:

 

“Se trata de armas de todo tipo, no sólo automáticas, sino que pesadas, ametralladoras, bombas de alto poder explosivo, morteros, cañones antitanques de avanzados modelos y todo un aparato logístico de comunicaciones, de telefonía, clínicas médicas, etc., para poder concretar esta acción. Se había establecido así un verdadero ejército paralelo. Nos preguntamos, una vez más, y preguntamos a los dirigentes de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: ¿Qué democracia puede resistir esta situación? ¿Acaso la Democracia Cristiana, sin armas y en consecuencia inerme frente a esta embestida, debía quedar silenciosa? ¿Merece el calificativo de fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta realidad? ¿Pretenden acaso que lo democrático era permanecer mudos, amparando la preparación desembozada de una dictadura impuesta por la fuerza de las armas?”

 

Otros párrafos explican cómo el golpe libró a Chile –con “la aquiescencia de la mayoría”– de la fagocitosis geopolítica del comunismo: “¿Por qué la reacción de la Unión Soviética ha sido de tal manera violenta y extremada? ¿Por qué el comunismo mundial ha lanzado esta campaña para juzgar lo ocurrido en Chile y para atacar a la Democracia Cristiana? La razón es muy clara. Su caída ha significado un golpe grave para el comunismo en el mundo. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms de costa en el Pacífico y con su influencia intelectual y política en América Latina era un paso decisivo en el control de este hemisferio. Por eso su reacción ha sido tan violenta y desproporcionada. Este país les servía de base de operación para todo el continente. Pero no es sólo esto. Esta gigantesca campaña publicitaria tiende a esconder un hecho básico: El fracaso de una política que habían presentado como modelo en el mundo. ¿Cómo explicar que esta experiencia que mostraban como camino a otros partidos democráticos y al socialismo europeo haya conducido a un país organizado y libre a tan terrible catástrofe económica y política, haya producido tal desesperación en las Fuerzas Armadas y en el pueblo chileno - pues éstas jamás podrían haber actuado sin la aquiescencia de la mayoría - hayan quebrado una tradición tan larga y tan honrosa que constituía nuestro orgullo?”

 

Frei Montalva expresó a Rumor su deseo de que “el gobierno actual tenga éxito” y para eso, muchos cuadros del PDC se convirtieron en asesores, funcionarios y ministros. El economista Juan Villarzú Rohde fue director de Presupuestos del ministerio de Hacienda hasta enero de 1975 (después, en “democracia”, fue ministro Secretario General de la Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y presidente ejecutivo de Codelco, con Frei y Ricardo Lagos). El ingeniero y economista Jorge Cauas fue ministro de Hacienda (1974-1976). William Thayer, ex ministro de Trabajo, Justicia y Educación de Frei Montalva fue colaborador en el sector público, asesor del ministerio de Relaciones Exteriores y "legislador" de la dictadura en la Comisión Legislativa II (1976-1978). El general Bonilla fue ministro del Interior (1973-1974) y de Defensa (1974-1975. El ex senador Juan de Dios Carmona integró el Consejo de Estado de la dictadura y fue embajador en España.

 

En su carta a Rumor, Frei Montalva también dijo:

 

“Las Fuerzas Armadas -estamos convencidos- no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida.

 

“La Democracia Cristiana está haciendo, a mi juicio, lo que está en su mano en esta perspectiva, sin renunciar a ninguno de sus valores y principios, siendo en este instante sus objetivos más fundamentales:

 

“-Pleno respecto a los derechos humanos

 

-Pleno respeto a las legítimas conquistas de los trabajadores y campesinos


.
“-Vuelta a la plenitud democrática.

 

“Sabemos que esto no es fácil. La situación entera no es fácil. Y por eso mismo debemos actuar con la mayor responsabilidad”.

 

El epílogo

 

La Unión Soviética no mostró mayor interés en sostener el gobierno de Allende. En diciembre de 1972, el líder chileno fue a pedir un crédito a Moscú para apuntalar la economía y abastecer los mercados con bienes de consumo de primera necesidad, pero regresó con el 10% de sus aspiraciones, unos 30 millones de dólares en ayuda alimentaria, y una reprogramación de la deuda con la Unión Soviética. No fue real la amenaza hegemónica y geopolítica de traer tan al sur la llamada cortina de hierro del comunismo soviético.

 

Los PDCs utilizaron a los militares para regresar al poder con el pretexto de salvar a la patria del comunismo, pero resultó al revés. La Marina promovió su propio plan, los generales adictos al PDC no alcanzaron influencia real en el poder y el control terminó tomándolo el último general que se plegó a la conspiración, Pinochet, quien terminó por levantar el proyecto propio de psicópata y asesino loco que todos conocemos. Al poco andar, se agudizaron las discrepancias políticas entre estos civiles (PDC/PN y derechistas sueltos), y también de los generales Bonilla y Lutz con el jefe real de la dictadura, hasta que en 1975 el PDC resolvió retirarse, y quienes se quedaron fueron expulsados del partido, entre otros, Juan de Dios Carmona, William Thayer y Jorge Cauas.

 

Eduardo Frei Montalva se convirtió en un brillante líder opositor a la dictadura de proyección internacional y hoy existe la convicción judicial de que fue asesinado en la Clínica Santa María (privada) por envenenadores expertos de la CNI en enero de 1982, igual que Neruda y en el mismo hospital privado. El general Augusto Lutz tuvo un final parecido en el Hospital Militar, en noviembre de 1974, mientras el general Oscar Bonilla pereció en marzo de 1975 en un sospechoso accidente de helicóptero y también murieron de manera extraña los expertos franceses que vinieron a investigar por cuenta del fabricante. El general Sergio Arellano sobrevive en su casa hasta hoy, en solemne impunidad, después de haber mostrado buena conducta y sumisión al dictador desde que en octubre de 1973 recorrió el país matando gente en un helicóptero que nunca se cayó: el de la Caravana de la Muerte.

 

Por Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

 

Referencias y citas:

 

1) http://www.cnnchile.com/noticia/2013/08/31/presidente-pinera-se-refirio-a-los-40-anos-del-golpe-militar-en-chile-

2) http://www.gob.cl/destacados/2013/08/31/mandatario-y-conmemoracion-de-los-40-anos-del-golpe-militar-tenemos.htm

3) 1) Covert Action in Chile, 1963-1973, ver http://www.fas.org/irp/ops/policy/church-chile.htm

4) Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, ver http://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Eduardo_Frei_Montalva_a_Mariano_Rumor,_Presidente_de_la_Uni%C3%B3n_Mundial_de_la_Democracia_Cristiana URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/67252

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Miércoles, 11 Septiembre 2013 05:51

El día en que todo cambió

El día en que todo cambió

Si estoy con vida, si cuarenta años más tarde puedo contar la historia del golpe del 11 de septiembre de 1973, es gracias a la ciega generosidad de mi amigo Claudio Jimeno.

 

Lo recuerdo ahora tal como lo vi entonces, cuando me despedí de él sin saber que se trataba de una despedida final, sin saber que en poco tiempo él estaría muerto y yo iba a sobrevivir, ninguno de los dos anticipando que los militares lo matarían a él en vez de ensañarse conmigo.

 

Nos conocimos en 1960, cuando los dos cursábamos el primer año de estudios en la Universidad de Chile. Incisivos sobresalientes y una mata de pelo negro erizado le habían merecido un apodo, Conejo, que luciría hasta el día de su muerte. Estaba de novio con Chabela Chadwick, una estudiante de química, y cuando yo comencé a salir con Angélica, mi futura mujer, los cuatro participábamos, junto a otros entusiastas condiscípulos, en un raudal de actividades: bailes y paseos a la playa y, sobre todo, sumándonos a manifestaciones de protesta. Porque lo que en última instancia más nos unía, más allá de compartir confidencias y esperanzas, era una feroz necesidad de batallar por la justicia social en un continente de extrema pobreza y desarrollo frustrado.

 

Como millones de otros chilenos, Claudio y yo éramos fervientes seguidores del socialista Salvador Allende, que proclamaba –en una época en que la guerrilla se alzaba con furia en toda América latina– que era posible una revolución en nuestro país sin recurrir a la violencia, que podíamos crear una sociedad más justa y soberana por medios democráticos y pacíficos. Nuestros sueños se hicieron realidad cuando, diez años más tarde, Allende ganó las elecciones presidenciales de 1970.

 

Los sueños y la realidad, sin embargo, no siempre van de la mano.

 

Ya a mediados de 1973, el gobierno de Allende estaba asediado por sus enemigos internos y externos y la creciente amenaza de un pronunciamiento militar. De manera que cuando Fernando Flores, el secretario general de Gobierno del Presidente, me pidió que sirviera como su asesor de prensa y cultura, no tuve la menor duda. Una de mis responsabilidades más urgentes era que debía hacer guardia una vez, cada cuatro noches, en La Moneda, para que pudiera comunicarme con Allende en caso de alguna emergencia. Las otras noches se rotaban entre tres otros asesores, uno de los cuales era Claudio Jimeno.

 

De manera que cuando me di cuenta de que me tocaba dormir en La Moneda la noche del lunes 10 de septiembre, nada más natural, entonces, que canjear ese turno con mi viejo amigo, pedirle si era posible hacerme cargo de su guardia del domingo 9 de septiembre. Me convenía ese domingo porque era la única ocasión que tenía para mostrarle a Rodrigo, mi hijo de seis años, la galería de retratos de los primeros mandatarios de Chile y para que experimentara, antes de que su madre viniera a buscarlo, ese momento mágico en que las luces del Palacio se prendían al crepúsculo.

 

Claudio asintió sin la menor vacilación. En esos tiempos azarosos, pasar aunque fuera una hora extra con el hijo al que no teníamos la certeza de ver al día siguiente constituía un regalo insuperable. De hecho, me agradeció el trueque, ya que le permitía gozar de un domingo tranquilo con Chabela y sus dos hijos.

 

Y entonces quiso la buena y la mala suerte que fuera Claudio Jimeno el que respondió el teléfono en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, recibiendo la noticia de que el golpe, liderado por el general Augusto Pinochet, había comenzado. Y fue Claudio el que llamó a Allende y Claudio el que luchó a su lado en La Moneda y Claudio el que terminó siendo apresado y luego torturado y finalmente muerto, convirtiéndose en uno de los primeros chilenos desaparecidos. Mientras que yo desperté al lado del amor de mi vida, de Angélica, y traté de llegar a La Moneda y no pude lograrlo y heme aquí, cuarenta años más tarde, conmemorando a mi amigo y lo que se perdió y lo que se aprendió, y recordando, porque Claudio no lo puede hacer, cómo mantuvimos viva la esperanza en medio de la oscuridad. Heme aquí, todavía sin poder visitar la tumba de Claudio porque los militares que lo mataron todavía no revelan dónde echaron su cuerpo vejado.

 

El destino de Claudio prefiguró el de su país.

 

Nos aguardaban décadas de represión y pavor, de pesadumbre y combate. Aun cuando terminamos derrotando a la dictadura, nuestra democracia restaurada se vio severamente restringida. La siniestra Constitución de Pinochet, aprobada en un referéndum fraudulento en 1980, sigue siendo hasta el día de hoy la ley suprema de la república, obstaculizando tantas reformas imprescindibles que el país reclama.

 

Si bien aquel 11 de septiembre de 1973 fue trágico para tantos chilenos, también tuvo consecuencias más allá de nuestras orillas remotas. El naufragio de la revolución chilena repercutió en forma significativa en Europa, donde llevó a una fundamental reorientación de la izquierda en varios países (notablemente España, Francia e Italia), la certeza de que no bastaba con una mayoría electoral exigua para llevar a cabo transformaciones sustanciales en la sociedad, sino que se necesitaba un consenso amplio y profundo. En los Estados Unidos, la intervención de la CIA en la caída de Allende fue uno de varios factores que condujeron a investigaciones del Congreso, estableciendo leyes limitando las intromisiones del Poder Ejecutivo norteamericano en los asuntos internos de otras repúblicas, abriendo una discusión que es en este momento más perentoria que nunca, en vista de que los presidentes norteamericanos siguen adjudicándose el derecho a inmiscuirse ilegalmente en cualquier rincón de la Tierra donde sus intereses podrían peligrar, es decir, matar y espiar en todo el mundo.

 

El legado más crucial, sin embargo, del 11 de septiembre chileno fueron las estrategias económicas implementadas por Pinochet. Mi país se convirtió, en efecto, en un laboratorio para un salvaje experimento neoliberal, una tierra donde la avaricia desmedida, la extrema desnacionalización de los recursos públicos y la supresión de los derechos de los trabajadores fueron impuestas con virulencia a un pueblo desamparado. Muchas de estas políticas fueron adoptadas más tarde por Margaret Thatcher y Ronald Reagan (así como por líderes en el resto del globo), acarreando una disparidad escandalosa en la distribución del ingreso y la riqueza y, podría argüirse, creando condiciones para las últimas crisis financieras que han sacudido al planeta. Por cierto, este modelo chileno de un libre mercado exorbitante y sin frenos no ha perdido hoy su atractivo. La drástica y desastrosa privatización del sistema previsional sufrida en Chile es enaltecida por derechistas de todas las estampas como una “solución” al “problema” de las pensiones de los jubilados. Y recientemente, The Wall Street Journal, en un editorial, sugería que “ojalá los egipcios tuvieran la buena suerte de que sus nuevos generales reinantes resultaran ser como Augusto Pinochet de Chile”.

 

Afortunadamente, Chile no exportó únicamente las peores experiencias surgidas de la asonada militar. También ha servido como un modelo de cómo un pueblo desarmado puede, a través de la no violencia y una ardua campaña de desobediencia civil, conquistar el miedo y liquidar a una dictadura. Los alentadores movimientos de resistencia y en favor de la democracia que han brotado en todos los continentes durante estos últimos años prueban que el futuro no tiene que ser despiadado, que el 11 de septiembre chileno no marcó el final de la búsqueda de libertad y justicia social por la que murió Claudio Jimeno, que tal vez su sacrificio no fue enteramente en vano.

 

Y, sin embargo, no me puedo consolar. Cuarenta años más tarde todavía recuerdo su sonrisa de conejo cuando me dijo adiós en La Moneda aquella noche del 10 de septiembre de 1973.

 

Al día siguiente, ese martes desbordante de terror en Santiago, muchas cosas cambiaron para siempre, cambios políticos y económicos que alteraron a Chile y, se podría aventurar, también al mundo. Pero cuando contemplamos el pasado, lo que necesitamos recordar es que finalmente la historia la hacen y padecen seres humanos reales, hombres y mujeres que quedan penosamente afectados. La historia consiste de muchos Claudios y muchos Jimenos de nuestra especie, uno más uno más uno.

 

Esa es la historia irreparable, la que nos duele y conduele: no puede Claudio despertar, como lo hago yo cada mañana, al canto interminable de los pájaros.

 

Claudio Jimeno, el amigo que murió en mi lugar cuarenta años atrás, nunca ha de ver a sus nietos crecer, nunca podrá sonreírse cuando lo llamen Abuelo Conejo.

 

Por Ariel Dorfman, escritor chileno. Su último libro es Entre sueños y traidores: un striptease del exilio.


 

Allende, el cambio y la codicia

 

Por Martín Granovsky

 


La reunión fue en Washington. Se realizó cuando el ataque de los Estados Unidos al gobierno de Salvador Allende estaba por conseguir el jaque mate. Por los Estados Unidos participaron siete funcionarios del Departamento de Estado, con su jefe William Rogers al frente. Por Chile otros siete. Encabezaba la delegación chilena el entonces embajador en Washington, el socialista Orlando Letelier, que terminaría como ministro de Defensa de Allende y en 1973 sufriría prisión y tortura antes de que una campaña internacional obtuviese su liberación y le permitiese viajar al exterior. También participó un joven diputado de la Unidad Popular, Luis Maira. El encuentro fue áspero y duro. Por si alguno tenía dudas, al final de dos días de discusiones bilaterales, Rogers y Kissinger mantuvieron una reunión a solas con Letelier. Como consejero de Seguridad Nacional, el cargo desde donde Washington articula la política exterior y la de inteligencia de la presidencia, Kissinger no tenía obligación funcional de encontrarse con los chilenos. Pero quiso hacerlo.

 

Rogers se quejó del trato de Allende a las empresas norteamericanas nacionalizadas. Y luego de Rogers, Kissinger habló sin vueltas: “América latina es una región de casi ninguna importancia... Chile no tiene ningún valor estratégico. Nosotros podemos recibir cobre de Perú, Zambia, Canadá. Ustedes no tienen nada que sea decisivo. Pero si hacen ese proyecto de camino al socialismo del que habla Allende, vamos a tener problemas serios en Francia e Italia, donde hay socialistas y comunistas divididos, que con este ejemplo podrían unirse. Y eso afecta sustancialmente el interés de Estados Unidos. No vamos a permitir que tengan éxito. Tengan eso en cuenta”.

 

Maira, que fue embajador del gobierno de la Concertación en la Argentina, suele contar el episodio para ilustrar hasta qué punto la situación chilena era clave para Washington en el tablero mundial de la Guerra Fría. Y también cuenta Maira que pocos meses después de esa reunión en Washington, él y otros sobrevivientes del golpe de Augusto Pinochet terminaron en el exilio. (Refugiado primero en Caracas y después en los Estados Unidos, Letelier fue asesinado por un comando pinochetista en Washington el 21 de septiembre de 1976.)

 

Un día, cenando en Buenos Aires con Ricardo Lagos y un grupo de argentinos, narró Maira: “Cuando llegamos a México nos dimos cuenta de que nos había derrocado una potencia a la que no conocíamos bien por dentro. En 1974 fundamos el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y nos pusimos a estudiar todo. Todo. Desde la Constitución de los Estados Unidos hasta su historia. Desde sus mecanismos de decisión hasta el papel del Congreso. No podíamos seguir ignorando en detalle una realidad tan decisiva”.

 

No solo los exiliados chilenos se hicieron cargo de analizar en profundidad qué había ocurrido en Chile y por qué. También la izquierda europea buscó entender el mensaje enviado por Washington sobre todo a Italia, donde el Partido Comunista había crecido hasta ser el más grande de Occidente y ya representaba a uno de cada tres votantes.

 

Enrico Berlinguer era el secretario general del PCI. En 1980, diez años después del triunfo de la Unidad Popular y siete años después del golpe, Berlinguer analizó el papel obligatoriamente bivalente de Allende. Primer papel: el Compañero Presidente debía ser “el supremo aval de la legalidad vigente”. Segundo papel: estaba obligado a convertirse en “el líder del movimiento popular para su profunda renovación”.

 

Según Berlinguer, esa contradicción que el propio Allende encarnaba en sí mismo “podía resolverse en la medida en que la Unidad Popular hubiese logrado mantener aislado al ‘enemigo principal’, por un lado, y por el otro fundir en la sociedad la alianza entre las masas inorgánicas, el proletariado y las capas medias, además de mantener en el Parlamento un entendimiento mínimo entre las fuerzas que habían elegido a Salvador Allende”. De ese modo, “la realización del programa habría dado origen al nacimiento de una mayoría social –antes que electoral–, o sea la formación de un bloque histórico que, en su proceso de desarrollo, fundaría la nueva legalidad, la nueva democracia chilena”.

 

Para Berlinguer, un gran mérito de Allende es que “murió ejerciendo su papel de magistrado supremo de una legalidad pisoteada por traidores, por fascistas”, y su ejemplo significó lo contrario de lo que el dirigente italiano llama “grandes cinismos”.

 

Y otra virtud del gobierno de la Unidad Popular que señalaba el secretario del PCI fue “haber abstraído por primera vez la noción de ‘justo provecho’ del contexto ético-religioso medieval, precapitalístico, en que nació, para instalarlo como principio jurídico internacional: con la ley de nacionalización del cobre chileno, que fija en el 12 por ciento anual los márgenes de provecho reconocido a las compañías que habían explotado las minas, sustrayendo de la indemnización debida a raíz de la nacionalización lo que ellas habían percibido más allá de ese plafond”. Leída desde hoy, parece una crítica a la agresión contra la humanidad por parte de un sistema financiero hipertrofiado.

 

El mundo es otro, pero dos desafíos parecen vigentes a cuarenta años del golpe en Chile y el suicidio de Allende, el 11 de septiembre de 1973: cómo lograr una gobernabilidad que permita cambiar las cosas y cómo colocar un límite a la codicia desenfrenada.

 

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Origen, impacto y consecuencias de los papeles de Snowden

De todo lo que se ha conocido en los últimos días gracias a la audacia de un joven de 29 años con una cierta obsesión por el espionaje, hay algo que no es novedad: la privacidad ha desaparecido, somos constantemente objeto de la mirada de alguien. Ahora hemos sabido que entre esos muchos que nos observan está el Gobierno de Estados Unidos, lo cual tampoco es exactamente una gran sorpresa.


 
EE UU es la mayor potencia económica y militar del mundo. Tiene intereses planetarios y tropas y bases en los cinco continentes. Es el objetivo declarado número uno del terrorismo internacional, que le demostró sus intenciones y recursos el 11 de septiembre de 2001. Ha sido blanco de numerosos ataques cibernéticos de parte de su gran rival en el mundo, China. Es el país que inventó Internet y en el que han nacido y residen Google, Microsoft, Facebook, Apple, Twitter y otras marcas de menos renombre que dominan la actividad en la Red. Tiene, por tanto, los motivos y los medios. Que el Gobierno de EE UU, en colaboración más o menos voluntaria con las empresas de EE UU que poseen toda la información existente en Internet, haya accedido a esos datos con el propósito de localizar a sus enemigos, puede ser cualquier cosa menos una sorpresa.


 
Tampoco es un una ilegalidad, puesto que el Gobierno se proveyó de todas las autorizaciones parlamentarias y judiciales que eran pertinentes. Sí puede ser una inmoralidad y un atropello de las libertades públicas, algo en lo que las autoridades de todos los países incurren frecuentemente con la ley en la mano. Pero el juicio de esa actitud puede producir resultados distintos si se observa desde el concepto liberal e individualista, en cuyo caso el veredicto sería severo, o desde una idea más estatista sobre el papel del Gobierno, que podría dictar una sentencia más benevolente.
 


¿Qué es lo que está en juego en el caso que el joven Edward Snowden ha puesto sobre la mesa? ¿Qué es lo que realmente ha sacado a relucir y qué debate ha desencadenado eso? ¿Debe preocuparle a los ciudadanos ser espiados? ¿Por qué? En EE UU, la opinión pública parece decantarse a favor de permitir ciertas incursiones del Gobierno en su privacidad, si eso ayuda a mejorar su seguridad, lo que responde a la lógica de que una mayoría de población cuyo comportamiento es intachable no tiene en principio ningún temor a que revisen su vida. Pero, por supuesto, no se trata de eso. Se trata de cuáles son los límites del Estado y qué pueden hacer las personas corrientes para protegerse.


 
Edward Snowden, un contratista privado al servicio de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entregó a The Guardian, primero, y después a The Washington Post dos documentos que recogían otros tantos programas secretos de espionaje del Gobierno de EE UU, uno para el registro de los números de teléfono y duración de las llamadas telefónicas de la compañía Verizon en EE UU, y otro, conocido como Prisma, que permite el acceso a correos electrónicos, chats, fotos y otro material intercambiable en Internet entre ciudadanos extranjeros y fuera de territorio de EE UU.


 
De acuerdo a las autoridades norteamericanas, ambos son programas son muy valiosos, han permitido en el pasado abortar decenas de intentos de ataques terroristas y su revelación constituye un gran perjuicio para EE UU. De acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha presentado una demanda contra el Gobierno, es una violación de la Constitución. El presidente Barack Obama los defendió diciendo que, en el mundo actual, “no se puede tener el 100% de privacidad y el 100% de seguridad”. Esos programas representan, dijo, una mínima molestia que los norteamericanos pueden permitirse en aras de dormir más tranquilos.


 
Ahí es donde está el meollo de la cuestión. ¿Dormimos más tranquilos sabiendo que el ojo del Gran Hermano orwelliano vigila? Tal vez sí o tal vez no, pero, en todo caso, la única alternativa es permanecer despiertos.


 
Para analizar el impacto y las consecuencias de los papeles de Snowden es necesario inscribirlos en el tiempo en que se han producido. Así como los papeles del Pentágono cayeron sobre una población horrorizada con la guerra y el Watergate aterrizó en un país asqueado de las marrullerías de la política, los papeles de Snowden encuentran a una sociedad adormecida por los encantos ilimitados de las nuevas tecnologías.


 
Hoy la privacidad es objeto de ataque constante e impune. Cuando se entra en un banco, uno es observado por una cámara tras la que hay un agente de seguridad; cuando se sube al metro o se accede a un aeropuerto, todos somos, igualmente, filmados y registrados. Simplemente paseando por la calle podemos ser grabados y, posteriormente, nuestra imagen puede ser contemplada por un funcionario, que, aburrido, podría llegar a entretenerse con algunos detalles de nuestro físico. Hay cámaras en los más diversos escenarios públicos y privados, desde un teatro a un taxi, y a nadie parece importarle mucho.


 
Esa realidad adquiere una proporción desmesurada cuando se traslada al campo de Internet. Nuestros mensajes, nuestras fotos de cumpleaños, cualquier indiscreción personal, incluso nuestros más íntimos pensamientos ofrecidos al amigo o la persona amada están almacenados en algún lugar de lo que, muy gráficamente, se llama “la nube”. Será una nube, pero no es un limbo. Empresas concretas y personas precisas tienen acceso a esa información, la procesan y, eventualmente, la usan con motivos comerciales.


 
¿Cuál es la diferencia de que la use el Gobierno con motivos más nobles, como la seguridad? En primer lugar, es necesario recordar que el programa Prisma no afecta, al menos en lo que se sabe, a ciudadanos norteamericanos o que residan en EE UU. Por lo demás, el espionaje es una actividad tan antigua como el propio ser humano. En otros tiempos se hacía con rudimentarias antenas parabólicas y micrófonos ocultos en un jarrón. Hoy basta un ordenador. Los países se espían unos a los otros, y espían a sus propios ciudadanos, sus finanzas y movimientos sospechosos. Cuando ese espionaje produce resultados satisfactorios, que es relativamente frecuente –piensen, en cada país, en la cantidad de indeseables detectados en los últimos años por el seguimiento de sus cuentas bancarias o sus llamadas telefónicas–, nos alegramos todos. ¡Cuántos inocentes no habrán sido espiados hasta llegar a los verdaderos culpables! Pero, al mismo tiempo, cuando nos queda constancia de que ese espionaje existe, nos horrorizamos. Y ese horror se produce, no tanto por el espionaje en sí, sino por su carácter secreto.


 
Lo secreto nos asusta y, con razón, nos alarma. El secreto protege la actuación legítima de un agente del bien, pero también tapa el abuso de un funcionario inescrupuloso. El secreto deja a los ciudadanos inertes ante el Gobierno, que queda como la única autoridad para decidir qué hacer en cada situación. El secreto es, obviamente, el caldo de cultivo del autoritarismo.


 
Cualquiera puede entender que los gobernantes tengan que actuar en secreto en ocasiones. A nadie se le ocurre que la CIA debiera haber ido informando al Congreso sobre sus pasos en la localización de Osama bin Laden. Pero el secreto no se justifica siempre ni con tanta frecuencia como las autoridades desearían. Probablemente, no se justifica en los papeles de Snowden. No se aprecia a primera vista qué dicen esos papeles que los terroristas no dieran ya por supuesto. ¿A alguien se le ocurre que Al Qaeda se comunicaba por correo electrónico sin sospechar en absoluto que pudiera ser leídos por los servicios de espionaje?


 
Así pues, el problema de fondo detectado gracias a los papeles de Snowden es el del insuficiente control de la intromisión del Gobierno en las vidas privadas de los ciudadanos. No el ataque en sí a una privacidad que ya no existe, ni el hecho mismo de que EE UU, como le corresponde, espíe para protegerse, sino la preocupación por la extensión de ese espionaje debido a la falta de control democrático. El Congreso era informado, pero en secreto. Un juez firmaba la autorización para ese espionaje, pero era el juez de un tribunal secreto –creado en 1978 y conocido por las siglas de FISA- que en último año aprobó todas, absolutamente todas, las solicitudes de intervención presentadas por los responsables de seguridad. A todas luces parecen garantías escasas para una recolección tan masiva de datos.


 
El último ángulo controvertido de esta historia es el del papel de las empresas de Internet, que ahora tratan de limpiar su imagen. Este sábado, Facebook dijo que en 2012 había recibido alrededor de 10.000 peticiones de distintos niveles del Gobierno para acceder a cuentas de sus clientes. Microsoft informó de haber recibido entre 6.000 y 7.000 reclamaciones similares. Difícil resistirse a esas peticiones, que iban firmadas por el correspondiente juez de FISA. Pero esas empresas y otras grandes de Internet que esta semana hicieron públicas reclamaciones de más transparencia, se deben también a sus clientes, con los que se han comprometido a no desvelar sus datos privados.


 
De nuevo, nos encontramos ante un dilema muy propio de este tiempo y dificilísimo de resolver. La tensión entre el interés público y el espacio privado existe desde que las personas conviven. En nombre de atender el bien de la mayoría se han cometido grandes gestas y tropelías a lo largo de la historia de la humanidad. Los papeles de Snowden prueban que la tentación de actuar por encima del conocimiento de los ciudadanos, aunque sea en su propio favor, no solo no ha desparecido sino que se ha incrementado y hecho más peligrosa en la era de Internet.

 

Por Antonio Caño Washington 16 JUN 2013 - 03:02 CET

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Marcha en silencio en contra de la impunidad

Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.

 

Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.

 

Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.

 

En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.

 

En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.

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Viernes, 19 Abril 2013 06:24

Celsius 232: una instantánea

Celsius 232: una instantánea

I

 

Arden. Doscientos treinta y dos grados Celsius, la temperatura a la que el papel se incinera, se consume en el fuego, se volatiliza en la noche la ceniza. La fecha se grabará en la memoria: 10 de mayo de 1933.

 

Originalmente planeada para hacerse simultáneamente en 26 ciudades, la lluvia impidió algunas de las ceremonias, pero en Berlín, en Munich, en Hamburgo, en Frankfurt, los libros ardieron.

 

A finales de enero habían tomado el poder los nazis y se acababa la República de Weimar, un mes más tarde ardía el Reichstag y se iniciaba la cacería de socialistas y comunistas, anarquistas y sindicalistas. Comenzaban a llenarse cárceles y campos de concentración.

 

Para las ceremonias de quema de libros se puso en marcha el ritual. To­da la parafernalia del nazismo: bandas de música, desfiles de antorchas, carros de bueyes cargados con volúmenes, convocados para el gran acto purificador de la juventud contra el intelectualismo judío: una gran quema pública de libros.

 

Las fotos mostrarán a miembros de las SA, policías, estudiantes, sonrientes, felices, cargando libros para llevarlos a la hoguera; arrojando libros en las afueras de las bibliotecas, depurando los anaqueles, censurando por el camino del fuego. La fiesta de la barbarie.

 

En Berlín, en la Opernplatz, no arde el papel, arden las palabras. Arden los libros con los poemas de Bertolt Brecht, pero sobre todo arden los versos, las magníficas palabras: no os dejéis seducir, no hay retorno alguno. El día está a la puerta, hay ya viento nocturno. No vendrá otra mañana. No os dejéis engañar con que la vida es poco.

 

Interviene el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, pura energía maligna, elegante, delgado, histriónico. Su voz crece en los altavo­ces, raspa un tanto: “Hombres y mujeres de Alemania, la era del intelectualismo judío está llegando a su fin. Están haciendo lo correcto en esta noche al entregar a las llamas el sucio espíritu del pasado. Este es un acto grande, poderoso, simbólico. De estas cenizas el fénix de una nueva era renacerá. ¡Oh siglo! ¡Oh ciencia! ¡Es un placer estar vivo!”

 

¿De qué ciencia habla? ¿De la primitiva ciencia de quemar en la hogue­ra?

 

Arden las maravillosas geometrías doradas y humanas de Gustav Klimt. Arden los brillantes textos de Sigmund Freud sobre la histeria y los sueños. Un Freud que respondió al hecho desde el exilio diciendo que había tenido suerte, que en el medievo lo hubieran quemado también a él, sin darse cuenta que bromeaba sin conocer hasta qué punto intentaba exorcizar a los demonios. Los que quemaban sus libros terminarían quemando a 6 millones de judíos como él.

 


Arden en la hoguera los textos de Einstein, los cuentos de Sholem Asch, los textos del checo Max Brod, las novelas de los hermanos Mann, incluso la relativamente inocente Vicky Baum es incinerada. Se queman las geniales novelas sociales de Jack London, Theodere Dreiser, John Dos Passos, quizá en esos momentos el mejor novelista de lo que iba del siglo XX.

 

Encabeza la lista la obra maestra de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. Arden las novelas históricas de León Feuchtwanger, arden las grandes novelas antibélicas de Barbusse, El fuego, incluso el Hemingway de Al otro lado del río y entre los árboles. Imperdonable para los verdugos del fuego eso del pacifismo.

 

Arden las reproducciones de las fantasmagorías de Marc Chagall y los cuadros de Paul Klee. Arden, claro está, las reproducciones del neorrealismo terrible y drástico de George Grosz y Otto Dix, los más implacables críticos de la Alemania de entreguerras.

 

Arden los libros de la futura premio Nobel Anna Seghers.

 

Las orquestas tocan marchas militares, los estudiantes saludan con el brazo derecho rígido y la palma abierta.

 

Queman libros, arden páginas, palabras, imágenes. En la hoguera se inmolan los libros de Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, quien en 1822 había profetizado: donde queman libros, al final terminarán quemando seres humanos.

 

Sin darse cuenta, Goebbels y sus chicos habían creado la lista básica de la cultura de la mitad de siglo XX, estaban construyendo las recomenda­ciones que adolescentes ansiosos buscarían y encontrarían: los libros, los cuadros, los artículos de filósofos y científicos, los poemas.

 

Sin darse cuenta los nazis que la temperatura a la que arde un libro no sólo es la temperatura del fuego en el papel, es también el fuego de la mirada sobre la palabra.

 

II

 

Recuento esta historia para recordar. Para no olvidar. Pero también para que sirva de prólogo a una invitación. En el contexto del Día Mundial del Libro, que se celebra dos días más tarde, el domingo 21 de abril, a las 12 de la mañana en la glorieta del Metro Insurgentes, un grupo de escritores estaremos diciendo “No, al IVA al libro”, y exponiendo nuestras razones. Aprovecharemos para regalar el primer libro quemado por los nazis: Sin novedad en el frente, de E. M. Remarque, a los primeros mil ciudadanos que lleguen. Repetiremos la acción el día 23 a las 13 horas en la Feria del Libro de Ciudad Universitaria que organiza Para Leer en Libertad, a espaldas de rectoría.

 

PD. Lleven un libro para donar, con él formaremos nuevas bibliotecas de barrio en el área metropolitana.

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Sábado, 16 Marzo 2013 10:34

La vatidesmentida

La Santa Sede salió a la ofensiva y, por primera vez desde que Jorge Bergoglio fue designado Papa por los cardenales, salió al paso de la polémica sobre la actitud de Jorge Bergoglio durante los años de la dictadura. El afable portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, barrió con un revés de la mano los indicios y sospechas que pesan sobre la Iglesia y el papa Francisco, a propósito de su actuación blanda durante la última dictadura argentina. Lombardi dijo en conferencia de prensa que esas acusaciones contra Bergoglio provienen de “una izquierda anticlerical” cuya meta consiste en “atacar a la Iglesia”. Defendiendo al Papa, Lombardi extendió su argumento al resto de la Iglesia como si ya no estuviese más que probada la implicación de la jerarquía católica argentina y vaticana en el ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos y la colusión con los crímenes de la dictadura. El portavoz de la Santa Sede dijo en Roma que esas acusaciones derivadas de las investigaciones de Horacio Verbitsky eran llevadas “a cabo por una publicación que lanza, a veces, noticias calumniosas y difamatorias. El cariz anticlerical de esta campaña y de otras acusaciones en contra de Bergoglio es notorio y evidente”. Se trata, desde luego, de Página/12. El vocero del Vaticano aclaró que las sospechas que recaen sobre el hoy papa Francisco datan de la época en que era superior de la Compañía de Jesús en la Argentina, en 1976. En ese período fueron secuestrados dos misioneros jesuitas, Orlando Yorio y Francisco Jalics. Ambos trabajaban en la villa porteña del Bajo Flores y fueron torturados y liberados cinco meses más tarde. Horacio Verbitsky llevó a cabo varias investigaciones a partir de las cuales estableció un lazo entre Bergoglio y la desaparición de los dos curas jesuitas: Yorio, ya fallecido, y Jalics, que reside en Alemania desde 1978. Varios testimonios recogidos por Verbitsky dieron cuenta de que Yorio nunca perdonó el papel que habría jugado Bergoglio, sobre quien tenía sospechas de que los había delatado. Federico Lombardi dijo que “jamás hubo una acusación verosímil contra el Papa. La Justicia argentina lo interrogó pero como persona informada de hechos y jamás fue imputado por algo. El negó de forma documentada las acusaciones”. El vocero se refirió luego al texto que publicó ayer uno de los interesados, Francisco Jalics, quien rompió el silencio por medio de la pagina web de los jesuitas alemanes (http://www.jesuitas.org/aktue lles/details/article/erklarung-von-pater-franz-jalics-sj.HTML).


En una declaración personal aparecida en dicha página, Jalics escribe: “No puedo pronunciarme sobre el papel del padre Bergoglio en aquellos hechos”. Jalics cuenta luego que, tal como lo mencionó el vocero del Vaticano en su declaración, tuvo “la ocasión de hablar sobre ese tema con el padre Bergoglio. (...) Estoy reconciliado con los acontecimientos y considero que ha llegado la hora de dar el caso por terminado”, escribe el jesuita. La edición digital del semanario Der Spiegel difundió a su vez una declaración del portavoz jesuita, Thomas Busch, quien cuenta que, invitado por el Arzobispado de Buenos Aires, Jalics viajó a la Argentina hace varios años (2000) y que, luego de hablar con él, “está en paz con Bergoglio”. Federico Lombardi argumentó que el Papa “hizo mucho para proteger a las personas durante la dictadura”. También puntualizó que una vez que fue nombrado arzobispo de Buenos Aires “pidió perdón en nombre de la Iglesia por no haber hecho lo suficiente durante el período de la dictadura”. Sin embargo, el testimonio que aporta Francisco Jalics esclarece un poco más el doble juego de la Iglesia en aquellos años. Jalics anota que “la Junta Militar mató a unas 30.000 personas en uno o dos años, tanto guerrilleros de izquierda como civiles inocentes”. En esa mezcla cayeron también ellos dos: ni él ni Yorio tenían contactos “ni con la Junta ni con los guerrilleros”. Sin embargo, Jalics deja claro en su relato que “informaciones deliberadamente falsas”, surgidas incluso “dentro de la Iglesia”, indujeron a que se sospechara sobre las supuestas relaciones que Yorio y Jalics mantenían con los grupos armados. Eso les costó el secuestro. En realidad, el testimonio de Jalics no dice gran cosa sobre la actitud de Bergoglio. Ni lo disculpa, ni tampoco lo acusa: solo alega que se reconcilió con él y que no puede pronunciarse sobre el papel que desempeñó.


Página/12 no es el único que se interesó en lo que Jorge Bergoglio podía o no saber de lo ocurrido a partir de 1976. La Justicia francesa también puso sus ojos en él. En 2011, la magistrada francesa del Tribunal de Gran Instancia de París, Sylvia Caillard, remitió a Buenos Aires una comisión rogatoria internacional para que el entonces cardenal Bergoglio prestase declaración en calidad de “testigo” en torno del asesinato del padre francés Gabriel Longueville. La abogada francesa Sophie Thonon confirmó en París que las “autoridades argentinas nunca respondieron positivamente a la comisión rogatoria correspondiente a Bergoglio”. El sacerdote francés trabajaba en la Argentina para la Orden de las Misiones de Francia. En la noche del 18 de julio de 1976, los padres Gabriel Longueville y Carlos Dios Murias fueron secuestrados en la localidad de Chamical, provincia de La Rioja, por civiles armados que se identificaron como miembros de la Policía Federal. Al día siguiente, sus cuerpos, con evidentes signos de tortura, fueron encontrados a 5 kilómetros de Chamical, tirados al lado de la vía. Las condiciones del secuestro y el asesinato de Murias y Longueville llevaron a otro religioso a investigar y pagar con su vida esa intervención. Se trata del arzobispo de La Rioja, monseñor Angelelli, quien llevó a cabo una investigación para esclarecer el crimen. Su trabajo le fue fatal: el 4 de agosto de 1976, 17 días después del asesinato de Murias y Longueville, monseñor Enrique Angelelli murió en circunstancias dudosas. La primera versión oficial estableció que Angelelli falleció en un accidente automovilístico. Sin embargo, las pruebas aportadas más tarde confirmaron que se trató de un atentado. El día de su muerte, el obispo de La Rioja regresaba de Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado la homilía en la cual denunció el asesinato de los dos padres. En la camioneta que conducía Angelelli había un testigo, el padre Arturo Pinto, y un elemento central: un portafolio que contenía las pruebas recabadas por Angelelli sobre el asesinato de Murias y Longueville. Pinto contó que apenas dejaron Chamical, otro auto comenzó a seguirlos. El obispo se dio cuenta, aceleró, pero a la altura de Punta de los Llanos surgió otro coche que lo encerró hasta hacer volcar la camioneta. El cuerpo de Angelelli fue encontrado con la nuca destrozada a golpes.


En 2011, fecha en que se remitió la comisión rogatoria, la abogada Sophie Thonon juzgó que la audiencia de Bergoglio como “testigo” era necesaria para que el entonces arzobispo de Buenos Aires aportara información sobre la posible existencia de archivos ligados con este caso. Sophie Thonon dijo que “seguramente este Papa no es una gran figura de la defensa de los derechos humanos. Al contrario, está bajo sospecha de no haber denunciado los crímenes de la dictadura, de no haber pedido cuentas y, por consiguiente, de haber cubierto esos actos con su silencio”. La instrucción del caso del padre Longueville sigue siempre activa en Francia, pero podría quedar en la nada debido a las condenas que ya se pronunciaron en la Argentina contra los implicados en el asesinato del padre Longueville. En este contexto, Sophie Thonon consideró que “la Justicia argentina está haciendo un trabajo excepcional sobre los crímenes cometidos en la Argentina durante la dictadura”. Federico Lombardi evacuó el viernes la cuestión del papa Francisco sin hacer la más mínima mención a lo ya probado: la trama montada por la Iglesia para sustentar la dictadura argentina. Una mención, aunque fuese de disculpas o reconocimiento, o el anuncio de alguna futura audiencia con las Madres de la Plaza de Mayo o los defensores de los derechos humanos, hubiese sido sin dudas más noble y acertado: habría probado que el cambio en las esferas vaticanas empezaba al menos por ese camino. Pero la Iglesia es tan hermética a la hora de admitir sus pecados como lo es para administrar los fondos a través del Banco del Vaticano.

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Acusado de tener vínculos con la dictadura; la derecha lo defiende

La elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien nació hace 76 años en esta capital, como el nuevo papa Francisco provocó reacciones dispares aquí, con festejos de todos los sectores de derecha y con reservas de organismos humanitarios, que lo han vinculado con la dictadura militar que imperó en Argentina (1976-1983).

 

La designación provocó sorpresa, a pesar de que Bergoglio logró estar en un lugar destacado en el cónclave de 2005, que eligió a Benedicto XVI. Es el primer papa latinoamericano y también el primero de la orden de los jesuitas en ese cargo.

 

Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Almagro, hijo de Regina y Mario Bergoglio, ambos italianos. Su padre fue trabajador ferroviario.

 

Estudió en una escuela pública en Almagro y egresó como técnico químico. En 1957 decidió ingresar a un seminario de la Orden de los Jesuitas ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y fue ordenado sacerdote en 1969.

 

Ejerció como sacerdote y provincial de la orden de los jesuitas entre 1973 y 1979. También fue profesor de teología. En mayo de 1992 fue consagrado uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires.

 

En junio de 1997 fue designado obispo coadjutor de la arquidiócesis de Buenos Aires, y en 1998 asumió el cargo de arzobispo en remplazo de Antonio Quarracino, quien fue un duro conservador y defensor de las dictaduras locales.

 

Su carrera fue ascendente y en febrero de 2001 el papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Como primado de Argentina se convirtió en el superior jerárquico de la Iglesia católica de este país.

 

También fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) durante dos periodos, hasta 2011. Lo sucedió en el cargo monseñor José María Arancedo, quien hoy rescató entre los dones del nuevo Papa "la humildad, la devoción y el equilibrio".

 

Otros obispos consideraron que como participante de la Comisión para América Latina e integrante de una serie de congregaciones y consejos el actual Papa conoce a profundidad la situación regional.

 

Los religiosos entrevistados hoy coincidieron en destacar la humildad, "la sencillez que practica en su vida cotidiana, viviendo en un departamento pequeño y desdeñando lujos", así como su cumplimiento estricto de la doctrina de la Iglesia católica.

 

Sin embargo, en su biografía es imposible no citar la actuación de Bergoglio durante la dictadura militar más reciente.

 

La cúpula de la Iglesia católica, en su mayoría, está muy comprometida por su relación con los dictadores en turno. Se les demanda además porque muchos de los obispos que pudieron ayudar a las Madres de Plaza de Mayo no lo hicieron y porque los capellanes en las fuerzas armadas colaboraron o consintieron las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

 

De hecho, los jerarcas católicos jamás se han definido en casos emblemáticos, como el del sacerdote Christian Von Wernick, quien fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, como secuestros, torturas y asesinatos, durante la dictadura militar de 1976-1983.

 

El 12 de mayo de 2011, la justicia argentina citó a declarar al cardenal Jorge Mario Bergoglio como testigo en la causa que juzga a los responsables del plan sistemático de apropiación de menores, hijos de desaparecidos durante el periodo de la dictadura militar de 1976-1983.

 

Bergoglio ya había pasado por tribunales, ya que también fue citado en la causa que procesa a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y por el caso de dos sacerdotes jesuitas, uno de los cuales, el que sobrevivió, lo señaló por no haber impedido su secuestro y tortura siendo superior de los jesuitas.

 

El periodista y escritor Horacio Verbitsky lo ha señalado varias veces por esas causas.

 

En los testimonios de quienes lo acusan se ha señalado específicamente su falta de compromiso para brindar ayuda ante pedidos desesperados de familiares. Y también existen testimonios de religiosos ante la justicia –entre ellos los de un sacerdote y un ex sacerdote, una teóloga y un seglar– que comprometen a Bergoglio.

 

Así como hay estas sombras, desde otros sectores sociales se menciona que no existen hasta ahora documentos que indiquen una colaboración activa de Bergoglio con la dictadura, y él ha negado toda responsabilidad en esos casos.

 

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, dijo hoy a La Jornada que ha recibido muy bien que haya un nuevo papa argentino-latinoamericano. "Es un hombre de equilibrio, de diálogo. Sé que hay cuestionamientos, y creo que pudo no haber ayudado, pero es distinto a decir que entregó a sacerdotes (a los militares). Hay que actuar con mucha responsabilidad. He hablado con él y creo que hay disposición al diálogo. Tenemos que hacer, nosotros, que el nuevo Papa mire al continente con otros ojos. Tenemos que exigir otro tiempo".

 

También Celia Luro, quien fue compañera del ex obispo por los pobres, monseñor Jerónimo Podestá, ya fallecido, sostiene que Bergoglio la defendió en momentos de duros ataques del Vaticano por haber formado pareja con el religioso, quien es muy respetado aquí.

 

Otros destacan su austeridad: viaja en transporte público y él mismo se cocina.

 

Son visiones encontradas, pero que integran la figura y la personalidad de un obispo, un cardenal que ha tomado posiciones duras con el gobierno de Néstor Kirchner y luego con el de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que se reunió con ella en lo que parecía un primer paso hacia la concialiación en diciembre de 2007, cuando recién asumió la presidencia.

 

El nuevo Papa se ha enfrentado al gobierno por los proyectos de ley sobre el aborto y la que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue calificada por Bergoglio de "una guerra del diablo".

 

Una serie de acciones lo fueron acercando a la oposición de derecha. La situación llegó al extremo de que se trasladaran los Te deum de la fiesta patria a las provincias. Y hubo duras críticas del ahora flamante Papa, lanzadas desde un púlpito y aplaudidas por la derecha más dura, que hoy reaccionó en conjunto con grandes festejos.

 

"Es nuestro Papa", escribieron en algunos mensajes de Twitter integrantes de esos sectores, entre ellos familiares de los militares presos por los crímenes que cometieron durante la dictadura.

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