Alemania acaba de recordar, con dolor y vergüenza, dos acontecimientos trágicos de su reciente pasado. Los ochenta años de la asunción de Hitler al poder y los setenta años de la trágica derrota de la batalla de Stalingrado, donde el ejército germano fue aniquilado por el llamado Ejército Rojo de los soviéticos, en la cual fueron muertos doscientos mil soldados alemanes y otros cien mil cayeron prisioneros. De ellos –al fin de la guerra– volvieron a su país apenas seis mil sobrevivientes.

En los dos actos se recordó a las víctimas del racismo y la asunción inexplicable de ese personaje llamado Hitler y su conjunto de colaboradores, uno más extraño y ridículo que el otro en sus personalidades: Goering, Goebbels, Hess, Himmler...

A Hitler, su pueblo lo llegó a escuchar con devoción. Hoy, aquí, en la misma Alemania, se lo ve como a un personaje increíble, digno de ser una caricatura en una revista de comics. Sí, con su lenguaje a veces trágico, a veces de actor dramático de una comedia de folletines baratos. Un escritor alemán ha calificado la toma del poder por Hitler como una “fantochada” de la Historia, como para no creerlo. Y a Hitler, un “fantoche” de opereta. Mirando a ese personaje en los noticieros de la época, con sus gestos y sus discursos, uno va coincidiendo más y más con ese calificativo de fantoche. Pero, nos preguntamos de nuevo, ¿cómo fue posible que el pueblo alemán aceptara como un arcángel salvador a un personaje con ese lenguaje agresivo e irracional y esos gestos teatrales, nada menos que después de haber tenido la trágica experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde habían perdido la vida como ratas miles y miles de sus jóvenes? ¿En la irracional contienda de trincheras entre dos pueblos –Alemania y Francia–, países “occidentales” y “cristianos”, con una experiencia de siglos con respecto a la insuperable crueldad de las guerras? Los dos pueblos habían sido capaces de voltear a sus monarcas absolutistas y proclamar las repúblicas y ahora, Alemania, daba el poder a un personaje que como máximo programa traía el racismo y el nacionalismo a ultranza.

Y aquí viene lo de siempre. El poder económico lo puso en el poder político ante una izquierda fuerte que por el reiterado fracaso de los partidos de la burguesía amenazaba con llegar a ese poder. Se le dio ese poder a Hitler, que lo hizo bien suyo y terminó llevando a su país a la catástrofe más grande de su historia. Eso sí, aquellas empresas del poder económico más importantes de aquella época siguen siendo actualmente las mismas.

Hoy están bien marcados los campos de concentración de Hitler: una realidad, sí, que jamás va a poder superar el pueblo alemán a través de sus generaciones. Ahí están, en la actualidad, los museos de la crueldad, de la irracionalidad más perversa de toda la historia, hoy convertidos en advertencia. Los seres humanos como insectos nocivos de la salud pública en laboratorios de la muerte. Las cámaras de gases. Hay que estar allí. No están ni las lágrimas, ni los ayes, ni los gritos de las madres cuando las separaban de sus hijos, o el silencio de los hombres en ese último momento de perplejidad ante una realidad nunca pensada. Y el personaje ridículo de bigotito cuadrado hablando de la Patria.

Lo que de alguna manera salva al pueblo alemán es que Hitler, mientras hubo elecciones democráticas, nunca obtuvo ni siquiera la mitad más uno de los votos. En las últimas elecciones libres obtuvo el 37,4 por ciento, y luego, ya con el poder, recibió el 42 por ciento del total. No fue poco pero no era la mayoría. Los estados que más apoyaron a Hitler fueron los del sur, los católicos, sobre todo Baviera, especialmente porque la Iglesia Católica apoyó a los nazis. Por ejemplo, siempre se recuerda que a principios de febrero de 1933, para festejar la toma del poder por Hitler, la Iglesia Católica abanderó el interior del templo berlinés de Marienkirche con banderas nazis, y allí el párroco Joachim Hossenfelder agradeció en la misa principal a Dios por haber permitido la llegada de Hitler al poder. El hecho fue reconocido justo el domingo pasado por el obispo católico de Berlín, Markus Dröge, quien señaló: “En ese entonces, el llamado de Jesús al amor entre todos se convirtió justo en lo contrario”. Además, lamentó que la Santa Sede no haya hecho una profunda autocrítica sobre esa conducta amistosa del catolicismo ante el nazismo.

Poco a poco se va llegando a saber por qué tuvieron tan poca o ninguna oposición de las iglesias regímenes de máxima violencia como el nazismo alemán, el fascismo de Mussolini y el régimen de Franco en España.

También ahora, ochenta años después, entre los actos que se acaban de realizar, uno de ellos se llevó a cabo en el monumento que recuerda a los miles de homosexuales asesinados por los nazis durante los doce años de dictadura. Ese lugar se encuentra en el Tiergarten, en Berlín, y al acto concurrieron representantes del gobierno, del Parlamento y de diversos sectores sociales. Distintos oradores relataron el destino de los perseguidos, que fueron detenidos, enviados a campos de concentración y asesinados, la mayoría de ellos en las cámaras de gas. Un crimen atroz y sin ninguna explicación, como los de todo ese régimen. También se llevó a cabo otro acto recordatorio ante el monumento de los gitanos de las minorías de los Sinti y los Roma, exterminados por orden de Hitler.

Pero el acto central se llevó a cabo en el Parlamento Nacional, en el cual se dio lugar como orador central a la escritora judeo-alemana Inge Deutschkorn, quien, niña de once años en 1933, fue perseguida junto a sus padres por los nazis, pero se salvó por la ayuda de veinte familias alemanas no judías que la escondieron durante los doce años de la dictadura nazi. Ella puso de manifiesto además su agradecimiento a todos aquellos alemanes que ayudaron a los perseguidos por el régimen. Y ha escrito un libro sobre esa experiencia, que en la actualidad ha pasado a ser una de las obras más leídas en Alemania.

Un régimen que hasta de los niños hacía sus víctimas. La última dictadura militar argentina también victimizó a los niños de los desaparecidos. Les quitó la identidad.

También se recordó en estos días al 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz. Ese día ha pasado a ser el Día del Holocausto. Se calcula que en Auschwitz fueron asesinados por los nazis 1.300.000 seres humanos, la mayoría judíos, provenientes de Alemania, Polonia, Rusia, Rumania y otros países ocupados por las tropas alemanas.

El “Nie Wieder”, el “Nunca más” alemán, ha penetrado profundamente en la sociedad. Se notó en estos días por la concurrencia multitudinaria a los actos de la Memoria contra los crímenes cometidos desde 1933 a 1945. Algo que tienen que tener en cuenta todos los pueblos para así jamás apoyar ni a dictadores ni a políticos que no tienen como principio ineludible la defensa de los derechos humanos, y recordar siempre, todos los años, los actos de salvajismo contra las vidas humanas cometidos desde el poder en la historia del mundo. Dedicar, en ese sentido, museos, monumentos en plazas y exposiciones anuales sobre los crímenes llevados a cabo por el hombre con el hombre. Hacer del “Nie Wieder” alemán y del “Nunca más” argentino una ley universal.

Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania

El ministro especial para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, remeció los viejos y gastados cimientos en que aún se afirman los militares que sistemáticamente abusaron de su poder cuando Augusto Pinochet gobernaba Chile. Ayer, el magistrado procesó a 13 ex agentes de la DINA (policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestro y tortura entre 1974 y 1977), entre ellos a su ex director, el ex general Manuel Contreras, y el ex coronel Marcelo Moren Brito que, según testimonios, habría asesinado a un sobrino, informaron ayer fuentes judiciales chilenas.

El magistrado encausó a los ex agentes en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos”. Para ello, utilizó “como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, explica la extensa resolución del magistrado. Agrega que los militares retirados están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en los primeros meses de 1975.

Todos los procesados (cercanos colaboradores del dictador chileno) están hoy tras las rejas, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sólo en el caso de Contreras, las penas significan más de 270 años efectivos de cárcel.

Entre este grupo “selecto” de militares figuran los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchencko (quien el año pasado recibió un homenaje en la derechista comuna de Providencia en Santiago y que, a la postre, le significó al alcalde, Cristian Labbé, otro ex militar, perder su cargo), Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito. Este último fue “el jefe” del campo de torturas de “Villa Grimaldi”, al que según diversos testigos fueron llevadas las víctimas.

Los procesamientos se enmarcan en la dura represión impulsada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (grupo político radical de la resistencia contra Pinochet). En 1975, los nombres de las víctimas, que incluían varias mujeres y jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, aparecieron en la lista de 119 nombres de la llamada “Operación Colombo”. Esta incluyó publicaciones en periódicos argentinos y brasileños que buscaban encubrir la desaparición de los opositores presos, con el argumento de que habían muerto en rencillas internas del MIR. La falsedad de esos escritos ha ido quedando de manifiesto en los últimos años. De esta forma, ocultaron la desaparición de las 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región. Se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas.

Según recuerda la prensa chilena, uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo” fue el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, sobrino del coronel Moren Brito, quien, han dicho los testigos, lo torturó y asesinó personalmente. Relatos de prisioneros supervivientes cuentan que días antes le comentaron a Alan Bruce lo afortunado que era porque su tío era el jefe del campo y que se salvaría. Este respondió que estaban equivocados y que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino. Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.

“A julio de 2012, eran unos 800 los ex agentes (militares, policías y civiles) procesados y/o condenados a partir del año 2000 en Chile por crímenes relacionados con terrorismo de Estado cometidos en la dictadura”, explica a Página/12 Cath Collins, profesora e investigadora de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Agrega que de los 250 ya condenados en firme, menos de un tercio ha ido en algún momento a la cárcel. “Los demás logran sentencias bajas (de menos de cinco años).” El contraste con Argentina es el siguiente: 66 por ciento de las penas en Chile son de cinco años o menos (lo que significa que son no carcelarias), mientras que el 50 por ciento de las penas en Argentina son a perpetuidad”, concluye.

 “Muchos de ellos aún siguen dando misa”

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.
 

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?
 

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.
 

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?
 

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.
 

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.
 

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.
 

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.
 

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.
 

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.
 

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?
 

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.
 

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.