El ministro especial para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, remeció los viejos y gastados cimientos en que aún se afirman los militares que sistemáticamente abusaron de su poder cuando Augusto Pinochet gobernaba Chile. Ayer, el magistrado procesó a 13 ex agentes de la DINA (policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestro y tortura entre 1974 y 1977), entre ellos a su ex director, el ex general Manuel Contreras, y el ex coronel Marcelo Moren Brito que, según testimonios, habría asesinado a un sobrino, informaron ayer fuentes judiciales chilenas.

El magistrado encausó a los ex agentes en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos”. Para ello, utilizó “como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, explica la extensa resolución del magistrado. Agrega que los militares retirados están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en los primeros meses de 1975.

Todos los procesados (cercanos colaboradores del dictador chileno) están hoy tras las rejas, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sólo en el caso de Contreras, las penas significan más de 270 años efectivos de cárcel.

Entre este grupo “selecto” de militares figuran los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchencko (quien el año pasado recibió un homenaje en la derechista comuna de Providencia en Santiago y que, a la postre, le significó al alcalde, Cristian Labbé, otro ex militar, perder su cargo), Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito. Este último fue “el jefe” del campo de torturas de “Villa Grimaldi”, al que según diversos testigos fueron llevadas las víctimas.

Los procesamientos se enmarcan en la dura represión impulsada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (grupo político radical de la resistencia contra Pinochet). En 1975, los nombres de las víctimas, que incluían varias mujeres y jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, aparecieron en la lista de 119 nombres de la llamada “Operación Colombo”. Esta incluyó publicaciones en periódicos argentinos y brasileños que buscaban encubrir la desaparición de los opositores presos, con el argumento de que habían muerto en rencillas internas del MIR. La falsedad de esos escritos ha ido quedando de manifiesto en los últimos años. De esta forma, ocultaron la desaparición de las 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región. Se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas.

Según recuerda la prensa chilena, uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo” fue el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, sobrino del coronel Moren Brito, quien, han dicho los testigos, lo torturó y asesinó personalmente. Relatos de prisioneros supervivientes cuentan que días antes le comentaron a Alan Bruce lo afortunado que era porque su tío era el jefe del campo y que se salvaría. Este respondió que estaban equivocados y que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino. Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.

“A julio de 2012, eran unos 800 los ex agentes (militares, policías y civiles) procesados y/o condenados a partir del año 2000 en Chile por crímenes relacionados con terrorismo de Estado cometidos en la dictadura”, explica a Página/12 Cath Collins, profesora e investigadora de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Agrega que de los 250 ya condenados en firme, menos de un tercio ha ido en algún momento a la cárcel. “Los demás logran sentencias bajas (de menos de cinco años).” El contraste con Argentina es el siguiente: 66 por ciento de las penas en Chile son de cinco años o menos (lo que significa que son no carcelarias), mientras que el 50 por ciento de las penas en Argentina son a perpetuidad”, concluye.

 “Muchos de ellos aún siguen dando misa”

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.
 

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?
 

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.
 

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?
 

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.
 

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.
 

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.
 

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.
 

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.
 

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.
 

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?
 

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.
 

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.
 

Ataquen a Dilma. Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, un año y medio atrás, Dilma Rousseff fue objeto de al menos tres embestidas para disuadirla de echar luz sobre los crímenes de la dictadura, la última de ellas la semana pasada.

Declaraciones de un senador y una militante de derechos humanos así como documentos secretos a los que tuvo acceso Página/12 indican que detrás de toda la alharaca desplegada para impedir la apertura de los archivos de la dictadura hay un objetivo inconfesable: ocultar la participación brasileña en el Plan Cóndor, más prolongada y comprometedora de lo que se sospecha.

En 2010, militares en retiro bramaron ante el “riesgo” que representaba para la Nación la llegada de una ex guerrillera al Palacio del Planalto; este año un general en actividad, y con rango de ministro, formuló comentarios antipáticos a cualquier averiguación sobre el pasado, presión a la que se sumaron la semana pasada dos ex presidentes civiles, ambos con simpatías cuarteleras.

José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.

Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues “abrirá heridas” del pasado, dejando al país expuesto a escándalos equiparables a los causados por Wikileaks a los organismos de defensa y diplomáticos de Estados Unidos, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.

Ventilar las historias desconocidas del régimen sería una amenaza a los altos intereses del Estado, comunicó en estilo solemne Collor de Mello, recordado por su efímero paso por el Palacio del Planalto, en el cual permaneció menos de 3 años debiendo renunciar en 1992, minutos antes de que el Congreso le abriera un juicio político por corrupción.

Dilma acusó el impacto de la estocada de Sarney y Collor, refrendada por su vicepresidente Michel Temer, tan derechista como aquéllos, e hizo saber que, en aras de la gobernabilidad iba a declinar abrir los archivos militares.

Pero luego de un par de días de vacilaciones, y sendos tirones de orejas de su compañero Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, la presidenta se rehizo y el viernes prometió que “en materia de derechos humanos no existe ningún documento ultra secreto” cegado a la requisa pública.

No hay una sino varias razones que explican tamaña presión para mantener lejos del ojo público los entretelones del poder de facto.

Los periódicos Estado y Folha, basados en fuentes diplomáticas y de Defensa, publicaron ayer que en los papeles hasta hoy ocultos se detallan proyectos nucleares cuya divulgación podrían resentir la relación con Argentina, así como datos sobre los sobornos pagados a la dictadura paraguaya para construir Itaipú.

Este diario consultó sobre el sacudón político de la semana pasada al senador Cristovam Buarque y Janaina Teles, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. “No estoy en condiciones de afirmar todas las razones de Sarney y Collor para presionar tan fuerte como lo hicieron, pero uno sabe que ellos son sensibles ante un lobby histórico de las fuerzas armadas e Itamaraty (Cancillería) contra varios temas y el Plan Cóndor es algo que incomoda a mucha gente”, responde Buarque.

“Hay mil motivos para tanta coacción contra la presidenta Dilma, pero es obvio que también quieren esconder la gravísima participación de Brasil en el Cóndor, los militares están por detrás de las presiones de Sarney, él siempre fue servil con las fuerzas armadas; ya en 1975 pronunció un discurso amenazante, diciendo que nadie tenía derecho a investigarlas”, reseñó Janaina Teles.

Cientos de documentos rotulados como “secretos”, “confidenciales” y “reservados”, que fueron analizados por este diario refuerzan las afirmaciones del senador Buarque y la historiadora Teles. Tres de esos papeles, fechados el 3 de abril de 1978, el 5 de abril de 1973 y el 17 de junio 1971, aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos.

El primero de esos papeles reporta el seguimiento de un grupo de miembros de la organización Montoneros que se reuniría en el interior brasileño para retornar a Argentina durante el Mundial de 1978. Se desprende de otros informes que los servicios secretos brasileños montaron un dispositivo especial para impedir el regreso guerrillero.

El segundo papel, rotulado como “secreto”, demuestra el posible seguimiento realizado por los agentes brasileños, acaso abastecidos por informaciones de los servicios argentinos, de altos dirigentes políticos brasileños en Argentina y Europa, y las negociaciones que éstos mantuvieron con el general Juan Perón antes de su radicación definitiva en Buenos Aires.

El tercero, también clasificado como “secreto”, fue reportado el 17 de junio de 1971 y es el más revelador de los tres documentos: describe minuciosamente el secuestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo con agentes de ambos países, del guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, procedente de Chile. El informe fue elaborado por el agregado militar en Buenos Aires y lleva impreso el sello de la “Embajada de Brasil”.

“El Cóndor brasileño trabajaba desde mucho antes de 1975, cuando se oficializó el Cóndor regional en Chile (sumando a los servicios de Argentina, Uruguay y Paraguay), estaba organizado y contó con un esquema muy profesional de diplomáticos/espías pertenecientes a la Cancillería, donde se creó especialmente para estos fines el CIEX (Centro de Informaciones en el Exterior)”, explica Janaina Teles.

“Muchos militantes que habían sido detectados por los diplomáticos del CIEX estando prófugos en Argentina, Chile o Uruguay, luego fueron secuestrados y asesinados por la dictadura.”

Ese modus operandi, que articularon diplomáticos y servicios de inteligencia, posiblemente fue aplicado en uno de los casos más enigmáticos que hasta hoy no fue esclarecido en la trama terrorista trazada entre Brasil y Argentina.

El cordobés Antonio Pregoni, el francés Jean Henri Raya Ribard y el brasileño Caipy Alves de Castro dejaron Buenos Aires a mediados de noviembre de 1973 y el 24 de ese mes los tres desaparecieron en el barrio carioca de Copacabana, según el informe elaborado por Teles, investigadora de la Universidad de San Pablo.

“Estas desapariciones de Río de Janeiro son como la punta de un ovillo represivo que será muy difícil reconstruir si no tenemos acceso a los archivos que siguen ocultos. Brasil está a contramano de la historia, es el país más atrasado en la lucha por la verdad y la justicia”, pondera Teles.

Para ella y las organizaciones de derechos humanos “Dilma simboliza una esperanza”, tal vez la última de que Brasil acabe con la amnesia