Jueves, 06 Diciembre 2012 06:44

Procesan a trece represores chilenos

El ministro especial para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, remeció los viejos y gastados cimientos en que aún se afirman los militares que sistemáticamente abusaron de su poder cuando Augusto Pinochet gobernaba Chile. Ayer, el magistrado procesó a 13 ex agentes de la DINA (policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestro y tortura entre 1974 y 1977), entre ellos a su ex director, el ex general Manuel Contreras, y el ex coronel Marcelo Moren Brito que, según testimonios, habría asesinado a un sobrino, informaron ayer fuentes judiciales chilenas.

 

El magistrado encausó a los ex agentes en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos”. Para ello, utilizó “como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, explica la extensa resolución del magistrado. Agrega que los militares retirados están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en los primeros meses de 1975.

 

Todos los procesados (cercanos colaboradores del dictador chileno) están hoy tras las rejas, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sólo en el caso de Contreras, las penas significan más de 270 años efectivos de cárcel.

 

Entre este grupo “selecto” de militares figuran los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchencko (quien el año pasado recibió un homenaje en la derechista comuna de Providencia en Santiago y que, a la postre, le significó al alcalde, Cristian Labbé, otro ex militar, perder su cargo), Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito. Este último fue “el jefe” del campo de torturas de “Villa Grimaldi”, al que según diversos testigos fueron llevadas las víctimas.

 

Los procesamientos se enmarcan en la dura represión impulsada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (grupo político radical de la resistencia contra Pinochet). En 1975, los nombres de las víctimas, que incluían varias mujeres y jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, aparecieron en la lista de 119 nombres de la llamada “Operación Colombo”. Esta incluyó publicaciones en periódicos argentinos y brasileños que buscaban encubrir la desaparición de los opositores presos, con el argumento de que habían muerto en rencillas internas del MIR. La falsedad de esos escritos ha ido quedando de manifiesto en los últimos años. De esta forma, ocultaron la desaparición de las 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región. Se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas.

 

Según recuerda la prensa chilena, uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo” fue el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, sobrino del coronel Moren Brito, quien, han dicho los testigos, lo torturó y asesinó personalmente. Relatos de prisioneros supervivientes cuentan que días antes le comentaron a Alan Bruce lo afortunado que era porque su tío era el jefe del campo y que se salvaría. Este respondió que estaban equivocados y que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

 

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino. Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico.

 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.

 

“A julio de 2012, eran unos 800 los ex agentes (militares, policías y civiles) procesados y/o condenados a partir del año 2000 en Chile por crímenes relacionados con terrorismo de Estado cometidos en la dictadura”, explica a Página/12 Cath Collins, profesora e investigadora de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Agrega que de los 250 ya condenados en firme, menos de un tercio ha ido en algún momento a la cárcel. “Los demás logran sentencias bajas (de menos de cinco años).” El contraste con Argentina es el siguiente: 66 por ciento de las penas en Chile son de cinco años o menos (lo que significa que son no carcelarias), mientras que el 50 por ciento de las penas en Argentina son a perpetuidad”, concluye.

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Sábado, 04 Agosto 2012 07:36

Los civiles cómplices de la dictadura

Los civiles cómplices de la dictadura
Los archivos incluyen planes, memorandos, circulares y coordinaciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y textos emitidos por varios organismos de Defensa en el período 1978-1989, entre otros papeles.


“Voy a hacer todas las indagaciones respecto de la eventual existencia de estos archivos, y si existen, obviamente que los voy a entregar”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Andrés Allamand, sobre miles de documentos escaneados y contenidos en tres CD. Según la documentación, las autoridades civiles coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos, acciones que se realizaron dentro y fuera de Chile, incluyendo tres atentados explosivos en Italia, la Argentina y Estados Unidos.


Algunos de esos documentos revelan que el actual jefe del bloque del oficialista Renovación Nacional, Alberto Cardemil, envió a las autoridades castrenses “antecedentes completos” de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, órgano de la Iglesia Católica que asistía a víctimas de la represión. Como viceministro del Interior hasta su salida del poder, el 11 de marzo de 1990, Cardemil también estuvo a cargo de informar qué chilenos podían volver al país y cuáles debían permanecer en el exilio.


Las acciones coordinadas entre los ministerios y el aparato represivo, encabezado por la policía secreta pinochetista, tuvieron también un blanco sistemático sobre los periodistas, según se desprende de los documentos.


En un único memorando secreto del 2 de noviembre de 1976 aparecen para ser seguidos y vigilados los nombres de 761 corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel. Allí están enlistados periodistas de las agencias de noticias France Press, ANSA, Reuters, AP y EFE; de las teleemisoras británica BBC y las alemanas Westdeutscher Rundfunk y TVZDF; de los semanarios Stern y The Economist y de los diarios Le Monde, The New York Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros. Las embajadas chilenas remitían copias periódicas de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y, en especial, sobre las violaciones a los derechos humanos, y de las transcripciones palabra por palabra de programas de radio o televisión.


Uno de los ejemplos del control sobre la prensa extranjera es el oficio secreto que remitió en 1975 el entonces secretario general de Gobierno, general Hernán Mejares, al canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, sobre la conveniencia o no de autorizar el ingreso de periodistas de las cadenas estadounidenses CBS y NBC. En 1986, marcado por los paros en el país, además de un frustrado atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Cancillería pide elevar la cooperación y propone crear un grupo de trabajo con la policía secreta y los ministerios del Interior, Agricultura, Gobierno, Presidencia, Salud y Hacienda. El objetivo era contrarrestar las informaciones y denuncias que circulaban en Naciones Unidas, en medio de un clima adverso en la prensa, e investigar a todo el que hablara contra el régimen en los medios extranjeros, como ocurrió con el escritor Ariel Dorfman, exiliado en Francia y también en Estados Unidos.


El contenido de los archivos revelados no sorprendió a algunas personalidades del área de Defensa de Derechos Humanos, como el abogado Roberto Garretón, ex jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, quien resaltó que todos los integrantes del organismo sabían que eran espiados y que la información pasaba por el hoy diputado Cardemil. “Cardemil es la evidencia de lo que hemos señalado acerca de cómo a través de componendas políticas se dejó en la impunidad a los civiles que fueron parte del aparato de la dictadura”, señaló la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-parecidos, Lorena Pizarro. “La participación de civiles como el diputado de Gobierno, Alberto Cardemil, pero también el senador Jovino Novoa y otra serie de sujetos que ejercieron distintos cargos en democracia” también quedó en evidencia, añadió. “Es necesario una acción judicial que los imposibilite del ejercicio de cargos públicos”, exigió Pizarro.


El diputado de Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que muchos de estos antecedentes se conocían y calificó de insólito que personas involucradas en los documentos sean hoy legisladores. El diputado del opositor Partido Socialista, Carlos Montes, sobreviviente de las cárceles secretas, señaló que la información no le sorprende por cuanto la dictadura quería controlar todo el país. “Lo más novedoso es que se involucre a Cardemil. Yo espero que él clarifique la situación, aunque dijo que no se acuerda y que no es cierto”, afirmó el diputado. Aguiló señaló que “no hay que olvidarse de lo que fue la dictadura de Pinochet. Hasta ahora no he visto a ninguno de los civiles retractarse de lo ocurrido. No sólo hay amnesia, sino hipocresía”, enfatizó, y apuntó que esperaba como mínimo que dijeran que “se arrepienten de lo que hicieron”.

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Argentina condena a 50 años de cárcel al dictador Videla por el robo de bebés
Dieciséis años después de que las Abuelas de la Plaza de Mayo denunciaran la “apropiación sistemática” de los nietos desaparecidos durante la dictadura, un tribunal integrado por dos hombres y una mujer les dio ayer la razón. El dictador Jorge Rafael Videla, de 86 años, el hombre que gobernó Argentina desde 1976 a 1981, fue condenado a 50 años de cárcel. Y su sucesor, tras la guerra de las Malvinas, Reynaldo Bignone, de 84 años, a 15 años de prisión. Además, fueron condenados también los altos mandos militares Jorge El Tigre Acosta, a 30 años y Antonio Vañek, a 40. En total, fueron 11 los acusados, de los cuales quien obtuvo la pena menor fue la única mujer, Inés Susana Colombo, condenada a cinco años.


Hasta ahora se habían condenado en Argentina a unas 25 personas por apropiación de menores. Pero se trataba de casos concretos en los que el acusado respondía por su propio delito. Lo que las Abuelas han intentado probar en esta causa es que los 500 robos de niños que ellas estiman que se perpetraron en la dictadura militar (1976-1983) obedecieron a un plan sistemático diseñado desde la cúpula del Estado. Y así lo reconoció la sentencia al considerar que se ejerció el “terrorismo de Estado” mediante “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años”, bajo un “plan general de aniquilación”.

 
Los imputados habían asumido en sus declaraciones que hubo apropiaciones, pero las achacaron a la decisión particular de mandos medios o inferiores que actuaban por su cuenta y riesgo. Ayer, escucharon impávidos la sentencia. Cuando la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, leyó que la condena de Videla era de 50 años, en la sala, repleta de familiares de desaparecidos, se escucharon gritos y aplausos.


“Es verdad que no hemos encontrado una orden escrita que pruebe que hubo un plan, pero la reconstrucción de varios elementos nos llevó a la conclusión de que hubo un plan sistemático”, indica Alan Lud, abogado de las Abuelas. “A pesar de que Videla dijo que las apropiaciones solo se produjeron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en realidad se registraron también en otras provincias. Otra prueba es que había oficiales y médicos destinados al cuidado de las mujeres embarazadas, para que se garantizara que se produzca el parto… Eso tenía que haberlo decidido alguien”. Ese alguien, llámese Videla (1976-1981) o Bignone (1982-1983), nunca reconoció la legitimidad del tribunal. En sus últimas palabras de defensa, Videla alegó que las presas eran terroristas y que usaban a sus bebés como escudos humanos.
 

En este juicio se abordaron los casos de 35 nietos, de los cuales solo 20 se prestaron a declarar. Durante el año y medio en que se han prolongado las sesiones de la vista oral, muchas abuelas confiaban en que alguno de los encausados asumiera su culpa y, sobre todo, revelase el paradero de algunas de las personas desaparecidas. Pero no fue así.


Desde que se inició el juicio en 1996, ya murieron varios de los acusados, como el dictador Emilio Eduardo Massera, fallecieron también algunas abuelas, se jubilaron los abogados que iniciaron la causa y el letrado que representa ahora a las Abuelas, Alan Lud, de 31 años, no había nacido cuando se perpetraron los robos de bebés. Desde entonces, 105 nietos han recuperado su identidad biológica gracias, en buena parte, a la búsqueda de las Abuelas.

 
Muchas de ellas celebraron ayer abrazadas la satisfacción de haber vivido al menos para ver cómo se hacía justicia. “Videla estaba cumpliendo ya cadena perpetua tras una sentencia de 1985”, explicó el letrado de las Abuelas. “Pero el Código Penal argentino establece que a partir de un número determinado de años en prisión se puede acceder a la condicional. Si la condena hubiese sido de 25 años o inferior, podría haber accedido a ella. Pero al ser de 50 años, su petición de libertad condicional será denegada”.

 “Muchos de ellos aún siguen dando misa”

 
F. PEREGIL
 
Victoria Montenegro, de 36 años, hija de padres desaparecidos, cree que el juicio contra el plan sistemático de robo de bebés ha dejado en evidencia la participación que tuvo la Iglesia en los hechos. “Todavía muchos de ellos siguen dando misa, y eso es lo que más perturba. Yo soy creyente y creo en la Iglesia, pero hay personas que han hecho muchísimo daño. En mi caso, mi apropiador me contó que a mí me retiraron de una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Había varios bebés, todos hijos de desaparecidos, cuidados por monjas. De hecho, a mí me bautizó en el cuartel Campo de Mayo un cura, no castrense, sabiendo plenamente que mis apropiadores no eran mis papás”.
 
“La apropiación vino desde el Estado. Todos sabemos lo que es la cadena de mando y nadie en el Ejército se apropia de un bebé y lo cría porque tiene ganas. Pero además de eso, se produjo la colaboración de un montón de personas que también aportaron para que existiera ese manto de impunidad y para que 36 años después todavía estemos buscando nietos”, añade Montenegro. Colaboró desde el que tomaba la inscripción en silencio en el registro civil y todos los que callaron e ignoraron las denuncias de nuestros familiares. Colaboraron los curas que bendecían las armas y les daban fuerzas a los hombres antes de los vuelos de la muerte”.
 
“Cuando estábamos a tientas y no sabíamos a dónde acudir, la Iglesia católica no nos ayudó en nada; al contrario, estuvo en contra”, recuerda la vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, de 92 años. “Pero otras iglesias cristianas sí que colaboraron”.


Por Francisco Peregil Buenos Aires 6 JUL 2012 - 11:14 CET


Sábado, 09 Junio 2012 07:13

Legalizan honrar la dictadura

Legalizan honrar la dictadura
La Justicia chilena autorizó ayer un acto de homenaje al ex dictador Augusto Pinochet, previsto para mañana en el Teatro Caupolicán, en el centro de Santiago, Chile. Militantes de derechos humanos anticiparon que se concentrarán en el lugar y convocaron a una manifestación en contra de la ceremonia.


La Novena Sala de la Corte de Apelaciones dio luz verde al acto luego de denegar una apelación aprobada en primera instancia e interpuesta por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), informó esta tarde el diario estatal La Nación en su edición online. Tras conocer el fallo, el abogado René López, portavoz de los organizadores, calificó el acto como cultural y, si bien dijo que esperaba que no se produzcan incidentes, apeló a la autoridad y a Carabineros para que actúen en resguardo de los asistentes. En tanto, el abogado Boris Paredes, de la AFDD, lamentó la resolución y comentó que el acto es una provocación por hacer una apología a la dictadura.


El criticado acto está convocado por la Corporación 11 de Septiembre, que lleva su nombre en alusión al día del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet –quien estuvo al frente de un gobierno de facto en Chile entre 1973 y 1990, período en el que se persiguió y torturó a decenas de miles de militantes políticos, sindicales y sociales, de los cuales unos dos mil murieron y más de mil fueron desaparecidos– con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y derribó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. En su organización, han participado directamente, además de ex uniformados, miembros de grupos ultraderechistas y condenados por delitos de lesa humanidad como el ex jefe operativo de la policía pinochetista, Alvaro Corbalán.


La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, llamó a los chilenos a congregarse frente al teatro Caupolicán con mensajes de condena al hecho y las fotos de los asesinados por el régimen pinochetista. “Debemos estar presentes con las fotos de los rostros de nuestros familiares, sean detenidos desaparecidos, sean ejecutados políticos, pero también de los miles de personas que sufrieron las hambrunas, los allanamientos, la tortura”, expresó, citada por Prensa Latina. Por su parte Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó las declaraciones del vocero oficial, Andrés Chadwick, quien señaló que el gobierno no favorecía, pero tampoco podía impedir el homenaje.

“El traje de la democracia le queda grande”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en relación con el gobierno de Sebastián Piñera que, según ella, no quiso evitar el homenaje al que rotuló como una acción política del pinochetismo fascista y criminal más duro.
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Mubarak se derrumba; Assad se aferra al poder
Nada hay peor que un periodista en el lugar menos indicado en el momento menos oportuno. Ayer estaba yo en El Cairo, cubriendo el juicio de Hosni Mubarak, recién llegado de Líbano –donde 15 personas acaban de morir–, cuando Bashar Assad aparece en la pantalla del televisor diciendo que su ejército no fue responsable de la masacre de Hula, hace una semana, y hablando de la crisis más seria desde el fin del colonialismo. Bueno, y que lo diga.


Y no me siento mucho más feliz. Ahmed Shafik, leal a Mubarak, tiene el apoyo de los coptos cristianos, y Assad cuenta con el apoyo de los cristianos sirios. Los cristianos apoyan a los dictadores. No es mucho decir, ¿o sí?


El sábado, el dictador de Egipto fue sentenciado a cadena perpetua. El domingo, el dictador de Siria luchaba por su vida. Y dijo –advirtió, amenazó– que su guerra podría extenderse a otros países. Todos sabemos lo que eso significa: el futuro de la ciudad libanesa de Trípoli está en duda. No hace mucho, una amiga libanesa me dijo que temía por su país si Assad estaba en peligro. Ahora sé lo que quería decir.


Son malos tiempos para la primavera o despertar árabe. En Yemen, el gobierno ayuda a Estados Unidos en sus ataques con drones a operativos de Al Jazeera. En Egipto hay estadunidenses que apoyan a Shafik. Sin embargo, en el diario egipcio Al Ahram los editores están en libertad de decir que la primera reacción del vocero de Shafik a la elección presidencial es que “la revolución ha terminado”. Y pueden escribir que el régimen de Shafik sería “una versión mucho más feroz de un Estado policiaco que la que se vivió en la segunda mitad de las tres décadas de gobierno de Mubarak”. El periódico hablaba de los “interminables sacrificios de hombres y mujeres jóvenes para que todos en Egipto, los que participaron en la revolución, los que simpatizaron con ella y los que se opusieron, puedan tener una vida mejor, en la que las violaciones ya no sean la norma”. ¿Podría haber leído algo así en tiempos de Mubarak?


Pero ¿podría leer algo así en Líbano? ¿Será que Líbano no toma la libertad en serio? ¿Y Yemen? El hecho es que los árabes se despiertan; por eso prefiero “despertar” árabe a “primavera” árabe. Y me parece que Siria “despierta”. Ahora bien, el presidente Assad dijo este domingo que la “seguridad” de su país es una “línea roja” y dio a entender –sólo dio a entender– que la guerra en Siria (y la llamó guerra) podría desbordarse hacia un Estado vecino (léase Líbano). Así que estoy preocupado por Líbano y por los alauitas libaneses que apoyan a Assad, quienes merecen mejor suerte.


Pero también estoy consciente de que los guerreros de Shafik; los que en Washington quieren que Shafik restaure la vieja relación con Israel, los que quieren, de hecho, que se restaure la dictadura de Mubarak y recrear el viejo paradigma (la “estabilidad” de Mubarak frente al viejo temor de la Hermandad Musulmana), aumentar los miedos de los cristianos y atemorizar a Occidente con el horror del “fundamentalismo árabe”, asomarán la cabeza igual que Assad. Y conforme los republicanos estrechen el cerco en torno a Obama, ¿no mostrarán su amor por el último primer ministro de Mubarak?


Pero tal vez tendremos que vivir con Mohamed Morsi como próximo presidente de Egipto, un hermano musulmán, un hombre que tendrá que mostrar que un gobierno musulmán de veras es capaz de manejar la economía y dominar la corrupción (o tal vez no, como también podría ocurrir), como se debió dejar que lo hiciera el gobierno argelino en 1991. No estoy seguro.


Pero volvamos a Líbano. Su prensa es libre y su pueblo también. Se deshizo de Siria en 1995 (al precio de la vida de un ex primer ministro). Puede mirar al otro lado de la frontera, a Siria, para ver lo democrática y libre que es su nación. Y –¿alguien se atreverá a decirlo?– pobre Siria. No se merece el dolor y las matanzas que está soportando. Su presidente afirma que las conspiraciones internacionales destruyen su país. Dado el interés de Arabia Saudita y Qatar por ayudar a la resistencia, quizá tenga razón. Y es cierto que las armas entran a Siria desde Líbano.


He aquí, pues, un mal augurio desde El Cairo. Shafik podría ganar, aunque el juicio de Mubarak podría demostrar lo contrario. Assad podría caer, aunque temo esa guerra civil de la que habla Kofi Annan. Y Líbano podría vivir. Tal vez yo deba volar de vuelta allá este lunes.


© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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"Esta sentencia es corrupta, está dictada por los militares"
Basel Ramsis trabaja como director de cine, escribe artículos de opinión y, especialmente tras pasar por Tahrir el año pasado, es un conocido activista y revolucionario egipcio. Vive en Madrid pero desde enero de 2011 viaja a menudo a El Cairo. Desde el inicio de las revueltas estuvo a pie de calle, junto a otros miles de egipcios, manifestándose contra el régimen de Mubarak y construyendo el movimiento que hizo caer a la dictadura y que hoy se enfrenta al poder de la Junta Militar. A través de las redes sociales cada día llamaba al resto de ciudadanos a seguir saliendo a la calle y contaba lo que estaba pasando al resto del mundo.


Ayer, más de un año después, Hosni Mubarak fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal de El Cairo. Al mismo tiempo, la tensión social ha vuelto a elevarse en las últimas semanas con motivo de las elecciones presidenciales, que concluirán con la segunda vuelta los próximos 16 y 17 de junio. Sobre este nuevo contexto Ramsis hablaba con Público.es desde El Cairo apenas unas horas después de que el juez emitiera el fallo de la condena a Mubarak y mientras miles de personas vuelven a tomar las calles en protesta por la impunidad de los que a su espalda cuentan con tantos crímenes.



¿Cómo valora la sentencia de cadena perpetua que Tribunal Penal ha impuesto a Hosni Mubarak?


Todos aquellos que tienen un vínculo con la revolución están enfurecidos y muchos han empezado a salir a la calle para protestar. Cuando el juez ha leído el veredicto han empezado los enfrentamientos dentro de la misma sala y muchos abogados han empezado a gritar uno de los lemas de la revolución: "el pueblo quiere el poder judicial".


Todos sabemos que este fallo en realidad no es una decisión judicial, sino una orden militar. Los que gobiernan en Egipto son los que deciden también qué ha de hacer la justicia en cada momento. Todos sabemos que el cuerpo judicial aquí ni es independiente ni es limpio desde hace más de 30 años.


En este juicio había dos casos separados, el de la muerte de manifestantes y el de corrupción. Y una petición de los abogados era los que los dos casos se convirtieran en uno único, pero fue denegada.


En el caso por corrupción todos han sido declarados inocentes, Mubarak, sus dos hijos, Alaa y Gamal, y al empresario Husein Salem. Es un escándalo porque todos tenemos datos y hay documentos que demuestran cómo la familia de Mubarak está vinculadacon casos muy graves de corrupción.


Por la parte de asesinatos, la condena sólo ha ido para Mubarak y el exministro del Interior Habib al Ahli. Esto es ridículo, porque todos los oficiales importantes que ordenaron las masacres han quedado libres. Todos han sido declarados inocentes. Por ejemplo, el juez rechazó como pruebas cientos de horas de videos de la televisión pública, de cámaras de seguridad y de particulares en los que se mostraba a los oficiales de la policía matando a manifestantes.


Ahora, con esta sentencia, la corrupción que ha impregnado Egipto las últimas décadas nunca ha existido y los dos únicos responsables de los cientos de muertos son dos personas. Además, el fallo deja una puerta abierta a la revisión y que, fácilmente, puedan ser considerados inocentes.


Es una sentencia corrupta ordenada por los militares. Esto lo pienso yo y lo piensan muchos jueces, abogados y expertos en derecho. Y estos días las calles se van a calentar.


¿Qué reacciones está despertando la sentencia entre las distintas fuerzas políticas?


Los islamistas de los Hermanos Musulmanes estaban esperando condenas duras, igual que el resto de fuerzas políticas egipcias. Si salen a la calle es solo porque esta conyuntura les puede permitir ganas votos, que es lo único que les interesa. Sin embargo, quieren aparecer como una fuerza moderada para poder tratar con la Junta Militar. Están jugando al juego político y no al juego revolucionario. Han entrado a formar parte del régimen y no quieren una ruptura con este Estado policial.


En cuanto a las fuerzas que apoyan al candidato Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Hosni Mubarak, tampoco han salido masivamente a protestar.


Entre las personas que han votado por este candidato hay dos partes diferenciadas. Hay un grupo que quiere la continuidad, es el pequeño sector social sobre el que se asentaba Mubarak. Pero la mayoría que ha votado por esta opción no han votado por la continuidad del régimen, han votado a una opción que promete estabilidad tras un año de inestabilidad. En este tiempo ha habido muchos asesinatos, una situación económica y social gravísimo, colas diarias para poner gasolina o comprar gas para los hogares. Muchos están cansados y se dejan decantar por esta opción.


Sin embargo, sólo han votado por esta opción 6 millones de personas en un país de 85 millones. Nadie lo ha dicho en la prensa internacional, pero los votos que han ido a candidatos de la revolución han sido 10 millones.


Elecciones, ¿cómo están transcurriendo estos días? ¿Qué clima hay en las calles?


Hay un sentimiento generalizado de decepción, los dos candidatos que han entrado en la segunda vuelta (Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Hosni Mubarak) son las dos peores opciones que existen. Aún así, diariamente hay manifestaciones contra los dos candidatos


Por primera vez se está tratando de construir un frente unido de todas las fuerzas revolucionarias que vaya en una única dirección, la del boicot. La mayor parte de las fuerzas democráticas, progresistas y liberales están trabajando en esta línea.


Frente a estas fuerzas conservadores, ¿no hay en Egipto un proyecto de cambio alternativo que pueda unir a las fuerzas democráticas y progresistas?


El único proyecto que hay ahora mismo es la continuidad de la revolución. La única vía por la que apostamos es que la revolución acabe y consiga sus objetivos: acabar con el régimen de Mubarak y construir uno nuevo. Pero hay que entender que el régimen de Mubarak no es sólo Mubarak, es todo el sistema y la estructura económica, social y cultural que ha reinado en Egipto en las últimas décadas.


No estamos en una fase transición, como dicen los militares, estamos aún en la revolución. Todavía no hemos acabado con el régimen y no habrá elecciones libres hasta que caiga del todo. La hoja de ruta que han trazado los islamistas y junto a los militares tiene que fracasar. Queremos acabar con la Junta Militar, con las fuerzas de Mubarak y los islamistas, todos representan lo mismo.


¿Qué papel están jugando a día de hoy los Hermanos Musulmanes?


El proyecto de los Hermanos Musulmanes para Egipto es mantener el régimen, mantener un Estado que sea servil a los intereses internacionales y a las empresas multinacionales, pero con un tinte islámico y la Sharia.


Ellos no apoyaron al a revolución desde el principio, salieron a la calle y a la plaza tarde. Y mientras unos estaban en Tahrir otros se reunían con las autoridades para pedir la legalización de su organización a cambio de salir de las plazas. Así, para ellos la revolución acabó el día 11 de febrero.


Su proyecto social y económico no está en conflicto con el régimen de Mubarak, quieren simplemente formar parte del Estado. El mismo 11 de febrero salieron de la calle y empezaron a negociar con el régimen. Querían estar ahí y lo han conseguido.


Mientras, nosotros, las fuerzas democráticas, queremos una ruptura total con el régimen y construir uno nuevo.


¿Qué papel sigue jugando a día de hoy la Junta Militar?


El poder absoluto. Es quien ha gobernado este país desde que cayó Mubarak. Y es la responsable de todos los asesinatos que se han cometido durante este año, los de los oficiales que mostraron su apoyo a la revolución, los crímenes de Maspero, las batallas de noviembre, los enfrentamientos frente al ministerio o la matanza de Port Saïd, donde castigaron a los jóvenes por haber participado en las protestas.


En todos estos momentos he estado en Egipto y he visto a la policial matar a la gente en la calle.


¿Qué valoración haces de este año que ha pasado desde la caída de Mubarak?


Mi lectura personal es que la revolución no ha conseguido sus objetivos. Pero es que una revolución no acaba en 20 días ni en 20 meses. Es un proceso que dura años, y solo llevamos uno y medio.


Hay logros claros. Hay cientos de miles de egipcio vinculados a la militancia, la batalla política ya está en la calle y forma parte de la vida de muchos. Hemos creado un pueblo activo que participa en la política. Desde el 25 de enero de 2011 hemos roto la barrera del miedo.


Tenemos una sociedad activa que está en un momento histórico y que ha visto a Mubarak en la cárcel. Es un logro porque nunca en 7.000 años los egipcios han visto encarcelados ha su mandatario.


Todavía vamos a vivir momentos muy duros y enfrentamientos muy sangrientos en esta revolución, que aún está comenzando.


Cualquier presidente que venga ahora va a tener miedo de las calles.

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 Cadena perpetua a Mubarak por el asesinato de 850 manifestantes
Hosni Mubarak morirá en la cárcel. Y Habib Adli, su ministro del Interior, de 74 años de edad, quizá sea asesinado en la prisión. Esto es en lo que pensaban dos viejos amigos míos egipcios este sábado. Mubarak fue juzgado por las muertes ocasionadas durante la revolución de 2011: 850 en total, más de 28 por cada año que duró su mandato. Fuerte razonamiento.


Desde luego, no preguntábamos sobre las sentencias de muerte que dictaban las cortes militares durante los años 80 y 90, y seguimos sin poder hacerlo ahora que el ejército sigue en el poder en Egipto. El mariscal Mohamed Hussein Tantawi, quien gobierna el país, nunca sugirió que dichas cortes marciales, ni las condenas a muerte, estuvieran mal. Mubarak combatía al “terrorismo” y estaba de nuestro lado, según creo. Lo considerábamos “moderado”, un amigo de Occidente, quizá por eso sus hijos, Gamal y Alaa Mubarak, quedaron libres. ¿Se irán del país? ¿Renunciarán a Egipto? Sin duda.


Esa es la historia, no mencionemos a Bashar Assad. La corte egipcia tenía la intención de darle una lección. El fallo coincidió con la presencia de Kofi Annan en Qatar, donde habló de los pecados de los sirios.


También existen otros problemas, ¿verdad? Mubarak recibió a algunos prisioneros que le entregó George W. Bush y los torturó a pedido de Washington. ¿Acaso Damasco no recibió y torturó también a prisioneros? Salta a la memoria el nombre de Arar, un ciudadano canadiense enviado desde el aeropuerto neoyorquino de JFK para recibir un poco de tortura en la capital siria. Sí, nuestros árabes “moderados” siempre estaban listos para ayudarnos, ¿cierto?


Recordemos cómo los embajadores de Washington en El Cairo pidieron a Mubarak que dijera a su policía que dejara de torturar prisioneros. Un embajador estadunidense en particular dijo al presidente que presas estaban siendo violadas tumultuariamente en la cárcel de Tora, en las afueras de El Cairo, y dio una lista con los nombres de las mujeres, todas ellas musulmanas “extremistas”. Pero, ¿no era eso llevar el castigo demasiado lejos? Mubarak no fue juzgado por eso este sábado; sólo por los muertos de la revolución.


Los francotiradores de Mubarak dispararon contra jóvenes opositores en la plaza Tahrir durante la noche. Probablemente a esto se refería el juez Ahmed Refaat cuando habló de sentenciar a Mubarak a “30 años de oscuridad” y al elogiar a quienes llamó “los hijos de la nación que se levantaron pacíficamente por la libertad y la justicia”. Sin embargo, hubo muchos que murieron en las comisarías de Mubarak y en levantamientos islamitas; de la misma forma en que podemos hablar de los musulmanes muertos en las prisiones de Sadat, y por cuyo deceso el ex presidente egipcio no fue sentenciado ayer. En cierto sentido, Mubarak también fue castigado por Sadat y por el régimen policial de Nasser.


Nosotros los británicos siempre hemos adorado a Egipto. Pillamos a nuestro placer por toda esa tierra de faraones. Marchamos hacia el sur desde El Cairo para salvar a Gordon de Jartum; cobijamos al rey Farouk. En los años 20 alentamos a la democracia egipcia (hasta que los demócratas quisieron deshacerse del rey Farouk). Admiramos el papel que jugó Egipto en la Segunda Guerra Mundial (para ello, nos fue muy útil olvidar el hecho de que Sadat estaba del lado de Rommel y de que, originalmente, el que nos gustaba era Nasser).


Así, tuvimos a Sadat, quien echó a los rusos, hizo la paz con Israel y se opuso a la creación de un Estado palestino, según declaró ante la Cámara israelí (Knesset), aunque ahora se nos olvide. También hemos olvidado que lo asesinó su propio ejército. Este sábado Al Jazeera señaló, falsamente, que quienes lo mataron “se hicieron pasar por soldados”.


De este increíble desfile militar repleto de muertos y heridos emergió un tal Hosni Mubarak, hombre agrio, sin carisma, aburrido, y cuyo odio por el “islamismo” era evidente. En las palabras inmortales de uno de los mejores periodistas, Mohamed Hassanein Heikal, Mubarak “entró a una habitación que era un mar de silencio”. Ese silencio era lo que él más deseaba. Anoche, la televisión estatal egipcia reportó que Mubarak sufrió un ataque cardiaco en el helicóptero que lo sacó de la corte. Como me dijo un amigo: “Una sentencia de muerte pone enfermo a cualquiera”.


Amnistía Internacional, Human Right’s Watch e innumerables diplomáticos hablaron sobre ejecuciones extrajudiciales y asesinatos cometidos por policías en el sur de Egipto, en especial cerca de Asyut. Denunciaron la corrupción en los pasillos del poder. Algunos en El Cairo dijeron que la corrupción no era el problema, y que lo que en realidad causaba el mayor enojo entre la población era la corrupción a pequeña escala; y la exclusividad que compartían quienes formaban el entorno del presidente.


¡Oh! Esa forma que tenían los diarios –en un país alguna vez famoso por su prensa libre– de poner a Mubarak en la primera plana cada día de cada semana, de cada mes, todos los años. Los periodistas egipcios y sus medios eran de una lealtad comparable a la que gozaba Saddam en Irak. Un escribano, furioso porque cuestioné los resultados de una elección presidencial, me llamó “un cuervo que picotea el cadáver de Egipto”.


Recordemos que Mubarak era un presidente que felizmente permitía a sus periodistas manipular una fotografía de la Casa Blanca para que él apareciera frente al rey Abdullah de Jordania y al lado del juvenil Obama. El mandatario egipcio era un hombre con un peluquero que amorosamente le teñía el cabello a él y a los todos miembros de su gabinete. Un gobernante cuyos discursos fueron impresos ad infinitum en los periódico de El Cairo. Gracias a Dios él no escribió novelas, como Saddam y Kadafi.


Pero recordemos en este feliz día del Jubileo de la corona inglesa cómo amábamos a Mubarak; como lo cortejamos, adulamos, escuchamos sus consejos, sus opiniones sobre el “islamismo” y los temores que tenía sobre la violencia islamita un hombre llamado Imar Suleiman, quien, creo recordar, quería ser presidente hasta que el Parlamento lo descartó.


Qué convencidos estábamos de que Mubarak era un “pacificador”. Ahora los egipcios esperan que Ahmed Shafiq, viejo premier de Mubarak, sea el próximo presidente, o quizá Mohammed Mursi, de los Hermanos Musulmanes.


Mis amigos egipcios dicen que, después de lo de hoy, Shafiq está fuera. Ya veremos. Y si gana Mursi, ¿no será él igual de generoso con el ejército que Shafiq?


¿Seré cínico? Las revoluciones no siempre tienen final feliz. Piensen en 1789. Piensen en 1917. Piensen en Egipto, en 1952. Hace 17 meses escribí que la revolución egipcia contra Mubarak era la noticia más feliz que había reportado. Esto sigue siendo cierto. Millones de árabes derrocaron a un dictador. Pero me temo que si bien el dictador se ha ido, la dictadura sobrevivió. El ejército gobierna hoy Egipto. A nosotros, en Occidente, nos gustan los ejércitos. A Washington le gustan los ejércitos.


Nadie sugerirá que el futuro de Mubarak es demasiado duro. La televisión egipcia anunció que será trasladado al hospital de la prisión de Tora, la misma en que sus torturadores solían cumplir sus deberes y donde se encuentran recluidos muchos de sus antiguos servidores. Será visitado por sus hijos. Pero Gamal y Alaa todavía están detenidos y en espera de que se les presenten cargos por manipulación de acciones en el mercado de valores.


Esto importará muy poco a los verdaderos revolucionarios de la plaza Tahrir. Querían un país limpio, una sociedad limpia; no una competencia entre un hermano musulmán y un ex sátrapa de Mubarak. Túnez parece un buen precedente: el corrupto dictador huyó a Arabia Saudita. Supongo que otro dictador viejo y corrupto morirá en El Cairo. Pero en Libia la revolución no fue exactamente pacífica; ni en Yemen, ni en Siria...


The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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Domingo, 03 Junio 2012 06:31

Brasil y el largo camino hacia la Verdad

 Brasil y el largo camino hacia la Verdad
Por estos días empezó a trabajar, en Brasil, la Comisión de la Verdad, nombrada por la presidenta Dilma Rousseff en una ceremonia cercada de formalismos y solemnidad. Para empezar, ella invitó al acto a los cuatro ex presidentes de la redemocratización del país, para dejar claro que su intención ha sido la de instaurar una política de Estado, y no apenas de gobierno. Estaban José Sarney –actual presidente del Senado y quien, a lo largo de la dictadura militar que sofocó a mi país entre 1964 y 1985 integró el partido de respaldo político al régimen–, Fernando Collor de Mello, catapultado del poder en 1992 luego de un juicio por corrupción en el Congreso.


Pero estaban también Fernando Henrique Cardoso, que en 1995 pidió perdón, en nombre del Estado, a los torturados, exiliados, presos, asesinados y desaparecidos por la dictadura, además de haber determinado el pago de indemnizaciones a las víctimas y a los familiares, y Lula da Silva, del PT, el primer partido declaradamente de izquierdas a llegar al poder. La Comisión tendrá dos cortos años para investigar un sinfín de crímenes cometidos por agentes públicos durante la larga noche del terrorismo de Estado implantado luego del golpe cívico-militar de 1964. No habrá punición a los culpables. La Suprema Corte brasileña ratificó, en 2010, la validad de una esdrújula Ley de Amnistía decretada en 1979, y que dispuso –en plena dictadura– la autoamnistía a militares y agentes policiales.


Si comparado a lo ocurrido en Chile, Uruguay y, principalmente, Argentina, queda claro que el proceso brasileño viene siendo mucho más lento, débil y frustrante, principalmente para los que creen que mientras haya impunidad no habrá justicia, y que, sin justicia, no habrá plena democracia.


De todas formas, también es justo recordar que aquí mismo, en Argentina, hubo vueltas y pausas, hasta que el país pudiese asumir, en 2003, la vanguardia en ese proceso de rescate y recuperación de su pasado.


Además, y pese a toda la demora y al poco espacio que se vislumbra para la plena aplicación de la Justicia, el proceso brasileño sirvió para empezar a agitar, aunque todavía de manera muy puntual, áreas de silencio y de sombra en la sociedad.


Le costó a Dilma, en primer lugar, aguantar la insolente prepotencia de la insubordinación de los militares retirados. Ese movimiento amainó, pero está lejos de terminar. Ahora mismo, un general retirado, Leonidas Pires Gonçalves, que ocupó el Ministerio del Ejército en el primer gobierno civil luego de la dictadura –la presidencia de Sarney– dijo, al criticar duramente la Comisión de la Verdad, que si se da el caso, las fuerzas armadas podrán reasumir sus responsabilidades.


No hay, que se sepa, ningún diagnóstico clínico atestando que el veterano militar sufre, a sus 91 años, de los males de la demencia senil. Por lo tanto, hay que creer que está lúcido al hacer semejante amenaza.


Habrá, por supuesto, más amenazas de ese calibre. Los militares retirados, al amparo sorprendente del silencio omiso de los en actividad, no pierden oportunidad para manifestar su plena insatisfacción frente a lo que califican de “revanchismo”.


Una de las reacciones, que por cierto cuenta con amplio respaldo de sectores reaccionarios que hasta ahora vivían más bien en silencio –el silencio cómodo y seguramente interesado de la complicidad con la impunidad–, es el anuncio, por parte de integrantes del Club Naval, de la instalación de una comisión de la verdad paralela. O sea, militares retirados harán su propia investigación sobre lo que dicen ser los crímenes practicados por los subversivos, que es como todavía clasifican a los que se levantaron contra la dictadura.


Lo realmente curioso es lo que ocurre al otro lado, es decir, entre los que defienden no sólo la labor de la Comisión de la Verdad, como la necesidad de buscar medios y espacios que se haga justicia.


En los más diversos puntos del mapa brasileño, el Ministerio Público, a través principalmente de fiscales jóvenes, que en su inmensa mayoría siquiera habían nacido durante los años más negros del terrorismo de Estado, piden apertura de juicios contra notorios asesinos y torturadores, ignorando la Ley de Amnistía. Hasta ahora, todas esas iniciativas fueron derrotadas por los tribunales, que argumentan que, con la validad de esa ley anacrónica está asegurada la impunidad de los denunciados.


La secuencia de causas abiertas por las diferentes delegaciones regionales del Ministerio Público, en todo caso, insinúan que el proceso no cesará.


Otro fenómeno jamás experimentado antes –y que los argentinos conocen bien– es el del “escrache”, como se dice aquí, o el “esculacho”, como se dice en Brasil.


En los últimos dos meses, se repiten movilizaciones de jóvenes –siempre los jóvenes que no han padecido la dictadura, lo que quita a sus acusadores el argumento de “revanchismo”– frente a domicilios de torturadores, violadores, secuestradores y asesinos. Distribuyen folletos y fotos, advirtiendo a atónitos vecinos que en su mismo edificio vive un tipo que fue criminal y que se ampara en la impunidad asegurada por una legislación vergonzosa.


Algo es algo. Todavía es una movilización limitada, casi quijotesca, casi sin espacio en los medios de comunicación. Exactamente como empezaron, hace unos treinta y pocos años, las movilizaciones pidiendo el fin de la dictadura, el regreso de los exiliados y la recuperación de la democracia.

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Lunes, 05 Marzo 2012 06:40

Los cobardes y el pasado

Los cobardes y el pasado

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.
 

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?
 

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.
 

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?
 

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.
 

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.
 

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.
 

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.
 

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.
 

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.
 

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?
 

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.
 

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.
 

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Domingo, 19 Junio 2011 06:18

Crímenes, secretos y estocadas a Dilma

Ataquen a Dilma. Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, un año y medio atrás, Dilma Rousseff fue objeto de al menos tres embestidas para disuadirla de echar luz sobre los crímenes de la dictadura, la última de ellas la semana pasada.

Declaraciones de un senador y una militante de derechos humanos así como documentos secretos a los que tuvo acceso Página/12 indican que detrás de toda la alharaca desplegada para impedir la apertura de los archivos de la dictadura hay un objetivo inconfesable: ocultar la participación brasileña en el Plan Cóndor, más prolongada y comprometedora de lo que se sospecha.

En 2010, militares en retiro bramaron ante el “riesgo” que representaba para la Nación la llegada de una ex guerrillera al Palacio del Planalto; este año un general en actividad, y con rango de ministro, formuló comentarios antipáticos a cualquier averiguación sobre el pasado, presión a la que se sumaron la semana pasada dos ex presidentes civiles, ambos con simpatías cuarteleras.

José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.

Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues “abrirá heridas” del pasado, dejando al país expuesto a escándalos equiparables a los causados por Wikileaks a los organismos de defensa y diplomáticos de Estados Unidos, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.

Ventilar las historias desconocidas del régimen sería una amenaza a los altos intereses del Estado, comunicó en estilo solemne Collor de Mello, recordado por su efímero paso por el Palacio del Planalto, en el cual permaneció menos de 3 años debiendo renunciar en 1992, minutos antes de que el Congreso le abriera un juicio político por corrupción.

Dilma acusó el impacto de la estocada de Sarney y Collor, refrendada por su vicepresidente Michel Temer, tan derechista como aquéllos, e hizo saber que, en aras de la gobernabilidad iba a declinar abrir los archivos militares.

Pero luego de un par de días de vacilaciones, y sendos tirones de orejas de su compañero Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, la presidenta se rehizo y el viernes prometió que “en materia de derechos humanos no existe ningún documento ultra secreto” cegado a la requisa pública.

No hay una sino varias razones que explican tamaña presión para mantener lejos del ojo público los entretelones del poder de facto.

Los periódicos Estado y Folha, basados en fuentes diplomáticas y de Defensa, publicaron ayer que en los papeles hasta hoy ocultos se detallan proyectos nucleares cuya divulgación podrían resentir la relación con Argentina, así como datos sobre los sobornos pagados a la dictadura paraguaya para construir Itaipú.

Este diario consultó sobre el sacudón político de la semana pasada al senador Cristovam Buarque y Janaina Teles, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. “No estoy en condiciones de afirmar todas las razones de Sarney y Collor para presionar tan fuerte como lo hicieron, pero uno sabe que ellos son sensibles ante un lobby histórico de las fuerzas armadas e Itamaraty (Cancillería) contra varios temas y el Plan Cóndor es algo que incomoda a mucha gente”, responde Buarque.

“Hay mil motivos para tanta coacción contra la presidenta Dilma, pero es obvio que también quieren esconder la gravísima participación de Brasil en el Cóndor, los militares están por detrás de las presiones de Sarney, él siempre fue servil con las fuerzas armadas; ya en 1975 pronunció un discurso amenazante, diciendo que nadie tenía derecho a investigarlas”, reseñó Janaina Teles.

Cientos de documentos rotulados como “secretos”, “confidenciales” y “reservados”, que fueron analizados por este diario refuerzan las afirmaciones del senador Buarque y la historiadora Teles. Tres de esos papeles, fechados el 3 de abril de 1978, el 5 de abril de 1973 y el 17 de junio 1971, aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos.

El primero de esos papeles reporta el seguimiento de un grupo de miembros de la organización Montoneros que se reuniría en el interior brasileño para retornar a Argentina durante el Mundial de 1978. Se desprende de otros informes que los servicios secretos brasileños montaron un dispositivo especial para impedir el regreso guerrillero.

El segundo papel, rotulado como “secreto”, demuestra el posible seguimiento realizado por los agentes brasileños, acaso abastecidos por informaciones de los servicios argentinos, de altos dirigentes políticos brasileños en Argentina y Europa, y las negociaciones que éstos mantuvieron con el general Juan Perón antes de su radicación definitiva en Buenos Aires.

El tercero, también clasificado como “secreto”, fue reportado el 17 de junio de 1971 y es el más revelador de los tres documentos: describe minuciosamente el secuestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo con agentes de ambos países, del guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, procedente de Chile. El informe fue elaborado por el agregado militar en Buenos Aires y lleva impreso el sello de la “Embajada de Brasil”.

“El Cóndor brasileño trabajaba desde mucho antes de 1975, cuando se oficializó el Cóndor regional en Chile (sumando a los servicios de Argentina, Uruguay y Paraguay), estaba organizado y contó con un esquema muy profesional de diplomáticos/espías pertenecientes a la Cancillería, donde se creó especialmente para estos fines el CIEX (Centro de Informaciones en el Exterior)”, explica Janaina Teles.

“Muchos militantes que habían sido detectados por los diplomáticos del CIEX estando prófugos en Argentina, Chile o Uruguay, luego fueron secuestrados y asesinados por la dictadura.”

Ese modus operandi, que articularon diplomáticos y servicios de inteligencia, posiblemente fue aplicado en uno de los casos más enigmáticos que hasta hoy no fue esclarecido en la trama terrorista trazada entre Brasil y Argentina.

El cordobés Antonio Pregoni, el francés Jean Henri Raya Ribard y el brasileño Caipy Alves de Castro dejaron Buenos Aires a mediados de noviembre de 1973 y el 24 de ese mes los tres desaparecieron en el barrio carioca de Copacabana, según el informe elaborado por Teles, investigadora de la Universidad de San Pablo.

“Estas desapariciones de Río de Janeiro son como la punta de un ovillo represivo que será muy difícil reconstruir si no tenemos acceso a los archivos que siguen ocultos. Brasil está a contramano de la historia, es el país más atrasado en la lucha por la verdad y la justicia”, pondera Teles.

Para ella y las organizaciones de derechos humanos “Dilma simboliza una esperanza”, tal vez la última de que Brasil acabe con la amnesia
 

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