Jueves, 28 Febrero 2013 06:26

La Justicia en su laberinto

La Justicia en su laberinto

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de consolidar la consagración de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese país.

 

El proceso que ha llevado a este resultado es claro.

 

Un primer paso consistió en la decisión de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el Juzgado Penal. La Dra. Mota tenía en su sede más de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado en los años ’70. El Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deberían ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia confirmó la ausencia de justicia que víctimas, allegados y la sociedad toda viene padeciendo desde hace décadas. Al mismo tiempo, la Corte uruguaya ignoró la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, además de cuestionar la independencia del Poder Judicial.

 

En línea con el mismo propósito o resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la llamada “ley de Caducidad” que desde 1986 impide el proceso de todos los autores de crímenes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley fue declarada inconstitucional por la misma Corte años atrás.

 

El argumento sobre el cual se basó esta nueva decisión radica en que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, cosa que sí realiza la propia ley de Caducidad. Se ha argumentado que la retroactividad se aplica sólo cuando la ley beneficia al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las leyes que regían cuando se cometieron los delitos.

 

En otro momento, la misma Corte Suprema de Justicia de Uruguay define las violaciones cometidas en una dictadura y con la complicidad del Estado de la época como “delitos comunes”. Lo cual automáticamente transforma un delito de lesa humanidad en una causa prescriptible. No obstante, estos “delitos comunes” fueron cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un grupo específico de criminales, la ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera se otorgó un perdón a reos condenados por sus crímenes: el Estado renunció a someterlos a investigación y a juicio.

 

No obstante, más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como lo son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad y la reparación moral.

 

Por lo expuesto, como intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.

 

Todo Estado y toda institución de cualquier país existen para proteger la integridad física y moral, el derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca al revés. Aceptar la violación de uno solo de los derechos humanos contra uno solo de los ciudadanos de un país con la complicidad del Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad de todo el Estado.

 

Rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz; sin justicia no hay democracia.

 

Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.

 


 Por Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman y Jorge Majfud

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Sábado, 02 Febrero 2013 07:35

El “Nise Wieder”, el “Nunca má

El “Nise Wieder”, el “Nunca má

Alemania acaba de recordar, con dolor y vergüenza, dos acontecimientos trágicos de su reciente pasado. Los ochenta años de la asunción de Hitler al poder y los setenta años de la trágica derrota de la batalla de Stalingrado, donde el ejército germano fue aniquilado por el llamado Ejército Rojo de los soviéticos, en la cual fueron muertos doscientos mil soldados alemanes y otros cien mil cayeron prisioneros. De ellos –al fin de la guerra– volvieron a su país apenas seis mil sobrevivientes.

En los dos actos se recordó a las víctimas del racismo y la asunción inexplicable de ese personaje llamado Hitler y su conjunto de colaboradores, uno más extraño y ridículo que el otro en sus personalidades: Goering, Goebbels, Hess, Himmler...


A Hitler, su pueblo lo llegó a escuchar con devoción. Hoy, aquí, en la misma Alemania, se lo ve como a un personaje increíble, digno de ser una caricatura en una revista de comics. Sí, con su lenguaje a veces trágico, a veces de actor dramático de una comedia de folletines baratos. Un escritor alemán ha calificado la toma del poder por Hitler como una “fantochada” de la Historia, como para no creerlo. Y a Hitler, un “fantoche” de opereta. Mirando a ese personaje en los noticieros de la época, con sus gestos y sus discursos, uno va coincidiendo más y más con ese calificativo de fantoche. Pero, nos preguntamos de nuevo, ¿cómo fue posible que el pueblo alemán aceptara como un arcángel salvador a un personaje con ese lenguaje agresivo e irracional y esos gestos teatrales, nada menos que después de haber tenido la trágica experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde habían perdido la vida como ratas miles y miles de sus jóvenes? ¿En la irracional contienda de trincheras entre dos pueblos –Alemania y Francia–, países “occidentales” y “cristianos”, con una experiencia de siglos con respecto a la insuperable crueldad de las guerras? Los dos pueblos habían sido capaces de voltear a sus monarcas absolutistas y proclamar las repúblicas y ahora, Alemania, daba el poder a un personaje que como máximo programa traía el racismo y el nacionalismo a ultranza.


Y aquí viene lo de siempre. El poder económico lo puso en el poder político ante una izquierda fuerte que por el reiterado fracaso de los partidos de la burguesía amenazaba con llegar a ese poder. Se le dio ese poder a Hitler, que lo hizo bien suyo y terminó llevando a su país a la catástrofe más grande de su historia. Eso sí, aquellas empresas del poder económico más importantes de aquella época siguen siendo actualmente las mismas.


Hoy están bien marcados los campos de concentración de Hitler: una realidad, sí, que jamás va a poder superar el pueblo alemán a través de sus generaciones. Ahí están, en la actualidad, los museos de la crueldad, de la irracionalidad más perversa de toda la historia, hoy convertidos en advertencia. Los seres humanos como insectos nocivos de la salud pública en laboratorios de la muerte. Las cámaras de gases. Hay que estar allí. No están ni las lágrimas, ni los ayes, ni los gritos de las madres cuando las separaban de sus hijos, o el silencio de los hombres en ese último momento de perplejidad ante una realidad nunca pensada. Y el personaje ridículo de bigotito cuadrado hablando de la Patria.


Lo que de alguna manera salva al pueblo alemán es que Hitler, mientras hubo elecciones democráticas, nunca obtuvo ni siquiera la mitad más uno de los votos. En las últimas elecciones libres obtuvo el 37,4 por ciento, y luego, ya con el poder, recibió el 42 por ciento del total. No fue poco pero no era la mayoría. Los estados que más apoyaron a Hitler fueron los del sur, los católicos, sobre todo Baviera, especialmente porque la Iglesia Católica apoyó a los nazis. Por ejemplo, siempre se recuerda que a principios de febrero de 1933, para festejar la toma del poder por Hitler, la Iglesia Católica abanderó el interior del templo berlinés de Marienkirche con banderas nazis, y allí el párroco Joachim Hossenfelder agradeció en la misa principal a Dios por haber permitido la llegada de Hitler al poder. El hecho fue reconocido justo el domingo pasado por el obispo católico de Berlín, Markus Dröge, quien señaló: “En ese entonces, el llamado de Jesús al amor entre todos se convirtió justo en lo contrario”. Además, lamentó que la Santa Sede no haya hecho una profunda autocrítica sobre esa conducta amistosa del catolicismo ante el nazismo.


Poco a poco se va llegando a saber por qué tuvieron tan poca o ninguna oposición de las iglesias regímenes de máxima violencia como el nazismo alemán, el fascismo de Mussolini y el régimen de Franco en España.


También ahora, ochenta años después, entre los actos que se acaban de realizar, uno de ellos se llevó a cabo en el monumento que recuerda a los miles de homosexuales asesinados por los nazis durante los doce años de dictadura. Ese lugar se encuentra en el Tiergarten, en Berlín, y al acto concurrieron representantes del gobierno, del Parlamento y de diversos sectores sociales. Distintos oradores relataron el destino de los perseguidos, que fueron detenidos, enviados a campos de concentración y asesinados, la mayoría de ellos en las cámaras de gas. Un crimen atroz y sin ninguna explicación, como los de todo ese régimen. También se llevó a cabo otro acto recordatorio ante el monumento de los gitanos de las minorías de los Sinti y los Roma, exterminados por orden de Hitler.


Pero el acto central se llevó a cabo en el Parlamento Nacional, en el cual se dio lugar como orador central a la escritora judeo-alemana Inge Deutschkorn, quien, niña de once años en 1933, fue perseguida junto a sus padres por los nazis, pero se salvó por la ayuda de veinte familias alemanas no judías que la escondieron durante los doce años de la dictadura nazi. Ella puso de manifiesto además su agradecimiento a todos aquellos alemanes que ayudaron a los perseguidos por el régimen. Y ha escrito un libro sobre esa experiencia, que en la actualidad ha pasado a ser una de las obras más leídas en Alemania.


Un régimen que hasta de los niños hacía sus víctimas. La última dictadura militar argentina también victimizó a los niños de los desaparecidos. Les quitó la identidad.


También se recordó en estos días al 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz. Ese día ha pasado a ser el Día del Holocausto. Se calcula que en Auschwitz fueron asesinados por los nazis 1.300.000 seres humanos, la mayoría judíos, provenientes de Alemania, Polonia, Rusia, Rumania y otros países ocupados por las tropas alemanas.


El “Nie Wieder”, el “Nunca más” alemán, ha penetrado profundamente en la sociedad. Se notó en estos días por la concurrencia multitudinaria a los actos de la Memoria contra los crímenes cometidos desde 1933 a 1945. Algo que tienen que tener en cuenta todos los pueblos para así jamás apoyar ni a dictadores ni a políticos que no tienen como principio ineludible la defensa de los derechos humanos, y recordar siempre, todos los años, los actos de salvajismo contra las vidas humanas cometidos desde el poder en la historia del mundo. Dedicar, en ese sentido, museos, monumentos en plazas y exposiciones anuales sobre los crímenes llevados a cabo por el hombre con el hombre. Hacer del “Nie Wieder” alemán y del “Nunca más” argentino una ley universal.

 

Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania

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Jueves, 06 Diciembre 2012 06:44

Procesan a trece represores chilenos

El ministro especial para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, remeció los viejos y gastados cimientos en que aún se afirman los militares que sistemáticamente abusaron de su poder cuando Augusto Pinochet gobernaba Chile. Ayer, el magistrado procesó a 13 ex agentes de la DINA (policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestro y tortura entre 1974 y 1977), entre ellos a su ex director, el ex general Manuel Contreras, y el ex coronel Marcelo Moren Brito que, según testimonios, habría asesinado a un sobrino, informaron ayer fuentes judiciales chilenas.

 

El magistrado encausó a los ex agentes en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos”. Para ello, utilizó “como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, explica la extensa resolución del magistrado. Agrega que los militares retirados están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en los primeros meses de 1975.

 

Todos los procesados (cercanos colaboradores del dictador chileno) están hoy tras las rejas, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sólo en el caso de Contreras, las penas significan más de 270 años efectivos de cárcel.

 

Entre este grupo “selecto” de militares figuran los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchencko (quien el año pasado recibió un homenaje en la derechista comuna de Providencia en Santiago y que, a la postre, le significó al alcalde, Cristian Labbé, otro ex militar, perder su cargo), Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito. Este último fue “el jefe” del campo de torturas de “Villa Grimaldi”, al que según diversos testigos fueron llevadas las víctimas.

 

Los procesamientos se enmarcan en la dura represión impulsada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (grupo político radical de la resistencia contra Pinochet). En 1975, los nombres de las víctimas, que incluían varias mujeres y jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, aparecieron en la lista de 119 nombres de la llamada “Operación Colombo”. Esta incluyó publicaciones en periódicos argentinos y brasileños que buscaban encubrir la desaparición de los opositores presos, con el argumento de que habían muerto en rencillas internas del MIR. La falsedad de esos escritos ha ido quedando de manifiesto en los últimos años. De esta forma, ocultaron la desaparición de las 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región. Se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas.

 

Según recuerda la prensa chilena, uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo” fue el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, sobrino del coronel Moren Brito, quien, han dicho los testigos, lo torturó y asesinó personalmente. Relatos de prisioneros supervivientes cuentan que días antes le comentaron a Alan Bruce lo afortunado que era porque su tío era el jefe del campo y que se salvaría. Este respondió que estaban equivocados y que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

 

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino. Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico.

 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.

 

“A julio de 2012, eran unos 800 los ex agentes (militares, policías y civiles) procesados y/o condenados a partir del año 2000 en Chile por crímenes relacionados con terrorismo de Estado cometidos en la dictadura”, explica a Página/12 Cath Collins, profesora e investigadora de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Agrega que de los 250 ya condenados en firme, menos de un tercio ha ido en algún momento a la cárcel. “Los demás logran sentencias bajas (de menos de cinco años).” El contraste con Argentina es el siguiente: 66 por ciento de las penas en Chile son de cinco años o menos (lo que significa que son no carcelarias), mientras que el 50 por ciento de las penas en Argentina son a perpetuidad”, concluye.

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Sábado, 04 Agosto 2012 07:36

Los civiles cómplices de la dictadura

Los civiles cómplices de la dictadura
Los archivos incluyen planes, memorandos, circulares y coordinaciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y textos emitidos por varios organismos de Defensa en el período 1978-1989, entre otros papeles.


“Voy a hacer todas las indagaciones respecto de la eventual existencia de estos archivos, y si existen, obviamente que los voy a entregar”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Andrés Allamand, sobre miles de documentos escaneados y contenidos en tres CD. Según la documentación, las autoridades civiles coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos, acciones que se realizaron dentro y fuera de Chile, incluyendo tres atentados explosivos en Italia, la Argentina y Estados Unidos.


Algunos de esos documentos revelan que el actual jefe del bloque del oficialista Renovación Nacional, Alberto Cardemil, envió a las autoridades castrenses “antecedentes completos” de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, órgano de la Iglesia Católica que asistía a víctimas de la represión. Como viceministro del Interior hasta su salida del poder, el 11 de marzo de 1990, Cardemil también estuvo a cargo de informar qué chilenos podían volver al país y cuáles debían permanecer en el exilio.


Las acciones coordinadas entre los ministerios y el aparato represivo, encabezado por la policía secreta pinochetista, tuvieron también un blanco sistemático sobre los periodistas, según se desprende de los documentos.


En un único memorando secreto del 2 de noviembre de 1976 aparecen para ser seguidos y vigilados los nombres de 761 corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel. Allí están enlistados periodistas de las agencias de noticias France Press, ANSA, Reuters, AP y EFE; de las teleemisoras británica BBC y las alemanas Westdeutscher Rundfunk y TVZDF; de los semanarios Stern y The Economist y de los diarios Le Monde, The New York Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros. Las embajadas chilenas remitían copias periódicas de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y, en especial, sobre las violaciones a los derechos humanos, y de las transcripciones palabra por palabra de programas de radio o televisión.


Uno de los ejemplos del control sobre la prensa extranjera es el oficio secreto que remitió en 1975 el entonces secretario general de Gobierno, general Hernán Mejares, al canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, sobre la conveniencia o no de autorizar el ingreso de periodistas de las cadenas estadounidenses CBS y NBC. En 1986, marcado por los paros en el país, además de un frustrado atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Cancillería pide elevar la cooperación y propone crear un grupo de trabajo con la policía secreta y los ministerios del Interior, Agricultura, Gobierno, Presidencia, Salud y Hacienda. El objetivo era contrarrestar las informaciones y denuncias que circulaban en Naciones Unidas, en medio de un clima adverso en la prensa, e investigar a todo el que hablara contra el régimen en los medios extranjeros, como ocurrió con el escritor Ariel Dorfman, exiliado en Francia y también en Estados Unidos.


El contenido de los archivos revelados no sorprendió a algunas personalidades del área de Defensa de Derechos Humanos, como el abogado Roberto Garretón, ex jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, quien resaltó que todos los integrantes del organismo sabían que eran espiados y que la información pasaba por el hoy diputado Cardemil. “Cardemil es la evidencia de lo que hemos señalado acerca de cómo a través de componendas políticas se dejó en la impunidad a los civiles que fueron parte del aparato de la dictadura”, señaló la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-parecidos, Lorena Pizarro. “La participación de civiles como el diputado de Gobierno, Alberto Cardemil, pero también el senador Jovino Novoa y otra serie de sujetos que ejercieron distintos cargos en democracia” también quedó en evidencia, añadió. “Es necesario una acción judicial que los imposibilite del ejercicio de cargos públicos”, exigió Pizarro.


El diputado de Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que muchos de estos antecedentes se conocían y calificó de insólito que personas involucradas en los documentos sean hoy legisladores. El diputado del opositor Partido Socialista, Carlos Montes, sobreviviente de las cárceles secretas, señaló que la información no le sorprende por cuanto la dictadura quería controlar todo el país. “Lo más novedoso es que se involucre a Cardemil. Yo espero que él clarifique la situación, aunque dijo que no se acuerda y que no es cierto”, afirmó el diputado. Aguiló señaló que “no hay que olvidarse de lo que fue la dictadura de Pinochet. Hasta ahora no he visto a ninguno de los civiles retractarse de lo ocurrido. No sólo hay amnesia, sino hipocresía”, enfatizó, y apuntó que esperaba como mínimo que dijeran que “se arrepienten de lo que hicieron”.

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Argentina condena a 50 años de cárcel al dictador Videla por el robo de bebés
Dieciséis años después de que las Abuelas de la Plaza de Mayo denunciaran la “apropiación sistemática” de los nietos desaparecidos durante la dictadura, un tribunal integrado por dos hombres y una mujer les dio ayer la razón. El dictador Jorge Rafael Videla, de 86 años, el hombre que gobernó Argentina desde 1976 a 1981, fue condenado a 50 años de cárcel. Y su sucesor, tras la guerra de las Malvinas, Reynaldo Bignone, de 84 años, a 15 años de prisión. Además, fueron condenados también los altos mandos militares Jorge El Tigre Acosta, a 30 años y Antonio Vañek, a 40. En total, fueron 11 los acusados, de los cuales quien obtuvo la pena menor fue la única mujer, Inés Susana Colombo, condenada a cinco años.


Hasta ahora se habían condenado en Argentina a unas 25 personas por apropiación de menores. Pero se trataba de casos concretos en los que el acusado respondía por su propio delito. Lo que las Abuelas han intentado probar en esta causa es que los 500 robos de niños que ellas estiman que se perpetraron en la dictadura militar (1976-1983) obedecieron a un plan sistemático diseñado desde la cúpula del Estado. Y así lo reconoció la sentencia al considerar que se ejerció el “terrorismo de Estado” mediante “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años”, bajo un “plan general de aniquilación”.

 
Los imputados habían asumido en sus declaraciones que hubo apropiaciones, pero las achacaron a la decisión particular de mandos medios o inferiores que actuaban por su cuenta y riesgo. Ayer, escucharon impávidos la sentencia. Cuando la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, leyó que la condena de Videla era de 50 años, en la sala, repleta de familiares de desaparecidos, se escucharon gritos y aplausos.


“Es verdad que no hemos encontrado una orden escrita que pruebe que hubo un plan, pero la reconstrucción de varios elementos nos llevó a la conclusión de que hubo un plan sistemático”, indica Alan Lud, abogado de las Abuelas. “A pesar de que Videla dijo que las apropiaciones solo se produjeron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en realidad se registraron también en otras provincias. Otra prueba es que había oficiales y médicos destinados al cuidado de las mujeres embarazadas, para que se garantizara que se produzca el parto… Eso tenía que haberlo decidido alguien”. Ese alguien, llámese Videla (1976-1981) o Bignone (1982-1983), nunca reconoció la legitimidad del tribunal. En sus últimas palabras de defensa, Videla alegó que las presas eran terroristas y que usaban a sus bebés como escudos humanos.
 

En este juicio se abordaron los casos de 35 nietos, de los cuales solo 20 se prestaron a declarar. Durante el año y medio en que se han prolongado las sesiones de la vista oral, muchas abuelas confiaban en que alguno de los encausados asumiera su culpa y, sobre todo, revelase el paradero de algunas de las personas desaparecidas. Pero no fue así.


Desde que se inició el juicio en 1996, ya murieron varios de los acusados, como el dictador Emilio Eduardo Massera, fallecieron también algunas abuelas, se jubilaron los abogados que iniciaron la causa y el letrado que representa ahora a las Abuelas, Alan Lud, de 31 años, no había nacido cuando se perpetraron los robos de bebés. Desde entonces, 105 nietos han recuperado su identidad biológica gracias, en buena parte, a la búsqueda de las Abuelas.

 
Muchas de ellas celebraron ayer abrazadas la satisfacción de haber vivido al menos para ver cómo se hacía justicia. “Videla estaba cumpliendo ya cadena perpetua tras una sentencia de 1985”, explicó el letrado de las Abuelas. “Pero el Código Penal argentino establece que a partir de un número determinado de años en prisión se puede acceder a la condicional. Si la condena hubiese sido de 25 años o inferior, podría haber accedido a ella. Pero al ser de 50 años, su petición de libertad condicional será denegada”.

 “Muchos de ellos aún siguen dando misa”

 
F. PEREGIL
 
Victoria Montenegro, de 36 años, hija de padres desaparecidos, cree que el juicio contra el plan sistemático de robo de bebés ha dejado en evidencia la participación que tuvo la Iglesia en los hechos. “Todavía muchos de ellos siguen dando misa, y eso es lo que más perturba. Yo soy creyente y creo en la Iglesia, pero hay personas que han hecho muchísimo daño. En mi caso, mi apropiador me contó que a mí me retiraron de una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Había varios bebés, todos hijos de desaparecidos, cuidados por monjas. De hecho, a mí me bautizó en el cuartel Campo de Mayo un cura, no castrense, sabiendo plenamente que mis apropiadores no eran mis papás”.
 
“La apropiación vino desde el Estado. Todos sabemos lo que es la cadena de mando y nadie en el Ejército se apropia de un bebé y lo cría porque tiene ganas. Pero además de eso, se produjo la colaboración de un montón de personas que también aportaron para que existiera ese manto de impunidad y para que 36 años después todavía estemos buscando nietos”, añade Montenegro. Colaboró desde el que tomaba la inscripción en silencio en el registro civil y todos los que callaron e ignoraron las denuncias de nuestros familiares. Colaboraron los curas que bendecían las armas y les daban fuerzas a los hombres antes de los vuelos de la muerte”.
 
“Cuando estábamos a tientas y no sabíamos a dónde acudir, la Iglesia católica no nos ayudó en nada; al contrario, estuvo en contra”, recuerda la vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, de 92 años. “Pero otras iglesias cristianas sí que colaboraron”.


Por Francisco Peregil Buenos Aires 6 JUL 2012 - 11:14 CET


Sábado, 09 Junio 2012 07:13

Legalizan honrar la dictadura

Legalizan honrar la dictadura
La Justicia chilena autorizó ayer un acto de homenaje al ex dictador Augusto Pinochet, previsto para mañana en el Teatro Caupolicán, en el centro de Santiago, Chile. Militantes de derechos humanos anticiparon que se concentrarán en el lugar y convocaron a una manifestación en contra de la ceremonia.


La Novena Sala de la Corte de Apelaciones dio luz verde al acto luego de denegar una apelación aprobada en primera instancia e interpuesta por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), informó esta tarde el diario estatal La Nación en su edición online. Tras conocer el fallo, el abogado René López, portavoz de los organizadores, calificó el acto como cultural y, si bien dijo que esperaba que no se produzcan incidentes, apeló a la autoridad y a Carabineros para que actúen en resguardo de los asistentes. En tanto, el abogado Boris Paredes, de la AFDD, lamentó la resolución y comentó que el acto es una provocación por hacer una apología a la dictadura.


El criticado acto está convocado por la Corporación 11 de Septiembre, que lleva su nombre en alusión al día del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet –quien estuvo al frente de un gobierno de facto en Chile entre 1973 y 1990, período en el que se persiguió y torturó a decenas de miles de militantes políticos, sindicales y sociales, de los cuales unos dos mil murieron y más de mil fueron desaparecidos– con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y derribó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. En su organización, han participado directamente, además de ex uniformados, miembros de grupos ultraderechistas y condenados por delitos de lesa humanidad como el ex jefe operativo de la policía pinochetista, Alvaro Corbalán.


La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, llamó a los chilenos a congregarse frente al teatro Caupolicán con mensajes de condena al hecho y las fotos de los asesinados por el régimen pinochetista. “Debemos estar presentes con las fotos de los rostros de nuestros familiares, sean detenidos desaparecidos, sean ejecutados políticos, pero también de los miles de personas que sufrieron las hambrunas, los allanamientos, la tortura”, expresó, citada por Prensa Latina. Por su parte Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó las declaraciones del vocero oficial, Andrés Chadwick, quien señaló que el gobierno no favorecía, pero tampoco podía impedir el homenaje.

“El traje de la democracia le queda grande”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en relación con el gobierno de Sebastián Piñera que, según ella, no quiso evitar el homenaje al que rotuló como una acción política del pinochetismo fascista y criminal más duro.
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Mubarak se derrumba; Assad se aferra al poder
Nada hay peor que un periodista en el lugar menos indicado en el momento menos oportuno. Ayer estaba yo en El Cairo, cubriendo el juicio de Hosni Mubarak, recién llegado de Líbano –donde 15 personas acaban de morir–, cuando Bashar Assad aparece en la pantalla del televisor diciendo que su ejército no fue responsable de la masacre de Hula, hace una semana, y hablando de la crisis más seria desde el fin del colonialismo. Bueno, y que lo diga.


Y no me siento mucho más feliz. Ahmed Shafik, leal a Mubarak, tiene el apoyo de los coptos cristianos, y Assad cuenta con el apoyo de los cristianos sirios. Los cristianos apoyan a los dictadores. No es mucho decir, ¿o sí?


El sábado, el dictador de Egipto fue sentenciado a cadena perpetua. El domingo, el dictador de Siria luchaba por su vida. Y dijo –advirtió, amenazó– que su guerra podría extenderse a otros países. Todos sabemos lo que eso significa: el futuro de la ciudad libanesa de Trípoli está en duda. No hace mucho, una amiga libanesa me dijo que temía por su país si Assad estaba en peligro. Ahora sé lo que quería decir.


Son malos tiempos para la primavera o despertar árabe. En Yemen, el gobierno ayuda a Estados Unidos en sus ataques con drones a operativos de Al Jazeera. En Egipto hay estadunidenses que apoyan a Shafik. Sin embargo, en el diario egipcio Al Ahram los editores están en libertad de decir que la primera reacción del vocero de Shafik a la elección presidencial es que “la revolución ha terminado”. Y pueden escribir que el régimen de Shafik sería “una versión mucho más feroz de un Estado policiaco que la que se vivió en la segunda mitad de las tres décadas de gobierno de Mubarak”. El periódico hablaba de los “interminables sacrificios de hombres y mujeres jóvenes para que todos en Egipto, los que participaron en la revolución, los que simpatizaron con ella y los que se opusieron, puedan tener una vida mejor, en la que las violaciones ya no sean la norma”. ¿Podría haber leído algo así en tiempos de Mubarak?


Pero ¿podría leer algo así en Líbano? ¿Será que Líbano no toma la libertad en serio? ¿Y Yemen? El hecho es que los árabes se despiertan; por eso prefiero “despertar” árabe a “primavera” árabe. Y me parece que Siria “despierta”. Ahora bien, el presidente Assad dijo este domingo que la “seguridad” de su país es una “línea roja” y dio a entender –sólo dio a entender– que la guerra en Siria (y la llamó guerra) podría desbordarse hacia un Estado vecino (léase Líbano). Así que estoy preocupado por Líbano y por los alauitas libaneses que apoyan a Assad, quienes merecen mejor suerte.


Pero también estoy consciente de que los guerreros de Shafik; los que en Washington quieren que Shafik restaure la vieja relación con Israel, los que quieren, de hecho, que se restaure la dictadura de Mubarak y recrear el viejo paradigma (la “estabilidad” de Mubarak frente al viejo temor de la Hermandad Musulmana), aumentar los miedos de los cristianos y atemorizar a Occidente con el horror del “fundamentalismo árabe”, asomarán la cabeza igual que Assad. Y conforme los republicanos estrechen el cerco en torno a Obama, ¿no mostrarán su amor por el último primer ministro de Mubarak?


Pero tal vez tendremos que vivir con Mohamed Morsi como próximo presidente de Egipto, un hermano musulmán, un hombre que tendrá que mostrar que un gobierno musulmán de veras es capaz de manejar la economía y dominar la corrupción (o tal vez no, como también podría ocurrir), como se debió dejar que lo hiciera el gobierno argelino en 1991. No estoy seguro.


Pero volvamos a Líbano. Su prensa es libre y su pueblo también. Se deshizo de Siria en 1995 (al precio de la vida de un ex primer ministro). Puede mirar al otro lado de la frontera, a Siria, para ver lo democrática y libre que es su nación. Y –¿alguien se atreverá a decirlo?– pobre Siria. No se merece el dolor y las matanzas que está soportando. Su presidente afirma que las conspiraciones internacionales destruyen su país. Dado el interés de Arabia Saudita y Qatar por ayudar a la resistencia, quizá tenga razón. Y es cierto que las armas entran a Siria desde Líbano.


He aquí, pues, un mal augurio desde El Cairo. Shafik podría ganar, aunque el juicio de Mubarak podría demostrar lo contrario. Assad podría caer, aunque temo esa guerra civil de la que habla Kofi Annan. Y Líbano podría vivir. Tal vez yo deba volar de vuelta allá este lunes.


© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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"Esta sentencia es corrupta, está dictada por los militares"
Basel Ramsis trabaja como director de cine, escribe artículos de opinión y, especialmente tras pasar por Tahrir el año pasado, es un conocido activista y revolucionario egipcio. Vive en Madrid pero desde enero de 2011 viaja a menudo a El Cairo. Desde el inicio de las revueltas estuvo a pie de calle, junto a otros miles de egipcios, manifestándose contra el régimen de Mubarak y construyendo el movimiento que hizo caer a la dictadura y que hoy se enfrenta al poder de la Junta Militar. A través de las redes sociales cada día llamaba al resto de ciudadanos a seguir saliendo a la calle y contaba lo que estaba pasando al resto del mundo.


Ayer, más de un año después, Hosni Mubarak fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal de El Cairo. Al mismo tiempo, la tensión social ha vuelto a elevarse en las últimas semanas con motivo de las elecciones presidenciales, que concluirán con la segunda vuelta los próximos 16 y 17 de junio. Sobre este nuevo contexto Ramsis hablaba con Público.es desde El Cairo apenas unas horas después de que el juez emitiera el fallo de la condena a Mubarak y mientras miles de personas vuelven a tomar las calles en protesta por la impunidad de los que a su espalda cuentan con tantos crímenes.



¿Cómo valora la sentencia de cadena perpetua que Tribunal Penal ha impuesto a Hosni Mubarak?


Todos aquellos que tienen un vínculo con la revolución están enfurecidos y muchos han empezado a salir a la calle para protestar. Cuando el juez ha leído el veredicto han empezado los enfrentamientos dentro de la misma sala y muchos abogados han empezado a gritar uno de los lemas de la revolución: "el pueblo quiere el poder judicial".


Todos sabemos que este fallo en realidad no es una decisión judicial, sino una orden militar. Los que gobiernan en Egipto son los que deciden también qué ha de hacer la justicia en cada momento. Todos sabemos que el cuerpo judicial aquí ni es independiente ni es limpio desde hace más de 30 años.


En este juicio había dos casos separados, el de la muerte de manifestantes y el de corrupción. Y una petición de los abogados era los que los dos casos se convirtieran en uno único, pero fue denegada.


En el caso por corrupción todos han sido declarados inocentes, Mubarak, sus dos hijos, Alaa y Gamal, y al empresario Husein Salem. Es un escándalo porque todos tenemos datos y hay documentos que demuestran cómo la familia de Mubarak está vinculadacon casos muy graves de corrupción.


Por la parte de asesinatos, la condena sólo ha ido para Mubarak y el exministro del Interior Habib al Ahli. Esto es ridículo, porque todos los oficiales importantes que ordenaron las masacres han quedado libres. Todos han sido declarados inocentes. Por ejemplo, el juez rechazó como pruebas cientos de horas de videos de la televisión pública, de cámaras de seguridad y de particulares en los que se mostraba a los oficiales de la policía matando a manifestantes.


Ahora, con esta sentencia, la corrupción que ha impregnado Egipto las últimas décadas nunca ha existido y los dos únicos responsables de los cientos de muertos son dos personas. Además, el fallo deja una puerta abierta a la revisión y que, fácilmente, puedan ser considerados inocentes.


Es una sentencia corrupta ordenada por los militares. Esto lo pienso yo y lo piensan muchos jueces, abogados y expertos en derecho. Y estos días las calles se van a calentar.


¿Qué reacciones está despertando la sentencia entre las distintas fuerzas políticas?


Los islamistas de los Hermanos Musulmanes estaban esperando condenas duras, igual que el resto de fuerzas políticas egipcias. Si salen a la calle es solo porque esta conyuntura les puede permitir ganas votos, que es lo único que les interesa. Sin embargo, quieren aparecer como una fuerza moderada para poder tratar con la Junta Militar. Están jugando al juego político y no al juego revolucionario. Han entrado a formar parte del régimen y no quieren una ruptura con este Estado policial.


En cuanto a las fuerzas que apoyan al candidato Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Hosni Mubarak, tampoco han salido masivamente a protestar.


Entre las personas que han votado por este candidato hay dos partes diferenciadas. Hay un grupo que quiere la continuidad, es el pequeño sector social sobre el que se asentaba Mubarak. Pero la mayoría que ha votado por esta opción no han votado por la continuidad del régimen, han votado a una opción que promete estabilidad tras un año de inestabilidad. En este tiempo ha habido muchos asesinatos, una situación económica y social gravísimo, colas diarias para poner gasolina o comprar gas para los hogares. Muchos están cansados y se dejan decantar por esta opción.


Sin embargo, sólo han votado por esta opción 6 millones de personas en un país de 85 millones. Nadie lo ha dicho en la prensa internacional, pero los votos que han ido a candidatos de la revolución han sido 10 millones.


Elecciones, ¿cómo están transcurriendo estos días? ¿Qué clima hay en las calles?


Hay un sentimiento generalizado de decepción, los dos candidatos que han entrado en la segunda vuelta (Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Hosni Mubarak) son las dos peores opciones que existen. Aún así, diariamente hay manifestaciones contra los dos candidatos


Por primera vez se está tratando de construir un frente unido de todas las fuerzas revolucionarias que vaya en una única dirección, la del boicot. La mayor parte de las fuerzas democráticas, progresistas y liberales están trabajando en esta línea.


Frente a estas fuerzas conservadores, ¿no hay en Egipto un proyecto de cambio alternativo que pueda unir a las fuerzas democráticas y progresistas?


El único proyecto que hay ahora mismo es la continuidad de la revolución. La única vía por la que apostamos es que la revolución acabe y consiga sus objetivos: acabar con el régimen de Mubarak y construir uno nuevo. Pero hay que entender que el régimen de Mubarak no es sólo Mubarak, es todo el sistema y la estructura económica, social y cultural que ha reinado en Egipto en las últimas décadas.


No estamos en una fase transición, como dicen los militares, estamos aún en la revolución. Todavía no hemos acabado con el régimen y no habrá elecciones libres hasta que caiga del todo. La hoja de ruta que han trazado los islamistas y junto a los militares tiene que fracasar. Queremos acabar con la Junta Militar, con las fuerzas de Mubarak y los islamistas, todos representan lo mismo.


¿Qué papel están jugando a día de hoy los Hermanos Musulmanes?


El proyecto de los Hermanos Musulmanes para Egipto es mantener el régimen, mantener un Estado que sea servil a los intereses internacionales y a las empresas multinacionales, pero con un tinte islámico y la Sharia.


Ellos no apoyaron al a revolución desde el principio, salieron a la calle y a la plaza tarde. Y mientras unos estaban en Tahrir otros se reunían con las autoridades para pedir la legalización de su organización a cambio de salir de las plazas. Así, para ellos la revolución acabó el día 11 de febrero.


Su proyecto social y económico no está en conflicto con el régimen de Mubarak, quieren simplemente formar parte del Estado. El mismo 11 de febrero salieron de la calle y empezaron a negociar con el régimen. Querían estar ahí y lo han conseguido.


Mientras, nosotros, las fuerzas democráticas, queremos una ruptura total con el régimen y construir uno nuevo.


¿Qué papel sigue jugando a día de hoy la Junta Militar?


El poder absoluto. Es quien ha gobernado este país desde que cayó Mubarak. Y es la responsable de todos los asesinatos que se han cometido durante este año, los de los oficiales que mostraron su apoyo a la revolución, los crímenes de Maspero, las batallas de noviembre, los enfrentamientos frente al ministerio o la matanza de Port Saïd, donde castigaron a los jóvenes por haber participado en las protestas.


En todos estos momentos he estado en Egipto y he visto a la policial matar a la gente en la calle.


¿Qué valoración haces de este año que ha pasado desde la caída de Mubarak?


Mi lectura personal es que la revolución no ha conseguido sus objetivos. Pero es que una revolución no acaba en 20 días ni en 20 meses. Es un proceso que dura años, y solo llevamos uno y medio.


Hay logros claros. Hay cientos de miles de egipcio vinculados a la militancia, la batalla política ya está en la calle y forma parte de la vida de muchos. Hemos creado un pueblo activo que participa en la política. Desde el 25 de enero de 2011 hemos roto la barrera del miedo.


Tenemos una sociedad activa que está en un momento histórico y que ha visto a Mubarak en la cárcel. Es un logro porque nunca en 7.000 años los egipcios han visto encarcelados ha su mandatario.


Todavía vamos a vivir momentos muy duros y enfrentamientos muy sangrientos en esta revolución, que aún está comenzando.


Cualquier presidente que venga ahora va a tener miedo de las calles.

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 Cadena perpetua a Mubarak por el asesinato de 850 manifestantes
Hosni Mubarak morirá en la cárcel. Y Habib Adli, su ministro del Interior, de 74 años de edad, quizá sea asesinado en la prisión. Esto es en lo que pensaban dos viejos amigos míos egipcios este sábado. Mubarak fue juzgado por las muertes ocasionadas durante la revolución de 2011: 850 en total, más de 28 por cada año que duró su mandato. Fuerte razonamiento.


Desde luego, no preguntábamos sobre las sentencias de muerte que dictaban las cortes militares durante los años 80 y 90, y seguimos sin poder hacerlo ahora que el ejército sigue en el poder en Egipto. El mariscal Mohamed Hussein Tantawi, quien gobierna el país, nunca sugirió que dichas cortes marciales, ni las condenas a muerte, estuvieran mal. Mubarak combatía al “terrorismo” y estaba de nuestro lado, según creo. Lo considerábamos “moderado”, un amigo de Occidente, quizá por eso sus hijos, Gamal y Alaa Mubarak, quedaron libres. ¿Se irán del país? ¿Renunciarán a Egipto? Sin duda.


Esa es la historia, no mencionemos a Bashar Assad. La corte egipcia tenía la intención de darle una lección. El fallo coincidió con la presencia de Kofi Annan en Qatar, donde habló de los pecados de los sirios.


También existen otros problemas, ¿verdad? Mubarak recibió a algunos prisioneros que le entregó George W. Bush y los torturó a pedido de Washington. ¿Acaso Damasco no recibió y torturó también a prisioneros? Salta a la memoria el nombre de Arar, un ciudadano canadiense enviado desde el aeropuerto neoyorquino de JFK para recibir un poco de tortura en la capital siria. Sí, nuestros árabes “moderados” siempre estaban listos para ayudarnos, ¿cierto?


Recordemos cómo los embajadores de Washington en El Cairo pidieron a Mubarak que dijera a su policía que dejara de torturar prisioneros. Un embajador estadunidense en particular dijo al presidente que presas estaban siendo violadas tumultuariamente en la cárcel de Tora, en las afueras de El Cairo, y dio una lista con los nombres de las mujeres, todas ellas musulmanas “extremistas”. Pero, ¿no era eso llevar el castigo demasiado lejos? Mubarak no fue juzgado por eso este sábado; sólo por los muertos de la revolución.


Los francotiradores de Mubarak dispararon contra jóvenes opositores en la plaza Tahrir durante la noche. Probablemente a esto se refería el juez Ahmed Refaat cuando habló de sentenciar a Mubarak a “30 años de oscuridad” y al elogiar a quienes llamó “los hijos de la nación que se levantaron pacíficamente por la libertad y la justicia”. Sin embargo, hubo muchos que murieron en las comisarías de Mubarak y en levantamientos islamitas; de la misma forma en que podemos hablar de los musulmanes muertos en las prisiones de Sadat, y por cuyo deceso el ex presidente egipcio no fue sentenciado ayer. En cierto sentido, Mubarak también fue castigado por Sadat y por el régimen policial de Nasser.


Nosotros los británicos siempre hemos adorado a Egipto. Pillamos a nuestro placer por toda esa tierra de faraones. Marchamos hacia el sur desde El Cairo para salvar a Gordon de Jartum; cobijamos al rey Farouk. En los años 20 alentamos a la democracia egipcia (hasta que los demócratas quisieron deshacerse del rey Farouk). Admiramos el papel que jugó Egipto en la Segunda Guerra Mundial (para ello, nos fue muy útil olvidar el hecho de que Sadat estaba del lado de Rommel y de que, originalmente, el que nos gustaba era Nasser).


Así, tuvimos a Sadat, quien echó a los rusos, hizo la paz con Israel y se opuso a la creación de un Estado palestino, según declaró ante la Cámara israelí (Knesset), aunque ahora se nos olvide. También hemos olvidado que lo asesinó su propio ejército. Este sábado Al Jazeera señaló, falsamente, que quienes lo mataron “se hicieron pasar por soldados”.


De este increíble desfile militar repleto de muertos y heridos emergió un tal Hosni Mubarak, hombre agrio, sin carisma, aburrido, y cuyo odio por el “islamismo” era evidente. En las palabras inmortales de uno de los mejores periodistas, Mohamed Hassanein Heikal, Mubarak “entró a una habitación que era un mar de silencio”. Ese silencio era lo que él más deseaba. Anoche, la televisión estatal egipcia reportó que Mubarak sufrió un ataque cardiaco en el helicóptero que lo sacó de la corte. Como me dijo un amigo: “Una sentencia de muerte pone enfermo a cualquiera”.


Amnistía Internacional, Human Right’s Watch e innumerables diplomáticos hablaron sobre ejecuciones extrajudiciales y asesinatos cometidos por policías en el sur de Egipto, en especial cerca de Asyut. Denunciaron la corrupción en los pasillos del poder. Algunos en El Cairo dijeron que la corrupción no era el problema, y que lo que en realidad causaba el mayor enojo entre la población era la corrupción a pequeña escala; y la exclusividad que compartían quienes formaban el entorno del presidente.


¡Oh! Esa forma que tenían los diarios –en un país alguna vez famoso por su prensa libre– de poner a Mubarak en la primera plana cada día de cada semana, de cada mes, todos los años. Los periodistas egipcios y sus medios eran de una lealtad comparable a la que gozaba Saddam en Irak. Un escribano, furioso porque cuestioné los resultados de una elección presidencial, me llamó “un cuervo que picotea el cadáver de Egipto”.


Recordemos que Mubarak era un presidente que felizmente permitía a sus periodistas manipular una fotografía de la Casa Blanca para que él apareciera frente al rey Abdullah de Jordania y al lado del juvenil Obama. El mandatario egipcio era un hombre con un peluquero que amorosamente le teñía el cabello a él y a los todos miembros de su gabinete. Un gobernante cuyos discursos fueron impresos ad infinitum en los periódico de El Cairo. Gracias a Dios él no escribió novelas, como Saddam y Kadafi.


Pero recordemos en este feliz día del Jubileo de la corona inglesa cómo amábamos a Mubarak; como lo cortejamos, adulamos, escuchamos sus consejos, sus opiniones sobre el “islamismo” y los temores que tenía sobre la violencia islamita un hombre llamado Imar Suleiman, quien, creo recordar, quería ser presidente hasta que el Parlamento lo descartó.


Qué convencidos estábamos de que Mubarak era un “pacificador”. Ahora los egipcios esperan que Ahmed Shafiq, viejo premier de Mubarak, sea el próximo presidente, o quizá Mohammed Mursi, de los Hermanos Musulmanes.


Mis amigos egipcios dicen que, después de lo de hoy, Shafiq está fuera. Ya veremos. Y si gana Mursi, ¿no será él igual de generoso con el ejército que Shafiq?


¿Seré cínico? Las revoluciones no siempre tienen final feliz. Piensen en 1789. Piensen en 1917. Piensen en Egipto, en 1952. Hace 17 meses escribí que la revolución egipcia contra Mubarak era la noticia más feliz que había reportado. Esto sigue siendo cierto. Millones de árabes derrocaron a un dictador. Pero me temo que si bien el dictador se ha ido, la dictadura sobrevivió. El ejército gobierna hoy Egipto. A nosotros, en Occidente, nos gustan los ejércitos. A Washington le gustan los ejércitos.


Nadie sugerirá que el futuro de Mubarak es demasiado duro. La televisión egipcia anunció que será trasladado al hospital de la prisión de Tora, la misma en que sus torturadores solían cumplir sus deberes y donde se encuentran recluidos muchos de sus antiguos servidores. Será visitado por sus hijos. Pero Gamal y Alaa todavía están detenidos y en espera de que se les presenten cargos por manipulación de acciones en el mercado de valores.


Esto importará muy poco a los verdaderos revolucionarios de la plaza Tahrir. Querían un país limpio, una sociedad limpia; no una competencia entre un hermano musulmán y un ex sátrapa de Mubarak. Túnez parece un buen precedente: el corrupto dictador huyó a Arabia Saudita. Supongo que otro dictador viejo y corrupto morirá en El Cairo. Pero en Libia la revolución no fue exactamente pacífica; ni en Yemen, ni en Siria...


The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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Domingo, 03 Junio 2012 06:31

Brasil y el largo camino hacia la Verdad

 Brasil y el largo camino hacia la Verdad
Por estos días empezó a trabajar, en Brasil, la Comisión de la Verdad, nombrada por la presidenta Dilma Rousseff en una ceremonia cercada de formalismos y solemnidad. Para empezar, ella invitó al acto a los cuatro ex presidentes de la redemocratización del país, para dejar claro que su intención ha sido la de instaurar una política de Estado, y no apenas de gobierno. Estaban José Sarney –actual presidente del Senado y quien, a lo largo de la dictadura militar que sofocó a mi país entre 1964 y 1985 integró el partido de respaldo político al régimen–, Fernando Collor de Mello, catapultado del poder en 1992 luego de un juicio por corrupción en el Congreso.


Pero estaban también Fernando Henrique Cardoso, que en 1995 pidió perdón, en nombre del Estado, a los torturados, exiliados, presos, asesinados y desaparecidos por la dictadura, además de haber determinado el pago de indemnizaciones a las víctimas y a los familiares, y Lula da Silva, del PT, el primer partido declaradamente de izquierdas a llegar al poder. La Comisión tendrá dos cortos años para investigar un sinfín de crímenes cometidos por agentes públicos durante la larga noche del terrorismo de Estado implantado luego del golpe cívico-militar de 1964. No habrá punición a los culpables. La Suprema Corte brasileña ratificó, en 2010, la validad de una esdrújula Ley de Amnistía decretada en 1979, y que dispuso –en plena dictadura– la autoamnistía a militares y agentes policiales.


Si comparado a lo ocurrido en Chile, Uruguay y, principalmente, Argentina, queda claro que el proceso brasileño viene siendo mucho más lento, débil y frustrante, principalmente para los que creen que mientras haya impunidad no habrá justicia, y que, sin justicia, no habrá plena democracia.


De todas formas, también es justo recordar que aquí mismo, en Argentina, hubo vueltas y pausas, hasta que el país pudiese asumir, en 2003, la vanguardia en ese proceso de rescate y recuperación de su pasado.


Además, y pese a toda la demora y al poco espacio que se vislumbra para la plena aplicación de la Justicia, el proceso brasileño sirvió para empezar a agitar, aunque todavía de manera muy puntual, áreas de silencio y de sombra en la sociedad.


Le costó a Dilma, en primer lugar, aguantar la insolente prepotencia de la insubordinación de los militares retirados. Ese movimiento amainó, pero está lejos de terminar. Ahora mismo, un general retirado, Leonidas Pires Gonçalves, que ocupó el Ministerio del Ejército en el primer gobierno civil luego de la dictadura –la presidencia de Sarney– dijo, al criticar duramente la Comisión de la Verdad, que si se da el caso, las fuerzas armadas podrán reasumir sus responsabilidades.


No hay, que se sepa, ningún diagnóstico clínico atestando que el veterano militar sufre, a sus 91 años, de los males de la demencia senil. Por lo tanto, hay que creer que está lúcido al hacer semejante amenaza.


Habrá, por supuesto, más amenazas de ese calibre. Los militares retirados, al amparo sorprendente del silencio omiso de los en actividad, no pierden oportunidad para manifestar su plena insatisfacción frente a lo que califican de “revanchismo”.


Una de las reacciones, que por cierto cuenta con amplio respaldo de sectores reaccionarios que hasta ahora vivían más bien en silencio –el silencio cómodo y seguramente interesado de la complicidad con la impunidad–, es el anuncio, por parte de integrantes del Club Naval, de la instalación de una comisión de la verdad paralela. O sea, militares retirados harán su propia investigación sobre lo que dicen ser los crímenes practicados por los subversivos, que es como todavía clasifican a los que se levantaron contra la dictadura.


Lo realmente curioso es lo que ocurre al otro lado, es decir, entre los que defienden no sólo la labor de la Comisión de la Verdad, como la necesidad de buscar medios y espacios que se haga justicia.


En los más diversos puntos del mapa brasileño, el Ministerio Público, a través principalmente de fiscales jóvenes, que en su inmensa mayoría siquiera habían nacido durante los años más negros del terrorismo de Estado, piden apertura de juicios contra notorios asesinos y torturadores, ignorando la Ley de Amnistía. Hasta ahora, todas esas iniciativas fueron derrotadas por los tribunales, que argumentan que, con la validad de esa ley anacrónica está asegurada la impunidad de los denunciados.


La secuencia de causas abiertas por las diferentes delegaciones regionales del Ministerio Público, en todo caso, insinúan que el proceso no cesará.


Otro fenómeno jamás experimentado antes –y que los argentinos conocen bien– es el del “escrache”, como se dice aquí, o el “esculacho”, como se dice en Brasil.


En los últimos dos meses, se repiten movilizaciones de jóvenes –siempre los jóvenes que no han padecido la dictadura, lo que quita a sus acusadores el argumento de “revanchismo”– frente a domicilios de torturadores, violadores, secuestradores y asesinos. Distribuyen folletos y fotos, advirtiendo a atónitos vecinos que en su mismo edificio vive un tipo que fue criminal y que se ampara en la impunidad asegurada por una legislación vergonzosa.


Algo es algo. Todavía es una movilización limitada, casi quijotesca, casi sin espacio en los medios de comunicación. Exactamente como empezaron, hace unos treinta y pocos años, las movilizaciones pidiendo el fin de la dictadura, el regreso de los exiliados y la recuperación de la democracia.

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