Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. “Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.

Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temico y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso “un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet”.

Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, “es olvidadiza y con lagunas”. Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban “un milagro”, pero agregó que “será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia”.

Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.

Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.

Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: “No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”. El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.

Por Eduardo Febbro
Desde París
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Viernes, 10 Diciembre 2010 06:55

Derecho a la verdad y a la justicia

Recientemente se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana. Conocido como el “Caso Gelman”, trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares. Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado “Plan Cóndor” y que se caracterizó por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros.

La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente, la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la Ley de Caducidad.

El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.

Los límites de la soberanía popular

Pero este caso puede, además, enriquecer aún más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el Estado uruguayo argumentó, entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de Derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “No hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.

El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la Justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.

A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.

Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.

La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.

Por Santiago A. Canton
, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Miércoles, 03 Noviembre 2010 07:15

Paraguay: pasado que pesa (II)

Cuando en 2008 el político y ex sacerdote Fernando Lugo ganó la presidencia de Paraguay, sólo cabía desearle suerte, coraje y la probada fe que puso a prueba como militante ejemplar de los movimientos sociales. "La fe mueve montañas", intitulamos un artículo de entonces.

Dos años después, a los paraguayos sólo les resta la fe. Honrado y honesto, bueno y digno, Lugo se ha mostrado totalmente inepto para controlar las riendas de un país cautivo del analfabetismo político y funcional de sus oligarquías, y enfermo de pobreza estructural, entreguismo y corrupción endémicas.

Fernando Lugo preside, pero sus discursos antimperialistas y progresistas sólo son creíbles en sus visitas al exterior. Puertas adentro, el Parlamento, las mafias del narcotráfico, la CIA y Washington gobiernan este país "rodeado de tierra", como lo llamaba el escritor Augusto Roa Bastos.

Mediterraneidad de un Estado que, paradójicamente, posee agua dulce y represas para saciar la sed y los requerimientos energéticos del continente. Potencias de la naturaleza que, por lo demás, poco y nada representan para sus pueblos, carenciados de agua, luz eléctrica, salud, educación, medios masivos de comunicación, y de instituciones decorosas y aceptables.

La fuerte dinámica política y fuerza gravitacional de Brasil y Argentina en el Mercosur y la Unasur, así como el proceso de la revolución boliviana, echan, sin embargo, un manto de niebla informativa sobre la frágil democracia paraguaya. Con mirada geopolíticamente ligera, podría pensarse que la democracia paraguaya estaría "custodiada" por la firme vocación de soberanía económica e independencia política de los vecinos. No es así.

Con celeridad creciente y a causa, precisamente, de las tendencias emancipadoras en la subregión, Estados Unidos ha venido reforzando las tuercas en los asuntos militares y de seguridad de Paraguay.

La crónica mentalidad autoritaria, antidemocrática, proimperialista y explícitamente fascista que caracteriza a las clases dominantes paraguayas, facilitan los anhelos del Pentágono para que el país se ajuste, funcionalmente, a planes guerreristas similares a los de Colombia frente a Venezuela y Ecuador.

De hecho, en Paraguay ya funcionan dos bases militares de Estados Unidos: la Mariscal Estigarribia (que puede albergar 16 mil efectivos de tropa), se encuentra a 200 kilómetros de Bolivia y Argentina, a 320 kilómetros de Brasil, y cerca de la llamada "triple frontera" (Ciudad del Este, donde confluyen Brasil, Paraguay y Argentina, y faltaba más, Washington asegura que circulan "grupos islámicos radicales" de Hezbollah y Al Qaeda).

En septiembre de 2008, a poco de asumir la presidencia, el presidente Lugo viajó a Colombia acompañado del ministro del Interior, Rafael Filizzolla, y se entrevistaron con Álvaro Uribe. Punto de la agenda: "avanzar en el asesoramiento por parte de militares colombianos en la lucha contra los secuestros" (sic).

Luego, Filizzolla siguió viaje con rumbo a Taiwán, entidad de fuerte ascendiente económico y político entre las mafias paraguayas. El monumento más alto de Ciudad del Este (paraíso del contrabando de coches, artefactos electrónicos, armas y drogas), fue erigido en memoria del líder anticomunista Chang Kai Shek.

En agosto de 2009, cuando los países de la Unasur se opusieron a la instalación de bases militares en Colombia, Uribe se apareció por Asunción buscando legitimar su posición. Y en enero pasado, el canciller de Uribe, Jaime Bermúdez, se entrevistó con Lugo en Asunción. Ambos acordaron un programa de asesoramiento del gobierno de Bogotá a la Policía Nacional de Paraguay, a más de la compra de fusiles colombianos de origen israelí, y municiones por un monto mayor a 500 mil dólares.

El trabajo conjunto quedó a cargo del coronel Jorge Jerez Cuéllar, especialista colombiano en seguridad interior. Egresado en 1983 de la Escuela de las Américas, Jérez Cuéllar reside en Asunción desde 2001.

En julio pasado, presionado por la derecha parlamentaria y el eventual inicio de un juicio político por su gestión, el presidente Lugo destituyó al ministro de Defensa, general Luis Bareiro Spaini, por presunto "mal desempeño de funciones".

Los entretelones resultan reveladores. Entre otros calificativos, Bareiro Spaini se había dirigido por escrito a la embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, a quien trató de "diplomática primeriza".

El ministro le censuró a doña Liliana no haber intervenido en una fuerte discusión entre generales estadunidenses, políticos opositores y el vicepresidente Federico Franco, que en la sede de la legación diplomática imperial plantearon el juicio político urgente al presidente por su "mala gestión".

Por José Steinsleger /II y último
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Martes, 02 Noviembre 2010 06:18

Una de cal, otra de arena

La Corte Suprema de Uruguay por segunda vez declaró inconstitucional la Ley de Caducidad. La medida del máximo tribunal alcanza solamente a una causa en la que se le imputan veinte asesinatos al ex dictador Juan María Bordaberry. La ley que deja sin efecto la norma que otorga impunidad a los represores de la última dictadura uruguaya ya tiene la media sanción en la Cámara de Diputados. Pero peligra su aprobación en el Senado porque tres parlamentarios oficialistas se niegan a apoyarla.

Los integrantes de la Corte Suprema uruguaya decidieron ayer que eran inconstitucionales tres artículos de la ley aprobada en 1986. Según publicó el diario uruguayo El País, la declaración de los supremos habilita a que los jueces investiguen veinte homicidios cometidos durante el mandato de Bordaberry. El ex presidente uruguayo fue procesado con prisión el 10 de diciembre de 2006. Pero poco después, el 23 de enero de 2007, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Es la segunda vez que el máximo tribunal uruguayo declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Seis días antes del frustrado plebiscito del 15 de octubre de 2009, en que se trataba de anular la amnistía, la Corte dictó un fallo similar en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de literatura y militante comunista que fue asesinada en 1974 por la dictadura uruguaya.

El oficialista Frente Amplio (FA) presentó semanas atrás un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que busca dejar sin efecto las cláusulas que ponen trabas al juzgamiento de los represores. La intención del gobierno y de sus aliados era evitar una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el próximo 15 de noviembre trate la denuncia de Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García Iruretagoyena. El 20 de octubre pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa del Ejecutivo uruguayo. Pero ahora debe pasar por el Senado, donde el trámite promete ser más difícil.

Entre sus detractores está el senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex militante tupamaro que compartió doce años de cárceles en las peores condiciones junto con el actual presidente José “Pepe” Mujica. Fernández Huidobro afirmó que el proyecto está “muerto”, porque es inconstitucional anular algunos artículos de la ley que les garantiza impunidad a quienes cometieron delitos aberrantes durante el régimen militar. “Estos apresuramientos y ponchazos no han permitido un adecuado debate”, se quejó Huidobro por la premura del Ejecutivo uruguayo para evitar una condena internacional. El ex tupamaro agregó: “Esta ley es mala porque no conduce a lo que se propone”.

Las críticas de Huidobro se sumaron a las de otros dos frenteamplistas en el Senado: el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia. El proyecto del Frente Amplio recogerá los votos en contra de estos tres legisladores oficialistas y de los parlamentarios blancos y los colorados, lo que impedirá que la ley quede aprobada antes de que la Corte Interamericana trate la denuncia del poeta Juan Gelman y de su nieta. “No se trata sólo de no tener los votos ahora, sino que, si los tuviera, tampoco se podría mantener. Hay que ser realistas. Es una propuesta que contiene tantas inconstitucionalidades juntas que, si lograra los votos para su aprobación, la Suprema Corte de Justicia la declararía inconstitucional de inmediato”, disparó Fernández Huidobro.

Los organismos de derechos humanos se mostraron alarmados por el panorama. “Para nosotros, la Ley de Caducidad fue siempre nula e inmoral. La opinión de los senadores del FA es algo que tienen que resolver ellos. La resolución política es su problema”, dijo a Página/12 Gimena Gómez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. La referente de ese organismo añadió: “Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo. Existe una voluntad política de avanzar en la búsqueda, pero ésta no se ha concretado demasiado en los hechos”.

La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay Crysol también llama a anular la Ley de Caducidad, a la que denominan la “vergüenza nacional”. Consultado acerca de la posibilidad de que los tres senadores oficialistas no apoyen la iniciativa del canciller Luis Almagro, el integrante de esa agrupación Julio Martínez afirmó: “Si se diera de esa manera, tendrán que responder ante su propia conciencia, ya que resultaron elegidos por una organización que llevaba en su plataforma electoral la anulación de la Ley de Caducidad”. Martínez reclamó: “Para nosotros, es de orden moral y ético que se juzgue a los que cometieron los delitos más aberrantes. Se tiene que anular la Ley de Caducidad por los compromisos internacionales asumidos y por nuestra dignidad como pueblo”.

Informe: Luciana Bertoia.
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Miércoles, 27 Octubre 2010 06:30

Paraguay: pasado que pesa

Mientras estuvo cuerdo, Federico Nietzsche hizo caso omiso de las propuestas de su hermana Elizabeth, quien con insistencia le proponía radicarse en Paraguay, donde su esposo, el racista Bernard Forster proyectaba establecer una colonia germana sin judíos en plena selva chaqueña.

Nietzsche repudió el proyecto del cuñado. El ideal del superhombre no daba para tanto. Sin embargo, la despechada Elizabeth empezó a cultivar su fama de antisemita. En 1932, cuando Hitler la visitó en su casa de Essen, le regaló el bastón del filósofo.

En el otoño de 1885, tras una breve visita a Paraguay, Forster había publicado un libelo en el que explicaba las ventajas del país sudamericano. El presidente Bernardino Caballero quedó encantado, y le cedió grandes extensiones de tierras a cambio de inversión de capitales alemanes.

El momento era propicio. El genocidio del pueblo paraguayo, financiado por el Banco de Londres y ejecutado por Argentina, Brasil y Uruguay (Guerra de la Triple Alianza, 1864-70) había dejado en ruinas a la nación más progresista y pujante de América del Sur. Así nació la colonia Nueva Germania, delirio que no prosperó, ya que Forster resultó un vulgar estafador de los ilusionados emigrantes que soñaban con emigrar a Paraguay.

Tres décadas más tarde, en 1927, menonitas holandeses, alemanes y rusos ganados por el hitlerismo, fundaron en Paraguay el primer partido nazi fuera de Alemania. Y en la guerra con Bolivia (1932-35), el general Stephen Vysokolan, ex teniente del zar Alejandro II, tuvo entre sus discípulos de la Academia Militar a un descendiente de bávaros con futuro: Alfredo Stroessner.

Las simpatías pro nazis de la oligarquía paraguaya tampoco pasarían desapercibidas para el tenebroso doctor Joseph Mengele (el Ángel de la muerte de Auschwitz), quien después de la guerra se refugió en un pueblito cercano de Asunción.

En 1954, cuando Stroessner llegó al poder, el antropólogo de fama mundial Jacques Soustelle entabló amistad con el futuro dictador del país sudamericano. Miembro de la Academia francesa, fascista declarado, gobernador de Argelia (1955) y cerebro del grupo que en 1962 trató de asesinar al presidente de Francia, Charles de Gaulle.

Soustelle recurrió a Stroessner con el fin de solicitar refugio para el encargado de apretar el gatillo: el aristócrata George Watin, a quien el público amplio recuerda como el rengo que aparece en la novela El día del Chacal, de Frederick Forsyth.

Hasta 1989, año de la caída de Stroessner, Paraguay fue el paraíso de delincuentes y terroristas de la extrema derecha internacional, estación principal de la CIA en el Cono Sur, y de los capos de la French Connection, especializada en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Algunos investigadores estadunidenses creen que Lucien Sarti, pistolero de la mafia corsa y supuesto magnicida del presidente John Kennedy (1963), encontró asilo a la sombra de Stroessner. Así como también Michael Townley, asesino de Orlando Letelier, ex canciller del presidente Salvador Allende (1976).

Para no ser menos, la llamada Internacional Negra del fascismo europeo mantuvo sólidas relaciones con la dictadura paraguaya. Por ejemplo, el terrorista italiano Elio Massagrande, tesorero de un proyecto de colonización (aunque ahora de origen islámico), le abrió las puertas a su compinche Stefano delle Chiae, autor del bombazo que en 1980 causó la muerte de 85 personas y dejó heridas a más de 200 en la estación ferroviaria de Bolonia.

Alias Pimpinella Negra, Delle Chiae se asoció con Stroessner en el tráfico de armas israelíes, en operaciones comerciales tan distantes como Guatemala o Irán. Igualmente, formó parte del escuadrón de la muerte organizado en Europa por la policía secreta de Pinochet, que entre otros crímenes llevaron al fallido atentado contra Bernardo Leighton, secretario general de la Democracia Cristiana chilena (Roma, 1975).

Al empezar el decenio de 1970, Paraguay empezó a recibir inmigrantes de Taiwán que en pocos años se convirtieron en contrabandistas expertos, falsificadores de relojes japoneses y narcotraficantes asociados a los militares y grupos económicos del país. Y en 1979, el sátrapa de Nicaragua, Anastasio Somoza, creyó encontrar refugio seguro en Asunción. Hasta que en 1980, en la avenida del generalísimo Francisco Franco, un comando guerrillero lo envió al otro mundo.

La sólida alianza anticomunista de Stroessner con el dictador Chiang Kai-Shek le representó negociazos excelentes a la casta militar y policial que gobernaba Paraguay. El general Andrés Rodríguez, entre ellos.

En febrero de 1989, Rodríguez destituyó a Stroessner con el respaldo del embajador yanqui, Arhur Davis, quien luego sería trasladado a Panamá para desestabilizar el gobierno del general Manuel Noriega.

Por José Steinsleger /I
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El rescate de los 33 mineros chilenos se ha convertido en un espectáculo. Estamos presenciando el mejor ejemplo de periodismo infame. Nadie faltó a la cita. Las agencias de prensa, los medios televisivos, los corresponsales extranjeros, reporteros, enviados especiales y desde luego las trasnacionales, ellas han financiado, en parte,con sus anuncios publicitarios, la fauna sedienta de sensacionalismo. En esta aventura, no había que escatimar gastos. Millones de dólares se han invertido en cubrir la operación. La forma en que fue construida la noticia supone un antes y un después en la teoría comunicativa.Las lecciones no pueden pasar desapercibidas para quienes tienen un poco de pudor. Una tragedia, un drama humano, acaba siendo una excusa para ganar dinero y mantener atentos a radioescuchas y telespectadores. Así, se diluyen las causas y los responsables de tal desaguisado.De la noche a la mañana se construye una historia de héroes.Una irresponsabilidad en las medidas de seguridad de una mina propiedad de una empresa privada, muta en un acontecimiento con ribetes de epopeya. Los informantes soslayan esta particularidad y se dan a la innoble tarea de relatar una ficción. Mientras tanto,nadie entrevista a los dueños, para preguntarles como eran las condiciones de trabajo y por qué sucedió el derrumbamiento. Menos aún se hace alusión a las demandas sindicales ni se da la voz a sus compañeros y dirigentes sindicales, hacerlo supondría poner al descubierto la cruda realidad. Mineros cobrando sueldos de miseria, sin seguros médicos, trabajando en condiciones infrahumanas y sometidos a todo tipo de vejámenes legales. Contratos basuras, horarios interminables y chantaje de despido si denuncian a la empresa. Eso no es noticia, es desestabilización informativa. No aporta nada. Por ende, hay que desviar la atención. Lo fundamental es falsear los hechos y reconstruirlos bajo una nueva perspectiva: emerge un melodrama. Primero las muestras de solidaridad. Políticos de todo el mundo, artistas, intelectuales, deportistas, en definitiva, los llamados famosos o personajes públicos se hacen presentes, son la guinda del pastel. Todos los días se incorpora uno nuevo a la lista. Así se mantiene viva la unidad mundial contra la desgracia. Una nueva muestra de humanidad humana. Canciones, raps, poemas, todo vale. Inclusive, en el propio campamento se han instalado distintas iglesias, la católica, protestante, los testigos de Jehová y un sin fin de sectas, ofreciendo sus servicios de vigilia y rogando a Dios para que les proteja. Pero eso es una parte ínfima del montaje. Para los clubes deportivos, las empresas hoteleras, las agencias de turismo, las marcas de electrodomésticos, aparatos electrónicos, etcétera, es una ocasión de oro para promover sus marcas. Los responsables publicitarios han comprendido el tirón que supone tener una audiencia cautiva, millones de personas siguen las labores del rescate. Por consiguiente,un poco de publicidad gratuita no viene mal. Para llamar la atención mutan sus intereses en acciones altruistas. Regalan camisetas de futbol, ofrecen vacaciones pagadas a las islas griegas o les prometen cocinas, neveras, etcétera.
 
La noticia ya no está en el interior sino fuera de la mina. Tanta magnanimidad digna de elogio le hace pensar a uno que han ganado un concurso o les ha tocado la lotería. Incluso, siendo mal pensado, siento envidia y creo, por un momento, que los mineros han provocado el derrumbamiento para entrar en el libro Guiness de los récords y beneficiarse de los buenos samaritanos. Y por último no faltan las ofertas para contar su experiencia. Revistas del corazón, prensa, televisión se disputan a los mineros. Ellos pagarán para que les den exclusivas. Pero tampoco les darán sumas millonarias, al fin de cuentas son mineros, ignorantes y pobres. Por eso deben estar agradecidos a los medios de comunicación, no tendrán que seguir picando en la mina. Tendrán suficiente para vivir sin apuros, es cuestión que se administren. También los bancos pueden utilizar sus caras para hacer anuncios. En realidad ellos son una mina de oro para tanto desaprensivo. Seguramente, estoy aguando la fiesta a quienes de manera sincera han caído en la trama urdida y se conforman con el relato oficial y hegemónico.
 
Salvados los mineros, la operación se considera un éxito. Las cámaras abandonan el lugar, se desmantelan las unidades especiales ya no hay nada que contar. Las aguas vuelven a su cauce. Ahora es el momento de las plusvalías políticas. Los réditos comienzan a cotizar en bolsa. Piñera, un golpista, empresario trasgresor de las leyes sindicales y los derechos de los trabajadores, emerge como un redentor de los mineros, responsable, una persona campechana y cercana. No los abandonó en la desdicha.La mentira está servida. Ahora es cosa de mantenerla en el tiempo y para ello contará con el apoyo de aquellos que se dejan llevar por el final feliz del rescate. La imagen del presidente y de su gobierno y gabinete, mutan definitivamente. Son depositarios de la unidad de los chilenos, mientras otro Chile se ignora. En el norte todo es alegría, en el sur, el gobierno y las fuerzas armadas reprimen a los mapuches, se les aplica la ley antiterrorista y se olvida que una veintena de sus dirigentes llevan más de dos meses en huelga de hambre. Tiempo superior al que los mineros pasaron bajo tierra. Pero eso no es noticia, a Sebastián Piñera lo han convertido en un estadista. Los dueños de las minas no hay sido inculpados por ningún delito. El mundo al revés. Tras el rescate no hay de que alegrarse, era la obligación sacar a los mineros con vida.

Por Marcos Roitman Rosenmann
 
 
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Viernes, 15 Octubre 2010 08:31

Piden enjuiciar a un general uruguayo

Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.

Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma “en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles”.

Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de “coautores” del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.

La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. “La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones.”

El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del “S2” (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. “Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima.” “Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho” (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).

Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso”. Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque “lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema”.

Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones. Resta esperar.

Por Mercedes López San Miguel
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Viernes, 10 Septiembre 2010 06:42

La imposible domesticación del pueblo mapuche

La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.

Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilena podría resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches.

Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de septiembre de 2010).

Es la justicia del colonizador, como señala el politólogo mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos, sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).

La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a romper el cerco.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda escisión de carácter colonial: Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

Por Raúl Zibechi
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Domingo, 08 Agosto 2010 07:16

Argentina pone nombre a los desaparecidos

"Susana Martínez Wasermann, en este día en el que se cumplen 32 años de tu desaparición, tu hijo no te olvida". "Jorge Víctor Sznaider, desaparecido con 19 años, tus padres te recuerdan". Algunos diarios argentinos siguen publicando, día a día, desgarradoras esquelas que no comunican la muerte de alguien sino el cruel vacío de su ausencia.

Cerca de 9.500 casos de desapariciones siguen todavía abiertos en el Instituto Argentino de Antropología Forense (EAAF), sin que haya sido posible encontrar los cadáveres o los restos de esas personas, secuestradas, asesinadas y hechas desaparecer durante la dictadura cívico-militar que padeció Argentina entre 1976 y 1983. En los últimos años fueron exhumados cerca de 1.000 cuerpos pero solo 350 han podido ser identificados: a veces los familiares más próximos de los desaparecidos se exiliaron o han muerto o, simplemente, no han sido conscientes de la importancia de donar muestras de sangre que puedan ser almacenadas en el EAFF; a veces, se trata de restos óseos muy deteriorados, cuyo perfil genético no encuentra equivalencia en los archivos de ADN que se han ido formando, pero que todavía son insuficientes.

En el EAAF nadie desiste ni abandona la tarea. Cada nueva detención de un torturador, de un policía o un militar implicado en aquellos hechos puede facilitar una nueva pista, ayudar a encontrar una nueva tumba "NN" (no identificados) en las que exhumar restos que puedan ser trabajosamente atribuidos a nombres concretos y calmar la angustia de esos padres o hijos que siguen publicando, tercamente, sus falsas esquelas. Cada nueva donación de sangre o de ADN de alguien que sabe que en su familia hubo un desaparecido, incrementa la posibilidad de colocar una tarjeta y una fotografía a las 650 bolsas que todavía siguen cuidadosamente archivadas.

El último caso de identificación positiva ha sido conocido este mismo mes. En Melincué, una pequeña localidad al sur de Santa Fe, un grupo de estudiantes, animados por la maestra, realizó un trabajo de investigación sobre una tumba "NN" en el cementerio local. Poco a poco hallaron testimonios de algunas personas que recordaban lo ocurrido: el 26 de septiembre de 1976, un peón encontró, a la vera de un camino rural, los cuerpos acribillados a balazos de dos jóvenes, chico y chica, sin ningún tipo de identificación personal. Nuevas investigaciones llevaron a recuperar el expediente judicial del caso, celosamente protegido a través de los años por un empleado judicial concienzudo y en el que constaba que las huellas digitales habían sido quemadas.

Finalmente, y en el marco de un programa denominado Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos, el equipo argentino de Antropología Forense logró aclarar el misterio: se trataba de un joven francés llamado Yves Domergue, secuestrado en Rosario cuando contaba 22 años, y de Cristina Cialcerta Marull, de 20, nacida en México pero hija de un antiguo edecán de Perón. El único hermano de Yves que sigue viviendo en Argentina, Eric, de 54 años, declaró a Página 12: "Después de 34 años de desgracia, sentimos alivio". Su padre fue el fundador de la Comisión de Familiares de Franceses Desaparecidos en Argentina y Uruguay, 18 jóvenes de los que nunca se volvió a saber nada.

El EAAF realiza aun trabajos de exhumación de cuerpos no identificados encontrados en el conurbano que rodea Buenos Aires, en Santa Fe, Mendoza y Tucumán, áreas precisamente en las que existió una feroz represión militar. Entre los restos que se analizan figuran los descubiertos en 1984 en el cementerio de Rafael Calzada, una localidad próxima a la capital federal. Según explica el periodista Adrián Pérez, el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo) recibió hace dos años 600 muestras de esqueletos que fueron remitidos a un laboratorio extremadamente especializado de Virginia (Estados Unidos) donde son contrastados con más de 6.000 muestras de sangre de familiares de desaparecidos. Hasta ahora han sido identificadas 120 personas. Según el director del EAAF, Luis Fondebrider, próximamente se inaugurará un edificio donde se aguardará en condiciones seguras las muestras de sangre donadas, cada día más numerosas. El nuevo laboratorio estará situado en el antiguo complejo de la ESMA (la sanguinaria Escuela de Mecánica de la Armada, donde se torturó a miles de personas) reconvertido en su día por orden del Gobierno Kirchner en Centro Documental de la Memoria.

Por SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ | Buenos Aires 08/08/2010
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El dictador uruguayo Gregorio “Goyo” Alvarez y el ex canciller Juan Carlos Blanco declararon ayer por un caso paradigmático del Plan Cóndor. Se trata del secuestro de dos menores que aparecieron en Chile, tras la desaparición en Argentina de sus padres, de nacionalidad uruguaya.

Alvarez, gobernante de facto entre 1981 y 1985, y el ex ministro de Exteriores llegaron en móviles policiales a prestar declaración indagatoria por el secuestro de Victoria y Anatole Julien, hijos de dos uruguayos desaparecidos. “Ni sé por qué estoy citado acá. Aclaro que yo no tengo ninguna participación en ninguna actividad represiva, ni en decisiones ni en planificación”, se atajó Blanco frente a la prensa.

La causa fue iniciada en abril de 2008 por Victoria Julien. Después de que la primera jueza “extraviara” la denuncia, el expediente cambió de juzgado y empezó a avanzar. Sin embargo, la causa aún está en una etapa presumarial, es decir, los represores sólo están siendo indagados y aún no hay ningún procesado por la sustracción de los hijos del matrimonio Grisonas-Julien.

La querella presentó un documento de junio de 1976, que daba cuenta de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay. Pero el ex canciller Blanco negó que se tratara de instrucciones para secuestrar y desaparecer en ambas orillas del Río de La Plata. Blanco dijo que ese télex sólo hacía mención a los mecanismos convencionales para una extradición. Enseguida, aprovechó el por entonces titular de la Cancillería para escudarse en su condición de civil y declararse ajeno a los crímenes de la dictadura uruguaya.

Alvarez también hizo gala del cinismo habitual. Dijo ante los abogados y funcionarios judiciales que se había enterado de la existencia de desaparecidos por la prensa. Pero, como novedad, se quejó porque el Ejército estaba “compartimentado”, aunque no explicó qué quiso decir con esa expresión. Además, el dictador aprovechó para cargar contra José Gavazzo, dejando al descubierto en los tribunales las internas militares, que generalmente son preservadas por los represores en medio de su pacto de silencio. Gavazzo coordinaba las acciones represivas con Buenos Aires y con Santiago de Chile.

Si bien no hay imputados aún en la causa, algunos pasos está dando el expediente de la mano del juez Alejandro Guido y de la fiscal Adriana Costa. Pero no hay demasiadas alternativas frente al silencio de los represores y a lo que la fiscal Mirtha Guianze llama las “islas de facto dentro del Estado de derecho”, que siguen manteniendo los archivos de la represión más secretos que nunca. “Hay información a la que el sistema judicial uruguayo no puede acceder”, denuncia a Página/12 el abogado Pablo Chargoñia, patrocinante de Victoria Julien. “Esto se debe a que falta una decisión política del Ministerio de Defensa nacional o a que el poder civil no tiene demasiada fuerza frente a un poder militar que aún sobrevive”. Chargoñia agrega: “También se sufren los ecos de la ley de impunidad, que hace que estén paralizadas otras causas que pueden estar conectadas con ésta”.

Como explicó el abogado, hay otros integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID) que están yendo al juzgado en calidad de indagados. Blanco y Alvarez ya están en prisión por otros casos. El ex canciller fue condenado a fines de abril a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Pero el ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar se encuentra en la cárcel desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos. La última sentencia contra el dictador Alvarez fue dictada en octubre pasado, cuando lo condenaron a 25 años de prisión por el asesinato de 37 opositores en 1977 y 1978.

El secuestro de los hermanos Julien es uno de los casos más aberrantes y paradigmáticos de la Operación Cóndor. El padre de los chicos, Roger Julien, era dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pero fue asesinado en Buenos Aires y su cuerpo nunca apareció. Su esposa, Victoria Grisonas, había intentado escapar con el nene de cuatro años y la nena de un año. No lo logró: fue herida y trasladada con sus hijos al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Anatole recuerda haber pasado por allí. Después, los niños fueron llevados a Montevideo y, según testigos, pasaron un tiempo en el SID, en donde el varón recuerda haber jugado con el represor Gavazzo (El País, marzo 2009). Luego, los subieron a un avión de línea hasta Chile. A fines de noviembre de 1976, Victoria y Anatole fueron encontrados en una plaza de Valparaíso y adoptados por una familia. Victoria, principal impulsora de la causa, recién se enteró de su historia a los nueve años. Todavía resta mucho por saber y mucho más para que la Justicia haga lo que debe hacer.

Informe: Luciana Bertoia.
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