El rescate de los 33 mineros chilenos se ha convertido en un espectáculo. Estamos presenciando el mejor ejemplo de periodismo infame. Nadie faltó a la cita. Las agencias de prensa, los medios televisivos, los corresponsales extranjeros, reporteros, enviados especiales y desde luego las trasnacionales, ellas han financiado, en parte,con sus anuncios publicitarios, la fauna sedienta de sensacionalismo. En esta aventura, no había que escatimar gastos. Millones de dólares se han invertido en cubrir la operación. La forma en que fue construida la noticia supone un antes y un después en la teoría comunicativa.Las lecciones no pueden pasar desapercibidas para quienes tienen un poco de pudor. Una tragedia, un drama humano, acaba siendo una excusa para ganar dinero y mantener atentos a radioescuchas y telespectadores. Así, se diluyen las causas y los responsables de tal desaguisado.De la noche a la mañana se construye una historia de héroes.Una irresponsabilidad en las medidas de seguridad de una mina propiedad de una empresa privada, muta en un acontecimiento con ribetes de epopeya. Los informantes soslayan esta particularidad y se dan a la innoble tarea de relatar una ficción. Mientras tanto,nadie entrevista a los dueños, para preguntarles como eran las condiciones de trabajo y por qué sucedió el derrumbamiento. Menos aún se hace alusión a las demandas sindicales ni se da la voz a sus compañeros y dirigentes sindicales, hacerlo supondría poner al descubierto la cruda realidad. Mineros cobrando sueldos de miseria, sin seguros médicos, trabajando en condiciones infrahumanas y sometidos a todo tipo de vejámenes legales. Contratos basuras, horarios interminables y chantaje de despido si denuncian a la empresa. Eso no es noticia, es desestabilización informativa. No aporta nada. Por ende, hay que desviar la atención. Lo fundamental es falsear los hechos y reconstruirlos bajo una nueva perspectiva: emerge un melodrama. Primero las muestras de solidaridad. Políticos de todo el mundo, artistas, intelectuales, deportistas, en definitiva, los llamados famosos o personajes públicos se hacen presentes, son la guinda del pastel. Todos los días se incorpora uno nuevo a la lista. Así se mantiene viva la unidad mundial contra la desgracia. Una nueva muestra de humanidad humana. Canciones, raps, poemas, todo vale. Inclusive, en el propio campamento se han instalado distintas iglesias, la católica, protestante, los testigos de Jehová y un sin fin de sectas, ofreciendo sus servicios de vigilia y rogando a Dios para que les proteja. Pero eso es una parte ínfima del montaje. Para los clubes deportivos, las empresas hoteleras, las agencias de turismo, las marcas de electrodomésticos, aparatos electrónicos, etcétera, es una ocasión de oro para promover sus marcas. Los responsables publicitarios han comprendido el tirón que supone tener una audiencia cautiva, millones de personas siguen las labores del rescate. Por consiguiente,un poco de publicidad gratuita no viene mal. Para llamar la atención mutan sus intereses en acciones altruistas. Regalan camisetas de futbol, ofrecen vacaciones pagadas a las islas griegas o les prometen cocinas, neveras, etcétera.
 
La noticia ya no está en el interior sino fuera de la mina. Tanta magnanimidad digna de elogio le hace pensar a uno que han ganado un concurso o les ha tocado la lotería. Incluso, siendo mal pensado, siento envidia y creo, por un momento, que los mineros han provocado el derrumbamiento para entrar en el libro Guiness de los récords y beneficiarse de los buenos samaritanos. Y por último no faltan las ofertas para contar su experiencia. Revistas del corazón, prensa, televisión se disputan a los mineros. Ellos pagarán para que les den exclusivas. Pero tampoco les darán sumas millonarias, al fin de cuentas son mineros, ignorantes y pobres. Por eso deben estar agradecidos a los medios de comunicación, no tendrán que seguir picando en la mina. Tendrán suficiente para vivir sin apuros, es cuestión que se administren. También los bancos pueden utilizar sus caras para hacer anuncios. En realidad ellos son una mina de oro para tanto desaprensivo. Seguramente, estoy aguando la fiesta a quienes de manera sincera han caído en la trama urdida y se conforman con el relato oficial y hegemónico.
 
Salvados los mineros, la operación se considera un éxito. Las cámaras abandonan el lugar, se desmantelan las unidades especiales ya no hay nada que contar. Las aguas vuelven a su cauce. Ahora es el momento de las plusvalías políticas. Los réditos comienzan a cotizar en bolsa. Piñera, un golpista, empresario trasgresor de las leyes sindicales y los derechos de los trabajadores, emerge como un redentor de los mineros, responsable, una persona campechana y cercana. No los abandonó en la desdicha.La mentira está servida. Ahora es cosa de mantenerla en el tiempo y para ello contará con el apoyo de aquellos que se dejan llevar por el final feliz del rescate. La imagen del presidente y de su gobierno y gabinete, mutan definitivamente. Son depositarios de la unidad de los chilenos, mientras otro Chile se ignora. En el norte todo es alegría, en el sur, el gobierno y las fuerzas armadas reprimen a los mapuches, se les aplica la ley antiterrorista y se olvida que una veintena de sus dirigentes llevan más de dos meses en huelga de hambre. Tiempo superior al que los mineros pasaron bajo tierra. Pero eso no es noticia, a Sebastián Piñera lo han convertido en un estadista. Los dueños de las minas no hay sido inculpados por ningún delito. El mundo al revés. Tras el rescate no hay de que alegrarse, era la obligación sacar a los mineros con vida.

Por Marcos Roitman Rosenmann
 
 
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Viernes, 15 Octubre 2010 08:31

Piden enjuiciar a un general uruguayo

Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.

Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma “en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles”.

Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de “coautores” del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.

La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. “La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones.”

El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del “S2” (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. “Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima.” “Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho” (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).

Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso”. Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque “lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema”.

Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones. Resta esperar.

Por Mercedes López San Miguel
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Viernes, 10 Septiembre 2010 06:42

La imposible domesticación del pueblo mapuche

La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.

Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilena podría resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches.

Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de septiembre de 2010).

Es la justicia del colonizador, como señala el politólogo mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos, sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).

La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a romper el cerco.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda escisión de carácter colonial: Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

Por Raúl Zibechi
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Domingo, 08 Agosto 2010 07:16

Argentina pone nombre a los desaparecidos

"Susana Martínez Wasermann, en este día en el que se cumplen 32 años de tu desaparición, tu hijo no te olvida". "Jorge Víctor Sznaider, desaparecido con 19 años, tus padres te recuerdan". Algunos diarios argentinos siguen publicando, día a día, desgarradoras esquelas que no comunican la muerte de alguien sino el cruel vacío de su ausencia.

Cerca de 9.500 casos de desapariciones siguen todavía abiertos en el Instituto Argentino de Antropología Forense (EAAF), sin que haya sido posible encontrar los cadáveres o los restos de esas personas, secuestradas, asesinadas y hechas desaparecer durante la dictadura cívico-militar que padeció Argentina entre 1976 y 1983. En los últimos años fueron exhumados cerca de 1.000 cuerpos pero solo 350 han podido ser identificados: a veces los familiares más próximos de los desaparecidos se exiliaron o han muerto o, simplemente, no han sido conscientes de la importancia de donar muestras de sangre que puedan ser almacenadas en el EAFF; a veces, se trata de restos óseos muy deteriorados, cuyo perfil genético no encuentra equivalencia en los archivos de ADN que se han ido formando, pero que todavía son insuficientes.

En el EAAF nadie desiste ni abandona la tarea. Cada nueva detención de un torturador, de un policía o un militar implicado en aquellos hechos puede facilitar una nueva pista, ayudar a encontrar una nueva tumba "NN" (no identificados) en las que exhumar restos que puedan ser trabajosamente atribuidos a nombres concretos y calmar la angustia de esos padres o hijos que siguen publicando, tercamente, sus falsas esquelas. Cada nueva donación de sangre o de ADN de alguien que sabe que en su familia hubo un desaparecido, incrementa la posibilidad de colocar una tarjeta y una fotografía a las 650 bolsas que todavía siguen cuidadosamente archivadas.

El último caso de identificación positiva ha sido conocido este mismo mes. En Melincué, una pequeña localidad al sur de Santa Fe, un grupo de estudiantes, animados por la maestra, realizó un trabajo de investigación sobre una tumba "NN" en el cementerio local. Poco a poco hallaron testimonios de algunas personas que recordaban lo ocurrido: el 26 de septiembre de 1976, un peón encontró, a la vera de un camino rural, los cuerpos acribillados a balazos de dos jóvenes, chico y chica, sin ningún tipo de identificación personal. Nuevas investigaciones llevaron a recuperar el expediente judicial del caso, celosamente protegido a través de los años por un empleado judicial concienzudo y en el que constaba que las huellas digitales habían sido quemadas.

Finalmente, y en el marco de un programa denominado Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos, el equipo argentino de Antropología Forense logró aclarar el misterio: se trataba de un joven francés llamado Yves Domergue, secuestrado en Rosario cuando contaba 22 años, y de Cristina Cialcerta Marull, de 20, nacida en México pero hija de un antiguo edecán de Perón. El único hermano de Yves que sigue viviendo en Argentina, Eric, de 54 años, declaró a Página 12: "Después de 34 años de desgracia, sentimos alivio". Su padre fue el fundador de la Comisión de Familiares de Franceses Desaparecidos en Argentina y Uruguay, 18 jóvenes de los que nunca se volvió a saber nada.

El EAAF realiza aun trabajos de exhumación de cuerpos no identificados encontrados en el conurbano que rodea Buenos Aires, en Santa Fe, Mendoza y Tucumán, áreas precisamente en las que existió una feroz represión militar. Entre los restos que se analizan figuran los descubiertos en 1984 en el cementerio de Rafael Calzada, una localidad próxima a la capital federal. Según explica el periodista Adrián Pérez, el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo) recibió hace dos años 600 muestras de esqueletos que fueron remitidos a un laboratorio extremadamente especializado de Virginia (Estados Unidos) donde son contrastados con más de 6.000 muestras de sangre de familiares de desaparecidos. Hasta ahora han sido identificadas 120 personas. Según el director del EAAF, Luis Fondebrider, próximamente se inaugurará un edificio donde se aguardará en condiciones seguras las muestras de sangre donadas, cada día más numerosas. El nuevo laboratorio estará situado en el antiguo complejo de la ESMA (la sanguinaria Escuela de Mecánica de la Armada, donde se torturó a miles de personas) reconvertido en su día por orden del Gobierno Kirchner en Centro Documental de la Memoria.

Por SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ | Buenos Aires 08/08/2010
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El dictador uruguayo Gregorio “Goyo” Alvarez y el ex canciller Juan Carlos Blanco declararon ayer por un caso paradigmático del Plan Cóndor. Se trata del secuestro de dos menores que aparecieron en Chile, tras la desaparición en Argentina de sus padres, de nacionalidad uruguaya.

Alvarez, gobernante de facto entre 1981 y 1985, y el ex ministro de Exteriores llegaron en móviles policiales a prestar declaración indagatoria por el secuestro de Victoria y Anatole Julien, hijos de dos uruguayos desaparecidos. “Ni sé por qué estoy citado acá. Aclaro que yo no tengo ninguna participación en ninguna actividad represiva, ni en decisiones ni en planificación”, se atajó Blanco frente a la prensa.

La causa fue iniciada en abril de 2008 por Victoria Julien. Después de que la primera jueza “extraviara” la denuncia, el expediente cambió de juzgado y empezó a avanzar. Sin embargo, la causa aún está en una etapa presumarial, es decir, los represores sólo están siendo indagados y aún no hay ningún procesado por la sustracción de los hijos del matrimonio Grisonas-Julien.

La querella presentó un documento de junio de 1976, que daba cuenta de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay. Pero el ex canciller Blanco negó que se tratara de instrucciones para secuestrar y desaparecer en ambas orillas del Río de La Plata. Blanco dijo que ese télex sólo hacía mención a los mecanismos convencionales para una extradición. Enseguida, aprovechó el por entonces titular de la Cancillería para escudarse en su condición de civil y declararse ajeno a los crímenes de la dictadura uruguaya.

Alvarez también hizo gala del cinismo habitual. Dijo ante los abogados y funcionarios judiciales que se había enterado de la existencia de desaparecidos por la prensa. Pero, como novedad, se quejó porque el Ejército estaba “compartimentado”, aunque no explicó qué quiso decir con esa expresión. Además, el dictador aprovechó para cargar contra José Gavazzo, dejando al descubierto en los tribunales las internas militares, que generalmente son preservadas por los represores en medio de su pacto de silencio. Gavazzo coordinaba las acciones represivas con Buenos Aires y con Santiago de Chile.

Si bien no hay imputados aún en la causa, algunos pasos está dando el expediente de la mano del juez Alejandro Guido y de la fiscal Adriana Costa. Pero no hay demasiadas alternativas frente al silencio de los represores y a lo que la fiscal Mirtha Guianze llama las “islas de facto dentro del Estado de derecho”, que siguen manteniendo los archivos de la represión más secretos que nunca. “Hay información a la que el sistema judicial uruguayo no puede acceder”, denuncia a Página/12 el abogado Pablo Chargoñia, patrocinante de Victoria Julien. “Esto se debe a que falta una decisión política del Ministerio de Defensa nacional o a que el poder civil no tiene demasiada fuerza frente a un poder militar que aún sobrevive”. Chargoñia agrega: “También se sufren los ecos de la ley de impunidad, que hace que estén paralizadas otras causas que pueden estar conectadas con ésta”.

Como explicó el abogado, hay otros integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID) que están yendo al juzgado en calidad de indagados. Blanco y Alvarez ya están en prisión por otros casos. El ex canciller fue condenado a fines de abril a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Pero el ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar se encuentra en la cárcel desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos. La última sentencia contra el dictador Alvarez fue dictada en octubre pasado, cuando lo condenaron a 25 años de prisión por el asesinato de 37 opositores en 1977 y 1978.

El secuestro de los hermanos Julien es uno de los casos más aberrantes y paradigmáticos de la Operación Cóndor. El padre de los chicos, Roger Julien, era dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pero fue asesinado en Buenos Aires y su cuerpo nunca apareció. Su esposa, Victoria Grisonas, había intentado escapar con el nene de cuatro años y la nena de un año. No lo logró: fue herida y trasladada con sus hijos al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Anatole recuerda haber pasado por allí. Después, los niños fueron llevados a Montevideo y, según testigos, pasaron un tiempo en el SID, en donde el varón recuerda haber jugado con el represor Gavazzo (El País, marzo 2009). Luego, los subieron a un avión de línea hasta Chile. A fines de noviembre de 1976, Victoria y Anatole fueron encontrados en una plaza de Valparaíso y adoptados por una familia. Victoria, principal impulsora de la causa, recién se enteró de su historia a los nueve años. Todavía resta mucho por saber y mucho más para que la Justicia haga lo que debe hacer.

Informe: Luciana Bertoia.
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Los medios argentinos se han transformado en las últimas semanas en verdaderas cajas de resonancia de personajes chilenos ligados a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Primero fue el ex embajador en Buenos Aires, Miguel Otero, que fue sacado de su cargo luego de que en una entrevista a Clarín minimizara las violaciones a los derechos humanos en ese período nefasto en la historia de Chile. Y el pasado domingo fue el turno de José Piñera, nada menos que uno de los hermanos del actual presidente de Chile.

El renombrado economista, creador del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, sostuvo: “Quien desde el poder viola la Constitución de un país es quien le da un golpe al sistema democrático y deviene en tirano” y que “el caso más famoso de la historia fue el de Adolf Hitler en 1933: fue elegido democráticamente y devino en tirano”.

José Piñera fue ministro de Trabajo y de Minería de Pinochet. En la actualidad, es uno de los personajes chilenos más influyentes en Twitter. Justamente, a través de esta red social, Piñera aceptó responder al diario Perfil si consideraba legítimo el golpe de Estado de 1973. Su controvertida opinión reabrió viejas heridas y nuevamente polarizó al país, pues responsabilizó a Allende de la llegada de los militares al poder y se despachó con el polémico ejemplo relacionando al dictador nazi con el presidente socialista chileno.

“Lamentablemente, la Constitución vigente en 1973 en Chile hacía casi imposible remover a un violador de la Constitución y la ley”, añadió el hermano del Presidente. Argumentó además que el líder de la Unidad Popular (UP) había firmado en 1967, junto al Partido Socialista, “una verdadera declaración de guerra a la democracia”, en la que se aseguraba que “la violencia revolucionaria es legítima y es la única vía para tomar el poder”.

Como era de esperar, la respuesta llegó de todos lados y de diferentes colores. “Hay una parte de la opinión pública que es de derecha, y que nunca ha dejado de admirar al régimen militar. Ahora, la opinión de José Piñera de comparar a Allende con Hitler yo no la había escuchado jamás.” Creo que es una falta de respeto a la cultura del pueblo chileno, y a la cultura universal”, sostuvo Francisco Vidal, ex ministro de Michelle Bachelet.

En tanto, el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, dijo que “no cabe ninguna duda de que existe en el gobierno un alma pinochetista que quiere expresarse a toda costa y que observa ciertos obstáculos para hacerse presente”.

Desde el gobierno también hubo críticas a las palabras del hermano del jefe de Estado. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter –que siendo un reconocido hombre de derecha, mantiene en su despacho en La Moneda un cuadro del “compañero” presidente, Salvador Allende– sostuvo que “me parece inconcebible, realmente no puedo aceptar, me parece repudiable y rechazable completamente que alguien compare el gobierno del ex presidente Salvador Allende con lo que fue el régimen criminal de Adolfo Hitler”, dijo temprano ayer a radios locales.

Más tarde, y a través de Twitter, José Piñera le respondió al jefe de Gabinete con evidente molestia y exigió su renuncia, animando un áspero diálogo en la red (buscar en Twitter por jose pinera rhinzpeter).

“Gravísima declaración de Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior y operador político clave de Sebastián Piñera”, escribió el economista y agregó que “Hinzpeter miente de manera brutal e irresponsable. Compromete la fe de la república y arrastra al presidente. Debe disculparse hoy o renunciar”, fue una de sus frases.

A su vez, la senadora socialista Isabel Allende, hija del presidente Allende, aseguró que “las declaraciones de José Piñera son tan grotescas que de verdad no merecen una respuesta ni de cinco minutos. Creo que sería rebajarme intentar contestarle porque, como dije, es demasiado grotesco para ponerme a esa altura”.

En esa línea, destacó y agradeció el apoyo de Hinzpeter. “Es muy importante porque él está hablando como ministro del Interior, y está por lo tanto representando al gobierno de Chile.” Le parece inconcebible que alguien pudiera comparar al ex presidente Salvador Allende con un criminal nazi como todos sabemos que fue Hitler. “Es bastante ingrato que aún existan personajes que realicen ese tipo de declaraciones tan grotescas, y un personaje que como todos sabemos se hizo célebre precisamente por la modificación del sistema previsional, que se ha traducido en que hasta el día de hoy estemos pagando la deuda previsional y sobre todo aquellos empleados públicos que sufrieron una de sus linduras cuando se los obligó a cambiarse de sistema.”

Consultada sobre si espera alguna declaración del presidente Sebastián Piñera, la legisladora puntualizó que “me basta con las palabras del ministro Hinzpeter, que es el jefe de Gabinete del gobierno, y creo que es más que suficiente”.

Por Christian Palma
Desde Santiago
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Desde mediados de 2009 Honduras vive una situación política extremadamente frágil. El golpe de Estado del 28 de junio contra el ex presidente Manuel Zelaya desembocó en elecciones consideradas como “ilegítimas” por un amplio sector de la ciudadanía. El presidente Porfirio Lobo que asumió su mandato el 27 de enero del año en curso no logró frenar la resistencia popular pacífica que estalló como respuesta al golpe, se generalizó en todo el país y continúa activa.

Síntesis radiográfica de la lectura de la realidad que hace Carlos Humberto Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), uno de los principales representantes del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) y ex candidato presidencial “independiente”. Reyes realiza desde la última semana de abril una gira europea que se inició en España. En Suiza está invitado por la organización SOLIFONDS (Fondo de Solidaridad para las Luchas de Liberación Social en el Tercer Mundo) y participará como principal orador internacional en varias actividades del 1 de mayo.

P: La comunidad internacional parece muy dividida con respecto al actual Gobierno hondureño. Una parte no lo reconoce. Otra sí. ¿Cómo lo interpreta el FPRN?

Carlos Reyes: Para nosotros es un gobierno ilegítimo, producto directo del golpe de Estado del año pasado. El presidente actual es una nueva cara del mismo golpe. No obtuvo ni el 30% de los votos y se registró una muy alta abstención. Lo que se pretende aplicar es el guión del Gobierno de los Estados Unidos, quien apostó a la hipótesis que toda la situación se resolvería con las elecciones. Pero éste no es el caso. Especialmente para muchos gobiernos latinoamericanos quienes ven lo que sucedió en Honduras como un nuevo proceso de agresión contra el continente y su institucionalidad democrática. Hay señales preocupantes: la instalación de una nueva base militar estadounidense, la segunda en mi país; las nuevas bases estadounidenses en Colombia; la continuidad de la base en Guantánamo... Signos de una militarización que hace recordar épocas pasadas.

Un golpe con trasfondo geopolítico 

P: Es decir, según la resistencia, ¿la causa del golpe de junio pasado es esencialmente geopolítica?

C.R: Sí. El proyecto estadounidense de rearmar dos gendarmes en la región. Honduras en Centroamérica y Colombia en Sudamérica. Con el precepto claro de que “si no controlan América Latina, es decir su patio trasero, no podrán dominar el mundo”

P: ¿Cómo evalúa el programa del presidente Porfirio Lobo en sus primeros tres meses de nuevo Gobierno?

C.R: No existe un tal “nuevo” Gobierno. Para nosotros es, como lo dije antes, la nueva cara de la misma dictadura. Lo han querido presentar como un Gobierno de unidad nacional, de integración, abierto a una supuesta amnistía y que impulsaría la instalación de una Comisión de Verdad. Pero todo esto es falso. No puede haber unidad ni integración nacional a partir de elecciones adulteradas. Su visión de amnistía es para limpiar a los militares golpistas. ¿Para qué puede servir una Comisión de Verdad si ya ellos mismos se autoamnistiaron? Toda una política descarada. Y esto sin analizar lo que sucede en el plano económico y social. Una vuelta atrás de las conquistas que sindicatos, trabajadores, y otros sectores habían logrado durante el período del Presidente Zelaya.

P: Pero las autoridades hablan de una situación política institucionalizada...

C.R: La principal realidad es la de una resistencia que aumenta su fuerza, fortaleciendo la organización y movilización. Próximo gran desafío: recolectar hasta el 28 de junio próximo 1.150.000 firmas, exigiendo una consulta popular, una asamblea constituyente, reivindicación que constituyó el detonante para justificar el golpe del año pasado. La gente está entusiasmada con esta iniciativa.

La movilización, la resistencia, continúa activa. Organizamos seis grandes manifestaciones en ciudades importantes para el 1 de mayo.

La resistencia consolidada

P: ¿Todo esto indica, según su análisis, una resistencia fortalecida, a pesar de la represión?

R: No hacemos hoy una movilización por día como el año pasado. Pero la resistencia se ha generalizado en todo el país. Realizamos un trabajo serio de organización, concienciación y movilización. Seguimos denunciando el golpe e insistimos en la propuesta de la Constituyente. En caso que no lo logremos, veremos como participamos en un proceso electoral. No como resistencia, sino creando un brazo especial para esa coyuntura.

P: La resistencia hondureña constituyó una sorpresa para más de uno, dentro y fuera del país. ¿Cómo se explica la fuerza de la misma?

R: En realidad no nace el 28 de junio, de un día a otro. Nuestros pueblos vienen resistiendo desde hace más de 500 años. En su historia contemporánea Honduras fue utilizada siempre como base de las operaciones estadounidenses en el continente. Para agredir al gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, en los años cincuenta. Como base operativa del intento de invasión contra Cuba en los sesenta. Desde la base de Palmerola, las administraciones estadounidenses promovieron la guerra contra el sandinismo y contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, en los ochenta.

Sin embargo siempre existió un movimiento popular muy activo, que fue duramente reprimido, con muchos muertos, desaparecidos, etc. Hay una capitalización histórica de esa experiencia. Superamos las fracturas entre lo social y lo político. Y nuestro movimiento popular junta e integra esos dos aspectos. Y eso explica que en pocas horas, inmediatamente después del golpe de Estado de junio pasado, se haya iniciado un proceso magnífico de movilizaciones y de resistencia. 

P: ¿Hay algún sector predominante dentro de la resistencia?

R: No, contamos con una gran diversidad y una conducción horizontal, distribuida en cada región, poblado, barrio. ¿Cuándo se daban las movilizaciones contra el golpe y la policía atacaba, quiénes respondían y los hacían correr a los represores? Las “maras” (grupos juveniles). Un fenómeno muy importante con fuerte participación juvenil. Y también las mujeres. El movimiento sindical y los campesinos; los maestros y la empresa privada; los indígenas y negros... Los grupos de gays y lesbianas, quienes sufrieron muchos ataques y víctimas. En la medida en que se puedan mantener las alianzas tenemos la posibilidad de triunfar. Porque somos hoy la fuerza política más grande del país, decidida claramente a tomar el poder.

P: ¿Cuál es su prognosis sobre cómo va a continuar la dinámica política en un país tan polarizado?

C.R: Nosotros vamos a seguir promoviendo este proceso de consulta y de lucha por una asamblea constituyente que permita refundar la Nación. Sin cerrar la posibilidad de organizar un instrumento electoral más adelante. En cuanto a Porfirio Lobo, como en todos los casos históricos en América Latina de gobiernos débiles, se anticipa su fracaso. O es derrotado por el pueblo o deberá buscar una salida política.

P : Una última reflexión de cara a la comunidad internacional...

C.R: Nos preocupa mucho que se perpetúen en Honduras los crímenes contra miembros de la resistencia; las agresiones y asesinatos de periodistas independientes; las violaciones de derechos humanos. Es importante que la comunidad internacional no reconozca al actual Gobierno. Que los países de la Unión Europea no firmen el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en las actuales condiciones que vive Honduras. Que la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos ejerzan su presión. Que se pare la represión. Y sobre todo, que no se siga criminalizando la legítima protesta política y social, reacción directa contra el golpe y las elecciones ilegítimas.
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Reyes: un rostro de la resistencia

Carlos Reyes es una de las figuras más importantes del movimiento de resistencia que desde el mismo 28 de junio 2009 se opuso al golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya.

Participa en la dirección de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación (UITA) en representación de Honduras y de su central sindical.

Fue uno de los promotores de las movilizaciones populares contra dicho golpe. Varias veces fue reprimido. Ha recibido numerosas amenazas.

En el segundo semestre de 2009, ante la perspectiva de una potencial normalización democrática, Carlos Reyes se presentó como candidato independiente a la presidencia de la República. A inicios de noviembre decidió retirarla, cuando el Frente Nacional de la Resistencia contra el golpe evaluó que no estaban dadas las condiciones para una contienda realmente inclusiva, participativa, democrática.

Por una solidaridad internacional activa 

“Tanto en Suiza como en España se organizó una agenda con representantes del Gobierno, personalidades políticas, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales y no gubernamentales. Pude decirles, muy simplemente, que el “caso hondureño” no se ha resuelto. Y que la afirmación de que todo está normalizado a partir de las elecciones de noviembre es falsa. Venimos, especialmente, a actualizar la información real sobre mi país y la continuidad de la resistencia que ya no está en el primer lugar de la agenda política y mediática internacional...

Me siento satisfecho del encuentro con los cuatro representantes de la cancillería suiza. Aclaramos muchos puntos. Pudimos expresar nuestra lectura de la realidad actual. Y expresarles nuestro deseo de que Suiza mantenga la posición inicial contra el golpe de Estado. Hemos encontrado comprensión hacia nuestros argumentos. El hecho de habernos recibido expresa un reconocimiento oficial de parte del Gobierno helvético al Frente Nacional de Resistencia Popular...

En España los intercambios fueron muy positivos. El 23 de abril me reuní con Agustín Santos, jefe de gabinete de Miguel Angel Moratinos, actual Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Emitimos un comunicado de prensa común que enfatiza que el Gobierno español no invitará al presidente hondureño a participar de la Cumbre de Presidentes de la Unión Europea y América Latina que se realizará el 17 y 18 de mayo en Madrid, “si no existe consenso de los países latinoamericanos sobre dicha invitación”. Y realmente es importante recordar que en América Latina hay muchos países que no reconocen al nuevo presidente y consideran las elecciones de noviembre pasado como ilegítimas...”.

Por Sergio Ferrari
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Al contrario que algunos países vecinos, como Argentina y Chile, en Brasil apenas se han dado pasos tímidos para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 y amparados por la Ley de Amnistía de 1979. Pero las cosas podrían cambiar muy pronto: el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, equivalente a lo que en España sería el Tribunal Constitucional, comenzará hoy a debatir una acción judicial presentada por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) para resolver el alcance de esa amnistía.

Lo que la Orden de Abogados pretende es que se clarifique de una vez por todas el significado del primer artículo de la ley, que otorgó la impunidad por los "crímenes de cualquier naturaleza" relacionados con delitos políticos o cometidos por motivación política. La posición de la OAB es que ese perdón generalizado no puede aplicarse a crímenes contra la humanidad como son torturas, secuestros y asesinatos. "El Estado no puede autoamnistiarse", ha resumido el presidente de la asociación, Ophir Cavalcante.

El ministerio público federal se posicionó en contra de revisar la ley con el argumento de que la Ley de Amnistía fue producto del acuerdo entre diferentes sectores del régimen militar y de la autoridad civil, incluida la OAB, para facilitar la transición.

La Abogacía General de la Unión (AGU) adoptó la misma postura, alegando que no hay controversia jurídica en torno a lo que quiere decir la ley: perdonó todos los delitos con motivación política, fuesen practicados por militares o por sus oponentes. Lo cierto es que, en aquel momento, la aprobación de la norma permitió el regreso a Brasil de políticos, artistas y otros exiliados. Pero no parece que fuese muy factible el debate democrático en el contexto de un régimen autoritario que se cubría así las espaldas para cuando llegase la hora de la democracia.

Búsqueda de consenso

El Supremo Tribunal brasi-leño, de 11 miembros, quiere alcanzar el máximo consenso posible en un caso tan polémico y que reaviva las emociones de uno y otro lado. Uno de sus miembros, José Antonio Dias Toffoli, no podrá votar porque estaba en la AGU cuando esta dio su parecer contrario a la revisión de la amnistía. Y otro, Eros Grau, sufrió en sus carnes las torturas practicadas por el régimen por defender a opositores a la dictadura.

Si el STF falla a favor de mantener la amnistía en los términos que rigen hasta ahora, a la sociedad civil le queda la vía de la Justicia internacional, que fue tan relevante para acabar con la impunidad en Argentina y Chile. Aunque probablemente los brasileños no podrán contar con la ayuda del juez Baltasar Garzón, la Corte Interamericana de Derechos Humanas se ha pronunciado de forma contundente contra las leyes de impunidad y ha agrietado las normas en este sentido en el Cono Sur.

El Supremo Tribunal tiene otra acción judicial en curso, interpuesta por el ministerio público, para tratar de la apertura de los archivos de la dictadura. Algunos documentos están siendo ya catalogados por el Archivo Nacional, de la República, pero no así los más relevantes: los que dan fe de las torturas y las listas negras de subversivos.

Las fuerzas armadas aseguran que los documentos fueron destruidos, pero no lo creen así las asociaciones de víctimas y familiares. El ministerio público está en contra de revisar la amnistía, pero se pronuncia a favor de abrir el archivo.

Por NAZARET CASTRO - 28/04/2010
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Jueves, 22 Abril 2010 06:37

Otro periodista muerto en Honduras

Lo sorprendió un hombre armado cuando salía del canal, luego de terminar su programa. Georgino Orellana era un periodista conocido en Honduras y el sexto que es asesinado en lo que va del año. Según la policía, nadie vio nada; sin embargo, ya barajan la hipótesis de un robo, una teoría que el Palacio Presidencial acompaña. El ministro de Seguridad del gobierno electo bajo dictadura, Oscar Alvarez, condenó el asesinato, pero descartó que Orellana o los otros cinco periodistas hayan sido asesinados por su trabajo. Para él los crímenes fueron resultado de las “situaciones particulares” de cada una de las víctimas; para la Resistencia, en cambio, las coincidencias son demasiadas.

“Es cierto que a veces uno no sabe qué sucede exactamente. Hay casos en que muere un miembro de la Resistencia y la policía dice que era un delincuente común, y hay casos en que realmente son criminales, pero la policía los detiene y los mata. El problema es que estamos viviendo en un clima de inseguridad total, en el que los policías y los militares pueden y hacen lo que quieren”, relató a este diario un periodista y militante de la Resistencia, que fue secuestrado y torturado el año pasado y que se vio forzado a exiliarse en la vecina Nicaragua. En Semana Santa decidió volver al país –“Me atreví y entré por un punto ciego”– y aún no se anima a salir de la clandestinidad. Prefiere no dar su nombre. “Pensé que con el cambio de gobierno iba a bajar la tensión, para ganar credibilidad ante el mundo. Pero realmente no ha sucedido eso”, señaló.

El caso de Georgino Orellana no es tan claro como el de los anteriores periodistas asesinados, secuestrados o amenazados. Orellana trabajaba en el canal privado de San Pedro Sula, Televisión Nacional de Honduras, como conductor del programa periodístico del horario central En vivo con Georgino. “Representaba un golpismo moderado”, concluyó después de pensarlo un rato largo Andrés Pavón, director del Codeh, uno de los principales organismos de derechos humanos del país.

Orellana era además profesor en la Escuela de Periodismo de San Pedro Sula, y hasta el golpe de Estado era una de las estrellas de la Corporación Televicentro. Según colegas citados en los medios hondureños, el periodista habría renunciado a Televicentro por la postura abiertamente golpista de la empresa.

Pero Orellana no se pasó al bando de los derrotados. Sólo dos medios nacionales siguen acompañando a la Resistencia, Radio Globo y Canal 36. El presidente Lobo se ocupó de hacer desaparecer cualquier vestigio de oposición dentro de los medios públicos al nombrar al hombre que arrestó al ex presidente Manuel Zelaya, el general (ahora retirado) Romeo Vázquez Velásquez, como director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

Por eso, el motivo del asesinato de Orellana no está claro para Pavón. “Lo único que sí se puede decir es que se trató de un típico asesinato al estilo de los sicarios”, explicó. Según el relato de la policía, el periodista de 50 años recibió un disparo en la cabeza cuando salía del canal, alrededor de las 9 de la noche, al término de su programa. No detallaron quién llamó a la ambulancia ni cuánto tardó en llegar, pero cuando lo ingresaron al hospital ya estaba muerto.

Pavón no descartó la hipótesis del robo, pero igual acusó al gobierno de Lobo de dirigir una política de represión sistemática contra el periodismo, más o menos crítico, y contra todos los miembros de la Resistencia. “Ayer (por el martes) secuestraron por la tarde a uno de nuestros voluntarios y recién lo liberaron esta mañana (por ayer). Durante su cautiverio escuchó la noticia de la muerte de Georgino Orellana y escuchó a sus secuestradores decir: ‘Esos locos se nos adelantaron’”, contó el director del Codeh.

El voluntario secuestrado es Oscar Flores, un militante de la Resistencia de la primera hora, a quien, según contó más tarde, lo confundieron con un dirigente sindical del gremio de los trabajadores de las universidades. Flores había participado junto con una columna de ese gremio en una marcha realizada el martes en la capital en reclamo por una Asamblea Constituyente, un pedido que le valió la presidencia a Zelaya.

Por ahora son todas versiones y rumores, pero los sucesivos asesinatos de periodistas forzaron inclusive a los “golpistas moderados” a reconocer que existe un problema. Ayer el Congreso, el mismo que fue elegido en comicios vigilados y organizados por la dictadura de Roberto Micheletti, le pidió a Lobo que investigara los crímenes.

El gesto se suma a la reciente propuesta de Lobo de crear una comisión de investigación especial para los crímenes contra periodistas. Entre los militantes de la Resistencia desconfían de la palabra del presidente, el mismo hombre que asumió con la promesa de reconciliar al país y aún no retiró a los militares de las calles.

Por María Laura Carpineta
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Un tribunal de Buenos Aires condenó hoy a 25 años de prisión al dictador argentino Reynaldo Bignone por delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención del último Gobierno de facto (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
 
El Tribunal Federal de la localidad de San Martín, a las afueras de la capital argentina, inició en noviembre pasado el juicio contra Bignone y otros seis represores que actuaron en la órbita de la guarnición militar de Campo de Mayo.
Bignone fue el último presidente de la dictadura argentina. Trató de borrar las huellas de los crímenes cometidos por el régimen de facto y amnistiar a los responsables. Durante su breve gestión, el hoy octogenario ex general negoció la transición hacia la democracia, ordenó destruir la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos y firmó una ley de Amnistía o Pacificación Nacional para encubrir a los miembros de las Fuerzas Armadas.
 
Nacido el 21 de enero de 1928 en la localidad bonaerense de Morón, ingresó en el Ejército a los 19 años y, en 1976, participó activamente en el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa del tres veces presidente Juan Domingo Perón. Poco después de la instauración del régimen de facto ocupó las instalaciones del Hospital Posadas para convertirlo en un campo de concentración.
 
Promesas incumplidas
 
En 1980 accedió a la subdirección de los Institutos Militares y al año siguiente, cuando Roberto Viola sustituyó a Jorge Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, Bignone pidió su retiro. Distanciado políticamente de la cúpula castrense, se convirtió entonces en el candidato ideal para suceder al general Leopoldo Galtieri, sumido en la desgracia tras la derrota bélica ante el Reino Unido.
El 1 de julio de 1982, tras la dimisión de quien había declarado la guerra a los británicos, Reynaldo Bignone asumió la Presidencia con la promesa de restaurar la democracia en un país deprimido económicamente y con crecientes presiones de los organismos de derechos humanos para conocer el paradero de los desaparecidos.
El 28 de abril de 1983, y después de fijar la fecha de las elecciones para octubre de ese año, Bignone dictó un decreto que ordenó borrar todas las evidencias de la denominada "guerra sucia", así como el Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que orientó represión.
 
El 23 de septiembre avanzó en este proyecto al firmar la ley de Pacificación Nacional en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas que actuaron en los "años de plomo", norma que posteriormente el Gobierno constitucional declararía nula por considerarla una "autoamnistía".
 
Encarcela y excarcelado 
 
La foto de Bignone colocando la banda presidencial al dirigente radical Raúl Alfonsín, ganador de las elecciones tras siete años de cruenta dictadura, recorrió el mundo el 10 de diciembre de 1983.
 
Un mes después de dejar el poder Bignone fue detenido, acusado de la desaparición y asesinato de soldados, pero fue puesto en libertad en junio de 1984 por disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
 
Logró eludir el histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, pero en 1999 regresó a la cárcel por el robo de hijos de desaparecidos y el secuestro y asesinato de médicos del Hospital Posadas.
 
Fue liberado en 2005, aunque en 2007 el ex dictador volvió a ser encarcelado por orden del mismo tribunal que le condenó hoy por delitos de lesa humanidad en la guarnición militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, considerada la mayor cárcel clandestina del régimen de facto.
 
Bignone también ha sido procesado por su responsabilidad en el Plan Cóndor, como se denomina a la represión coordinada de las dictaduras del cono sur americano para eliminar a opositores políticos en las décadas de 1970 y 1980.
 
EFE - Buenos Aires - 20/04/2010 23:24
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