Los medios argentinos se han transformado en las últimas semanas en verdaderas cajas de resonancia de personajes chilenos ligados a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Primero fue el ex embajador en Buenos Aires, Miguel Otero, que fue sacado de su cargo luego de que en una entrevista a Clarín minimizara las violaciones a los derechos humanos en ese período nefasto en la historia de Chile. Y el pasado domingo fue el turno de José Piñera, nada menos que uno de los hermanos del actual presidente de Chile.

El renombrado economista, creador del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, sostuvo: “Quien desde el poder viola la Constitución de un país es quien le da un golpe al sistema democrático y deviene en tirano” y que “el caso más famoso de la historia fue el de Adolf Hitler en 1933: fue elegido democráticamente y devino en tirano”.

José Piñera fue ministro de Trabajo y de Minería de Pinochet. En la actualidad, es uno de los personajes chilenos más influyentes en Twitter. Justamente, a través de esta red social, Piñera aceptó responder al diario Perfil si consideraba legítimo el golpe de Estado de 1973. Su controvertida opinión reabrió viejas heridas y nuevamente polarizó al país, pues responsabilizó a Allende de la llegada de los militares al poder y se despachó con el polémico ejemplo relacionando al dictador nazi con el presidente socialista chileno.

“Lamentablemente, la Constitución vigente en 1973 en Chile hacía casi imposible remover a un violador de la Constitución y la ley”, añadió el hermano del Presidente. Argumentó además que el líder de la Unidad Popular (UP) había firmado en 1967, junto al Partido Socialista, “una verdadera declaración de guerra a la democracia”, en la que se aseguraba que “la violencia revolucionaria es legítima y es la única vía para tomar el poder”.

Como era de esperar, la respuesta llegó de todos lados y de diferentes colores. “Hay una parte de la opinión pública que es de derecha, y que nunca ha dejado de admirar al régimen militar. Ahora, la opinión de José Piñera de comparar a Allende con Hitler yo no la había escuchado jamás.” Creo que es una falta de respeto a la cultura del pueblo chileno, y a la cultura universal”, sostuvo Francisco Vidal, ex ministro de Michelle Bachelet.

En tanto, el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, dijo que “no cabe ninguna duda de que existe en el gobierno un alma pinochetista que quiere expresarse a toda costa y que observa ciertos obstáculos para hacerse presente”.

Desde el gobierno también hubo críticas a las palabras del hermano del jefe de Estado. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter –que siendo un reconocido hombre de derecha, mantiene en su despacho en La Moneda un cuadro del “compañero” presidente, Salvador Allende– sostuvo que “me parece inconcebible, realmente no puedo aceptar, me parece repudiable y rechazable completamente que alguien compare el gobierno del ex presidente Salvador Allende con lo que fue el régimen criminal de Adolfo Hitler”, dijo temprano ayer a radios locales.

Más tarde, y a través de Twitter, José Piñera le respondió al jefe de Gabinete con evidente molestia y exigió su renuncia, animando un áspero diálogo en la red (buscar en Twitter por jose pinera rhinzpeter).

“Gravísima declaración de Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior y operador político clave de Sebastián Piñera”, escribió el economista y agregó que “Hinzpeter miente de manera brutal e irresponsable. Compromete la fe de la república y arrastra al presidente. Debe disculparse hoy o renunciar”, fue una de sus frases.

A su vez, la senadora socialista Isabel Allende, hija del presidente Allende, aseguró que “las declaraciones de José Piñera son tan grotescas que de verdad no merecen una respuesta ni de cinco minutos. Creo que sería rebajarme intentar contestarle porque, como dije, es demasiado grotesco para ponerme a esa altura”.

En esa línea, destacó y agradeció el apoyo de Hinzpeter. “Es muy importante porque él está hablando como ministro del Interior, y está por lo tanto representando al gobierno de Chile.” Le parece inconcebible que alguien pudiera comparar al ex presidente Salvador Allende con un criminal nazi como todos sabemos que fue Hitler. “Es bastante ingrato que aún existan personajes que realicen ese tipo de declaraciones tan grotescas, y un personaje que como todos sabemos se hizo célebre precisamente por la modificación del sistema previsional, que se ha traducido en que hasta el día de hoy estemos pagando la deuda previsional y sobre todo aquellos empleados públicos que sufrieron una de sus linduras cuando se los obligó a cambiarse de sistema.”

Consultada sobre si espera alguna declaración del presidente Sebastián Piñera, la legisladora puntualizó que “me basta con las palabras del ministro Hinzpeter, que es el jefe de Gabinete del gobierno, y creo que es más que suficiente”.

Por Christian Palma
Desde Santiago
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Desde mediados de 2009 Honduras vive una situación política extremadamente frágil. El golpe de Estado del 28 de junio contra el ex presidente Manuel Zelaya desembocó en elecciones consideradas como “ilegítimas” por un amplio sector de la ciudadanía. El presidente Porfirio Lobo que asumió su mandato el 27 de enero del año en curso no logró frenar la resistencia popular pacífica que estalló como respuesta al golpe, se generalizó en todo el país y continúa activa.

Síntesis radiográfica de la lectura de la realidad que hace Carlos Humberto Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), uno de los principales representantes del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) y ex candidato presidencial “independiente”. Reyes realiza desde la última semana de abril una gira europea que se inició en España. En Suiza está invitado por la organización SOLIFONDS (Fondo de Solidaridad para las Luchas de Liberación Social en el Tercer Mundo) y participará como principal orador internacional en varias actividades del 1 de mayo.

P: La comunidad internacional parece muy dividida con respecto al actual Gobierno hondureño. Una parte no lo reconoce. Otra sí. ¿Cómo lo interpreta el FPRN?

Carlos Reyes: Para nosotros es un gobierno ilegítimo, producto directo del golpe de Estado del año pasado. El presidente actual es una nueva cara del mismo golpe. No obtuvo ni el 30% de los votos y se registró una muy alta abstención. Lo que se pretende aplicar es el guión del Gobierno de los Estados Unidos, quien apostó a la hipótesis que toda la situación se resolvería con las elecciones. Pero éste no es el caso. Especialmente para muchos gobiernos latinoamericanos quienes ven lo que sucedió en Honduras como un nuevo proceso de agresión contra el continente y su institucionalidad democrática. Hay señales preocupantes: la instalación de una nueva base militar estadounidense, la segunda en mi país; las nuevas bases estadounidenses en Colombia; la continuidad de la base en Guantánamo... Signos de una militarización que hace recordar épocas pasadas.

Un golpe con trasfondo geopolítico 

P: Es decir, según la resistencia, ¿la causa del golpe de junio pasado es esencialmente geopolítica?

C.R: Sí. El proyecto estadounidense de rearmar dos gendarmes en la región. Honduras en Centroamérica y Colombia en Sudamérica. Con el precepto claro de que “si no controlan América Latina, es decir su patio trasero, no podrán dominar el mundo”

P: ¿Cómo evalúa el programa del presidente Porfirio Lobo en sus primeros tres meses de nuevo Gobierno?

C.R: No existe un tal “nuevo” Gobierno. Para nosotros es, como lo dije antes, la nueva cara de la misma dictadura. Lo han querido presentar como un Gobierno de unidad nacional, de integración, abierto a una supuesta amnistía y que impulsaría la instalación de una Comisión de Verdad. Pero todo esto es falso. No puede haber unidad ni integración nacional a partir de elecciones adulteradas. Su visión de amnistía es para limpiar a los militares golpistas. ¿Para qué puede servir una Comisión de Verdad si ya ellos mismos se autoamnistiaron? Toda una política descarada. Y esto sin analizar lo que sucede en el plano económico y social. Una vuelta atrás de las conquistas que sindicatos, trabajadores, y otros sectores habían logrado durante el período del Presidente Zelaya.

P: Pero las autoridades hablan de una situación política institucionalizada...

C.R: La principal realidad es la de una resistencia que aumenta su fuerza, fortaleciendo la organización y movilización. Próximo gran desafío: recolectar hasta el 28 de junio próximo 1.150.000 firmas, exigiendo una consulta popular, una asamblea constituyente, reivindicación que constituyó el detonante para justificar el golpe del año pasado. La gente está entusiasmada con esta iniciativa.

La movilización, la resistencia, continúa activa. Organizamos seis grandes manifestaciones en ciudades importantes para el 1 de mayo.

La resistencia consolidada

P: ¿Todo esto indica, según su análisis, una resistencia fortalecida, a pesar de la represión?

R: No hacemos hoy una movilización por día como el año pasado. Pero la resistencia se ha generalizado en todo el país. Realizamos un trabajo serio de organización, concienciación y movilización. Seguimos denunciando el golpe e insistimos en la propuesta de la Constituyente. En caso que no lo logremos, veremos como participamos en un proceso electoral. No como resistencia, sino creando un brazo especial para esa coyuntura.

P: La resistencia hondureña constituyó una sorpresa para más de uno, dentro y fuera del país. ¿Cómo se explica la fuerza de la misma?

R: En realidad no nace el 28 de junio, de un día a otro. Nuestros pueblos vienen resistiendo desde hace más de 500 años. En su historia contemporánea Honduras fue utilizada siempre como base de las operaciones estadounidenses en el continente. Para agredir al gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, en los años cincuenta. Como base operativa del intento de invasión contra Cuba en los sesenta. Desde la base de Palmerola, las administraciones estadounidenses promovieron la guerra contra el sandinismo y contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, en los ochenta.

Sin embargo siempre existió un movimiento popular muy activo, que fue duramente reprimido, con muchos muertos, desaparecidos, etc. Hay una capitalización histórica de esa experiencia. Superamos las fracturas entre lo social y lo político. Y nuestro movimiento popular junta e integra esos dos aspectos. Y eso explica que en pocas horas, inmediatamente después del golpe de Estado de junio pasado, se haya iniciado un proceso magnífico de movilizaciones y de resistencia. 

P: ¿Hay algún sector predominante dentro de la resistencia?

R: No, contamos con una gran diversidad y una conducción horizontal, distribuida en cada región, poblado, barrio. ¿Cuándo se daban las movilizaciones contra el golpe y la policía atacaba, quiénes respondían y los hacían correr a los represores? Las “maras” (grupos juveniles). Un fenómeno muy importante con fuerte participación juvenil. Y también las mujeres. El movimiento sindical y los campesinos; los maestros y la empresa privada; los indígenas y negros... Los grupos de gays y lesbianas, quienes sufrieron muchos ataques y víctimas. En la medida en que se puedan mantener las alianzas tenemos la posibilidad de triunfar. Porque somos hoy la fuerza política más grande del país, decidida claramente a tomar el poder.

P: ¿Cuál es su prognosis sobre cómo va a continuar la dinámica política en un país tan polarizado?

C.R: Nosotros vamos a seguir promoviendo este proceso de consulta y de lucha por una asamblea constituyente que permita refundar la Nación. Sin cerrar la posibilidad de organizar un instrumento electoral más adelante. En cuanto a Porfirio Lobo, como en todos los casos históricos en América Latina de gobiernos débiles, se anticipa su fracaso. O es derrotado por el pueblo o deberá buscar una salida política.

P : Una última reflexión de cara a la comunidad internacional...

C.R: Nos preocupa mucho que se perpetúen en Honduras los crímenes contra miembros de la resistencia; las agresiones y asesinatos de periodistas independientes; las violaciones de derechos humanos. Es importante que la comunidad internacional no reconozca al actual Gobierno. Que los países de la Unión Europea no firmen el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en las actuales condiciones que vive Honduras. Que la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos ejerzan su presión. Que se pare la represión. Y sobre todo, que no se siga criminalizando la legítima protesta política y social, reacción directa contra el golpe y las elecciones ilegítimas.
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Reyes: un rostro de la resistencia

Carlos Reyes es una de las figuras más importantes del movimiento de resistencia que desde el mismo 28 de junio 2009 se opuso al golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya.

Participa en la dirección de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación (UITA) en representación de Honduras y de su central sindical.

Fue uno de los promotores de las movilizaciones populares contra dicho golpe. Varias veces fue reprimido. Ha recibido numerosas amenazas.

En el segundo semestre de 2009, ante la perspectiva de una potencial normalización democrática, Carlos Reyes se presentó como candidato independiente a la presidencia de la República. A inicios de noviembre decidió retirarla, cuando el Frente Nacional de la Resistencia contra el golpe evaluó que no estaban dadas las condiciones para una contienda realmente inclusiva, participativa, democrática.

Por una solidaridad internacional activa 

“Tanto en Suiza como en España se organizó una agenda con representantes del Gobierno, personalidades políticas, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales y no gubernamentales. Pude decirles, muy simplemente, que el “caso hondureño” no se ha resuelto. Y que la afirmación de que todo está normalizado a partir de las elecciones de noviembre es falsa. Venimos, especialmente, a actualizar la información real sobre mi país y la continuidad de la resistencia que ya no está en el primer lugar de la agenda política y mediática internacional...

Me siento satisfecho del encuentro con los cuatro representantes de la cancillería suiza. Aclaramos muchos puntos. Pudimos expresar nuestra lectura de la realidad actual. Y expresarles nuestro deseo de que Suiza mantenga la posición inicial contra el golpe de Estado. Hemos encontrado comprensión hacia nuestros argumentos. El hecho de habernos recibido expresa un reconocimiento oficial de parte del Gobierno helvético al Frente Nacional de Resistencia Popular...

En España los intercambios fueron muy positivos. El 23 de abril me reuní con Agustín Santos, jefe de gabinete de Miguel Angel Moratinos, actual Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Emitimos un comunicado de prensa común que enfatiza que el Gobierno español no invitará al presidente hondureño a participar de la Cumbre de Presidentes de la Unión Europea y América Latina que se realizará el 17 y 18 de mayo en Madrid, “si no existe consenso de los países latinoamericanos sobre dicha invitación”. Y realmente es importante recordar que en América Latina hay muchos países que no reconocen al nuevo presidente y consideran las elecciones de noviembre pasado como ilegítimas...”.

Por Sergio Ferrari
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Al contrario que algunos países vecinos, como Argentina y Chile, en Brasil apenas se han dado pasos tímidos para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 y amparados por la Ley de Amnistía de 1979. Pero las cosas podrían cambiar muy pronto: el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, equivalente a lo que en España sería el Tribunal Constitucional, comenzará hoy a debatir una acción judicial presentada por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) para resolver el alcance de esa amnistía.

Lo que la Orden de Abogados pretende es que se clarifique de una vez por todas el significado del primer artículo de la ley, que otorgó la impunidad por los "crímenes de cualquier naturaleza" relacionados con delitos políticos o cometidos por motivación política. La posición de la OAB es que ese perdón generalizado no puede aplicarse a crímenes contra la humanidad como son torturas, secuestros y asesinatos. "El Estado no puede autoamnistiarse", ha resumido el presidente de la asociación, Ophir Cavalcante.

El ministerio público federal se posicionó en contra de revisar la ley con el argumento de que la Ley de Amnistía fue producto del acuerdo entre diferentes sectores del régimen militar y de la autoridad civil, incluida la OAB, para facilitar la transición.

La Abogacía General de la Unión (AGU) adoptó la misma postura, alegando que no hay controversia jurídica en torno a lo que quiere decir la ley: perdonó todos los delitos con motivación política, fuesen practicados por militares o por sus oponentes. Lo cierto es que, en aquel momento, la aprobación de la norma permitió el regreso a Brasil de políticos, artistas y otros exiliados. Pero no parece que fuese muy factible el debate democrático en el contexto de un régimen autoritario que se cubría así las espaldas para cuando llegase la hora de la democracia.

Búsqueda de consenso

El Supremo Tribunal brasi-leño, de 11 miembros, quiere alcanzar el máximo consenso posible en un caso tan polémico y que reaviva las emociones de uno y otro lado. Uno de sus miembros, José Antonio Dias Toffoli, no podrá votar porque estaba en la AGU cuando esta dio su parecer contrario a la revisión de la amnistía. Y otro, Eros Grau, sufrió en sus carnes las torturas practicadas por el régimen por defender a opositores a la dictadura.

Si el STF falla a favor de mantener la amnistía en los términos que rigen hasta ahora, a la sociedad civil le queda la vía de la Justicia internacional, que fue tan relevante para acabar con la impunidad en Argentina y Chile. Aunque probablemente los brasileños no podrán contar con la ayuda del juez Baltasar Garzón, la Corte Interamericana de Derechos Humanas se ha pronunciado de forma contundente contra las leyes de impunidad y ha agrietado las normas en este sentido en el Cono Sur.

El Supremo Tribunal tiene otra acción judicial en curso, interpuesta por el ministerio público, para tratar de la apertura de los archivos de la dictadura. Algunos documentos están siendo ya catalogados por el Archivo Nacional, de la República, pero no así los más relevantes: los que dan fe de las torturas y las listas negras de subversivos.

Las fuerzas armadas aseguran que los documentos fueron destruidos, pero no lo creen así las asociaciones de víctimas y familiares. El ministerio público está en contra de revisar la amnistía, pero se pronuncia a favor de abrir el archivo.

Por NAZARET CASTRO - 28/04/2010
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Jueves, 22 Abril 2010 06:37

Otro periodista muerto en Honduras

Lo sorprendió un hombre armado cuando salía del canal, luego de terminar su programa. Georgino Orellana era un periodista conocido en Honduras y el sexto que es asesinado en lo que va del año. Según la policía, nadie vio nada; sin embargo, ya barajan la hipótesis de un robo, una teoría que el Palacio Presidencial acompaña. El ministro de Seguridad del gobierno electo bajo dictadura, Oscar Alvarez, condenó el asesinato, pero descartó que Orellana o los otros cinco periodistas hayan sido asesinados por su trabajo. Para él los crímenes fueron resultado de las “situaciones particulares” de cada una de las víctimas; para la Resistencia, en cambio, las coincidencias son demasiadas.

“Es cierto que a veces uno no sabe qué sucede exactamente. Hay casos en que muere un miembro de la Resistencia y la policía dice que era un delincuente común, y hay casos en que realmente son criminales, pero la policía los detiene y los mata. El problema es que estamos viviendo en un clima de inseguridad total, en el que los policías y los militares pueden y hacen lo que quieren”, relató a este diario un periodista y militante de la Resistencia, que fue secuestrado y torturado el año pasado y que se vio forzado a exiliarse en la vecina Nicaragua. En Semana Santa decidió volver al país –“Me atreví y entré por un punto ciego”– y aún no se anima a salir de la clandestinidad. Prefiere no dar su nombre. “Pensé que con el cambio de gobierno iba a bajar la tensión, para ganar credibilidad ante el mundo. Pero realmente no ha sucedido eso”, señaló.

El caso de Georgino Orellana no es tan claro como el de los anteriores periodistas asesinados, secuestrados o amenazados. Orellana trabajaba en el canal privado de San Pedro Sula, Televisión Nacional de Honduras, como conductor del programa periodístico del horario central En vivo con Georgino. “Representaba un golpismo moderado”, concluyó después de pensarlo un rato largo Andrés Pavón, director del Codeh, uno de los principales organismos de derechos humanos del país.

Orellana era además profesor en la Escuela de Periodismo de San Pedro Sula, y hasta el golpe de Estado era una de las estrellas de la Corporación Televicentro. Según colegas citados en los medios hondureños, el periodista habría renunciado a Televicentro por la postura abiertamente golpista de la empresa.

Pero Orellana no se pasó al bando de los derrotados. Sólo dos medios nacionales siguen acompañando a la Resistencia, Radio Globo y Canal 36. El presidente Lobo se ocupó de hacer desaparecer cualquier vestigio de oposición dentro de los medios públicos al nombrar al hombre que arrestó al ex presidente Manuel Zelaya, el general (ahora retirado) Romeo Vázquez Velásquez, como director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

Por eso, el motivo del asesinato de Orellana no está claro para Pavón. “Lo único que sí se puede decir es que se trató de un típico asesinato al estilo de los sicarios”, explicó. Según el relato de la policía, el periodista de 50 años recibió un disparo en la cabeza cuando salía del canal, alrededor de las 9 de la noche, al término de su programa. No detallaron quién llamó a la ambulancia ni cuánto tardó en llegar, pero cuando lo ingresaron al hospital ya estaba muerto.

Pavón no descartó la hipótesis del robo, pero igual acusó al gobierno de Lobo de dirigir una política de represión sistemática contra el periodismo, más o menos crítico, y contra todos los miembros de la Resistencia. “Ayer (por el martes) secuestraron por la tarde a uno de nuestros voluntarios y recién lo liberaron esta mañana (por ayer). Durante su cautiverio escuchó la noticia de la muerte de Georgino Orellana y escuchó a sus secuestradores decir: ‘Esos locos se nos adelantaron’”, contó el director del Codeh.

El voluntario secuestrado es Oscar Flores, un militante de la Resistencia de la primera hora, a quien, según contó más tarde, lo confundieron con un dirigente sindical del gremio de los trabajadores de las universidades. Flores había participado junto con una columna de ese gremio en una marcha realizada el martes en la capital en reclamo por una Asamblea Constituyente, un pedido que le valió la presidencia a Zelaya.

Por ahora son todas versiones y rumores, pero los sucesivos asesinatos de periodistas forzaron inclusive a los “golpistas moderados” a reconocer que existe un problema. Ayer el Congreso, el mismo que fue elegido en comicios vigilados y organizados por la dictadura de Roberto Micheletti, le pidió a Lobo que investigara los crímenes.

El gesto se suma a la reciente propuesta de Lobo de crear una comisión de investigación especial para los crímenes contra periodistas. Entre los militantes de la Resistencia desconfían de la palabra del presidente, el mismo hombre que asumió con la promesa de reconciliar al país y aún no retiró a los militares de las calles.

Por María Laura Carpineta
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Un tribunal de Buenos Aires condenó hoy a 25 años de prisión al dictador argentino Reynaldo Bignone por delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención del último Gobierno de facto (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
 
El Tribunal Federal de la localidad de San Martín, a las afueras de la capital argentina, inició en noviembre pasado el juicio contra Bignone y otros seis represores que actuaron en la órbita de la guarnición militar de Campo de Mayo.
Bignone fue el último presidente de la dictadura argentina. Trató de borrar las huellas de los crímenes cometidos por el régimen de facto y amnistiar a los responsables. Durante su breve gestión, el hoy octogenario ex general negoció la transición hacia la democracia, ordenó destruir la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos y firmó una ley de Amnistía o Pacificación Nacional para encubrir a los miembros de las Fuerzas Armadas.
 
Nacido el 21 de enero de 1928 en la localidad bonaerense de Morón, ingresó en el Ejército a los 19 años y, en 1976, participó activamente en el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa del tres veces presidente Juan Domingo Perón. Poco después de la instauración del régimen de facto ocupó las instalaciones del Hospital Posadas para convertirlo en un campo de concentración.
 
Promesas incumplidas
 
En 1980 accedió a la subdirección de los Institutos Militares y al año siguiente, cuando Roberto Viola sustituyó a Jorge Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, Bignone pidió su retiro. Distanciado políticamente de la cúpula castrense, se convirtió entonces en el candidato ideal para suceder al general Leopoldo Galtieri, sumido en la desgracia tras la derrota bélica ante el Reino Unido.
El 1 de julio de 1982, tras la dimisión de quien había declarado la guerra a los británicos, Reynaldo Bignone asumió la Presidencia con la promesa de restaurar la democracia en un país deprimido económicamente y con crecientes presiones de los organismos de derechos humanos para conocer el paradero de los desaparecidos.
El 28 de abril de 1983, y después de fijar la fecha de las elecciones para octubre de ese año, Bignone dictó un decreto que ordenó borrar todas las evidencias de la denominada "guerra sucia", así como el Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que orientó represión.
 
El 23 de septiembre avanzó en este proyecto al firmar la ley de Pacificación Nacional en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas que actuaron en los "años de plomo", norma que posteriormente el Gobierno constitucional declararía nula por considerarla una "autoamnistía".
 
Encarcela y excarcelado 
 
La foto de Bignone colocando la banda presidencial al dirigente radical Raúl Alfonsín, ganador de las elecciones tras siete años de cruenta dictadura, recorrió el mundo el 10 de diciembre de 1983.
 
Un mes después de dejar el poder Bignone fue detenido, acusado de la desaparición y asesinato de soldados, pero fue puesto en libertad en junio de 1984 por disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
 
Logró eludir el histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, pero en 1999 regresó a la cárcel por el robo de hijos de desaparecidos y el secuestro y asesinato de médicos del Hospital Posadas.
 
Fue liberado en 2005, aunque en 2007 el ex dictador volvió a ser encarcelado por orden del mismo tribunal que le condenó hoy por delitos de lesa humanidad en la guarnición militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, considerada la mayor cárcel clandestina del régimen de facto.
 
Bignone también ha sido procesado por su responsabilidad en el Plan Cóndor, como se denomina a la represión coordinada de las dictaduras del cono sur americano para eliminar a opositores políticos en las décadas de 1970 y 1980.
 
EFE - Buenos Aires - 20/04/2010 23:24
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Lunes, 19 Abril 2010 06:40

Semprún, Garzón y la memoria

En medio de una fuerte crisis económica y social, enfrascada además en un caso de corrupción política cada vez más grande, España pone hoy sobre la mesa el tema de la memoria, esa que vuelve siempre para, cuando menos, hacernos repensar lo que sucede desde nuevos ángulos. Actividad ésta que es imprescindible si es que podemos sobrepasar nuestra frágil existencia individual.

Para muchos la memoria es inservible, sobre todo cuando se trata de la de los otros. Pero díganle a Jorge Semprún que olvide, que no vale la pena seguir recordando la barbarie nazi. Y, para el caso, todas las formas de barbarie. Díganle eso a los demás sobrevivientes y a sus descendientes.

¿Morirá la memoria? ¿Habrá quién la resguarde? ¿Qué uso se le dará? Estas no parecen preguntas triviales y provocan, cuando menos, una gran incertidumbre. Pero sólo podemos hacernos cargo, y con dificultades, de lo que nos toca ahora hacer con ella, de lo que significa la experiencia actual.

El 11 de abril Jorge Semprún fue de nuevo, a los 86 años, a recordar y remarcar el tiempo que pasó en el campo de concentración de Buchenwald y del que fue liberado en 1945. Quienes hayan leído su obra y seguido sus testimonios durante muchas décadas, podrán valorar el significado que tiene la memoria de lo que ha pasado, no sólo en su propia vida, lo que sería de por sí relevante, sino de modo más trascendente. Eso que se puede llamar memoria histórica.

Recordó ahí, muy cerca de Weimar (la ciudad de gran tradición cultural germana, la misma de Goethe) el día en que dos estadunidenses, Fleck y Tanenbaum, llegaron en un jeep a las puertas del campo. Ironía de la historia, dice: los dos eran judíos y de reciente ascendencia alemana. En esos dos nombres pudo plasmar de modo concreto el poder y el alcance de su memoria.

En ese lugar, hace unos días, Semprún se despidió de ese joven de 22 años que marchaba con sus compañeros en las afueras del campo con una bazooka en la mano, se dijo adiós a sí mismo.

Antes de la conmemoración en Buchenwald advirtió: Ahí, en un antiguo campo de concentración nazi convertido en prisión estalinista, es donde debemos celebrar la Europa democrática. Contra todas las amnesias.

Otra ironía, que parecen darse en racimo, es que el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, murió en un avionazo en esos mismos días camino de Katyn, lugar en el que perpetró una matanza de polacos por el ejército soviético en aquellos mismos años de la Segunda Guerra Mundial. La memoria es para todos y de todos.

Sabe muy bien Semprún los demonios contra los que estamos enfrentados todos, de una u otra manera, a pesar de que quisiéramos creer que las cosas suceden siempre en otra parte, que no son de nuestra incumbencia.

La memoria es hoy un tema central en la experiencia española. El juicio que se va a abrir al juez Garzón no es sino una vertiente del mismo asunto. Semprún ha señalado que la transición a la democracia exigió olvido. Demasiado olvido. Es cierto que después de grandes contiendas civiles hay periodos largos de olvido, porque no es bueno agitar enseguida los disturbios del pasado. Pero en España ese proceso ha sido quizá demasiado prolongado.

Sobre la Ley de Memoria Histórica consideró que la memoria de los vencidos no se tiene en cuenta y predomina la de los vencedores. A esto es a lo que se enfrenta Garzón y con él quienes quieren reivindicar la memoria de sus muertos en la guerra civil y la caída de la República.

La transición española, tan traída de un lado para el otro como referencia para otros procesos de democratización o de sus fallas, como ha ocurrido en México, ha quedado expuesta por el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela. Él, junto con los magistrados que aceptaron la querella contra Garzón promovida por grupos de filiación franquista, serán ahora quienes lo juzguen por su participación en las investigaciones amparadas precisamente en la Ley de Memoria Histórica.

A estos señores queda claro que sólo les gusta y les importa su memoria. En términos legales y más allá de todos los tecnicismos con lo que suele acompañarse este tipo de casos judiciales, no es clara la validez del delito que se imputa a Garzón. En especial hay un grave conflicto político abierto por el origen de la denuncia y la legitimidad de quienes la han promovido y sus motivaciones.

La transición bien planeada incluso antes de la muerte de Franco está ahora cuestionada. Es llamativo el silencio del rey y más aún del gobierno socialista en turno sobre el juicio a Garzón y sus implicaciones que van más allá, por supuesto, del papel del Poder Judicial en ese país.

El asunto político e intelectual de la memoria está hoy exhibido de forma patente, y no se sabe el saldo que dejará este nuevo capítulo. Tal y como va la partida, me temo que Semprún y Garzón están en una posición frágil y con ellos muchos seres humanos.

Por León Bendesky
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Sábado, 17 Abril 2010 09:19

Transición y democracia en España

La muerte biológica del dictador en 1975 puso al descubierto la debilidad de la izquierda para imponer una dirección al proceso de transición y constató la fuerza del franquismo. La derecha española tomó buena nota de la revolución portuguesa de los claveles, que acabó con la dictadura iniciada por Salazar y continuada por Marcelo Caetano el 25 de abril de 1974. Para los franquistas más preclaros, conducir la locomotora de los cambios políticos era necesario. Significaba controlar los tiempos y determinar el mapa de ruta. En esta dinámica su reconversión ideológica se acelera. Tocaba emprender la "modernización política". Dotar al país de un sistema competitivo de partidos y facilitar la transición del fascismo a la monarquía con la aquiescencia de las democracias occidentales. Todo fue ponerse. El diseño de Franco ganaba enteros. La reivindicación republicana de la izquierda se aparcó. El PSOE renunció sin ambages a su defensa y el Partido Comunista lo hizo a cambio de su legalización en 1977. En la primera etapa de la transición, los símbolos republicanos fueron censurados y perseguidos. También una parte de la izquierda maoísta o trotskista acabará sucumbiendo a los encantos del monarca. Su defensa del voto afirmativo a la Constitución de 1978 significaba aceptar implícitamente a la corona. Tampoco los nacionalistas catalanes se quedaron atrás. En los debates de la comisión redactora de la Constitución se rechazó explícitamente cualquier opción de plantear la idea de una España plurinacional. Autonomías sí, federalismo no. La monarquía reconoce sólo una nación: la española. Fue éste el motivo del nacionalismo vasco para no apoyar el sí a la Constitución y la causa del actual diferendo sobre el nuevo estatuto catalán, cuestionado por el PP al incluir el término nación. El caso sigue en el Tribunal Constitucional, aunque fuese aprobado en referendo y ratificado por las cortes generales.

La llamada apertura política quedó en manos del franquismo y sus aliados. En él coexistían liberales, socialcristianos, conservadores, republicanos, antimonárquicos o nacionalistas. Su lazo de unión era el anticomunismo. Ninguno de ellos albergaba convicciones democráticas. Por tanto, para entender el régimen nacido del posfranquismo debemos considerar la siguiente premisa: no todo lo que lucha contra una dictadura fascista es democrático. Ha sido esta circunstancia lo que lleva a grandes equívocos en la actualidad. No se puede hacer virtud de la necesidad.

Por otro lado, la guerra civil seguía y continúa siendo un argumento para limitar y frenar los cambios democráticos. ¿Cómo si no entender la negativa a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 40 años de dictadura fascista? El miedo se utilizó y utiliza como arma arrojadiza. Se debe buscar la reconciliación y olvidar el pasado. Borrón y cuenta nueva. Franco y sus alzados ganaron la guerra civil y no es posible cuestionar su triunfo. Más aún si sus resultados han traído el bienestar a la patria.

Una sociedad desmovilizada y con miedo era y es fácilmente manipulable. El franquismo social anidaba y persiste en la cabeza de no pocos españoles. Franco no crea fobias. Su imagen se asocia a la de un viejito bonachón cuyo esfuerzo estuvo dirigido a buscar el bienestar de sus conciudadanos. No en balde la España rural, pobre y caciquil de los años 40 y 50 cedió su lugar a un país urbano, industrializado, de clases medias, en el cual impera la democracia orgánica. Los ideólogos del régimen atribuyeron los logros al desinteresado esfuerzo de su caudillo. Solamente había un requisito para vivir en paz: "no se meta usted en política", vivimos una democracia orgánica. Más demócrata que Franco, ninguno.

Esta iconografía del tirano como un hombre de Estado absorto en cuerpo y alma al servicio de España se proyecta en la actualidad en quien fuera uno de sus más cercanos colaboradores, Manuel Fraga Iribarne. Durante el franquismo fue director general de organismos públicos, ministro de Información y Turismo, embajador y académico. Su carrera continuó en el primer gobierno de la monarquía ocupando el cargo de ministro del Interior. Como tal ejerció una brutal represión contra los demócratas provocando decenas de muertos, presos y detenidos. Allí acuñó su frase "la calle es mía". Posteriormente funda Alianza Popular. En 1977 es elegido diputado, formando parte de la comisión redactora de la constitución. Eurodiputado en 1987, también fue tres veces presidente de la Xunta de Galicia, votado por mayoría absoluta de sus paisanos. Hoy es senador y presidente de honor del Partido Popular. Al referirse a Franco apostilló en 2008: "...con Franco siempre era posible entenderse. A pesar de todo, era un hombre muy inteligente...". Asimismo considera "insultar la historia de España" el retirar los bustos o imágenes del dictador de pueblos, ciudades e instituciones públicas. Pero su historial no importa. Para millones de españoles Fraga es un perfecto demócrata. Es, de igual forma, querido, respetado y venerado. Cuando muera seguramente habrá luto nacional y tendrá funerales de Estado.

Durante la "transición" Fraga fue un referente para los poderes fácticos. Sus palabras no caían en el vacío. En medio del proceso constituyente sintetizó magistralmente los términos del debate dejando claro que tras la apertura política no habría ruptura democrática, sino una reforma al propio interior del régimen. No había qué temer. Quienes mandaban lo seguirían haciendo con el visto bueno del PSOE y el PCE, y la alternancia se barajaba como parte del juego político. El mensaje tranquilizó a las fuerzas armadas y las aguas volvieron a su cauce. Suárez dejó de ser considerado un traidor. Unión de Centro Democrático ganará las dos primeras elecciones. La oposición de izquierda, liderada por el PSOE y en menor medida por el PCE, sucumbía. Domesticada y transformada en defensora de la monarquía, sus líderes, Felipe González y Santiago Carrillo, consintieron implícitamente una ley de punto final. Fraga tendría razón, el régimen franquista logró sobrevivir en otro cuerpo. Cuando los demócratas alertaban de los límites del cambio y eran conscientes de la claudicación del PCE y el PSOE, de las reivindicaciones republicanas, Manuel Fraga Iribarne salió en su defensa. Asimismo, cuando la derecha social pedía explicaciones y no entendía por qué había que desmontar el franquismo, Fraga aclaró: "no estamos en presencia de una ruptura democrática, emprendimos un camino de reformas, apuntillando, y sólo se reforma aquello que se desea y quiere preservar".

La transición fabricó un traje a la medida para que la derecha gobernara y la izquierda domesticada pudiera hacerlo sin sentirse incómoda. La derecha unió todos los retales del franquismo formando el Partido Popular y la izquierda mutó de lobo feroz a manso corderito. El gatopardismo se hizo carne. En España todo cambió, pero sus cimientos fascistas no se tocaron. Hoy, el traje está pasado de moda y deshilachado, nuevas luchas democráticas cuestionan su hechura. ¿Será la hora de nuevos sastres y de un traje democrático?

Por Marcos Roitman Rosenmann
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Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado.

“Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones radiales el abogado de la familia, José Luis González. El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del Uruguay con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.

Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de presentar un escrito con la demanda de la familia Gelman y ahora se espera que el desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá finalmente definirse en su posición sobre la ley. Según informó el diario El País de Montevideo, Macarena mantuvo esta semana una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente José Mujica se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre pasado.

El matutino pronosticó que el gobierno de Mujica podría asumir su defensa dando la razón a Gelman y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía, los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron civiles.

Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33 años.

María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta y periodista Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de agosto de 1976. En el marco del violento Plan Cóndor de la década del ’70, la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy desaparecidos mientras que el padre de Macarena y marido de María Claudia, Marcelo Gelman, también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en 1989 en la capital porteña.

La desaparición forzada de García y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables “mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser debidamente sancionados”.

El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos.

La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año 1986.
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La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.

Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.

En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

–El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.

–La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

–¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?

–Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

–¿Por la pastoral obrera?

–No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

–¿Cuál sería la paradoja?

–La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

–Y no los oyen.

–No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

–¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?

–Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

–A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.

–Exactamente.

–¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?

–No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

–¿A quiénes beatificó?

–A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

–¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?

–La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

–En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?

–Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

–La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?

–La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

–Y se produjo el destape.

–Pero a la vez siguió el miedo.

–¿Miedo a qué?

–No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

–En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?

–Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

–¿Fue así?

–Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

–¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?

–De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

–¿Para usted es positivo el proceso?

–Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

–Incluidas las víctimas.

–Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

–Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.

–Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

–¿Cómo reprimió Franco?

–Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

–¿Cuántos fueron?

–Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.

 Por Martín Granovsky
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El regreso desde el exilio de Rasel Tomé, mano derecha del ex presidente Manuel Zelaya, ha proporcionado nuevos bríos a la Resistencia de Honduras. En una durísima carta dirigida a la OEA, los opositores al golpe de Estado del 28 de junio cargan contra la nueva Administración de Porfirio Lobo y piden al secretario general Insulza "la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", con el objetivo de "restaurar la democracia y el orden institucional en Honduras".

"Nos están matando. A campesinos, a profesores, a sindicalistas, a periodistas Y lo peor de todo es que no hay nadie procesado por los brutales crímenes, cometidos antes y ahora. Los han cubierto con un manto de impunidad y de injusticia", denunció a Público Rasel Tomé, nuevo coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras .

Honduras vive estos días la resaca del paquetazo fiscal (la subida de los impuestos), el asesinato de cinco periodistas en marzo que convierten a este país centroamericano en el más peligroso para el ejercicio de la profesión, y el conflicto de los campesinos del Aguán, que se ha cobrado la vida de un nuevo miembro del movimiento rebelde, José Manuel Álvarez, de 35 años. "Allí están actuando paramilitares colombianos" a las órdenes de los terratenientes, insiste Tomé.

La demanda de la resistencia sucede sólo horas después de que Arturo Valenzuela insistiera en el regreso de Honduras a la OEA. "Lobo ha cumplido con todas las obligaciones a las que se comprometió", sentenció la mano derecha de Hillary Clinton para América Latina.

El golpe de Estado está pasando una descomunal factura económica al país, "derivada de los innumerables actos de pillaje y de corrupción del régimen golpista, que afecta a los sectores más pobres", describe el documento. La Resistencia de Honduras recuperó sus marchas el miércoles pasado para protestar frente al Congreso contra el paquetazo, aprobado antes de Semana Santa y cuyos efectos comienzan a medirse ahora. Una catarata de impuestos ha caído sobre todo el país en un intento de compensar unas arcas públicas esquilmadas durante los meses de mandato de Roberto Micheletti. Eso en un país donde el neoliberalismo campa a su antojo, sin importar que el 80% de sus habitantes sobreviva con salarios de miseria. En Honduras, el 5% de la población controla el 70% del PIB.

Impuestos a los más pobres

Por primera vez el Gobierno se acuerda de los que más tienen la mayoría de las grandes empresas están exentas de pagar impuestos, o contribuyen con cantidades testimoniales con la imposición de un tributo llamado "aportación solidaria". Una mínima tasa directa frente a los altos impuestos indirectos que pagarán los más pobres al consumir un largo catálogo de productos.

"Las medidas fiscales las implantaron para recuperar los millones que se robaron y ahora lo más fácil es asaltar al pueblo", clamó Juan Barahona, quién lideró las protestas callejeras de la Resistencia.

Y mientras todo esto sucede, Micheletti, añorado hasta el hartazgo por sus seguidores, disfruta de un activo retiro dorado. Nombrado diputado vitalicio para blindar aún más su inmunidad, pese a la amnistía que le ha beneficiado, el golpista ha viajado por países como Colombia, disertando sobre sus mágicas recetas. Según la oposición, el ex presidente de facto "sangró" a Honduras gastando dos millones de dólares diarios durante sus siete meses al frente del país.

Por DANIEL LOZANO - 10/04/2010
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