El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei

El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha respaldado las medidas del gobierno de Teherán para incrementar el precio de la gasolina que esta semana han causado disturbios en distintos puntos del país.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Irán está empezando a hacer daño y muy posiblemente la situación económica continuará deteriorándose en un futuro próximo, algo que puede conducir a una mayor inestabilidad interior y también en el conjunto de Oriente Próximo.

Se ha de decir que la inestabilidad en Oriente Próximo no causa ningún temor a Estados Unidos e Israel, las potencias hegemónicas que promueven la inestabilidad allá donde pueden, no solo por la venta masiva de armas sino también porque beneficia a sus objetivos estratégicos.

«Algunas personas sin duda están preocupadas por esta decisión», dijo Khamenei, «pero el sabotaje y los incendios son obra de hooligans y no de nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el sabotaje y la quiebra de la seguridad, y van a continuar haciéndolo».

La policía antidisturbios se enfrentó en los últimos días a los manifestantes en Teherán y en otras localidades, unas protestas que en algunos casos fueron violentas.

El precio de de gasolina ha subido un 50 por ciento, de 10.000 riales a 15.000 riales el litro, es decir unos diez céntimos de euro. Además, la adquisición de este líquido se ha racionado y las compras adicionales de gasolina costarán a 30.000 riales el litro, es decir unos 20 céntimos de euro.

En las protestas han muerto varias personas, según admitió Khamenei, y se ha destruido propiedad privada y gubernamental en distintas localidades.

Aunque inicialmente tenían un carácter económico y denunciaban la carestía de la vida, las protestas pronto han adquirido tintes políticos.

Según Khamenei, el incremento del precio de la gasolina fue recomendado por expertos económicos y se debe aplicar, pero el líder supremo añadió que las autoridades no deberían aplicar el incremento de los precios a otros productos.

La medida del gobierno indica a las claras que la situación económica es delicada y no hay que descartar que tenga repercusiones políticas. Las sanciones podrían conducir a un endurecimiento de las condiciones de vida en el país, y también al endurecimiento de las condiciones políticas.

Por Eugenio García Gascón

18 noviembre 2019

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Domingo, 17 Noviembre 2019 09:59

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

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Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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El nuevo Gobierno ultraconservador de Bolivia busca enterrar la herencia de Morales

En el Gabinete interino se sientan políticos como Arturo Murillo, que anunció "la cacería" de un rival. El titular de Presidencia trata de rebajar el tono y anuncia un intento de diálogo con el MAS

La etapa de sucesión de Evo Morales en Bolivia comienza en medio de una profunda, aparentemente insanable, quiebra política y social. La recién designada presidenta interina, Jeanine Áñez, nombró el miércoles un Gabinete, aún incompleto, de nítido corte conservador en el que destacan férreos opositores al exmandatario. Prometió “pacificar” el país y convocar elecciones cuanto antes, pero no puso fecha. Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, responsable de las políticas de seguridad, se estrenó, sin embargo, con una amenaza a un exministro de Morales: “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana”.

La representante del Movimiento Demócrata Social (MDS), que asumió el cargo sin contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento, aseguró en la toma de posesión de sus primeros 11 ministros que el equipo encargado de la transición “incluye a personas conocedoras y especializadas y en su mayoría de perfil técnico”. Áñez, que se ha garantizado el control de la Policía y de los militares con el relevo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, mantuvo que su meta es “recuperar la institucionalidad y el orden democrático”.

 “Este va a ser un mandato de estricto orden provisional”, prometió. “La labor principal de nuestra gestión de Gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el Gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática”, agregó.

Ella y todos los dirigentes que se opusieron a Morales llevan tres días negando que la dimisión del primer presidente indígena del país sea fruto de un golpe de Estado, aunque su salida se produjo después de un pronunciamiento del jefe del Ejército, que lanzó la “sugerencia” de que Morales dejara el cargo. Con todo, desde el Palacio de Gobierno Áñez arremetió contra el exmandatario, asilado en México, y lo calificó de “caudillo”.

El más polémico de los halcones de su equipo es Arturo Murillo, senador muy cercano a Óscar Ortiz, el candidato del MDS en las elecciones del 20 de octubre. Murillo es ministro de Gobierno y sus primeras palabras fueron una amenaza a los “sediciosos” y en particular a Juan Ramón Quintana, el exministro de la Presidencia, a quien las nuevas autoridades consideran el cerebro detrás de las fuertes movilizaciones en El Alto y de los bloqueos de caminos. “Que comiencen a correr”, dijo Murillo, que quiere “cazar” a Quintana, porque “es un animal que se alimenta de la sangre del pueblo”. "Vamos a hacer que la ley caiga con el más fuerte peso, que se cumpla a cabalidad, vamos a reunirnos con el señor fiscal general y le vamos a decir que apoye la patria, que apoye al pueblo de Bolivia", continuó. "Este no va a ser un ministerio de persecución, para nada, este va a ser un ministerio que va a ayudar a la gente y va a buscar seguridad, pero aquel que trate de hacer sedición, a partir de mañana que se cuide".

Este político de Cochabamba es conocido por sus arremetidas extremas en contra del Movimiento al Socialismo (MAS) y también en contra de las causas progresistas, el movimiento feminista o la despenalización del aborto. “Si quieren, suicídense, pero no maten a otros”, dijo en una ocasión en referencia a las defensoras de la interrupción del embarazo. Murillo mezcló también sus intereses privados en las primeras declaraciones y denunció que, durante la caída del Gobierno, los cocaleros del MAS quemaron el hotel que tiene en el Chapare, haciendo huir a su hermana y a los hijos menores de esta.

Ante una cruz y la Biblia

Jerjes Justiniano, nuevo ministro de la Presidencia, trató este jueves de rebajar el tono y anunció un intento de diálogo con el Movimiento al Socialismo, cuya viabilidad aún está en el aire. Para favorecer el clima de negociación con ese partido, que teme una persecución, prometió que no habrá "caza de brujas". El MAS, partido de gobierno durante los últimos 14 años, rechazó apoyar la designación de Áñez, senadora elegida en las filas de la oposición y vicepresidenta segunda del Senado. Esta asumió la presidencia porque las demás autoridades de la línea de sucesión previstas en la Constitución habían dimitido. Sin embargo, la presidenta del Senado, la socialista Adriana Salvatierra, reivindicó seguir todavía en el cargo porque el Parlamento no debatió ni ratificó su renuncia.

Áñez tuvo de su parte el respaldo de los poderes fácticos, empezando por el Ejército y el Tribunal Constitucional, que interpreta que el trámite de la sucesión no tenía por qué obtener el visto bueno de la mayoría del Senado.

En su Gabinete sentará también a Roxana Lizárraga, la nueva ministra de Comunicación, una periodista que se hizo popular acusando al Gobierno de Morales de vínculos con el narcotráfico, con Cuba y Venezuela. Comenzó su gestión diciendo que el Gobierno aplicará “todo el peso de la ley” en contra de quienes lo desestabilicen, y que los medios aliados del MAS deben “cambiar de línea” editorial.

La nueva canciller, Karen Longaric, es diplomática de carrera, acérrima crítica de la política exterior del anterior Ejecutivo. En su discurso de posesión, señaló que Bolivia estuvo bajo ataque de la “delincuencia internacional” e insistió en que Morales no fue derrocado por un golpe de Estado.

Más moderados son los ministros de Economía, Servicios Públicos, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, todos ellos dirigentes de MDS, el partido de la presidenta, que tiene como líder histórico a Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz.

Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico de esta misma región que lideró la protesta contra Evo Morales, se ha visto compensado hasta ahora con dos ministerios, el de la Presidencia y el de Defensa, en los que figuran dos de sus más estrechos colaboradores. Se espera que Marco Pumari, el líder del comité cívico de Potosí, la ciudad que destacó por su radicalidad y por aportar grupos indígenas a la rebelión contra el expresidente, sea favorecido también con alguna de las carteras que todavía falta designar.

Todos los ministros juraron ante una gran cruz y una Biblia, en cumplimiento de la promesa de la “resistencia pacífica a la dictadura” de “devolver a Dios al Palacio de Gobierno”.

Por Francesco Manetto  / Fernando Molina

La Paz 15 NOV 2019 - 04:11 COT

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 Sitio de perforación exploratoria de la controvertida práctica de extracción de gas de esquisto conocida como fracking en Barton Moss en Manchester, Inglaterra.Foto Ap

En forma sorprendente, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció la moratoria con carácter inmediato del fracking por temor a más terremotos, después de un sismo de magnitud 2.9 que se registró en agosto cerca de Blackpool, al noroeste de Inglaterra (https://bit.ly/2X9T1rt), en un sitio administrado por Cuadrilla (https://reut.rs/34PIaFO).

Justamente hace cinco años expuse la correlación de sismos con el fracking para extraer gas lutita ( shale gas ; https://bit.ly/36WYuWX).

La decisión no es menor, ya que mediante la extracción del gas lutita ( shale gas) por el fracking, Gran Bretaña pretendía disminuir su dependencia a las importaciones de gas natural para sustituir la vital calefacción del 80 por ciento de sus hogares.

Después de una moratoria de siete años, Gran Bretaña había reanudado el fracking (https://bit.ly/2X4gD0v) con la empresa Cuadrilla que opera con la funesta Schlumberger que tantos daños ambientales ha causado en el planeta y en el Golfo de México (https://bit.ly/34OrSwT).

Los "terremotos tecnogénicos" han provocado sismos en las zonas donde se extrae el gas lutita mediante el fracking en dos países de la anglósfera: EU y Canadá, en Fox Creek (Alberta).

Ya en 2016 geólogos canadienses habían demostrado que el fracking puede causar terremotos durante meses y "ocurren con mayor frecuencia" en algunos lugares (https://bit.ly/2CAAzia).

Eric Albert de Le Monde, expone el fariseísmo del gobierno británico que viene "en plena campaña electoral" cuando “desde 2010, sus autoridades habían siempre apoyado los proyectos del fracking, pese a la oposición muy (sic) mayoritaria de la población” y "las manifestaciones cotidianas (sic) durante años en el norte de Inglaterra".

En Escocia está prohibido el caníbal fracking, al unísono de los otros partidos políticos del espectro de Gran Bretaña –laboristas, liberales, demócratas, verdes-–, con la notable salvedad de los conservadores neoliberales (los tories globalistas) cuyos tres primeros ministros David Cameron, Theresa May y Boris Johnson lo apoyaron sin rubor (https://bit.ly/33F8m5F).

Después de 57 sismos en sólo dos meses, y las próximas elecciones del 12 de diciembre, en forma oportunista y desvergonzada Boris Johnson busca obtener los distritos electorales en el norte donde se aplica sin recato el fracking.

Ya en 2012 el excéntrico Boris Johnson, gran aliado de Trump, había escrito: “Ignoren a los mercaderes del Apocalipsis, Gran Bretaña debe adoptar el fracking” cuando condenó como "absurda" la oposición "demencial" del “ lobby verde” y los "eco-guerreros" quienes denuncian el fracking (https://bit.ly/2X3M1fL).

Semanas después a la pasmosa moratoria del fracking por el gobierno británico, The Wall Street Journal, propiedad de Dow Jones/Fox News, muy cercanos a Trump, expone una retirada relativa ( pullback) de las empresas del fracking al "operar lo impensable (sic): planifican bombear menos" (https://on.wsj.com/34Olvtq).

Según la empresa de análisis de datos Enverus, el número de plataformas activas de extracción en EU ha sufrido una reducción de 26 por ciento.

El auge del gas lutita mediante el fracking se debió a la duplicación de su producción, en particular en la Cuenca Pérmica, en la parte occidental de Texas y en Nuevo México.

WSJ comenta que "después de que las empresas de gas lutita llevaron la producción de gas natural y petróleo a niveles récord", ahora operan un “ pullback abrupto” entre los principales extractores como EQT –el mayor productor de gas natural, con sede en Pittsburg que vislumbra gastar 400 millones de dólares menos en 2020– y Chesapeake Energy –cuyas acciones se desplomaron 40 por ciento– debido a la ausencia de ganancias.

Tal pullback "causaría un aplanamiento (sic) del crecimiento de la producción petrolera en EU" para 2020 que empezó a disminuir este año (https://on.wsj.com/2X2ZILW).

Ya había explorado el atroz financierismo de las empresas de gas lutita subsidiadas por la banca de Wall Street por motivos de seguridad energética nacional (https://bit.ly/2QbK13B) que creó una vulgar "burbuja" especulativa (https://bit.ly/36QwTGZ).

El destino financierista y sus sismos alcanzaron al fracking.

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Integrantes de la iniciativa agrícola FarmHub, en el estado de Nueva York FARMHUB

La ciudad de Kingston, en el estado de Nueva York, está intentando construir un ecosistema local inclusivo y autosuficiente

 

Todo empezó con O+, un festival que ayuda a artistas a intercambiar su trabajo por prestaciones de sanidad ante la dificultad de acceder a seguros privados

 

"Cuando todo se vaya al carajo, no va a venir nadie a rescatarnos. Tenemos que encontrar una solución nosotros mismos", señala el director de la radio local

 

La ciudad de Kingston, en el estado de Nueva York, tiene una población diversa de 23.000 habitantes y está flanqueada en el este por el arroyo Rondout y el río Hudson y en el oeste por las montañas Catskill. Cuenta con una rústica ribera industrial, un colorido casco histórico y edificios de piedra de la época colonial. Cualquier viajero podría describirla como bucólica.

Las calles del centro están llenas de restaurantes y, desde hace un tiempo, tiendas de vestidos de terciopelo, ropa de segunda mano, productos medicinales elaborados con cannabis y teteras con pantallas LCD. Pero al pasar por la librería Half Moon Books, el visitante puede encontrarse con otro aspecto de la ciudad. El escaparate de la librería exhibe únicamente literatura de no ficción sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos. "Comencé organizando un escaparate sobre utopías", explica la vendedora de libros Jessica DuPont, "pero no sé cómo acabé con libros sobre la agonía del capitalismo".

Hace poco más de una década me mudé a Kingston desde la ciudad de Nueva York, cuando se desató la crisis económica de 2008. Había terminado mis estudios en la universidad hacía tres años, pero mi incipiente carrera en los medios de comunicación se vio arrastrada por la recesión. Unas amigas mías, dos pintoras –una de unos 30 años y otra de más de 40–, eran propietarias de un edificio en el que estaba disponible un piso en la segunda planta. Allí podría vivir y trabajar.

Mis nuevos vecinos –artistas, músicos, dueños de tiendas o restaurantes, constructores, galeristas– me trataron como si fuera de la familia. Nuestra comunidad era diversa en cuanto a edad, pero todos teníamos ambiciones creativas e independientes en un sitio donde no abundaban las oportunidades económicas.

Así, muchos de nosotros nos encontramos con el mismo problema: la imposibilidad de acceder a un seguro de salud. Hace tiempo que el sistema de sanidad de EEUU es un desastre: lo era entonces y todavía lo es, porque aunque hay un sistema de sanidad público, los gastos extra y los copagos son astronómicos. Por suerte, entre nuestros amigos había médicos y dentistas que consideraban que nuestro trabajo era igual de valioso que el suyo. Entonces, se nos ocurrió algo. Basándonos en el viejo sistema de trueques, diseñamos una forma de intercambiar el arte de la medicina por la medicina del arte.

En octubre de 2010, lanzamos nuestro primer festival de arte callejero que duró todo un fin de semana, con música en vivo y eventos vinculados con la salud. Lo llamamos O+, como el grupo y el tipo sanguíneo. El público general podía participar mediante una donación. Los profesionales de la salud podían ofrecer su trabajo en una clínica que montamos en la calle.

Durante los siguientes años, miles de artistas como Lucius, Spiritualized y artistas locales que han tocado con los B-52’s y David Bowie, han recibido atención médica y dental valorada en cientos, a veces miles de dólares. Algunos artistas incluso afirman que la atención que recibieron allí les salvó la vida.

Poco después del primer O+, me marché de Kingston porque me surgió una oportunidad de empleo en otra ciudad. Ahora vivo en Savannah, en el estado de Georgia. Pero O+ siguió adelante. Los organizadores se han expandido para ofrecerle al público general más recursos: kits de rescate para sobredosis de opioides, formación en reanimación cardiopulmonar, conferencias sobre temas de salud y clases de bienestar que duran todo el año.

Algunos políticos locales o vecinos que no están de acuerdo con que se intercambie arte por atención médica y dental han intentando poner trabas, pero la causa siempre ha estado alimentada por un sentimiento de rebeldía y por la comprensión de que los artistas necesitan atención médica y de que el arte es bueno para la salud.

"Para cambiar el sistema a nivel nacional, hay que hacer miles de cosas a nivel local y en algún momento el sistema evolucionará", asegura el director ejecutivo de O+, Joe Concra, en cuyo edificio yo vivía cuando comenzamos el proyecto. Concra trabajó como voluntario a jornada completa durante años, hasta que gracias a becas y donaciones se pudieron pagar tres modestos salarios a jornada completa y siete de media jornada. "Cada vez que entro a la clínica, pienso: ‘Vaya, sí que es posible construir un sistema nuevo’. Me niego a creer que es imposible. Por eso seguimos trabajando en esto'".

La semana antes de la décima edición del festival O+, Concra y yo nos sentamos en la cafetería de Rough Draft, una librería independiente de Kingston que abrió en 2017 y a menudo es sede de eventos de organizaciones sin ánimo de lucro para recaudar fondos. Los tres empleados de la cafetería llevan camisetas de O+.

"Cuando comenzamos con esto", relata Concra señalándose a sí mismo, a mí y a la habitación, "no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo". Se pone de pie y corre al otro lado de la tienda para buscar un ejemplar de Sobrevivir al Futuro de David Fleming (2016), un tratado sobre comunidades sostenibles "en el marco de una economía de mercado" y abre la página en un capítulo llamado Carnaval. "Mira", me dice. "Estábamos creando un carnaval para la revolución".

Puede ser que O+ haya aportado el carnaval. Ahora ya no está solo en la revolución: la red de sanidad anticapitalista y antisistema de Kingston es solo un ejemplo de un modelo que podría reemplazar a las corporaciones en el país. Los vecinos han lanzado una cadena de radio no comercial, Radio Kingston WKNY, con una programación representativa de las comunidades locales que se emite gracias a grupos electrógenos si se corta la electricidad. También existe una micro-moneda regional llamada la Moneda Hudson Valley para "generar un ecosistema que nos incluya a todos", en palabras de su cofundador David McCarthy.

Iniciativas agrícolas como Farm Hub trabajan para lograr sistemas de alimentación fuertes e igualitarios. Una red de carriles bici conecta los pueblos con las granjas locales (para cuando ya no haya gasolina para los coches). Y organizaciones como RiseUp Kingston, Kingston Citizens, Nobody Leaves Mid-Hudson, y la Kingston Tenants Union facilitan la participación ciudadana, luchan contra los desahucios y promueven políticas públicas para combatir la cada vez más acuciante escasez de viviendas.

Visto desde mi casa en el sur del país, da la sensación de que, poco a poco, Kingston está montando la infraestructura de una comunidad autosuficiente, una comunidad que pretende sobrevivir a un posible colapso económico sobre el que bromeamos mientras bebemos cerveza en Rough Draft.

DuPont, la vendedora de la librería Half Moon, no cree que el vecino medio de Kingston esté activamente preparándose para una implosión social. "Pero sí pienso que las presiones económicas –especialmente cómo se han disparado los precios de las viviendas– están haciendo que la gente busque formar nuevas redes y maneras de apoyarse entre sí", señala. Mientras tanto, los directores de las organizaciones arriba mencionadas se enfrentan a preguntas como: "¿Cómo podemos asegurarnos de tener todos los recursos que necesitamos?" y "¿cómo hacemos para no dejar a nadie atrás?".

El primer fin de semana de noviembre, en una escuela de la ciudad, se organizó una conferencia llamada Sobrevivir al futuro: conexión y comunidad en tiempos de inestabilidad. "Prominentes pensadores de cambios en el sistema y transiciones" hablaron sobre temas clave para una "transición justa", inclusiva y holística del capitalismo hacia algo nuevo… lo que quiera que sea aquello.

Gran parte del trabajo es imaginar cómo se arma algo desde cero: en un panel sobre la vivienda como derecho humano, copresentado por Radio Kingston, O+, el Centro Comunitario LGTBQ Hudson Valley y otros, Callie Jayne de RiseUp Kingston explica modelos de trabajo para abordar su principal preocupación: la escasez de viviendas. "Si no se ha hecho antes, probablemente sea algo bueno, porque lo que hemos estado haciendo no ha funcionado".

"Me siento privilegiada por formar parte de las conversaciones de alto nivel sobre qué sucederá en el futuro", afirma el director ejecutivo de Radio Kingston, Jimmy Buff. "Aquí hay gente que está intentando encontrar una vivienda que no le cueste el 50% de sus ingresos o quedarse en viviendas en las que han vivido durante décadas y que la gentrificación no los obligue a marcharse del barrio. La crisis climática, la potencial agitación civil…¿Cómo nos organizamos a nivel local para abastecernos cuando todas estas cosas que parecen estar yéndose al diablo se vayan efectivamente al diablo?"

Yo me pregunto esto mismo constantemente. Pero en Savannah –una ciudad de 124.000 habitantes con una gran división racial y política y una tasa de pobreza un cuarto mayor que la de Kingston– formo parte de una minoría muy pequeña. En la radio no se escuchan conversaciones sobre igualdad ni están representadas las voces diversas de mi barrio. No he visto libros apocalípticos en los escaparates de las librerías. Cuando pienso en lo poco preparados que estamos para la crisis, echo de menos Kingston.

"Cuando todo se vaya al carajo, no va a venir nadie a rescatarnos", dice Buff. "Tenemos que encontrar una solución nosotros mismos, porque esta es nuestra ciudad. Aquí es donde vivimos. Esto es todo lo que tenemos".

Traducido por Lucía Balducci.

Publicado enSociedad
Santiago Levín: “La injusticia social produce sufrimiento”

El prestigioso psiquiatra y psicoanalista advierte sobre el reduccionismo biologicista en psiquiatría, aunque señala que "esto no significa que no exista la biología". El impacto de lo social en la salud mental.

 

El nuevo libro de Santiago Levín, La psiquiatría en la encrucijada (Eudeba), analiza esta especialidad médica en el período comprendido entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Levín encuentra en ese lapso que la psiquiatría occidental se encuentra empeñada en una propuesta disciplinar que reduce el fenómeno estudiado a uno solo de sus componentes: el factor biológico. Esto, entiende, es un biorreduccionismo. Este prestigioso médico psiquiatra y psicoanalista analiza el origen histórico y epistemológico de esta propuesta y la caracteriza con sumo detalle. Luego analiza las causas de su declinación y plantea las derivaciones del debilitamiento. En ese sentido, su trabajo es una revisión crítica de la psiquiatría desde adentro, como señala el médico psiquiatra Norberto Conti en el prólogo correspondiente. “No es material para felicidad de los antipsiquiatras sino que es un material trabajado desde adentro de la psiquiatría y desde mi identidad de psiquiatra”, plantea Levín.

--Usted señala desde dónde se posiciona para realizar su trabajo: ni de la vereda de los que postulan una psiquiatría de base biológica que cuestionan la psicología y el psicoanálisis ni de quienes sostienen que el psicofármaco es un chaleco químico que se utiliza con fines punitivos y de control social. ¿Esta es la grieta científica de la Argentina o también es política?

--Dejemos de lado la palabra “grieta” por ahora. La salud mental es un campo sumamente polémico. Los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, los terapistas ocupacionales, los enfermeros integramos un campo complejo, diverso, heterogéneo, donde hay posiciones encontradas, donde hay luchas corporativas y donde, a veces, en el medio de todo ese berenjenal nos olvidamos que nuestro objetivo es el trabajo por el beneficio de los pacientes, de la gente en general. Entonces, es necesario ir encontrando caminos de reunión, no de desunión. Por eso, en este momento no aceptaría usar la palabra “grieta”. Creo que la plataforma donde nos podríamos encontrar desde distintas posiciones respetando las diferencias es la de la salud pública; es decir, desde una epidemiología que es muy preocupante: de los trastornos mentales a nivel mundial. Y se pone cada día más preocupante. Me pregunto: ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder los profesionales de la salud mental dentro de la salud, en general, para que haya respuestas para toda la gente?

--¿La idea también es demostrar que una crítica al reduccionismo biológico en psiquiatría no es una crítica a la psiquiatría en general?

--Exactamente. Cuando uno critica el reduccionismo biológico, el acento habría que ponerlo en reduccionismo, no en biológico. También existe un reduccionismo psicológico, un reduccionismo sociológico y últimamente hemos postulado la existencia de un reduccionismo ideológico, un ideologismo, y un reduccionismo legalista, en donde todo el problema de la salud mental se resume a la tutela de unos derechos o a la defensa de una o dos ideas, o en el caso del reduccionismo sociológico sería la sociedad y el sistema que enferman y apartan, con lo cual habría que cambiar todo el sistema y se arreglaría el problema de salud mental. Nosotros postulamos una posición antirreduccionista, pero no solamente por un problema epistemológico sino por un problema clínico. No somos teóricos, filósofos ni epistemólogos. Somos clínicos, atendemos pacientes. Y para poder atender mejor el complejo fenómeno humano, esa demanda llena de matices y de espesores que llegan hacia nosotros, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por no ser reduccionistas. Un poco de reduccionismo es epistemológicamente aceptable en el laboratorio. Un investigador que trabaja en hipertensión arterial con arteria renal de algún animal pequeño puede darse el lujo, incluso puede necesitar ponerse reduccionista. Pero a la hora de ir a la clínica, a la atención de personas, el reduccionismo es un enemigo. Pero la crítica al reduccionismo biológico no significa que no exista la biología... Significa que no somos sólo biología, pero sin biología no hay medicina, no hay psiquiatría ni hay salud mental.

--¿Cuál es el valor social de la psiquiatría en el siglo XXI?

--Es una excelente pregunta que yo me la hago todos los días y creo que la respuesta a esa pregunta la tenemos que construir todavía. Puedo dar una versión muy verde, muy preliminar. Como estamos en un terreno polémico, cambiante y heterogéneo, no hay una respuesta única a esa pregunta. Un conjunto grande de nosotros cree que la psiquiatría, como una de las cinco clínicas de la medicina, tiene todavía por mucho tiempo un rol muy importante a cumplir en una sociedad que quiera organizarse para atender su salud y su educación desde políticas planificadas. Yo creo que al final del día salud y educación son la misma cosa. No existe la una sin la otra. Entonces, son necesarias las políticas públicas en salud y en educación que son complementarias. El rol de la psiquiatría en un mundo donde la segunda causa de carga de enfermedad son las depresiones está bastante claro. Su pregunta se puede tomar desde distintos ángulos.

--¿Como cuáles?

--Desde el punto de vista epidemiológico, el rol social de la psiquiatría se explica mirando las primeras diez causas de enfermedad en el mundo. Las dos primeras son la enfermedad coronaria y la depresión. El consumo de alcohol, que es una patología gravísima a nivel mundial, y los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia muy alta. Eso sería desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista más político, el cuidado de la salud y la educación de una población son dos de los pilares fundamentales sobre los que se han construido las sociedades más justas e igualitarias en la historia reciente del mundo. Y desde el punto de vista estrictamente médico, la psiquiatría es una de las cinco ramas troncales de la medicina: tenemos medicina de adultos, de chicos, cirugía, la medicina de la mujer (tocoginecología) y la psiquiatría.

--En la periodización de Lanteri-Laura que usted recupera en el libro señala tres paradigmas. En el paradigma de la alienación mental se postula la existencia de una sola enfermedad: la alienación mental. ¿Cree que es el extremo de hoy en día en que se utiliza el DSM para una diversificación amplia de los trastornos mentales?

--En primer lugar, para lo que Lanteri-Laura llamaba “paradigma de la alienación mental” tenemos que movernos hacia el siglo XVIII, el siglo de las luces, y comprender el enorme cambio que significó la Revolución Francesa que, a su vez, pudo ser posible por algunos cambios de concepción de orden filosófico que tuvieron lugar a lo largo de todo ese siglo. Y hacia fines de siglo se pudo dar esta revolución burguesa tan trascendente en la historia de la humanidad. Ahí nacieron los conceptos de ciudadano, de individuo, de sujeto de derechos, los “derechos del hombre” en ese momento; hoy diríamos “del ser humano”, el Estado tripartito que se autorregula y que propende hacia el bien común, etcétera. En ese momento, el loco pasa al campo de la medicina convirtiéndose en alienado. “Alienado” ya pasa a ser un nombre médico. Antes, la locura no estaba en la esfera de la medicina.

--Era la etapa de las religiones y del oscurantismo.

--Exactamente, también de la policía. Entonces, existe solamente una relación muy lejana entre las concepciones de Philippe Pinel y de los alienistas de fines del Siglo XVIII y el DSM del Siglo XX. Sin embargo, hay una relación porque la locura pasó dentro del campo de la medicina por el tamiz de las clasificaciones. Empezó a ser objeto de la taxonomía. Así como se dividían el reino animal, el reino vegetal, etcétera, y ya la medicina clínica empezaba a armar sus nosografías, también fue la psiquiatría por ese camino.

--¿Aquel fue el momento en que se consolidó la estigmatización de la locura?

-–Me parece que no. Tal vez, la respuesta sería que sí, pero el concepto de estigma es muy reciente. Nosotros tratamos de evitar uno de los pecados en historia, que es el anacronismo. Cuando un concepto no está inventado esa noción no existe. Por ejemplo, la infancia no existió hasta antes del siglo XIX. No existía el concepto de que los seres humanos chiquitos eran infantes y tenían otras necesidades y otros modos de funcionamiento y otros derechos. Lo mismo pasa con el concepto de estigma. Para llegar al concepto de estigma tenemos que atravesar todo el siglo XX, el horror de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, la introducción del concepto de derechos humanos, la generalización del concepto de los derechos humanos, el feminismo, los estudios de género, el concepto de amor por la diferencia, lo parecido y lo diferente. Entonces, empieza a aparecer la noción de que las personas que sufren alguna discapacidad mental deberían ser aceptadas en el seno de la sociedad que las generó sin discriminación. Ahí aparece el concepto de estigma. “Estigma” es una palabra que viene de la religión católica: “los estigmas de Cristo”. Se refiere a signos que desde afuera permiten rápidamente visualizar algo del orden de lo diferente; en este caso, para apartarlo. No sé si el nacimiento de la psiquiatría con la Revolución Francesa sería el origen de la estigmatización del paciente con trastornos mentales pero me parece una hipótesis interesante a estudiar.

--¿La dicotomía estar loco-no estar loco es un reduccionismo que no se ajusta a la época actual?

--Eso lo explica muy bien Lanteri-Laura en su libro Historia de los paradigmas de la psiquiatría moderna. Siguiendo la teoría de los paradigmas científicos de Thomas Kuhn, él explica que al superarse un paradigma con otro quedan esquirlas del paradigma anterior en el subsiguiente, después en el siguiente y así sucesivamente. Entonces, ese paradigma de esa época, donde todo el problema consistía en quedar de un lado u otro de la raya, sigue persistiendo hasta hoy bajo distintas formas. De hecho, ese preconcepto, el concepto equivocado de que existiría una línea y que uno podría estar totalmente de un lado o del otro es una de las bases del prejuicio y es una de las bases del estigma. Hoy pensamos que no es así y que todos tenemos un pie de cada lado en distintas proporciones.

--¿La profundización del sistema capitalista, el neoliberalismo, trajo aparejados cambios en los modos sociales de representación de la locura?

--Absolutamente sí, aunque no es sencillo responderlo en dos líneas. Acá habría que diferenciar el concepto de padecimiento del concepto de enfermedad. La palabra “enfermedad mental” se aplica a trastornos relativamente bien definidos, conocidos, que tienen una determinada evolución y un determinado tratamiento. Pero también existe el padecimiento. La injusticia social produce sufrimiento, no enfermedad mental, produce sufrimiento que puede tener síntomas mentales. La desocupación, la explotación, la falta de atención de la salud y la educación, la vivienda que no se tiene, las condiciones de marginalidad y de marginación producen sufrimiento agudo muy importante. Entonces, sí, el sistema produce, no diría trastornos mentales pero sí padecimientos mentales que se pueden convertir en trastornos si se cronifican. En Buenos Aires está muy estudiado que en la crisis de 2001-2002 se multiplicaron por dos o por tres los infartos agudos de miocardio en las guardias de los hospitales. El estrés agudo y el estrés crónico producen enfermedad física y también pueden producir trastornos mentales. Entonces, la relación entre el concepto de padecimiento y el concepto de enfermedad se borronea un poco. Pero, por supuesto, el sistema tiene mucho que ver con la felicidad o la infelicidad de los pueblos.

--¿Cree que la denominada “década del cerebro 1990-2000” fue la anticipación del modelo de las neurociencias de hoy en día?

--Las neurociencias están muy bien siempre y cuando no las dejemos solas en el escenario. El cerebro es un órgano maravilloso, complejísimo. Nos falta aprender muchísimo sobre el cerebro. Es una cantidad de neuronas casi inimaginable. La plasticidad, la enorme cantidad de conexiones y de posibilidades que tiene ese órgano dentro de la caja craneal seguramente guarda un montón de misterios a resolver. Como dice un amigo mío: “Si hay mentes, seguro hay cerebros en algún lugar cercano”. Por supuesto que hay una relación entre una cosa y la otra. El problema es cuando ese saber y ese conocimiento se utilizan de manera reduccionista y se intenta explicar la homosexualidad a partir de un gen. Esto fue uno de los clásicos de la década del 90. En esa década hubo una euforia que luego se vislumbró como no justificada en donde el estudio del cerebro y la secuenciación del genoma humano iban a traer todas las respuestas que estábamos necesitando. Eso no pasó. Y hoy por hoy, como dice Germán Berríos, no tenemos ningún diagnóstico en psiquiatría que se pueda hacer a partir de un parámetro biológico. Si esto va a cambiar o no en el futuro no lo sé, pero en la fecha, el diagnóstico en psiquiatría es clínico.

Lourdes Casanova, Directora del Instituto de Mercados emergentes

La profesora de la universidad de Cornell (EE UU) llama al regreso de los bancos de desarrollo: "Hace falta algo más que solo mercado y la región no puede ir en dirección contraria"

La receta de crecimiento de las últimas décadas ha dado un giro drástico: de la idea de que la mejor política industrial es la no política industrial, que tantos adeptos sumó en las últimas décadas, se ha pasado, en unos pocos años, a la revalorización de la figura del Estado como timón que fije el rumbo a largo plazo. "Hemos entrado en otra fase", confirma Lourdes Casanova (Fraga, 1958) directora del Instituto de Mercados Emergentes y profesora de la Escuela de Administración Samuel Curtis Johnson, ambos adscritos a la Universidad de Cornell. Y América Latina —una de las regiones que más de cerca sigue desde la academia— no puede ser ajena a esta nueva realidad: “Ha de tenerla en cuenta. Hay una vuelta a los bancos de desarrollo en todo el mundo, muchos países de la región se han dado cuenta de que hace falta algo más que solo mercado y la región no puede ir en dirección contraria. En Estados Unidos, por ejemplo, han crecido las voces que piden al Estado tener un papel importante en la puesta en marcha de la red 5G, algo que habría sido impensable hace unos años”, apunta en conversación con EL PAÍS en un céntrico hotel neoyorquino, a un paso de Central Park.

La revalorización de la función rectora del Estado ha exhibido la realidad contraria, sobre todo en América Latina: "Que igual se ha ido demasiado lejos en la desindustrialización de sus economías a la busca de beneficios a corto plazo. Claramente, se han equivocado en renunciar a una política industrial". En un mundo cambiante, subraya Casanova, la necesidad de planes a largo plazo es más importante que nunca. "Y eso es, lamentablemente, todo lo contrario a lo que vemos en muchos países latinoamericanos, donde los bandazos y cambios de dirección son demasiado frecuentes, y apenas se piensa en medio y largo plazo. El consenso en torno a políticas de futuro es lo que da fuerza a una

La sempiterna ausencia de valor añadido sobre las exportaciones latinoamericanas es, apunta, un buen ejemplo de a qué se refiere cuando habla de ausencia de planificación con luces largas. “Pensemos en la soja: Argentina y Brasil se han convertido en dos de los mayores productores mundiales de soja, en buena medida para abastecer el mercado chino. Pero hasta ahora no han sido capaces de darle un valor añadido al producto”. ¿Se puede hablar de maldición de las materias primas? "Ni mucho menos; solo hay que ver los casos de Canadá, EE UU, Australia o Nueva Zelanda. Son una bendición, pero solo si eres capaz de agregarles valor. No tiene sentido, por ejemplo, que una de las mayores partidas de importaciones de México sea la gasolina: no es normal exportar petróleo e importar carburante".

La otra gran lección del discurrir de la economía global en los últimos años es que la lucha por ver quien produce más barato "se ha terminado". Es una batalla, afirma la profesora de Cornell, que ha ganado Asia: primero China —"que ahora ya ha pasado a otra fase, de inversión, a la que hay que prestar mucha atención, porque participa cada vez en más compras de empresas en el extranjero"— y, más recientemente, Vietnam y Camboya. "Es algo que tiene que aprender América Latina y, muy especialmente, México, un país que hoy por hoy tiene un coste laboral incluso más bajo que China cuando, a la larga, lo que sirve es la escala, la cadena de valor y el tamaño del mercado interno".

La integración comercial, clave para el crecimiento

En su abanico de recomendaciones, Casanova, hoy referente en una universidad que compite en las grandes ligas de las universidades estadounidenses tras años de docencia en la prestigiosa escuela francesa de negocios Insead, no se limita a los Gobiernos y llama también a la reflexión a los grandes capitales latinoamericanos. "Tener una de las sociedades más desiguales del mundo lastra mucho el crecimiento: tienen que recuperar el espíritu de sus antecesores, que era contribuir al desarrollo de sus países". También ser conscientes, añade, de que "para que sus empresas prosperen es necesario que aumente el consumo. Y de que la pobreza y la desigualdad no son solo problemas éticos gravísimos, sino una rémora para el crecimiento económico".

¿Vamos hacia una mayor integración comercial en América Latina? Cada año, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región afronta una factura superior a los 11.000 millones de dólares por, en vez de tener un único acuerdo comercial, contar con dos grandes bloques (la Alianza del Pacífico y Mercosur) y una treintena larga de acuerdos bilaterales. No será fácil, pero el camino a seguir es, "inevitablemente", integrarse más para poder competir como bloque. "Ojalá llegue pronto. Pero, mientras tanto, hay que acabar con la fragmentación en la medida de lo posible: impide coordinar los esfuerzos de desarrollo de tecnología y de innovación, que deberían ser regionales. Cada país, simplemente, no puede hacer la guerra por su cuenta"

Por Ignacio Fariza

5 NOV 2019 - 14:44 COT

Publicado enEconomía
Qué supone la salida de EEUU del Acuerdo de París

 El Gobierno de Trump ha comunicado de manera oficial a la ONU que abandona el tratado internacional contra el cambio climático. Su salida puede suponer un aumento de las emisiones y vuelve a activar las alertas por un posible efecto contagio en otros gobiernos negacionistas del planeta.

 

Trump ha dado el paso. Lo que ya anunció hace dos años se hace oficial y Estados Unidos inicia los trámites para abandonar el Acuerdo de París, el acuerdo internacional contra la crisis climática que fue firmado por 195 estados en 2015 en el que se establecía una hoja de ruta para tratar de evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales del siglo XXI.

"Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos", anunciaba este lunes Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.

Nada más llegar al poder, el político republicano, en un alarde de sus planteamientos negacionistas, anunció que abandonaría los acuerdos de París de 2017 tan pronto como la legislación se lo permitiera. Y así ha sido, en tanto que este tratado expone que cualquiera de las partes puede retirarse a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre y cuando envíe una notificación formal a la ONU un año antes. Trump no ha fallado en los tiempos y ha anunciado a las Naciones Unidas que abandona los compromisos climáticos que se acordaron en 2015 en la capital francesa. Pero, ¿qué supone la salida de EEUU?

Sin frenos a las emisiones

Estados Unidos es, a nivel mundial, el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China. Tanto, que se calcula que el país norteamericano es el responsable de cerca del 15% de las emisiones globales. Ante esto, el Acuerdo de París se presenta como uno de los escasos mecanismos internacionales que establece mecanismos para la reducción de las emisiones. Tanto, que Obama –el presidente que firmó el tratado– fijó compromisos para una reducción de las emisiones de CO2 de algo más del 25% para 2030. Sin embargo, la retirada de EEUU hace que ese escenario se vuelva aún más lejano.

“En parte el negacionismo de Trump tiene que ver con los vínculos de su administración con la industria de los combustibles fósiles”, opina Héctor de Prado, responsable de Justicia Climática de la organización Amigos de la Tierra, que señala a las repercusiones que puede tener su salida en cuanto a los compromisos financieros del tratado parisino que establecía, a grandes rasgos, que los países más contaminantes deberían destinar un porcentaje de sus fondos a financiar la adaptación y la resiliencia al cambio climático de los estados del cono sur.

“Es importante porque Estados Unidos aporta cerca del 21% del replenishment de los fondos del Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) que empezó en París. Su retirada puede tener consecuencias nefastas para muchos países”, expone el ecologista. "La moraleja aquí es que uno de los mayores 'donantes' se retira, y lo que es peor, antes de haber completado íntegramente su promesa, con las evidentes implicaciones que eso conlleva tanto a países como a inversores", añade.

"Trump tiene vocación de genocida y usa la salida del Acuerdo de París para desviar de los problemas político que enfrenta con el impeachment.  Su decisión va a afectar a la vida de millones de personas en todo el mundo, perjudicando gravemente los derechos humanos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, entre otros", valora Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción.

La salida no es irrevocable

No todo es negro. En esta noticia que reafirma la línea discursiva de Trump en materia climática hay algunas aristas a las que la sociedad norteamericana –y el resto del mundo– puede agarrarse. Tanto es así que, el abandono del acuerdo no es irrevocable. Es decir, la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, sea de manera anticipada o no, podría suponer que los EEUU volvieran a ratificar los compromisos de París.

En cualquier caso, la decisión de abandonar el multilateralismo medioambiental podría contrarrestarse dentro de los propios poderes estatales de EEUU, ya que los gobiernos de los diferentes estados tienen capacidad de impulsar sus propias medidas anticontaminación, como el reciente caso de la ciudad de Nueva York, que ha prohibido la circulación de coches en una de las avenidas principales de Manhattan. “Vemos que hay estados con políticas ejemplares en cambio climático y otros que son todo lo contrario. Quizá, esa capacidad interna sea más relevante a veces que estar en el acuerdo de París”, opina Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción.

"Hay decisiones del gobierno de Estados Unidos que agravarán igual o mas el calentamiento global que la salida del Acuerdo de París, como por ejemplo la reactivación de proyectos como los oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline en tierras sioux o el Plan Energético América Primero, una apuesta decidida por la extracción y el uso sin límites de los combustibles fósiles. La administración Trump ha eliminado o está intentando eliminar restricciones a las tecnologías de perforación del fracking y reduciendo el gasto en las agencias públicas de regulación y control de temas medioambientales", añade Kucharz.

Efecto contagio

La posibilidad de que el discurso de Trump pueda calar en otros gobiernos conservadores como el de Bolsonaro en Brasil vuelve a saltar a la palestra. Pero no solo eso, sino que algunos estados euroescépticos pueden sumarse a la situación de bloqueo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que EEUU no saldrá del acuerdo hasta el próximo año, por lo que Trump mantendrá su asiento en la próxima Cumbre del Clima de Madrid (COP 25) desde el que podrá incendiar los debates y frenar la ambición de los acuerdos que se puedan alcanzar. “El hecho de que desde dentro propague la idea de que la lucha contra el cambio climático es una patraña es muy peligroso”, argumenta De Prado.

En cualquier caso la salida de Trump, que hasta ahora era un gran escollo en este tipo de cumbres, puede tener aspectos positivos de cara a las futuras negociaciones. “No es necesariamente una mala noticia para el cambio climática. Él fortalece claramente los intereses negacionistas y, en ese sentido, que se vaya puede suponer que se desatasquen algunas de las negociaciones por el clima”, opina Andaluz, centrándose en cómo podrían transcurrir las futuras cumbres sin la presencia de representantes estadounidenses.

No obstante, el abandono de EEUU y de cualquier otro estado que decida seguir sus pasos debería llevar a la ONU, según los colectivos ecologistas, a activar mecanismos sancionadores para aquellos ejecutivos que no cumplan en materia climática. 

madrid

05/11/2019 17:53 Actualizado: 05/11/2019 18:42

alejandro tena

Publicado enMedio Ambiente
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