Evo Morales en entrevista con Brecha en Buenos Aires / Foto: Guido Piotrowski

El expresidente de Bolivia duda de que el nuevo gobierno reconozca un eventual triunfo del Mas en las elecciones de mayo. Insiste en la legitimidad de su intento de reelección y cree que la solución al problema de los liderazgos en la izquierda regional pasa por un cambio de mentalidad en los latinoamericanos. En diálogo con Brecha, arremetió contra quienes cuestionan el modelo extractivo en su país y habló sobre su vínculo con el feminismo.

 

Camisa blanca de manga corta, pantalón negro y zapatos al tono, Evo Morales circula por las oficinas de su búnker porteño en la calle Chile, barrio de San Telmo, pegado a su teléfono celular. Es miércoles de mañana y el cierre de candidaturas en Bolivia apremia, por los plazos: el último día es el 3 de febrero. Desde temprano estuvo reunido con más de 20 representantes de diferentes departamentos de Bolivia. En una sala grande definen los candidatos de modo asambleario, todos en ronda. Tras la puerta cerrada se escuchan las diferentes voces. Morales observa, escucha, opina. Sale de la oficina y ante la expectativa de los cronistas saluda sonriente, camina, entra en otra oficina, habla con un interlocutor en Bolivia. El equipo de Brecha había sido citado para la entrevista con el expresidente a las 8.30. La espera termina a las 12.45, cuando Evo Morales finalmente ingresa al salón y se dispone a sentarse para responder a las preguntas. “Pido disculpas por la demora”, dice.

Un día antes, Luis Arce, el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (Mas) y ex ministro de Economía de Morales, aterrizó en suelo boliviano para iniciar la campaña electoral. Lo esperaba el gobierno de Jeanine Áñez con la amenaza de detenerlo bajo acusaciones de corrupción, el lawfare de moda: por no controlar el uso del Fondo Indígena en diferentes proyectos aprobados para su ejecución. La propia fiscal de la causa se encargó de desmentir la existencia de una orden de detención contra Arce y sólo le tomó declaración, a la espera de que sus abogados accedan al voluminoso expediente de veinte cuerpos que forman la causa. Eso fue motivo de debate en las oficinas de la calle Chile, donde ya manejan cifras de las primeras encuestas: 35 por ciento de intención de voto para Arce y algo más del 15 por ciento para Carlos Mesa. La mandataria Áñez aparece un poco más abajo. El dirigente cívico Fernando Camacho y Jorge “Tuto” Quiroga ni siquiera figuran con guarismos significativos, al menos según los sondeos en manos del equipo de prensa de Morales. “Van a buscar perseguirnos”, dice el expresidente, y los asambleístas asienten.

Cuando Brecha le pregunta por su posible candidatura prefiere esquivar el tema. “Estoy para apoyar a los compañeros”, suelta al pasar. Al atardecer del miércoles se conocerá el comunicado del Mas donde se informa que Evo aceptó inscribirse como candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, el documento aclara que la inscripción es sólo para habilitar, legalmente y en los plazos establecidos por el cronograma electoral, una eventual candidatura en caso de que las asambleas decidan elegirlo como representante. “El debate de las candidaturas finales aún se está desarrollando”, aclara el comunicado de prensa.

—Después de 14 años en el poder y tras el golpe de Estado ya consumado, ¿qué enseñanzas saca en limpio y qué autocrítica hace hoy sobre su gestión?

—Primero, siempre con el pueblo, todo para el pueblo. Esa es la lucha histórica de la gente marginada. La lucha viene desde la colonia, pasando por la república. Y para estar con el pueblo nos pareció importante tener en cuenta tres cosas: en lo político, la refundación de Bolivia; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Lo más difícil para mi gestión fue la refundación, dejar el Estado colonial y contar con un Estado plurinacional en Bolivia, donde todos tengan los mismos derechos. Se acabó el Estado impostor, las autoridades aparentes, el Estado fallido, las amenazas de hacer desaparecer Bolivia. A partir del Estado plurinacional [se impulsaron] las mejores oportunidades para los más excluidos, que están dentro del movimiento indígena, y para las mujeres. Y todo incluido en la Constitución. En lo económico, para estar con el pueblo, han sido importantes las nacionalizaciones de los recursos naturales y de las empresas estratégicas.

Acá hay una profunda diferencia con la derecha boliviana y con el sistema capitalista, que consideran la salud y la vivienda como servicios. Para nuestro movimiento son derechos. Los servicios básicos son un negocio privado para el capitalismo. Mientras que para nosotros, en el socialismo comunitario, son derechos humanos. Por lo tanto, nuestra defensa va no sólo por los derechos individuales y personales, sino también por los derechos colectivos y de la comunidad. En la cuestión del comercio, para estar con el pueblo, es importante un programa de solidaridad, complementariedad y competitividad.

—¿Y la autocrítica de su gestión?

—[Duda antes de contestar.] En el tema de autocrítica y debilidades… Cuando tu hermano es presidente, algunos sectores tienen mucha y exagerada ambición. Algunos reclaman incluso cosas indeseables para otros sectores sociales. Entonces no están pensando en Bolivia, sino solamente para su sector o para una legión de ciudadanos. Pero cuando se maneja con transparencia el gobierno, con datos económicos, esos sectores lo entienden, aunque les cuesta aceptarlo. Y quiero decir que en la lucha de clases, ideológica, programática, es necesario discutir y trabajar. Los mismos movimientos sociales nos decían en las reuniones que ellos no venían a discutir y evaluar políticas sino a distribuir proyectos y obras. No querían debate ideológico. Y eso hay que trabajarlo durante el proceso de transformación. La realidad es que hay casi tres millones de bolivianos y bolivianas que subieron de la clase humilde o pobre a la clase media y se olvidaron de donde vienen, prefieren no tener compromisos con la sociedad, y ya traen nuevas expectativas. No toman en cuenta que todavía hay muchas familias en la situación en la que ellos estaban antes.

—Eso es un desafío para todos los gobiernos progresistas de la región. Cómo reaccionar ante las nuevas expectativas generadas tras las mejoras logradas por las gestiones gubernamentales.

—Fue todo un desafío para nuestro gobierno, y falta mucho para saber cómo reaccionar y seguir avanzando. En el caso de la administración, nosotros trabajamos los datos y llegamos a la conclusión de que las exageradas subvenciones estatales son una sangría para la economía nacional. No garantizan el futuro económico del país. Hay que combinar la inversión pública hecha para ampliar el aparato productivo con el aspecto laboral y social. De ahí viene la redistribución de la riqueza que permite terminar con la pobreza.

—Esos sectores que según usted reclaman demasiado al gobernante de turno, ¿son aquellos que en noviembre pedían su renuncia? Me refiero a la Central Obrera Boliviana (Cob) y a algunos sindicatos mineros.

—No diría eso… Creo que el pedido de renuncia que ellos hicieron hacia mí fue por una cuestión de miedo. Yo mismo no podía entender cómo la Cob podía pedir mi renuncia para dar oportunidad a la derecha. Ese fue un error político de la Cob, pero no por las reivindicaciones sectoriales de las que hablé antes. Porque ellos mismos me han propuesto que sea candidato a presidente, defendieron mi candidatura y se movilizaron por ella. Hubo un momento en que los tomó el temor y se lanzaron a pedir mi renuncia. Eso lo van a llevar como un error histórico.

—La postulación de Andrónico Rodríguez y de Orlando Gutiérrez, dirigente de la Cob, ¿marca diferencias entre el Mas, la Cob y los mineros?

—No. Estamos unidos. Nunca antes hubo cuatro candidatos. Estamos todos convencidos de que es importante la unidad, porque quien tiene la responsabilidad de conducir el nuevo proceso cuenta con el apoyo de todos.

EL MODELO EXTRACTIVISTA

—Una de las cuestiones comunes a los gobiernos progresistas o de izquierda de los últimos años es la generación de riqueza a través de una matriz similar a la del neoliberalismo: el extractivismo. ¿Cómo se enfrenta este problema?

—El sistema capitalista, además de destrozar el planeta, quiere que los llamados países subdesarrollados se lo cuidemos para su beneficio. Eso no lo comparto. Por supuesto que tenemos que cuidar el ambiente, y en eso soy un convencido. El ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra. Y ella va a existir mejor sin el ser humano. Nosotros le planteamos a la Onu como prioridad los derechos de la madre tierra. Recién hace 70 años que en el mundo se dieron cuenta de que los seres humanos tenemos derechos y aparecieron los derechos humanos, los derechos políticos, sociales y económicos. Y recién en 2007 se declararon los derechos de los pueblos indígenas. Pero lo más importante aquí es que los derechos de la madre tierra no existen. Sin la madre tierra no hay vida, y por lo tanto, no hay humanidad.

Cuando se trata de aprovechar nuestros recursos naturales con una planificación a corto, mediano y largo plazo que respete los derechos de la tierra, aquí eso no se vivencia. Cuando el neoliberalismo explotaba el petróleo en reservas forestales, no había nadie que reclamara, ni las Ong ni las fundaciones. Cuando nosotros llegamos al gobierno y empezamos a hacer exploraciones respetando las zonas de reserva natural, empezaron las protestas financiadas desde Estados Unidos o por multinacionales.

—Hay sectores de la izquierda no financiados por Estados Unidos que reclaman contra el modelo extractivista…

—¿Quiénes son esos sectores en Bolivia? Son los troskos que se convierten en la extrema derecha. Ahora se escucha en Bolivia la frase “Otra izquierda es posible”. Y eso lo plantean los troskos. Durante el golpe [no hicieron] ni una manifestación contra la dictadura, y se dicen de izquierda. No puedo hablar de lo que ocurre en otros países con este tema de la explotación de los recursos naturales. Pero te diré lo que hicimos en Bolivia. Dimos valor agregado a nuestros recursos naturales para no tener dependencia en ciencia y tecnología. Eso fue una prioridad.

¿Cuál es el problema que tenemos no sólo los sudamericanos, sino los latinoamericanos en general? Algunos países plantean la liberación política, social y cultural. Y mi experiencia me dice que hay que acompañarla con liberación económica. La liberación política o ideológica sin liberación económica no tiene mucho futuro. Nosotros con las nacionalizaciones hemos garantizado esta liberación, económica y política. Pero el gran problema latinoamericano es que después tenemos que pasar de la nacionalización a la industrialización, con ciencia y tecnología.

—¿Y eso no se logra con las llamadas tecnologías limpias?

—Eso tenemos que lograrlo, por supuesto, con la defensa de la madre tierra y buscando y discutiendo nuevos caminos. Pero para eso los latinoamericanos necesitamos avanzar en ciencia y tecnología.

EL GOLPE Y LA OEA

—Hablando del golpe: ya en 2015 y 2016, tanto Nicolás Maduro desde Venezuela como “Pepe” Mujica en Uruguay habían desautorizado y criticado el rol del secretario general de la Oea, Luis Almagro. ¿Por qué usted, incluso con el golpe en ciernes, demoró tanto en darse cuenta del papel que ahora le atribuye a Almagro, que va en esa misma dirección?

—Fue un error de parte del gobierno nacional [se refiere a su gobierno]. Almagro tiene doble discurso. Alababa nuestra economía, el proceso de cambio. Entiendo que es un gran agente del imperio estadounidense y opera con planes contra los pueblos, incluso sin respetar los estatutos de fundación de la Oea. Debo reconocer como boliviano y como expresidente que fue un error creer que Luis Almagro podría garantizar un proceso democrático en nuestro país.

Pero pese al informe final de la auditoría electoral hemos ganado en la primera vuelta. El informe observa 226 mesas con irregularidades. Si es así, se piden nuevas elecciones en esas mesas y no en toda Bolivia. Si nosotros tenemos en cuenta las 36 mil mesas del país, 226 son mucho menos del 1 por ciento. Incluso si todos esos votos se hubieran contado para la oposición, igual hubiéramos ganado en primera vuelta. Es un golpe de la Oea.

REELECCIÓN Y REFERÉNDUM

—Muchos de los gobiernos de izquierda o progresistas latinoamericanos no han sabido generar una descendencia política de sus liderazgos. ¿Cómo se soluciona esta carencia?

—[Duda, recorre la mesa con la mirada y juega con el grabador.] Yo no creía mucho en eso… Pero ahora me convencí de que es un tema importante. No sé si se trata de trabajar liderazgos de manera conjunta o cuál es la solución. Nunca creí que fuera tan importante el líder que gestó transformaciones profundas en cada uno de sus países. Hay que repensar esta situación.

De todos modos, sigo pensando que siempre está primero el proyecto político de liberación, el programa del pueblo, y luego vienen los cargos correspondientes. Así debe ser. Pero al parecer será una característica latinoamericana que el pueblo dependa siempre de un líder. Hay que cambiar la mentalidad de los latinoamericanos.

—Se lo pregunto porque usted perdió un plebiscito popular en 2016, cuando quería volver a presentarse como candidato presidencial, y de todos modos decidió insistir con el argumento de que “el pueblo lo pidió”. Y finalmente todo terminó en un golpe de Estado. ¿Cómo se entiende esa argumentación?

—En ese referéndum ganó la mentira.

—Pero usted mismo había admitido que estaba preparado para una eventual derrota…

—Pero, por eso, distintos sectores sociales y políticos reaccionaron y buscaron otra vía constitucional para habilitarme como candidato. Mi candidatura no ha sido ilegal ni anticonstitucional. Se buscó jurisprudencia en América Latina con casos ejemplares en Honduras, Nicaragua, Costa Rica… No ha sido un invento de nosotros, los bolivianos.

LOS DOS FEMINISMOS

—Hace algunos meses el exvicepresidente de Nicaragua durante la revolución sandinista, Sergio Ramírez, declaró que la nueva izquierda debe concentrarse en redistribuir la riqueza, pero no discutir la supremacía del capital. ¿Comparte esa visión sobre el rol de la nueva izquierda?

—La redistribución es importante, pero al margen de eso es importante de manera paulatina cerrar las enormes brechas de desigualdad entre familias. Es la única forma de garantizar el socialismo comunitario, del siglo xxi, como usted quiera llamarle. La salud y la educación tienen que ser derechos básicos entre los derechos humanos. Y además de eso tener una economía sin profundas asimetrías, y para eso es importante la redistribución de la riqueza.

—¿Cómo observa al movimiento feminista que va creciendo en América latina?

—Soy feminista. He peleado desde mis años de lucha sindical hasta la lucha electoral para que las hermanas tengan los mismos derechos. Pero dentro del feminismo hay dos líneas. Para un grupo de feministas el primer enemigo es el varón y para otro grupo somos una familia, todos, respetando los derechos de igualdad y equidad. En Bolivia, hasta 1952 las mujeres estaban totalmente marginadas, igual que el movimiento indígena. No tenían participación. Y tanto en la política electoral como en la sindical, la mujer siempre es más honesta que el varón.

—¿Considera que su gobierno logró mejorar el estado de derechos de la mujer?

—Totalmente. Ahora más mujeres acceden a ser bachilleres [liceo y educación secundaria] y a la universidad, y más mujeres salen profesionales. Hay más esperanza de vida y, sobre todo, hay más mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el mundo somos el segundo o tercer país en participación legislativa de las mujeres.

—Usted ha tenido algunas frases machistas que la prensa se encargó de recopilar, como aquella en la que dice “después de mis años de gestión me voy con mi cato de coca, mi quinceañera y mi charango”…

—[Se ríe.] Yo soy bromista, me gustan las coplas populares. Y en Carnaval las coplas populares tienen algo de machistas. Pero en mi gestión, como nunca antes, se ha garantizado la equidad de género. Repito, las bromas tienen algo de picante y son machistas, tanto en las coplas como en los versos. Pero todas las bolivianas saben que soy feminista.

ELECCIONES Y PLAN B

—¿Qué datos manejan en las encuestas para las elecciones del 3 de mayo?

—Antes de definir los candidatos ya el Mas iba primero en todas las encuestas.

—¿Usted será candidato?

—Por ahora no tengo candidatura desde aquí.

—¿Qué pasa si el Mas gana las elecciones y el gobierno de Áñez no reconoce su triunfo?

—Eso reclama un plan B. Yo también pienso que eso pasará. Pero falta mucho todavía, habrá veedores internacionales, y el proceso electoral está en pleno desarrollo.

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Reino Unido prepara acuerdo comercial con EU, a unas horas de dejar la Unión Europea

El bloque perderá un miembro por primera vez y ganará un competidor

 

Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió ayer en Londres con el secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, para preparar el terreno de la negociación de un gran acuerdo comercial, a unas horas de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Pompeo subrayó los "enormes beneficios" para ambos países, ya que Reino Unido se encuentra a las puertas de un "cambio histórico".

Como miembro de la UE, hay cosas que Reino Unido "estaba obligado a hacer; ahora será diferente. Creo que es fantástico. Podremos reducir los costos de transacción y compartir de una manera que no podíamos", indicó Pompeo en un panel conjunto con su homólogo británico, Dominic Raab.

Después de que el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de divorcio en una sesión cargada de emoción el miércoles, Reino Unido saldrá oficialmente hoy a la medianoche del bloque europeo, aunque en la práctica casi nada cambie durante el periodo de transición, hasta finales de diciembre.

Londres pondrá fin a casi 47 años de complicada relación con la UE y ésta, por primera vez en su historia, perderá un miembro y ganará un poderoso competidor comercial y financiero.

Uno de los principales argumentos de los defensores del Brexit desde la campaña del referendo de 2016 en que se decidió la salida de la UE con 52 por ciento de votos, ha sido recuperar el control de su política comercial para negociar libremente acuerdos con otros países.

Japón podría ser el primero en firmar un tratado con Londres, durante la visita del emperador Naruhito en primavera a Reino Unido, pero el presidente estadunidense, Donald Trump, considera una "prioridad absoluta" alcanzar un ambicioso acuerdo de libre comercio con Reino Unido y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, esperara concretarlo este año.

Aunque un acuerdo entre Washington y Londres tiene varios obstáculos en el camino, como la decisión británica de permitir al fabricante chino de telecomunicaciones Huawei participar, aunque sea de manera limitada, en su red 5G, y el proyecto de imponer un impuesto a los gigantes estadunidenses de Internet.

Eso, por un lado, y por el otro, cuestiones como la negativa estadunidense de extraditar a Anne Sacoolas, esposa de un diplomático implicada en un accidente de tráfico en Inglaterra que mató al adolescente Harry Dunn, o la denuncia de un fiscal neoyorquino de que el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, no coopera con una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones sobre el pederasta Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión.

"Tenemos muchos temas a discutir con Reino Unido en el momento en que entre en una nueva fase de soberanía", reconoció Pompeo en el avión que lo transportaba a Londres, incluidas "enormes cuestiones comerciales".

Además, en la negociación de un acuerdo con Estados Unidos, Reino Unido podría verse obligado a aceptar productos con normas alimentarias más laxas sobre la salud y el medioambiente que las actualmente impuestas por la UE.

En tanto, los países que conforman el bloque ratificaron por escrito el acuerdo del Brexit, lo que completa el procedimiento.

La comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, aseguró que echará de menos el "sentido del humor" británico, así como su cultura.

Este viernes bajarán las banderas británicas de los edificios de la UE en Bruselas, mientras los defensores del Brexit las harán ondear en Londres para celebrar la salida.

Reino Unido se adhirió a la Comunidad Económica Europea el primero de enero de 1973 y después de firmar en 1992 el Tratado de Maastricht, se convirtió en miembro de la UE.

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Venezuela, economista Víctor Álvarez: "El gobierno está aplicando un recetario neoliberal de forma desorganizada"

30-01-20.-El economista e investigador, Victor Álvarez, exministro de industrias y Premio Nacional de Ciencias, aseguró durante una entrevista en Unión Radio  que el gobierno está aplicando un recetario neoliberal de forma desorganizada.

"Ha puesto en marcha un proceso de liberalización y de apertura económica con el desmontaje del control de cambios y de precios, la apertura de los mercados internos a las importaciones sin aranceles, la dolarización y el inicio de una petroreforma monetaria que terminará desplazando a un bolívar que no funciona como moneda nacional".

"El gobierno ha abdicado de la orientación socialista para abrirle espacio a este desorden con el que se está aplicando el recetario neoliberal tan cuestionado en América Latina y el mundo", ratificó.

Opina que este viraje dado por el ejecutivo de Nicolás Maduro se debe a las abruptas caídas de la producción petrolera y de las reservas internacionales. "Ni Pdvsa, ni el gobierno cuentan con fondos suficientes para recuperar la extracción de crudo y esta dura realidad ha emplazado al gobierno a cambiar su visión estatista".

Asimismoagregó que para sobrevivir a las sanciones el gobierno proyecta abrirle paso a las inversiones extranjeras y flexibilizar su impacto en la economía. "El incentivo que puede ofrecer el gobierno a estos socios privados es ofrecerles un mayor margen en estas empresas, lo que requeriría una reforma de la Ley de Hidrocarburos y eso está planteado y por eso el enorme interés del gobierno de retomar el control de la AN".

El experto recomienda que para enfrentar la crisis es necesario corregir el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con dinero inorgánico y diseñar un plan de reactivación agrícola e industrial para aprovechar el 80 % de capacidad instalada a través de un programa de financiamiento.

Por: Aporrea-UR | Jueves, 30/01/2020 12:40 PM | 

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El déficit fiscal de EEUU se encamina a superar el récord de un billón de dólares

 

El déficit presupuestario de Estados Unidos podría aumentar más de un billón de dólares en 2020, la cifra más alta alcanzada desde 2012, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre pasado, tendría un déficit presupuestario de alrededor de 1,02 billones de dólares. Esto se debe a que el Gobierno estadounidense continúa gastando más de lo que recibe a pesar del crecimiento constante de su economía.

Esta sería la primera vez que alcance la cifra de un billón de dólares desde 2012, cuando el país todavía estaba tomando medidas de estímulo para ayudar a recuperarse de la crisis de 2008.

A pesar de que los especialistas esperan que el producto interno bruto crezca un 2,2% en el 2020, no será suficiente para cubrir el déficit, ya que es una cifra inferior a la establecida como objetivo por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Las perspectivas a futuro son aún peor: se espera que para la próxima década el déficit alcance los increíbles 31 billones de dólares, si aumentan los préstamos de manera drástica, como estima la Oficina de Presupuesto. 

Sin embargo, estos aumentos de préstamos son inusuales en este momento porque el sólido crecimiento económico posibilita la reducción de la deuda.

"Eso es un triste reflejo de la mala salud fiscal de nuestra nación y es un agravio más para la herida de acumular toda esta deuda en una economía en crecimiento", señaló Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, que tiene como objetivo abogar por la reducción del déficit.

El déficit ha aumentado bajo la Administración Trump, quien como candidato prometió eliminar la deuda en ocho años. Sin embargo, la deuda no solo no ha sido eliminada, sino que ha aumentado tras solo cuatro años.

El presidente culpó recientemente a la Reserva Federal por los costos de los préstamos que, de acuerdo con el mandatario, impedían pagar la deuda, a pesar de las tasas de interés históricamente bajas.

El paquete de gasto aprobado por el Congreso el 2019 empeoró la perspectiva del déficit, ya que se espera que sume más de 500.000 millones de dólares a la deuda en el transcurso de una década. Además, el paquete de reducción de impuestos de 2017 también generó presión al presupuesto.

 

01:55 GMT 29.01.2020(actualizada a las 02:02 GMT 29.01.2020) URL corto

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Boris Johnson tiene por delante mucho por negociar con la UE.   ________________________________________ Imagen: AFP

El Brexit se concreta este 31 de enero, pero el proceso llevará su tiempo y tendrá sus complejidades

El caballo de batalla de Boris Johnson es un modelo de bajos impuestos, escasa regulación laboral y enormes incentivos a la inversión extranjera. El problema es que choca con el modelo regulatorio europeo. 

 

A más de tres años del referendo, luego de dos elecciones generales, tres primer ministros y tres extensiones de los plazos de negociación, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea este viernes 31 de enero a la medianoche hora del continente europeo, 11 británicas, que hasta en el reloj hay divergencias. Aún así la separación no sucederá de un saque. El viernes se consumará el divorcio de un matrimonio de 47 años, pero la pareja seguirá bajo el mismo techo. El Reino Unido continuará tanto en el mercado común europeo como en la unión aduanera y contribuirá al presupuesto del bloque hasta el 31 de diciembre mientras las dos partes intentan negociar un tratado de libre comercio post-Brexit.

El primer ministro Boris Johnson quiere un amplio tratado de libre comercio con el bloque europeo, pero al mismo tiempo, desea que el Reino Unido post-Brexit sea un “Singapur en el Támesis”, frase que no terminó de definir, aunque alude a un modelo de bajos impuestos, escasa regulación laboral y enormes incentivos a la inversión extranjera. La Unión Europea ha sido muy clara. Es imposible cerrar un “amplio tratado de libre comercio” en un año como desea Johnson y, además, el acuerdo se debe basar en el mantenimiento de las regulaciones y estándares europeos para la industria, el comercio, los servicios y las finanzas, algo que se da de cabeza con el “Singapur en el Támesis”.

Página12 dialogó con John Christensen, fundador y director de Tax Justice Network (TJN) la organización que el matutino británico The Guardian describe como “líder mundial de la lucha contra la evasión impositiva y las guaridas fiscales”

-- ¿Cómo definiría este concepto de Singapur en el Támesis?

– Es el caballo de batalla de Boris Johnson. La idea es un país ultra desregulado, con bajos impuestos, un paraíso fiscal en la puerta misma de la Unión Europa. Johnson quiere que el Reino Unido aproveche la ventaja comparativa que le da la geografía respecto a la UE de la misma manera que Singapur aprovecha su proximidad con las economías asiáticas, las más dinámicas del mundo. Con este modelo el Reino Unido, que ya tiene en la City de Londres a uno de los paraísos fiscales del mundo, se convertiría en un imán para oligarcas financieros, multinacionales y todas las formas posibles de lavado de dinero. El problema de este modelo es que para poder implantarlo necesita hacer a un lado toda la regulación europea en lo que concierne al intercambio automático de información, a los impuestos a multinacionales, a la publicación de información de compañías y a los fideicomisos, los Trusts, que son clave en el secreto financiero británico.

-- Como usted dice la City de Londres ya es uno de los grandes centros de secreto financiero y evasión global. ¿Qué impacto puede tener un modelo que va a extremar aún más estos rasgos en el Reino Unido, la Unión Europea y el mundo?

-- Creemos que eso es una amenaza no solo para la Unión Europea sino para el mundo, porque el objetivo es liderar una carrera a la baja en la política impositiva y en la regulación de servicios financieros. El peligro es que así se erosione la regulación en la Unión Europea, Estados Unidos y el resto del mundo precipitando una carrera des-reguladora total. Londres es el segundo centro de wealth managment (gestión patrimonial de grandes fortunas) después de Suiza. Creemos que muy pronto superará a Suiza. Estos centros de “wealth managment” sirven para que los ricos evadan dinero y también para atraer fondos del crimen organizado y la corrupción. Con un "Singapur en el Támesis" se convertirían en la principal fuente de riqueza a expensas del resto de la economía y la sociedad, en especial, del "Welfare State" (Estado de bienestar).

-- ¿Qué impacto específico tendrá sobre la Unión Europea?

-– La Unión Europea se viene moviendo hacia una armonización económica, con mayor regulación y transparencia. Lo que tendrá enfrente es un modelo que compite yendo en la dirección exactamente opuesta. Por eso pensamos que la Unión Europea tiene que adoptar una posición dura en la negociación que se hará después de este 31 de enero. Si el Reino Unido quiere tener acceso completo al mercado europeo financiero y productivo debe seguir el modelo regulatorio de la Unión Europea. Este alineamiento con las regulaciones europeas debe ser dinámico, es decir, que el Reino Unido no solo tiene que mantener el actual alineamiento con el marco regulatorio europeo, sino que tendrá que actualizarlo en caso de que el bloque apruebe nuevas normas como condición para tener pleno acceso al mercado europeo.

-– Hasta ahora Boris Johnson ha rechazado este tipo de alineamiento. ¿Le parece que el primer ministro es capaz de apostar a todo o nada con tal de cumplir este proyecto del Singapur en el Támesis? ¿O cree, por el contrario, que es una táctica para presionar a la Unión Europea?

-–A mi juicio es una postura negociadora dura inicial para obligar a la Unión Europea a flexibilizar su posición. Por su parte, la UE ha sido muy clara de que quieren un acuerdo rápido siempre que el Reino Unido acepte que tiene que estar alineado con la regulación europea para tener acceso a su mercado. Es decir, que haya reglas de juego equitativas (“level playing field”) para la competencia económica. No se ve cómo se pueden compatibilizar estas posiciones. Está claro que Johnson va a estar bajo una intensa presión de su propio partido para no mantener un alineamiento regulatorio con la Unión Europea, de manera que la negociación va a resultar muy complicada. Existe el peligro de que terminemos con un “Hard Brexit”. Al mismo tiempo Johnson sabe que esto va a ser tan perjudicial para el conjunto de la economía que no lo va a hacer. El acuerdo va a tomar mucho más que este año de negociación.

-– Pero Johnson ya aprovechó bien su mayoría absoluta en el parlamento para cambiar la ley. Y la cambió prohibiendo que haya una extensión del período de transición con la UE más allá del 31 de diciembre.

-– Las leyes las aprueba el parlamento. El parlamento puede cambiarlas. Está muy bien eso de ir a una negociación con las manos atadas, pero no creo que la UE le preste atención porque saben que a Johnson no le conviene salir de la Unión Europea sin un acuerdo. Saben también que Johnson quiere un acuerdo, pero en el que no tenga que alinearse con las regulaciones europeas. Por eso las negociaciones van a tomar mucho más tiempo. Cinco años. Quizás 10.

-– Imaginemos el escenario opuesto. Que el Reino Unido por propia voluntad de Johnson, por la presión de su propio partido o los accidentes de una negociación político-diplomático, termina saliendo de la UE sin acuerdo. ¿Qué impacto tendrá para el Reino Unido?

-– El impacto será muy fuerte en el sector industrial, el financiero, el de los servicios porque el Reino Unido no tendrá el mismo acceso al mercado europeo con el que tiene la mitad de sus intercambios comerciales. La UE es el mercado financiero más importante que tiene el Reino Unido. La industria automotriz estará terminada porque su producción está integrada a la europea y los aranceles que deberán pagar con un Hard Brexit harán que este sector sea muy poco competitivo. Las multinacionales japonesas del sector automotriz, por ejemplo, necesitan que el Reino Unido esté dentro de la UE, no afuera. Esa fue la premisa para elegir al Reino Unido como base de operaciones: su pleno acceso al mercado europeo. Es muy posible que sea también el fin del sector agrícola que se verá inundado por la producción mucho más barata de otros países, Estados Unidos por ejemplo.

-– A muchos extranjeros les asombra esta obsesión del Reino Unido con la Unión Europea que terminó en la salida del bloque. Ahora la propuesta de Johnson es la del “Singapur en el Támesis”. Pero esto también parece basarse en una idea distorsionada. En Singapur el 22 por ciento de la producción se debe a empresas estatales, más del doble del promedio internacional y mucho más todavía que lo que tiene el Reino Unido. Entre el 80 y el 85% de la vivienda es del estado. No creo que este sea el Singapur en el Támesis que están persiguiendo los conservadores.

-– Para nada. Singapur es un modelo social demócrata en lo que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la industria. Al mismo tiempo es un centro financiero de lavado de dinero igual que Londres. Esta es la parte que reivindica Johnson. Pero es curioso porque la primera vez que leí de este modelo del Singapur en el Támeses fue en Alemania después de una reunión entre la entonces primer ministra Theresa May y Angela Merkel. Menciono esto porque este modelo se ha discutido en Europa, pero no aquí en el Reino Unido. Los medios prácticamente no lo han cubierto. No he visto nada en la BBC. Algo en el  Financial Times. Pero el ciudadano de a pie no es lector del Financial Times. Estamos avanzando hacia un modelo que nadie conoce.

-– El modelo choca con lo que quiere la Unión Europea. Pero parecería que tampoco las élites, a las que este gobierno representa, quieren pagar el precio de este modelo que muy probablemente sería un Hard Brexit.

 -– El Partido Conservador está repleto de lobistas de los sectores financieros y multinacionales. La retórica será populista de derecha, pero la realidad es otra. La retórica es que hay que ser competitivos. Esa es la palabra clave que usan. Yo hablé con ministros, incluido el de finanzas, Sajid Javid, que dicen que quieren bajar el impuesto corporativo a un 15 y hasta un 10 %. El impuesto corporativo no es solo importante por las multinacionales. La mayoría de los multimillonarios tienen sus activos invertidos en las corporaciones. El impuesto a los ingresos no significa nada para ellos: el corporativo sí. Esto es parte de la estrategia del Singapur en el Támesis. Es la idea de atraer a los multimillonarios y élites para que vengan a Londres a disfrutar una tasa corporativa que puede ser reducida al 15, al 10%, que hasta podría ser abolida en el curso de esta década. Pero el precio será muy alto para el sector financiero y el industrial.

-- ¿Cómo afectaría este “Singapur en el Támesis” al mundo en desarrollo?

-– Va a ser desastroso no solo porque son los más afectados por el lavado de dinero, la evasión y elusión impositivas, sino porque están más expuestos a esta dinámica de la carrera a la baja para reducir impuestos a las corporaciones y desregular el mercado laboral como incentivos para atraer inversiones. Si se reducen mucho los impuestos corporativos acá, si incluso se eliminan, como algunos en el gabinete lo han discutido conmigo, la presión será muy fuerte sobre otros países del mundo desarrollado, pero aún más del mundo en desarrollo. 

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Una grupo de personas sin trabajo, a las puertas de una feria de empleo en Río de Janeiro. Mario Tama

 La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de jóvenes que no encuentran oportunidades". Uno de cada cinco busca trabajo y no lo encuentra

El estancamiento económico de América Latina hace mella en su mercado de trabajo y se ceba con el segmento más joven de la población. El desempleo entre los menores de 25 años —junto con la informalidad, el gran caballo de batalla de los países de la región en los últimos años—, se ha convertido en “un rasgo estructural de las economías”, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son varias las señales de alarma en este flanco: la tasa de desocupación juvenil creció en tres décimas en 2019, hasta el 19,8%, el triple que la de la media de la población adulta —en otras palabras: uno de cada cinco menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra— y el máximo desde el año 2000, cuando se empezaron a publicar datos agregados; y la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias: informalidad, salarios bajos en relación con el coste de la vida, escasa estabilidad en el empleo y sin apenas programas formativos por parte de su empleador.

 “Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento en la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. “Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. (…) A la luz de la ola de protestas en diversas ciudades de la región, se requieren acciones inmediatas e inclusivas”, apremia la OIT. “La crisis de expectativas que se vislumbra en la región demanda acciones urgentes”. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—.

Los grandes números ayudan a comprender la magnitud del problema: en la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas —en buena medida porque nacieron y crecieron en una época marcada por el crecimiento económico, mientras duró el auge de las materias primas—, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por "una elevada precariedad". De los que trabajan, seis de cada diez lo hacen en la informalidad, y el 22% ni estudia ni tiene empleo (los llamados ni-nis), "una situación que es aún más crítica entre las mujeres".

Leve aumento de la desocupación general, que podría ser mayor

Con el crecimiento económico latinoamericano encadenando revisiones a la baja con el paso de los meses —a cierre de 2018 el FMI preveía el 1% para 2019 y todo apunta a que esta cifra acabará superando por muy poco la barrera del 0%—, la tasa de desocupación borró la mejora registrada en 2018 y pasó del 8% al 8,1%. Esa es, sin embargo, una estimación “conservadora” —apuntan los técnicos del organismo con sede en Ginebra— que podría aumentar “si se confirma el impacto de los movimientos de protesta que irrumpieron en la región en los últimos meses de 2019 y la creciente presión que genera una situación económica de incertidumbre”. A cierre del ejercicio, 26 millones de personas en la región buscaban empleo sin éxito.

Con todo, la paleta de colores con la que está pintado el cuadro laboral latinoamericano dista mucho de ser homogénea: el Caribe angloparlante logró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la desocupación, los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) registraron también una caída mínima, Centroamérica sufrió un aumento del 0,2% en el desempleo y las naciones andinas (Colombia, Ecuador y Perú), del 0,5%.

2019 fue un año malo en lo laboral para el conjunto de la región, pero el futuro no apunta hacia un entorno mucho mejor. A la vista del “crecimiento lento” (1,4%) proyectado para la economía de América Latina y el Caribe por la media de los organismos internacionales, la OIT avisa de la alta probabilidad de que la demanda laboral se vea golpeada y presione al alza la tasa de desocupación hasta el entorno del 8,4%, tres décimas más que a cierre del año pasado. De cumplirse ese pronóstico —y sus técnicos no suelen pasarse de pesimistas—, 2020 terminaría con 27 millones de latinoamericanos buscando empleo.

Informalidad y salarios al alza

Aunque el estudio de la OIT no ofrece datos concretos de evolución de la informalidad, sus firmantes sí vinculan el menor crecimiento del empleo asalariado respecto al de por cuenta propia registrado el año pasado con “una tendencia al aumento” de los empleados que no tienen un contrato de trabajo ni las prestaciones de ley. Sí dan cuenta con certeza sobre el incremento del subempleo (personas que trabajan menos horas de las que desearían) en prácticamente todos los países del área, “resultados que redundan en la precarización relativa de los empleos creados en 2019”.

El contrapunto lo ponen el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018 —aún no hay datos para 2019—, aunque con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores: creció más en el sector público y en el caso de los empleados domésticos que en el de los asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo —aunque solo “de forma paulatina”— la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados por el organismo —y, muy especialmente, en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una revaluación sin precedentes—, resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013-2018. Es la mejor noticia que deja un Panorama Laboral para América Latina y el Caribe acorde al estancamiento económico regional: crecer es condición sine qua non para crear empleo.

Por Ignacio Fariza

Madrid 28 ENE 2020 - 12:02 COT

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Hielo en verano en aguas del ártico canadiense. / WWF

La aceleración en el deshielo del Ártico se relaciona con los mismos gases que producen el agujero de ozono

Uno de los gases de efecto invernadero más potentes debería estar a estas alturas cada vez menos presente en la atmósfera terrestre pero su concentración es la más alta desde que se vigila, han hallado los observatorios atmosféricos que hacen una labor detectivesca sobre estos productos contaminantes fabricados por los seres humanos. El responsable parece ser China. 

Se trata de uno de los hidrofluorocarbonos (HFCs) afectados por el Protocolo de Montreal sobre los gases que provocan el agujero de ozono. Es en concreto el HFC-23, del cual tanto India como China anunciaron en 2017 una reducción drástica de emisiones. La alarma ha cundido porque es 12.400 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2)y tarda más de 200 años en descomponerse.

Por otra parte, los gases que afectan al agujero de ozono (CFCs y HCFCs) parecen estar también detrás del deshielo acelerado del Ártico, que se ha estado calentando mucho más deprisa que el resto del planeta en los últimos 50 años sin que se conozca la razón. 

El HFC-23 es sobre todo un subproducto en la fabricación del HCFC-22, un refrigerante cuya producción se concentra en China e India y que está previsto que deje de fabricarse progresivamente. Dado que ambos países anunciaron medidas para reducir drásticamente las emisiones del subproducto incinerándolo, los autores del trabajo que se publica en Nature Communications estimaron que éstas tendrían que haber disminuido en un 87% entre 2014 y 2017 y su sorpresa ha sido que el total en la atmósfera nunca ha sido tan alto como en 2018, cuando se alcanzaron las 15.900 toneladas. 

Los científicos, de una red internacional, no han buscado culpables, pero sí señalan a China, porque es el mayor productor con mucho y si hubiera cumplido lo que prometió es poco realista atribuir a otros países las emisiones a esa escala. La Agencia de Investigación del Medio Ambiente (EIA, por sus siglas en inglés) no duda de que el origen esté sobre todo en China. "China, India y todos los demás países que producen HCFC-22 deben investigar y verificar inmediatamente sus emisiones de HFC-23", asegura Clare Perry, de EIA. 

La influencia de los HFC en el clima (a través del efecto invernadero que calienta el planeta) ha hecho que su regulación y progresiva disminución se incluyan en una enmienda del Protocolo de Montreal para evitar que su presencia en la atmósfera contrarreste los beneficios de la disminución progresiva de los productos que más influyen en el agujero de ozono. Las menores emisiones de estos gases sí se han hecho notar ya en la recuperación parcial de la capa de ozono, pero no se puede bajar la guardia, y por eso existe una red internacional de observatorios atmosféricos terrestres en lugares remotos donde no llega la contaminación. En ellos se detectan y miden estos gases, que apenas representan el 1% en la atmósfera pero que tienen grandes repercusiones. 

"Es labor de detectives", explica Stephen Montzka, uno de los científicos de la red, en la revista Nature. "Nuestro objetivo es ver si las cosas están cambiando como se espera". Lo curioso es que en principio su objetivo no era detectar emisiones y buscar su origen sino cuantificar cómo cambia la composición de la atmósfera. Pensaban ingenuamente, reconocen, que los países podrían y querrían cumplir lo que firmaban. 

Durante muchos años (el Protocolo de Montreal data de 1987 aunque está en continua actualización) las noticias fueron buenas, plasmando el mayor éxito de la historia en política medioambiental mundial. Sin embargo, a partir de 2013 se detectó un gran aumento de un CFC, que se atribuyó, varios años más tarde y con pruebas, a China en su mayor parte. El país ya ha tomado medidas, señala Tina Birmpili, que dirige la Oficina de Ozono de la ONU, y en 2018 se han notado sus efectos. Ahora llega esta gran alerta sobre el HFC-23, que Italia también emitió durante unos años en mucha mayor cantidad de lo que su inventario oficial aseguraba. 

En cuanto al Ártico, el misterio sobre la aceleración de su calentamiento desde 1955 a 2005, al doble del ritmo global, puede estar resuelto si se confirma la hipótesis de otros científicos, que creen que los gases que afectan al agujero de ozono sobre la Antártida también pueden ser los responsables de la mitad de esta subida de temperatura. Sus simulaciones indican que son los CFCs y los HCFCs directamente los que han causado este calentamiento excesivo, llamado amplificación ártica, pero hará falta más trabajo en modelos climáticos para confirmar y entender el proceso. Si se confirmara, la alarmante disminución del hielo ártico podría frenarse en el futuro, a medida que disminuye la concentración de estos gases, una nota optimista para una emergencia global.

28/01/2020 07:34

Por malen ruiz de elvira

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Martes, 28 Enero 2020 06:36

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Los gritos se están haciendo cada vez más fuertes y provienen de una inusual combinación de gente no particularmente dada a jugar el papel de Casandra1. Doctores, máximos representantes de la ONU, colegiales y 11.258 científicos de 153 países están coreando lo que todos deberíamos saber: a pesar de cuarenta años de cumbres mundiales del clima, las cosas siguen como siempre. Puntos de inflexión irreversibles, efectos cascada, deshielo, crecientes niveles de CO2, CH4 y N2O, acidificación de los océanos, aumento de temperaturas, incendios, extinción masiva de especies y mucho más, han llevado a enfatizar que la catástrofe no solo refiere al derretimiento de glaciares y temperaturas mortales, sino que se trata de un problema político y social. Piden un “cambio transformador, con justicia social y económica para todos”.

En junio, Philip Alston, relator especial de la ONU en pobreza extrema y derechos humanos, avisó que los impactos del calentamiento global amenazaban derechos como la vida, el agua, la comida y la vivienda para cientos de millones de personas, así como la democracia y el estado de derecho. El jefe de redacción de The Lancet, por su parte, apoyando a Extinction Rebellion, urgió a los profesionales sanitarios a participar en la protesta social no violenta, pues “la medicina trata de la protección y fortalecimiento de las especies humanas”. Alumnos de escuela, avanzando donde los adultos han fallado, entienden muy bien que la crisis no va solo de salvar osos polares. Ellos también están llamando a un cambio social.

La crisis climática ha mostrado que el capitalismo es incompatible con la salud del planeta y que es esencial apartarse del crecimiento del PIB. No obstante, en lugar de atender a las alarmas, los gobiernos están volviendo a la violencia contra las manifestaciones y, como el Príncipe de Salina en El Gatopardo, están optando por el gatopardismo («las cosas deberán cambiar si queremos que nada cambie»), prefiriendo proteger el statu quo antes que cambiar un sistema que destruye el planeta. Esta situación es un terreno fértil para grupos de extrema derecha que, explotando los miedos de la gente, están regresando a gobiernos de estilo fascista en los cuales los derechos humanos son cada vez más amenazados.

En una reciente entrevista, Srećko Horvat, del Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25), exhorta a la “cooperación internacional, pues aquellos contra los que luchamos trabajan transnacionalmente”. En su Green Strategy, Marc Brodine escribe: “Se necesita un movimiento masivo, de alcance mundial, para emprender batallas defensivas contra la degradación medioambiental y el desarrollo explotador”. Alexia Ocasio-Cortez y Bernie Sanders reconocen la necesidad de reformas revolucionarias. Pero un hecho esencial es que casi no existen en su discurso. La crisis climática es una crisis de derechos humanos y los más afectados son los ciudadanos de los países más pobres del mundo, quienes han hecho menos en contribuir a este desastre.

¿Dónde están los mecanismos para llevar a cabo esas reformas? Sí, necesitamos cooperación transnacional, pero la mitad de las personas del mundo no pueden participar porque se encuentran luchando literalmente por sobrevivir. ¿Cómo se puede abrir esta cooperación a todos? Los “derechos humanos” son una narrativa política universal, pero, en ausencia de derechos básicos, la gente no puede operar políticamente ya que no existe socialmente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha estado muerta desde el primer día, en especial porque no vino con mecanismos para realizar esos derechos proclamados, ni siquiera los más básicos de ellos, los de la existencia material. El único instrumento que conocemos que podría garantizar de manera viable este derecho a escala global es una renta básica incondicional universal por encima del umbral de la pobreza (de cualquier lugar en que se introduzca). Y se trata de algo más que un instrumento. En sí mismo, es un derecho que puede ser rastreado hasta los principios de los bienes comunes. Si queremos un cambio en el sistema y sociedades más fuertes y sanas para combatir la crisis del cambio climático, entonces garantizar este derecho básico universal será seguramente un primer paso decente y radical.

Sin un foco en los pobres, los desposeídos de aquellos recursos naturales que han sido apresados por el norte global al que le importa un carajo el desenfreno destructivo de su “progreso”, no puede haber un cambio real del sistema. Los pobres en los países en desarrollo están pagando el precio de un 75-80% de los costes de la catástrofe climática. Tienden a vivir en áreas expuestas a desastres, en casas menos resistentes y suelen perder todo lo que poseen; tienen menos recursos para mitigar esos efectos; reciben menos apoyo de los sistemas sociales para recuperarse del impacto; tienen medios de vida precarios; y se encuentran vulnerables frente a la enfermedad, malas cosechas, aumento de precios de alimentos, muerte y discapacidad. Las respuestas a la catástrofe ligada al clima tienen a menudo la forma de intervención humanitaria cínica ex post. Por ejemplo, tras el ciclón Idai, el FMI acordó un préstamo de emergencia sin intereses de 118,2 millones de dólares para Mozambique –el sexto país más pobre del mundo, donde el habitante medio es responsable de 55 veces menos emisiones de carbono que el ciudadano medio estadounidense– pero descartó el alivio del pago de los préstamos preexistentes. Adivina quién se beneficia. El cambio sistémico requiere medidas ex ante y una renta básica sería esencial entre ellas, en cuanto distribución de recursos para potenciar cambios de la población en orden de aplicar el conocimiento local apropiado para combatir el cambio climático antes de los desastres. Esto permitiría, por ejemplo, a las mujeres agricultoras en países pobres tener mejores herramientas. Los científicos calculan que entonces podrían cultivar un 20-30% más de comida en la misma tierra y así evitar dos mil millones de toneladas de emisiones para 2050. Solo esto parecería ser un buen argumento para la renta básica.

Ahora bien, la renta básica significa bastante para no pocas personas. Un ingrediente interesante dentro de (pero en los márgenes de) la presente coyuntura de llamamientos al cambio de sistema es la candidatura de Andrew Yang para la presidencia de EE. UU., prometiendo una renta básica de 1.000$/mes para todo estadounidense mayor de dieciocho años. Sin embargo, su inversión para hacer frente al cambio climático es solo un cuarto de la que Bernie Sanders propone. El enfoque de Yang es más tecnocrático que preocupado por la pobreza. Favorece la energía nuclear y dudosas soluciones geo-ingenieriles como espejos espaciales, dispersión estratosférica de dióxido sulfúrico y plantar plancton en el océano. Yang es un claro ejemplo de las divisiones en el debate de la renta básica, donde algunos entusiastas son realmente de derechas. La renta básica a la que nos referimos nosotros es solo una medida en el dominio de la política económica. Para ser efectivo se necesita de fuertes políticas públicas en salud, vivienda, educación, transporte, etc. ¿Por qué diablos no incluye Bernie la renta básica en su campaña?

El cambio de sistema precisa de pensamiento sistémico, especialmente sobre decrecimiento, que no es ajeno a la redistribución. La renta básica representa obviamente una forma de redistribución, y en términos de Gini también, ya que puede financiarse con impuestos progresivos fácilmente. El pensamiento sistémico exige tomar en cuenta la salud de todo el sistema, tal y como ciertas culturas indígenas han sabido hacer desde hace mucho tiempo. La concienciación desde este punto de vista no solo fomentaría la reducción del consumo, sino que también incorporaría un elemento de respeto a los pueblos indígenas del mundo pendiente, quienes han sido vistos, desde la época del imperialismo, como un obstáculo a ser desplazado del camino de la explotación de los recursos.

Así que, ¿cómo podría una renta básica favorecer un cambio sistémico? Ya que los pobres deben ser el foco, daremos unos cuantos ejemplos de un detallado estudio nuestro de 2010 sobre los efectos hipotéticos de una renta básica en Timor Oriental. Encontramos que un ingreso básico parcialmente financiado por ingresos del petróleo y gas permitiría la distribución inmediata de una micro-renta (en oposición a micro-crédito), recibida cada mes sin interferencias externas. Una renta básica sobre la línea de la pobreza (allá entonces de 20$/mes por persona), para toda la población, significaría que una familia con seis personas a su cargo recibiría un ingreso mensual garantizado de 160$/mes. En una aldea de veinte familias similares la cantidad sería de 3.200$/mes o 38.400$/año.

Lo que esto podría representar en términos de soberanía alimentaria está ilustrado por un proyecto de cultivo de arroz con búfalos en el área devastada de Uatulari, con una población de unas 20.000 personas. Trabajando con una ONG timorense, el gobierno catalán financió el proyecto por valor de unos 142.680$ en los años 2000-2003 (47.560$ por año), o aproximadamente 2,38$/año por persona. La zona logró la autosuficiencia en cultivo de arroz antes de que el periodo acabara, y fue capaz de suministrar semillas para las zonas cercanas. Los búfalos fueron la “maquinaria” para preparar los campos de arroz abandonados (pisando el suelo para compactarlo antes de plantar las semillas) y también produjeron estiércol, leche, carne y pieles, al tiempo que reforzaban las relaciones sociales, ya que estos animales son tradicionalmente propiedad común. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Cataluña, la financiación cesó y el proyecto nunca fue más allá de una exitosa fase piloto del proyecto. Una renta básica de 20$/mes por persona aportaría 4,8 millones de dólares garantizados a Uatulari cada año, unas cien veces lo que el gobierno catalán concedió. El impacto de una fuente estable de ingresos sería notable en términos de desarrollo local.

En términos de derechos humanos, una estrategia de desarrollo agrícola que consolide la producción local con el desarrollo generalizado de las redes comerciales resulta mucho más beneficiosa que una política de monocultivo orientada a las exportaciones, concentración de latifundios y desigualdad sistémica, por no mencionar los efectos medioambientales negativos. Los pequeños cultivos no solo contribuyen al mercado local, sino que también fortalecen la seguridad social y alimentaria y ofrecen una mayor difusión de los medios productivos, además de ser mejor para la gestión medioambiental. Asimismo, la migración masiva a la capital timorense, Dili, ha creado un problema permanente de desequilibrio demográfico, con grandes cifras de desempleo y descontento juvenil, con grandes capacidades destructivas. Evidentemente, no pueden ser reintegrados en comunidades rurales que no existen por la carencia de una base productiva. El incluirlos en un esquema de renta básica sería un gran avance en su reintegración como ciudadanos y en el establecimiento de una coexistencia pacífica.

De nuevo, las familias más pobres tienden a tener un mayor número de hijos. La tasa de fertilidad de 2019 fue de 5,5 nacimientos por mujer, una de las más altas del mundo. Independientemente de la ausencia de servicios de planificación familiar y educación sanitaria básica, el tener más hijos suele ser visto como una forma de reemplazar a los hermanos que mueren en la infancia, y como una especie de plan de seguro social para los padres. Que la salud de la madre se vea gravemente perjudicada por tantos embarazos es una consideración menor en circunstancias desesperadas. Una forma garantizada de cobertura social como la renta básica disminuiría la tasa de nacimientos a largo plazo, corregiría el sesgo contra los jóvenes, miembros dependientes de la sociedad, mejoraría la salud de las madres y los niños y llevaría más niños a las escuelas.

Una renta universal no solucionaría todos los problemas de Timor Oriental, pero supondría muchas más oportunidades en el terreno productivo, cohesión e inclusión social en comunidades locales reforzadas, mayor participación política y una gran reducción de la pobreza y de los problemas relacionados con ella. Las buenas noticias son que nuestro modelo de renta básica es exportable y con algunos ajustes puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Y debería ser aplicado si realmente nos preocupan los derechos humanos y queremos un cambio sistémico, especialmente cuando se trata de combatir la crisis climática y sus efectos sobre los habitantes más pobres del planeta.

Nota:

1 En la mitología griega, Casandra fue una mujer a la que Apolo otorgó el poder de adivinar el futuro a cambio de sexo. Al no cumplir ésta el pacto, Apolo la condenó con la incredulidad de los mortales. [N. del T.]

Por Julie Wark / Daniel Raventós

26/01/2020

Julie Wark

es autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

Daniel Raventós

es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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Caetano Veloso, en 2012. Getty Images

Bolsonaro logra revertir su caída de popularidad gracias a la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos pese a los indicios de deterioro democrático

El músico Caetano Veloso ha alzado su voz este fin de semana para alertar de que “el fascismo está mostrando sus garras” en Brasil. 51 años después de ser encarcelado por la dictadura militar, el cantante explica en un vídeo en inglés difundido en redes sociales este fin de semana que “el Gobierno brasileño no solo ha emprendido una guerra contra las artes y los creadores, sino contra la Amazonia y los derechos humanos en general”. Los artistas, los indígenas, otras minorías y la prensa se han convertido en el último año en blanco de la furia y el desprecio del presidente Bolsonaro y sus seguidores. Los representantes de 45 grupos indígenas reunidos en una reciente cumbre lo acusaron de haber “puesto en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”. Sin embargo, la economía mejora, los asesinatos caen y la popularidad de Bolsonaro ha empezado a subir en un cambio de tendencia.

La democracia brasileña, cuya erosión comenzó en el proceso de impeachment a la expresidenta de izquierdas, Dilma Rouseff, en 2016, se deteriora más rápido desde que Bolsonaro, de extrema derecha, ganó las elecciones. Cualquier crítica es considerada casi una traición. Y los indicios alarmantes se suceden. Pero esto no impide que, a lomos de la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos, la popularidad del presidente haya dejado de empeorar.

El porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno lo está haciendo bien o muy bien ha aumentado cinco puntos, hasta el 34%, desde agosto. Los que lo califican de malo o muy malo han caído ocho puntos, según una encuesta difundida la semana pasada antes de que se conociera que durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia se han creado 644.000 empleos formales, la mayor cifra desde 2013, en vísperas de la recesión.

La denuncia de la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, contra el criterio de la policía, por supuesta implicación en el pirateo de teléfonos de autoridades que sirvieron de base a las revelaciones sobre el entonces juez Sergio Moro han sido duramente criticadas por diversas asociaciones defensoras de la libertad de prensa y otras libertades de Brasil y el extranjero. El aluvión de críticas a las autoridades judiciales brasileñas ha sido tal que este lunes la Fiscalía General del Estadosse ha desvinculado de la decisión, que el fiscal del caso tomó en ejercicio de su autonomía, según explica la oficina del fiscal general una nota. La ciudad de São Paulo celebra hasta fin de mes un festival que reúne casi medio centenar de obras artísticas censuradas en el año que Bolsonaro lleva en el poder.

Ese es el ambiente sobre el que alerta el músico, que en el corto vídeo confiesa: “Nunca creí que vería semejante retroceso mientras estuviera vivo”. En su mensaje también menciona su lucha contra la dictadura y la censura. Veloso y Gilberto Gil, entonces representantes el movimiento musical Tropicalia, fueron encarcelados durante un mes en 1968 acusados de ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados.

El músico usa el escaso minuto de su declaración para recomendar el documental La democracia en peligro, de su compatriota Petra Costa, nominada a los Oscars. La cinta es una retrospectiva desde la mirada personal de su directora sobre los vertiginosos últimos años, desde el proceso que llevó a la destitución de Rousseff hasta la elección de Bolsonaro.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 27 ENE 2020 - 13:20 COT

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Diab ingresa al palacio presidencia de Baabda, al este de Beirut.  Imagen: AFP

En medio de una crisis económica y de representatividad

El nuevo primer ministro dijo que "se esforzará por hacer todo lo necesario para cumplir con todas las demandas de los manifestantes". 

 

Líbano ha formado un nuevo gobierno luego de meses de punto muerto provocado por protestas masivas contra la élite gobernante del país y su peor crisis económica en décadas. Hassan Diab, el primer ministro, dijo que su nuevo gabinete "se esforzará por hacer todo lo necesario para cumplir con todas las demandas de los manifestantes" al anunciar su alineación el martes por la noche.

Diab, un ex profesor de ingeniería eléctrica de 61 años, describió a su gobierno como un "equipo de rescate" formado por expertos que ayudarían al país a superar sus dificultades actuales. El nuevo gobierno fue reunido por el grupo libanés Hezbolá y sus aliados, que constituyen el bloque más grande en el parlamento, casi tres meses después de que el ex primer ministro Saad Hariri renunciara ante las protestas nacionales.

Pero solo unas horas después de que se anunció el nuevo gobierno esta semana, los manifestantes estaban de vuelta en las calles fuera del parlamento en la capital Beirut. “Se están burlando de nosotros. Este nuevo gobierno está hecho de un color. Nada ha cambiado y nada cambiará ", dijo Nour, una maestra de Beirut que solo dio su nombre de pila, en una manifestación contra el nuevo gabinete el martes por la noche. “Solo quieren que estemos desesperados y que nos conformemos con este nuevo gobierno, pero no está bien. Estamos pidiendo un nuevo país”, agregó.

Cientos se reunieron para la protesta tras el anuncio de Diab. En la madrugada del miércoles estallaron pequeños enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dispararon gases lacrimógenos y granadas de sonido para dispersar a la multitud. Se produjo después de grandes protestas durante el fin de semana que vieron a más de 500 personas heridas en ambos lados. Las protestas a nivel nacional estallaron hace tres meses en respuesta a un nuevo impuesto sobre el servicio de mensajería WhatsApp, una medida destinada a aliviar los problemas financieros del Líbano.

Las protestas se convirtieron en un movimiento más amplio que tenía como objetivo derrocar todo el sistema político del país y los partidos que han mantenido el poder desde el final de la guerra civil de 1975-1990. Una de las demandas clave de los manifestantes fue la formación de un gobierno tecnocrático y no político que pudiera ver al Líbano a través de su crisis actual. Diab afirmó que "cada ministro en este gobierno es un tecnócrata y funciona alejado de los partidos políticos".

Pero los observadores han notado que muchos de los expertos supuestamente independientes tienen vínculos con los partidos políticos, y el hecho de que todos fueron elegidos por un bloque político ha llevado a acusaciones de que es "un gobierno de un solo color". La composición del gabinete fue decidida por el Movimiento Patriótico Cristiano Libre (FPM), liderado por el actual presidente, Michel Aoun, y sus aliados parlamentarios, de los cuales el Hezbolá respaldado por Irán es uno.

El partido del ex primer ministro sunita, Hariri, junto con sus aliados, el Partido Socialista Progresista y las Fuerzas Libanesas, no formará parte del gobierno, una rareza en el Líbano, donde los gobiernos generalmente se forman por consenso entre los diferentes sectas del país.

"Desde que Diab fue nominado como primer ministro, la escritura estaba en la pared", dijo Sami Atallah, director ejecutivo del Centro Libanés de Estudios de Política en Beirut. “El proceso de selección de los candidatos, la forma en que se tomaban las decisiones, indicaron que volvimos a las mismas reglas de compromiso donde los escaños se dividían entre los partidos políticos. La esencia del juego no cambió. Es vino viejo en una botella nueva”.

Atallah agregó que "nada estaba cambiando fundamentalmente" en la forma en que Líbano ha sido gobernado durante décadas. El gabinete de 20 miembros de Diab está compuesto por expertos en su campo. Incluye un récord de seis mujeres, que ocupan los ministerios clave de defensa, justicia y trabajo.

En la primera reunión del gabinete ayer, el presidente de Líbano, Aoun, dijo a los ministros que tenían una misión "delicada" por delante. "Es necesario trabajar para abordar la situación económica, restaurar la confianza de la comunidad internacional en las instituciones libanesas y tranquilizar a los libaneses sobre su futuro", dijo el presidente.

El apoyo financiero de la comunidad internacional se considera crucial para ayudar al país a salir de su crisis económica. El Líbano es uno de los países más endeudados del mundo, con una relación deuda / PIB del 152 por ciento. En el presupuesto de 2016, los pagos de intereses representaron casi la mitad de todo el gasto público.

La crisis económica se profundizó en las últimas semanas a medida que los bancos impusieron controles informales de capital, que a su vez, han impuesto restricciones sobre cuánto dinero pueden retirar los clientes. A medida que el valor de la libra libanesa continúa bajando, muchas personas ven desaparecer sus ahorros. Pero muchos países que tradicionalmente brindaron ayuda financiera al Líbano, especialmente en el Golfo, están cada vez más preocupados por la creciente influencia de Hezbolá en el país.

Diab dijo el martes que su primer viaje al extranjero sería a la región del Golfo. Con un "gobierno de un solo color" que está fuertemente influenciado por el grupo militante chiíta, Líbano puede tener dificultades para asegurar el apoyo allí, y más lejos en Washington, donde la administración de Donald Trump adoptó un enfoque mucho más duro para Hezbolá.

Sin embargo, de manera más inmediata, es poco probable que el nuevo gobierno reprima las protestas que se apoderaron del país durante los últimos tres meses. “Ya vimos la reacción en la calle. Creo que podría ser aún más fuerte ", dijo Atallah. “Se remonta al mismo problema. El problema es mucho más estructural. Es por eso que las protestas ocurrieron en primer lugar: protestan contra todo el sistema de gobierno”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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