Lunes, 19 Agosto 2019 06:58

Romper cadenas

Durante una protesta de la ultraderecha que se llevó a cabo el fin de semana en un parque de Portland, Oregon, los asistentes hacen una señal de Ok, gesto que al parecer tiene connotaciones con la supremacía blanca.Foto Afp

Este mes marca el aniversario 400 del inicio de la migración forzada a Estados Unidos, cuando en agosto de 1619 un buque apareció frente las costas de Virginia con más de 20 esclavos africanos originarios de Angola. Estos primeros esclavos fueron aparentemente robados por piratas de un barco español que iba rumbo a México y que los había recibido, a su vez, de los portugueses, imperios que lucraron no sólo con los recursos naturales de otros países, sino también con el gran negocio de secuestros y compraventa de seres humanos.

Eran los primeros de los 400 mil a 600 mil esclavos transportados de África a Estados Unidos, alrededor de 5 por ciento del total de aproximadamente 12 millones de esclavos originarios de África que fueron comercializados por los europeos en la migración masiva forzada más grande de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial.

Para 1860, justo al estallar la Guerra Civil (que entre otras cosas llevó a la abolición de la esclavitud después de casi 250 años), la población esclava estadunidense era de casi 4 millones, 13 por ciento de la población total. Esta historia, esta migración forzada, en cadenas, fue parte integral de la creación de este país que desde sus inicios se ha proclamado como el faro mundial de la libertad.

"Sí, todos nuestros ancestros llegaron en barco a este país, pero algunos arribaron por su propia voluntad en las cubiertas de los barcos; otros, involuntariamente, encadenados en las bodegas de carga debajo", solía recordar el reverendo Jesse Jackson sobre los orígenes de Estados Unidos.

Fue la mano de obra esclava la que generó gran parte de la riqueza de las 13 colonias y que sentó las bases económicas del país que surgió oficialmente con la Declaración de Independencia de 1776. Por ello, algunos historiadores afirman que la fecha de nacimiento real de este país es 1619, cuando apareció ese barco con los primeros esclavos que fueron vendidos a los colonialistas ingleses.

Los orígenes de este país se construyen sobre el robo y genocidio contra los indígenas de estas tierras, y por la mano de obra de esclavos africanos. Por lo tanto, algunos historiadores recuerdan una y otra vez que el cuento de un país basado en los conceptos nobles escritos en su Declaración de Independencia (redactada por Thomas Jefferson, dueño de esclavos) y poco después en su Constitución, proclamando una nación basada en la libertad, la igualdad ante la ley, y la libre determinación de sus habitantes es en parte mentira. Ocho de los primeros 12 presidentes de esta república eran dueños de esclavos.

Hoy día, 400 años después, los afroestadunidenses (en gran parte descendientes de los esclavos) son 13 por ciento de la población, y por múltiples indicadores socioeconómicos, aún los más oprimidos de estas tierras. Los hogares afroestadunidenses tienen 10 centavos en riqueza por cada dólar en hogares blancos; el ingreso medio de los blancos es 10 veces más que el de los negros (Pew Research). Hoy día hay más afroestadunidenses encarcelados o bajo algún tipo de supervisión judicial en Estados Unidos, que esclavos en 1850 (Prof. Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow). Los hombres afroestadunidenses corren mucho mayor riesgo de ser asesinados por la policía que los varones blancos (Academias Nacionales de Ciencias).

Son las luchas de resistencia y liberación que iniciaron tambien hace cuatro siglos –las de los indígenas, los afroestadunidenses, las mujeres y subsecuentes olas de inmigrantes– las que han exigido que este país, el cual han construido, cumpla con sus promesas de libertad y democracia. Por eso mismo, no se puede reducir a Estados Unidos a un país de "gringos"; no todos comparten el mismo origen, la misma experiencia y ni la misma cultura.

Toni Morrison, la gran escritora afroestadunidense premio Nobel, quien falleció el 5 de agosto, escribió en The New Yorker poco despues de las elección de 2016 que parte del voto por Trump fue "no tanto por ira, sino por estar aterrorizados" de que están perdiendo su "privilegio blanco".

No hay manera de entender el presente estadunidense sin tomar en cuenta este conflicto histórico y las luchas por romper cadenas, algo tan antiguo como este país.

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Alumnos sensibles, murales cuestionadores

La escuela secundaria George Washington de la muy progresista ciudad de San Francisco acaba de votar gastar una pequeña fortuna, 600.000 dólares, para destruir una de las grandes obras de arte público de Estados Unidos. Es una serie de trece murales que cubren 150 metros cuadrados en las áreas de circulación y cuentan la historia del padre de la patria desde una perspectiva poco común. Es que el autor de los murales, Victor Arnautoff, era un comunista ruso que había emigrado a Estados Unidos y que en los años treinta pintó mucho arte público para la Administración de Trabajos del gobierno, un inolvidable invento de Franklin Roosevelt para darle trabajo a artistas desempleados por la Gran Depresión. En los murales de Arnautoff, Washington le da órdenes a sus esclavos, los exploradores matan indios y el prócer aparece rodeado de sirvientes.

La escuela quiere borrar los murales no porque defienda la idea de un prócer impoluto sino porque “la presentación de minorías sólo como víctimas es una agresión a parte de nuestro alumnado”. Los administradores del colegio votaron unánimemente destruir las pinturas para poder darle a sus alumnos “un ambiente seguro”. Y hasta se negaron a taparlos con, por ejemplo, cortinados, ya que eso permitiría “que en el futuro se volvieran a exhibir”. Hasta votaron gastar buena parte de los escasos fondos de la escuela para arrasar las pinturas con lija y pintura blanca.

La idea fue atacada desde varios ángulos, por artistas y por muchos padres que observan que este caso de censura parte de una idea exagerada de cómo y hasta dónde hay que proteger a los chicos. Y los alumnos tampoco están de acuerdo: apenas un uno por ciento dijo estar de acuerdo con destruir los magníficos murales que hace más de ochenta años cubren su escuela.

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“El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo”

Con Adoración Guamán, experta en empresas trasnacionales, democracia y derechos humanos.

De “estados capturados” por las presiones del capital corporativo internacional, del “asalto a las democracias” perpetrado por las empresas trasnacionales que subvierten el orden a través de los tratados de inversión o comercio, asegurándose más poder que los propios gobiernos y generando una verdadera “arquitectura de la impunidad” para maximizar ganancias y eludir sus responsabilidades cuando violan los derechos humanos, habla esta jurista española1 que participó el martes de la conferencia “El camino hacia un tratado vinculante para proteger los derechos humanos”. Lo que sigue es un resumen de la charla que tuvo Brecha con esta experta que vive entre Europa y Ecuador, y aún cree que “hay que volver a inventar el qué queremos”

—Es fundamental que el derecho internacional vaya evolucionando para dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas trasnacionales con total impunidad. Los estados están en una encrucijada: actuar frente a esto o mantener y seguir construyendo la estructura de impunidad que implican los tratados de libre comercio o inversión. Durante muchos años el derecho internacional se ocupó de los estados que cometen crímenes contra los derechos humanos. Pero las empresas trasnacionales, que, conforme han ido creciendo, aumentaron su poder económico y político mediante la captura corporativa, han tenido una mayor posibilidad de violar los derechos humanos y lo que es peor, van consiguiendo que esas violaciones sean impunes. Esto ha sido denunciado por el activismo, por los sindicatos, por la izquierda en todo el mundo y por los organismos internacionales como Naciones Unidas, que cada año presentan informes de cómo se producen estas violaciones. El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo en las cadenas de suministro, en las maquilas, en la industria textil. Está claro que hay una estrategia empresarial basada en la reducción de costes mediante el dumping social. Esto implica que las empresas se puedan mover por todo el mundo buscando el costo más bajo y eso va provocando en los países del sur una carrera a la baja para atraer la inversión extranjera. Entonces, si no paramos e intentamos establecer marcos jurídicos para impedir que las empresas sigan compitiendo entre ellas para ver cuál viola más los derechos humanos, estaremos en una caída sin frenos hacia una realidad en la que las empresas aumentan sus ganancias a costa de la vida de mucha gente.

 

—Los estados saben que cuando firman estos tratados de inversión renuncian a una parte de su soberanía o por lo menos a la legitimidad que tienen de regular en el orden interno para allanarle el camino a las empresas. ¿Por qué se siguen firmando si la mayoría de las veces ni siquiera detrás de los tratados obtienen la anunciada inversión?

—Esa es la otra cara de la moneda. Nosotros enfocamos esta lucha en un sentido propositivo. Queremos construir un marco normativo protector de los derechos humanos. Desde la academia crítica, los sindicatos y las Ong denunciamos y criticamos los tratados bilaterales de inversión, que también son normas internacionales. Curiosamente estas normas tienen mayor eficacia y se aplican de una manera mucho más clara y con sanciones más rigurosas que las que defienden los derechos humanos. Los estados saben que esto ocurre, que el compromiso por estos derechos es menos vinculante que los tratados de libre comercio o inversión. Lo que dice la ortodoxia económica es que los tratados producen riqueza. Pero sabemos que eso ha sido muy criticado. La inversión extranjera puede producir riqueza sí, pero para unos pocos, porque sobre todo produce acumulación y concentración. Jamás redistribución, crecimiento o desarrollo humano. Además la inversión no llega sólo por los tratados. Trae más inversión una buena red de carreteras o una tecnología determinada que un tratado de inversión (Tdi). Lo que sí sucede es que algunas personas se enriquecen por haber firmado un Tdi o por ser amigas de quien lo ha firmado. Y ahí vemos el fenómeno de la captura corporativa o la capacidad que tienen las empresas de conseguir que los estados hagan lo que ellas necesitan que se haga, construyendo una arquitectura jurídica de la impunidad. Hemos llegado a un punto en el que las normas constitucionales protectoras o guardianas de la ciudadanía están siendo desbordadas por este tipo de tratados que sortean los diques constitucionales a favor de las empresas. El poder económico es tan potente que el poder político se pliega o se repliega.

 

—¿A eso se refiere cuando dice que “hay un lobby geopolítico sin precedentes” que le resta peso a los parlamentos y aleja el poder de la ciudadanía?

—Esto no es sólo una cuestión económica, es un tema de democracia contra los mercados. Hay una red dispuesta por los tratados bilaterales de inversión o de libre comercio que permite que las empresas mejoren sus ganancias y su capacidad de defenderse o sortear las herramientas de control de los estados. Estamos asistiendo a una expansión similar a lo que se dio en el Consenso de Washington, pero más global. El capital financiero trasnacionalizado tiene el poder de capturar a los gobiernos. Para asegurar esta captura y que no haya vuelta atrás, los tratados son una herramienta jurídica perfecta. Los nuevos tratados, los que ha firmado la Unión Europea con Canadá, los que está negociando con el Mercosur, incluyen una materia que se llama “cooperación reguladora”. Se establece una suerte de comité para determinar las líneas de una legislación adecuada para el comercio. Aceptar esa “cooperación” de por sí implica una subversión a la democracia. Los gobiernos fueron elegidos por la ciudadanía de acuerdo a un programa, y no deberían renunciar a sus potestades ni compartirlas con las empresas. Pero lamentablemente el objetivo es que la seguridad del inversor pase por delante de cualquier objetivo de bienestar y desarrollo de las ciudadanías. Estas reglas implican un candado jurídico que está por encima del orden local. Los estados elevan competencias que ya no podrán volver a tener, se eliminan ámbitos de decisión y la marcha atrás será muy complicada. El asalto a las instituciones democráticas es tal que –mediante una serie de normas cuyo contenido desconocemos cuando se aprueban, porque todos estos procesos son parcial o totalmente secretos– están eliminando nuestra capacidad como ciudadanos de decidir nuestro futuro.

 

—Teniendo en cuenta esto que dice, ¿qué tan intocables son las empresas trasnacionales?

—Se creen intocables, pero no lo son. Hay que seguir la ruta del dinero y ver quién recibe las ganancias. ¿Quién se beneficia de la venta de pantalones fabricados casi sin luz durante 18 horas al día de trabajo de 500 mujeres? ¿Es una empresa de Alemania, de España? Hay casos de empresas que están siendo juzgadas en distintas partes del mundo y existe algún resquicio de temor a perder la impunidad. Esto está provocando que nuestra lucha por un tratado vinculante para que estas empresas no sean impunes sea atacada cada vez con más dureza. Nunca pensamos que iba a ser un camino fácil, pero las empresas se están poniendo muy a la defensiva. Es que estamos aprendiendo a utilizar el derecho como arma contrahegemónica. Tenemos que encontrar las formas para vincular, por ejemplo, un incendio que sucede en una fábrica en Pakistán donde mueren 250 mujeres que estaban cosiendo ropa para una empresa alemana con la responsabilidad de esa empresa. Hoy todavía es difícil rastrear esa responsabilidad. Creo que la única manera de revertir esa impunidad es consiguiendo que las empresas tengan miedo de ser sancionadas y se cuiden. Que tengan que controlar todo su proceso de producción, que hasta la última mujer que teje o cose tenga derecho a la jornada laboral de ocho horas, y si no es así, que la empresa como figura jurídica y sus directivos puedan ser procesados. Que se le puedan aplicar sancionas jurídicas, administrativas, penales y civiles.

Hoy las empresas dicen que el compromiso con los derechos humanos es de los estados, que no les corresponde a ellos garantizarlos. Nosotros preguntamos en las reu-niones de trabajo ¿si las empresas tienen derechos otorgados por los distintos tratados comerciales, por qué no quieren tener responsabilidades? Ellos responden: “No es lo mismo, nosotros invertimos para que haya riqueza en el mundo”.

 

—¿Cree que hay chances a nivel mundial para avanzar en esta materia?

—En 2014 se aprobó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Ecuador y de Sudáfrica, que decidió el establecimiento de un grupo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas trasnacionales. La coyuntura geopolítica de 2014 no era mala. Teníamos dos estados liderando esta voluntad y teníamos una serie de aliados (el G-77 estaba a favor, Argentina y Brasil se abstuvieron, pero no se opusieron, India y Rusia votaron a favor). Todos los países de la UE, así como Japón y Estados Unidos, votaron en contra. La sociedad civil, los sindicatos, el parlamento europeo, distintas redes de parlamentarios y la doctrina académica nos hemos enfocado en hacer cosas como esto que hicimos el martes aquí, de presentar el proyecto a los legisladores y decirles que Uruguay puede tener un papel importantísimo como defensor de los derechos humanos (véase recuadro). Ahora tenemos un proyecto, un borrador cero, y podemos decir a los países que se lancen a discutir esto junto con la sociedad civil y la academia y los sindicatos. Por ahí podemos hablar de la tensión positiva. La tensión negativa es la evidente. Nadie pensó que los empresarios se iban a quedar tranquilitos y no iban a reaccionar.

 

—Y el poder que tienen no es frágil…

—Claro, y han capturado actores importantísimos. La UE ha participado en todas la reuniones y ha sido el principal opositor a este proceso. Estados Unidos sólo participó una vez para decir que el proceso no iba a continuar, pero ha mandado a estados fáciles de convencer a boicotearlo. El tema es que la coyuntura política ha cambiado para peor. Los cambios en el gobierno de Ecuador y sus giros de timón en la política internacional también implican un retroceso. Yo prefiero un proceso peleado hasta el final y no aprobado que la aprobación de una norma que supone un retroceso de lo que ya hay, que son normas no vinculantes.

 

—¿Cómo sería en la práctica el control a las empresas, cómo se fiscalizaría?

—Es uno de los puntos rojos del tratado que fue eliminado en la última versión de Ecuador. Lo que se proponía hace dos años era un ámbito de control supranacional que tenía dos propuestas: una de máxima, que era una corte internacional penal sobre empresas y derechos humanos, y la otra, más tradicional, que era un comité donde estuvieran representadas las víctimas y la sociedad civil. La propuesta de máxima es difícil que salga. De todas formas, tenemos que pensar y luchar por un camino alternativo que implique un cambio de paradigma. Y en ese sentido, independientemente de lo que le pase al proceso con las amenazas y los obstáculos que se le ponen, ya llevamos ganancia, porque hemos puesto en el centro de la discusión a nivel mundial la necesidad de actuar para un efectivo respeto a los derechos humanos. Aunque hoy la coyuntura no dé, este proceso será imparable.

 

—Ha manifestado que en el tema de los tratados, las empresas trasnacionales y las democracias está presente la lucha de clases. ¿Podría explicar cuál es la relación?

—Estamos hablando de un capital trasnacional que acumula y se enriquece, y de unas mayorías subalternas que estamos forzadas a vender nuestro tiempo de trabajo para sobrevivir. El único enfoque que nos es útil para seguir acumulando poder de resistencia es uno transversal que nos integre a todos bajo la misma lucha, la de los gitanos, la de los obreros, la de las empleadas domésticas en España o los niños mineros en Colombia. Hay que buscar los enlaces sin perder de vista la diversidad. Pero la diversidad como un valor per se muchas veces lo que ha hecho es dividir luchas. Las personas que estamos siendo desposeídas por el fenómeno del capital global tenemos más cosas en común que las que nos diferencian. Y creo que otra cosa a favor es que el enemigo común de todos está más que claro. El otro día me preguntaron en una entrevista qué proponía yo para volver al Estado de bienestar. Y respondí que no quería volver a un estado de cosas que tiene lateralidades negativas a montones. Por ese Estado de bienestar mira cómo está el sur, y cómo están las mujeres, y cómo está el ambiente, y lo bien que les iba a las trasnacionales. Hay que volver a inventar el “qué queremos”.

 

Profesora titular de derecho de la Universidad de Valencia, España. Entre otras obras ha publicado, en solitario o en coautoría: La libertad de información de los trabajadores, Derecho del trabajo y defensa de la competencia, ¿Qué hacemos con la Universidad?, Educación pública, de [email protected] y para [email protected]: las claves de la marea verde, Lecciones sobre Estado social y derechos sociales, El huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el trabajo, Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social, Ttip. El asalto de las multinacionales a la democracia, El trabajo garantizado. Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización, Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del Ceta y del Ttip, El Ceta al descubierto: las consecuencias del tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, El fin de la impunidad. La lucha por un instrumento vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos.

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Manifestantes alzan las fotografías de sus familiares palestinos presos en Israel.

 

 

El 17 de abril de 2017 más de mil 500 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre para mejorar sus condiciones dentro de las cárceles israelíes. Sus reivindicaciones incluyen el acceso a la educación, la atención médica adecuada y el fin de la práctica del aislamiento. Hacen huelga para que la vida de sus familias sea más fácil; también para que se garantice el derecho a las visitas regulares y para que los funcionarios de prisiones traten a las familias respetuosamente. Y están en huelga para protestar contra una de las políticas israelíes más obviamente injustas: la detención administrativa, o el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio.

Israel mantiene encarcelados a seis mil 300 prisioneros políticos palestinos, 300 de los cuales son menores de edad. Quinientos están bajo detención administrativa; 458 han sido sentenciados a cadena perpetua; 61 son mujeres; 13 son miembros del Consejo Legislativo Palestino (CLP); 70 son ciudadanos de Israel; 24 periodistas y un payaso de circo. Al menos 400 palestinos han sido detenidos en los últimos años por publicar en redes sociales posts considerados por los funcionarios israelíes como incitación a la violencia. Asimismo, se ha sabido que la policía israelí ha detenido a otras 400 personas que no habían cometido ningún delito ni escrito nada que la policía considerara amenazante. No obstante, se las detuvieron en base a un algoritmo que pretende predecir quién cometerá un crimen.

Una huelga de hambre es una experiencia desgarradora para quienes la llevan a cabo. Después de dos semanas, los cuerpos de los huelguistas comienzan a degradar su musculación para sobrevivir. Sienten frío, pierden la capacidad de mantenerse en pie, luego la de oír y en muchos casos la de ver. Además, los palestinos hacen huelga de hambre en cárceles administradas por un Estado que no solo los considera enemigos sino también “terroristas”. Los funcionarios penitenciarios han castigado a los huelguistas trasladándolos de cárcel en cárcel y confinando a muchos de ellos en celdas de aislamiento. Mientras tanto, un grupo de jóvenes israelíes organizaba una barbacoa en el exterior de una prisión en Cisjordania.

Al mismo tiempo, en el exterior continúa la batalla para deslegitimar a los presos palestinos. El 1 de mayo, el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, utilizó los términos “terrorismo” o “terrorista” no menos de 18 veces en un artículo de menos de 900 palabras publicado en The New York Times.

Los palestinos tienen claro que las cárceles israelíes son un elemento histórico dentro de un sistema de opresión. También en The New York Times, el preso y miembro del CLP Marwan Barguti, subrayaba el carácter colonial de las cárceles israelíes, y cómo las políticas de detención de Israel violan el derecho internacional. La ex prisionera y actual miembro del CLP, Jalida Jarrar, afirmaba en The Washington Post el derecho de los palestinos a resistir una ocupación ilegal.

 

El sumud o la firmeza colectiva

 

La resistencia es transformadora. La antropóloga Lena Meari escribe sobre la práctica de la firmeza o el sumud por parte de los presos palestinos. Ser firme da a los individuos la fuerza para soportar los interrogatorios israelíes; conecta a los menores encarcelados con sus padres en el exterior; refuerza el sentimiento de colectividad entre los presos de manera que la delación no sea una opción en los interrogatorios. Meari scribe, “Sumud... es un proceso creativo infinito, una cadena de ecos que refleja y crea la victoria... Al practicar el sumud el preso siente en su piel a todos los demás”.

Hasta tal punto es así que los presos dejan de comer en nombre del derecho a las visitas de los padres y madres, mientras que los padres en el exterior de la cárcel, alzan las fotografías de sus hijos presos en concentraciones que les traen desde sus pueblos y ciudades. Aunque estén libres de prisión, los padres y madres atraviesan las capas de violencia y ruinas que 50 años de ocupación militar israelí han dejado en el camino.

De hecho, la huelga moviliza a las familias y a las comunidades para reafirmar que lo dejan todo para que la calidad de vida de sus presos mejore. El 27 de abril una huelga general en Cisjordania cerró tiendas, bancos, fábricas, instituciones gubernamentales y universidades –todo menos las escuelas secundarias, los servicios médicos de urgencia y los hospitales. Se han instalado carpas de solidaridad en la mayoría de las ciudades. Comités populares han organizado manifestaciones y preparado exposiciones públicas de arte. La huelga es también un momento para movilizar el boicot local de los productos israelíes. Como dice la ex prisionera Ahlam al Wahsh, “vamos al muro de separación cada día y lanzamos al otro lado mercancías israelíes para enviar un mensaje a los ocupantes de que no son bienvenidos aquí. Nos esforzamos para que sus productos no estén en nuestras ciudades”. Su vida está marcada por su encarcelamiento de adolescente a finales de los 70: “Cuando salí de la cárcel no dejé una prisión israelí sino una escuela palestina donde me formé como la persona que soy ahora”.

Es doloroso saber que los seres queridos están en huelga de hambre. Isra ‘Abu Srur, sobrina de un huelguista, Naser Abu Srur, encarcelado durante un cuarto de siglo, dice: “ha sido especialmente difícil para mi abuela. Se pasa todo el día en la carpa solidaria. Vamos todos a las manifestaciones. Es lo menos que podemos hacer”. Y añade: “Esperemos que sus reivindicaciones sean satisfechas porque se trata de simples demandas humanitarias”.

La organización israelí de derechos humanos B’tselem coincide con esta evaluación. De hecho, como lo explica el ex prisionero Jaled al Azraq, casi todas las reivindicaciones son en realidad peticiones para que se restablezcan los derechos que los detenidos habían obtenido mediante huelgas anteriores, pero que se han eliminando a lo largo de los años. El propio al Azraq participó en huelgas de hambre en 1987, 1994, 1998, 2000 y 2004.

Al Azraq añade que la huelga está diseñada para movilizar la calle palestina y reavivar la estima por el movimiento de los encarcelados. “La huelga está organizada bajo el lema Una huelga por la dignidad y la libertad”, explica. “No hay libertad para los presos, pero tienen intacta su dignidad. Somos nosotros, los que estamos fuera, los que tenemos que restaurar nuestra propia libertad y dignidad”. Al Wahsh y al Azraq también pasan sus días en la carpa de solidaridad. “Lo que intento es estar con las madres para infundirles ánimo y levantar su espíritu”.

 

Huelga en las cárceles de EEUU

 

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En Estados Unidos también hubo huelgas en las prisiones, en este caso para eliminar el trabajo esclavo. Foto: AP.

 

Apenas unos meses antes de que los prisioneros palestinos comenzaran a negarse a comer, se produjo otra huelga de presos en otro continente que denunciaba una historia de desposesión racista. El 9 de septiembre de 2016, en el 45 aniversario de la creación de la prisión de Attica de Nueva York, 24 mil presos de 20 prisiones de al menos 12 estados, incluyendo Alabama, Mississippi, Texas, Oregon y Georgia, se declararon en huelga para protestar por las condiciones laborales en el interior de las prisiones en EEUU. Como declararon los organizadores, “con una sola voz que surge de las celdas de aislamiento y que resuena en cada celda y en cada bloque de Virginia a Oregon, nosotros, los prisioneros de Estados Unidos juramos que acabaremos finalmente con la esclavitud en 2016”. La Enmienda Trece de la Constitución estadounidense con la que en otro tiempo se puso fin a la esclavitud contiene una excepción para el trabajo penitenciario .

 
Toda cárcel es política

 

Para quienes tengan dudas de que toda prisión es política vale la pena comparar las tasas de encarcelamiento de hombres negros en EEUU con las tasas de encarcelamiento de palestinos. Según la NAACP, uno de cada seis hombres afroamericanos ha sido encarcelado. Según el grupo palestino de derechos humanos Adamir, aproximadamente uno de cada cinco palestinos de los territorios ocupados ha sido encarcelado desde que comenzó la ocupación israelí de 1967.

En ambos casos el sistema de justicia queda gravemente comprometido aunque sea de manera diferente. Para los palestinos, las tasas de condena superan el 99% . En EEUU, el 97% de las acusaciones criminales que no son rechazadas se resuelven a través de acuerdos por el que el acusado admite ser culpable para reducir su sentencia en lugar de mediante juicios. Este hecho es preocupante porque aunque sean inocentes, hay muchas personas que tiene múltiples razones para declararse culpables antes que arriesgarse a un juicio.

En EEUU la prisión socava la democracia cuando aproximadamente uno de cada 13 afroamericanos en edad de votar no lo puede hacer debido a las leyes de privación de derecho al sufragio de los criminales. En tres estados, Florida, Virginia y Kentucky, más de uno de cada cinco afroamericanos está privado de sus derechos. Por supuesto, a todos los palestinos que viven bajo ocupación militar en Cisjordania y la Franja de Gaza se les niega el derecho a participar en las elecciones israelíes a pesar de que Israel ha mantenido la ocupación durante medio siglo.

El sistema carcelario alimenta un racismo que mata. En EEUU, la pena de muerte se ejecuta de manera desproporcionada contra personas de color . En la última semana de abril, las autoridades de Arkansas programaron un terrible desfile de ejecuciones –cuatro personas fueron ejecutadas– para evitar que vencieran las fechas de caducidad de los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Este racismo alimenta la brutalidad policial. El 29 de abril, un oficial de policía disparó en la cabeza a un muchacho negro de 15 años , Jordan Edwards, mientras conducía un automóvil después de una fiesta en un barrio de Dallas. A principios de la primavera, un joven palestino, Mohammed Aamar Jalad, murió solo en una celda de un cuarto de hospital , tres meses después de que soldados israelíes le disparasen y lo detuvieran cuando cruzaba la calle de manera aparentemente sospechosa cuando se dirigía hacia su última sesión de quimioterapia. Los funcionarios del ejército israelí ni se molestaron en informar a su familia sobre su situación, ni siquiera cuando murió.

Las cárceles israelíes y estadounidenses son distintas entre sí. Pero cuando las comparamos podemos reconocer que la prisión como herramienta no sólo amenaza la vida de quienes viven en la cárcel sino que permite asimismo segregar de forma racista y mortal a una parte de la población del resto. Cuando nos posicionamos contra las cárceles lo hacemos por la dignidad de la gente negra y morena, de los desposeídos. Como dice Ahlam al Wahsh, hablando de la actual huelga de hambre palestina, “tenemos que ganar, porque la batalla de los presos y presas es la batalla de los palestinos”.

 

(Traducción de Loles Oliván Hijós para Rebelión/ Original en Merip)

 

 

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Martes, 25 Octubre 2016 14:48

La tierra de la falsa libertad

La tierra de la falsa libertad

La situación en la “Tierra de la libertad” se había vuelto insostenible para muchos (en realidad era la Tierra de la falsa libertad, aunque oficialmente, y para engañar a los despistados la llamaban así). Gran cantidad de personas mal vivían en la parte de abajo con unas pocas monedas y sin apenas recursos, percibían salarios de miseria a cambio de duras jornadas de trabajo (los “afortunados” que lo podían tener). Todo se había vuelto penoso para este sector mayoritario de la población. En cambio, en la parte de arriba las cosas eran muy diferentes. Allí la crisis había supuesto un mayor enriquecimiento del grupo social que vivía en aquella zona, hasta el punto que había ocurrido algo novedoso: ahora, en lugar de papel higiénico, usaban billetes de 50.

 

La noticia llegó a oídos de los que vivían en la parte de abajo de la Tierra de la libertad. ¿Billetes de 50 como papel higiénico? Aquello fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los de abajo, y decidieron ir a hablar con los millonarios de arriba. Estos les dijeron que comprendían la situación y llamaron a los “expertos”, encabezados por el presidente, para que se hiciese una reunión y estos expertos pudieran ofrecerles las explicaciones pertinentes. Y así se hizo.

 

Ya todos sentados, el grupo de representantes de los de abajo expusieron a los expertos cuáles eran los hechos, y los hechos eran que mientras gran parte de la población de la Tierra de la libertad estaba pasando verdaderas penurias con salarios humillantes y doblando en muchos casos la jornada laboral siendo ya unos esclavos, los de arriba vivían como reyes, disfrutando de todo lujo pensable, y para más inri ahora se limpiaban el culo con billetes de 50, algo sin duda simbólico y que a los de arriba les producía un gran placer. Era una situación muy injusta estas diferencias, diferencias que siempre habían existido pero que ahora se habían multiplicado por la famosa crisis: los de abajo iban camino a la esclavitud (muchos de ellos ya en ella) y los de arriba, en cambio, ahora tenían mucho más.

 

Esta fue a groso la exposición de los hechos y esta fue, resumiendo también, la respuesta de los expertos:

 

Vuestro problema, la pobreza o la miseria, nada tiene que ver con la situación de los de arriba, la riqueza. Es decir, es independiente el hecho de que vosotros percibáis salarios tan bajos con el hecho de que arriba naden en la abundancia. No tiene nada que ver el que una parte cada vez posea más dinero, patrimonio, yates, joyas y lo que quieran tener, con qué otra parte, en este caso una mayoría, tenga cada vez menos y deba trabajar cada vez más por menos. No se equivoquen caballeros, una cosa no tiene que ver con la otra.

 

- Por otra parte, debéis alegraros de ver que los ricos cada vez sean más ricos y debéis estar contentos porque estos millonarios o multimillonarios contra los que protestáis hayan decidido vivir en la Tierra de la libertad y no en otra parte, porque así la economía estará en movimiento y podrán haber empresas y posibilidad de trabajar para ellos, y me consta que muchos de ustedes lo hacen, trabajar para ellos. Imagínense que un día decidan irse de aquí; sería nefasto. Agradézcanles el que vivan aquí y que cada día ellos posean más, porque serán oportunidades para ustedes.

 

- Por último, no les moleste que ellos usen billetes de 50 como papel higiénico. Ustedes no saben, pero si en lugar de limpiarse el culo con ellos se los entregaran a ustedes... se produciría una distorsión en los precios con lo cual todo el mundo saldría perdiendo, también ustedes. Sabemos que pueden pensar que ellos podrían compartir algo o que para que se use ese dinero de ese modo sería mucho mejor que ellos dieran algo a ustedes, pero créanme, eso sería contraproducente para todos y se les volvería en contra. Es mejor que todo siga así, y que por muchas penurias que puedan estar pasando, y por muy bien que vivan arriba, son ustedes unos privilegiados por poder vivir y formar parte de la Tierra de la libertad. Aquí reina la libertad, son libres, y este es nuestro valor supremo, por encima incluso de la propia dignidad, por encima de que todos los habitantes puedan tener una vida digna.

 

Miren caballeros, miren hacia nuestra bandera, ámenla y llévenla en sus corazones. Esta es nuestra patria y todos formamos parte de ella, ustedes (los de abajo) y los de arriba. Siéntanla porque nuestra patria nos une a todos, y nuestra patria, como digo, es lo que realmente importa y no si unos viven mejor u otros peor. ¡Nuestra patria caballeros! ¡Viva la Tierra de la libertad!

 

Los expertos economistas y políticos, tras estas palabras pronunciadas por el presidente, se pusieron en pie y lo ovacionaron con un sonoro aplauso y unos vivas, mientras que el grupo de los de abajo, sumidos en una gran perplejidad, fueron desalojados de la sala por las fuerzas de seguridad.

Publicado enEdición Nº229
De la reclusión en aislamiento a la solidaridad de la huelga

La organización de base, esa ardua tarea de construcción de un movimiento social, puede resultar extenuante. Con frecuencia, la remuneración es baja o inexistente y el éxito no está garantizado. Como dijo Martin Luther King Jr. “Démonos cuenta de que el arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la justicia”. Aunque no se inclina solo. En este momento, en condiciones que podrían considerarse de las más represivas que existen en Estados Unidos, crece un movimiento nacional por los derechos de los reclusos. Estados Unidos alberga a menos del 5% de la población mundial y a casi el 25% de la población carcelaria del mundo. Este movimiento parte de una celda de reclusión en aislamiento de la Correccional Holman, ubicada en la zona rural de Atmore, Alabama.

Desde la prisión, un hombre llamado Kinetik Justice dijo en mayo a “Democracy Now!”: “Estas huelgas son el método que encontramos para cuestionar el encarcelamiento masivo. El sistema carcelario es la continuación del sistema esclavista". Justice estaba usando un teléfono celular de contrabando desde el interior de una celda de reclusión en aislamiento en Holman, donde se encontraba recluido como castigo por impulsar la organización de los prisioneros. Él y otros reclusos de Alabama iniciaron una huelga de diez días el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en el marco de la cual se negaron a participar en labores carcelarias. “La reforma y los cambios por los que luchamos en Alabama hemos intentado conseguirlos a través de la justicia. Hemos intentado ponernos en contacto con nuestros legisladores. Y no hemos logrado nada de esa manera. Consideramos que nuestro encarcelamiento tiene mucho que ver con nuestro trabajo y con el dinero que se genera a partir del sistema carcelario”.

Kinetik Justice es uno de los cofundadores del movimiento Free Alabama Movement (FAM, por sus siglas en inglés), que tiene por objetivo la organización de los reclusos contra los programas de trabajo carcelario en condiciones de explotación. A pesar de no tener acceso a Internet, tienen un sitio web donde se puede descargar un libro del cofundador de FAM Melvin Ray. En el libro, Ray describe las dificultades que enfrentan en el sistema carcelario de Alabama y la manera en que se están movilizando. Ray, que también se encuentra encarcelado, comienza el libro diciendo: “LIBERTAD... No se confundan... Esa es la tarea del movimiento Free Alabama Movement. En algún momento, nosotros (los reclusos) tenemos que llegar no solo al punto en que estemos hartos de las condiciones inhumanas e inconstitucionales en las que estamos recluidos, sino que además tenemos que llegar al punto en que estemos preparados, en que tengamos la voluntad y la capacidad de hacer algo al respecto. Ese ‘algo’ es una huelga a nivel estatal de la mano de obra gratuita, una manifestación de protesta no violenta y pacífica en defensa de los derechos civiles y los derechos humanos".

La medida de protesta fue más allá de la huelga del Día de los Trabajadores y pasó a ser de alcance nacional. El 9 de septiembre, reclusos de al menos 24 estados participaron de una huelga coordinada al conmemorarse el 45º aniversario del motín que tuvo lugar en 1971 en la tristemente célebre prisión de Attica en el estado de Nueva York. Los reclusos que actualmente llevan adelante la huelga se manifiestan contra la reclusión en aislamiento por períodos prolongados, la atención médica inadecuada, la superpoblación, las agresiones violentas y el trabajo en condiciones de esclavitud.

El pastor Kenneth Glasgow, de Alabama, fundó la organización T.O.P.S., The Ordinary People Society o La Sociedad de la Gente Común, en español, para apoyar a los reclusos y exconvictos. Siendo él mismo ex-prisionero, nos dijo: “Los que están encarcelados reconocen el hecho de que la población pagó impuestos para su rehabilitación, para que reciban educación y capacitación a fin de reinsertarse en nuestra sociedad, porque el 98% de las personas encarceladas salen, y para que al salir sean capaces de ser ciudadanos productivos tienen que recibir esos conocimientos, educación y todo lo demás. Lo que consideran es que solamente se los alberga. Y los contribuyentes pagan entre 31.000 y 80.000 dólares por año, dependiendo del estado en el que se encuentran, para que los reclusos accedan a rehabilitación y educación que no están recibiendo. En cambio, lo único que se les brinda es la posibilidad de ser usados como mano de obra carcelaria gratuita”.

El pasado sábado por la noche, a la movilización de los reclusos de Holman se unieron aliados inesperados: los propios guardias de la prisión. Casi la totalidad de los guardias se negó a presentarse al inicio de su turno de doce horas. El 1º de septiembre pasado, el agente penitenciario de Alabama Kenneth Bettis, de 44 años de edad, fue apuñalado en Holman y murió dos semanas después. Al ser entrevistado nuevamente por “Democracy Now!” esta semana, Kinetic Justice explicó: “Hemos estado en comunicación entre ambos lados en las últimas semanas. En realidad, esta administración no tiene consideración por la vida humana. Y [los guardias] están empezando a ver que eso no afecta solo a los hombres que están recluidos aquí, sino que la violencia que generan en realidad llega a afectar también a los agentes. Y muchos de ellos están aterrados por lo que está pasando”.

El alcance nacional de la huelga carcelaria, con acciones en 40 o 50 prisiones a lo largo y ancho de Estados Unidos, es verdaderamente histórico, así como la solidaridad que se vio entre reclusos y guardias de Holman esta semana. Encerrados tras las rejas, privados de acceso a Internet e incluso al teléfono, impedidos de comunicarse fácilmente con los medios de comunicación, estos reclusos encabezan su propio movimiento, con la solidaridad de miles de personas desde afuera. “La esclavitud es difícil de exterminar en el sur”, escribe Melvin Ray en su libro. Aún así, con su activismo de base, estos reclusos están inclinando ese arco del universo moral un poco más hacia el lado de la justicia.

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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“Ahora ya todos trabajamos para las GAFA sin cobrar”

Yo veo muchos de mis alumnos sin empleo, pero están todo el día trabajando gratis para las GAFA.

 

¿GAFA?


Siglas de G-oogle, A-pple, F-acebook y A-mazon. Todos trabajamos para las GAFA sin cobrar y algunos hasta pagan por trabajar para ellas. Son los telares mecánicos del capitalismo cognitivo. Ya no en Manchester, sino en Silicon Valley.


¿Cómo cree que nos explotan?


Con la última y genial metamorfosis de las relaciones de producción: millones de humanos no cobran ningún sueldo pero dedican gran parte de su vida a generar dividendos para las GAFA.


¿Cómo hemos llegado hasta aquí?


Veamos de dónde viene el capitalismo cognitivo en perspectiva histórica: el primer capitalismo fue el mercantil con mano de obra esclava.


Aquí tuvimos esclavos hasta 1888.


Occidente prosperaba con el trabajo de los esclavos en las colonias y unos pocos se hacían ricos con él. Le siguió el auge del capitalismo industrial con asalariados. Al principio, el patrón trataba de impedir que el obrero abandonara el empleo y lo hacía vivir junto a las máquinas.


Ahora la obsesión es poder echarlo.


Pero hay residuos de aquel empeño: aún se ata a muchos inmigrantes a salarios muy bajos con la amenaza de perder el visado si buscan otro.


Pero en la sociedad postindustrial el empleo es un bien escaso.


Porque en el capitalismo cognitivo el empresario digital necesita muy pocos empleados.


¿Cómo ganan dinero sin dar empleo?


Ocupando todas las facetas de nuestra vida. La digitalización consiste en poner on line, ergo monetizar, todas las relaciones humanas.


Eso son muchos bytes.


Necesitas billones de datos para que den dinero, por eso sólo cuatro o cinco multinacionales como las GAFA los monopolizan. Y ya son las primeras empresas en capitalización.


Ganan más que la General Motors, las petroleras o los gigantes de otros sectores.


Porque, en los 80 y 90, supieron ver las nuevas Américas por explorar al otro lado de los océanos digitales: conquistarían todo lo que hacemos en nuestra vida y lo convertirían en datos, y los datos, en dinero. Y los conquistadores se lanzaron a por ellas desde Silicon Valley.


Al principio, digital quería decir gratis.


Nadie se daba cuenta de que gratis eran las baratijas con que los esclavistas engañaban a los nativos hasta encadenarlos. Ahora los cuatro big brothers GAFA convierten el gratis en oro. Metemos toda nuestra vida en la red digital universal, que va sustituyendo a la vida real.


Ya no haces amigos, montas la excursión o saludas a la abuela si no es on line.


Y cada minuto que pasamos en pantalla es dinero para las GAFA. Las otras dos esferas de acumulación de plusvalías son las clásicas para el capitalista: los asalariados y el trabajo en negro, Sólo la esfera clásica del trabajo asalariado paga impuestos y seguridad social. Y disminuye: hay menos empleos y están peor pagados.


Las GAFA eluden y aun evaden impuestos.


Es una de las grandes razones de la grave crisis de la fiscalidad del euro, porque nuestras instituciones aún no saben fiscalizarlas. A veces están en connivencia con las multinacionales.


¿Cómo convierten las plataformas digitales nuestras relaciones humanas en dinero?


Se van apropiando de todos los signos que los humanos generamos en el planeta: el presupuesto de una empresa o el cumpleaños de la abuela en Facebook. Es la economía de la atención: cuanta más atención les prestamos, más datos les damos y más rentables son. Los convierten en dinero, acompañándolos de publicidad viralizada, o en información mercancía para venderlos como big data a otras empresas.


¿Crean, transforman o destruyen?


Es una espiral descendente hacia el low cost universal. El capitalismo digital no distingue descanso y actividad: siempre está generando tráfico. Hasta los esclavos descansaban, pero las GAFA digitalizan y monetizan día y noche, festivo o laboral... Y el día de Navidad más.


Eso es mucho, pero que mucho dinero.


Es una revolución monetaria igual que la provocada por la colonización que obligaba a asegurar embarcaciones con grandes sumas que a su vez originaron las bien capitalizadas aseguradoras, bancos, acciones, bolsa... ¡Capitalismo!


Ahora se requiere liquidez suficiente para monetizar toda la actividad humana.


¿Y qué cree que está pasando? Pero no se reparte, sino que se acumula en pocas manos.


Creo que empezamos a percibirlo.


Empresas de hostelería sin hoteles, de taxis sin coches, concentrando beneficios en poquísimas manos. Igual que cuando se industrializó el planeta: la tecnología digital es disruptiva y genera desigualdad, trabajo manchesteriano: envía clases medias al paro o las proletariza.


Por eso se sucedieron las revoluciones hasta los grandes pactos sociales.


Hay que hacer política. Debemos instaurar garantías de bienestar que no dependan de los salarios convencionales, como la renta universal o los complementos a los salarios más bajos. Y hay que gravar a las digitales por ese trabajo que les hacemos sin cobrarles.


Pero la izquierda parece encantada con las plataformas digitales democratizadoras.


Es tan ingenua como la que profetizó al comenzar la revolución industrial que las máquinas liberarían al hombre del trabajo.

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Viernes, 24 Julio 2015 10:33

La esclavitud que perdura y amenaza

La esclavitud que perdura y amenaza

En mayo de 2015, la prensa del Continente repitió insistentemente el nombre Zunduri, apelativo con el que nombró a una joven mexicana de 23 años que había sido esclavizada en una tintorería en la ciudad de México. Los medios masivos, luego de resaltar mórbidamente las vejaciones sufridas por la joven, y de utilizar titulares espectaculares como "la esclava de la tintorería" para dar realce a sus crónicas, enviaban veladamente el mensaje de que se trataba de un asunto excepcional que poco tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, cuando en los estados federales, a los dos lados de la frontera con los Estados Unidos, las historias de esclavitud son conocidas desde vieja data.

En el Reino Unido, al finalizar el año 2014, los periódicos británicos daban cuenta que Illyas Ashar, un acaudalado hombre de negocios británico-paquistaní y su esposa, habían introducido de forma clandestina, desde el año 2000, una niña sordomuda de diez años a la que sometieron a la esclavitud durante nueve años. Pero, el caso parecía tan sólo un eco del revuelo de la prensa británica de 2013 cuando reveló que Aravindan Balakrishnan, anciano de setenta y tres años, junto con su esposa, estaban acusados de secuestrar y esclavizar a tres mujeres.

En el mismo sentido los diarios coreanos daban cabida al caso de Kim Seong-baek, un joven discapacitado e indigente sometido desde el 2012 a condiciones de esclavitud en una explotación de sal. Secuestrado en una estación de tren, donde dormía, fue conducido a la isla de Sinui, en el condado de Sinan, donde fue vendido por 700 dólares americanos, y obligado a trabajar en condiciones infrahumanas, partiendo sal. En el archipiélago que conforma el condado son producidos dos tercios de la sal que consumen en ese país, y las situaciones de servidumbre han sido denunciadas de manera reiterada sin que el tráfico de seres humanos haya sido eliminado.

Tres continentes distintos con casos análogos, ¿trágica coincidencia? No. La Fundación Free Walk (WFF), una organización no gubernamental australiana, que publica anualmente el índice de la esclavitud mundial, estimó que en 2014 había en el mundo 35,8 millones de esclavos, una cifra que supera de lejos los 11,7 millones de personas forzadas a salir de África en condición de esclavitud entre 1500 y 1840, según los cálculos más recientes de los historiadores. Números que en términos absolutos, como lo han destacado algunos medios, resaltan que en ninguna otra época hubo tantos esclavos como ahora.
Vulnerabilidad y servidumbre

La llamada esclavitud moderna se ceba con los más desprotegidos, siendo los niños un grupo altamente vulnerable. De los 120 millones de niños −entre los cinco y catorce años-, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) laboran tiempo completo, 5,5 millones pueden considerarse en situación de esclavitud. De los niños sometidos a la esclavitud, cerca del 60 por ciento son forzados a trabajar en la agricultura, el 32 por ciento en la industria, y el 8 restante en el servicio doméstico.

En la producción agrícola, los cultivos de plantación son señalados entre los que más usan trabajo forzado infantil. En el 2001, la Unión internacional de los trabajadores de la alimentación (Uita), inició una campaña contra el uso forzado de mano de obra infantil en la producción de cacao en algunos estados de África occidental, luego que los medios de comunicación denunciaran situaciones graves de explotación. Pero, no es ese el único sector, pues la extracción de caucho en Brasil o la recolección de café en Centroamérica, entre muchos otros casos, son frecuentemente denunciados por los abusos a niños. El informe de la OIT, Cosecha amarga, ilustra el caso de la recolección de jazmín en Egipto, donde los infantes son obligados a trabajar de noche, pues es el tiempo donde la esencia presenta mayores concentraciones. Allí, el uso sistemático de los niños obedece, según los contratistas, a motivos "técnicos", pues el tamaño de las manos de los menores les permite recoger las flores más delicadas con el menor daño posible. Sin luz, y entre el barro, trabajan de forma ininterrumpida en turnos de nueve horas, sin tiempo de descanso y sin recibir alimentación.

En la industria, es quizá el sector textil el más denunciado por incurrir en prácticas de trabajo forzoso. El lunes 27 de abril de este año, los niños bolivianos Orlando y Rodrigo Camacho de 7 y 11 años respectivamente, morían en la ciudad de Buenos Aires abrazados por las llamas de un incendio desatado en un taller clandestino de confecciones, donde vivían con sus padres. Estos talleres clandestinos no sólo producen prendas con marquillas falsificadas que se venden en la Salada, nombre del mercado negro que algunos consideran el más grande de su género en el Continente, sino que también subcontratan la elaboración de vestuario con empresas de marca.

Ehsan Ullah Khan, fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado y la Marcha Global para eliminar la esclavitud infantil, obligado a vivir en el exilio en Suecia desde 1995, debido a sus denuncias contra la industria textil por el uso de mano de obra forzada −de la que un elevado porcentaje son niños−, ha centrado sus denuncias en empresas como las españolas Inditex y Mango, la sueco-holandesa Ikea y la sueca H&M, emprendiendo una campaña para que nadie compre productos de estas compañías en un intento de combatir la esclavitud moderna. Inditex es propiedad del multimillonario español Amancio Ortega, al que la lista Forbes sitúa como el cuarto hombre más rico del mundo, y quien ha deslocalizado cerca del 90 por ciento de su producción a Asia, donde las jornadas de trabajo promedian las 16 horas y los salarios oscilan entre 9 y 13 centavos de euro la hora (los valores de ese rango, en pesos colombianos, son aproximadamente $270 y $390). La prensa española reseñó como Ehsan Ullah Khan, al increpar a los directivos de Inditex por no relocalizar sus empresas en España, un país con una de las mayores tasas de desempleo del mundo desarrollado, obtuvo por respuesta que los "españoles son unos vagos que no quieren trabajar", cuando en realidad lo que quería decir es que esas empresas no regresaran a su país de origen hasta tanto los salarios de los trabajadores de la península no se reduzcan a 13 centavos de euro por hora, y las jornadas de trabajo sean tan extensas como las que aplican en Asia, que es a lo que los empresarios y los economistas neoliberales llaman competitividad.

Los más de 1.100 muertos que el 24 de abril de 2013 dejó el derrumbe del edificio Rana Plaza, en las afueras de Dacca, capital de Bangladesh, donde funcionaban varias fábricas textiles que elaboraban prendas para marcas de ropa como Primark y Mango han sido olvidados como víctimas de un accidente más, sin que las campañas para dejar de comprar ropa de empresas lucradas con trabajo esclavo hayan podido tener efecto. Los márgenes de ganancia que permiten sufragar con holgura los costos de transporte y las altas rentas de los locales donde se ubican las grandes tiendas distribuidoras, son posibles tan sólo por la superexplotación representada en los bajos salarios y las largas jornadas laborales.

El grupo más vulnerable a la esclavitud moderna lo constituyen las mujeres, estimándose que representan por lo menos dos tercios de la población sometida a estas actividades forzadas. La trata de mujeres es considerada el tercer negocio ilegal más lucrativo después del tráfico de armas y el narcotráfico, con ingresos estimados entre 7 mil y 12 mil millones de dólares por año, según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc, por sus siglas en inglés) que, además, considera que Colombia está entre los tres países más afectados por ese crimen, sin que eso haya motivado el más pequeño interés en nuestros columnistas de periódicos revistas. Recientemente, el Premio Nobel de la Paz de 2014, el hindú Kailash Satyarthi, calculó que el comercio sexual en su país mueve 343 mil millones de dólares al año, y explota entre tres y nueve millones de mujeres, la mayoría de ellas niñas y adolescentes que desde los diez años de edad pueden ser vendidas a los burdeles. El setenta por ciento de las victimas rescatadas son menores de dieciocho años, dejando en claro la tipología de quienes padecen esta clase de delito.

Trabajadores entre rejas

Cuando Jeremy Bentham diseñó el panóptico, consideró el modelo tan válido para la construcción de cárceles como de fábricas. Con ello reconoció que las dos instituciones tienen en común que tanto obreros como prisioneros ingresan forzados a sus respectivos encierros, y que de la vigilancia de quienes los someten depende en buena medida el éxito de éstos últimos. El desarrollo que en la actualidad está alcanzando el llamado complejo industrial de las prisiones, fusiona cárcel y fábrica para un creciente número de trabajadores que por su condición de convictos asumen casi por completo las características de la esclavitud total.

Es en los Estados Unidos donde la privatización de las prisiones ha alcanzado su máxima expresión, y donde el trabajo encarcelado se manifiesta con más fuerza. El número de reclusos en los EU es de 2,3 millones de personas, es decir una cuarta parte de los presos de todo el mundo (500 mil más que China que cuadruplica su población), distribuidos en más de cinco mil centros de internamiento. Desde 1980, la población carcelaria ha crecido cuatro veces, luego que las penas por porte y comercialización de drogas sicotrópicas se endurecieran.

Más de un millón de esas personas recluidas laboran a tiempo completo en las cárceles norteamericanas, constituyéndose en una parte nada despreciable de la fuerza de trabajo de su país. Los reclusos trabajan en centros de llamadas telefónicas o produciendo ropa para las fuerzas militares, zapatos, y también piezas de repuesto para aviones o vehículos de guerra, devengando salarios que oscilan entre U$S 0,93 y U$S 4,73 por día, cuando el salario promedio es de U$S 60; es decir, que en el mejor de los casos, perciben tan sólo un doceavo de una remuneración normal. Además, las empresas que contratan reclusos no pagan seguridad médica y, por lo contrario, reciben exenciones de impuestos. De esa manera, el estímulo a utilizar fuerza de trabajo cautiva no es poco, pero, lo más grave, es que el sistema se siente impulsado a aumentar la población carcelaria. Los jueces de Pensilvania Mark Ciavarella y Michael Conahan, fueron declarados culpables de recibir millonarias comisiones de los promotores de diferentes centros penitenciarios privados por enviar a la cárcel a más de 5.000 jóvenes por contravenciones como una pelea entre escolares o satirizar en Internet a alguno de sus profesores. No en vano, las corporaciones penitenciarias más grandes de EU invierten cada vez más en las campañas para la elección de gobernadores, legisladores estatales y jueces.

El sesgo moral inducido por la privatización de las prisiones es reforzado por el hecho que a mayor número de reclusos, los gestores de los centros carcelarios facturan más en gasto de alimentación, aseo, servicios de salud, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física. Además, algunas empresas de servicios como las telefónicas, usufructúan la necesidad de los retenidos de comunicarse con el exterior, hasta el punto que firmas como AT & T muestran un fuerte interés en el mercado de las llamadas de larga distancia hechas desde las prisiones, con una facturación estimada en un total de 3 mil millones de dólares por año. Estas experiencias deben ser tenidas en cuenta para oponerse a la privatización de la reclusión, como muchos proponen en Colombia.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia, divulgados a raíz de las muertes de afroamericanos por parte de la policía estadounidense, el 59 por ciento de las personas en cárceles estatales o federales pertenecen a minorías étnicas, con un 37 por ciento de afroamericanos y un 22 de hispanos. Eso significa que en la actualidad cerca de 850 mil individuos de piel negra están retenidos en las cárceles, reeditando la situación de esclavitud que padecieron sus antepasados entre los siglos XVIII y XIX.

No deja de llamar la atención la coincidencia histórica que representa el hecho que la esclavitud en los territorios de lo que es hoy Estados Unidos alcanza su apogeo cuando la producción de algodón se convierte en el producto principal del mercado externo de ese país, por sus ventas masivas a la industria textil inglesa, que a su vez explotaba masivamente niños y mujeres en las industrias del hilado, el tejido y la confección. La esclavitud negra en el continente americano impulsaba la esclavitud infantil en Europa, en una rama industrial que hasta hoy sigue basando su producción en la captación forzada de trabajadores.

Trabajo esclavo ¿trabajo del mañana?

En el Convenio sobre trabajo forzoso C029 de 1930, la OIT define el trabajo forzoso como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente". La pena a la que se refiere el Convenio no es necesariamente de carácter legal e incluye amenazas como la de ser denunciado a las autoridades de un país cuando un individuo se encuentra en él de manera ilegal. La violencia física directa, o el chantaje de aplicarla a familiares o allegados, también se contempla como causa de trabajo forzado. Éste, involucra la trata de personas definida como la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de individuos, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación", según el llamado Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas.

Ahora, realidades como la migración ilegal que cada vez es mayor, y las medidas de desregulación laboral contempladas en los procesos de flexibilización de la contratación deja, de hecho, al trabajador a merced del capitalista, ya sea este legal o ilegal. Adam Smith, ya veía en el siglo XVIII un gran peligro en la asimetría entre capital y trabajo, sobre todo cuando los capitalistas se asociaban en corporaciones, de allí que en pleno capitalismo corporativo como el actual, cuando la debilidad de la clase trabajadora es manifiesta en los bajos niveles de asociación, la reaparición de formas serviles de relación laboral no nos deben extrañar. La generalización del acoso sexual en las espacios de trabajo, mediado por el chantaje del despido en situaciones de alto desempleo, son apenas aspectos puntuales de un fuerte retroceso en la libertad de los trabajadores y en su dignidad como seres humanos.

Los casos de Zunduri, Kim Seong-baek y los hermanitos Camacho no son hechos excepcionales, sino apenas la punta del iceberg de una situación que en el mundo invisible del capitalismo realmente existente toma fuerza y amenaza con convertirse en tragedia de grandes proporciones, si es que los movimientos sociales no toman la iniciativa y confrontan de manera decidida al capital.

Publicado enEdición Nº 215
Martes, 15 Octubre 2013 07:28

La esclavitud no se regula

La esclavitud no se regula

Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad.

 

Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.

 

El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales "avalan y promocionan" el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.

 

En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de "inversiones" y sus supuestas bondades.

 

Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre "negocios hechos con buenas intenciones", que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: "La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas".

 

En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.

 

De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.

 

*Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas

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La noticia más censurada IX. HOY: Esclavitud en prisiones de EEUU

"En este momento, los presos de establecimientos penitenciarios federales de todo el país están haciendo piezas para misiles Patriot. Al empezar, les pagan 23 centavos de dólar por hora (serían 1,84 dólares por jornada de 8 horas) y pueden llegar a un máximo de 1,15 la hora por fabricar productos electrónicos que controlan la propulsión, dirección y puntería de los sistemas de misiles guiados de Lockheed Martin PAC-3, que originalmente se hicieron famosos en la primera guerra del Golfo Pérsico. ¿Está sorprendido? Yo también".

 

Así comienza el llamativo primer párrafo de una extensa nota del periodista e investigador financiero Justin Rohrlich, publicada el 7 de marzo 2011 en el World in Review (Minyanville.com) con el título ¿Por qué los presos están construyendo misiles Patriot?. Esta escalofriante noticia pasó de largo porque fue ignorada por los grandes medios comerciales estadounidenses e internacionales.

 

La sobre-explotación de mano de obra cautiva era atribuida en EEUU sólo a los chinos que lo harían para competir con precios más bajos en el mercado mundial, según la recurrente propaganda desinformativa de los sistemas trasnacionales de noticias. Pero fue sacada a la luz pública este año, por lo menos para conocimiento de los medios alternativos y ciudadanos del mundo interesados en estos grandes temas, por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California a partir de otra nota de Sara Flounders, publicada el 6 de junio 2011 en el periódico Workers World (Trabajadores del Mundo), bajo el título El Pentágono y el Trabajo Esclavo en las Prisiones de EEUU.

 

"Los presos ganan 23 centavos por hora en las prisiones federales de Estados Unidos fabricando componentes de alta tecnología electrónica para misiles Patriot Advanced Capability 3 (Patriots de Capacidad Avanzada 3), lanzadores para el sistema TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided, o Tubo lanzador, Seguimiento óptico, Guiado por cable), misiles anti-tanque y otros sistemas de proyectiles guiados", escribió Flounders en el primer párrafo de su nota. "Vale la pena examinar más de cerca las implicaciones de este hecho ominoso en un artículo de marzo del periodista e investigador financiero Justin Rohrlich, del World in Review (Minyanville.com)", añadió la periodista... y fue lo que hicimos.

 

EEUU tiene aproximadamente el 5 por ciento de la población del mundo. Pero muy pocos saben que sus prisiones mantienen encerrada a más del 25% de toda la gente prisionera en el planeta. Y también ignoraban que muchos de estos presos trabajan para el complejo militar industrial que abastece al Pentágono hasta por 23 centavos de dólar la hora, o tarifas similares. Sólo se libran de esta expoliación de mano de obra casi esclava miles de presos en reclusión solitaria, a menudo confinados por castigos disciplinarios por faltas de baja importancia.

 

"La expansión del uso de industrias de prisión, que pagan salarios de esclavitud como una forma de aumentar los beneficios de las gigantescas corporaciones militares, es un ataque frontal a los derechos de todos los trabajadores", escribió Flounders. "El trabajo penitenciario –sin protección sindical, ni pago de horas extras, sin días de vacaciones, pensiones, prestaciones, protección de salud y seguridad, o retención de la Seguridad Social– también fabrica componentes complejos para aviones de combate F-15 de McDonnell Douglas/Boeing, F-16 de General Dynamics/Lockheed Martin y helicópteros Cobra de Bell/Textron".

 

Producción presidiaria High-Tech

 

"El trabajo penitenciario produce gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camouflage, aparatos de radio y comunicaciones y sistemas de iluminación y componentes para armas antiaéreas acorazadas de 30-mm a 300 mm, así como rastreadores de minas terrestres y equipamiento electro-óptico telemetría láser para vehículos de combate BAE Systems Bradley. Los presos reciclan equipos electrónicos tóxicos y revisan los vehículos militares", añadió Flounders en el periódico de los trabajadores (1).

 

Justin Rohrlich escarbó la basura para indagar cómo funciona este negocio de las penitenciarías. Está manejado por Industria Prisiones Federales (en inglés, Federal Prison Industries, FPI, o Unicor, su marca comercial desde 1977) de la Oficina de Prisiones, una corporación cuasi-pública, "sin fines de lucro", clasificada como la N° 39 entre los grandes contratistas del gobierno de EEUU.

 

El trabajo carcelario federal que contrata Unicor se desarrolla en 14 fábricas de prisiones, donde más de 3.000 presos fabrican equipos electrónicos de comunicación para uso en tierra, mar y aire. En total, Unicor gestiona 110 fábricas en 79 centros penitenciarios federales. También está inserta en el "socialismo corporativo" de EEUU porque la financia el gobierno, por una decisión del Congreso adoptada en 1934, cuando fue creada como "herramienta de rehabilitación para enseñar habilidades del mundo real de trabajo para los presos federales", recordó Rohrlich.

 

Unicor asegura que sus programas penitenciarios de trabajo no afectan negativamente a las empresas del sector privado y siempre ha sido bastante bien sabido que los reclusos hacen de todo, desde señales de tráfico, bancos de parques, placas vehículos, mobiliario para oficinas federales como la Administración de Veteranos y Departamento de Defensa, pero el sofisticado programa de alta tecnología accesoria de misiles, aviones, carros de combate, etcétera, había pasado casi desapercibido, ​​hasta ahora.

 

La población carcelaria de EEUU es la más grande del mundo, pero crece a tal ritmo que en los últimos 30 años se quintuplicó. Además, es un pingue negocios para el sistema privado de prisiones, que cobra "por cama" y además percibe ganancias por sus negocios de mano de obra esclava con Unicor. Cuando asumió Ronald Reagan, en 1980, había 400.000 presos; hoy superan los 2,3 millones.

 

Actualmente existen más varones estadounidenses presos, en libertad bajo palabra o libertad condicional, que todos los esclavos que existían en 1850, antes de comenzar la Guerra Civil, según la profesora de derecho Michelle Alexander en su libro "The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness" (El nuevo Jim Crow: Encarcelación Masiva en la Era del Desprecio Racista).

 

Competencia desleal

 

Nate C. Hindman, del The Huffington Post, informó el 15 de agosto 2012 que Michael Mansh, presidente de la pequeña fábrica de ropa Ventas y Servicio Ashland, en Olive Hill, Kentucky, en un caso que incluso apareció en CNNMoney, se enteró en febrero que su empresa de 100 personas corría el riesgo de perder un contrato para fabricar cazadoras destinadas a la Fuerza Aérea de EEUU. La amenaza se llamaba Unicor. Durante décadas, las pequeñas fábricas de EEUU vienen luchando contra operaciones administradas por el gobierno que subcontratan mano de obra estadounidenses tras las rejas. Y la tensión crece bastante por este rol "socialista" del gobierno que socava la necesidad de crear empleos proclamada por... el mismo gobierno.

 

Ashland, que es el principal empleador en Olive Hill, estuvo a punto de cerrar. Mansh le dijo a CNNMoney "Somos 100 personas que compran comestibles. Usamos empresas de transporte de la ciudad, compramos piezas y bombillos allí todos los días (...) Eso está todo perdido cuando las cárceles nos quitan los contratos". Sólo la presión mediática puso en marcha a los legisladores locales, quienes consiguieron que Unicor diera marcha atrás y cediera el contrato. Al final, todos fueron felices.

 

La mano de obra esclavo-carcelaria perjudica a los trabajadores, daña a la pequeña y mediana industria y sólo favorece a las grandes corporaciones del complejo militar industrial que trabajan para que su principal cliente, el gobierno de EEUU de cualquier signo político, consumiendo siempre esas armas pueda imponer la "guerra permanente" que mantiene a través de la historia, y hoy Obama-Clinton promueven en Siria, escondiendo la mano. De paso, esta implacable política imperial trae a la mente la idea de la "revolución permanente" de Trotsky.

 

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

Notas y referencias:

1) ver video de Vehículos Bradley en acción en: http://www.baesystems.com/video/BAES_020231/bradley-vehicles-in-service?_afrLoop=149440537152000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&baeSessionId=JtvkQBtD3Pfkpj7j0lg8hyRN3BnVtmjQbdQB4Xp292Kk5NChprhq!893405314#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26baeSessionId%3DJtvkQBtD3Pfkpj7j0lg8hyRN3BnVtmjQbdQB4Xp292Kk5NChprhq%2521893405314%26_afrLoop%3D149440537152000%26content_id%3DBAES_020231%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dlii3mth0r_4

● Justin Rohrlich, Why are Prisoners Building Patriot Missiles? 7 de marzo 2011

http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/defense-industrial-base-defense-budget-defense/3/7/2011/id/33198?page=full

● Sara Flounders, "The Pentagon and Slave Labor in U.S. Prisons," Workers World, June 6, 2011,

http://www.workers.org/2011/us/pentagon_0609/

● The Huffington Post | Por Nate C. Hindman

Publicado: 08/15/2012 11:54 am Puesta al día: 15/08/2012 http://www.huffingtonpost.com/2012/08/15/unicor-prison-labor_n_1778765.html

● James Ridgeway and Jean Casella, "Cruel and Usual: US Solitary Confinement," Al Jazeera English, March 19, 2011, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/03/201137125936219469.html.

● http://www.mediafreedominternational.org/2011/11/07/prison-slavery-in-today's-u-s-a/

● http://www.mediafreedominternational.org/2011/04/04/solitary-confinement-in-the-us-cruel-and-usual-punishment/

Estudiantes investigadores: Leta Frolli y Taylor Wright (Sonoma State University)

Evaluadores académicos: Sheila Katz y Patrick Jackson (Sonoma State University)

 

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