Bajo la lupa. La revuelta de los WASP: ¿golpe o sujeción militar a la vista?

EL DESTINO DE EU se puede decidir con las dos elecciones de desempate senatorial en Georgia, que define el control del Senado, y al día siguiente, 6 de enero, la crucial reunión del Congreso para validar "los votos electorales" de los estados, además de la marcha del "millón" de los WASP (White Anglo Saxon Protestants: blancos protestantes anglosajones) partidarios de Trump. Todo puede suceder cuando "perdió" Trump y ganó el trumpismo (https://bit.ly/3rTPzjI).

LA CATÓLICA NANCY Pelosi se reeligió a duras penas como lideresa de la Cámara con sólo nueve votos de más. Trump no pudo cambiar la impavidez de los tribunales judiciales: ni estatales ni de la Suprema Corte, donde los republicanos gozan una mayoría de seis contra tres. Ahora le queda a Trump el penúltimo recurso de la reunión del Congreso hoy 6 de enero, junto al vicepresidente Mike Pence, a quien le corresponde el recuento oficial de los "votos electorales", cuando aparecieron 12 insurgentes republicanos del Senado que objetarán los resultados en varios estados volátiles (swing states).

A TRUMP LE quedaría el último recurso de promulgar una ley marcial para que los militares realicen una nueva elección presidencial, como sugirió su ex asesor de seguridad nacional teniente general Michael Flynn (https://washex.am/3bcFgBy), recientemente perdonado, y/o propinar un golpe de Estado.

OTRA EVENTUALIDAD EN los próximos 14 días incandescentes sería librar una guerra, en compañía de su aliado israelí Netanyahu, contra Irán, y/o aventurarse a una conflagración contra China. Hace tres días, "10" de todos los todavía vivientes secretarios del Pentágono, la mayoría con un pasado bélico atroz en sus guerras de destrucción masiva en los países valetudinarios del planeta, firmaron su opinión en la que expresan que los militares no tienen ningún papel para cambiar los resultados de la elección presidencial: “el tiempo ya pasó (https://wapo.st/3hL0EyU)”.

LOS 10 EX secretarios del Pentágono afirmaron que "involucrar a los militares en disputas electorales cruzaría un territorio peligroso". Entre los 10 –Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry y Donald Rumsfeld– llamó profundamente la atención que dos hayan sido secretarios despedidos por Trump –James Matis y Mark Esper– y otros dos, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, conformen el núcleo duro de Baby Bush, quien, con el apóstata Mitt Romney y el fallecido John McCain, constituye la oposición interna al trumpismo, con o sin Trump, en el seno republicano.

LOS 10 SECRETARIOS anti-Trump advierten a "funcionarios civiles y militares" –en particular al "secretario de Defensa en funciones Christopher C. Miller y sus subordinados"– de "no intervenir" en el proceso de legitimación impugnada del presidente electo Biden, ya que "se harán responsables", lo cual "incluye castigos criminales, debido a las graves consecuencias de sus actos sobre nuestra república" cuando los "adversarios buscan tomar ventaja de la situación". Ya un mes antes de las elecciones, el jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas, general Mark Milley, había advertido que el ejército no intervendría en la disputa electoral (https://n.pr/3pWujYX).

SE HAN ESCENIFICADO movimientos impactantes en la interacción de los militares con los políticos. El general James Mattis, defenestrado por Trump, no dudó en apoyar al presidente electo Biden, quien nominó como su futuro secretario del Pentágono al general retirado de 67 años Lloyd Austin (https://bit.ly/3nqh80N), quien sería el primer afroestadunidense en tan sensible cargo –nota: el general Colin Powell, secretario de Defensa con Baby Bush, es mulato (como Obama).

EL EJÉRCITO DE EU es reflejo también de su heterogeneidad étnica en cuanto a los hombres se refiere: casi 70 por ciento blancos, 17.3 por ciento "latinos" y casi 17 por ciento "afros" (https://bit.ly/394bqfJ). ¿Se puede fracturar su ejército conforme a su segmentación étnica? Se desató la batalla por la presidencia de 2024 cuando los republicanos luchan por el alma de su partido y los WASP por su supervivencia.

 

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Criptomonedas para «dummies» Preguntas y respuestas sobre Bitcoin

Las extensión de las criptomonedas, sobre todo de bitcoin, plantea diversos interrogantes. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Qué significa la jerga que está detrás? ¿Qué consecuencias tienen para los Estados, e incluso para la democracia?

 

Bitcoin nació en 2008, el mismo año que Lehman Brothers declaró su quiebra. El 31 de octubre de ese año, un usuario identificado como Satoshi Nakamoto publicó en la lista de correo «Cryptography» un mensaje que decía: «He estado trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico que es totalmente peer-to-peer, sin terceros de confianza». Además, contenía un enlace al documento alojado en el sitio bitcoin.org conocido como «white paper» donde se explicaba punto por punto el funcionamiento del sistema. En realidad, nadie conoce la verdadera identidad de Nakamoto.

Bitcoin fue la primera moneda digital que logró transferir valor entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verifique las transacciones. La idea, tan sencilla como suena, dio origen a una revolución monetaria sin precedentes. El 9 de enero de 2009, Nakamoto liberó la versión 0.1 del cliente de Bitcoin (hoy conocido como Bitcoin Core), un software de código abierto que conectaba varias computadoras entre sí, y esto dio origen a la red que soportaría la criptomoneda. Las tareas de la red eran, en apariencia, sencillas: permitir transacciones entre usuarios, hacer una lista de todas las transacciones, verificar que no se gaste dos veces la misma moneda y emitir nuevas unidades monetarias.

Ese mismo día, a las 00:54, se minó el primer bloque de bitcoin y con él se crearon las primeras unidades. Tres días más tarde, el 12 de enero de 2009, Hal Finney, uno de los miembros más destacados de la lista de correo «Cryptography», recibió la primera transacción de bitcoin de la historia. El 26 de abril de 2011, Nakamoto envió su último mensaje y desapareció de la vista del público. Tres años más tarde, el 28 de agosto de 2014, Finney murió producto de un cuadro avanzado de esclerosis lateral amiotrófica. Su cuerpo se preserva en estado de criogenia en los laboratorios de la Alcor Life Extension Foundation.

Junto a Nick Szabo, Finney es reconocido como uno de los pioneros de Bitcoin y uno de los principales sospechosos de ser Satoshi Nakamoto o, al menos, de haber tenido contacto estrecho con el personaje anónimo.

¿Qué es bitcoin?

Bitcoin, además de ser el nombre de la moneda, es la red que la soporta: una red entre pares (p2p), sin intermediarios, que permite mandar valor de una parte del planeta a otra sin pedir permiso a nadie, a un costo relativamente bajo, de forma semianónima, rápida y totalmente irreversible. Estas características le permiten a Bitcoin ser inmune a los intentos de censura de cualquier nación, empresa o autoridad.

Los usuarios pueden transferir bitcoins a través de la red para hacer casi cualquier cosa que se pueda hacer con las monedas convencionales, como comprar y vender bienes y servicios o enviar dinero a otra persona, e incluso algunas plataformas permiten recibir u otorgar crédito usando bitcoins. Los bitcoins se puede comprar, vender e intercambiar por otras monedas en casas de cambio especializadas. A diferencia de las monedas tradicionales, Bitcoin es totalmente virtual. No hay monedas físicas que lo representen.

Los usuarios de la red poseen una serie de claves (conocidas como claves privadas) que permiten demostrar la propiedad del bitcoin. Con estas claves se pueden realizar transacciones a otros usuarios de la red. Las claves se guardan en billeteras digitales, que pueden estar en una computadora personal, en el teléfono e incluso en un hardware específico diseñado con tal fin. Las claves privadas que permiten realizar transacciones son el único requisito previo para enviar bitcoins, dejando así el control total de sus fondos en manos de los usuarios.

¿Qué es la minería?

Cada unidad de Bitcoin se crea en un proceso llamado «minería». Determinados nodos de la red, llamados mineros, compiten para encontrar la solución a un problema matemático mientras se procesan las transacciones de bitcoins. Cualquier participante en la red Bitcoin puede convertirse en minero, en tanto que ponga a disposición el poder de procesamiento de su computadora para verificar y registrar transacciones.

Cada diez minutos, en promedio, un minero de Bitcoin compite por validar todas las transacciones de los últimos diez minutos y, si logra validarlas, obtiene una recompensa en forma de bitcoins. Esta función es conocida como «prueba de trabajo», o en inglés, proof of work.

En la actualidad, la recompensa consiste en 6,25 bitcoins por bloque minado, y cada 210.000 bloques, la recompensa se reduce a la mitad. De esta forma Bitcoin alcanzará un límite de unidades cercano a los 21 millones. Este límite se deduce de la propia velocidad de emisión de nuevas unidades de Bitcoin, que está establecida en el software de la red. Además, cada unidad de Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes, es decir que podemos fraccionar un bitcoin hasta obtener el 0,00000001 de cada unidad. Esa unidad mínima se llama satoshi.

El protocolo de bitcoin incluye algoritmos que regulan la función de minería en la red. La dificultad de resolución del problema matemático que permite minar un bloque se ajusta de forma automática para que el tiempo de validación entre un bloque y otro sea de diez minutos, sin importar la cantidad de mineros que estén compitiendo en ese momento. El número de bitcoins en circulación adquiere la forma de una curva predecible que se acerca a los 21 millones para el año 2140. Dado que la tasa de emisión es decreciente, a largo plazo, Bitcoin es deflacionario. No se puede inflar «imprimiendo» dinero nuevo más allá de la tasa de emisión esperada.

Pero que sea una moneda virtual no significa que no haya «materialidad» detrás. Minar bitcoins requiere del uso de energía eléctrica. Con las condiciones actuales donde la competencia es muy extendida, el minado de bitcoins se vuelve rentable en regiones que tengan alguna ventaja comparativa, como por ejemplo, energía eléctrica muy barata. A mayor potencia de computación hay mayores probabilidades de resolver un bloque y, por tanto, de obtener la recompensa. Por eso se crearon «pools de minería» para concentrar ese poder de fuego.

Esa es una de las razones por las cuales Paraguay, por ejemplo, se volvió uno de los lugares desde donde «minar bitcoins» resulta rentable. «En Paraguay sigue siendo rentable minar bitcoins debido a que tenemos el más bajo costo de energía eléctrica de la región», dice Luis Pomata, CEO y cofundador de Nano Mining Paraguay. «El costo normal es de 5 centavos de dólar el KW/h y puede llegar inclusive a los 3 centavos de dólar el KW/h. Es algo que solamente se ve en países asiáticos o en algunos lugares de Norteamérica». Y agrega que el país sudamericano tiene también «bajos costos de mano de obra técnica y por último se pueden comprar o alquilar depósitos/galpones para utilizarlos como centros de datos que cumplen con los requisitos necesarios para albergar las máquinas mineras a un precio muy accesible».

¿Cómo obtiene su valor?

Una de las preguntas más frecuentes acerca de Bitcoin es «cómo obtiene su valor» o «qué respaldo tiene». Para poder responder esto, debemos dar un pequeño rodeo histórico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la necesidad de crear un sistema de comercio internacional que evitara los desequilibrios que habían llevado a la Primera Guerra, al crack de los años 30, al auge del fascismo y, finalmente, otra vez al enfrentamiento bélico y el Holocausto.

Estados Unidos, con la doctrina del globalismo liberal a la cabeza, sostuvo la hipótesis de que un mundo abierto al comercio era un mundo de paz. Así, en las conferencias de Bretton Woods, el dólar estadounidense se convirtió en el garante del comercio internacional y, por lo tanto, de la paz. Hasta ese entonces el dólar contaba con una fracción de oro que garantizaba su «valor». Los dólares, en definitiva, eran convertibles a una porción de oro. Pero en 1971 Richard Nixon decretó la salida de Estados Unidos del patrón oro y entonces la moneda estadounidense dejó de ser convertible al metal precioso. Así, ya ninguna moneda global podía ser convertible, vía el dólar, al oro. Este tipo de dinero es conocido como dinero fiat o fiduciario.

El «respaldo» de nuestras monedas proviene de la capacidad de los Estados de forzar su uso y declarar ilegales el resto de las monedas. El cambio radical entre patrón oro y dinero fiduciario (que viene del latín fides, es decir, fe) es aún hoy en día, a casi medio siglos de distancia, un hecho desconocido para una gran porción del público. Nuestro dinero no tiene respaldo alguno más que la credibilidad en quién lo emite y el acuerdo entre las partes que lo usan. En definitiva, el valor del dinero es una relación social y de ahí, por lo tanto, su carácter ineludiblemente político.

El valor de Bitcoin, más allá de sus características particulares como la escasez, la seguridad, la resistencia a la censura, la inmutabilidad y la fiabilidad, depende del acuerdo de todos los usuarios. En ese sentido, Bitcoin también es, de alguna forma, una forma de fe. La única diferencia con el dinero que imprime el Estado o un banco (como puede ser el caso de Hong Kong) es que el valor no está asociado a la confianza en determinado gobierno, sino a la confianza puesta en un sistema de prueba criptográfica.

Esto implica la destrucción del monopolio del dinero por parte de bancos y Estados, y la demostración empírica de que un grupo de personas que no se conoce, que no tiene contacto entre sí y que ni siquiera tiene los mismos intereses ni ideología puede generar consenso a través de una tecnología lo suficientemente robusta y unos incentivos alineados de la forma correcta.

¿Puede surgir una «oligarquía» del bitcoin?

Si bien Bitcoin es una red descentralizada, el miedo a la centralización siempre existió y es un problema que tiene muchos matices. En principio, se podría sospechar que los desarrolladores que actualizan, escriben y mantienen el código de Bitcoin pueden tener un poder especial sobre el resto de la comunidad. Pero lo cierto es que cada cambio puede o no ser aceptado por esta, en tanto que para aplicarse es necesario que cada nodo actualice la versión completa del software Bitcoin Core. En ese sentido, un cambio que no cuente con el suficiente consenso de la red puede ser rechazado.

Por otro lado, el mayor riesgo de concentración se encuentra del lado de los mineros, dado que Bitcoin puede mantener su autonomía mientras todos los nodos mantengan la cooperación. Existe la posibilidad de que la red sufra un tipo de ataque conocido como «ataque del 51%» en el que alguien que logre concentrar la mitad más uno del hashpower de la red pueda reescribir la blockchain a su antojo. El riesgo de que un pool de minería logre alcanzar esa cantidad de poder de «hash» es real, aunque si así lo hiciera, estaría atacando, y por lo tanto destruyendo valor, de parte de la red en la que está invertido. Por lo tanto, sería una especie de autodestrucción.

Otros posibles candidatos para ser «oligarcas del bitcoin» son aquellos usuarios que minaron o compraron muchos bitcoins cuando no valían casi nada. Estos usuarios son conocidos en la jerga como whales (ballenas) y durante mucho tiempo, el movimiento de sus fondos provocaba grandes tensiones en el precio del bitcoin. A medida que la red crece en usuarios, el poder de las whales va disminuyendo, pero siguen siendo un factor que es preciso tener en cuenta. Pese a que existe la posibilidad de que una persona o un grupo de personas se «apoderen» de Bitcoin, es importante entender que el mayor activo de la red es el consenso, y cualquier cosa que atente contra el consenso de Bitcoin afectará su precio. Por lo tanto, todos los actores tienen un incentivo muy fuerte para no tomar medidas que puedan destruir la confianza de la red.

¿Qué lo diferencia de otras criptomonedas? ¿Hay una competencia entre ellas?

Al ser la primera criptomoneda, el bitcoin tiene una preponderancia singular. Es la que más tiempo lleva existiendo, la más conocida y la que más momentos complicados logró superar. Además, tiene varios elementos que alientan su crecimiento, entre ellos, el pico del precio en 20.000 dólares, que podría ser superado. Existen miles de nuevas criptomonedas, pero son pocas las que realmente aportan algo singular y significativo al espacio.

Ethereum, por ejemplo, es hoy por hoy la plataforma más elegida por desarrolladores interesados en blockchai, dado que no es solo una criptomoneda, sino que es una computadora descentralizada con la capacidad de ejecutar programas informáticos inmutables conocidos bajo el nombre de «contratos inteligentes». Más que competencia, la aparición de proyectos diferentes de bitcoin, con otros alcances y metas, fortalece el espacio, brinda alternativas y permite encontrar soluciones que quizá no puedan ejecutarse de forma tan sencilla en el software de Bitcoin.

¿Qué consecuencias puede tener para los Estados?

De mínima, los Estados van a tener que aprender a lidiar con estas tecnologías y entender que sus ciudadanos las van a empezar a usar en su vida cotidiana. De máxima, el Estado perdería el control de su sistema monetario. Esta perspectiva, animada por algunas utopías libertarias, es muy exagerada, porque demasiadas cosas deberían salir bien en el ecosistema de las criptomonedas (y los Estados no deberían hacer nada) para que esa situación se vuelva real.

Ya hoy las medidas que se exigen a las casas de cambio cripto (también conocidas como exchanges o brokers), como el KYC (know your customer, «conoce a tu cliente») y AML (anti money laudering, «anti lavado de dinero»), funcionan como una buena herramienta para regular el comercio entre dinero estatal y criptoactivos. El cambio de dinero fiat a cripto es el cuello de botella en el que el Estado puede intervenir y obtener algún tipo de beneficio. La prohibición, en cambio, empuja a los usuarios a manejarse por completo en el mercado negro y en dinero en efectivo. Con la aparición del renmi digital, también conocido como «cripto yuan», China se pone a la cabeza de los Estados que buscan crear su propia criptomoneda para competir, o amortiguar, el impacto de esta tecnología. Actualmente, 65% de la minería de bitcoin proviene de China.

¿Por qué no se puede usar para transacciones corrientes?

Esto depende mucho de la tecnología y del precio. Mientras que en sus inicios bitcoin se usó como medio de pago, había algunas cuestiones que lo hacían bastante incómodo. La cuestión es que solo se valida un bloque cada diez minutos, y que el límite en el tamaño del bloque permite solo tres transacciones por segundo, lo que limita la capacidad del sistema y lo hace ineficiente si pensamos en compras o ventas en locales como cafeterías, almacenes, verdulerías, etc. Nadie se va a quedar esperando ahí a que su transacción se valide. Además, se suma el problema de la comisión por transacción.

Si bien en una transacción de, por ejemplo, dos bitcoins el costo es ínfimo, para transacciones pequeñas (recordemos que un bitcoin se puede dividir en hasta 100 millones de unidades) la comisión podría superar el valor de la transacción. En ese sentido, existen varias propuestas para solucionar esto y convertir de nuevo el bitcoin en un medio de pago. La más interesante, que usa la misma blockchain de Bitcoin, se llama lightning network y es un protocolo que funciona en una segunda capa de la blockchain y permite la creación de canales de pago en los que se pueden hacer miles de pagos en segundos y sin costo. El único pago se haría cuando el canal se cierra y sería el equivalente a una comisión normal de la red.

¿Las criptomonedas son una especie de paraísos fiscales radicales?

Cuando pensamos en paraísos fiscales, nos remitimos a una ubicación geográfica con una estructura jurídico-administrativa que permite a empresas, familias, organizaciones o individuos mantener su capital fuera del alcance del gobierno del país en donde se generó ese dinero. Panamá, Malta, pequeñas islas, a veces paradisíacas, e incluso estados de Estados Unidos como Delaware o Nuevo México pueden caer en esta categoría. En realidad, la expresión en inglés es refugio o guarida fiscal (tax haven) y no paraíso (heaven).

En este sentido, las criptomonedas funcionan de forma similar. Uno puede guardar su poder adquisitivo fuera del control de los Estados, aunque esto tiene algunas implicancias un poco más fuertes. En primer lugar, el dinero que se guarda en un paraíso fiscal es dinero fiduciario; por otro lado, quienes acceden a este tipo de jurisdicciones cuentan con una estructura legal y económica de cierta envergadura para lograrlo. Si bien los Estados dicen estar en contra, los paraísos fiscales más grandes del planeta son jurisdicciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Lo cual no deja de llamar la atención. En el caso de las criptomonedas, estas están abiertos a cualquier ciudadano, cuente o no con una estructura jurídico legal, sea o no parte de los ricos que suelen fugar su dinero a los paraísos fiscales. Y por otro lado, el poder adquisitivo atesorado en criptomonedas no está en dinero impreso por el Estado y nunca lo estuvo. En ese sentido, es muy parecido a comprar oro: el oro es escaso, su cantidad no está controlada por el Estado, no se puede emitir a gusto y placer, resiste el paso del tiempo, etc.

Lo que permite Bitcoin, por poner un ejemplo, es obtener las mismas características de un resguardo de valor como el oro pero con algunas ventajas: es más fácil de transportar, no requiere interacción física con nadie y es resistente a cualquier tipo de «censura» estatal. En ese sentido, Bitcoin representa la posibilidad de salir por completo del esquema económico controlado por el Estado, la política y los bancos. Es un «afuera» total del sistema bancario y estatal. Y se puede acceder desde una computadora o celular que se guarda en el bolsillo.

En definitiva, es mucho más que un paraíso fiscal, porque incluso está por fuera de las relaciones de poder entre bancos y Estados. Es de alguna forma una democratización total de la banca, ya que se anula por completo la necesidad de un intermediario para transferir valor a cualquier parte del mundo. Se podría decir que es una forma radical de dinero controlado por sus usuarios.

¿Qué consecuencias podría tener para la democracia debido a la complejidad de su uso?

La principal afrenta que representa bitcoin y cualquier criptomoneda, como decíamos más arriba, es la amenaza al monopolio de la emisión de dinero que hoy tienen los Estados. Como quedó claro en la crisis de 2008 y ahora con la pandemia, Wall Street, los bancos y demás instituciones financieras son too big to fail [demasiado grandes para quebrar]. La caída del sistema bancario también sería la caída de los gobiernos de turno y un punto de inflexión para cualquier democracia.

Quienes vivimos la crisis de 2001 en Argentina lo pudimos ver. El sostén del sistema bancario actual implica aumentar la circulación de dinero, en forma de impresión, crédito, bonos, etc. La única manera que tienen las personas comunes de resguardarse contra esos aumentos de circulante es comprando oro, criptomonedas u otro tipo de objetos. En este sentido, por primera vez en años, las personas comunes tienen una herramienta para resguardarse de las malas desiciones de política económica por un lado, y de desafiar el statu quo financiero por otro. En el caso de economías fallidas como Venezuela, por ejemplo, el bitcoin funcionó casi como un oasis para quienes podían acceder a la criptomoneda mediante envíos del exterior.

En este sentido, Bitcoin podría considerarse como una versión radical del sistema de bancos centrales independientes, en línea con lo que planteaba Milton Friedman, donde la cantidad de dinero esté completamente escindida de las necesidades políticas. Habría que ver si un sistema de estas características permite crecer a las economías de los países periféricos. En principio, no habría nada estructural que impidiera que existan gobiernos democráticos sin un control total o parcial de su política monetaria.

Respecto al problema del uso, hoy Bitcoin se encuentra todavía en una etapa bastante temprana. Si pensamos la transición que sufrió internet de ser solo un sistema para programadores de universidades de Estados Unidos a ser la mayor plataforma de comunicación mundial en solo 40 años, podemos tomar dimensión del proceso que deben atravesar las criptomonedas. Hoy, cualquier niño o niña que no sabe leer toma un teléfono y puede abrir YouTube sin problema. Aunque los padres atribuyan esto a una inteligencia especial de sus hijas e hijos, en realidad quien logró eso es el diseñador de la interfaz. Con esto quiero decir que, a medida que una tecnología evoluciona, también lo hace su interfaz, que se vuelve cada vez más sencilla. No hace falta saber cómo funciona internet para usarla, o conocer la tasa de transferencia de bits para ver una película en Netflix, o conocer los pormenores del protocolo TCP/IP para enviar un correo electrónico. Esto es así, precisamente, por la evolución en lo que ahora se llama «interfaz de usuario» y «experiencia de usuario» (en inglés UX/UI).

Lo que realmente necesita Bitcoin para volverse aún más «democrático» es ir eliminando, dentro de lo posible, el nivel de conocimiento necesario para operar en la plataforma. Hoy por hoy, si bien existen billeteras de bitcoin muy sencillas para teléfonos inteligentes, el proceso de transformar bitcoins a monedas fiduciarias y viceversa sigue siendo bastante friccionado.

Pero este problema posiblemente se irá eliminando, y la importancia de las criptomonedas se destacará aún más cuando la mayoría del dinero del mundo se vuelva digital. Cuando casi toda la población reemplace el efectivo por dinero digital (fiduciario, estatal y centralizado), la adopción de bitcoins será mucho más sencilla y, además, muchos preferirán tener dinero digital anónimo.

Los hoy tan popularizados pagos con códigos QR, que requieren casi nula comprensión de cualquier usuario respecto de la tecnología que está detrás, nacieron con las billeteras de Bitcoin. Cualquiera puede enviar y recibir bitcoins desde cualquier teléfono mediante códigos QR. En ese sentido, lo que queda por pulir es la fricción para adquirir nuevas unidades. Algo que, de a poco, empieza a suceder a escala global. En octubre de 2020, la empresa de pagos digitales Paypal anunció que pronto integrará Bitcoin a su billetera. La aplicación Cash App (una especie de Mercado Pago estadounidense propiedad de Jack Dorsey, CEO de Twitter) desde finales de 2018 permite operar en bitcoins.

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Vacuna de Pfizer da impulso de 40 mil mdd a farmacéuticas

En menos de una semana las principales empresas farmacéuticas han incrementado en aproximadamente 40 mil millones de dólares (860 mil millones de pesos al tipo de cambio actual) su valor de mercado, como resultado de la expectativa generada por los avances que ha mostrado la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech.

Para efectos comparativos, el incremento en el valor de las principales empresas farmacéuticas supera en 30 por ciento el presupuesto anual de salud de México, una de las 15 mayores economías del mundo, que este año es de 653 mil 400 millones de pesos, según datos oficiales.

Los 860 mil millones de pesos en que aumentó el valor bursátil de las farmacéuticas equivale a 3.4 puntos del producto interno bruto de México.

El lunes pasado Pfizer dio a conocer que la cura que trabaja en conjunto con BioNTech tiene 90 por ciento de efectividad contra el nuevo coronavirus, lo que superó las expectativas, pues se esperaba que su eficacia fuera de entre 70 y 80 por ciento.

Los anterior disparó inmediatamente las acciones de ambas farmacéuticas, siendo Pfizer la más beneficiada, pues su valor bursátil pasó de 202 mil 195 millones de dólares a finales de la semana pasada a 217 mil 749 millones actualmente, es decir, con el anuncio la farmacéutica estadunidense ganó 15 mil 500 millones de dólares

Lo anterior fue aprovechado por el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, quien ante el alza de las acciones vendió 62 por ciento de sus títulos, lo que le generó una ganancia de aproximadamente 5.6 millones de dólares.

La alemana BioNTech, también se vio beneficiada por los mercados luego del anuncio de la vacuna, pues hasta el viernes pasado su valor de capitalización bursátil era de 20 mil 816 millones de dólares, y ahora es de 23 mil 712 millones, lo que significa que un aumento de casi 3 mil millones de dólares.

El valor de Pfizer y BioNTech subió debido a que han establecido acuerdos con distintos países para surtir grandes volúmenes de la vacuna para combatir una pandemia que ha cobrado la vida de más de un millón de personas en el mundo. Por ejemplo, con Estados Unidos tienen un trato de 100 millones de dosis con opción a 500 millones.

La noticia que dieron ambas compañías animaron a otras emisoras del mismo ramo, la gigante Johnson & Johnson vio un aumento de 15 mil millones de dólares en su valor de mercado, esto al pasar de 374 mil 519 millones a 389 mil 894 millones de dólares.

Otra farmacéutica beneficiada, que también está en la carrera por encontrar una vacuna, es Moderna, cuyo valor de mercado pasó de 28 mil 89 millones a 33 mil 400 millones, es decir, un aumento de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Mientras que Astra Zeneca vio un alza de poco más de 2 mil millones, al avanzar de 72 mil 800 a 75 mil millones.

Hasta antes del anuncio de Pfizer, la industria farmacéutica ya había visto grandes ganancias en su valor de mercado, pues desde el inicio de la pandemia, hasta mediados de octubre, las empresas mencionadas acumulaban un incremento de aproximadamente 100 mil millones de dólares en su capitalización bursátil.

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Informe Cómo pagar por la pandemia y una transición justa, elaborado por el TNI

Un informe del Transnational Institute detalla diez medidas para recaudar los suficiente para financiar la salida de la crisis del covid, lograr los objetivos de desarrollo sostenible, una transición climática y reparaciones para la esclavitud.

 

Recaudar 9,4 billones de dólares al año durante los próximos diez años mediante diez medidas a tomar de manera global para financiar otras diez acciones que cubrirían los costos de la pandemia, combatir el cambio climático, pagar reparaciones por la esclavitud y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que detalla el informe Cómo pagar por la pandemia y una transición justa de la organización con sede en Países Bajos Transnational Institute (TNI) publicado hoy.

Las diez propuestas de financiación progresista para recaudar dicha cantidad han sido elaboradas anteriormente por organizaciones internacionales, grupos de estudio, académicos y movimientos sociales. Impuestos nuevos a la riqueza y las ganancias de las empresas, reformando los subsidios a los combustibles fósiles, gravando el carbono, reencauzando el gasto militar, cancelando la deuda y emitiendo DEG, el planeta podría recaudar más de nueve billones de dólares al año durante los próximos 10 años. “Como colectivo”, ha dicho el investigador y autor del informe, Ben Tippet, “podemos permitirnos la construcción de un futuro mejor, siempre que los ricos y poderosos lo paguen”. Sobre el informe ha explicado que demuestra que es perfectamente posible “mediante unas pocas medidas de política abordar la pandemia y construir un futuro vivible que trate a la humanidad con equidad y dignidad”, matizando que “avanzar hacia un mundo justo depende del poder político y no de la disponibilidad de recursos financieros”.

 “El informe no deja dudas de que los Gobiernos tienen una variedad de opciones para recaudar los fondos necesarios para la una mejor reconstrucción”, ha declarado Lavinia Steinfort, otras de las investigadoras del TNI que ha participado en el informe. “Es hora de centrar nuestros esfuerzos en adoptar medidas colectivas comunitarias a nivel mundial para lograr finanzas públicas que sirvan a la sociedad”, ha matizado.

1. Un impuesto mundial a la riqueza

Basándose en la propuesta del economista francés Thomas Piketty, el informe plantea un impuesto progresivo según los niveles de riqueza. Como no existe una autoridad fiscal internacional, explica el texto, esta propuesta debería plantearse a nivel nacional y redistribuirse en todo el mundo. 

Aplicando una tasa del 1,5% a todas las fortunas que superen los mil millones de dólares, tal y como ha propuesto Oxfam, podría recaudar entre 70.000 millones y 100.000 millones de dólares por año. Aplicando una tasa impositiva del 1% a toda la riqueza neta superior a un millón de dólares, podríamos recaudar más de un billón de dólares al año. Si la tasa se elevara al 5 %, se podrían recaudar 5,795 billones.

2. Gravar la renta del capital de la riqueza privada en el extranjero

Se calcula que la riqueza que particulares mantienen en el exterior oscila entre 7,6 billones y 32 billones de dólares. Si se gravara a las tasas actuales todo ese patrimonio oculto, el informe calcula que se podría recaudar hasta 125.000 millones de dólares al año. “No es una política para aplicar un impuesto nuevo, sino para dejar de brindar oportunidades para que los ricos escondan su riqueza en el extranjero”, explican desde la organización.

Con el fin de aplicar este impuesto y el de la riqueza, los activistas abogan por un registro de activos internacional donde quede constancia de quiénes poseen activos y en qué cantidad, al que podrán acceder todos los países del mundo. El registro global de activos beneficiaría particularmente al Sur Global, al cerrar “los posibles flujos de capital financiero ilícito de los plutócratas que ocultan su patrimonio en el Norte”.

3. Un impuesto a las ganancias extraordinarias

Solo imponiendo un impuesto a las 32 empresas más rentables del mundo y a sus ganancias extraordinarias durante el covid-19 se podría recaudar 104.000 millones de dólares al año, según los cálculos de Oxfam. Las ganancias extraordinarias son aquellas que una empresa obtuvo durante la pandemia por encima del promedio de los últimos cuatro años, de 2016 a 2019. Gravando el 95% de ese beneficio extra de tan solo una treintena de empresas, se recaudaría dicha cantidad, pero la recaudación si se apliara a todas las empresas que han obtenido beneficios extras gracias a la pandemia sería muy superior. 

Los Estados Unidos impusieron un Impuesto a las Ganancias Excesivas en las dos guerras mundiales a las empresas que se enriquecían en la guerra y la posterior crisis. Gran Bretaña también lo aplicó, llegando en ambos países a tasas del 80% y el 95%.

4. Gravar las ganancias de las empresas en el extranjero

Si se eliminaran las oportunidades de traslado de ganancias a los paraísos fiscales y las empresas tuvieran que pagar impuestos en los países donde contratan a sus empleados y venden sus productos, según los cálculos del informe, se recaudaría entre 200.000 y 600.000 millones de dólares al año.

Un mecanismo para acabar con el traslado de ganancias empresariales es armonizar el impuesto de sociedades con una tasa mínima común en todos los países. La OCDE ya ha propuesto una tasa del 12,5%, que recaudaría 100.000 millones de dólares al año, pero dicho porcentaje haría bajar su impuestos de sociedades a la mayoría de los países al ser más bajo que el que cobran actualmente. En cambio, el informe recomienda un impuesto mínimo del 28%. Solo en el caso de las empresas estadounidenses, dicho impuesto recaudaría 758.000 millones de dólares entre 2021 y 2030.

5. Impuesto a las Transacciones Financieras

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), popularmente conocido por Tasa Tobin, recauda dinero al aplicar una pequeña tasa a la compraventa de acciones, bonos y derivados. Las tasas de este cálculo surgen de la propuesta que la sociedad civil presentara en 2011 para implementar un impuesto a las transacciones financieras en la Unión Europea, denominado “impuesto Robin Hood” (0,1 % a la compraventa de instrumentos de acciones y bonos y 0,01 % a las transacciones de derivados). Aunque las tasas que pretendían los activistas eran bajas, y aunque tuvo cierto apoyo inicial de varios gobiernos de la UE, el impuesto aún no se ha instrumentado debido a fuertes presiones del sector financiero. En el Estado español se ha aprobado recientemente dicho impuesto, pero no gravará los productos derivados, solo las acciones de empresas españolas que superen los 1.000 millones de euros de valor bursátil, lo que mengua enormemente su poder recaudatorio.

6. Impuestos a la contaminación

La eliminación de los subsidios públicos a la industria de los combustibles fósiles y la aplicación de un impuesto sobre el costo de la contaminación podrían recaudar 3,2 billones de dólares adicionales por año, según el informe. En la actualidad, gobiernos de todo el mundo subvencionan los combustibles fósiles con una suma de entre 296.000 a 478.000 millones de dólares al año. La cifra de 3,2 billones por año incluye cuánto costaría reencauzar esos subsidios directos, además de implementar un impuesto al carbono.

7. Reencauzar el 10 % del gasto militar mundial

El gasto militar mundial en 2019 ascendió a 1,917 billones de dólares. Corea del Sur, por ejemplo, anunció que recortará un 2 % (738 millones de dólares) su presupuesto de defensa del próximo año, y Tailandia lo reducirá un 8 % (557 millones). El dinero se destinaría a un fondo de ayuda en casos de desastre y a un paquete de estímulo, respectivamente. Reencauzar el 10 % del gasto militar mundial hacia la lucha contra las verdaderas crisis de seguridad podría recaudar entre 143.700 y 191.700 millones de dólares por año en todo el planeta, según los cálculos del TNI.

8. Condonación de la deuda al Sur Global

Más de 30 países se enfrentan actualmente al incumplimiento de pago de su deuda internacional. En 63 países empobrecidos, el promedio de pagos de la deuda externa pública aumentó del 5,5 % (como parte de los ingresos públicos) en 2011 al 12,4 % en 2019, y se estima que crecerá claramente en los próximos años.

En abril, el FMI anunció un alivio de la deuda de aproximadamente 214 millones de dólares para 25 de los países más pobres del mundo, y el G20 acordó una moratoria bilateral del pago de la deuda para los países de bajos ingresos hasta finales de 2020. Sin embargo, como han argumentado grupos activistas, el cese del servicio de la deuda no es lo mismo que la cancelación de la deuda. Y en total, ese alivio solo asciende a 20 000 millones de dólares, una reducción insignificante cuando se calcula que el Sur Global pagará 3,9 billones de dólares por el servicio de la deuda este año. La condonación de la deuda, de la magnitud que pide la UNCTAD, podría liberar el equivalente a 100.000 millones de dólares por año para el Sur Global durante los próximos 10 años.

9. Derechos Especiales de Giro

Los derechos especiales de giro (DEG) son la “moneda” internacional del propio FMI. Los DEG son activos seguros cuyo valor está determinado por una canasta multipolar de monedas. Los países pueden cambiar DEG por monedas, brindándoles así a los países que carecen de reservas de divisas sustento de liquidez internacional durante una crisis. La emisión se puede comparar con la financiación monetaria en el sentido de que el FMI les da a los países dinero nuevo sin ninguna expectativa de pago. De esta forma, los estados adquieren dinero y dejan de endeudarse. Los DEG, además, tampoco vienen acompañados de acuerdos de condicionalidad, como los préstamos actuales del FMI.

En el sistema de asignación actual, los DEG se distribuyen según el poder de voto en el FMI, que está injustamente dominado por los países más ricos del mundo.113 Por ejemplo, si se crearan 4 billones de dólares en DEG, solo 250 000 millones les llegarían a los países africanos. Si bien los países ricos, que ya tienen acceso a la liquidez internacional, podrían donar sus DEG restantes a los países que los necesiten, eso no estaría garantizado.

10. Un nuevo Plan Marshall

Para pagar los costes de la pandemia y una transición justa se necesitará tanto la redistribución de recursos del sector privado hacia el sector público (como lo hacen en gran medida las propuestas anteriores), como la redistribución de recursos dentro del sector público del Norte Global al Sur Global. Este plan Marshall en forma de donaciones adopta esta última estrategia. Un nuevo Plan Marshall, del monto solicitado por la UNCTAD, podría recaudar el equivalente a 50.000 millones de dólares por año para el Sur Global durante los próximos 10 años. 

¿Cómo se financiará? El informe propone que los bancos centrales y los bancos de desarrollo recauden el dinero de esas donaciones. Eso ayudaría a retener los fondos en la esfera pública, que podrían reinvertirse en proyectos sociales en el futuro.

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La originalidad absoluta de la crisis sanitaria y económica mundial

La finalidad este artículo es subrayar, con más insistencia que la que solemos observar en general, en la originalidad absoluta de la crisis actual, a saber, su dualidad contradictoria. Las causas del Gran Confinamiento (the Great Lockdown), como se denomina a partir de las Perspectivas de la economía mundial del FMI de abril de 2020, son endógenas a las relaciones entre la sociedad humana y la naturaleza en el marco del capitalismo. Sin embargo, como crisis económica se trata de un golpe exógeno al proceso de acumulación de capital y a las contradicciones que engendra clásicamente.

La salida de la crisis no depende de la mejora de la tasa de beneficio, sino del retroceso de la pandemia, es decir, en primer lugar de los avances de la medicina (tests y vacunas) y en segundo lugar de la eficacia de la acción de los gobiernos. La figura siguiente ilustra dos hechos capitales. Primero, la rapidez y profundidad de la caída del PIB mundial que refleja la línea roja, lo que transmite la idea de un choque anómalo que no tiene nada que ver con el vaivén coyuntural habitual. Segundo, el desconocimiento de si la pandemia se frenará o eliminará, o bien, por el contrario, si se agravará, como expresa la curva de puntos.

Figura 1. El hundimiento económico de marzo de 2020 y la tardanza e incertidumbre de la recuperación

 

El coronavirus, una pandemia propia del Antropoceno

En mayo de 2020 apareció en la web de la publicación estadounidense National Library of Medicine, de los National Institutes of Health (NIH), un artículo titulado COVID-19, the desease of the anthropocene 1/, que relata la historia de las enfermedades surgidas durante los últimos cuarenta años a raíz de una transmisión vírica de especies animales salvajes al ser humano, anteriores al coronavirus. Cito los pasajes fundamentales.

En primer lugar está la pandemia del sida:

Un antecedente cercano y trágico de la Covid-19 es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), causado por una infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Esta enfermedad apareció en 1981 y para 2018 había afectado a unos 40 millones de personas, causando más de 750.000 muertes. Los virus VIH son fruto de múltiples transmisiones entre las especies de virus de inmunodeficiencia que infectan naturalmente a los primates africanos. La mayoría de estas transmisiones vehiculizaron probablemente virus que se propagaron de manera limitada en los seres humanos hasta que una de estas transmisiones, que afectó a un virus de inmunodeficiencia de los chimpancés del sureste de Camerún, se convirtió en la causa principal de la pandemia en los seres humanos. La transmisión de un virus de una especie animal salvaje al ser humano no es un fenómeno raro. De hecho, una gran proporción de agentes patógenos humanos son de orden zoonótico o eran de origen zoonótico antes de ser transmitidos únicamente a los seres humanos. Desde la aparición del sida, otras numerosas enfermedades contagiosas epidémicas, como el Ébola, el SRAS y el MERS, por citar tan solo las más recientes, han sido causadas por la transmisión de virus de especies animales salvajes al ser humano.

Estas transmisiones entre especies animales y de estas a los seres humanos no se deben al azar. Existen pruebas sólidas que demuestran que las alteraciones ecológicas han comportado un aumento de la incidencia, en los países emergentes, de enfermedades como el paludismo, el síndrome del hantavirus, el virus Nipah y el Ébola. La actividad humana transforma cada vez más de forma perturbadora los ecosistemas naturales de la Tierra y modifica intensamente los patrones y mecanismos de interacción entre las especies, facilitando la transmisión de enfermedades infecciosas entre las especies animales y los seres humanos.

El estudio cita al investigador chino P.J. Li 2/, quien explica que

Desde hace años, los intentos del gobierno chino de regular el comercio de carne de especies salvajes han sido contrarrestados por un poderoso lobby comercial, cuyos ingresos dependen de la continuidad del acceso al consumo de estos animales por un sector mayoritariamente acomodado de la sociedad china. Para completar la cadena causal, a menudo no se ha prestado atención a las advertencias de los científicos sobre los efectos potencialmente catastróficos del riesgo de enfermedades infecciosas emergentes. En el caso de la eclosión precedente del SRAS, se sospecha que el comercio de murciélagos puso a animales infectados en contacto con huéspedes de amplificadores sensibles, como la civeta de las palmeras enmascarada (Paguma larvata), en algún momento de la cadena de suministro de la fauna, creando un circuito en el que posteriormente se infectaron algunas personas. Li informa de que dos conocidos expertos chinos en el SRAS, Zhong Nanshan y Guan Yi, habían llamado la atención sobre la posibilidad de una pandemia proveniente de los mercados de carne salvaje en China y la necesidad de prohibir tales prácticas comerciales.

Bajo el Antropoceno subyace el Capitaloceno

En el estudio de los investigadores de la NIH hay alguna cosa muy inesperada en científicos de ciencias naturales, a saber, la afirmación de que hay que remontarse al origen de estos procesos y definir bien cuál es su fuerza motriz, o sea,

el consumo de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación y la conversión de hábitats naturales en tierras de cultivo o pastos. Estas figuran entre las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, y al mismo tiempo facilitan la aparición de nuevas zoonosis, como el SRAS-CoV-2, con un potencial pandémico. La extracción de petróleo y de madera en zonas forestales primarias implica la apertura de carreteras en los lugares de difícil acceso, favoreciendo el contacto entre personas y la fauna y facilitando la caza y el consumo de carne de caza. Al adelantar la frontera agraria para responder a las necesidades de los sistemas alimentarios actuales incrementa la frecuencia de los ecotonos, que son los espacios clave en la aparición de enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, la destrucción de los hábitats originada por estas actividades es la causa principal de la pérdida de biodiversidad, que está asociada asimismo al surgimiento de enfermedades infecciosas.

Así, tras el Antropoceno se halla lo que se denomina Capitaloceno. Para Jason Moore, a quien debemos esta noción, el Capitaloceno es “una manera de organizar la naturaleza, convirtiéndola en algo externo al ser humano y al mismo tiempo haciendo de ella una cosa cheap, en el doble sentido que puede tener este término en inglés: lo que es barato, pero también el resultado del verbo cheapen, que significa rebajar, devaluar, degradar” 3/. La posición dominante entre los teóricos del Antropoceno como nueva era geológica es la de datar su comienzo entre los años 1830 a 1850, en el momento del pleno auge y del inicio de la internacionalización de la revolución industrial. Jason Moore sostiene que el cambio de era es muy anterior. Lo sitúa en la implantación de la economía de las plantaciones y de una relación de explotación de los recursos naturales que vino aparejada con el recurso masivo a la fuerza de trabajo esclava. El Antropoceno que debe llamarse Capitaloceno puede “datarse simbólicamente en 1492. Las emisiones de CO2 se intensificaron a partir del siglo XIX, pero el modo capitalista de tratar la naturaleza data de mucho antes 4/.”

Cabe prever que vendrán nuevas pandemias a asolar el planeta si prosiguen la deforestación y la pérdida de biodiversidad al mismo ritmo catastrófico que ahora. Esta es la conclusión de informes que se presentarán a finales de septiembre en la Cumbre de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, bajo el epígrafe de “Acción urgente sobre la biodiversidad para un desarrollo sostenible” 5/. Un estudio estadounidense constata que actualmente EE UU “invierte relativamente poco en la prevención de la deforestación y la regulación del comercio de especies salvajes, pese a unas investigaciones correctamente realizadas que demuestran un alto rendimiento de tales inversiones para la limitación de las zoonosis, aparte de otras muchas ventajas que comportan. Dado que sigue aumentando la financiación pública en respuesta a la pandemia de Covid-19, nuestro análisis revela que los costes asociados a estos esfuerzos de prevención serían notablemente más bajos que los costes económicos y de mortalidad que supone la respuesta a estos agentes patógenos una vez hayan aparecido 6/.”

El momento inmediato de la situación mundial y el caso de China

Hoy por hoy no se está por planear futuras medidas de prevención, sino que impera un estado de cosas en que el relanzamiento de la producción, del consumo y del crecimiento está condicionado ante todo al retroceso de la pandemia, es decir, al momento en que se produzca la comercialización de una vacuna eficaz y sin graves efectos secundarios, y hasta entonces a la eficacia de las medidas adoptadas por cada gobierno para contener la propagación de la Covid-19 y permitir el retorno del personal asalariado a los lugares de trabajo. Este es el caso de China. Lugar de origen de la pandemia, también es el país en que esta ha sido combatida con más éxito (aparte de Taiwán y Corea del Sur). Mientras que países grandes como EE UU todavía se encuentran en la primera fase de expansión de la pandemia y otros, entre ellos algunos países grandes europeos, afrontan un fuerte rebrote, que los sitúa a lo largo de la curva punteada de la figura 1, China ha vuelto a unas tasas de crecimiento que según la OCDE harán de ella la única economía que terminará 2020 con una tasa anual positiva 7/.

Figura 2. China, una recuperación espectacular

 

Esta recuperación tiene que ver con el éxito de la campaña sanitaria, campaña que conviene examinar. Un artículo publicado por una organización estadounidense que se autoubica en la extrema izquierda (muy favorable al régimen cubano y al régimen venezolano) destaca importantes factores políticos y sociales. No menciona para nada los rasgos totalitarios del régimen chino (como ilustra la represión masiva contra los uigures) ni los oídos sordos que hicieron las autoridades a los avisos de una posible pandemia emitidos por diversos médicos desde finales de noviembre de 2019. Pero al margen de su sesgo propagandístico favorable al gobierno chino, subraya el tipo de medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia en un país de la dimensión demográfica de China 8/.

El virus apareció por primera vez en Wuhan a finales de diciembre de 2019 9/. En dos a tres semanas se propagó rápidamente por toda la ciudad como reguero de pólvora, tomando desprevenido a todo el mundo. El 23 de enero, el gobierno chino ordenó la puesta en cuarentena total de Wuhan, una ciudad de once millones de habitantes. Fue el mayor confinamiento de la historia. Dos días después se bloquearon los accesos a toda la provincia de Hubei, que alberga a un total de 45 millones de personas, durante los tres meses siguientes para detener completamente la propagación del virus. La orden de confinamiento prohibió a todos los residentes salir de casa durante tres meses. Fueron movilizados unos 580.000 voluntarios procedentes del campo o de otras ciudades para ayudar a los residentes a cubrir sus necesidades. Puesto que nadie podía salir de compras, los consejos de barrio [que se solapan sin duda con los consejos de vigilancia vinculados al partido] organizaron a dichos voluntarios, que se convirtieron en solucionadores de problemas para las tareas cotidianas. Ayudaban a las personas mayores, organizaban el suministro de alimentos y se desplazaban todos los días para llevar medicamentos a las familias.

Algunas horas después del comienzo del confinamiento [estricto y prolongado] empezaron a llegar médicos voluntarios de todo el país para apoyar a Wuhan y Hubei. Entre finales de enero y abril llegaron 35.000 facultativos a Wuhan, epicentro de la epidemia. Por otro lado, en 10 días acudieron 12.000 trabajadores para construir dos hospitales especiales de infección de campaña, Huoshenshan y Leishenshan, que trataron a miles de personas con Covid-19. El ejército chino envió asimismo 340 equipos humanos con un total de miles de médicos y médicas militares, así como equipos logísticos a Wuhan y a la provincia de Hubei. Muchos y muchas eran estudiantes de medicina militar que no llegaban a los 30 años de edad.

El apoyo logístico fue muy importante para combatir el virus de forma efectiva. A comienzos de enero, nada más iniciarse la epidemia, en China escasearon muy pronto los equipos de protección individual (EPI). Las necesidades diarias de EPI en Wuhan ascendían a 60.000 monos de protección, 125.000 mascarillas quirúrgicas y 25.000 gafas protectoras. Sin embargo, China solo produce normalmente 30.000 monos de protección al día. El gobierno adoptó rápidamente las medidas oportunas, en particular la movilización de empresas públicas de todo el país, para acelerar la producción existente de EPI y construir nuevas líneas de producción. En algunas semanas, a mediados de febrero, se superó la penuria de EPI. Todo el personal sanitario llevaba monos de protección. Además, con el fin de reforzar las capacidades de diagnóstico y de rastreo inmediato, el gobierno movilizó rápidamente los recursos y coordinó el despliegue de puestos de detección públicos y privados, dotados de tests. Así, una empresa de genética y diagnóstico llamada BGI construyó en Wuhan, en pocos días, el laboratorio Huo-Yan, un centro de diagnóstico de Covid-19 totalmente funcional, capaz de hacer tests a decenas de miles de personas.

Algunas características destacadas de la crisis desde el punto de vista económico

Volvamos por un instante al informe del FMI de junio. En él se lee que el rasgo más específico y más notable del Gran Confinamiento es que “la desaceleración es profunda y se hace notar simultáneamente en el mundo entero” 10/. El texto inglés es más expresivo: “a synchronized, deep downturn”. Para quienes quieran comparar esta situación con la Gran Depresión que siguió al crash de 1929 en Wall Street, en la década de 1930, se observará que no tuvo lugar una sincronización similar. Gran Bretaña y la segunda potencia industrial de la época, Alemania, no se vieron afectadas hasta 1931. La crisis de la década de 1930 no fue mundial en el sentido en que la crisis actual se desarrolla en el marco de la globalización del capital del siglo XXI. La URSS se hallaba fuera del mercado mundial, al igual que China, embarcada en una guerra civil prolongada. Argentina y Brasil pudieron protegerse a base de barreras comerciales y de la reducción de su dependencia de las exportaciones.

En 2020, la estricta sincronización que se observa en la figura 1 se debe a que en el espacio de algunas semanas el confinamiento se aplicó en todos los países del mundo, con efectos inmediatos en los intercambios comerciales (productos y servicios). “El hecho de que la desaceleración se produzca al mismo tiempo en todo el mundo ha amplificado las perturbaciones económica en cada país.” En FMI señala que

en la mayoría de recesiones, los consumidores echan mano de sus ahorros o se apoyan en los dispositivos de protección social y la ayuda familiar para cubrir sus gastos; por eso el consumo sufre relativamente menos que la inversión. No obstante, esta vez la producción de servicios y el consumo también han descendido notablemente. Este patrón es fruto de una conjunción singular de factores: la distancia física, las medidas de confinamiento que ha habido que aplicar para frenar la transmisión y permitir que los sistemas sanitarios trataran un número de casos que crecía como la espuma, importantes pérdidas de ingresos y la erosión de la confianza de los consumidores.

Otra característica de la crisis que tiene consecuencias muy graves es la distribución muy desigual del desempleo.

Son los trabajadores poco cualificados, que no tienen la posibilidad de trabajar desde su casa, quienes más han sufrido el golpe en el mercado de trabajo. Asimismo, parece que hombres y mujeres no se han visto afectadas de la misma manera por la disminución de los ingresos: en las capas más modestas de la población de algunos países, las mujeres padecen más con la crisis que los hombres. El BIT calcula que cerca del 80 % de los 2.000 millones de trabajadores del sector informal a escala mundial se han visto fuertemente afectados por la crisis.

La crisis ha golpeado a todos los países, pero a diferencia de los países avanzados, los países emergentes sufren varios tipos de choque simultáneamente. En primer lugar, la crisis sanitaria, que revela a veces las carencias del sistema de salud, cuya gravedad depende en parte de su grado de desarrollo. En segundo lugar, los choques económicos, en que intervienen el tamaño del país y en particular la dependencia de su crecimiento con respecto a la demanda exterior. Una dependencia muy fuerte de un único sector de actividad puede fragilizar el país. Después están los márgenes de maniobra de cada país en materia de políticas económicas, monetarias y presupuestarias. Finalmente, la situación política y social puede tener un impacto nada despreciable en la capacidad del país para hacer frente a la crisis.

Un sector financiero volátil que tiene asegurado el apoyo incondicional de los bancos centrales

Una alta responsable del secretariado del FMI colgó en junio un estudio en el blog de la organización. Una de sus constataciones es la de “una divergencia chocante entre los mercados financieros y la economía real: los indicadores financieros muestran unas perspectivas de relanzamiento mejores que las que se deducen de la actividad real. A pesar de una reciente corrección, el índice S&P 500 ha recuperado la mayor parte de sus pérdidas desde el comienzo de la crisis; el índice FTSE relativo a los países emergentes y el correspondiente a África experimentan una clara mejora; el Bovespa ha subido de manera notable a pesar del alza de los índices de infección en Brasil; los flujos de inversión de cartera hacia los países emergentes y los países en desarrollo se han estabilizado 11/”.

La corrección de que habla la autora fue de corta duración. A partir de julio, las cotizaciones volvieron a ascender. A mediados de septiembre, el índice bajó de nuevo debido a la preocupación de los inversores por el descontrol de la pandemia en EE UU y su nuevo agravamiento en Europa, así como por las tensiones entre EE UU y China. Determinados títulos están extremadamente sobrevalorados. Es el caso de Tesla, cuyos ingresos han aumentado un 5 % y sus flujos de tesorería un poco más del 20 %, pero la cotización de cuyas acciones ha dado un salto alcista del 750 %. Sin embargo, la empresa ofrece más o menos los mismos productos que hace un año, tiene la misma dirección y opera en el mismo mercado. No es extraño que los comentaristas bursátiles hablen de un momento extremadamente peligroso 12/.

Figura 3. Evolución del índice S&P 500 (de marzo de 2019 al 25 de septiembre de 2020)

 

Es importante rememorar el pánico bursátil de marzo. El 12 de febrero de 2020, el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) alcanzó un récord histórico de 29.551 puntos. Después, los inversores se percataron de pronto de la pandemia. El 9 de marzo, el DJIA cayó en picado más de 2.000 puntos y siguió descendiendo hasta los 18.321 puntos el 23 de marzo. La caída se detuvo a raíz de la intervención sin precedentes de la Reserva Federal (Fed), que acudió rauda en auxilio de los inversores financieros. Mientras que el mercado bursátil neoyorquino se hundía a medida que se expandía la pandemia, la Fed actuó rápidamente para inyectar liquidez en los mercados, incrementando el pasivo de su balance un 12,4 % tan solo en la semana del 26 de marzo, rebasando la suma de cinco billones de dólares por primera vez en su historia. A partir de mayo, cuando en EE UU crecía el paro vertiginosamente una semana tras otra, el índice DJIA hacía lo mismo. Esta discrepancia está llamada a continuar y el apoyo de la Fed a los mercados, también. Su presidente, Jerome Powell, reconoció a mediados de mayo que las perspectivas para el empleo eran graves, pero insistió –para inquietud incluso de The Economist 13 /– en que la Fed seguiría adoptando medidas extraordinarias para apoyar al sector financiero. De ahí la separación cada vez mayor entre la situación de la clase trabajadora y de las clases medias y la de la clase profesional acomodada, propietaria de acciones, sin hablar ya de la del estrato del 1 % e incluso del 0,1 %.

La divergencia entre las cotizaciones bursátiles y la economía real debe examinarse desde un segundo punto de vista. El fuerte retroceso de la producción y el altísimo nivel del desempleo implican que el importe de la plusvalía de que se apropian los grupos industriales, por mucho que acentúen la presión sobre sus subcontratistas, es bajo. Como demuestra el ejemplo de Tesla, las bolsas han roto todo lazo con la economía real y viven en una burbuja. Hoy, su funcionamiento refleja hasta el paroxismo la caracterización que hizo Rudolf Hilferding:

La compraventa de estos títulos es, pues, un fenómeno puramente económico, un mero desplazamiento en la distribución de la propiedad privada, sin ninguna influencia sobre la producción o la realización de los beneficios (al revés de lo que sucede en la venta de mercancías). Las ganancias o pérdidas de la especulación solo nacen, pues, de las diferencias de las correspondientes valoraciones de los títulos. No son beneficios, ni parte de la plusvalía, sino que solo brotan de las oscilaciones de las valoraciones de la porción de plusvalía que va de la empresa a los propietarios de acciones; oscilaciones que, como ya veremos, no necesitan nacer de una variación en los beneficios verdaderamente realizados. Son puras ganancias diferenciales. Mientras que la clase capitalista como tal se apropia, sin equivalente, de una parte del trabajo del proletariado y obtiene así sus beneficios, los especuladores no ganan más que unos de otros. La pérdida de uno es la ganancia del otro. Les affaires, c’est l’argent des autres 14/.

La necesidad que tiene todo gestor de fondos de inversión de obtener ganancias diferenciales, por pequeñas que sean, a expensas de los competidores, es tanto más acuciante cuanto menores sean los tipos de interés. El bajo nivel de estos es el resultado de treinta años de acumulación de capital generador de intereses y dividendos 15/, a la que se añade la política de apoyo de los bancos centrales a los bancos.

Figura 4: Tipos de interés de los préstamos y de los depósitos bancarios en la zona euro

 

[El tipo de interés de los préstamos es el que se concede a las sociedades no financieras. La línea vertical indica la fecha en que los tipos de referencia del BCE pasaron a ser negativos.]

Aprender a convivir con el virus” en una sociedad dividida en clases y ultrapolarizada

La OCDE llama a sus países miembros a acostumbrarse a vivir bajo la amenaza de la pandemia. En la página de guarda del informe de septiembre leemos que “el restablecimiento de la confianza será crucial para el éxito con el que se recuperarán las economías, y para ello hemos de aprender a convivir de forma segura con el virus”. Dos ideas, por tanto: el restablecimiento de la confianza y la “convivencia segura con el virus”. Esta última puede referirse a varias cosas.

Veamos en primer lugar la situación en el frente de las vacunas. Las vacunas que aspiran a la homologación se someten a ensayos. Los ensayos de fase 1 están destinados principalmente a comprobar la inocuidad de la vacuna, a determinar las dosis y a identificar los posibles efectos secundarios en un pequeño número de personas. Los ensayos de fase 2 siguen explorando la inocuidad y comienzan a estudiar la eficacia en grupos de personas más grandes. La última etapa, los ensayos de fase 3, que alcanzan pocas vacunas, implica a miles o decenas de miles de personas. Estos ensayos están destinados a confirmar la eficacia de la vacuna y a identificar los efectos secundarios raros, que solo aparecen en grupos grandes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las vacunas aspirantes según las distintas fases de los ensayos clínicos. Para la Covid-19, en junio había siete en fase 3 (cinco chinas, una estadounidense y una rusa), dos en fase 2/3 (una británica y una alemana), trece en fase 2, tres en fase 2/1 y diez en fase 1 16/. Posteriormente han entrado en la fase 1 una veintena de candidatas, entre ellas la del Institut Pasteur. Además, entre las primeras familias de vacunas y las siguientes suele darse un grado de eficacia creciente.

Para contener la pandemia a escala mundial harán falta una o varias vacunas, pero también se necesitarán en cantidades enormes. Se precisarán literalmente miles de millones de dosis a fin de proteger a un número suficiente de personas de todo el mundo para hacer retroceder el virus. Aunque una o varias vacunas resulten al mismo tiempo ser seguras y eficaces, ningún industrial podrá producir más de algunos centenares de millones de dosis, al menos al comienzo. La solución ideal, para aumentar las posibilidades de conseguir una vacuna eficaz, habría sido que los gobiernos pusieran en común sus recursos. Esto es música celestial en el caso de las vacunas, aunque todavía es posible realizarlo con respecto a la producción, al menos entre determinados países. Con este fin se han creado asociaciones como la COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX Facility) y Gavi Covax Advance Market Commitment (AMC). La Comisión Europea participa en ellas 17/.

Durante muchos meses, la vida cotidiana compartida de forma segura con el virus dependerá de las medidas que adopte cada gobierno. Los resultados no son muy halagüeños. En un titular del número del 26 de septiembre del semanario The Economist leemos “Por qué tantos gobiernos fracasan” frente a la Covid-19. Vuelvo a citar un largo pasaje:

Los reconfinamientos generalizados como en Israel son costosos e insostenibles. Países como Alemania, Corea del Sur y Taiwán han utilizado tests de diagnóstico y rastreos muy precisos para hallar los lugares concretos de transmisión acelerada. Alemania ha identificado mataderos, Corea del Sur ha contenido brotes de la pandemia en un bar y en iglesias. Si los tests de diagnóstico son lentos, como en Francia, fracasarán. Si no se confía en el rastreo de contactos, como en Israel, donde la labor corre a cargo de los servicios de información, mucha gente quedará sin detectar. Los gobiernos deben hallar los compromisos que tengan más sentido desde el punto de vista económico y social. Las mascarillas son baratas y prácticas y funcionan. La apertura de las escuelas ha de ser una prioridad, al contrario que los lugares bulliciosos y despreocupados como los bares. Los gobiernos, como el de Gran Bretaña, que emiten órdenes que cambian continuamente y que se saltan impunemente sus propios funcionarios, constatarán lo poco que se respetan. Los que –como es el caso de la Columbia Británica (Canadá)– establecen unos principios e invitan a los particulares, las escuelas y los centros de trabajo a elaborar sus propios planes para ponerlos en práctica serán capaces de sostener el esfuerzo en los próximos meses. Cuando comenzó la pandemia de Covid-19, los gobiernos estaban desprevenidos y tiraron del freno de emergencia. Hoy ya no tienen esa excusa. En la carrera hacia la normalidad, España bajó la guardia. Las detecciones en Gran Bretaña no funcionan, por mucho que los contagios se hayan disparado desde el mes de julio. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, que antaño eran los organismos de salud pública más respetados del mundo, han cometido errores, víctimas de un mal liderazgo y del desdén presidencial. Los dirigentes israelíes han sido víctimas de su orgullo y de las luchas intestinas. La pandemia está lejos que haber concluido. Se atenuará, pero los gobiernos deben ponerse las pilas.

Restablecimiento de la confianza, pero ¿en quién? El caso francés

Veamos la cuestión del restablecimiento de la confianza que preconiza la OCDE: la confianza, vale, pero ¿en quién? En el caso de Francia, en un contexto de falta de confianza general, por no decir de desconfianza con respecto al gobierno en el frente de la pandemia, la respuesta clara es: en las empresas. Así, un comunicado del Elíseo del 1 de octubre nos informa de que en el “foro anual Bpifrance Inno Génération, una de las principales asociaciones europeas dedicada a los emprendedores, el presidente Emmanuel Macron ofreció un mensaje de confianza en los empresarios, cuyo espíritu de reconquista es esencial para superar el periodo por el que estamos atravesando” 18/. Las empresas se verán respaldadas en todos los aspectos. Es el caso del 5G, con respecto al cual Macron ha declarado ante los empresarios de la French Tech, reunidos en el Elíseo, que Francia va a “tomar la vía del 5G”, al tiempo que ha ironizado sobre quienes prefieren “el modelo amish” y el retorno “a la lámpara de aceite”.

Es el caso del plan France relance, con respecto al cual un largo artículo publicado por la revista digital Basta 19/ demuestra que está concebido para ayudar a las empresas. En la parte tan anunciada a bombo y platillo de los fondos asignados a la transición ecológica ni se mencionan los transportes públicos, ni la reducción de la circulación de vehículos privados, y el automóvil eléctrico goza del apoyo total del gobierno. Por citar uno de los numerosos ejemplos descritos en el artículo de Basta, “las empresas han conseguido que se implemente un nuevo dispositivo de actividad parcial de larga duración (APLD), dotado de 7.000 millones de euros. Esto les permite reducir la jornada laboral de su personal hasta el 40 % durante un periodo de 6 a 24 meses, beneficiándose además del dinero público para cubrir del 85 al 100 % de los salarios. Animadas por el gobierno a firmar “masivamente” tales acuerdos, las empresas podrían lograr una importante suavización de la obligación de mantener empleados a los trabajadores y trabajadoras en regulación de empleo: al final, la empresa podría no estar obligada a devolver las ayudas obtenidas si suprime empleos. Para ello, le bastaría demostrar que se han degradado sus perspectivas de actividad.”

Antes de la pandemia había más de cinco millones de pobres registrados. Cinco millones y medio de personas ya recibían puntual o regularmente ayuda alimentaria. Es un millón más que hace diez años, y además están quienes no están registrados 20/. Asimismo se han sumado millones de trabajadores y trabajadoras precarias, de estudiantes y autónomos. Solamente el 0,8 % del plan de relanzamiento está destinado a apoyar a estas personas, cuya situación se ha degradado todavía más con la conjunción de los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia. En efecto, se prevén apenas 800 millones de euros para financiar el aumento de la asignación del comienzo del año escolar (100 euros más por alumno o alumna de familias modestas) y la rebaja del precio de los almuerzos a un euro para los estudiantes becados. “Puesto que estos gastos ya están comprometidos”, dice el artículo de Basta, “no se prevé desbloquear ni un euro más para ayudar a las poblaciones que más lo necesitan, mientras que los estudios demuestran que habría bastado con movilizar apenas el 7 % del plan de relanzamiento, es decir, unos 7.000 millones de euros, para erradicar la pobreza extrema.”

A modo de conclusión

Así, el gobierno no pretende restablecer la confianza en los trabajadores y trabajadoras en activo o en paro y en la gente muy pobre. En su caso, el emplazamiento a “convivir con el virus” con los métodos de “mantenimiento del orden” implementados por los gobiernos sucesivos se presenta como una amenaza. La correlación de fuerzas es favorable al capital en un grado que tal vez nunca había alcanzado con anterioridad. Cabe temer que al acercarse el invierno el gobierno de Macron apueste por la desmoralización y el desánimo de la clase trabajadora y, si estallan las protestas aquí o allá, por su canalización por parte de las direcciones sindicales. Pero no es imposible que la gente se rebele. De ahí que los y las militantes no deben dejarse invadir por tales sentimientos, por difícil que resulte, ni se enreden en conflictos internos estériles.

06/10/2020

http://alencontre.org/economie/loriginalite-absolue-de-la-crise-sanitaire-et-economique-mondiale-du-covid-19.html

Traducción: viento sur

Notas

1/ Cristina O’Callaghan-Gordo y Josep M. Antó, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227607/

Véase también, en el mismo sentido, el artículo del 20 de mayo de Alain Bihr, https://alencontre.org/societe/de-quelques-enseignements-a-ne-pas-oublier-a-lheure-dun-possible-retour-a-lanormal.html

2/ Li P., 2020, sin título, South China Morning Post [Google Scholar] y https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590053619300308?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Biosafety_and_Health_TrendMD_1 [Google Scholar]

3/ Jason Moore se ha basado en sus publicaciones académicas consultables en Internet para escribir un libro importante, Capitalism in the Web of Life, Verso, 2015.

4/http://alencontre.org/ecologie/capitalisme-et-changement-climatique-notions-theoriques-et-trajectoire-historique-initiale-i.html

5/https://www.un.org/pga/74/united-nations-summit-on-biodiversity/

6/https://science.sciencemag.org/content/369/6502/379

7/http://www.oecd.org/economic-outlook/sept.2020

8/https://www.workers.org/2020/08/50824/

9/ En su relato Un hiver à Wuhan, Verticales, septiembre de 2020, Alexandre Labruffe data las primeras inquietudes en el hospital en que investigó en el 31 de diciembre. Véase también, en la web de A l’Encontre, el artículo del especialista en China, Frédéric Koller : http://alencontre.org/asie/chine/coronavirus-et-si-loms-avait-ecoute-taiwan.html

10/https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

11/ Gita Gopinath, Le Grand Confinement dans une perspective mondiale, https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/16/blog061619-the-great-lockdown-through-a-global-lens

12/https://seekingalpha.com/article/4376604-dangerous-phrase-in-investing-world?mod=mw_quote_news

13/ “A dangerous gap. The markets versus the real economy”, The Economist, 05/05/2020.

14/ Rudolf Hilferding, El capital financiero, Editorial Tecnos, 1963, p. 145. Las cursivas son del orignal.

15/ Me remito a mi largo artículo de abril de 2019, http://alencontre.org/economie/la-theorie-du-capital-de-placement-financier-et-les-points-du-systeme-financier-mondial-ou-se-prepare-la-crise-a-venir.html

16/https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race

17/https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/commission-joins-covid-19-vaccine-global-access-facility-covax

18/https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/01/forum-annuel-bpifrance-inno-generation-big

19/https://www.bastamag.net/Plan-de-relance-100-milliards-croissance-PIB-Bruno-Lemaire-epargne-bouclier-anti-licenciement. Véase también Michel Husson, http://alencontre.org/europe/france/france-relance-ceci-nest-pas-un-plan.html

20/http://www.observationsociete.fr/revenus/pauvrete

Publicado enEconomía
Miércoles, 16 Septiembre 2020 06:02

El descalabro del sistema interamericano

El descalabro del sistema interamericano

La elección de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela una situación de mayor alcance: los efectos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el giro a la derecha de varios gobiernos de la región y, no menos importante, una fragmentación extrema de América Latina que la condena a una suerte de irrelevancia internacional autoinfligida.

 

El sistema interamericano contemporáneo remite al conjunto de instrumentos e instituciones que han configurado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Con un variado legado de doctrinas, organizaciones, usos y prácticas no carentes de tensiones y divergencias, ese sistema tuvo su mayor institucionalización después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, por ejemplo, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en 1959 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el seno de la OEA. Por supuesto, no siempre ni en todos los temas los intereses y propósitos latinoamericanos y estadounidenses fueron plenamente coincidentes. Sin embargo, y dadas las enormes asimetrías de poder, la región procuró y avaló compromisos multilaterales entendiendo que, a través de ellos, se podía limitar la arbitrariedad de Washington, reforzar los lazos intrarregionales, avanzar en algunos aspectos de la agenda latinoamericana y alcanzar ciertos beneficios con el menor costo posible. Aquellos años coincidieron con el momento de apogeo de la hegemonía de Estados Unidos a escala mundial y continental.

En el período comprendido entre 1947 y 1959, Washington concentró su atención política y sus recursos militares en Europa (el bloqueo de Berlín de 1948-1949), el Sudeste de Asia (la guerra de Corea de 1950-1953) y Medio Oriente (la guerra del Sinaí de 1956 y la crisis en el Líbano de 1958). En América Latina, la Central de Inteligencia Americana (CIA) organizó, en 1954, el derrocamiento con un golpe de Estado del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Este golpe fue antecedido por una resolución anticomunista auspiciada por Estados Unidos en la OEA (con el voto en contra de Guatemala y la abstención de Argentina y México) y fue encubierto mediante la inacción de la organización.

Los tres acuerdos (TIAR, OEA, BID) se enmarcaron en la disputa estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Visto desde Washington, y también desde la mayoría de las capitales latinoamericanas, se debía contener -y de ser necesario revertir- el eventual avance político de Moscú, frenar al comunismo en el área y hacer atractiva para América Latina la inversión estadounidense y su American way of life.

Con marchas y contramarchas, el sistema interamericano se preservó durante décadas. Fue actualizado con la aprobación, en 2001, de la Carta Democrática Interamericana. Desde la región surgieron proyectos alternativos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que no alcanzaron a cimentar un sistema latinoamericano sólido. Se dirá que primó el divide et impera de Estados Unidos. Sin embargo, ese argumento registra una condición necesaria pero no suficiente a los efectos de explicar y entender la ausencia o la imposibilidad de opciones exitosas para la reformulación de las relaciones entre Estados Unidos y la región provenientes de América Latina. Hoy Latinoamérica ha llevado al límite su propia fragmentación, lo cual conduce a la región a una irrelevancia internacional autoinfligida.

El más reciente y mayor intento de transformación del sistema interamericano provino de Estados Unidos durante el gobierno Donald Trump y contó con el notable acompañamiento y aquiescencia de un buen número de gobiernos de la región. Es posible que estemos frente a la búsqueda de una redefinición sustantiva del manejo de la relación entre Washington y América Latina de acuerdo con los objetivos, intereses y preferencias exclusivas de los sectores más reaccionarios en Washington (en consonancia con la lógica de America First). Si así fuera, se trataría de un ejercicio de poder que ha contado con el estímulo y/o el beneplácito de diversos actores domésticos en distintos países de la región. Tres ejemplos apuntan en esa dirección.

El primero tiene que ver con el sistema interamericano en materia de defensa. En 2019 se decidió aplicar el TIAR a Venezuela, país que lo había denunciado en 2013. Históricamente, el TIAR y su convocatoria han mostrado ser ineficaces en su propósito de prevenir o resolver conflictos. En abril del año pasado, la OEA reconoció como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela a un hombre designado por Juan Guaidó. En septiembre, el enviado de Guaidó solicitó la convocatoria de una reunión para activar el TIAR. Bajo la batuta de Estados Unidos, y en el marco del artículo 6 del tratado (que no es aplicable al caso en cuestión), se identificó a Venezuela como una amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Según la resolución aprobada, esto podría llevar a considerar «eventuales recomendaciones en el marco del artículo 8»; artículo que incluye «el empleo de la fuerza armada».

Las consecuencias que se podrían derivar de la invocación del TIAR en el caso de Venezuela pueden ser muy inquietantes. Ubica a la región en la «alta política» mundial de competencia entre grandes poderes –como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962–, identifica una suerte de peligro para la seguridad internacional en América del Sur en el doble marco de la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las drogas» lideradas por Estados Unidos, y agita, como en la Guerra Fría, el regreso de la idea del «cambio de régimen» –pero en este caso mediante el uso colectivo de la fuerza–. En los primeros nueve meses de 2020, y en el contexto de la pandemia de covid-19, cuyo epicentro está ahora en el continente, la probabilidad de recurrir al TIAR y aplicarlo en Venezuela disminuyó notablemente. Sin embargo, esto no significa que no se pueda reactivar (así sea para fines simbólicos) en medio de la elección presidencial estadounidense o después (de modo más coercitivo), dependiendo de su resultado.

Un segundo caso se vincula con el sistema interamericano en materia de derechos humanos. A principios de 2016, la CIDH, que tiene un presupuesto regular anual de unos cinco millones de dólares y además recibe donaciones, anunció que atravesaba una grave crisis financiera que amenazaba su funcionamiento básico. Muchos países del continente reaccionaron y realizaron aportes: Estados Unidos, Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay, efectuaron contribuciones importantes. La Comisión continuó con su trabajo serio, riguroso y reconocido, abocándose a distintos casos a lo largo y ancho del continente y sin distinciones ideológicas.

Pero a partir de la inauguración de la presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2017, los derechos humanos se han venido ubicando en un lugar de mucho menor prioridad, tanto en el campo de la política exterior estadounidense como en el plano de la política interna. Estados Unidos se rehusó asistir a las audiencias de la CIDH sobre inmigración a principios de 2017 y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Además, año tras año, fue reduciendo las partidas presupuestarias para la promoción de la democracia y los derechos humanos y, en 2020, impuso sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por «intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción». En ese contexto, entre abril de 2018 y principios de 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú abandonaron la Unasur (Uruguay hizo lo propio en marzo de 2020). A su vez, en marzo de 2019, se creó el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana (en marzo de este año se sumó Uruguay). En ese mismo mes, la administración Trump decidió reducir en 210.000 dólares su contribución a la CIDH acusándola, desatinada e injustificadamente, de promover la legalización del aborto. En abril, y en la única declaración trascendente, cinco países de Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) le demandaron a la CIDH, después de insinuar su intromisión en asuntos internos, que respete «el legítimo espacio de autonomía» de los Estados respecto a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, se optó por poner en entredicho las recomendaciones del Consejo, remarcar el carácter subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos y remozar una actitud más soberanista frente a esta cuestión.

Con ese telón de fondo, en marzo de 2020 fue reelecto Luis Almagro como secretario general de la OEA. Esa reelección fue impulsada por Estados Unidos, Brasil y Colombia. Ya en enero la CIDH había decidido por unanimidad renovar el mandato de su secretario general, Paulo Abrao. En agosto, Almagro se abstuvo de nombrarlo con lo que emprendió un embate contra la autonomía del Consejo. En realidad, el secretario general de la OEA –con el pleno respaldo de la Casa Blanca y el empuje de los sectores más conservadores del Partido Republicano en el Congreso— no ha hecho más que consolidar, en el seno del órgano más prestigioso de la organización, la polarización que caracteriza las realidades nacionales del continente así como la fisuras entre países de América. El efecto potencial sobre la credibilidad, eficacia e independencia del sistema interamericano, podría ser nefasto. Máxime en un momento en el que regional e internacionalmente hay un reflujo inquietante en cuanto al debilitamiento del derecho humanitario, la regresión de la democracia y el deterioro de los derechos humanos.

El tercer ejemplo remite al sistema interamericano en materia financiera. En el tema de la elección del nuevo presidente del BID se debe subrayar la confluencia de dos hechos. El primero es que el gobierno de Trump decidió asumir el control del banco que ayudó a crear y financiar con el propósito de condicionar la provisión de créditos y buscar limitar la expansión de China en América Latina –en especial en el terreno de los proyectos de infraestructura, energía y tecnología–. En segundo término, América Latina mostró una vez más su disfuncional fractura al carecer de una candidatura de consenso. Desde hace un buen tiempo la región viene erosionando su capacidad de convergencia y concertación.

En efecto, desde que el 16 de junio de este año se presentó el candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, se produjeron fisuras notorias. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador apoyaron al candidato de Washington el mismo 17 de junio. Las expresiones de respaldo se hicieron incluso antes de que el candidato divulgara su agenda, como si los planes de gestión de los candidatos (el de Claver-Carone, el de Laura Chinchilla de Costa Rica y el de Gustavo Béliz de Argentina) del banco fueran irrelevantes. A su vez, entre las cuatro economías más grandes de la región hubo otro clivaje: Brasil y Colombia se manifestaron a favor de la elección estipulada para el 12 de septiembre y Argentina y México pidieron postergar la votación. También hubo disensos en el seno de Mercado Común del Sur (Mercosur) (Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y la Argentina, por el otro) y la Alianza del Pacífico (Chile y México solicitando la postergación, Perú en silencio y Colombia en favor de Mauricio Claver-Carone). Con el correr de los días hubo otra diferencia: los alineados con Washington procuraron consolidar y ampliar el voto regional a favor del candidato de Trump, mientras el cuarteto que bregaba por la postergación compuesto por Argentina, Chile, Costa Rica y México apuntaron a lograr el acompañamiento de los miembros extraregionales del banco, en especial de los países europeos.

¿Cuáles eran las opciones para los que cuestionaban que Estados Unidos estaba incumpliendo un pacto político tácito que desde 1959 se había cumplido mediante la elección de un latinoamericano a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo? La probabilidad de lograr la postergación fue siempre muy baja: se necesitaba una adhesión mayoritaria improbable por las divisiones intralatinoamericanas o la concreción de un aplazamiento concertado con Estados Unidos, lo que era a todas luces imposible, tal como se reflejó en las entrevistas brindadas por el candidato de Trump. La probabilidad de llegar a la fecha de elección y no dar el quórum –por reglamento del BID eso requería 25% de los votos– era igualmente muy reducida, ya que exigía un notable grado de coordinación (que era prácticamente inexistente). La riesgosa decisión de acudir a esta modalidad podía interpretarse como hostil por parte de Estados Unidos (quien además con 30,006% de los votos puede unilateralmente impedir el quórum). También exigía un compromiso tácito muy fuerte y seguro de latinoamericanos y europeos (que era inviable pues Washington también desplegó su diplomacia a los dos lados del Atlántico).

En los días previos a la elección del nuevo presidente del banco, Chinchilla y Béliz bajaron sus candidaturas de manera separada. Era evidente que ninguno de los dos hubiera logrado los votos necesarios. Ahí se abrió la abstención como posibilidad. El 12 de septiembre, Claver-Carone, el único candidato en competencia, resultó electo con 30 votos (equivalente al 66,8% de los apoyos), mientras la abstención obtuvo 16 votos, de los cuales 5 eran de la región (Chile, Argentina, México, Perú y Trinidad y Tobago) y 11 eran extra-regionales (esencialmente europeos). La más reciente votación con un solo candidato fue la reelección de Luis Alberto Moreno en 2015: obtuvo el 96,2% de los respaldos. El resultado que lleva a un estadounidense a la presidencia del BID puede interpretarse como una prueba de insatisfacción política o como la demostración de un déficit de legitimidad de origen. En todo caso, Washington logró su objetivo y hoy controla el banco. La fragmentación de América Latina ha sido sin duda artífice de ese logro.

En solo dos años (2019-2020) se ha generado un gran descalabro en el sistema interamericano en materia de defensa, derechos humanos y finanzas. El presidente Trump, con una relativamente nutrida participación de gobiernos de Latinoamérica, ha ido reconfigurando las relaciones entre Washington y la región. En ese sentido, la próxima elección presidencial en Estados Unidos tiene ahora para los latinoamericanos un significado mucho más importante que las recientes votaciones en ese país: o se ahonda la quiebra del sistema interamericano con consecuencias imprevisibles para la región o se intentan paliar los daños ya producidos mediante la limitación de la arbitrariedad de Washington. Para lo primero la desunión latinoamericana será un factor coadyuvante; para lo segundo se requerirá reducir la grieta intrarregional.

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Minería, patrón de crecimiento y finanzas públicas en Colombia

Antecedentes

 

En el mundo la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha llevado a una crisis económica y social que no se sufría desde la Gran Depresión de 1929, y Colombia no ha sido ni va a ser la excepción.

Luego de ser implementadas por el Gobierno nacional varias de las políticas impulsadas por el Banco Mundial, como reducción de la tarifa impositiva media a las empresas, aumento de las exenciones fiscales empresariales, ampliación de la base gravable para las personas naturales con ingresos menores a los del límite inferior obligatorio para declarar impuesto a la renta, eliminación del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, entre otras, el Banco Mundial proyectaba un crecimiento económico para los años 2020 y 2021 de 3.6% y de 3.8%, respectivamente. Sin embargo, “con la pandemia de COVID-19 se espera que se afecte significativamente el consumo privado y la inversión”, a tal punto que, según el mismo Banco, en Colombia habría una contracción del 2.0 % en 2020, para luego lograr una recuperación en el 2021 de un 3.4% en 2021.

La proyección prevista inicialmente por el Gobierno nacional era del 4.0% y 4.2% para 2020 y 2021 (MFMP 2019), pero con la irrupción de la pandemia y la necesidad de implantar el confinamiento, ahora espera una contracción entre el 1.5% y 2.0% para el año 2020, llegando a señalar que “este será el peor año en la historia económica del país”.

En este contexto, el Gobierno nacional y grupos de presión empresariales y gremiales han expresado en los últimos días la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para promover ciertas acciones de política públicas con el propósito de promover proyectos en determinados sectores y actividades, en particular el sector minero-energético con la 2 propuesta gubernamental (Mininterior) de adelantar las consultas previas en calidad de derecho fundamental de los pueblos indígenas vía plataformas digitales (online) para realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios ancestrales –muchas de ellas sin tener acceso a servicios de internet– o con el planteamiento empresarial de imponer la modalidad de licencias ambientales express para aligerar la aprobación de proyectos y obras.

Ello con el propósito de lograr una pronta decisión gubernamental para sacar adelante sus planes y proyectos de inversión a la mayor brevedad posible, aún y a costa de la institucionalidad jurídica vigente y de la plena observancia de derechos, políticos sociales y ambientales. Dicho procedimiento podría conducir aparte de una determinada ruptura institucional democrática, a un agravamiento de tensiones sociales y de carácter étnico y campesino que se han ido acumulando en ciertos territorios alrededor de la cuestión social y ambiental, ahora acentuadas de por sí por los rigores de los impactos sociales y sanitarios de la pandemia.

Una argumentación al menos implícita de estas posturas sobre política pública se basan en la convicción de que proyectos como los relacionados con el sector minero-energético han de traer indiscutibles beneficios tanto a las regiones en las que se habrían de desarrollar los mismos como a la economía nacional en su conjunto, para no decir al país en general, al contribuir a generar empleo, ingresos fiscales a nivel local y nacional –con el pago de regalías e impuestos–, divisas internacionales –con la inversión extranjera y la exportación de minerales–, ingresos y consecuentemente crecimiento económico. Es decir, se trataría de un círculo virtuoso inversión-crecimiento-riqueza.

Por supuesto, este círculo virtuoso no se compadecería con la conocida sentencia sobre “la maldición de los recursos naturales” –utilizada incluso por algunas organizaciones internacionales– para representar aquellas situaciones especiales en las que el desarrollo de actividades minero-energéticas no solamente no genera desarrollo económico local, ni mejora de manera apreciable la calidad de vida y el acceso a servicios públicos integrales – con la reducción de pobreza, la desigualdad y la exclusión social– de las poblaciones en los territorios intervenidos, sino que además tiende a generar una “aperezamiento fiscal” y, entre otros, un decisivo desplazamiento de actividades sectoriales más trabajo intensivas/menos capital intensivas como algunos sectores manufactureros o desarrollados acorde con la aptitud del suelo como el caso de ciertas actividades agropecuarias, por ejemplo.

Y sin que necesariamente la actividad minero-energética se logre constituir en una verdadera fuente dinámica de crecimiento económico, de generación de empleo, de encadenamientos productivos a nivel doméstico, de redistribución de ingreso y de fortalecimiento significativo y perdurable de las finanzas públicas a nivel macro, y por el contrario, sí pueda reproducir fenómenos nocivos como una excesiva y no estructural/temporal revaluación de la moneda nacional y una alteración sustancial en precios relativos de bienes y servicios básicos con sus impactos perversos en la asignación de recursos productivos en la economía en una perspectiva duradera.

Más aún, una situación de ese tipo podría resultar aún más grave en la medida en que se llegaran a generar perversos y perdurables impactos socio-ecológicos en fuentes de agua, acuíferos, ecosistemas de especial interés, contaminación y ambiente, que por supuesto han de tomarse con la más prioritaria atención y valoración.

Infortunadamente el modelo neoextractivista que se ha venido desarrollando en Colombia, entre otros países, no ha logrado demostrar la estricta validez de dicha argumentación política y programática tan esgrimida en ciertos círculos. Y ello todavía más en la medida en que se tomen en debida consideración y valoren los impactos ambientales y socioecológicos generados por muchos de ese tipo de proyectos minero-energéticos en una perspectiva duradera.

El cuestionamiento anterior se torna aún más grave y decisivo de cara a la nueva etapa de neoextractivismo que se abriría en el país con macroproyectos mineros y de fracking líderes con tecnologías más complejas e intensivas en capital no suficientemente probadas en ecosistemas de relativa fragilidad –como zonas de cordilleras y hasta de páramos–, con consecuencias ecosistémicas novedosas todavía no dilucidadas técnicamente en el territorio –en acuíferos, biodiversidad, contaminación por la masiva acumulación de desechos y escombros, entre otros– y con afectaciones serias sobre el modelo de desarrollo económico y social en el territorio. Con el agravante de que en variadas regiones se podría abrir paso al aprovechamiento mediante varios proyectos en usufructo de múltiples títulos mineros ya otorgados, que podrían tener impactos de carácter sistémico y perdurable/irreversible sobre la configuración socio-económica y ecológica de los territorios afectados (1).

Ante tal panorama, este quinto documento pretende: (i) presentar unas breves reflexiones conceptuales sobre la tipología de los impactos económicos de proyectos mineros de una nueva etapa de neo-extractivistivismo de tipo enclave, especializados en la exportación de minerales no procesados domésticamente y con tecnologías complejas no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, entre otros rasgos característicos, y (ii) analizar únicamente los impactos en el tipo de modelo de desarrollo, la generación de empleo y los impactos fiscales a nivel local y nacional, sin adentrarse en problemáticas adicionales de particular relevancia local como los severos impactos en la salud de los habitantes, la agudización de inseguridad, la presión inflacionista de precios de bienes y servicios básicos, etc.

1. Acerca de la caracterización de impactos socio-económicos de proyectos mineroenergéticos en la nueva etapa del neo-extractivismo

La actividad minera en Colombia pareciera entrar a una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento – manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.


Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta nueva etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrán de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Aunque en este último campo sería claramente postitivo en términos de ingreso neto divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global.

El impacto fiscal neto sería el valor presente de las cuantías (en $ corrientes, por ejemplo) de los impuestos y regalías pagados por la empresa inversora a lo largo de la duración del proyecto, en tanto que el impacto cambiario neto sería el valor presente de los flujos de ingreso y egreso de divisas por concepto de inversión, exportación, remisión de utilidades, dividendos al exterior y reinversión en el país.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad, al menos como inicialmente se esperaba.

Sobra reiterar que hasta ahora no se han mencionado sino los impactos estrictamente económicos, lo que no es óbice para recalcar la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Hecha esta salvedad fundamental, es de resaltar que algunos de los macro-proyectos que han estado avanzando en etapas de exploración, algunos ya en trámite de licencia ambiental y otros en preparación, corresponden a unos típicos de enclave exportador, de firmas transnacionales, de gran escala a nivel internacional, altamente capital intensivos –de baja generación relativa de empleo–, con tecnologías complejas insuficientemente probadas en ecosistemas frágiles, con diversidad de impactos ecológicos duraderos –sobre fuentes de agua, acuíferos subterráneos, biodiversidad, entre otros– y con volúmenes de desechos y residuos sin precedentes en el país para la clase de ecosistemas a ser intervenidos masivamente.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de las fuentes de agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 (2) y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, es claro que no tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

Retornando entonces a los otros impactos importantes, en específico en el campo fiscal y de balanza de pagos, que son recurridos interesadamente sin debido análisis conceptual ni empírico por parte de empresarios y gremios involucrados y no pocos funcionarios públicos responsables, aquí se ilustra la experiencia acontecida la anterior etapa neoextractivista observada en el país desde los 90s hasta finales de la década anterior 2010s, con respecto a los impactos en la composición y dinámica sectorial del PIB, la fiscalidad a nivel nacional y local, y la situación social de las poblaciones de los territorios intervenidos.

2. Modelo de crecimiento: Desplazamiento de actividades productivas generadoras de empleo y redistribuidoras del ingreso

Desde 1990, año de la apertura económica, la estructura de la economía colombiana comenzó a cambiar en varios aspectos, entre ellos: el decaimiento de la actividad agropecuaria e industrial –al punto de que se fueron agudizando procesos de desagriculturización y desindustrialización (Garay et al., 1998) (3), la ampliación del sistema financiero, así como el avance de la actividad minera y de ciertas ocupaciones intensivas en mano de obra desarrolladas mediante actividades informales con elevada precariedad laboral como construcción no empresarizada, comercio al por menor y por cuenta propia, y turismo informalizado, entre otras.

Dicha precariedad laboral implica que los trabajadores carezcan de varios de los componentes de lo que la OIT ha llamado un “ingreso social” digno, en tanto que no perciben los beneficios de la seguridad laboral al primar la informalidad, la contratación laboral precaria: al día día, al destajo, con ingresos inferiores a los de mínimo vital, violando toda la normatividad internacional vigente. El caso de sistemas de contratación de médicos, enfermeras, odontólogos y demás personal de la salud en el país es un hecho que hoy ha salido a la luz pública a raíz de la pandemia.

En efecto, bajo el modelo de apertura económica se han venido observando cambios determinantes en la estuctura económica nacional en la medida en que el sector agropecuario ha pasado de representar del 17% del Valor Agregado Nacional (VA) en 1990 al 7% en 2019, la minería del 5% del VA en 1990 al 13% en 2012 y al 7% en 2019, la industria manufacturera del 19% del VA en los 90s a tan sólo el 13% en 2019. No sobra señalar que el sector agropecuario como la industria manufacturera son actividades que contribuyen a redistribuir el ingreso.

Entre tanto, la participación de la remuneración a los trabajadores en el Producto Interno Bruto ha disminuido sustancialmente en dicho periodo. Es así como a finales de los noventa alcanzó un nivel cercano al 37%, para luego caer de manera sostenida durante toda la primera década del 2000 al 31% en 2010 y luego ascender hasta cerca del 34% en 2018 (Gráfico 1). Por supuesto, mientras que la remuneración a los trabajadores desciende, el excedente bruto de explotación aumenta.

 

 

Esta tendencia se ve claramente reflejada en el caso del sector de minería al caer la remuneración laboral de un 16.2% del valor agregado (VA) en 1990 a un 13.3% en 2005 y 16.0% en 2018, por ejemplo, con una intensidad superior a la promedio nacional. En el caso del sector petrolero la remuneración de los trabjadores representaba el 16.4% del VA en 1990 y alcanzó un valor de 14.7% en 2018. En este sentido, tendría un relativamente menor impacto directo en la redistribución del ingreso, aunque sí potencialmente indirecto correlativo con la generación de valor agregado doméstico y con el pago de regalías e impuestos a nivel nacional y local.

Los cambios de las remuneraciones han estado asociados a variaciones en la composición del empleo. De acuerdo con el DANE, de los 15 millones 800 mil trabajadores ocupados en 2001, el 0.49% se encontraba laborando en el sector agropecuario, el 13.04% en la industria manufacturera, el 25.88% en el Comercio, el 4.03% en la construcción y el 1.03% en la minería. En 2019, esta misma composición fue: 0.53%, 12.35%, 27.45%, 27.45%, 7.11% y 0.67%, respectivamente.

Guardadas proporciones, estos cambios de composición a nivel nacional también se tienden a observar en el nivel territorial, con la característica de que el desplazamiento de las actividades agropecuarias e industriales se ha dado hacia sectores como el comercio, la 10 hotelería y la construcción, contribuyendo a profundizar tanto la informalidad como la pobreza.

 

 

En efecto, resulta de gran utilidad resaltar que entre la población clasificada como pobre según el índice de IPM, la informalidad en el trabajo supera el 50% y llega incluso hasta el 90%, como se muestra en el Gráfico 2. Y con la peculiaridad de que la mayoría de los departamentos con municipios eminentemente minero-energéticos muestran, en el caso de la población pobre, unos niveles de informalidad cercanos al 90% en 2018.

El potencial desplazamiento de actividades económicas productivas como la agropecuaria debido principalmente a la profundización de la actividad minero-energética (hidrocarburos, carbón, níquel, entre otros) muestra cómo en departamentos como Casanare, Meta, Cesar, Córdoba y La Guajira, en los que en 1990 el sector agropecuario representaba el 65%, 34%, 46% y 35%, respectivamente, presentaron una reducción porcentual promedio cercana al 34% entre 1990 y 2018, sobresaliendo Casanare con - 54.4%, Cesar con -38.0% y Córdoba con -23.5% (Cuadro 1).

 

 

A esta situación se agrega el hecho que las tasas de crecimiento promedio entre 1990-2018 no difieren sustancialmente entre los departamentos mineros en comparación con la economía local líder de Colombia como la de Bogotá D.C., a excepción del caso del Meta como departamento petrolero que alcanzó una mayor tasa de crecimiento promedio hasta del 6.8% y de La Guajira como departamento carbonífero con una tasa muy inferior de apenas el 2.9%, en comparación con una del 4.8% en el caso de Bogotá. Ello implicaría que, al menos en principio, las actividades de hidrocarburos y, en menor medida y no de manera general, las mineras sí habrían impulsado significativamente el PIB de los departamentos en los que se desarrollaron durante el periodo en referencia.

Pero con el ingrediente de que una vez se ha producido el decaimiento de dichas actividades, ha tendido a decaer correlativamente el crecimiento del PIB en los respectivos departamentos especializados. Es así como cabe destacar que en el caso del departamento de Arauca donde la producción minera representaba el 81% en 1990 pero que en 2018 apenas llegó a ser del 40%, el crecimiento promedio del PIB fue significativamente negativo entre 1990 y 2018 (-1.5% promedio anual), como el único caso excepcional en el país con el departamento de Guaviare (Gráfico 3).

 

 

En términos per cápita se observa cómo la actividad minero-energética debió haber contribuido a que los departamentos especializados se ubicaran entre los departamentos con 13 mayor PIB per cápita en el país en 2018 –en $ constantes de 2015–, en particular los especializados en hidrocarburos: Casanare y Meta, incluso con mayor PIB per cápita que Bogotá D. C., y en menor medida Cesar y Córdoba –con un PIB per cápita cercano al promedio nacional en 2018–, como departamentos eminentemente mineros (Gráfico 4). Se constata nuevamente la muy notable caída del PIB per cápita del departamento de Arauca.

 

 

Paralelamente resalta la fuerte caída del PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015– entre 1990 y 2018 en departamentos como Córdoba, Cesar y Sucre, incluso claramente superior a la promedio nacional. En contraste, los departamentos caracterizados por tener importantes economías campesinas no sufrieron caídas como Boyacá y Santander o las tuvieron mucho menores que el promedio nacional, como Cundinamarca y Nariño (Gráfico 5)

 

 

En consecuencia, es posible apreciar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica 14 impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. Pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de municipios minero-energéticos

Complementariamente, resulta necesario indagar el impacto en pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de los territorios en que se desarrollan las actividades mineroenergéticas. Una primera aproximación se puede adelantar con base en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un indicador del bienestar de la población. El último Censo poblacional de 2018 realizado en Colombia muestra que el IPM de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio superior no sólo al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que además supera comúnmente a los de municipios de muy variadas regiones (Cuadro 2).

 

 

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. En otras palabras, al menos hasta 2018 los municipios mineros hayan podido acercarse suficientemente a los petroleros, y menos aún a la mayoría de regiones no mineras –en especial Bogotá D.C.–, en términos de no haber logrado todavía unos niveles de pobreza multidimensional claramente inferiores a los observados en 2018.

Esta conclusión coincide con los hallazgos analizados por Rudas y Espitia (2014, pp. 71- 72) (4), en el sentido de que “mientras que los municipios petroleros tienden a acercarse a los municipios con mayor desarrollo de actividades no extractivas en términos de la calidad de servicios para su población, en marcado contraste los municipios mineros a gran escala se asemejan más, por las precarias condiciones de vida de su población, a los principales municipios cocaleros del país. … (Se constata así) una situación generalizada de confluencia de esta actividad minera, con elevados niveles de pobreza y bajos niveles en la calidad de vida (en términos de calidad de servicios en salud y educación y de vivienda) de la mayor parte de la población residente en las zonas de extracción, significativos déficits en la capacidad de las instituciones públicas para brindar atención a los grupos más vulnerables de la población …” (Lo entre paréntesis es propio).

A lo que habría que agregar que los fenómenos de corrupción, captura y cooptación institucional reproducidos en los niveles regionales y locales han conducido al malgasto, desvío y apropiación ilícita de importantes recursos públicos, entre ellos regalías, por lo que se podría haber afectado perversamente tanto la prestación de servicios públicos como otras políticas a favor de la población vulnerable, impidiéndose un mejoramiento de sus condiciones de vida y una reducción de la desigualdad y la pobreza.

4. El impacto del sector de la minería y de hidrocarburos en las finanzas públicas a nivel local y nacional

Uno de los principales impactos potenciales de las actividades minero-energéticas hace relación especialmente a su contribución al reforzamiento de las finanzas públicas en los niveles local y nacional, mediante el pago de los impuestos a la renta y complementarios, de las regalías y otros.

Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

Ello al punto de que, como lo señalan Rudas y Espitia (2013, p. 144), “Colombia comparte con Chile y Perú los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (5).

4.1 Impuesto a la renta y complementarios a nivel nacional

Detallando el caso del impuesto a la renta y complementarios vale la pena destacar que mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos era de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético –y hasta un 34% a favor del sector financiero– (Garay y Espitia, 2019 y 2020).

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0% (Garay y Espitia, 2020). Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.4% y un 5.0-6.0%, respectivamente.

En otras palabras, el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– habría aportado efectivamente apenas el 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

Este tipo de comportamiento se reprodujo relativamente en las últimas décadas en la medida en que “… por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado (colombiano) percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (Rudas y Espitia, 2013, p. 144).

4.2 Regalías

 

El nuevo Sistema General de Regalías implementado desde el año 2012 ha distribuido recursos a todos los municipios a través de diferentes mecanismos, dispersándose en miles de proyectos a nivel territorial, como se muestra en el Esquema 1.

 

 

El monto de regalías totales distribuido en el año 2012 correspondió a $10.5 billones (1.58% del PIB). Luego en 2013-2014 se presupuestaron $17.7 billones (1.20% del PIB de 2013 y 2014), en 2015-2016 $13.1 billones (0.79% del PIB) y en 2017-2018 $18.2 billones (0.95% del PIB). Es decir, el valor total de las regalías ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

De otra parte, es de mencionar que las regalías directas han representado desde el 31.87% en 2012, al 20.7% en 2013-2014 hasta llegar a menos del 12% en los dos bienios siguientes. Así, entonces, la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50-0.60% del PIB al año en dicho periodo de referencia.

 

4.2.1 A nivel departamental

 

De acuerdo con la información publicada por el DNP sobre las finanzas públicas de las entidades territoriales, acorde con lo registrado por los departamentos y municipios sobre su ejecución de ingresos y de gastos, se observa que para el periodo 2000-2018:

 

(i) Los departamentos declararon regalías por $74 billones de pesos de 2019. Cerca del 50% de ese monto se concentró en los departamentos de Meta (18%), Casanare (15%), Cesar (7%), La Guajira (8%) y Santander (5%).

 

Y, entre otros, (ii) Los ingresos corrientes departamentales, tributarios y no tributarios (diferentes a regalías), sumaron un total de $155.1 millones de 2019, con una participación de apenas el 12% de los departamentos eminentemente minero-energéticos.

 

En el caso del departamento del Meta, por ejemplo, el valor acumulado de los ingresos tributarios alcanzó un valor cercano a los $531 mil millones en 2018, un 435% más del valor inicial en el año 2000 ($99 mil millones). Entre tanto, las regalías registraron un valor $13.3 billones, con un crecimiento de 5519%, respecto al valor inicial en el año 2000.

Con la peculiaridad de que una situación similar ha acontecido en otros departamentos minero-energéticos, muy diferente a lo sucedido en diversos departamentos y por supuesto a nivel nacional (Gráfico 6).

 

 

Como se muestra a continuación, una situación similar acontece con el caso de municipios eminentemente minero-energéticos con respecto a muchos otros en el país.

Ello es una expresión de lo que en la literatura especializada se ha denominado como la “pereza fiscal”, consistente en que la recepción de regalías tiende a sustituir el compromiso por interponer esfuerzos para la consecución de ingresos fiscales adicionales provenientes de otras fuentes, consecuentes para alcanzar una mayor presión fiscal a nivel local, regional y/o nacional –definida como la proporción de ingresos fiscales en el PIB correspondiente según el nivel de análisis–.

 

4.2.2 Regalías a nivel municipal

 

En el Gráfico 7 se observa que en muchos municipios minero-energéticos el valor las regalías directas ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos tributarios en el periodo 2000-2018, en sentido opuesto al caso de la totalidad de municipios en el país.

Así, por ejemplo, en el municipio de Puerto Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de 23 que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicho proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

Ahora bien, para analizar estadísticamente la relación entre regalías y pereza fiscal, Garay y Espitia (2019) incluyen el valor de las regalías directas como una de las variables exógenas en un modelo econométrico básico para determinar el grado de influencia tanto en el Valor Agregado per cápita (VapC) –variable proxi del Ingreso per Cápita– como en el Índice de Pobreza multidimensional a nivel municipal en el país, y encuentran que la intensidad de la actividad minero-energética (medida por el valor de regalías directas) en el municipio sí afecta estadísticamente –a un nivel de significancia del 0.01%– de manera directa el VapC municipal pero sin lograr contribuir estadísticamente a la reducción de la Pobreza Multidimensional Rural (Cuadro 3).

 

 

“Ello ratificaría lo analizado en estudios previos sobre el tema como el de Rudas y Espitia (2013) en el que se muestra que, en promedio, los municipios predominantemente mineros tienen menores niveles de calidad de vida que los predominantemente petroleros, y ambos, a su vez, menores que los demás municipios del país (con mayor desarrollo relativo de actividades no extractivas)”. Y con el agravante de que “cuanto mayor sea la importancia relativa de las regalías directas en los ingresos del municipio, ceteris paribus, menor la Tributación per Cápita promedio en el municipio … reproduciéndose así el conocido fenómeno denominado como pereza fiscal … Esto es, que las regalías directas tenderían a desincentivar los esfuerzos locales para aumentar la tributación municipal para el financiamiento de políticas públicas de interés local y territorial” (Garay y Espitia, 2019, p. 249) (Lo entre paréntesis es propio). Un mayor detalle se ilustra en el siguiente Cuadro 4.

 

 

5. A manera de reflexión

 

1. La actividad minera en Colombia pareciera estar avanzando hacia una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento –manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías 25 complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.

Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrá de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad como al menos inicialmente se esperaba.

Y con el agravante de que en presencia de una acendrado rentismo en relaciones societales básicas –consecuente con el usufructo del poder para el favorecimiento de intereses poderosos sin corresponsabilidad social– y de una institucionalidad extractiva –con la trasnferencia de rentas entre sectores y grupos de interés–, en medio de un avanzado estadio 26 de ilegalidad en calidad de práctica social7, como en el caso de un país como Colombia, se malgastan, desvían y apropian ilícitamente importantes y escasos recursos públicos –como los de regalías, por ejemplo– que habrían podido tener una indiscutible rentabilidad social y económica.

2. Ahora bien, bajo el modelo extractivista desarrollado en el país desde los 90s se puede constatar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. De acuerdo con el último Censo poblacional de 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio no sólo superior al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que supera comúnmente al de los municipios de muy variadas regiones en el país.

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. 4. Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

En efecto, mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos fue de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético.

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0%. Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.6% y un 5.0-6.0%, respectivamente. Ello conduce a que el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– hubiera aportado efectivamente con cerca de un 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

5. El valor total de las regalías por concepto de la explotación de recursos mineroenergéticos en el país ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

Razón por la cual la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50%-0.60% del PIB al año en 2017-2018.

A lo que habría que agregar como agravante de que tanto a nivel de departamentos como de municipios eminentemente minero-energéticos la recepción de regalías ha dado lugar al fenómeno de “pereza fiscal” en la medida en que, por ejemplo, para el municipio de Puerto 28 Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicha proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

6. Ante la baja generación de empleo y valor agregado, dada la modesta reducción de los índices de pobreza –con mayor razón en cuanto que el IPM de las cabeceras municipales es menor que el de sus correspondientes áreas rurales (Garay y Espitia, 2019)– y de la desigualdad a los niveles municipal y territorial, y en presencia de una modesta contribución a las finanzas públicas por concepto del impuesto a la renta y de regalías, resulta claro que la actividad propiamente minera no se ha erigido como fuente importante de crecimiento económico, de bienestar social y de riqueza en el país en una base perdurable.

Ha de destacarse que por esa razón no puede considerarse como una fuente de apalancamiento de cuantiosos recursos fiscales para el reforzamiento de las finanzas públicas nacionales, opuesto a lo que pareciera ser esgrimido por algunos grupos de presión empresarial y aún gubernamental a propósito de la crisis socio-económica y sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

7. En el campo de la balanza de pagos, es de mencionar que la magnitud de los impactos de actividades mineras en la nueva etapa neo-extractivista ha de depender de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas transnacionales involucradas.

Sería de esperar que el impacto neto sería claramente positivo en términos de ingreso neto de divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción/exportación, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global. Si bien la magnitud del impacto neto –en divisas internacionales– dependerá del proyecto específico, no habría razones suficientes para prever que esta sea elevada como proporción a la suma del valor de la inversión y de las exportaciones, como requisito para garantizar la rentabilidad financiera del proyecto.

8. Como agravante de lo anterior ha de recalcarse la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de la naturaleza adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, resulta claro que tampoco tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

 

Notas

1 A manera de ilustración, uno de esos territorios podría ser el sur-oeste antioquño una vez se llegara a adelantar el macroproyecto de oro y cobre en Jericó por Anglogold Ashanti.

2 No debe dejar de mencionarse que cerca de dos tercios de las enfermedades y patologías que sufre la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud, se relacionan con el cambio climático.

3 Ver, entre otros, a: Garay, L. J. et al (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967- 1996. DNP-Colciencias-Minhacienda-Mincomex-Proexport Colombia. Bogotá, Colombia.

4 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2014). “La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia”. En: Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Enero. 

5 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). “Participación del Estado y la sociedad en la renta minera”. En Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Mayo.

6 Esta sub-sección se basa fundamentalmente en: Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 1. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Octubre. Capítulo 2; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 2. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Nota de investigación 8. (en publicación). 

7 El lector interesado puede consultar, entre otros, a: Garay, L. J. (2018). “Una génesis de la ilegalidad: Corrupción, Captura del Estado, Cooptación institucional y Macro-corrupción“. En: Garay, L. J. y Salcedo- Albarán. , E. El gran libro de la corrupción en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá, Noviembre.

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Keynesianismo contra el virus: seis billones para rescatar la economía planetaria

La mayor inyección de dinero público de la historia, activada para estimular el sector privado y evitar el colapso de los sistemas productivos y comerciales del planeta, multiplica por seis los recursos destinados a paliar el 'crash' de 2008 y triplica la magnitud de la recesión que ahora pronostican, en términos de PIB, organismos como el Fondo Monetario Internacional-

 

Los gobiernos de las principales economías del planeta y los organismos internacionales preparan la inyección de cerca de seis billones (con ‘b’) de euros para tratar de atajar los efectos que está comenzando a provocar en sus sistemas productivos y comerciales la pandemia del coronavirus, que, tras dispararse los contagios en la India y comenzar a extenderse por África y América, ya ha obligado a confinar a más de un tercio de la población mundial.

Ese volumen de estímulos equivale a un 7,3% del PIB planetario, que en 2018, último año para el que dispone de datos el Banco Mundial, fue de 81,8 billones de euros (85,9 de dólares al cambio actual de 1,05, y multiplica por más tres las previsiones de retroceso del PIB mundial que maneja el FMI (Fondo Monetario Internacional), que se acercan al 2%, y por más de cinco las de un punto y cuarto para este año que los analistas manejaban cuando los países occidentales comenzaron a decretar el confinamiento de sus ciudadanos y a paralizar de manera parcial la actividad económica para frenar los contagios.

El objetivo de esas partidas consiste en evitar mediante inyecciones de liquidez el gripado de un sistema económico semiparalizado por motivos sanitarios. Y su magnitud, aunque las previsiones del FMI apuntan a un retroceso similar al de 2008, resulta más de seis veces superior a los 900.000 millones de euros que los países del G-20 movilizaron entonces.

En esa situación, las apelaciones a un Plan Marshall como el desplegado en la posguerra mundial en Europa que en los últimos días han realizado algunos dirigentes políticos, como el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez o el valenciano Ximo Puig, no dejan de resultar chocantes por dos motivos: la cuantía, ya que aquello subió a 13.400 millones de dólares, el equivalente actual de 85.700 de euros; y su génesis, ya que el 90% de esa cantidad llegó a los gobiernos europeos como donaciones del estadounidense a cambio de contrapartidas, como el despliegue de sus bases militares y facilidades para la instalación de sus empresas multinacionales.

Ahora se trata de activar mediante subvenciones, condonaciones de deudas, aplazamientos de pagos y avales bancarios la mayor movilización de dinero público de la historia, y de canalizarla hacia el sector privado para evitar el colapso de una economía basada en el consumo y que se asfixia cuando la morosidad y la insolvencia se imponen al gasto y la liquidez.

Los dos billones de euros de EEUU y Latinoamérica

Lo que sí coincide con el programa de la posguerra mundial, a grades trazos y tras la escasa aportación del FMI (43.000 millones de euros) y del Banco Mundial (12.000), son los titulares de los dos papeles principales: EEUU y Europa, que, por los datos que se conocen hasta ahora, van a poner en movimiento más de dos tercios de ese volumen de dinero.

El Senado estadounidense aprobó este miércoles sin votos en contra un paquete de dos billones de dólares (1,9 de euros) que incluye, entre otras medidas, ayudas de 500.000 millones para empresas en crisis, otros tantos para pagos directos de más de 3.000 dólares por familia, 350.000 para préstamos a pymes, 250.000 para ampliar las ayudas al desempleo y otros 100.000 para reforzar la atención sanitaria.
Ese paquete económico, que llega después de otros dos que sumaban 108.000 dedicados a financiar políticas de desempleo, acciones de investigación y actuaciones sanitarias, llega otros países de ese continente preparan la movilización de algo más de 140.000 millones de dólares: se trata de Canadá (57.000), México (25.000), Brasil (30.000), Colombia (15.000), Chile (11.000) o Argentina (5.300), cuyos planes sitúan por encima de los dos billones de euros (2,048) la movilización de fondos en América.

El billón de la UE y el BCE

Los estímulos que plantean los gobiernos de Europa y las instituciones comunitarias superan también los dos billones de euros, con el plan de emergencia del BCE (Banco Central Europeo) para poner 750.000 millones de euros a disposición de las entidades financieras y con las herramientas de la UE como principales focos de liquidez.

El Eurogrupo debatía este jueves por cuál de las dos opciones que los gobiernos habían planteado se inclinaba, sin descartar una combinación de ambas. La primera consiste en activar el MEDE, el Mecanismo Europeo De Estabilidad, que dispone de una capacidad de préstamo de 410.000 millones de euros, aunque los planteamientos iniciales apuntaban a préstamos de hasta el 2% del PIB de cada país miembro, lo que supondría un máximo de 330.000.

El plan ‘b’ de la Unión, que ya antes ha había liberado otros 25.000 millones para financiar acciones de investigación sobre el coronavirus, consiste en la emisión de bonos, los polémicos coronabonos que reclaman países del sur como España, Francia e Italia y rechazan otros del norte como Alemania y Holanda.

Se trataría de emitir deuda comunitaria para destinar su recaudación a estimular las economías de sus países miembros cuando cesen los confinamientos y a financiar sus respectivos aparatos sanitarios, lo que evitaría que cada uno de esos estados tuviera que emitir sus propios bonos. El debate de fondo cuestiona la capacidad real de la UE, y el compromiso de sus socios, para plantear políticas económicas propias, y comunitarias.

El billón y medio de los países comunitarios

Los países miembros de la UE, varios de los cuales, especialmente en el sur, llevan semanas implementando medidas sanitarias y también de tipo social ante la proliferación de los contagios en sus territorios y la paralización de sus sistemas productivos con los confinamientos, superan en su conjunto con claridad a las dos grandes instituciones comunitarias, salvo la improbable opción de que la UE combinara las dos herramientas (MEDE y coronabonos), en cuanto al volumen de recursos movilizados, ya que su suma ronda el billón y medio de euros.

Dos de esos países sureños, Italia y Francia, están preparando sendas inyecciones de recursos en su economía de un nivel similar a las que plantea Alemania, que maneja estímulos por valor de 156.000 millones y emisiones de deuda por otros 200.000.

Italia, por su parte, maneja una previsión de 350.000 millones, de los que ya ha comenzado a inyectar 25.000, mientras Francia tiene presupuestado un plan de choque de 45.000 millones para empresas, autónomos y trabajadores al que se añaden otros 300.000 que irá distribuyendo mediante avales para que esos mismos agentes puedan obtener liquidez en el sector financiero.

España, con un "escudo social"  de 200.000 millones en avales y aplazamiento de impuestos y en prestaciones para suspensiones de contrato de asalariados y ceses de actividad de autónomos, se sitúa en el nivel inmediatamente inferior, aunque muy por encima de las previsiones de otros países comunitarios como Portugal, que movilizará algo más de 3.000, o Dinamarca, con apenas 350.

A esas cifras hay que añadirles las de dos potencias económicas geográficamente europeas aunque no participan en la UE. Se trata de Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson, ha anunciado tras sus reticencias iniciales un programa de 360.000 millones de euros (330.000 de libras) tras un primer plan de 34.000, y de Rusia, que inyectará en su economía otros 145.000.

Los 600.000 millones de Asia y Australia

En Asia, el país que mayor esfuerzo va a hacer para tonificar sus sistemas productivo, comercial y financiero, que ya renqueaban antes de la pandemia, será Japón, que tiene previsto movilizar 460.000 millones de euros (56 billones de yenes) dentro de un programa que, como en el caso de EEUU, incluye pagos directos a las familias.

Le sigue en volumen de dinero movilizado, aunque a mucha distancia, China, el país en el que comenzó la pandemia, si bien su peculiar sistema económico de capitalismo de Estado hibridado con una especie de desarrollismo postcomunista lleva a su Gobierno a reducir este capítulo al equivalente a 79.000 millones de euros, en este caso reduciendo el nivel de reservas que los bancos deben mantener para garantizar su funcionamiento.

Desde el inicio de los contagios, su producción industrial se ha reducido en más de una octava parte mientras el retroceso en la captación de inversiones se acercaba al 25%.

Turquía, con 14.000 millones de euros; Corea Sur, con 7.500, y Vietnam, con 1.700, son otros de los países asiáticos que han decidido poner en marcha planes de estímulo internos, lo que sitúa por encima de los 560.000 la movilización de recursos en ese área geográfica.

Por último, a falta de conocer las reacciones de los gobiernos africanos, en varios de cuyos países, como Suráfrica, ha comenzado esta semana a constatarse la existencia de contagios, y de India, los programas de mayor cuantía en otras áreas se localizan en Arabia Saudí, que tras la suspensión de las peregrinaciones a La Meca va a activar el equivalente de 30.000 millones de euros (120.000 de riales), entre los que se incluye el aplazamiento de impuestos a pymes, y en Australia, con otros 10.000.

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La salida de capitales de los países emergentes alcanza los 83.000 millones desde el inicio de la crisis

El FMI advierte de que el coronavirus ha provocado la mayor fuga de dinero del bloque desde que hay registros

El Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre una de las mayores sangrías financieras desde que comenzó la crisis del coronavirus: la fuga de capitales de los países emergentes. Según los cálculos del organismo con sede en Washington, el bloque en vías de desarrollo ha sufrido ya la salida de 83.000 millones de dólares (77.400 millones de euros, casi tanto como el PIB de Uruguay) de sus mercados de renta fija y variable. Hace menos de dos semanas, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) calculaba esa pérdida en 30.000 millones: una cifra enorme, pero incomparable en todo caso con este último recuento del Fondo. La llegada del virus a Europa y a EE UU ha empeorado las cosas en los mercados financieros y los emergentes están pagando parte de la factura. Es “la mayor salida de capitales [del bloque] desde hay que registros”, constata su directora gerente, Kristalina Georgieva, en una nota publicada este lunes tras la conferencia telefónica entre los líderes del G20.

La preocupación del FMI es especialmente importante con el grupo de naciones de ingresos bajos. “Las economías avanzadas”, apunta Georgieva, “están en general en una posición mejor para responder a la crisis, pero muchos países emergentes y de bajos ingresos encaran desafíos significativos: están viéndose negativamente afectados por las salidas de capitales y su actividad doméstica se verá severamente impactada" por el coronavirus. Cuando los inversores huyen de activos de riesgo, los países pobres y los emergentes son el eslabón más débil de la cadena; el que primero salta. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Se añade, además, otro factor: son, en su mayoría, exportadores netos de materias primas y estas están sufriendo uno de los golpes más severos de la crisis por la doble parálisis de la industria y del consumo.

El comunicado, en el que la jefa del FMI aplaude la acción fiscal de los Estados miembros, pinta un escenario muy oscuro para la economía mundial a corto plazo y algo más luminoso en un horizonte temporal más largo. “Nuestro pronóstico para 2020 es negativo: una recesión al menos tan fuerte como durante la crisis financiera o más. Pero esperamos una recuperación en 2021 y, para llegar a ella, es capital priorizar la contención [del virus] y reforzar los sistemas de salud. El impacto será severo, pero la recuperación será tan rápida y tan fuerte como sea el freno al virus".

En el caso particular de los países emergentes, el Fondo valora las acciones de varios bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de EE UU, para inyectar liquidez en el mercado. Este grupo de países, que enfrenta una presión sin precedentes recientes -con varias monedas latinoamericanas, por ejemplo, en mínimos históricos, es el más beneficiado por esas acciones. Pero, más allá de los institutos emisores, el propio organismo debatirá en las próximas semanas la posibilidad de abrir nuevas líneas. “Son circunstancias extraordinarias en las que muchos países están tomando medidas sin precedentes. Nosotros, en el FMI, haremos lo mismo”, promete Georgieva.

Madrid - 23 mar 2020 - 15:34 COT

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Lunes, 20 Enero 2020 06:10

¿Se avecina una crisis?

¿Se avecina una crisis?

Luego de la crisis financiera de 2008 se preguntaba recurrentemente cómo era posible que no se hubiese previsto.

Los economistas académicos y profesionales estaban en otra cosa, asentados en las respectivas conveniencias, y aún no parecen advertir del todo ni expresamente lo que ocurrió y su significado.

Los políticos y funcionarios en los ministerios de hacienda y bancos centrales aceptaban de buen modo los excesos que ocurrían en los mercados y se adaptaban a la “exuberancia irracional”, término que englobaba lo que sucedía. Pero no se impulsaba reacción alguna para frenarla y reorientar el destino de los fondos para invertir; en cambio, era como si se echara más leña al fuego.

A medida que ha pasado el tiempo, lo que se repiten son las advertencias de las derivaciones negativas de dicha crisis: las de carácter social, productivo, comercial y la fragilidad financiera que persiste en el mundo, disfrazada de distintas maneras.

Apenas hace unos días, la directora del Fondo Monetario Internacional dijo en una reunión en el Instituto Peterson de Washington DC que las tendencias económicas actuales se asemejan a las observadas en la década de 1920 y que culminaron en la Gran Depresión.

Se centró en el hecho de que la desigualdad económica al interior de los países se ha acrecentado y que, en el caso de los países de la OCDE, llega a cifras récord. Esto, predijo, junto con el cambio climático y el proteccionismo comercial agravarán la agitación social y la fragilidad financiera.

Deberán discutirse los escenarios políticos vigentes y también la visión del FMI, institución cuya propia historia y entorno político están de por medio y que no puede obviarse.

La enorme intervención que hizo la Reserva Federal, inundando con liquidez los mercados financieros, luego de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, llevó a una política monetaria que provocó un entorno de tasas de interés prácticamente de cero.

Este ambiente se mantuvo de diciembre de 2008 a finales de 2015, para luego irse ajustando hacia arriba, progresivamente, hasta el 1.75 por ciento actual.

Así se regresaba a lo que se considera la norma de la política monetaria. Pero está muy lejos de fincar un escenario de crecimiento sostenido, con una mejor distribución, menor volatilidad en los mercados de dinero y de capitales y menos confrontación de los intereses nacionales.

El proceso provocó distorsiones significativas en la asignación de las inversiones que buscaban mejores retornos, como es igualmente la norma. Así ocurrió en los mercados de bienes raíces, acciones y bonos, y, en general, en los precios relativos de todos los activos, en una perspectiva altamente especulativa.

La generación de valor en la producción se relegó, beneficiando los rendimientos provenientes de las rentas, con un impacto más grande en la desigualdad de los ingresos y la riqueza.

El fenómeno, iniciado en Estados Unidos, se propagó a otros países y en Europa, por ejemplo, hay casos de tasas negativas de interés para los depósitos.

El dinero disponible para la inversión de tipo financiero se coloca en mercados con mayores rendimientos, como fondos de bienes raíces; índices de inversión en las bolsas de valores; los que se colocan en mercados fuera de Estados Unidos y Canadá; los bonos de distintos tipos; el petróleo o el oro. En todos estos casos los retornos han estado por encima de la inflación promedio.

Los bancos, como los de Estados Unidos que estuvieron en el centro de la crisis financiera, se restructuraron siguiendo un patrón definido por el Tesoro y la FED, en un fuerte proceso de concentración de los activos que controlan. Sus ganancias se han recuperado con creces en el ambiente especulativo predominante. En esencia, un entorno de bajas tasas de interés favorece los márgenes que se ganan cuando se realizan las transacciones en los distintos mercados.

En este contexto es que se ha propuesto la noción de un estancamiento secular. El reducido crecimiento productivo exacerba la diferencia entre el ahorro y la inversión, y se provoca así una hipertrofia del sistema financiero. La política fiscal puede reforzar el efecto adverso cuando se reducen los impuestos a los estratos de más altos ingresos.

Lo que ha quedado fuera de foco es la necesidad de generar producción y empleo, aumentar el ingreso relativo de la gente que trabaja y ordenar la política fiscal y monetaria para aminorar las distorsiones que ocurren a partir del ámbito de las operaciones financieras.

Las advertencias sobre las condiciones de persistente inestabilidad, desigualdad, estancamiento, calentamiento global y confrontación social no pueden sino seguir creciendo, pero por lo pronto yacen en un campo poco fértil para que las políticas vigentes se transformen.

¿Qué papel juega la constante advertencia de una posible crisis?

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