Sábado, 12 Junio 2021 06:01

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

La elección peruana ha generado una verdadera histeria entre las elites limeñas y una campaña de demonización del candidato cajamarquino. El escenario, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, tiene altas dosis de incertidumbre. Pero estas se vinculan poco con los fantasmas que promueve el anticomunismo zombi que recorre el país.

 

Lo que pasó en las elecciones peruanas es quizás lo más parecido a la «tempestad en los Andes» anunciada por Luis E. Valcárcel en un libro ya clásico prologado por José Carlos Mariátegui. Atraído por la idea de «mito», Mariátegui terminaba escribiendo: «Y nada importa que para unos sean los hechos los que crean la profecía y para otros sea la profecía la que crea los hechos». Lo ocurrido el pasado 6 de junio no es sin duda un levantamiento indígena como el que imaginó Valcárcel, ni tampoco uno como lo imaginara Mariátegui, como partero del socialismo. Pero fue un levantamiento electoral del Perú andino profundo, cuyos efectos cubrieron todo el país.

Pedro Castillo Terrones está lejos de ser un mesías, pero apareció en la contienda electoral «de la nada», como si fuera uno. Con los resultados del domingo, está próximo a transformarse en el presidente más improbable. No porque sea un outsider –el país está lleno de ellos desde que el «chino» Alberto Fujimori se hiciera con el poder en 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa–, sino por su origen de clase: se trata de un campesino cajamarquino atado a la tierra que, sin abandonar nunca ese vínculo con el monte, se sobrepuso a dificultades diversas y llegó a ser maestro rural; en los debates presidenciales cerraba sus intervenciones con el latiguillo «palabra de maestro». 

Desde el magisterio, Castillo saltó al escenario nacional en 2017, con una combativa huelga de maestros contra la propia dirección sindical. Un reciente documental, titulado precisamente «El profesor», da varias pistas sobre su propia persona, su familia y su entorno. A diferencia de Valcárcel, cuyo indigenismo se insertaba en la disputa de elites –la cuzqueña andina y la limeña «blanca»–, Castillo proviene de un norte mucho más marginal en términos de la geopolítica peruana. Su identidad es más «provinciana» y campesina que estrictamente indígena. Desde allí conquistó al electorado del sur andino y atrajo también, aunque en menor proporción, el voto popular limeño.

Por eso, cuando Keiko Fujimori aceptó el desafío de ir a debatir hasta la localidad de Chota y dijo con disgusto «Tuve que venir hasta aquí», la frase quedó como uno de los traspiés de su campaña. Castillo había logrado sacar la política de Lima y llevarla a los rincones lejanos y aislados del país, que recorrió uno a uno en su campaña con un lápiz gigante entre las manos. 

La irrupción de Castillo en la primera vuelta –con casi 19% de los votos– generó una verdadera histeria en los sectores acomodados de la capital. Y acorde a la actual moda del anticomunismo zombi, se expresó en un generalizado «No al comunismo», manifestado incluso con carteles gigantes en las calles. No escaseó tampoco el racismo. Perú parece tener menos pruritos para expresarlo en público que los vecinos Ecuador o Bolivia.

Por ejemplo, el «polémico» periodista Beto Ortiz echó a la diputada de Perú Libre Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la «corrección política» no llegó a sectores de las elites limeñas. Luego la llamó «verdulera» y más tarde se disfrazó de indio –con su histrionismo habitual– para darle la bienvenida de manera socarrona al «nuevo Perú» de Pedro Castillo. 

La candidatura de Castillo fue, además, víctima constante del «terruqueo» (acusación de vínculos con el terrorismo) por sus alianzas sindicales durante la huelga de maestros y, sin experiencias previas en el terreno electoral, de sus propios tropiezos en entrevistas.

Como escribió Alberto Vergara en el New York Times: «Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron los del campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Empresarios amenazaban con despedir a sus trabajadores si Castillo vencía; ciudadanos de a pie prometían dejar sin trabajo a su servicio doméstico si optaban por Perú Libre; las calles se llenaron de letreros invasivos y pagados por el empresariado alertando sobre una inminente invasión comunista». Hasta Mario Vargas Llosa abandonó su tradicional antifujimorismo –por el que incluso había llamado a votar por Ollanta Humala en 2011– y decidió darle una oportunidad a una candidata de apellido Fujimori.

Castillo está lejos de provenir de una cultura comunista. Militó varios años en la política local bajo la sigla de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, y si bien se postuló por Perú Libre, no es un orgánico de este partido, que nació originalmente como Perú Libertario. Perú Libre se define como «marxista-leninista-mariateguista», pero muchos de sus candidatos niegan ser «comunistas».

El líder del partido, Vladimir Cerrón, definió el movimiento que se alineó detrás de Castillo como una «izquierda provinciana», opuesta a la izquierda «caviar» limeña. Castillo es un católico «evangélico compatible»: su esposa e hija son activas participantes en la evangélica Iglesia del Nazareno y él mismo se suma a sus oraciones. En la campaña se posicionó repetidamente contra el aborto o el matrimonio igualitario, aunque hoy varios de sus técnicos y asesores provienen de la izquierda urbana liderada por Verónika Mendoza, con visiones sociales progresistas. Habrá que ver la convivencia de tendencias en el futuro gobierno de Castillo, que no se anuncia fácil.

Castillo se autodefine también como «rondero», en referencia a los grupos campesinos que enfrentaron a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo, aunque en Cajamarca la guerrilla fue muy débil.

La incertidumbre de un futuro gobierno de Castillo no tiene que ver, precisamente, con la constitución de una experiencia comunista de cualquier naturaleza que sea. También parece muy improbable una «venezuelización» como la que anuncian sus detractores. Las Fuerzas Armadas no parecen fácilmente subsumibles, el peso parlamentario del castillismo es escaso, las elites económicas son más resistentes que en un país puramente petrolero como Venezuela y la estructuración del movimiento social no anticipa un «nacionalismo revolucionario» de tipo chavista o cubano.

Las declaraciones del «profe Castillo» muestran cierto desprecio de tipo plebeyo por las instituciones, poca claridad sobre el rumbo gubernamental y visiones sobre la represión de la delincuencia –defensa de la justicia rondera– que pueden justificar un tipo de justicia «comunitaria» por mano propia que a menudo deriva en linchamientos puros y duros, muy comunes en el mundo andino. 

La presencia en el gobierno de la «otra izquierda» –urbana y cosmopolita– puede funcionar como un equilibrio virtuoso entre lo progresista y lo popular, aunque también será fuente de tensiones internas. Algunos comparan a Castillo con Evo Morales. Hay sin duda simbologías e historias compartidas. Pero también hay diferencias. Una es puramente anecdótica: en lugar de exagerar sus logros en una clave meritocrática, Morales dice no haber terminado el secundario (aunque algunos de sus profesores aseguran lo contrario). La otra es más importante a los efectos del gobierno: el ex-presidente boliviano llegó al Palacio Quemado en 2006 tras ocho años de trayectoria como jefe del bloque parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) y la experiencia de una campaña presidencial en 2002, además de tener detrás una confederación de movimientos sociales con fuerte peso territorial, articulador en el MAS. Castillo tiene, por ahora, un partido que no es propio y un apoyo social/electoral aún difuso.

El «miedo blanco» a Castillo se vincula, más que a un peligro real de comunismo, a la perspectiva de perder poder en un país en el que las elites habían sorteado el giro a la izquierda en la región y cooptado a quienes ganaron con programas reformistas como Ollanta Humala. Dicho de manera más «antigua»: el «miedo blanco» lo es a la perspectiva de un debilitamiento del gamonalismo, como se llamó en Perú al sistema de poder construido por los hacendados antes de la reforma agraria, y que perduró por otras vías y de otras formas en el país. Nadie sabe si las elites podrán cooptar también a Castillo, pero hay en este caso un abismo de clase más profundo que en el pasado y el escenario es de manera más general menos previsible. La «sorpresa Castillo» es demasiado reciente y en muchos sentidos es un desconocido incluso para quienes serán sus colaboradores. 

Posiblemente la tempestad electoral anuncie otras próximas si las elites quieren seguir gobernando como se habían acostumbrado a hacerlo.

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Cómo Bolsonaro usa la pandemia a su favor

La mortandad por covid-19 como estrategia de gobierno

 

El contagio deliberado de la población es una estrategia política. Más de 480 mil personas han muerto por covid-19 en Brasil. Son el 13 por ciento de las muertes a nivel mundial, en un país que representa el 3 por ciento de la población del mundo. Menos del 10 por ciento de su población está vacunada, a pesar de que a Brasil se le ofreció una vacuna de forma temprana. El sistema de salud se ha derrumbado, hay escasez de oxígeno y de camas de CTI, y pacientes que mueren en los pasillos. Por falta de anestesia, algunos pacientes deben ser atados para poder intubarlos (Reuters, 15-IV-21).

Esto no ocurre porque Bolsonaro priorice la salud de la economía capitalista sobre la salud de la población. Es cierto que el presidente brasileño defiende una cierta necropolítica de pose recia y a lo macho. Cierto es también que justifica sus medidas en un supuesto «capitalismo de los pobres», bajo cuya óptica el distanciamiento social y el tapabocas obligatorio son una tiranía que aplasta la capacidad de los menos privilegiados de generar ingresos. Sin embargo, es evidente que si bien una mortandad masiva podría beneficiar a algunas industrias puntuales, no es muy conveniente para el crecimiento capitalista en general. Si Brasil ha evitado una contracción económica peor aun que la que finalmente sufrió en 2020 (4,1 por ciento del PBI), se debe más que nada a las medidas de auxilio económico impulsadas en primera instancia por la izquierda parlamentaria y presentadas luego por Bolsonaro como regalo presidencial al pueblo.

En Brasil, lo que hay es una apuesta política y cultural al virus. Un estudio reciente de la Universidad de San Pablo y el think tank Conectas halló que el gobierno tiene «una estrategia institucional para la propagación del coronavirus». Tras analizar ordenanzas, leyes, disposiciones y decretos, los investigadores encontraron que el Estado se aboca a diseminar el virus justificándose con la idea de alcanzar una «inmunidad de rebaño» que permitiría una rápida reanudación del crecimiento económico.

Pero ese valor que se da al crecimiento económico es una racionalización, no es el objetivo. El contagio masivo –y el disfrute perverso que el gobierno parece encontrar en él– está siendo usado como herramienta de movilización. Mientras más gente muere –y mientras el gobierno o bien le resta importancia a la muerte o bien la celebra–, más se polariza el país en torno a un eje de guerra cultural, una guerra que, piensa Bolsonaro, lo beneficia. Las exhortaciones del presidente a los brasileños para que «dejen de lloriquear» y «dejen de ser un país de maricas» (Reuters, 10-XI-20) no son arrebatos de locura o excentricidades irrelevantes para la política de Estado, sino parte de una máquina de guerra cultural perpetua, y es en consonancia con ella que se toman las medidas gubernamentales.

Si no fuera así, sería difícil explicar algunas de las decisiones del gobierno sobre las que viene echando luz la Comisión de Investigación del Congreso (CPI da Covid, en portugués), dirigida por el senador Renan Calheiros. Uno podría atribuir la decisión de ser la sede de la Copa América a un cierto nihilismo capitalista. De igual manera podrían entenderse los ataques de Bolsonaro a los gobernadores estatales que implementaron medidas de distanciamiento social. Pero ninguna estrategia de crecimiento en el mundo requería que el gobierno federal rechazara prácticamente todas las ofertas de vacunas que tenía por delante, ya fuera de la Organización Mundial de la Salud, de Pfizer o de Sinovac (Folha de São Paulo, 7-VI-21) –recientemente rechazó también la Sputnik V–, y que hiciera la plancha hasta que el gobierno regional de San Pablo empezó a producir vacunas localmente.

Tampoco representaba una ventaja a nivel de crecimiento económico dejar que millones de test rápidos expiraran antes de ser usados (O Estado de São Paulo, 22-XI-20). Ni se ganaba nada en términos macroeconómicos insistiendo con que la ivermectina o la hidroxicloroquina podían curar el covid-19 y, menos aún, importando millones de tabletas de hidroxicloroquina –cortesía de Donald Trump– mientras se descuidaba la vacuna. Ningún cálculo de crecimiento del PBI necesitaba que Bolsonaro dijera que las vacunas podían causar mutaciones peligrosas, como cuando dijo: «Si te convertís en yacaré, es problema tuyo» (Folha de São Paulo, 18-XII-20). Lo cierto es que la desinformación deliberada en materia de salud –como la denunciada hasta el cansancio por científicos y médicos brasileños (Nature, 27-IV-21)– no es una estrategia posible para lograr el crecimiento económico.

CONTROLAR LA NARRATIVA, ACOSAR Y HUMILLAR

Algunos de estos desastres sanitarios se pueden atribuir a una mezcla de incompetencia (en esto el exministro de salud Eduardo Pazuello parece particularmente culpable), fijaciones geopolíticas (la negativa a recibir una vacuna de China) y la absoluta ignorancia de los gobernantes. Sin embargo, en Brasil, como en otros lugares, desde que comenzó la pandemia los guerreros de la polarización han estado ensayando líneas de antagonismo y distinciones del tipo amigo/enemigo. En esto han seguido el ejemplo de Trump, la derecha estadounidense y la red de think tanks y lobbies «libertarios» de derecha, financiados principalmente por los hermanos Koch y que impulsaron la Declaración de Great Barrington y las protestas armadas contra los lockdowns.

Los soldados brasileños de la guerra cultural miran hacia el norte no solo en lo que respecta a promover curas falsas, mitos anticuarentena, sinofobia y anticomunismo alucinatorio: ténganse en cuenta los métodos de intimidación pública que la derecha anticuarentenas ya venía usando contra los funcionarios de la salud y los políticos locales en Estados Unidos, tácticas que se han filtrado directamente a Brasil. Los científicos que se oponen a promover la hidroxicloroquina como cura para el covid-19 han sido amenazados de muerte. También lo fue el alcalde de Araraquara en San Pablo tras imponer una cuarentena general de diez días a principios de este año. Lo mismo le sucedió al alcalde de Palmas en Tocantins. Una posible candidata al Ministerio de Salud fue atacada y acosada cuando se supo que estaba a favor de las medidas de distanciamiento social para contener el covid. La intimidación no es un subproducto incidental de la retórica del gobierno, sino que es el fruto de un odio social cultivado de manera estratégica. Sigue el mismo patrón de persecución y acoso gubernamental contra los departamentos universitarios, la industria de la cultura y los científicos que estudian el clima.

Este tipo de campañas funcionan. Bolsonaro ganó las elecciones canalizando el odio social en una guerra cultural en las redes sociales. Y el objetivo de esa guerra cultural no fue simplemente difundir desinformación (y provocar, al mismo tiempo, críticas y oposición progresistas y de izquierda siempre en torno a temas decididos por la derecha). Más bien, como ha explicado con picardía Olavo de Carvalho, el gurú intelectual de los Bolsonaro, el objetivo también fue humillar, silenciar y privar a las personas de sus medios de subsistencia. Si controlás la narrativa y los temas de discusión y mantenés movilizada a la extrema derecha y aterrorizada a la oposición, estás haciendo bien tu trabajo. Es que quienes ganaron gracias a una guerra cultural seguirán llevando adelante esa guerra cultural, porque eso es lo que saben hacer. Estarán permanentemente en modo campaña, experimentando con nuevas tácticas, nuevas variaciones del mismo repertorio, para así mantener su base (generalmente minoritaria) excitada y movilizada.

Este ha sido, hasta ahora, el modus operandi de Bolsonaro. Aunque haya decepcionado un poco a sus partidarios neoliberales por no haber logrado aún todas las reformas económicas que se propone, el presidente se ha mantenido fiel a un conjunto de significantes emocionalmente poderosos, que movilizan fuertes apegos y odios. Ha proclamado hasta el cansancio su fascinación por las armas largas, su veneración por la crueldad policial, el odio a lo que sus seguidores llaman marxismo cultural, psicosis ambientales, ideología de género, infiltración izquierdista de la cultura, la aversión a los indígenas, las universidades, las ciencias y, últimamente, también al Supremo Tribunal Federal. Varios de sus aliados políticos en el Congreso son avezados matones de las guerras culturales, por ejemplo, Daniel Silveira, un expolicía militar convertido en congresista y estrella de Youtube, cuyas prácticas de acoso e incitación a la violencia lo llevaron a la cárcel a comienzos de este año. Bolsonaro se ha encargado de llenar su gabinete de militares fanfarrones y evangélicos fanáticos al tiempo que la emprende contra las ciencias y la academia en general.

ANTE LA CRISIS, INSISTIR

Quienes alcanzaron la victoria gracias a una guerra cultural serán persistentes en su dedicación a esas prácticas. Desafiarán incluso los bajos índices de aprobación, las iniciativas parlamentarias en su contra, la antipatía de los medios y la oposición popular. Después de todo, fue con la guerra cultural como ganaron. Han entendido la necesidad de polarizar a la población en torno a cuestiones que son transversales a las clases sociales y que permiten formar coaliciones mediante la misma lógica de agregación que prevalece en las redes sociales. Han entendido que, especialmente frente a la descomposición de los sistemas parlamentarios, les basta con el apoyo de una minoría para tener éxito. El aventurerismo descarado es parte del arte de gobernar en la lógica de la guerra cultural.

Bolsonaro, aunque enfrenta ahora protestas masivas (véase «En la calle para sobrevivir», Brecha, 4-VI-21) y está herido en uno de sus flancos por la investigación en el Congreso, ya ha superado dificultades similares. Intenta hacer lo mismo ahora, cuando enfrenta un fuerte desafío de Lula da Silva de cara a las elecciones del año que viene. Véase cómo él y los suyos manejan la investigación del Congreso: le quitan importancia siempre que se pueda e intentan ahogarla vaciándola de participación, cuando no envían al hijo de Bolsonaro a gritar e insultar a los congresistas, causando la máxima disrupción posible y provocando que se suspendan sesiones (O Globo, 12-V-21). Véase cómo en sus frecuentes actos de masas, carentes de precauciones sanitarias, el propio presidente, sus seguidores y sus aliados ignoran o violan la ley de manera performativa y repetida. Esperan superar esta crisis, dejar que una minoría enojada y movilizada los mantenga en el poder y, con fuerza renovada, profundizar la guerra cultural contra la izquierda y lo que quede de las instituciones democráticas.

En Brasil, la oposición acusa a Bolsonaro de genocidio. Los carteles en las protestas suelen llevar la expresión «Bolsonaro genocida». La acusación tiene algo de justicia porque, incluso si las muertes son una especie de daño colateral de la guerra cultural, la evidencia es que son intencionales. Se espera que los propios cadáveres brinden un beneficio político, como sucedió en partes de Estados Unidos: recuérdese que el voto a Trump aumentó fuertemente de una elección a otra en aquellos condados donde se registró el mayor número de muertes por covid-19. Elegí a Brasil como un ejemplo extremo de lo que estamos viviendo, pero esta estrategia de guerra cultural se está desarrollando en todo el mundo.

Por Richard Seymour
11 junio, 2021

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Concluye visita de la CIDH a Colombia; recibe testimonios de víctimas y ONG

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió ayer su último día de visita oficial en Colombia, donde verificó las denuncias de abuso policial, violencia de género y desapariciones en el contexto de las protestas que iniciaron el 28 de abril contra las reformas del presidente Iván Duque, la desigualdad y el desempleo, y se convirtieron en un estallido social que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos.

La comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, visitó en Bogotá la exposición fotográfica Vidas Robadas, que rinde homenaje a las víctimas de las protestas de 2019, 2020 y 2021, en su mayoría por la represión policial, y escuchó los relatos de algunos familiares.

La CIDH recibió durante su visita más de un centenar de testimonios de víctimas de violencia y varios informes gubernamentales y de distintas ONG. Con la información recaudada emitirá una declaración con observaciones y recomendaciones.

El Comité Nacional del Paro, que analiza cambios en su estrategia de protestas, pidió a la CIDH que solicite al Ejecutivo la adopción del preacuerdo de garantías al cual llegaron el 24 de mayo con los delegados de Duque e intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial.

Desde el 28 abril decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de gravámenes a las élites y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, situación que a la fecha el gobierno no ha podido controlar.

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Elecciones en Perú: terminó el conteo y Pedro Castillo sumó más votos

El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude electoral.

 

Desde Lima. Con el cien por ciento de las actas electorales procesadas, el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo es el ganador de las elecciones y presidente electo, pero no puede haber una proclamación oficial porque hay votos impugnados y pedidos de nulidad de otros votos, que deben ser revisados. De acuerdo a diversos expertos, el resultado es irreversible, pero la derecha se niegue a aceptarlo. Castillo gana con 50,2 contra 49,8 por ciento de la derechista Keiko Fujimori, una ventaja de 70 mil votos.

Hay unos 150 mil votos, de más de18,7 millones, que faltan ingresar al cómputo final porque están observados y eso debe resolverse. Esos votos no cambiarían el resultado, por lo que el fujimorismo pretende anular otros 200 mil votos en zonas que apoyaron ampliamente al candidato de la izquierda. No habrá un resultado oficial y proclamación del presidente electo hasta que se resuelvan los votos observados y los pedidos de nulidad hechos por el fujimorismo, una acción final desesperada de una derecha que con todo su poder económico y mediático perdió estas elecciones.

"El profesor Pedro está tranquilo"

El maestro rural que en julio debe asumir la presidencia del Perú mantuvo durante el jueves reuniones con diversos colaboradores, conversó con el presidente argentino Alberto Fernández, recibió la felicitación del mandatario boliviano Luis Arce y recibió la visita del excandidato presidencial de centroderecha George Forsyth. Castillo no habló, pero sí lo hizo su vicepresidenta, Dina Boluarte. “El profesor Pedro está tranquilo, sereno, descansando de la campaña que ha tenido”, dijo. Con los resultados sobre la mesa, Boluarte destacó que éstos daban como ganador a Castillo, pero señaló que esperarán “con serenidad y calma” que se definan los votos observados y los pedidos de nulidad y se oficialice el resultado para declarar su victoria.

“La señora Keiko Fujimori está hablando de fraude sistemático, rechazamos esas afirmaciones. Le digo al pueblo peruano que no se deje engañar por mensajes de terror y odio. Llamo a la señora Fujimori a reflexionar y no polarizar más a la población. Hay que saber perder con dignidad y humildad”, declaró a la prensa la vicepresidenta virtualmente electa.

Sin sostén

El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude y busca ganar en mesa lo que ha perdido en las urnas. Keiko ha dicho que todavía hay 500 mil votos que faltarían revisarse, una cifra inflada.

Los fujimoristas dicen que los votos observados pendientes de sumarse al cómputo final -unos 150 mil que inflan a 300 mil- son en su mayoría suyos, algo de lo que no hay evidencia. La tendencia de lo que ya se ha avanzado es validar la mayor parte de esos votos. El fujimorismo necesitaría no solo que se validen todos esos votos observados, sino que al menos el 80 por ciento sean a su favor, algo que desafiaría toda lógica de una elección muy reñida. En su principal bastión electoral, Lima, Keiko obtuvo 65 por ciento.

Como esos votos no le dan para voltear el resultado, el miércoles en la noche el fujimorismo sacó una última carta: demandar la anulación de unos 200 mil votos de regiones donde Castillo gana ampliamente, en algunos casos con más del 80 por ciento. La mayor parte son de zonas rurales, bastión electoral de Castillo. Sus argumentos no se sostienen.

Para pedir esa nulidad señalan que hay mesas de sufragio en las que sus miembros -tres, elegidos por sorteo- son de una misma familia, y, sin ninguna evidencia, saltan a la conclusión que serían familias partidarias de Castillo que coparon las mesas. Ya han salido varios de esos supuestos familiares acusados por el fujimorismo a aclarar que llevan el mismo apellido, pero no tienen ninguna relación familiar. Y no estuvieron en las mesas por su voluntad, sino que salieron elegidos en un sorteo. El plazo para impugnar a los miembros de mesa había vencido largamente antes de las elecciones.

El fujimorismo señala que hay actas en las cuales las firmas de algunos miembros de mesa no coincidirían exactamente con las de sus documentos de identidad, con lo que pretenden hablar de una supuesta suplantación. No hay ninguna pericia que determine que esas firmas no pertenecen a los miembros de mesa designados por sorteo. Y ninguna evidencia de suplantación.

También indican que hay actas de mesas donde casi todos los votos van a Castillo y Keiko saca muy pocos o en algunos casos ninguno y aseguran que eso “es imposible” y por eso exigen que todos los votos de esas mesas sean anulados. Esas actas son de zonas rurales en las que Castillo superó el 90 por ciento, por lo que esa baja o nula votación de Keiko en algunas mesas está lejos de ser “imposible”.

Así de endebles son los argumentos del fujimorismo para tratar de anular votos de Castillo y ganar en mesa. Abogados de los principales y más caros estudios de Lima trabajan con el fujimorismo para anular los votos de los ciudadanos más pobres del país, los de las zonas rurales, y con eso cambiar el resultado electoral.

Desconocer y deslegitimar

“Tienen derecho a solicitar la nulidad de votos, pero una cosa es pedir la nulidad y otra que tengan posibilidades que ese pedido se apruebe. Las razones que han dado para pedir la nulidad de votos son poco atendibles. Se busca anular votos donde Castillo gana abrumadoramente, pero los mismos problemas en otras mesas no los tocan. Este reclamo lo único que hace es alargar el fin del proceso electoral, y en el ínterin tenemos una campaña política y mediática muy fuerte hablando de fraude. La estrategia es manchar el proceso electoral y si no hay manera de revertirlo, desconocer los resultados y deslegitimar al gobierno electo”, le declaró a Página/12Fernando Tuesta, politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones y contar los votos.

Los pedidos de nulidad de votos presentados por el fujimorismo deberán ser resueltos por la justicia electoral de cada región donde se ubicaban las mesas electorales cuestionadas. Esa decisión puede ser apelada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proceso que tomará varios días. Con argumentos sin base, el pedido de anulación de votos no debería pasar, con lo que se confirmaría oficialmente la victoria de Castillo. Pero hay fuertes presione sobre la justicia electoral.

Pedido de prisión preventiva

Al tiempo que los votos decretan su tercera derrota electoral consecutiva y sus desesperados recursos retrasan el anuncio oficial de esa derrota, Keiko Fujimori enfrenta la posibilidad de volver a la cárcel. La fiscalía ha pedido su prisión preventiva por no cumplir con las reglas de conducta de la comparecencia con restricciones en el proceso por lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia que se le sigue por recibir más de 15 millones de dólares en secreto y en efectivo para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Keiko ya estuvo varios meses en prisión preventiva por este caso.

Para Fujimori, esta elección, que se resiste a perder, es la diferencia entre zafar de un juicio con la inmunidad presidencial o enfrentar un proceso con un pedido de la fiscalía, que tiene un caso sólido, de 30 años de prisión.    

Por Carlos Noriega

11 de junio de 2021

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda después de una conferencia de prensa el 6 de junio de 2021. REUTERS / Jose CabezasJOSE CABEZAS / Reuters

El Fondo Monetario Internacional alerta de los riesgos que surgen a partir de que El Salvador ponga en marcha legislación que obliga al uso de Bitcoin como moneda nacional

 

Tres días después de que el Congreso de El Salvador aprobase el uso oficial y obligatorio de la criptomoneda bitcoin en el país centroamericano, el Fondo Monetario Internacional alertó de los riesgos y aseguró que “en este contexto” el equipo del Fondo se reunirá con el presidente Nayib Bukele el jueves. “La adopción del Bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), en conferencia de prensa.

El Gobierno de El Salvador está buscando la aprobación de un préstamo para invertir en lo que considera una “oportunidad de oro” para que el país impulse su economía al salir de la pandemia. El monto y la duración se negocia entre las partes y ese proceso se está llevando a cabo actualmente, señaló Rice. En medio del proceso, Bukele envió al Congreso el fin de semana pasado una propuesta de ley que obliga al país a ofrecer bitcoin como forma de pago y a bancos a canjear deuda en dólares, la moneda que usa el país, por deuda en bitcoin, una criptomoneda sin regulación ni autoridad centralizada. Estados Unidos tiene la mayor participación de decisión en el FMI y la Casa Blanca ha alertado de los riesgos de ciberseguridad y confiabilidad de las criptomonedas.

 “La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de cuestiones macroeconómicas financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Rice. “Estamos siguiendo de cerca los desarrollos y continuaremos la consulta con las autoridades. En ese contexto, puedo decirles que el equipo del FMI se reunirá con el presidente de el salvador hoy”.

“Lo que hemos dicho en general es que los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”, agregó Rice.

Bukele anunció la propuesta el sábado en una conferencia sobre bitcoin, la criptomoneda mejor establecida en el mercado, cuyos precios se han disparado durante la pandemia de la covid-19 por ofrecer atractivos rendimientos. La moneda virtual no tiene un banco emisor central, como lo tienen la mayoría de los países y es, en muchas ocasiones, imposible de rastrear, por lo que se utiliza como moneda para cobrar rescate en casos de ciberataques.

 Por Isabella Cota

México - 10 jun 2021 - 13:12 COT

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RaúlZibechi

Entrevista al periodista Raúl Zibechi, autor de Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de Colapso II

 

Las comunidades Munduruku denunciaron el 27 de mayo, en un comunicado urgente, que mineros ilegales estaban perpetrando invasiones y ataques -contra casas y personas- en sus territorios de la Amazonía brasileña. En el contexto de la pandemia, se incrementó la toma de tierras por parte de los sin techo en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Y entre el 10 y el 21 de abril, el Movimiento Sin Tierra (MST) donó más de 100 toneladas de alimentos en las comunidades periféricas de Brasil, dentro de la jornada de luchas por la reforma agraria.

Son tres ejemplos de la mirada desde abajo y a la izquierda que propone el periodista uruguayo, Raúl Zibechi, en su último libro Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de Colapso II. Editado por Coordinación Baladre e iniciativas Zambra en colaboración con la CGT y Ecologistas en Acción, el texto de 201 páginas es la segunda parte de Tiempos de Colapso. Los pueblos en movimiento. Zibechi, referente de la investigación militante en América Latina, es autor entre otras obras de Los arroyos cuando bajan. Los desafíos del zapatismo (1995), Brasil Potencia (2012) y Repensar el sur. Las luchas del pueblo mapuche (2020).

-Una delegación del movimiento zapatista, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT) ha iniciado la “travesía por Europa”. Después de tus numerosas estancias en Chiapas, ¿qué crees que Occidente puede aprender del EZLN?

Te puedo contar lo que yo aprendí del zapatismo, que no necesariamente es lo que ellos piensan. Lo primero es que la lucha es para siempre, tiene un comienzo pero no tiene un fin. No hay objetivos como la toma del poder, ganar elecciones o llegar al socialismo. Es una concepción de la vida y del mundo en sintonía con la cultura de los pueblos de raíz maya que se autogobiernan y tal vez tenga empatía con nuestros antepasados políticos, en el sentido de no separar medios y fines, de que la lucha no es “para” sino una forma de vivir la vida.

La segunda es que no quieren gobernar a otros, sino impulsar a los pueblos, barrios y sectores sociales a que se organicen y gobiernen a sí mismos. La idea de gobernar a otros no entra dentro del universo de ideas zapatista y, bien mirada, es una forma de opresión: si te gobierno te estoy mandando, dando órdenes. Ellos trabajan con la idea de que quien manda está obedeciendo al pueblo, a lo colectivo.

La tercera es la ética como eje ordenador de la política. En el pensamiento político aún dominante la ética es un complemento, pero para ellos es lo central, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen, no buscan beneficio personal, por eso el lema “para todos todo, nada para nosotros”.

La cuarta es un rechazo al vanguardismo, a crear organizaciones con una dirección que se construye una base social a la que orienta y le marca el rumbo, los tiempos, objetivos y hasta los modos de caminar. El vanguardismo en el que se formó mi generación, va de la mano de homogeneizar el propio campo, con la idea de la unidad como mantra sagrado, para ir imponiendo la hegemonía en la sociedad. El EZLN rechaza los conceptos de unidad, homogeneidad y hegemonía y en eso son muy claros cuando dice el sub Marcos que “todo intento de homogeneidad no es más que un intento fascista de dominación”.

Te diría que pese a la aparente brutalidad del lenguaje, la cultura de vanguardia es corrosiva, destruye las organizaciones colectivas, aniquila las diferencias, y te aseguro que sé de qué estoy hablando porque me formé y practiqué esa cultura que, cuando se hace poder estatal, criminaliza las diferencias como sucede hoy en la Nicaragua de Daniel Ortega.

¿Y en concreto de las mujeres zapatistas?

Ellas se definen como “mujeres que luchan”, haciendo hincapié en la lucha, porque hay feministas muy valiosas pero que no luchan, como hay marxistas y anarquistas que no luchan. Ellas enfatizan ese aspecto y se definen a la vez como anti-patriarcales y anticapitalistas, no conciben la separación de ambas dimensiones.

Por otro lado, en los encuentros de Morelia han hablado de la necesidad de integrar a las diferentes generaciones, de escuchar a las mujeres mayores, de respetarlas, de aprender de ellas, algo que en la cultura urbana occidental no estamos acostumbrados a hacer. Ni escucharnos entre nosotras, ni escuchar a las personas mayores.

-¿Cuál es la relación del actual gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador con el EZLN? ¿En qué consiste lo que denominas “guerra de desgaste”?

No existe ninguna relación. Más aún, el actual gobierno federal ha intensificado los ataques a las comunidades y bases de apoyo zapatistas, como puede verse con las ofensivas para-militares en la región Moisés Gandhi y en Aldama en Los Altos. En paralelo impulsa políticas sociales que promueven el individualismo y la división de las comunidades, desató una brutal ofensiva extractiva con el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Transístmico, potenciando en esas regiones ataques militares y paramilitares a los pueblos originarios.

Con López Obrador, como sucedió antes con Lula y los demás progresismos, el modelo extractivo y neoliberal gana en impulso y en profundidad, llega a nuevas regiones, convierte la naturaleza en mercancías a una mayor velocidad que antes. Por lo tanto, las actividades de los grupos armados se intensifican. Cuando suceden crímenes como el de Samir Flores por oponerse al Proyecto Integral Morelos, que López Obrador se comprometió en frenar en campaña electoral, se hacen los distraídos y siguen adelante. En este caso, fue tal el descaro que mantuvo un referendo que se celebró pocos días después del crimen, desoyendo el llamado de las comunidades para aplazarlo.

En síntesis te digo que el progresismo es el ataque más feroz contra los pueblos, porque los quiere debilitar y dividir.

-Más de un mes de protestas en Colombia –con medio centenar de muertos según el balance oficial- cuyo detonante es la reforma fiscal del presidente Duque; el estallido social en Chile (octubre 2019) por el aumento en la tarifa del metro de Santiago; revueltas en Bolivia contra la expresidenta golpista Jeanine Áñez; manifestaciones del marzo paraguayo de 2021; en Ecuador contra el expresidente Lenin Moreno o en Guatemala, en noviembre de 2020. ¿Hay algún hilo conductor o explicación de fondo?

El hilo conductor es el modelo político-económico que llamamos extractivismo, que es una faceta del neoliberalismo: minería a cielo abierto, monocultivos, grandes obras de infraestructura, hidrocarburos y especulación inmobiliaria urbana. Este modelo hace que la mitad de la población esté condenada a la pobreza, a no tener futuro porque desintegra, desarraiga y polariza; destruye tanto la sociabilidad anterior como la naturaleza, destruye los Estados nación que alguna vez tuvieron la capacidad de ofrecer servicios educativos y sanitarios de calidad a toda la población.

Como lo demuestra la pandemia, los que tienen acceso a salud y escuela privadas, están en una realidad, mientras los demás apenas acceden a servicios de baja calidad y desbordados. Estos días hay un conflicto en Chiapas con los estudiantes de una escuela para ser maestros, ya que los exámenes se hacen de forma virtual pero los indígenas que viven en comunidades no tienen acceso a internet y lógicamente exigen un examen presencial. La única respuesta que tuvieron es la represión y la cárcel. Debo aclarar que el gobernador de Chiapas pertenece a Morena, el partido de López Obrador, quien condenó las manifestaciones de los estudiantes.

-Por otra parte, en una de las entrevistas del libro destacas el valor de la espiritualidad/ancestralidad en las comunidades de Brasil. ¿Reconoce la importancia de estas realidades la izquierda política y los movimientos sociales?

En la izquierda electoral no conozco nada de eso. Sin embargo en los movimientos hay muchos y diversos ejemplos de formas de espiritualidad propias. Entre los sin tierra de Brasil, existen modos inspirados en la teología de la liberación y la educación popular, con muchas dinámicas que denominan “místicas” y que consisten en cantar y danzar en colectivos, pero también en compartir comida, trabajos y los más diversos espacio-tiempos.

Cada sector social tiene sus propias formas de espiritualidad. Destacan las de los pueblos originarios y negros que hacen sus rituales de armonización en lugares sagrados con fogones, donde participan médicos tradicionales o sabios.

Pero si observamos detenidamente a los jóvenes de los barrios populares, veremos que la música y los consumos colectivos juegan también un papel armonizador de lo colectivo, así como las músicas y los bailes. Creo que esto es un universal: la vida colectivo-comunitaria necesita de prácticas espirituales de armonización, de lo más variopintas por cierto.

-En el libro te aproximas a iniciativas como el Mercado Popular de Subsistencia (MPS) en Montevideo; o a las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas en Colombia. ¿Qué experiencias de autoorganización popular destacarías, entre las que has podido conocer en los últimos meses?

Ya conocía la Guardia Indígena y la Minga del Cauca, pero ahora se reforzó con la Minga Hacia Adentro y luego ya antes de la revuelta actual con la Minga Hacia Afuera. Ambas están interconectadas.

La experiencia del MPS es más reciente, pero tiene enormes perspectivas de crecer en mundos urbanos como Montevideo, donde tenemos tradiciones asociativas. Te diría que están las miles de ollas populares en las grandes ciudades, muchas de ellas autogestionadas aunque con dificultades para mantenerse a lo largo del tiempo.

Entre las experiencias que veo crecer, está la Red Trashumante de Argentina, que partió hace décadas de una educación popular en movimiento y con movimientos, a trabajar ahora en territorios en resistencia donde los sujetos y sujetas son los sectores populares más golpeados por la crisis y la marginalización. Meses atrás me integré como un militante-educador más a esa red, que está tejiendo una red más amplia de colectivos autónomos en un país donde la autonomía atraviesa enormes desafíos.

La Teia dos Povos de Brasil me parece una experiencia notable, que integra campesinos sin tierra, pueblos originarios y quilombolas, pueblos negros organizados en sus territorios o quilombos. La iniciativa parte de personas que estuvieron en el MST (Movimiento Sin Tierra) y que pensaron que es necesario tejer una red (de ahí el nombre teia) entre los pueblos oprimidos y explotados, algo que la dirección no comparte ya que se propone otros objetivos.

-¿Qué es el triage social? ¿Puedes mencionar ejemplos de su aplicación?

Aunque el nombre suena difícil, es la práctica que podemos observar en la puerta de un hospital o de una unidad de tratamiento intensivo a la hora de elegir a quién se atiende y a quién se descarta. Las razones para descartar son claramente la “utilidad” de las personas desde el punto de vista de la acumulación de capital, y ahí se deja de lado a los más vulnerables, que tienen menos posibilidades de sobrevivir, y se prioriza a quienes pueden seguir trabajando y produciendo. Es una vuelta más de tuerca a los temas de Foucault.

Debo decir que entre las muchas fortunas que me deparó la pandemia (además de algunos infortunios), está el haber ligado con grupos como la Teia dos Povos, con la Red Trashumante y otros que ya conocía pero que profundizamos los lazos, y con dos compas de México como Tamara y Eduardo, que también son adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y quienes aportan el texto del triage social.

-Por último, ¿en qué punto se halla la lucha del pueblo mapuche? ¿Cómo valoras que la Convención Constituyente de Chile reserve 17 escaños a los pueblos originarios?

La militarización decretada por el gobierno de Piñera de Wall Mapu debe entenderse como la respuesta a un avance importante de las recuperaciones de tierras de decenas de comunidades y a un salto adelante en la movilización del pueblo mapuche. Los datos dicen que en los cuatro primeros meses de 2020 hubo 17 ocupaciones de tierras, pero este año superaron las 130 tomas, lo que representa más de una por día.

Creo que ante el pueblo mapuche se presentan dos caminos. Por un lado, la constituyente que busca aplacar las luchas con el reconocimiento de la plurinacionalidad que no va a tener ninguna repercusión práctica concreta si no pasa por la restitución territorial. La simple mención de los pueblos en la Constitución, no modifica las cosas como ya sucedió en Ecuador y en Bolivia.

En paralelo, está el amplio proceso de recuperación de tierras rurales y semi-urbanas que viene cobrando un impulso importante, como lo confirma la reciente entrevista a Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleko, ya que ahora son muchos los colectivos y comunidades empeñadas en seguir este camino que pasa por la autonomía y el autogobierno.

Por Enric Llopis | 08/06/2021 |

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Elecciones en Perú: nace un gobierno acechado por las  corporaciones

El futuro según tres analistas peruanos si se confirma el triunfo de Pedro Castillo

Un país polarizado, un margen de victoria estrecho, minoría en el Congreso, oposición abierta de los grandes medios y una derecha que no va a querer dejarlo gobernar. 

El triunfo electoral del izquierdista Pedro Castillo, no confirmado oficialmente, pero a estas alturas prácticamente un hecho con un conteo de votos al 99 por ciento, es la victoria del Perú marginado, de los más pobres, del interior del país sobre Lima, del mundo rural andino menospreciado por las élites del país. La victoria del cambio en un país marcado por grandes inequidades. También el triunfo sobre el miedo que impuso la derecha con una masiva campaña que anunciaba “una dictadura comunista” si ganaba Castillo.

El profesor de escuela rural se encontraría con un complicado escenario, un país polarizado y políticamente muy fragmentado, un ambiente de marcada división, sin mayoría parlamentaria, con el poder económico y los grandes medios en contra. Y con una población muy golpeada por la pandemia y una grave crisis económica.

Tres analistas consultados por Página/12 examinan el escenario que se abre en un eventual gobierno del profesor y sindicalista de izquierda.

Debilidad de origen

“Lo que se viene es un escenario de conflicto. Lo más probable es que la derecha se resista a los cambios y no deje gobernar a Castillo y lo confronte. En ese escenario de agudizar el conflicto está Keiko, que busca mantener la polarización del país a partir de un conflicto abierto con Castillo para así tratar de mantener su liderazgo en la derecha después de tres derrotas electorales. Para darle estabilidad a su gobierno, lo primero que tendría que hacer Castillo es formar un gabinete plural que le baje el tono al conflicto, que tiene que ser un gabinete de centroizquierda, y como primeras acciones combatir la pandemia y reactivar la economía”, señala el sociólogo Alberto Adrianzén.

En la opinión del politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Universidad Católica, “con la élite en contra, un Congreso opositor en el que habrá sectores de derecha antidemocráticos que hablan de golpe, un duro contexto de pandemia y crisis económica, el principal reto de un gobierno de Castillo es desmontar el enorme miedo que se ha creado en su contra, y para eso debe formar un gabinete ministerial que dé confianza en el manejo de la economía. Esto no significa que sea un gabinete que se corra a la derecha, eso sería un error, sino un gabinete con técnicos de izquierda reconocidos que den confianza de un manejo serio. En el Perú los tiempos son muy cortos, si Castillo no logra rápido cierta estabilidad y control, su popularidad se desparramaría”.

Gobierno de coalición

Para el historiador y analista político Nelson Manrique “el destino de un gobierno de Castillo dependerá con qué equipo construye gobierno. Hay un conjunto de cuadros de izquierda, particularmente de Juntos por el Perú de Verónika Mendoza (coalición progresista que apoyó a Castillo en la segunda vuelta), que tienen competencia profesional y credibilidad política. Depende de Castillo aprovechar ese capital o cerrarse en un proyecto partidario de Perú Libre (partido por el que postuló y que se define como marxista-leninista) como quisiera Vladimir Cerrón (fundador y secretario general del Partido Libre). Cerrarse en un proyecto partidario sería un error. Esa decisión va a marcar cuál será el escenario y el margen de juego que va a tener su gobierno”.

Manrique considera que “existe margen” para que Castillo lleve adelante sus propuestas de cambio, como la renegociación de contratos con las empresas transnacionales. Pero aclara: “Si nos quedamos en el Congreso, llevar adelante esos cambios sería imposible, hacerlo dependerá de en qué medida Castillo es capaz de movilizar a la sociedad civil para cambiar la correlación de fuerzas con el Congreso, que no le favorece”.

Pactar o no pactar

“Castillo debe hacer un gobierno popular, que implique un cambio de modelo, para tener un Estado más redistributivo, fiscalizador, más regulador. Una especie de modelo socialdemócrata de izquierda. Si el Congreso no lo deja hacer un gobierno de este tipo, la alternativa sería el enfrentamiento”, dice Adrianzén. Sin embargo, advierte que “veo un gobierno de Castillo débil, y existe la posibilidad que en esa debilidad pacte con la derecha y modifique sus planteamientos. Eso generaría una nueva gran frustración. La posibilidad de un levantamiento popular en ese caso dependerá si hay gente capaz de movilizar esa decepción”.

Adrianzén considera que las denuncias de supuesto fraude electoral lanzadas, sin pruebas, por la derecha, apuntan a debilitar a Castillo. “Esas denuncias de fraude no creo que lleguen a desconocer los resultados electorales, pero sí buscan ensuciar el triunfo de Castillo, desprestigiarlo y deslegitimarlo para debilitarlo y así la derecha esté en mejor posición para pactar con él y domesticarlo para que modifique sus planteamientos, como hicieron con Ollanta Humala, o, si eso no ocurre, debilitarlo para tumbárselo”.

“El principal riesgo de un gobierno de Castillo enfrentado a las élites y con el Congreso en contra, es de un desgobierno y desorden, de una presidencia accidentada y probablemente corta”, advierte Dargent.

Disparen al Congreso 

“En el Perú es muy fácil que el Congreso destituya un presidente, hay una figura legal no definida para hacerlo que es la incapacidad moral, si se tienen los votos se puede usar sin mayores razones”, recuerda Manrique. Esa figura fue invocada para destituir a Martín Vizcarra.

Los tres analistas coinciden en que, si bien diversos grupos de derecha del fragmentado nuevo Congreso, que tendrá diez bancadas, hacen mayoría, no alcanzan los dos tercios necesarios para destituir al presidente. Pero advierten que eso puede cambiar.

Castillo ha levantado como su principal bandera cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori, pero el Congreso debe darle luz verde para convocar una Asamblea Constituyente y su mayoría de derecha se opone. Tendría la alternativa de reunir poco más de dos millones de firmas para convocar un referéndum para una Asamblea Constituyente. Algunos constitucionalistas dicen que esa salida no es constitucional, otros la respaldan.

“Si Castillo insiste en convocar un referéndum sin aprobación del Congreso creo sería un error que le daría al Congreso una razón para destituirlo”, dice Dargent. Adrianzén discrepa: “La Asamblea Constituyente va a ser una fuente de conflicto, pero Castillo no la puede dejar de hacer. Movilizarse para juntar las firmas para un referéndum es lo primero que debe hacer en el gobierno. Si Castillo no logra sacar la Constituyente sería una gran derrota”

Por Carlos Noriega

10 de junio de 2021

Desde Lima

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Pedro Castillo hablando a sus seguidores. Foto: Reuters

Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, se ha declarado vencedor de las elecciones presidenciales la noche de este martes. "Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica", ha dicho Castillo a sus seguidores en Lima.

 

El candidato se ha adelantado a los funcionarios de la oficina electoral, que aún no han llegado al 100% del escrutinio, y que ahora mismo cuentan las papeletas de los peruanos en el extranjero y las localidades rurales aisladas, de los Andes y de la Amazonia. Según el recuento oficial, que va ahora mismo por el 99,39%, Castillo lidera las votaciones con un 50,24% frente a los 49,75% de Keiko Fujimori. Unos escasos 84.000 votos separan a los dos.

Castillo pidió a los órganos del sistema electoral peruano que sean "respetuosos con la voluntad del pueblo peruano" porque el reporte de sus interventores, al finalizar su propio cómputo de votos, le confirma que "el pueblo se ha impuesto en esta gesta". y ha instado a sus seguidores a no caer en ninguna provocación.

"Hay ciertas zancadillas como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más, el costo del pan, del pollo, de la canasta familiar. Mentira, lo que pasa es que hay cierta incertidumbre que el pueblo ya no las cree y por eso debo decirles que acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional donde está mostrando su respaldo al pueblo", destacó.

El maestro y exlíder sindical dijo además que ha tenido reuniones con representantes del empresariado peruano, que le mostraron su respaldo, y a quienes les aseguró que tendrá "un gobierno con estabilidad financiera y económica".

Igualmente, Castillo agregó que ha recibido el saludo de "algunas embajadas y gobiernos de América Latina" por el resultado favorable en las elecciones.

Hasta el momento, restan 523 actas por ser contabilizadas, en su mayoría del voto peruano en el exterior.

A diferencia de la denuncia de supuesto fraude hecha el lunes sin fundamento por Fujimori, en la que señaló que había más de mil actas impugnadas, la ONPE indicó en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.

Investigan a cónsul peruano en EE.UU

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha abierto una investigación preliminar contra el cónsul general del Perú en Hartford (Estados Unidos), después que se filtrara un audio suyo diciendo que esperaba que ganase Keiko Fujimori en las actas que estaba transportando hacia Lima.

"Como se informó ayer, el ministerio de Relaciones Exteriores adoptó la inmediata decisión de entregar la custodia de las 56 actas en sobres sellados pertenecientes a la jurisdicción del Consulado General del Perú en Hartford, a la Cónsul general adscrita de dicha oficina, a fin de que ella las traslade a Lima y las entregue a la ONPE", precisó la cancillería.

Fujimori denunció en la víspera un presunto "fraude sistemático" en los comicios del domingo por aparentes irregularidades para favorecer a Castillo, pero esta versión fue desestimada este martes por los órganos electorales y las misiones de observación electoral que supervisaron el sufragio.

No hay fraude

Este martes, los observadores han descartado que hubiera fraude electoral como ha reclamado Keiko Fujimori. Según la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, en Perú no existe evidencia ni indicio alguno de "fraude sistemático" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y tan solo ha habido "algunos casos aislados" de incidentes que están ya siendo investigados.

El conteo sigue muy despacio desde el final de los comicios y se espera que se prolongue durante toda la jornada del miércoles, aunque no significará que haya ya un ganador definitivo, pues un tribunal electoral será el encargado de dirimir respecto a las discrepancias que surjan en las mesas de votación. Si se impugna un acta, un jurado especial tendrá un plazo de un día para dar su respuesta al respecto. Y, en último caso, si no hay conformidad hay posibilidad de apelación al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá 7 días para contestar.

La responsable de la organización, encargada de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y la democracia en el país, salió así al paso de la denuncia "infundada" emitida este lunes por la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien afirmó que hubo un "fraude sistemático" en la votación del pasado domingo.

"Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular", dijo en una rueda de prensa Fujimori, quien va perdiendo en el recuento de votos ante su rival, Pedro Castillo.

"No existe fraude. Existen tan solo casos aislados que merecen ser investigados", indicó la politóloga, al señalar que además de la falta de sustento aportada por la denuncia de Fujimori, existe la evidencia recogida por más 1.400 voluntarios de la organización que apuntan que "la votación se realizó en la absoluta normalidad".

Así, insistió: "No tenemos evidencia en nuestros reportes de que se pueda hablar de un fraude sistemático".

En ese sentido, la presidenta de Transparencia indicó que corresponde al partido fujimorista Fuerza Popular "dar cuenta de por qué usó la palabra fraude" en su denuncia y reiteró el pedido a que no se utilice falsamente en este contexto electoral, "pues no hay evidencia de que exista, y es momento en que hay que confiar en el trabajo de las autoridades, en el proceso electoral y en el respeto al voto".

"En un proceso del voto que ya es de por sí polarizado, decir fraude viene a generar zozobra. Solo hay que esperar con calma y tranquilidad los resultados", añadió.

Urrutia recordó también que, ante dichos emitidos por la candidata, como que había más de 1.300 actas electorales observadas, la realidad es que son tan solo 485, como puede verse libremente en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A juicio de la politóloga, denunciar "fraude" solo genera "desconfianza en las autoridades electorales, en el proceso en sí mismo y por tanto lleva a desconfiar de los resultados y merma la legitimidad del representante elegido".

9 junio 2021

(Información de EFE)

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Diputados votan la ley Bitcoin durante la sesión del martes en la Asamblea Legislativa de El Salvador. — Miguel Lemus / EFE

La Ley Bitcoin tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

 

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó el martes la Ley Bitcoin, que permitirá el curso legal de dicha criptomoneda, con lo que el país centroamericano se convierte en el primero en el mundo en reconocer este criptoactivo como una moneda legal de intercambio.

La iniciativa, que solo establece el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes, fue aprobada con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Arena, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar. La normativa, que fue dada a conocer por el presidente Nayib Bukele a través de Twitter, fue introducida a la sesión del Parlamento sin mayor discusión legislativa.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido "libremente por el mercado" y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal. Los usuarios de bitcoin lo utilizan principalmente como un refugio de valor a largo plazo a la espera de que su precio suba a lo largo del tiempo.

La legislación también indica que todo agente económico beberá aceptar el bitcoin como forma de pago "cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio" y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

"Mecanismo monetario volátil"

El diputado opositor Rodrigo Ávila señaló durante su intervención en el pleno que el bitcoin es "un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes". También señaló que en "varios" países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en "otros" se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin. Agregó que el bitcoin "se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida".

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que "la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos". Apuntó que "el Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción".

"A su vez, traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país (...) que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes", agregó.

El órgano Ejecutivo deberá crear el reglamento que rija la aplicación de la ley, por lo que se espera que en está queden aclarados algunos elementos que no explica la legislación, como la "convertibilidad automática e instantánea" de bitcoin a dólar. El Salvador se convierte así en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como una moneda legal de intercambio.

09/06/2021 09:38 Actualizado: 09/06/2021 09:58

EFE

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Detienen en Nicaragua a otro aspirante a presidente

Managua. El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer tras declarar ante el Ministerio Público, que abrió una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la fiscalía.

La Policía Nacional detalló que Maradiaga es investigado por realizar actos "que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares".

Además, se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de defensa de los derechos del pueblo y soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado.

La Fiscalía también investiga a Maradiaga por incumplir y haber desvirtuado los fines del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Dicha ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Congreso, junto con otras organizaciones críticas con gobierno.

El tercero en una semana

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato detenido en una semana, en el contexto de los próximos comicios del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. Maradiaga era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional.

Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario, no pertenece a ningún partido, pero sondeos indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo.

La opositora es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mientras Cruz enfrenta cargos de atentar contra los derechos del pueblo.

El arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el presidente Daniel Ortega es un "dictador", sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados por personas egoístas", en alusión a las protestas de 2018.

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