Ola de violencia callejera en Holanda contra el toque de queda

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, tildó ayer de “violencia criminal” los disturbios que convirtieron Holanda en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda entre las 21 h y las 4.30 h, la primera restricción a la movilidad que se aplica contra la pandemia desde marzo y que llega a unas semanas de las elecciones legislativas.

La Policía neerlandesa detuvo al menos a 151 personas durante choques entre los agentes y grupos de jóvenes, en la que es ya la tercera noche consecutiva de disturbios en Países Bajos.

Aunque el toque de queda en la práctica no afecta a la rutina social de un país donde se cena temprano y en el que toda la actividad no esencial está cerrada, Rutte no se había atrevido hasta ahora a restringir la movilidad y apostó siempre por apelar al “característico” sentido de la responsabilidad y la “madurez social” de los ciudadanos.

Pero ayer el país amaneció con calles llenas de cristales rotos, comercios saqueados y un hospital apedreado por los manifestantes, que incendiaron un centro de pruebas PCR, quemaron coches y contenedores, lanzaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, destrozaron bicicletas, e interrumpieron el tráfico. La policía reaccionó con todos sus medios para dispersar las protestas y utilizó cañones de agua, caballos, perros, gases lacrimógenos y porras.

Los disturbios fueron obra de grupos integrados por algunos cientos de jóvenes que se repartieron a lo largo y ancho del
país, convocando protestas a través de las redes sociales contra el toque de queda, vigente desde el sábado.

Al menos una decena de municipios se vieron afectados por la ola de violencia, en particular Eindhoven, Ámsterdam y La Haya. Se espera que la cifra de detenciones sea aún mayor porque los choques en Bolduque (Den Bosch) y Róterdam fueron especialmente violentos. También hubo movimiento en otros puntos del país, como en Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda y Tilburgo, pero la policía logró controlar la situación de forma más rápida.

El director del sindicato de la policía, Koen Simmers, teme que lo ocurrido solo sea un presagio de lo que vendrá si continúan en vigor las restricciones vigentes desde mediados de diciembre y cree que el malestar social podrá durar “días o semanas”. No se había visto una violencia similar en Holanda desde los enfrentamientos entre la policía y los okupas en los años ochenta. “En Eindhoven, la situación se fue tanto de las manos que los alborotadores han atacado con cuchillos”, añadió Simmers.

Los alcaldes y los diputados han subrayado su preocupación por la nueva noche de disturbios, la tercera desde que entró en vigor el toque de queda el sábado. El alcalde de la ciudad de Eindhoven, John Jorritsma, llamó “la peor escoria del mundo” a los alborotadores, y alertó de que, si la sociedad no está “unida contra esto (la pandemia), estaremos de camino a una guerra civil”. Al menos 55 personas fueron detenidas al final de la noche.

El alcalde de Tilburgo, Theo Weterings, condenó por “reprobable” e “inaudito” el comportamiento de los jóvenes que se dieron cita en el municipio, y subrayó que las tiendas afectadas “pertenecen a empresarios que ya lo están pasando mal” por el confinamiento. La policía detuvo a 19 personas en esta ciudad.

“Ladrones sin vergüenza, no puedo decir otra cosa. Tuvimos que amenazar con el uso de gas lacrimógeno, una medida de gran alcance, me parece triste porque nunca he tenido que hacer algo así en toda mi carrera”, respondió el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb. 

El edil de Bolduque, Jack Mikkers lamentó también lo ocurrido. “Es inaudito lo que ha sucedido esta noche. Esta gente no se da cuenta para nada del miedo, la preocupación, el daño y la vergüenza que producen a los vecinos de la ciudad. Un montón de malhechores lo arruinan todo para muchas otras personas. Somos muchos los que no entendemos nada de este comportamiento”, dijo.

El líder de la izquierda verde, Jesse Klaver, señaló a la ultraderecha por haber “incitado a la violencia” con una declaración de una facción del Partido de la Libertad contra el toque de queda, algo que el populista Geert Wilders señaló como “¡inaceptable, antidemocrático y francamente peligroso!”

Agencias

La Haya

26/01/2021 01:27Actualizado a 26/01/2021 09:01

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en septiembre pasado, en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

El mandatario canceló la conmemoración de los acuerdos liderados con éxito por la ONU y que pusieron fin a una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en el país centroamericano

 

Organizaciones de derechos humanos, víctimas de guerra, grupos opositores, intelectuales y exguerrilleros se han pronunciado contra la reciente embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra los acuerdos de paz que hace 29 años y liderados por Naciones Unidas pusieron fin a la cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en El Salvador, pero que para el controvertido mandatario son una “farsa”, un “negocio” de élites y un “pacto entre corruptos”. El viernes, un grupo de organizaciones sociales y de víctimas del enfrentamiento armado exigieron a Bukele que respete los acuerdos y mantenga el compromiso del Gobierno a favor de los derechos humanos, mientras que un centenar de académicos salvadoreños y extranjeros hicieron pública una carta en la que rechazan las declaraciones del presidente y piden respeto por la verdad y la memoria histórica.

La indignación creció en el país centroamericano el 16 de enero, cuando por segundo año consecutivo el mandatario rechazó conmemorar la firma de los acuerdos de paz, pero también ordenó a golpe de decreto anunciado por Twitter que esa fecha se convierte en un día para recordar a las víctimas del conflicto. “De ahora en adelante, por decreto presidencial, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”, escribió Bukele en la red social, su medio favorito para comunicar sus decisiones presidenciales. “Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados”, insistió.

Para Bukele “la firma de los acuerdos de paz no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos”, sino que se tradujo en “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”, en referencia a los integrantes del Gobierno de la época y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sellaron los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Ese pacto permitió poner fin a una de las más cruentas guerras que sufrió América, con episodios terribles como la masacre de El Mozote de 1981 cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño —muchos formados en la Escuela de las Américas— asesinaron a al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos) en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.

Fue precisamente en El Mozote donde Bukele expresó sus mayores críticas a los acuerdos de paz a finales de diciembre, en un acto público en el que participaron víctimas de aquella matanza. El presidente dijo que la guerra fue una farsa, así como el pacto auspiciado por la ONU. “¡Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas o ¿qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?”, cuestionó. Bukele ya había desatado una crisis política en El Salvador al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza de El Mozote, después de desobedecer una orden judicial emitida por un juez para inspeccionar los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa pobre comunidad salvadoreña.

Tras las críticas de Bukele, agrupaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto han protestado en San Salvador. El viernes, representantes de varias organizaciones sociales leyeron un comunicado en el que exigen al mandatario cumplir con las “responsabilidades” en materia de derechos humanos que dejaron los acuerdos de paz. “Existen responsabilidades fundamentales que el mandatario debe cumplir, fundamentalmente dejar de proteger a victimarios, como sucedió en la negativa de cumplir la orden judicial de acceso a los archivos militares en el caso El Mozote”, dijo David Ortiz, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Además, 107 historiadores, académicos y personalidades de El Salvador y otros países hicieron pública una carta en la que rechazan “enfáticamente” las declaraciones de Bukele. “Nos preocupa que en su calidad de presidente trate con ligereza temas tan importantes”, critican y hacen un llamado a respetar la verdad y la memoria histórica. El documento, publicado por el medio digital El Faro, lleva la firma de personalidades que participaron en el proceso de pacificación que concluyó con la rúbrica del pacto en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.

También han criticado a Bukele exintegrantes de las guerrillas, como Ana Guadalupe Martínez, quien representó en los acuerdos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los grupos cercanos al FMLN. “Prácticamente pocas familias de este país han de haber quedado sin ser tocadas, lesionadas o partícipes de esa confrontación tan larga. Por ello, no solo fue sorpresa, sino que me causó dolor, porque el presidente no tiene empatía para los cientos de miles de salvadoreños víctimas, no solo con los que fallecieron, también con los que todavía estamos vivos. Y obviamente me pareció no solo irresponsable, sino totalmente fuera de lo que podía ser la mentalidad de un jefe de Estado. Yo, dije: ‘Bueno, esa declaración retrata exactamente lo que es él, humo. No tiene nada en la cabeza”, dijo la exguerrillera en declaraciones a la cadena Focos TV.

Amanda Castro, hija de víctimas de guerra, dice que Bukele mantiene una “línea negacionista” que atenta contra la memoria histórica de El Salvador. “Es muy grave, son narrativas malintencionadas y perversas que parten de una profunda ignorancia”, afirma Castro a EL PAÍS por entrevista telefónica. “El presidente aprovecha esta fecha [la conmemoración de los acuerdos] para negar la historia. Aunque existan desafíos, no podemos negar los avances que hubo en relación con los acuerdos, porque de ellos surge una institucionalidad en el país, se crea la Procuraduría de Derechos Humanos y se supedita las fuerzas armadas a los poderes civiles”, agrega. Para Castro, el presidente salvadoreño demuestra “claros signos autoritarios y dictatoriales”, que ponen en riesgo los derechos humanos en El Salvador. “Con sus declaraciones negacionistas, burlescas, el presidente coloca otra vez al país en bandos al país, cuando los acuerdos de paz son logros de toda la sociedad salvadoreña, más allá de partidos políticos. Hay que defender esos acuerdos, que hoy las declaraciones de Bukele ponen en peligro”, concluye la también activista.

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 25 ene 2021 - 22:59 UTC

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Lunes, 25 Enero 2021 06:00

Nosotros

Nosotros

Es correcto, como han argumentado varios en la izquierda en México y otros países latinoamericanos, que Joe Biden no es un político progresista, y también que su llegada a la Casa Blanca no modificará los objetivos básicos de la política imperial de Estados Unidos. Todo progresista crítico (o sea, no liberal) en Estados Unidos está de acuerdo. Pero ese no es el punto.

Es desafortunado que algunas partes importantes (con excepciones notables) de las fuerzas de izquierda o progresistas en México y otros países latinoamericanos simplemente no han reconocido y felicitado la lucha de sus contrapartes en Estados Unidos. Aún peor, en algunos casos, han declarado que a fin de cuentas lo ocurrido políticamente en el norte "da igual" visto desde el sur. (Advertencia: aquí se repiten puntos de la columna de la semana pasada para argumentar algo muy sencillo: la lucha de los pueblos por la justicia, la dignidad y la autodeterminación en la coyuntura binacional e hemisférica requiere de la solidaridad en su sentido más amplio).

Lo que acaba de ocurrir política y socialmente en Estados Unidos no se puede entender sin poner al centro la lucha contra el proyecto neoliberal durante cuatro décadas (igual que en México y todo el hemisferio) y en particular el proyecto neofascista encabezado por Trump y sus cómplices durante los últimos cuatro años. El triunfo que se logró no se llama Biden sino la derrota de un proyecto neofascista, y con ello se abre otra etapa más de la lucha contra el neoliberalismo. Para las fuerzas progresistas estadunidenses el triunfo electoral es sólo un paso necesario con el fin de continuar la lucha para la democratización fundamental de esta superpotencia que viene de muy atrás y que aún tiene largo camino por delante.

Este triunfo se debe, en gran medida, a un mosaico de movimientos sociales progresistas en su esencia antifascistas y anti-neoliberales, incluyendo el de "vidas negras" –el movimiento de protesta social más grande de la historia del país–, diversas organizaciones latinas y de migrantes, ambientalistas, sindicalistas progresistas y toda una gama de otras expresiones, sobre todo las de nuevas generaciones. La derrota de Trump en Georgia, Arizona, Nevada y otros estados claves es fruto de estas alianzas, y son la vanguardia en la batalla contra el proyecto neoliberal. Por lo tanto, son los aliados objetivos de toda lucha contra la derecha neoliberal en cualquier parte del mundo. O sea, son más bien nosotros.

Más aún, una parte dinámica de ese movimiento está encabezado por mexicanos, centroamericanos, puertorriqueños y otros caribeños y sudamericanos, entre otros inmigrantes (como siempre a lo largo de la historia de este país). O sea, de esta manera, literalmente son nosotros.

Los que han insistido en que "da igual", ¿le han preguntado a un inmigrante mexicano o latinoamericano si "da igual" –entre el que los estaba cazando y el otro que está proponiendo legalizar a casi todos– o a los que han sido enfrentados por neonazis y otros supremacistas con bendición del gobierno anterior, o los trabajadores que fueron aplastados por la ofensiva en su contra? Obvio que Biden no es la respuesta o solución, pero no "es igual". Hitler, Franco, Pinochet y toda la lista de fascistas no eran iguales a otros políticos que colaboran en sistemas capitalistas.

Biden representa algo diferente a Trump en múltiples dimensiones, pero en torno al tema de migración, medio ambiente, justicia racial y derechos de los trabajadores es diferente no porque es buena onda, sino porque los movimientos lo están obligado a proponer y promover esos cambios en política como parte de la lucha desde abajo por la democratización a fondo del país.

La historia de Estados Unidos, incluyendo la de su relación con México y América Latina, no se escribe sólo en las cúpulas, sino por los que luchan en diferentes realidades por los mismos principios de justicia, libertad y dignidad. Eso lo entendía Ricardo Flores Magón junto con incontables más; existe una larga historia de esa solidaridad, del "nosotros" aquí y allá. ¿Cómo se nos olvidó?

Playing for Change. The Times They Are a C h anging : https://www.youtube.com/watch?v=F2NuOVgQWt8 &feature=emb_logo

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Líderes indígenas demandan a Bolsonaro ante La Haya por "crímenes contra la humanidad"

Los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen "crímenes de lesa humanidad", aseguran los demandantes.

 

Dos importantes líderes indígenas brasileños han pedido a la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) que investigue por "crímenes contra la humanidad" al presidente de país, Jair Bolsonaro, al que responsabilizan de los daños ambientales, asesinatos y persecución que se registran en la Amazonia.

Raoni Metuktire, símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonia, y Almir Narayamoga Surui, otro emblemático jefe indígena, presentaron este viernes la demanda ante el organismo. 

En su denuncia, de la que se hizo eco este sábado el diario francés Le Monde, los dos líderes nativos alegan que desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019 "la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida".

En particular, destacan que la deforestación se ha disparado "en un 34,5 % en un año, el asesinato de líderes indígenas está en su punto más alto en 11 años y las agencias ambientales han colapsado o han hecho frente a amenazas", recoge AFP

"Peligro directo para toda la humanidad"

"Esta situación, la más dramática de los últimos 10 años, es resultado directo de las políticas de Jair Bolsonaro", quien quiere "levantar todas las barreras para saquear las riquezas de la Amazonia", sostienen los demandantes, que consideran que los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen "crímenes de lesa humanidad".

La destrucción de la selva amazónica es un "peligro directo", no solo para los brasileños, "sino para toda la humanidad", alertan los líderes indígenas.

El Gobierno de Bolsonaro ha propuesto una legislación que relajaría las restricciones en las regiones amazónicas para la minería comercial, la extracción de petróleo y gas y la agricultura a gran escala.

La demanda, de unas 50 páginas, es la segunda presentada contra el mandatario brasileño ante este organismo desde el pasado mes de julio, cuando el personal sanitario de Brasil pidió al tribunal una investigación contra Bolsonaro por "crímenes contra la humanidad" por su gestión de la pandemia del coronavirus.

Publicado: 23 ene 2021 22:27 GMT

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Parlamento de Honduras aprueba ley que prohíbe el aborto

El proyecto, aprobado este jueves, prohíbe de forma absoluta el aborto en Honduras. En medio de la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina y el resto de Latinoamérica, los antiderechos y conservadores no se han hecho esperar, e impulsan ataques y trabas prohibiendo la legalidad del aborto, no así su clandestinidad.

 

En Honduras, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años. Este dato consolida al país en los primeros puestos de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina. Aun así, el pasado jueves fue aprobado por el Parlamento el proyecto de ley que prohíbe de manera absoluta el aborto. Este proyecto introduce a Honduras dentro del grupo conformado por El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Suriman, como los países de la región que prohíben en todas sus formas el aborto.

Este proyecto viene a fortalecer el artículo 67 de la Constitución de Honduras, que instituye que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”.

Dicho proyecto fue presentado por el vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, quien es diputado del partido en el gobierno. Además, fue discutido solamente en dos debates virtuales, a pesar de la exigencia de organizaciones de mujeres por el derecho a decidir y contra la criminalización del aborto, como Somos Muchas, de que fuese discutido en tres debates.

El movimiento de mujeres en Honduras afirma que este proyecto es un “acto condenable”, y que “la cárcel no previene embarazos no deseados. Es una medida injusta y desproporcional”. Además, catalogan este proyecto como un retroceso, pues está “bloqueando el acceso a abortos seguros”. Sin embargo, existen varias iniciativas que pretenden la despenalización del aborto en tres casos: riesgo de vida de la mujer o persona gestante, inviabilidad fetal y violación.

Este proyecto es un ataque más contra el derecho a decidir, ya que, en Honduras, el aborto es penalizado en todas sus formas desde 1997, lo que ha conllevado al encarcelamiento de mujeres. Además de la penalización del aborto, la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos, especialmente en zonas rurales, así como la prohibición de venta, uso, distribución y compra de anticonceptivos de emergencia y su penalización con cárcel, son factores que contribuyen a la alta cantidad de embarazos forzados, dentro de los que se destacan los embarazos en adolescentes. En este ataque al derecho al aborto han tenido gran influencia los grupos religiosos, injerencia que las organizaciones de mujeres catalogan como “perjudicial en cuestiones de salud pública”.

Organizarnos para exigir y hacer posibles nuestras demandas

La legalización del aborto en Argentina, dio un empuje a las demandas del movimiento de mujeres en varios países de Latinoamérica. La marea verde en Argentina se ha extendido en la región, siendo un ejemplo de que, si nos organizamos, podemos ganar. Tanto en México como en Chile, el movimiento de mujeres ha retomado con fuerza sus demandas por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, pese a la negativa de sus gobiernos.

La otra cara de la moneda es que, ante la fuerza del movimiento de mujeres internacional, los grupos conservadores y antiderechos han dado respuesta; es decir, estos grupos se encuentran activos y empujan ataques contra nuestro derecho a decidir. Tal es el caso del proyecto de ley aprobado en Honduras. En Costa Rica, los grupos antiderechos, avalados por el gobierno y la Asamblea Legislativa, impulsan el proyecto de ley de adopción anticipada y el derecho de la persona no nacida.

Como movimiento de mujeres internacional, es necesario sacar la conclusión de que es la movilización en la calle lo que podrá garantizar nuestras demandas. En su lugar, hay que organizarnos para ganar, como movimiento de mujeres es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito y avanzar junto con la clase trabajadora para luchar contra toda forma de opresión y explotación.

Solamente dando la pelea en las calles, como movimiento de mujeres, junto con nuestros compañeros de clase, es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Además, es necesario dar en conjunto la pelea por la separación real de la(s) Iglesia(s) y el Estado. Hay que garantizar que la marea verde barra con los dinosaurios y quienes negocian con nuestras vidas y nuestros derechos.

Por Fernanda Quirós

Viernes 22 de enero | 15:13

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Decenas de miles de rusos salen a la calle por la libertad de Navalni.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía y hubo 1.294 detenidos

 

Las autoridades rusas detuvieron durante las protestas de este sábado en apoyo al líder opositor Alexéi Navalni a 3.296 personas en 122 ciudades de Rusia, informó hoy el portal OVD-info.

En las anteriores protestas anticorrupción convocadas por Navalni el 12 de junio de 2017 fueron arrestadas 1.769 personas en más de 150 ciudades rusas, recordó el portal Meduza.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía, hubo 1.294 detenidos y en San Petersburgo 489.

Las protestas fueron convocadas por el equipo de Navalni para exigir su libertad y la dimisión del presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder opositor se encuentra en estos momentos encarcelado a la espera de juicio, por haber presuntamente violado las condiciones de su pena suspendida dictada en 2014, que podría convertirse en una pena de cárcel real de 3,5 años.

A diferencia de protestas anteriores, que apenas trascendían de las dos principales ciudades rusas, las manifestaciones se registraron por todo el país, siendo las más activas Novosibirsk, Voronezh, Nizhni Nóvgorod, Kazan y Jabárovsk.

El equipo de Navalni calificó estas manifestaciones como las "mayores de la historia rusa contemporánea". "Fue una protesta a escala de todo el país. Le mostramos a Putin nuestra fuerza", afirmaron los seguidores del opositor, al convocar a nuevas manifestaciones para el próximo fin de semana.

Según los opositores, la jornada del sábado significó "una victoria del valor y el espíritu sobre el terrorismo de estado".

El equipo de Navalni llamó a sus seguidores a no dejarse amedrentar por "los propagandistas" del Estado y prometió reembolsar las multas impuestas por las autoridades. 

EFE
Moscú

24/01/2021 09:30

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«El progresismo latinoamericano no es un proyecto acabado»

Entrevista a Álvaro García Linera

 

Álvaro García Linera es un reconocido intelectual y exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (2006-2019) acompañando a Evo Morales. Siguiendo la línea de anteriores entrevistas en este espacio, se conversa en esta charla (previa a la rotunda victoria del MAS en las recientes elecciones presidenciales bolivianas) por la exitosa experiencia de desarrollo nacional y social del “Proceso de Cambio”, logros y obstáculos de las nacionalizaciones de recursos estratégicos y la apuesta por la industrialización de los mismos. También, acerca de los alcances del poder estatal y las perspectivas pospandemia

APU: Para empezar, haciendo un balance de los 14 años del «Proceso de Cambio Boliviano» se ha destacado el éxito económico del modelo con respecto al resto de los gobiernos progresistas o nacional-populares. ¿Cuál diría que fue la clave o la fórmula para el gran desempeño económico articulado con una importante presencia estatal de carácter plebeyo?

Álvaro García Linera: Yo diría que hubo al menos unas 3 medidas concéntricas para ello. La primera: la nacionalización de las actividades económicas de alta rentabilidad, que le permitieron al Estado disponer casi instantáneamente de un excedente económico: hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. No son áreas deficitarias, sino que generaban excedentes que se iban afuera. Cuando logras con esta medida retener el excedente económico, lo que haces es inyectarlo en el país para que eso dinamice la economía, vía distribución de recursos, inversiones públicas, mejora de la educación, etc. Esta retención del excedente fue clave.

Un segundo elemento fue dinamizar el mercado interno, porque éste está vinculado a pequeños productores que son la mayoría en mi país: agrícolas, urbanos, artesanales, pequeños comerciantes. ¿Y esta dinamización del mercado interno cómo la logras? Distribuyendo la riqueza: bonos, ayuda a la gente más necesitada, elevando el salario; y entonces en los sectores populares la gente gasta casi el 50% de su salario en comida, y luego también en servicios básicos, transporte, telecomunicaciones, educación.

Tuvimos un incremento sostenido del salario mínimo: pasamos de 52 a 306 dólares en una década, fue fundamentalmente dinero que regresaba otra vez a la economía. Alguna parte se ahorraba, pero para alquilarse un mejor cuarto, comprar o mejorar la casita, etc. Alguna gente evidentemente se compraba el smartphone o el televisor plano, y por supuesto ha habido una parte de dinero que se ha ido hacia el extranjero, pero cuando uno ve la estructura de gastos ello nunca rebasaba el 15% de los ingresos y exageradamente en sectores más acomodados hasta el 20%. El resto quedaba en dinámica de consumo interno. Y esto no significa aislarnos del mundo, claro está. Aprovechamos además las oportunidades de exportación, de hecho, se multiplicaron las exportaciones en esa década, casi por 4 veces en las áreas donde nos iba bien.

Hemos sacado así al 30% de la población de la pobreza extrema en una década. Es un récord continental en tan poco tiempo. Todos los países han avanzado en eso, pero Bolivia, no en número sino en porcentaje, ha sido el más acelerado en ello. Eso representó gente que consumía más, dinamizando el mercado interno, lo cual te permitía una expansión de la economía al margen o no tan dependiente de los precios internacionales. Se dice que crecimos porque era el boom de los commodities, sin embargo, desde el 2014 cuando caen los precios del petróleo, gas, soya, el crecimiento boliviano se sigue manteniendo en el 5%, por esta fuerza del mercado interno (con esos commodities elevados llegamos a tasas de crecimiento del 7%).

APU: ¿La tercer medida cuál fue?

Álvaro García Linera: Lo tercero que hicimos fue controlar el sector financiero. En dos sentidos: ponerle unos impuestos muy elevados, de hasta el 50% de sus ganancias, y luego obligarlos por ley a que un 60% de los flujos financieros y créditos vayan a producción y vivienda, a una tasa regulada del 5%. El restante 40% podían prestarlo para el comercio, para especulación financiera, no nos hacíamos problemas. Si querías préstamos para comprarte un automóvil podías hacerlo, pero las tasas iban al 12/14%. Eso dinamizó el consumo de insumos locales en la vivienda, contratación de fuerza laboral o para la producción agrícola o para la producción artesanal. Esto es muy importante, porque encima se dio un incremento en el ahorro interno boliviano en este periodo: llegamos en 2005 con un ahorro interno en los bancos de 2.700 millones, y al año pasado era de 27.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 10. 

Si bien hay más elementos, yo creo que la combinación de esos tres factores fue lo que nos permitió que la economía creciera muy rápidamente, y tuvieron una sostenibilidad en el tiempo, aún a pesar de las variaciones de los precios internacionales. Una otra cuarta, que no deberíamos olvidar, es la bolivianización de los ahorros, porque eso también te permite políticas monetarias. En Bolivia, el dólar era casi como la moneda de uso corriente. Tú podías comprar electrodomésticos, una cantidad elevada de harina o de arroz, eso es muy grave, porque tu Banco Central no puede controlar el flujo de los dólares. En cambio, mediante incentivos logramos que la gente fuera ahorrando en bolivianos, que el Banco Central aparezca como el que regula los flujos monetarios del país. Pasamos de un 30% de ahorro en bolivianos y 70% en dólares en 2005, a un 95% de ahorro en bolivianos y un 5% de ahorro en dólares, porque premiabas al ahorro en bolivianos y lo castigabas en dólares. No fue fácil, pero se fue avanzando para que después de una década el peso boliviano fuera sólido, fuerte, y eso le permite al Estado intervenir, ya tienes una nueva herramienta de regulación de la economía.

APU: Y en relación con la nacionalización de los recursos estratégicos -o bienes comunes- en Bolivia y la apuesta por la industrialización, en una economía por demás primarizada, ¿qué alcances y limitaciones, dificultades, complejidades, se encontraron en esta apuesta por la industrialización, la diversificación y la complejización productiva?

Álvaro García Linera: Fue gradual. Cuando llegamos al gobierno teníamos que el 40% del PBI estaba en empresas extranjeras. Brasil tenía el 25%, era casi el dueño de la cuarta parte de Bolivia con Petrobras. Aparte de que eso significa que tus excedentes económicos se externalizan, se van afuera, los saberes productivos, los conocimientos técnicos, están en otras manos. Las propias universidades públicas no se encargaban de dar formación en hidrocarburos, ni minería ni agricultura, porque eran sectores devaluados. Debías tener tu maestría o doctorado en el extranjero, o ser contratado por una empresa extranjera o ser del extranjero. Entonces, la mayoría de las actividades productivas, no de la construcción sino de la gestión, de la administración, de la planificación, estaba en manos extranjeras.

Hubo un período de hueco cognitivo en la sociedad boliviana. Recuperarse de eso no fue rápido. Una primera labor que tuvimos, cuando se nacionalizaba una actividad, y luego de remover a los gerentes y accionistas, fue sostener al área administrativa y científica privada, con los mismos salarios durante un tiempo, ofreciéndoles que se quedaran en el Estado y formando rápidamente un grupo de personas en distintas áreas que fueran sustituyendo estos conocimientos.

En telecomunicaciones no nacionalizamos todo, porque es un sector muy dinámico, muy competitivo, y corres el riesgo de simplemente apoltronarte en el monopolio de las telecomunicaciones. Entonces, de ahí la idea de que haya habido empresas privadas con las cuales la empresa estatal competía. De hecho, nacionalizamos cuando ENTEL tenía el 45% de los clientes y al día de hoy tiene 45/47% de clientes. Eso significa que ha permitido mantener la fidelidad de sus clientes a pesar de que los privados, supuestamente más dinámicos, podrían ofrecerle mejores cosas (o no…). También el Estado fue dinámico y pudo volverse mucho más competitivo en áreas de rápida renovación tecnológica.

APU: ¿En qué medida se logró desarrollar capacidades nacionales, productivas, científico tecnológicas, estatales e institucionales para la transformación de la matriz productiva?

Álvaro García Linera: Al principio, los primeros años no hubo reacción del sector académico, y recién para la segunda gestión, al cuarto año, comenzaron nuevamente a reabrirse las carreras de ingeniería, en minerales, etc. No había una sola carrera de hidrocarburos en Bolivia y somos un país hidrocarburífero desde 1920… Se han abierto por todos lados carreras de hidrocarburos, petroquímica, etc.

Y luego, para los procesos de industrialización, por ejemplo, en hidrocarburos, hemos tenido que construir una planta de separación de líquidos, una planta de reconversión del gas en GNL para llevar el gas congelado a las comunidades más alejadas, la planta de urea, la planta de plásticos. Se ha tenido que contratar tecnología extranjera, con recursos del Estado. Se ha hecho una licitación pública para contratar empresas que tuvieran la tecnología, en medio de la observancia de los conocimientos del personal boliviano.

A la vez, en paralelo abrimos un concurso de becas en las áreas en las que creíamos que íbamos a trabajar mucho -minería, telecomunicaciones, hidrocarburos, litio-, de tal manera que el Estado pagaba maestrías y licenciaturas en áreas científicas a cualquier estudiante boliviano que quisiera estudiar en cualquier universidad del mundo. En ciertos casos, en negociaciones con empresas extranjeras -por ejemplo, con Samsung-, pactábamos que nos construían la planta de urea, pero como parte del contrato había 200 estudiantes bolivianos que se iban a Seúl por 3, 4 años a estudiar en la gestión de ese tipo de planta. Cuando los estudiantes daban los exámenes y lograban entrar en una universidad extranjera en estas áreas, nosotros corríamos con todos los gastos de ese joven: transporte, alimentación, estadía. La beca la daba el Estado para sacar la titulación, y el compromiso era trabajar luego para el Estado al menos por 5 años.

APU: El desarrollo en el litio fue muy importante, no?

Álvaro García Linera: Tuvimos que comenzar casi de 0, porque allí tomamos una decisión en 2008 de que íbamos a tener el control de toda la cadena. Tuvimos que comenzar con baldes en galpones en Uyuni, al estilo de como uno se imagina los inventores del siglo XIX, y de ahí comenzó el proceso de la extracción una vez que se encontró el método boliviano (porque cada salmuera tiene distintos componentes de otros minerales en cada salar del mundo). Una vez que hicimos eso en el laboratorio con ingenieros bolivianos, que algo sabían del área evaporítica, luego hicimos la planta artesanal, luego piloto, luego industrial, y luego de ahí ya comenzamos otro tipo de derivaciones: carbonato de litio al 99% y de ahí a las baterías.

De manera que después de 10 años ya tuvimos todo el proceso de nuestro lado, y ahí ya a los procesos de industrialización, es decir, la conversión de litio a batería para los carros, nos lanzamos a hacerlo con empresas extranjeras: fundamentalmente por el mercado, porque tenías que lograr que las empresas de automóviles nos compraran, por ejemplo, 100.000 baterías. Entonces nos asociamos con los alemanes, pero ya en la parte final y sobre los derivados del litio. Porque también, por Constitución ninguna empresa extranjera puede entrar al salar. Una vez que se ha extraído la materia prima, por fuera del salar puedes tú procesarla. Tomamos esa decisión porque justamente con esto es lo que nos encontrábamos cuando queríamos industrializar el litio, las veces que fuimos a Corea, Alemania, Japón, EEUU, para buscar los apoyos, comprar tecnología, hacer acuerdos para la extracción del litio. Nos decían “nosotros hacemos todo, dividimos 50% ustedes, 50% nosotros, pero la planta es nuestra”. En Uyuni, aparte del litio hay otras cosas más, gran parte de las cuales no conocemos aún. Entonces dijimos: sacamos la salmuera, extraemos y se vuelve a reinyectar al salar, a la espera de tener tecnología para otras cosas. Lo que ellos querían es controlar ese proceso en el salar, nosotros dijimos no. En el salar nosotros, y para afuera asociados, con quien sea, especialmente en el ámbito de la producción y comercialización de las baterías.

Eso ha permitido de la nada ir creando toda una empresa nacional de evaporíticos que está a cargo ahora ya de 4 laboratorios, 2 industrias grandes -de cloruro de potasio y de carbonato de litio- y se estaba planificando un total de 42 industrias pymes alrededor del salar, de usos y procesamientos de derivados de litio. Ya hay 5 y tenían que irse construyendo gradualmente el resto, con personal propio, científicos propios. Tienes una estructura fuerte con muchos recursos (tenías… ahora está todo paralizado). Y alrededor de ello han comenzado a surgir las carreras universitarias. Pero como no había experiencia en evaporíticos, muchas de esas carreras universitarias están asociadas a otras partes del mundo: Holanda, China, etc. Se tiene que ir armando gradualmente, porque gente que pueda enseñar sobre eso hay los que han trabajado con nosotros, no hay una estructura académica paralela independiente que se hayan formado, porque es muy reciente, apenas de una década. Pero eso es un buen comienzo, ya hay 2 carreras de estos recursos evaporíticos en Bolivia vinculadas a otras universidades, para dar otros tipos de cursos. O sea, aquí tienes toda una gran veta. No ha sido algo fácil, es complejo y dependiendo cada área se ha tenido que actuar en función de las circunstancias.

APU: En torno a los márgenes de acción que tuvieron desde el Estado, ¿cuánto de lo planeado pudieron llevar a cabo y qué grado de limitaciones, obstáculos y resistencias se encontraron?

Álvaro García Linera: Es claro que desde el Estado no tienes todo el poder. Pero lo que sí tienes es capacidades de influir, selectivamente, en los demás núcleos de poderes (territoriales, políticos, económicos, etc.). El poder estatal tiene eso: es el monopolio de los monopolios. Ahora, según cómo utilizas ese monopolio va a depender cómo va a ir tu proceso. Te pongo el ejemplo de la nacionalización: quieres nacionalizar hidrocarburos, eso va a tener un efecto inmediato: va a hacer que todos los personajes se vayan, se paralice la actividad. Tienes que pensar cómo haces para funcionar luego. Luego, la más complicada: te hacen inmediatamente un juicio. Tú tienes tu derecho soberano para nacionalizar, pero ellos tienen su derecho a ampararse y a proteger sus inversiones demandándote. Puedes tardar un año, dos, pueden embargarte tus reservas internacionales guardadas en el extranjero.

¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, revisemos antes los papeles. Toda empresa cometió algún error, siempre, por definición. Te agarras de ese error, lo judicializas, por los efectos del incumplimiento más sus multas son, ponte, 200 millones de dólares, frente a los 350 que pretenden ellos. Y sé que voy a encontrar más problemas que generarán más juicios. Y entonces negocias la indemnización. Eso hicimos con hidrocarburos, con ENTEL, con todo.

APU: Por otro lado, ¿hubo una desmovilización o reflujo social popular en el proceso boliviano en los últimos años previos al golpe de Estado? ¿Se fue erosionando o disolviendo el enraizamiento del Estado en los movimientos sociales durante el último tiempo de gobierno del MAS?

Álvaro García Linera: Para empezar, hay que decir que los momentos de ascenso social de los sectores populares y plebeyos no es perpetuo ni permanente, sino por oleadas, y eso es normal en la historia de las sociedades. Después de las grandes luchas y movilizaciones, los grandes hechos que cambian las sociedades, la gente regresa a su mundo cotidiano, y esos reflujos son normales. Y es clave allí cómo en la cresta del proceso de movilización social logras cristalizar como derecho, institución, experiencia colectiva, sentido común del mundo, esas luchas.

Hubo en Bolivia una convocatoria a sectores que protagonizaron las luchas para hacerse cargo de niveles importantes de conducción del Estado, y eso significó no solamente una modificación de un nivel de conducción fundada en diferencias políticas, sino también fundada en diferencias étnicas y racistas. Fue la plebe entrando al Estado: sectores que habían sido excluidos durante décadas, hasta siglos. Ha sido muy evidente, en espacios que eran reservados totalmente para sectores de clase media, profesionales con cierto apellido, con cierta notoriedad social y con larga tradición de vinculación al Estado como proveedores, consultores, etc. Fue un hecho de democracia. Eso ha ido en contra de la lógica falsamente meritocrática, en un medio en que estaba segmentado clasista y étnicamente.

Ahora bien, en este escenario, ¿que comenzó a darse? Tanto en el período de reflujo social de la gente a lo local como de renovación clasista y étnica de la composición de la administración del Estado. Sindicatos y organizaciones sociales que ya no habían atravesado este periodo de lucha, de forja en la adversidad, frente a los gobiernos, a la empresa, y en la medida en que la mayor parte de las demandas sociales de la gente de base no necesitaban la fuerza de la confrontación frente al gobierno para ejecutarse -incremento salarial, vivienda social, mejora de la infraestructura, etc.

Se comenzó a tener recursos para ir cumpliendo esas demandas y ello llevó a un relajamiento también al interior de la sociedad civil entre los niveles de dirección y las bases, un proceso de distanciamiento. No diría burocratización, en el sentido de que son los mismos. Al contrario, tiene una excesiva rotación, en esa lógica de que no se permite que se establezca una capa burocrática que tape los poros de una base movilizada. Es muy democrático, pero tiene sus efectos en el ámbito de la cohesión de la estructura organizativa y es lo que ha pasado recientemente. Los niveles de dirección, de un nivel bajo-medio para arriba han entrado en una dinámica ya no tanto de la organización, la lucha, la formación, porque no había necesidad de la confrontación frente al gobierno. Se entró en una disputa por la ocupación de los cargos públicos. La organización social ha devenido en un mecanismo de apuesta a la ocupación de cargos públicos y por lo tanto de movilidad social de personas del pueblo, como un ascensor de movilidad social.

APU: Entonces, empezaron las movilizaciones opositoras…

Álvaro García Linera: Si no tienes grandes problemas eso funciona, en una sociedad que se ha estabilizado, que se mantiene con crecimiento, no hay necesidad de grandes confrontaciones, que tiene un gobierno que está muy atento, en consulta. Evo se reunía con el ejecutivo nacional y luego con el departamental, provincial, de barrio. Tenía por día 10 reuniones, todos los días. Cuando se contabilizó, había tenido cerca de 15.000 reuniones frente a 80 aprox. de los presidentes anteriores. Una locura, imposible de comparar. Entonces, las grandes demandas sociales podían ser canalizadas directamente frente a la presidencia. Pero las organizaciones sociales, de ser actores de lucha social y de conversión de la fuerza numérica en voto (en los años 2000-2010), devinieron menos en organización y lucha, y más de conversión de la fuerza numérica en voto y mecanismo de movilidad social.

Cuando en 2019 hubo que defenderse, para movilizar en función ya no del voto sino de la resistencia, se expresaron estos problemas. Había que mostrar la fuerza de masas frente a esta movilización de sectores de clase media tradicional, que no eran masivas, pero sí persistentes. Una fuerza de masas que demuestre tu convocatoria y legitimidad, no para enfrentarse sino simplemente para defender. Pero no la tenías, no había vínculo orgánico. Cuando entran los militares es lo que cambia. Si no se hubiera dado un momento donde una de tus instituciones -el monopolio de la coerción- se da vuelta podías mantenerte así 5 años más, pero la debilidad de esto es que no funciona en momentos de tensionamiento.

Entonces, ¿qué lecciones sacamos más en lo conceptual? Un gobierno progresista tiene dos ámbitos de gobernabilidad: la legitimidad electoral y el parlamento, y el ámbito de la calle. No puede dejar de tener su brazo de gobernabilidad en la calle, por muy tranquilo que se esté. Las derechas han salido a disputar la calle, por más que no tengan tu fuerza.

Por otro lado, parte de esas clases medias que se enfrentaron con nosotros y nos interpelaron con el tema de la democracia, tienen que ver con un vacío que dejó el Proceso de Cambio en el mundo de formación de la cultura (en las cátedras, los medios de comunicación, etc.), un problema de relevos. Más aún en Bolivia, donde lo que se discute en las universidades influye mucho en el ámbito familiar. Hay una sobrevaloración de la educación como mecanismo de ascenso social: tiene una función cuasi sagrada lo educativo, la autoridad del profesor, en el mundo popular, imaginado como medio de ascenso social -aunque luego ello no se dé tanto en la realidad.

APU: La última: en tiempos de crisis civilizatoria que la pandemia manifestó crudamente, ¿qué mito movilizador, horizonte utópico, te imaginas que puede funcionar para las fuerzas populares o progresistas y el pensamiento crítico?

Álvaro García Linera: La clave de la época no es tanto la existencia del mito movilizador sino la ausencia de mitos. El neoliberalismo, la globalización, también en su tiempo el socialismo, representaron mitos. Y la clave de este tiempo es la evanescencia, resquebrajamiento de los mitos. Eso puede ser bueno porque veníamos de un mito dominante muy poderoso: el globalismo como ideología. Una cosa es el hecho material, que está ahí y seguirá funcionando, pero como ideología, esperanza en torno al cual uno dirigía todas sus expectativas, esfuerzos, apuestas de vida, eso comienza a desvanecerse. Y lo que tienes ahora es incertidumbre. La cualidad de la época es la incertidumbre.

Reivindico este momento de incertidumbre estratégica porque es un momento de creatividad a nivel mundial, como lo fue en los años 2000 en América Latina. Solamente que surge y se elabora en ese laboratorio donde habrán de surgir, pelear los futuros mundos, unificadores de expectativas, de identidad. Desde el lado conservador, salvacionista religioso, tienes ahí la Biblia entrando al palacio en Bolivia, o Camacho diciendo que quería que Dios gobernara en Bolivia.

Aparecen también salidas más progresistas, que todavía no tienen forma. El progresismo latinoamericano en cierta manera fue un adelanto, un preámbulo de lo que ha sucedido, y adelantó cosas que ahora se discuten: mercado interno, distribución, mayor participación. Con sus problemas, sus dificultades, por supuesto. Pero no es un proyecto agotado: no ha fallado por agotamiento, sino que lo interrumpieron y bloquearon. Por supuesto que puede persistir y renovarse.

Hay una diversidad de propuestas -progresistas, centristas, más radicales- para enfrentar esta crisis, pero ninguna tiene todavía la cualidad unificadora de mito, a excepción del progresismo latinoamericano, que se implementó y ha dejado huellas, lo cual posibilitó recuperar ciertos gobiernos. En otras partes las propuestas progresistas todavía están a nivel de laboratorio de academia, son de grupos de amigos, conocidos que se leen sus libros. Pero todavía no hay un mito unificador, universal, planetario.

Creo que se ha abierto en esta década un debate en torno a esta incertidumbre de cuál es nuestro destino imaginado. Somos seres de creencias, necesitamos una creencia movilizadora a la cual aferrarnos, luchar, hacerse perseguir, sacrificar esfuerzo. Para las fuerzas de izquierda es un gran momento, hay que bregar para que la idea fuerza que alumbre el orden sea la progresista y no la conservadora. Que supere las dificultades de la experiencia previa, que vaya más allá de lo que se hizo en la última etapa y también de lo que se pensó en el siglo XIX. No está nada dicho, no hay saberes legítimos ni hay modelos a imitar, ni autoridad a la cual seguir y obedecer en este debate. Entonces es un momento de mucha creatividad, pero esta incertidumbre de época tiene que cerrarse. La gente no puede estar mucho tiempo en incertidumbre, es desesperante.

Son tiempos que no duran mucho, son cortos en la perspectiva de la historia social en que tiene que dirimirse de una u otra manera un tipo de esperanza, creencia movilizadora. Como idea inicialmente, pero engarzada en la gente, los jóvenes, estudiante, la calle. Es un momento que nos demanda creatividad y vinculación para que las ideas se vuelvan hecho material.

Por Julian Bilmes | 23/01/2021

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Sábado, 23 Enero 2021 06:09

Los facilitadores

Los facilitadores

La banalidad del mal. Arendt ofreció un reportaje al New Yorker sobre el juicio al criminal Eichmann. Ahí se refiere al hecho de que Eichmann, culpable de crímenes que llevaron al exterminio de millones de seres humanos, no era un monstruo desequilibrado, sino un burócrata mediocre celoso del cumplimiento de las órdenes de sus superiores y, sobre todo, de quien consideraba el origen de todas las órdenes legítimas, Hitler mismo. Hannah Arendt se refiere al vacío intelectual y moral de Eichmann, al hecho de que su incapacidad para hablar de manera coherente durante el juicio estaba íntimamente conectada con su incapacidad para pensar desde la perspectiva de los demás.

El mal. Arendt sentencia que el mal proviene de una falla para pensar. Eso es a lo que se refiere cuando habla de la banalidad del mal. No que el mal sea insignificante, sino al contrario, porque aparece realizado por gente normal y mediocre y no sólo por gente desequilibrada, tiene efectos más devastadores. No se trata de exculpar a criminales, sino entender la manera como el mal puede extenderse si no hay contrapesos sociales, resistencia y denuncia explícita.

Trump. Ya se fue. Pero queda un segmento de la población que existe desde hace mucho tiempo, pero que con la globalización y la crisis de los opiodes en Estados Unidos adquirió mayor presencia y militancia. Aunque se trata de un conjunto abigarrado donde convergen una infinidad de grupúsculos, tienen varias características en común: racismo, misoginia, homofobia, religiosos fanáticos vinculadas a alguna de las múltiples iglesias evangélicas, adictos a todo tipo de narrativas conspiratorias y poseedores de armas. Blancos supremacistas que no sólo se sienten superiores a otras razas, sino son agresivamente opositores a todas las minorías étnicas, sociales y culturales. Sufren en común algunos agravios: desplazados del estatus económico de clases medias y víctimas de distintas formas de drogadicción que terminan por afectar en conjunto su esperanza de vida y sus condiciones de salud. Se sienten, además, menospreciados por la población urbana que habita en las costas este y oeste de Estados Unidos.

La política del ressentment. Ese conjunto de sentimientos y fobias ligadas al resentimiento y al rechazo a lo diferente, fue ampliamente utilizado sobre todo por políticos del Partido Republicano, que buscando ganancias a corto plazo lograron canalizarlos en el ámbito electoral. Empero, fue Trump quien logró articular a ese abigarrado conjunto a través de dos movimientos estratégicos. Por una parte, su éxito en la primarias republicanas y luego su triunfo en 2016 le permitieron conquistar la dirección política del Partido Republicano. Logró expulsar literalmente a los republicanos ortodoxos del tipo de la dinastía Bush y dominar a las fracciones republicanas en ambas cámaras legislativas. Por otro parte la narrativa MAGA –siglas en inglés del lema hacer América grande otra vez– proporcionó la argamasa ideológica para unificar a esas masas inconformes, a través de medios electrónicos favorables como la cadena Fox y otras, y redes sociales vinculadas con la extrema derecha.

Los enablers. Así como continúan presentes los síntomas de una sociedad dividida expresados en un sector muy amplio del electorado –no olvidar que más de 73 millones de electores votaron por Trump–, también están presentes aún los facilitadores del discurso excluyente y racista de la derecha estadunidense. El más notable desde el Partido Republicano fue el líder del Senado, Mitch McConnell, quien se pasó ocho años torpedeando las iniciativas presidenciales de Obama. Desde los medios fue sin duda Rupert Murdoch –el dueño de Fox News–, la nodriza del fenómeno Trump usando a sus comentaristas mas significativos como Sean Hannity. Esos facilitadores cargan una gran responsabilidad en el daño que han infligido Trump y sus seguidores en Estados Unidos y en el mundo.

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Twitter: gusto47

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¿Dispersión, polarización o repolarización? El panorama electoral ecuatoriano

El 7 de febrero, Ecuador elegirá al sucesor de Lenín Moreno, un gobierno marcado por la incompetencia y la corrupción. Las encuestas muestran que tres opciones pueden llegar a la segunda vuelta: el correísmo, representado por el joven Andrés Arauz, que promete un futuro ya vivido en el pasado; el empresario Guillermo Lasso, con un discurso neoliberal; y el dirigente indígena Yaku Pérez, que de manera sorpresiva tercia entre los otros dos con un discurso ambientalista y de referencias ancestrales.

 

Las elecciones locales de marzo de 2019 en Ecuador batieron un récord en el número de candidatos: los más de 80.000 aspirantes eran casi el triple de quienes se presentaron en las elecciones locales cinco años antes. Las presidenciales previstas para el 7 de febrero de 2021 ya tienen su propio récord: 16 candidaturas, el mayor número desde la formación de la república en 1830. La dispersión ha sido la marca dominante en el sistema político que legó la implosión del partido Alianza País, una vez que la descollante figura de Rafael Correa abandonara el país y dejara tras de sí un reguero de denuncias, juicios y condenas por corrupción. 

La razón es fácil de comprender. El desbande del partido que dominó el escenario electoral ecuatoriano por una década alienta el cálculo de que casi cualquiera puede ganar las elecciones en medio de la confusión. Entre 2007 y 2017, el predominio del partido conducido con mano de hierro por Correa presionaba a la unidad de sus opositores, ya que en los lugares donde las candidaturas se multiplicaban el partido dominante podía arrasar como primera minoría. Incluso allí donde las coaliciones eran imposibles, los votantes tendían a alinearse ampliamente a favor o en contra del gobierno. Era el conocido escenario de la polarización: las terceras opciones quedaban marginadas, sea por los políticos, sea por sus seguidores. 

Un ejemplo. La coalición de izquierdas opositoras al gobierno de Correa, que presentó dos candidaturas unitarias en 2013 y 2017, se encuentra ahora dispersa en cinco candidaturas diferentes: Gustavo Larrea, por Democracia Sí; Paúl Carrasco, por Juntos Podemos; Xavier Hervas, por Izquierda Democrática; Yaku Pérez, por Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik; y César Montúfar, apoyado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). El mismo panorama de dispersión se constata entre los pedazos que todavía se mueven del antiguo Alianza País: al menos cuatro candidaturas encabezadas o promovidas por antiguos funcionarios del correísmo.

En ese marco de dispersión política, es claro que hay una poderosa tendencia que apuesta por recuperar la antigua polarización. Quienes la empujan son precisamente quienes se beneficiaron de ella al presentarse como los «polos» de la oposición binaria dominante. Es decir, los dos candidatos que encabezan las encuestas: el ex ministro Andrés Araúz por  Unión por la Esperanza, y el banquero Guillermo Lasso por el partido Creando Oportunidades en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC). La fuerza social subyacente que impulsa esta tendencia a revitalizar la antigua polarización es un ambiente económico y social crítico. La crisis económica y fiscal, las políticas de ajuste y austeridad, el desplome económico y sanitario agudizado por la pandemia de covid-19 y profundizado por la incompetencia y la corrupción del gobierno de Lenín Moreno son todos factores que despiertan una intensa indignación social. La tormenta perfecta en la que se despliegan con más éxito los discursos y las esperanzas radicales o que se pretenden como tales. 

Lasso se presenta a sí mismo como el portaestandarte de un modelo empresarial alternativo al «estatismo correísta». Nada nuevo bajo el sol. Iniciativa privada, reducción de impuestos, inversión extranjera que entrará a raudales por la confianza en un gobierno serio y Estado mínimo. El petróleo y la minería se presentan esta vez como el corazón de la recuperación prometida, aderezada con créditos subsidiados para pequeñas empresas agrícolas al 1% de interés y 30 años plazo. El resultado publicitado de semejante receta es dos millones de nuevos empleos en lugar del millón que se propagandizó en las elecciones pasadas con las mismas medidas. 

Andrés Aráuz es un joven funcionario de segunda línea, y de perfil técnico, del correísmo, casi desconocido hasta ahora. Precisamente por esas razones fue escogido: se puede presentar como «nuevo» y «fresco», al tiempo que reivindica sin atenuantes, ni la sombra de una autocrítica, a la revolución Ciudadana. El discurso de Aráuz pone el acento en que sus promesas son viables porque ya se vivieron en el gobierno de su mentor, que aparece, desde Bruselas, como la figura omnipresente de sus materiales de campaña. «Recuperar el futuro», el eslogan electoral, representa bien su mensaje: un futuro ya vivido en el pasado. Ha prometido que en la primera semana de gobierno entregará mil dólares a un millón de familias y que repatriará los capitales transferidos al extranjero, mientras su estrategia electoral lo presenta como el enemigo de todos los partidos, la prensa y los banqueros coligados en su contra. Una clara repetición de la fórmula ganadora de 2006. Todos son atacados como los cómplices de un gobierno descompuesto e inútil cuya bancarrota aparece como la mejor prueba de la bondad del pasado. El correísmo tiene un piso de votos importante que oscila entre el 20 y el 30% del electorado. Suficiente para llegar a la segunda vuelta.

La novedad del momento es que por primera vez desde 2006 una tercera candidatura disputa ese escenario de polarización. La candidatura de Yaku Pérez, por Pachakutik, es una suerte de alternativa de «re-polarización» debido a la agenda económica, social y ambiental que impulsa. Re-polarización porque reordena las polaridades alrededor de otro polo, el movimiento indígena y sus aliados, en lugar de los dos tradicionales anteriores, el caudillismo correísta y el proyecto empresarial. La base de su agenda económica se asienta en el programa elaborado en desordenadas y multitudinarias asambleas luego de la masiva rebelión popular de octubre de 2019, que propone aumentar impuestos directos a las grandes fortunas y grupos económicos. El protagonismo indiscutido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en ese levantamiento, de la cual Pérez fue dirigente hasta marzo de 2019, cuando fue elegido prefecto de la provincia del Azuay, en el sur andino, es lo que explica esta inédita oportunidad de una victoria electoral nacional de un candidato indígena. Pérez ha insistido en una estrategia de campaña basada en un discurso ambientalista, con acentos sentimentales, que insiste en la armonía y los valores ancestrales. Es un discurso nuevo, que en sus formas elude lo que entendemos usualmente por «polarización». Sin embargo, su programa de gobierno, en caso de aplicarse, reorganizaría la polarización pero no la eliminaría. 

Solo estos tres candidatos tienen oportunidades de ganar. Si venciera cualquiera de los otros 13 candidatos sería el resultado de una sorpresa monumental. Si gana Lasso, su programa económico y su absoluta falta de carisma personal, hace muy poco probable que construya una hegemonía electoral estable por un período prolongado. Es más probable que el liderazgo de la oposición a su agenda conservadora se dispute arduamente entre los indígenas y el correísmo. Si vence Aráuz, la antigua polarización podría reeditarse, pero su gobierno carecerá de una base social organizada, del escenario de bonanza económica que presidió sus éxitos pasados y de cualquier mayoría parlamentaria. Con todos los partidos y movimientos sociales en contra, es probable un escenario político de nueva Asamblea Constituyente, en un intento de reconstruir su hegemonía electoral y algún tipo de acuerdo con los sectores empresariales. Un gobierno de Yaku Pérez es quizá el más incierto de los tres. Su única fuente de poder inicial sería el poderoso movimiento indígena, el más organizado movimiento social (en estricto rigor, el único) con que cuenta el país. No alcanza, pero es una base menos maleable que la voluntad y el carisma personal de Correa, que es el principal activo político con que cuenta el partido de Andrés Aráuz.

Sin Pérez, la Conaie seguiría siendo más o menos lo que siempre ha sido; si mañana desapareciera Correa, todo su movimiento quedaría huérfano, sin conducción y sin oportunidad creíble de reinventarse. Dispersión, polarización, re-polarización. Una agenda neoliberal, una reedición del caudillismo personalista, un movimiento social auténtico, heterogéneo y vital, urgido por inventar una difícil e incierta hegemonía política. En las elecciones de febrero de 2021 las alternativas son auténticas. Y no son dos sino tres. 

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Viernes, 22 Enero 2021 05:29

Condena a Assange e indulto para Bannon

Condena a Assange e indulto para Bannon

El asalto al Congreso de EE.UU. demuestra que la mentira (pseudo, en griego) ha gobernado el país. El indulto de Donald Trump a Steven Bannon asegura impunidad a quien convierte la democracia en pseudocracia (el régimen de la mentira). Y la reciente condena a Assange, advierte del castigo a quienes la combaten garantizando nuestro derecho a conocer y contar la verdad; es decir, a construir y narrar nuestra historia.

La prensa se demuestra independiente cuando defiende el interés público; es decir, cuando representa los intereses de "su" público, haciéndolos compatibles con el interés general. Por eso antepone "nuestras" voces a las fuentes oficiales y con más poder. Hoy resulta más factible que nunca, pero la democracia deviene en pseudocracia.

Somos muchos quienes trabajamos con bancos de datos y de documentos digitalizados. Al liberarlos, ponemos dique a la mentira oficial y corporativa que nos inunda. Además, así combatimos la acumulación y la desigualdad de poder. Porque los estados y las corporaciones tecnológicas, en comandita y de forma sistemática, registran todas nuestras comunicaciones.

Aliándonos con periodistas profesionales y filtrándoles documentos controlamos a quien gobierna y mercadea con nuestra privacidad e intimidad. Juntos actuamos como un Cuarto Poder en Red. Y dejamos de ser mineros de datos y propagandistas sin salario de quienes monopolizan y explotan nuestras comunicaciones.

Wikileaks apostó por una independencia periodística basada en la cooperación ciudadana y entre medios. Un periodismo realizado entre todos y para todas. De ahí la importancia de la sentencia que recibió Julian Assange el pasado 4 de enero. No le extraditarán a EE.UU. pero le niegan la libertad provisional. Sigue preso en la cárcel conocida como la Guantánamo británica, a pesar de su deteriorada condición física y mental. Porque, según la jueza, si fuese extraditado a EE.UU. correría peligro de suicidarse. Y, si lo liberase, de fugarse.

"Las paredes de la embajada [de Ecuador en Londres, que le acogió durante siete años) me son tan familiares como el interior de mis párpados", dijo Assange a Michael Kopelman, profesor de neuropsicología en Kings College. Le había visitado veinte veces y, tras manifestar su "intensa preocupación suicida", testificó que el australiano escucha voces alucinatorias, despectivas y persecutorias en su cabeza: "La voz es como, Eres polvo, estás muerto, vamos a por ti".

Assange aún se arriesga a ser extraditado y a cumplir 175 años en el "Alcatraz de las Rocosas", en Florence, Colorado. La negativa a concederle la libertad provisional y el tratamiento que ha recibido fueron calificados por el Relator de la ONU, Niles Metzer, de "confinamiento no justificado", "guerra y tortura psicológica". Concluye que la sentencia tiene dos consecuencias terribles.

La primera, que el periodismo de investigación basado en filtraciones no oficiales podrá perseguirse como delito de espionaje. Y esto, llevado a la práctica, elimina el derecho de asilo por motivos políticos; ya que el espionaje entra en esta categoría de delitos.

En resumen y que lo entiendan bien los periodistas de investigación y filtradores: "os pudriréis en la cárcel y desearéis suicidaros". Días después y antes de abandonar el poder, Trump indultó a varios criminales de guerra. Y, entre ellos, a quien dirigió la ofensiva contra los periodistas - considerados por el ex-presidente "el enemigo número uno del pueblo norteamericano" - que le llevó a la Casa Blanca.

Steven Bannon ha sido premiado conun indulto, tras embolsarse un millón de dólares que decía recabar para construir el muro con México "sin percibir un centavo". ¿Cuánto valían en el mercado negro los cables de las guerras de Irak y Afganistán o los del Departamento de Estado que Wikileaks entregó gratis a unos medios que tanto los rentabilizaron? ¿Y qué han hecho por Assange? El periodismo corporativo vende a los ciudadanos digitales que se reclaman sujetos comunicativos de pleno derecho y se vende al mejor postor.

El asalto al Capitolio demostró que el enemigo está en casa y en las instituciones. Y que entre estas debemos añadir a las corporaciones tecnológicas: auparon a Trump y ahora le vetan en las redes y plataformas. Lo hacen sin aplicar un protocolo, ni rendir cuentas a nadie. Como hicieron desde el inicio y con tantos otros. Siempre que convenga al negocio. Esta vez, actuaron tras constatar que el reality show se hacía realidad y que los demócratas dominarían el Congreso pudiendo aprobar medidas anti-monopolio contra las tecnológicas. ¿Nuestra libertad de expresión es su negocio? 

El bussiness as usual del capitalismo cognitivo se defiende con lawfare: guerra legal y tortura carcelaria ejemplarizantes para quienes desafían la pseudocracia. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), que llevaron a las huestes de MAGA (Make America Great Again) al Capitolio actúan de cancerberos de la libertad de expresión. Y los pseudoperiodistas quedan impunes y serán bien remunerados para instaurar el régimen de la mentira.

Joe Biden debiera indultar a Assange y a Snowden. Y condecorar a Chealsie Manning. Si no será difícil impedir que Trump o un sucesor aventajado regrese "a su manera". No abandonarán las pantallas, para luego tomar las instituciones, mientras aceptemos que the show must go on. El periodismo independiente debe parar el degradante espectáculo de la pseudocracia, que incluye la primera toma de posesión de la presidencia de EE.UU. ante banderas en lugar de ciudadanos

22/01/2021

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