Religiones y espacios públicos en América Latina

¿Tiene lugar la religión en el espacio público? ¿Es cierto que los sectores vinculados al espacio cristiano-evangélico en América Latina representan posiciones de derecha? ¿Cuáles son las características de las nuevas religiosidades y por qué fracasó la vieja teoría de la secularización? 

 

No hay nada más empobrecedor que permanecer inmune a los cambios sociales o a las transformaciones que se imponen a nuestra imagen de la sociedad y seguir aferrados a certezas que ni siquiera sabemos de dónde proceden o si resultan tan esclarecedoras como creemos. También, sin embargo, resulta empobrecedor no tener panorama, disfrazar de información el prejuicio, hacer coincidir nuestros preconceptos con aquello que vemos. En definitiva, seleccionar aquello que nos disgusta de un fenómeno para confirmar que ese fenómeno es, de por sí, negativo. Esto es, en efecto, lo que sucede cuando se repiten mantras que se han demostrado empíricamente falsos. Por ejemplo, que las religiones desaparecen inexorablemente o que no se encuentran vinculadas al espacio público. Pero el mundo es, como decía el escritor, ancho y ajeno. Incluso para los laicistas radicales que se oponen a la participación del mundo religioso en el espacio público –y que además lo observan como una novedad, cuando ha sido en realidad una constante histórica en sociedades pretendidamente secularizadas– resulta importante comprender los sucesos reales vinculados a los espacios religiosos. Sobre estas premisas hemos desarrollado un libro publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que puede descargarse gratuitamente.

El libro se propone ofrecer un abordaje de lo que sucede con las relaciones entre religión y espacio público en la América Latina contemporánea, colocando en el centro tres problemas que atraviesan la discusión. El primero es que las ideas de sentido común sobre el destino trágico de las religiones en la modernidad están cada vez más en cuestión. El segundo, conectado con el anterior, es que los razonamientos lineales impiden apreciar las múltiples conexiones que se dan entre formas de religiosidad y formas de articulación política, reduciéndolo todo a una secuencia lineal que oculta la intolerancia de lo mismo que aparenta afirmar: el pluralismo en  el campo religioso (es decir la pluralización aceptada y no solo la pluralidad como dato estadístico) es en el presente uno de los hechos más notables de la vida sociocultural de América Latina, pero también plantea nuevos dilemas y retos políticos. El tercero tiene como ejemplo el caso de los grupos evangélicos, pero vale para todos los grupos religiosos y su relación con lo público: las narrativas homogeneizantes y deshistorizadas deben ser cuestionadas para no imitar con ellas lo que supuestamente se quiere combatir. En definitiva, consideramos que los procesos valen más que las taxonomías, y no solo en el campo del género.

Religión y secularización

El concepto de secularización asociado con el declive religioso nació de una visión de la modernidad que la entendía como trayecto único y teleológico. De aquella concepción no podía sino derivarse una fórmula falaz: a mayor modernización, mayor secularización. Esta última era entendida, casi sin mediaciones, como el progresivo debilitamiento de la esfera religiosa hasta llegar a la desaparición total de la religión en sí. Bajo esta formulación se entendía que la modernidad era capaz de resolver los problemas humanos y, por tanto, los individuos requerían de menos religión para la integración social. La religión se iría encogiendo y privatizando, mientras que se expandiría la mundanidad en la vida de las instituciones religiosas. Aunque estas posiciones cobraron fuerza durante las décadas de 1970 y 1980, fueron siendo progresivamente abandonadas por sociólogos y antropólogos (incluidos algunos que las habían defendido previamente), que detectaban que la realidad no se correspondía con las premisas previamente planteadas. Muchos de ellos asumieron que la secularización podía ser incluso un fenómeno geográfico y espacial determinado: estaba presente solo en algunos continentes y en espacios muy específicos de ellos; pero con el auge de la globalización, incluso allí la teoría funcionaba débilmente. A lo largo de las últimas décadas, diversos hechos desmintieron la idea de la secularización que, ironías mediante, había sido vendida como una profecía religiosa. Países como Turquía, Estados Unidos o Brasil evidenciaron que las religiones se resisten a ausentarse del espacio público. Frente al fracaso de las “teorías de la secularización”, otros grupos pretendieron oponer una perspectiva absolutamente antagónica. Según ellos, se estaría haciendo patente un «retorno de la religión», entendido como una revancha en la que lo religioso volvía con fuerza, motivada por reconquistar lo perdido.

Sin embargo, frente a ambas posiciones, existe una explicación más actual que conduce a la reelaboración del concepto de secularización, explicando que así como las religiones se secularizaron internamente, las agencias seculares de la modernidad producen y ponen en competencia vías de producción de trascendencias y consagración. Esto derribó el muro divisorio de la supuesta laicidad que contenía lo público (el Estado) y lo privado (la religión y las iglesias). La redefinición del concepto de secularización aportado por la socióloga francesa Daniéle Hervieu-Léger ayudó a salir de la oscilación entre el fin y el retorno de la religión. Tal como sostuvo en su libro de 1986 Hacia un nuevo cristianismo. Introducción a la sociología del cristianismo occidental, la modernidad no es «la desaparición de la religión confrontada a la racionalidad», sino la «reorganización permanente del trabajo de la religión en una sociedad estructuralmente impotente para colmar la espera que tiene que suscitar para existir como tal». Es en el contexto de esta acotación donde se da el espacio para una formulación más precisa y más actual de los conceptos de secularización y religión. La concepción que se atiene a la historicidad de lo social da lugar a una puesta en suspenso de categorías como «religión» o «secularización» para interrogar su surgimiento como procesos sociales y su uso como conceptos teóricos, tal como lo propuso en 2003 el antropólogo saudí Talal Asad en su libro Formaciones de lo secular. Cristianismo, islam y modernidad. Asad introduce la perspectiva antropológica y poscolonial en un terreno sociologizado que parecía patrimonio exclusivo de expresiones de la ciencia política y la filosofía, que no habían hecho un proceso reflexivo sobre la implicación entre normatividad y descripción presente en sus modelos. De esta manera podemos reconocer que tanto la «religión» como la «secularización» resultan un invento de la modernidad, son constructos sociales. La referencia a lo sagrado en otros contextos históricos lleva varios nombres –incluso religión–, pero esas «religiones» no constituyen lo mismo que el dominio autónomo de la religión, que como el de la economía, la política o la ciencia, emerge con la modernidad.

La noticia de última hora es que el predominio del catolicismo declina en las culturas y sociedades latinoamericanas. Aun así, América Latina no constituye un territorio homogéneo y las particularidades históricas siguen jugando un rol importante en los procesos de pluralización del campo religioso en las sociedades de la región. La laicidad que implica el funcionamiento de la secularización en el ámbito de las relaciones entre política y religión y su mediación, el espacio público, se ve drásticamente cuestionada y redefinida. Esta situación llama a repensar el concepto de secularización y, con él, a buscar alternativas de laicidad para nuevas sociedades plurales.

Pluralismo y diversidad

La mención del par religión y espacio público evoca una serie heterogénea de relaciones en las que se establecen tanto fronteras como porosidades entre campos especializados; pero también estos acercamientos despiertan tensiones, enfrentamientos, alianzas e identificaciones entre los Estados, los grupos religiosos (de los más diversos formatos) y los activistas que conforman la sociedad civil. Un conjunto de procesos acompaña estos hechos. El resultado acumulado de las transiciones democráticas, las emergencias críticas frente al neoliberalismo, la radicalización antidemocrática y antihumanista de las derechas y de los populismos contemporáneos, la transformación de las agendas públicas con fuerzas políticas y sociales que asumen las cuestiones ligadas al ambiente, a los derechos de los pueblos originarios, a las batallas por la igualdad de género y al reconocimiento de la diversidad sexual son concomitantes con la diversificación e intensificación de los activismos religiosos, de sus agencias y sus arenas de intervención. Esto provoca crisis en al menos cinco situaciones diferentes y contrapuestas:

(a) cuando existe una tendencia a la diversificación religiosa (presente en casi todos los países latinoamericanos) que no va de la mano de una cultura pluralista (de respeto y reconocimiento positivo a la diversidad religiosa), que promueva el derecho a las libertades religiosas y a las reglamentaciones para prevenir o combatir la discriminación religiosa;

(b) cuando los distintos grupos religiosos entran en juego en la esfera pública para conquistar espacios desde donde imponer sus credos y doctrinas. Esto contribuye a hacer de la laicidad (entendida como ordenamiento jurídico y de separación de la religión y de la política) un campo de tensiones complejo y en disputa entre las iglesias y el Estado;

(c) cuando las religiones (minoritarias o mayoritarias) buscan extender su dominio religioso como imposición de valores morales en la esfera pública de la política formal y, en nombre de la libertad religiosa, amenazan la libertad de conciencia y pretenden condenar, prohibir o censurar las demandas de libertades y los derechos humanos de los movimientos sociales de otras minorías antagónicas (de género, raciales, o étnicas);

(d) cuando la formación de la voluntad política mayoritaria se compone con la fuerte presencia de ideologías religiosas que conquistan el poder para promover la restricción democrática apuntando a su perpetuación y se posicionan contra las identidades, derechos y reivindicaciones de ciudadanos que no comparten esas ideologías;

(e) cuando la ambición de los políticos ve una mina de oro en las religiones (manipulación de recursos simbólicos, negociación clientelar con líderes religiosos por votos acarreados, justificación divina de decisiones políticas) para incrementar o afianzar su popularidad.

Las iglesias evangélicas y América Latina

El continente latinoamericano solía aparecer en los atlas de religiones mundiales como un territorio católico. Sin embargo, en los últimos años se ha verificado un rápido descenso de la catolicidad en América Latina, a la vez que un crecimiento de distintas expresiones del llamado «mundo evangélico». En definitiva, mientras unos pierden, otros ganan. Las iglesias evangélicas, grandes protagonistas de este cambio en la cristiandad latinoamericana, son diversas y heterogéneas, aunque su actor más activo sea –ahora– el movimiento pentecostal, tal como se puede apreciar en Centroamérica, el Cono Sur y en países específicos como Brasil, donde se evidencia un crecimiento vertiginoso de esta denominación evangélica. Sin embargo, es preciso evitar los encasillamientos y las etiquetas: las iglesias evangélicas no forman una unidad, sino que resultan diversas, tienen tradiciones diferentes y denominaciones específicas. La categoría «evangélico» debe ser, por eso, precisada en cada caso. Mientras buena parte de la población observa «lo evangélico» como un fenómeno homogéneo, la sociología y la antropología religiosa demuestran más bien lo contrario: su heterogeneidad.

En el contexto de una América Latina cambiante y en tensión, algunas iglesias pentecostales y alianzas de iglesias pentecostales y evangélicas se sintieron amenazadas por los movimientos feministas y LGBTI y decidieron enfrentarse a ellos en el ámbito público. En ese terreno, fueron incrementando su interés por «hacer política» e incluso se radicalizaron como la «nueva derecha cristiana», o bien adquirieron tendencias conservadoras que hoy abren una nueva ronda de disputas por el reconocimiento plural de la diversidad religiosa. En una parte importante de América Latina, el giro conservador evangélico es una realidad o una probabilidad muy cercana. Pero no se trata de algo fatal o necesario ni de una orientación permanente, como lo sugieren aproximaciones que le adjudican a la expansión evangélica una homogeneidad y una direccionalidad única que, según esas aproximaciones, parece el producto de una especie de ADN. Y es que faltan preguntas en los cuestionamientos al papel de las iglesias: ¿piensan sus fieles lo mismo que quienes las dirigen? ¿Acuden a los cultos religiosos por las posiciones políticas de los pastores o por otras cuestiones? Una parte de la intelectualidad progresista omite estas preguntas y embloca a los fieles bajo la categoría de «evangélicos» pretendiendo decir «derecha». Los mismos que sostienen que no se deben «esencializar» a los grupos –es decir, conferirles características intrínsecas– esencializan a un grupo religioso (que tiene también actores progresistas, además de fieles que, en las propias iglesias de ideas políticas conservadoras, manifiestan posiciones diferentes). Si los feminismos son diversos, también lo son los evangelismos. Si las izquierdas son diversas, también lo son los evangelismos. Si los liberalismos son diversos, también lo son los evangelismos.

En efecto, en la viña evangélica también encontramos versiones pentecostales progresistas que han sido influidas por las demandas de sectores minoritarios, como son los movimientos evangélicos feministas dentro del pentecostalismo o el papel protagónico que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) ha tenido en las iglesias inclusivas que abrigan al movimiento LGBTI en distintos países de América Latina (en especial, en México y Brasil). Estas iglesias, si bien son minoritarias, han transformado su identidad teológica y litúrgica en torno de las identidades de la diversidad sexual, flexibilizando sus sistemas morales. Asimismo, se verifican imbricaciones entre denominaciones: iIglesias pentecostales que han ido incorporando elementos culturales y sociales progresistas de otras denominaciones cristianas, así como iglesias luteranas, bautistas y metodistas más asociadas al progresismo que han tomado parte de la «carismatización» pentecostal.

Pero no es la existencia de estas corrientes progresistas dentro del mundo evangélico la que debe salvar a las ciencias sociales del cultivo de una creciente evangelicofobia que se legitima con una imagen parcial, esencializada y autocomplaciente del proceso que comprometió a Jair Bolsonaro con una parte importante de los evangélicos.  Lo que será decisivo para que las ciencias sociales puedan desplegar una mirada certera sobre los fenómenos religiosos, y sobre los evangélicos en particular, es una visión compleja, atenta a los procesos, a las contingencias, a las heterogeneidades. Es en la capacidad de trascender la ideología de campus universitario –elevada a categoría de parámetro universal de una pretensión que tiene más de normativa que de reflexiva– donde se cifra la verdadera posibilidad de comprender los cambios religiosos en América Latina. 

En el momento actual, no es aceptable hablar de una sola vía para alcanzar la modernidad, ni siquiera de un mismo modelo de modernidad. Lo que comparten todos los países de la región es la situación periférica respecto a los accesos a una modernidad económica trazada desde los centros del poder colonial. Debido a ello, desde el Sur o desde las periferias latinoamericanas, distintos movimientos religiosos han contribuido a generar proyectos alternativos nacionales e incluso regionales. Pero también cobran vigencia pequeños colectivos que conforman redes no tan visibles en torno de espiritualidades alternativas, que generan nuevos estilos de vida, construyen horizontes utópicos de modernidades descolonizadoras y promueven nuevos espacios públicos en torno de lo «sagrado femenino», de la naturaleza como ser con derechos, del respeto a los territorios sagrados y del derecho de las poblaciones originarias a sus territorios y cultura. El libro que hemos compilado para Clacso pretende ser, en tal sentido, un llamado de atención para sortear los reduccionismos, para no encasillar a todos en los rasgos de unos, para no esencializar rasgos que son expresiones históricas. Es también una invitación para que cuando hablemos de religión y de espacio público lo hablemos en plural:  religiones y espacios públicos. 

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Israel, la constante transformación del ejército en milicias de Dios

Un fenómeno propio de Israel es la transformación que experimenta el ejército. En 1948 era un ejército exclusivamente laico, aunque muy nacionalista, pero en los últimos lustros se ha convertido en muy religioso además de nacionalista. Los soldados religiosos están más motivados que los laicos y su influencia en las jefaturas crece día a día de manera alarmante.

 

Esta semana Yonatan Shapira, que fue piloto en las fuerzas aéreas de Israel, ha calificado al ejército en el que sirvió de "organización terrorista", y a los líderes políticos y militares de "criminales de guerra" que adoptan decisiones movidos por "motivos racistas", en declaraciones a la agencia Anadolu.

Shapira explica que fue educado en colegios que le animaban a enrolarse en el ejército para proteger a los judíos, pero que sirviendo en la fuerza aérea se dio cuenta de que tenía que lanzar bombas sobre civiles, lo que consideró una "acción terrorista". En su opinión, el sistema educativo israelí es militarista desde la infancia y a los alumnos "se les lava el cerebro".

Shapira abandonó filas en 2003, durante la segunda intifada, después de haber servido diez años, pero reconoce que en Israel, un país con más de nueve millones de habitantes, apenas una fracción de "unos pocos miles" comparte sus opiniones. 

El coste que ha tenido que pagar es elevado. Se le detuvo y encarceló varias veces y también se le echó del trabajo por participar en protestas junto a los palestinos en la Cisjordania ocupada, protestas con las que perseguía romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Shapira ha dado conferencias en el extranjero y ha animado a los soldados a desertar.

En un periodo de varios años 27 pilotos han renunciado a seguir bombardeando la Franja de Gaza, una cifra diminuta si se observa que durante ese periodo ha habido cientos de pilotos que han participado en los bombardeos.

"El ejército es una organización terrorista y sus líderes son criminales de guerra. El gobierno de Israel es un gobierno judío racista que está arrastrando a toda la región al desastre", ha declarado Shapira. "Muchos piensan así pero no todos quieren decirlo".

Un número significativo de líderes extranjeros, incluidos congresistas americanos, denuncian desde hace tiempo que en Israel se practica el apartheid. Una prueba reciente es el hecho de que la policía ha llevado ante los tribunales a 116 personas por los incidentes de la última semana que han enfrentado a judíos y palestinos en las ciudades mixtas de Israel. Hasta el lunes, todos los imputados eran árabes y ninguno judío, un dato que muestra diáfanamente la doble ley. 

Con ser un dato significativo, no debe interpretarse como un suceso aislado. Es toda la sociedad la que está sumergida en una clasificación en la que los judíos constituyen una etnia a cuya medida se fabrican leyes que son discriminatorias para los no judíos en todos los ámbitos, lo que crea un fuerte resentimiento. Naturalmente, los palestinos de los territorios ocupados sufren mucho más la discriminación y el apartheid.

El ejército no es un caso singular. Como el resto de la sociedad ha experimentado un giro radical y se ha entregado al nacionalismo y el religionismo más extremo. Hace unos años, el veterano periodista Ben Caspit, del diario Maariv, publicó que la mayor parte de los mandos del estado mayor se cubría la cabeza con kipa, el solideo que marca el grado de religiosidad de quien la porta. 

Este fenómeno dista mucho del ejército que estableció David Ben Gurión cuando se creó el estado en 1948. Entonces no había prácticamente ningún soldado que se cubriera la cabeza con kipa, mientras que hoy el solideo es una prenda corriente entre los militares, y cada día va en aumento, con todo lo que ello implica de radicalismo.

Aljazeera publicó esta semana un reportaje titulado: "El poder de Dios. Cómo Netanyahu convirtió el ejército en una milicia religiosa", pero sería engañoso atribuir exclusivamente al primer ministro la transformación religionista que se da en el conjunto del país. Es cierto que Netanyahu, que es laico, ha dado un golpe religioso y nacionalista a la sociedad, pero es probable que esta tendencia salga de la misma sociedad con independencia del primer ministro. 

 El jefe de la Brigada Givati, una de las unidades de élite del ejército, difundió entre sus subordinados un mensaje poco antes del inicio de las hostilidades contra Gaza con un inusual tono religioso. Entre otras dijo a los soldados: "La historia nos ha escogido para conducir la guerra contra el enemigo terrorista de Gaza que insulta y maldice al Dios de las fuerzas israelíes"

Fue a partir de la guerra de 1973, pero especialmente a partir de la guerra de Líbano de 1982, cuando empezó a observarse con claridad la expansión de la religión en el ejército. Algunos historiadores señalan que esto obedeció, al menos en parte, a la falta de motivación militar entre los jóvenes laicos de clase media. 

El religionismo ha ido creciendo en paralelo al nacionalismo al amparo de un gran número de rabinos radicales, muchos de ellos residente en las colonias ilegales que hay en los territorios ocupados, y ha impulsado la creación de unidades militares propias. El influyente rabino Avraham Shapir dijo: "El reclutamiento en las unidades religiosas nos acerca a Dios, y el servicio militar y el combate son una tarea colectiva impuesta por Dios con el fin de liderar el proyecto judío"

Con el notable y paulatino descenso de los soldados laicos, los más religiosos y nacionalistas, que a su vez son los más motivados, van ocupando las posiciones de mando de una manera que dirigentes y jefes laicos consideran preocupante. 

Para ellos específicamente se han creado escuelas rabínicas (yeshivot hesder), s que combinan la enseñanza religiosa con la militar, y que agrupan a millares de jóvenes que en muchos casos hacen carrera en el ejército y cada vez ostentan cargos de más responsabilidad. Occidente debería considerar este fenómeno con toda la gravedad que tiene y que crece de manera constante.

 

 19/05/2021 22:55

Por Eugenio García Gascón

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Colombia: Uribe ‘desencadenado’. Revolución Molecular Disipada, extrema derecha y criminalización de la protesta

En la sexta jornada del Paro Nacional, dos días después de que una madre en Ibagué implorara en grito sordo a la policía que la mataran, así como acababan de matar a su hijo Santiago Murillo (19 años), solo unas horas antes de que esa misma policía asesinara sorprendido e indefenso, no demasiado lejos de allí, a Nicolás Guerrero (27 años) en las tumultuosas protestas de Cali, el expresidente Álvaro Uribe, líder indiscutible de la derecha colombiana durante los últimos 20 años, recibió una inspiración mística.

Tres días antes, la red social Twitter había decidido retirar una de sus publicaciones, en la que sugería que policía y fuerzas armadas deberían utilizar armas de fuego contra los manifestantes, por considerarse que ‘glorificaba’ la violencia. A la luz de los datos y durante los siguientes días, la propia policía le habría de dar la razón.

El lunes a las 11 de la mañana, casi al tiempo de la renuncia del Ministro de Hacienda tras la decisión por parte del gobierno de retirar el polémico proyecto de reforma tributaria que hizo estallar la indignación en las calles de Colombia, un críptico tweet en su cuenta prendió la curiosidad de un gran número de usuarios, desviando incluso parte de la atención de la noticia política del momento y desatando un intenso debate acerca del origen de dicha intervención. Reproduciendo textualmente lo compartido por el expresidente y líder del partido político Centro Democrático, más que una propuesta de acción política, su redacción sugiere una suerte de revelación extática:

  1. Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo;
  2. Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado;
  3. Acelerar lo social;
  4. Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa

Muchas y muchos se sorprendieron por el inesperado uso, por parte de un político carismático de la extrema derecha, de un concepto ‘revolucionario’ surgido en el contexto post-mayo del 68. Nada más lejos de la realidad, con su ‘Revolución Molecular Disipada’ Uribe no estaba citando al psicoanalista francés Felix Guattari y su famoso libro, del año 1977, ‘La Revolución Molecular’.

Uribe se refería con el último de los términos al concepto repostulado por el político chileno Alexis López, de inspiración ideológica nacional-socialista, fundador y presidente –hasta su disolución en 2010- del movimiento Patria Nueva Sociedad en Chile, fugazmente famoso en la escena política chilena por ser el principal organizador en el año 2000 del ‘Encuentro Ideológico Internacional de Nacionalidad y Socialismo’ -o ‘Congreso Nazi’, tal y como lo denominaron las publicaciones de la época- y acérrimo defensor del revisionismo del holocausto judío, entre otras propuestas de inspiración neofascista. Conferencista también, en reiteradas ocasiones, en la Universidad Militar Nueva Granada, institución donde se forman algunos de los principales cuadros militares de Colombia.

Con el concepto de ‘Revolución Molecular Disipada’, López describe un ataque organizado desde sectores de vanguardia de la izquierda internacional y la masonería, en el que se utilizarían a diferentes actores de la sociedad civil infiltrados por la delincuencia organizada y el terrorismo, de carácter “total y encubierto” y dirigido como un ataque a todas las instituciones responsables de mantener el orden en el país, con el objetivo de derribarlas y ser reemplazadas por una nueva institución. Para ello, el propio ideólogo chileno reconoce la impronta de Guattari en la definición original del concepto, pero lejos de lo propuesto por el filósofo francés, López asegura que la estrategia orientadora responde a la destrucción de las sociedades a través del terror social, continuo y organizado, para su sustitución por una nueva hegemonía. El concepto, por tanto, es utilizado como una alerta para los diferentes gobiernos e institucionalidades que asumen su veracidad como un riesgo para el ejercicio mismo de la democracia, por lo cual debe ser erradicada a cualquier costo, ya sea en el incremento de los niveles de impopularidad de un gobierno o a través de la supresión de vidas civiles en las calles.

En ese sentido, la propia acepción del concepto tiene una clara inspiración paternalista, por la que gran parte de los individuos que conforman el actor ‘movimiento’ o ‘revolución’ ni siquiera serían conscientes de los fines últimos por los que se están movilizando. El papel, entonces, de las instituciones, resultará en develar la conspiración izquierdista-masónica para persuadir a los agentes del cambio a desistir de ofrecer su energía en pro de la destrucción del Estado. En caso de no lograr dicha persuasión, el ejercicio de la violencia sobre los agentes de destrucción del Estado estará, por tanto, justificada desde el pragmatismo que destila su urgencia.

Cabe decir que para el antiguo movimiento fundado por Alexis López, Patria Nueva Sociedad, el Estado es considerado como un ente natural orgánico, surgido de la nación misma, en el cual la lucha de clases debía ser erradicada para ser sustituida por la cooperación entre dichas clases, en favor de una democracia gremial que favorezca el corporativismo como sistema que guíe el devenir político de las sociedades. Para contextualizar su impronta, el sistema corporativista fue uno de los caballos de batalla del fascio durante la dictadura de Benito Mussolini, siendo su adaptación para América Latina el denominado ‘integralismo’ brasileño, del populista Getulio Vargas.  

Por el contrario, la ‘revolución molecular’ propuesta por Félix Guattari y elaborada en torno a ideas dispersas, en dialogo con su compañero Gilles Deleuze a lo largo de diferentes e imprescindibles publicaciones para el avance del pensamiento político contemporáneo -tales como ‘Mil mesetas’ (1980) o ‘El Anti-Edipo' (1972)- ofrece una lectura mucho más heterogénea, heterodoxa y consciente de las características de su propio tiempo. Ante la imposibilidad de abarcar la amplitud de su definición, y a fin de centrarnos en las posibles relaciones con el concepto apropiado por la extrema derecha latinoamericana, en este texto sólo nos centraremos en su carácter más estructural.

En su definición materialista, la propuesta misma de ‘revolución molecular' surge en un momento social concreto de transformación en el que, a partir de los años 70, las luchas de clase -eminentemente sindicales- van cediendo terreno a otro tipo de actores sociales organizados, de una multiplicidad variable en sus estructuras, deudores no solo de la reivindicación de una temática propia y alternativa, sino de su surgimiento en un contexto social y temporal específico. Prueba de ello es la multiplicidad de procesos geopolíticos subsumidos en la década (desde la ampliación y ordenación del ‘Capitalismo Mundial Integrado’ a la estabilización de las luchas decoloniales en gran parte de los países de África y Asia), lo cual añadía una apertura en los paradigmas de acción social y evidenciaba la enormidad de reivindicaciones que se escondían tras la clásica -y caduca, en su definición más vulgar- lucha de clases. Estas nuevas conciencias surgen de las nuevas ‘segmentariedades’ de un capitalismo desterritorializado, ubicuo, descabezado pero homogeneizador, que amplía sus estructuras sobre nuevos nichos de acumulación e integran espacios hasta entonces ajenos a su impronta, tales como el ocio o el deseo.

Precisamente por ello, ambos teóricos comienzan a discernir sobre formas de acción distintas, heterodoxas, más allá de la lucha de clases tradicional y basadas en una multiplicidad de quiebres que rompe (o cuanto menos cuestiona) la dialéctica epistémica hasta ese momento aplicada, e intenta comprender las formas de resistencia y acción frente a las posibilidades y cercamientos de este nuevo tipo de capitalismo. Es en este punto que Guattari, aun consciente de la imposibilidad de predecir las nuevas formas de revolución y lucha, considera que estas, al menos, compartirán una serie de características entre las que se incluyen:

  • No centrarse únicamente en objetivos cuantitativos, sino que pondrán en tela de juicio las finalidades del trabajo, y por consiguiente, las del ocio y la cultura, entre muchas otras representaciones.
  • No centrarse únicamente en las clases obreras-industriales-cualificadas-blancas-masculinas-adultas, dado que la producción ya no puede identificarse con la industria pesada.
  • No centrarse únicamente en un partido de vanguardia concebido como sujeto pensante de las luchas y con arreglo al cual será determinado el conjunto de los «movimientos de masas».
  • Ser policéntricas, tanto así que los sujetos que participen no estarán necesariamente coordinados y entre ellas podrán surgir contradicciones, incluso antagonismos irreductibles.
  • No centrarse en un ámbito nacional.
  • No centrarse en un corpus teórico único.
  • Rechazar la compartimentación entre valores de cambio, valores de uso y valores de deseo.

Estas ‘nuevas’ formas de acción que configurarían la ‘revolución molecular’ surgen como una propuesta asumible por las luchas pensadas para América Latina desde la década de los 70 y en adelante, en la conquista por la democracia en muchos casos y en contextos en los que es necesario ‘inventar’ nuevas formas de organización entre las luchas de clases occidentales y las luchas de emancipación inherentes a las repúblicas poscoloniales en sociedades híbridas y con múltiples tensiones.

En la comprensión de su posible éxito en el contexto de los estados latinoamericanos es donde empiezan y terminan las similitudes entre ambas acepciones. Si para Guattari la revolución es potencia, para López es tragedia. Si para Guattari es distribuida, para López es jerárquica. Si para Guattari es deseo, para López es terror. Si para Guattari es esperanza, para López es traición.

Y Uribe, gran conocedor del poder del marketing en la justificación de los intereses propios aun en contra de los de todo un pueblo, del valor de la emocionalidad en la construcción de mecanismos de poder y legitimación, gran populista, asume providencial la deformación del concepto. De esta forma, alimenta su serie de grandes éxitos que inician con el ‘castrochavismo’ y continúan con otras deformidades tales como aquella de la ‘ideología de género’ o la alargada sombra del Foro de São Paulo, algunos de los argumentos más difundidos para la negativa de apoyo al proceso de paz en el referéndum de 2016.

Álvaro Uribe Vélez asume en estos casos la inspiración del esperpento, y se erige en un Max Estrella de camisa blanca y pecho descubierto para el que el reflejo en espejos cóncavos de aquello que construye lo más democrático de las sociedades, el ejercicio crítico de la ciudadanía, se torne desfigurado en la mayor amenaza para la democracia: aquello que combatir. Adaptando la genial frase de Valle Inclán, podría decirse que el sentido trágico de la vida colombiana sólo puede entenderse a través de una política sistemáticamente deformada.

La estrategia no es nueva por parte de la derecha, y es realmente sencilla. La desinformación se nutre del anonimato en la generación del mensaje y del capital simbólico de la figura que lo difunde. Su único fin es el de reforzar sesgos, crear narrativas paralelas y afianzar el pánico colectivo a través de una manipulación consciente de la información presentada. Información falsa presentada como veraz con una clara orientación de interés político. Si a ello unimos un entorno favorecido por el avance de la posverdad, cuyo principal requisito es el de contar con una sociedad en crisis económica y de representación, polarizada en lo social, tenemos una oportunidad perfecta para que figuras políticas carismáticas logren romper el cerco del anonimato de propuestas más o menos marginales y vanas y ubicarlas, a través de la apelación a las emociones (la utilización sistemática de la amenaza del terrorismo), en el centro del debate político.

Paradójicamente, y contrario a lo que proponen López o Uribe, el mayor problema para la democracia surge cuando el político de inspiración populista utiliza herramientas propicias de la posverdad para instigar a la utilización de formas de violencia y represión interna por frente a otras formas de persuasión sobre la propia ciudadanía, una de las principales y más claras fronteras teóricas que marcan la diferencia entre el populismo y el fascismo.

La criminalización de la ciudadanía y del derecho a la protesta marcan el golpe de gracia a un supuesto Estado de Derecho terriblemente azotado por la enorme desigualdad penitente, los indecentes niveles de concentración de su riqueza, el asesinato sistemático de sus líderes sociales y la terrible pesadilla de los falsos positivos, entre otros crímenes. Es importante recordar que en Colombia es solo hasta la Constitución de 1991 que la reunión y manifestación pública y pacífica se reconocen como derecho fundamental. Antes, diferentes gobiernos, por medio de decretos y estatutos, habían restringido e incluso anulado el derecho a la 'reunión pacífica’ consagrada en la Constitución de 1886, equiparándolo a un delito de alteración del orden público.

Paradójicamente, durante los gobiernos del propio Uribe (2002-2010), y amparado por la doctrina política de la seguridad nacional que orientó sus mandatos, fue usual la judicialización de los activistas sociales en torno a delitos asociados al conflicto armado. En ese sentido, el carácter abierto, ambiguo e indeterminado de los delitos asociados al terrorismo implican un enorme riesgo frente a la criminalización de la protesta en Colombia, especialmente en la indeterminación de los tipos penales y el uso abusivo del derecho penal. La protesta judicializada por un sistema judicial politizado, marcado por la desconfianza de los actores institucionales sobre el ejercicio de su garantía y la subsunción de imaginarios que equiparan protesta con terrorismo, manifestación pública con delincuencia, insertos en la tradición histórica de la derecha política más reaccionaria, ejerciendo la sospecha de las verdaderas intenciones de aquella parte de la ciudadanía que desea ejercer su derecho a movilizarse. Algo que aúna, de nuevo, el devenir de Colombia y Chile, especialmente en la redacción en ambos casos de su carta magna y el reconocimiento de la garantía al derecho de reunión pacífica. En Colombia, justificada en la mentada sospecha de la infiltración terrorista. En Chile, la desconfianza de la herencia pinochetista hacia las leales intenciones de los manifestantes, traducida en los últimos tiempos en ejemplos tan claros como la criminalización del pueblo mapuche o de la revuelta estudiantil.

Y es que, llegados a este punto, ya no solo se trata de la ‘revolución molecular’ de Guattari, o de la inspiración neonazi de algunos tweets de Uribe, sino de la sistemática subsunción movilizada por los imaginarios autorreferencialmente sustentados de la extrema derecha. Estos imaginarios reducen, de forma utilitaria, cualquier manifestación que los cuestione a las lógicas de justificación de su propio sistema de valores, en mora de conseguir una comprensión y actuar de las propias instituciones del estado que quiebren sus límites y respondan a sus propios intereses.

Para el caso de la subsunción de la movilización social actual (o cualquiera en los últimos tiempos), el imaginario deforme es el del ‘terrorismo’ y la ‘Revolución Molecular Disipada’ es la tergiversación utilitaria para subsumir a las lógicas de la guerra cualquier cuestionamiento de la ‘seguridad democrática’ de las instituciones. Mientras que para Guattari la ‘revolución molecular’ implica la participación de “un pueblo múltiple, un pueblo de mutantes, un pueblo de potencialidades que aparece y desaparece”, y que es capaz de materializarse en “encuentros”, “instituciones”, “afectos” y “reflexiones”, en el imaginario deforme del ‘terrorismo’, las expresiones de múltiples actores, diversos y con intereses disímiles, es inmediatamente subsumido a una concepción vetusta de la masa informe y descontrolada, incapaz de comprender la responsabilidad de sus actos pero capaz de llevarlos a cabo en fin último, peligrosa en tanto desestabiliza los cimientos del esquema axiológico que justifica el orden existente, independientemente que sea fallido.

La revolución molecular tiene en la heterogeneidad de la movilización su razón de ser, lo cual implica la necesidad de desmantelar las lógicas de relacionamiento basadas en la exclusión, la asimilación o la dominación de lo diferente. En cambio, en la lógica de la mismidad u homogeneización del imaginario del ‘terrorismo’, para la ‘Revolución Molecular Disipada’, ante la imposibilidad de dominar lo diferente, su eliminación es el único camino.

Solo queda por asistir a la inminente batalla por el relato.

Juan Ramos Martín

Director del Doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).

María Reneé Barrientos Garrido

Investigadora del Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca (España).

Juan Pablo Bermúdez González

Profesor-investigador del Departamento de Lenguas. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).

Nathalia Lamprea Abril

Directora de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).

Fuente:

www.sinpermiso.info, 8 de mayo 2021

Publicado enColombia
Lunes, 10 Mayo 2021 06:08

Las trampas del fascismo

Las trampas del fascismo

Orgulloso de un pasado mítico nacional y de mantener una familia patriarcal, autoritaria, moralista, tradicional; orgulloso de su historia heroica y patriótica, el fascismo lanza sus flechas destructoras contra aquello que se desvíe de esas “sagradas” e intocables entidades. Fe, creencia, pasión, emoción lo consolidan, defienden y justifican. El amor a la patria lo enaltece y fanatiza, hasta el punto de convertirse en una fuerza omnipotente, devastadora y excluyente. Entrega total, jerarquía y despotismo radical, he allí sus efervescencias peligrosas.


La mitificación de lo tradicional moral y patriarcal en el fascismo se fortalece a medida que sus líderes se transmutan en “padres” y jefes de la gran familia nacional, protectores sacrificados, responsables, dadores de seguridad y plenipotenciarios. Ante dichos jefes no se admite ninguna queja o reclamo. Aceptarlos es obligación, obedecerles se vuelve norma. Esta “sagrada familia”, basada en el miedo, la culpa, el golpe y la obediencia, se legitima como entidad santificada ante Dios.


La preservación de las tradiciones jerárquicas se vuelve para el fascismo suprema y necesaria, por lo que, según sus gestores, ellos están predestinados a gobernar y a mandar. Las consecuencias son nefastas, pues montan una maquinaria de mentiras y de relatos que desvirtúan las realidades y falsean la verdad sobre su pasado. Se trata de modificar los hechos históricos, creando otros datos que borren las atrocidades y las injusticias donde el fascismo esté involucrado. Revisar y modificar la historia es un afán sin límites de los regímenes autoritarios; borrar la memoria colectiva, social, incluso personal, es su más alto nivel de perversidad y cinismo. Así que toda esta maquinaria se engrasa para funcionar a la perfección con sus trucos de crear falsedades a través de los medios a su servicio, propaganda que engrandece y elogia al fascismo, a la vez que oculta sus tétricas intenciones. Ocultamiento y falacia, he allí sus maniobras. Nada de crear sospechas; nada que genere preguntas. Ante todo, credibilidad en sus discursos. Se debe asegurar la fe de los creyentes. Eficacia, eficiencia y devoción, proporcionan la continuidad de sus feligreses. Ante el hereje, acusación y señalamiento; frente al devoto, exaltación, emoción, falsa solidaridad, cínico estremecimiento.


Con todas estas manipulaciones, los políticos fascistas van desmotando al Estado Social de Derecho, al sistema judicial, con fiscales, jueces, testigos y leyes a su favor y con la mayoría de los organismos de control estatal a su servicio.


En su agenda, el fascismo pretende educar para la obediencia, el respeto a los valores ultranacionalistas, el mantenimiento de los estamentos, difundiendo la xenofobia y la exclusión de extraños y diferentes. A través del terror, de la persecución y el odio, deslegitiman y ridiculizan al pensamiento humanista, a las ciencias sociales e incluso a las investigaciones científicas que vayan en contra de sus conceptos doctrinales. Con el pretexto de que los colegios y universidades son lugares de “adoctrinamiento político” de izquierda, señalan a los profesores con ideas controversiales, ponen en cuestión la libertad de cátedra, el derecho a la alteridad, la pedagogía crítica, los estudios de género, deseando desmontar cualquier pensamiento que cuestione su política anti intelectual.


Con estas estrategias convierten su lucha política en un caldo que contiene rabia, repulsión, violencia, desigualdad, el cual dan de beber a sus seguidores como si fuera una pócima legítima de salvación social. Ese mesianismo es lo que hace que el fascismo sea asumido y consumido como un salvavidas en medio de los naufragios colectivos e individuales. Sintiéndose salvadores legítimos de la humanidad, por ley natural e incluso divina, los fascistas defienden la idea de que sólo ellos son los llamados a la “tierra prometida”, con algunos cuantos elegidos que han aceptado respetar y obedecer la “validez” de su doctrina.


Y hay más. Cuando sienten que está en peligro su poder y sus intereses culpan a sus rivales políticos transformándose ellos en víctimas. La reacción es inmediata. Camaleónicamente cambian de condición. Pasan a ser los golpeados, los excluidos, los señalados, vilipendiados, los perseguidos y asesinados. Cuando se trata de perder el poder o de compartirlo con otros grupos opositores, los fascistas se presentan como perseguidos, víctimas del acoso y de la “maldad” política. De inmediato ponen a funcionar la emocracia pasional con toda su fuerza entre la población, la cual, bombardeada en su sensibilidad, los escucha y protege, llega hasta las últimas consecuencias defendiendo a sus padres-jefes, abrazando con pasión los castigos, la dominación y las cadenas. Luego vendrán los lamentos, pero ya no importan. Así, el gobierno de las emociones lleva a cabo sus terribles propósitos.


Al transfigurarse en víctimas, los verdugos adquieren estatus de salvadores. La paradoja es atroz y perversa. La responsabilidad de las desdichas se la cargan a los cuestionadores escépticos, de dudosa procedencia intelectual, ideológica y jurídica. Por lo tanto, hay que perseguirlos y castigarlos. Los verdaderos verdugos quedan de esta forma limpios, puros, intocables. Inventándose enemigos y volviéndose víctima, el fascismo justifica sus acciones de opresión y hasta sus crímenes.


Es evidente que de esta manera el fascismo inventa realidades, las construye según su deseo, las moldea para que encajen en su horma a través de trampas, engaños y amenazas. La complicidad de los medios masivos poderosos le ayudan en dichas empresas; estos tergiversan los hechos, conspiran contra toda verdad comprobada, deslegitiman las investigaciones serias y rigurosas sobre terribles sucesos propiciados por sus compinches. Ante el resplandor de una certeza imponen la sospecha, la desconfianza. Destrozar al rival político es el objetivo. Los fines justifican la farsa, la difamación y cualquier procedimiento de destrucción posible. De este modo, lanzan calumnias sobre sus rivales de turno, las cuales permean en la opinión pública. Todo esto orquestado desde las emociones y las pasiones, cuyo fervor patriótico, que congela el juicio racional, hierve en la sangre. Al cabo del tiempo se comprueba el montaje, la injuria, pero no importa, el daño está ya hecho, ha despertado la desconfianza esperada. La artimaña es cruel, pero eficaz, el dardo ha dado en el blanco.

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Miércoles, 05 Mayo 2021 06:37

Frankenstein revisitado

Frankenstein revisitado

 Con angustia, el paciente expresa: "Busco a la mujer ideal". Acuciosa, la terapeuta inquiere: "¿La real le da miedo?"

Ahora bien. ¿Cambiaría la pregunta si el paciente angustiado dijera que anda buscando la "sociedad ideal"? De mi lado, creo que si el paciente fuese mujer, ambas inquietudes hubieran tenido otra formulación. Porque de lo que llevo aprendido, los devaneos masculinos raramente han sido de su interés. Moraleja (tentativa): la mujer, el hombre y la sociedad "ideales", nunca existieron.

Obviamente, sería pueril concluir que luchar por ideales es un error. A no ser, claro, que los anhelos de cambiar la realidad naufraguen en meras declaraciones ideológicas.

La noción moderna de ideología empezó a tomar forma durante la Gran Revolución (1789-99). Desde entonces, con disímiles connotaciones, gravita en la política, la economía, la sociedad y la cultura, usándose para señalar emociones, conciencia, intereses, proyectos, ilusiones, programas políticos… siga usted.

Implícita y sugestivamente, el vocablo ideología aparece con los primeros indicios de una sicología social: “Todo lo síquico tiene su origen en la sensio (sensibilidad, percepción)”, apunta el filósofo inglés Thomas Hobbes en Sobre el hombre (1658). Una sicología social que los protagonistas de la Gran Revolución encendieron al rojo vivo.

Con ligereza binaria, se ha dicho que los términos izquierda y derecha provienen de la ubicación de los asambleístas franceses con respecto al centro del presídium. A la izquierda, "los de abajo" (jacobinos); a la derecha, "los de arriba" (girondinos).

No obstante, en su biografía Fouché, el genio tenebroso (1929), Stefan Zweig señala que en las bancas de arriba estaban "los de abajo" (o jacobinos: Danton, Marat, Robespierre), y en las de abajo "los de arriba" (o girondinos: Brissot, Condorcet, Roland).

Mientras que "afuera", faltaba más, estaban los sans coulottes (sin calzones). Es decir, la plebe que tomó La Bastilla y derrocó a la monarquía, para luego ser tropa en los ejércitos de la revolución y, con Napoleón, eficaces verdugos de los pueblos de Europa.

La Gran Revolución quedó consagrada en los magníficos óleos "ideales" de David. Y en los "reales" de Goya, o en la novela Los dioses tienen sed (Anatole France, 1912), devorando a sus hijos. O hijas. Entre ellas, Olympia de Gougés (1748-93), autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), quien para escándalo de "los de abajo" y "de arriba" decía que el matrimonio era "la tumba de la confianza y el amor".

Vertientes ideológicas de la cultura y la filosofía política occidental, que con Lord Byron y el Che alcanzaron cotas máximas de expresión. El poeta tenía una goleta llamada Bolívar, admiraba al general José Antonio Páez (1790-1873) y estuvo a punto de enrolarse en la guerra de independencia de Venezuela. Bueno, murió en la de Grecia, aunque de sepsis (1824). Y en México, el Che se incorporó a la lucha victoriosa de Cuba, peleó sin suerte en el Congo colonial y murió asesinado por la CIA, tras ser abandonado por los comunistas bolivianos (1967).

¿A partir de cuándo buena parte de los pensadores y luchadores sociales de América Latina le dieron las espaldas a nuestra historia, y emulando liberales y conservadores empezaron a razonar con matrices ideológicas eurocéntricas que se pretenden universales?

Pero ahí siguen y ahí están: pendientes del pensador de moda europeo, y remachando sus ideas bajo las formas del colonialismo ideológico y la dependencia intelectual.

Junto con Manuela Sáenz y Eva Perón (a las que ya dediqué breves ensayos), siempre regreso con Mary Shelley. Una mujer que recurrió a la imaginación, para dar cuenta de la realidad. ¿Acaso Frankenstein (1818) no es una metáfora del delirio masculino cuando se olvida que "ciencia sin conciencia es ruina del alma"?

La Gran Revolución abrió de par en par las puertas del romanticismo y el idealismo modernos. Y con Frankenstein, Mary Shelley dio cuenta de los errores y horrores de las ideologías que subestiman (o de plano pierden) la brújula política.

El invaluable legado de la Gran Revolución, mujeres como Olympia de Gougés y personajes como el poeta Lord Byron y el Che, muestran con claridad que ideología y política son dedo y uña, o están predestinadas a naufragar cuando se aventuran en el mar de los sargazos.

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Sábado, 17 Abril 2021 06:34

Opuestos, pero no tanto

Pedro Castillo en campaña electoral en Lima AFP, GIAN MASKO

Castillo versus Fujimori

El maestro rural de provincia y la hija del último dictador de Perú, que se disputarán la presidencia de ese país, tienen planes económicos contrapuestos, pero coinciden en dos aspectos: su conservadurismo social y su magra votación.

Un 45 por ciento del electorado peruano no votó por ninguno de los 18 candidatos presidenciales el 11 de abril, cuando dos políticos conservadores pasaron a la segunda vuelta con el menor porcentaje de votos que haya registrado el país andino: con el 19 por ciento el dirigente magisterial de izquierda dura Pedro Castillo y el 13 por ciento la candidata derechista Keiko Fujimori, a quien el Ministerio Público ha acusado de lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la Justicia, luego de dos años de investigar aportes de campaña electoral no declarados, procedentes de Odebrecht y del principal grupo financiero peruano.

Los comicios han ocurrido en la fase más severa de la pandemia –con cifras diarias de muertes más altas que en la primera ola–, así como en un contexto de grave crisis económica: la reducción del producto bruto interno el año pasado fue de 11 puntos, debido a las medidas para contener la transmisión de la covid-19. Este contexto de precarización y pugna por la supervivencia podría ser una clave para comprender por qué Castillo y Fujimori disputarán el balotaje aun con esos bajos porcentajes de votación. Antes de la pandemia era un 20 por ciento de la población el que estaba por debajo de la línea de pobreza. Aún no hay cifras oficiales sobre los nuevos pobres y es esta población la que ambos candidatos han priorizado en sus discursos de campaña. En lo que va de la crisis sanitaria, además, unos 300 mil escolares han dejado las clases, debido a la imposibilidad de conectarse a Internet o a la carencia de radio y televisión para educarse a distancia, y han fallecido más de 151 mil personas debido al nuevo coronavirus, según el Sistema Nacional de Defunciones.

Una alta cantidad muere en sus casas, por evitar morir sin contacto familiar ni oxígeno en los hospitales: desde enero el país tiene un déficit semanal de 100 toneladas de dicho insumo médico. Gran parte del personal de salud aún no ha recibido los bonos que el gobierno aprobó por trabajar en la pandemia y labora hace un año con tensión por la insuficiencia de camas de cuidados intensivos, así como de ventiladores artificiales y oxígeno. El cuadro es de agotamiento para el personal sanitario y miedo para los pacientes y sus familiares. Sin dinero, quienes no alcanzan un espacio en los hospitales tienen más posibilidad de morir, pues tienen que comprar cilindros de oxígeno o concentradores de este gas en el sector privado.

LA HORA DEL MAESTRO

Castillo se hizo conocido en 2017 como cabeza de una huelga de profesores que duró dos meses y tuvo alcance nacional. Los docentes se oponían a someterse a una evaluación periódica si el Ministerio de Educación no aprobaba un alza salarial y mejores condiciones de trabajo. Durante la campaña electoral, una estudiante universitaria que participó en las protestas de noviembre contra la corrupción del Congreso y fue herida durante la violenta represión policial (véase «Tiempos turbulentos», Brecha, 20-XI-20) comentó a esta periodista que la primera vez que vio tanta brutalidad de los agentes contra manifestantes pacíficos fue durante la huelga de maestros que lideró Castillo.

El dirigente sindical se ha postulado por el partido Perú Libre, que preside Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba que fue gobernador de la región Junín y fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción. Ambos promueven nacionalizar el gas de Camisea –el principal yacimiento de ese combustible en el sur de Perú–, que las empresas extractivas reinviertan sus ganancias en el país e impulsar las empresas estatales –que el fujimorismo eliminó al inicio de los años noventa–. Esta candidatura quitó votos a Verónika Mendoza, de izquierda moderada, quien proponía abiertamente una agenda de derechos sociales –incluidos los de la población LGTBI–, además de la defensa del medioambiente y de un mayor acceso a la salud y la educación.

«No más pobres en un país rico» es el eslogan que ha repetido sin aburrimiento el profesor Castillo durante su campaña hecha a ras de tierra, a diferencia de los otros candidatos, que viajaron menos que él –debido a las restricciones de bioseguridad por la pandemia– e invirtieron tiempo y recursos en campañas en Tiktok y otros medios sociales. Cuatro candidatos a la presidencia se contagiaron durante la campaña electoral. Castillo tiene una cuenta de Twitter, que usó muy poco: no estaba buscando allí a sus votantes.

COINCIDENCIAS: FAMILIA Y MANO DURA

La excongresista Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia, hizo una campaña distinta a la de 2016 (véase «El fujimorismo social», Brecha, 10-VI-16), cuando quiso distanciarse de la imagen del padre, quien cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción, robo y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Esta vez reivindicó los supuestos logros de los dos gobiernos de Alberto Fujimori, usando un discurso que el fujimorismo ha asentado en 30 años: el de que salvó al país de la crisis económica y venció al terrorismo. Ello pese a que el grupo especial de inteligencia policial que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso trabajaba sin apoyo gubernamental y enfrentado al jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori.

La lideresa del partido Fuerza Popular ha dicho que el fujimorismo volverá a rescatar al país de la crisis económica y enfrentará con mano dura la pandemia y la delincuencia. Además, ha destacado su identificación con los grupos que se oponen al aborto –salvo el previsto en la ley, el aborto terapéutico– y al enfoque de género en el currículo educativo. También ha dicho que, si bien «tiene amigos» de la comunidad LGTBI, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario.

El profesor Castillo, en una entrevista en la principal radio de noticias peruana, respondió sobre esos temas pocos días antes de las elecciones, pues no se mencionan en el plan de gobierno de Perú Libre, de 77 páginas. El periodista le recordó que el líder de su partido dijo en alguna entrevista: «Nuestro pueblo, lleno de valores familiares, jamás podrá aceptar el enfoque de género». Y le preguntó si él es «profamilia». «No sólo somos profamilia: hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestro, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarla», contestó.

Esta posición coincide no sólo con la de Fujimori, sino con la de otros sectores de ultraderecha, que a partir del 28 de julio, cuando sea el cambio de gobierno, tendrán por primera vez escaños en el Congreso, de la mano del grupo político Renovación Popular. Desde 2016 un movimiento llamado Con mis Hijos No te Metas se ha opuesto, con marchas, plantones y un constante litigio judicial, al enfoque de género en las escuelas, pues señala que con él se promueve la homosexualidad en los niños. En dicho movimiento se encuentran seguidores de grupos ultracatólicos y sectas escindidas de los evangélicos.

En la misma entrevista radial, a la consulta de si legalizaría el aborto, Castillo respondió: «Para nada. Trasladaría el tema a una asamblea constituyente. Personalmente, no estoy de acuerdo». ¿Y sobre la eutanasia?: «Para nada». ¿Matrimonio igualitario?: «Peor todavía: primero la familia. La familia y la escuela: estas dos instituciones tienen que ir de la mano», añadió el candidato de la izquierda.

En tanto, así como la hija mayor de Fujimori ha usado desde 2016 el populismo penal en campaña y los congresistas de su partido lo usan constantemente en el debate parlamentario (pidiendo, por ejemplo, la pena de muerte en caso de violación y, por tanto, exigiendo que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José), también Castillo y Cerrón apuestan por esa retórica. «Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y analice el Pacto de San José», manifestó Castillo en un reciente debate. El candidato de Perú Libre, que ha hecho campaña con un lápiz como símbolo, dice que la pena de muerte servirá para eliminar las lacras de la sociedad peruana.

Sin embargo, en el plan de gobierno que representa Castillo y firma Cerrón, la motivación para apartarse del sistema legal interamericano es distinta a la del fujimorismo: Perú Libre, desde una proclamada posición marxista y anticapitalista, señala que la Organización de los Estados Americanos es un mecanismo de dominación e injerencia en la Justicia de los países del continente, y por ello la rechazan. Castillo no menciona ese motivo en sus intervenciones públicas, pero este está plasmado en el documento inscrito por su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además de ser maestro de escuela primaria rural en la provincia de Chota, en la región de Cajamarca –en los Andes del norte del país–, Castillo ha sido dirigente rondero. Las rondas de Cajamarca fueron fundadas por campesinos a mediados de los años setenta para librarse de los ladrones de ganado –los abigeos– y se convirtieron en un sistema de administración de justicia paralelo al tradicional. El látigo es una de las herramientas de los ronderos. El candidato ha ofrecido trasladar esa experiencia a la lucha contra la delincuencia. «Convocaremos a las rondas campesinas para organizar a los barrios y hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas para consolidar una sola fuerza», señaló en el debate presidencial oficial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con los 18 candidatos. La idea de que quienes hicieron el servicio militar o han sido militares se sumen al trabajo contra la inseguridad ciudadana es compartida hace años por congresistas y dirigentes del fujimorismo, así como por el candidato más votado de Renovación Popular, un oficial retirado de la Marina.

LAS DIFERENCIAS

En la primera vuelta, Castillo ha enfrentado –al igual que Mendoza– la fuerte contracampaña de los grupos políticos de derecha y la prensa tradicional, que alientan el miedo a que Perú se convierta en Venezuela o Cuba si ellos llegan a la presidencia. Pero, en el caso de Castillo, han ido más allá, al repetir alegaciones no comprobadas de que estaba vinculado a una organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso, llamado Movimiento por los Derechos Fundamentales (Movadef). En Perú, los maestros que han cumplido una condena por terrorismo no pueden volver a ejercer la docencia. Sin embargo, en la huelga magisterial de 2017 la prensa indicó que algunos agitadores pertenecían al Movadef y cuestionaban a Castillo por esa presencia. Los remanentes actuales de Sendero Luminoso son una columna pequeña dedicada al narcotráfico y la extorsión, en un valle cocalero entre las montañas de las regiones Ayacucho, Junín y Huancavelica, y el propio Movadef, que intenta infiltrarse en sindicatos y universidades. Castillo se ha deslindado muchas veces de esa agrupación. Es más: los ronderos combatieron a Sendero Luminoso en las décadas del 80 y el 90 e impidieron su entrada en la región de Cajamarca.

Pese a esto, ese será el mejor blanco de los ataques de la campaña del fujimorismo a la segunda vuelta, que está habituado desde 2000 a buscar votos promoviendo o alentando el miedo al terrorismo e insistiendo en que el padre de la actual candidata fue quien acabó con Sendero Luminoso. Sin embargo, en los años noventa, Alberto Fujimori usó la lucha antisubversiva como pretexto para que un destacamento del Ejército, el llamado Grupo Colina, desapareciera y asesinara a estudiantes de universidades públicas y a dirigentes campesinos y sindicales que denunciaban la corrupción de su gobierno y los retrocesos en los derechos laborales causados por la nueva Constitución de 1993 –aprobada luego del autogolpe de abril de 1992–, que cambió el modelo económico peruano y que hoy defiende Keiko Fujimori.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular ha invocado este miércoles a sus seguidores a «no abrir heridas» y no hacer campaña contra Castillo ligándolo al terrorismo. «Es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de lucha de clases, odio y confrontación, pero no voy a terruquear a nadie», anunció. El terruqueo es la ofensa a una persona o grupo llamándolo terrorista cuando no lo es: la palabra viene de terruco, la forma como se denominaba en el campo a los subversivos en la década del 80. «Propongo generar riqueza, no estatizar; que Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte. Proponemos una economía social de mercado, no marxismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases», añadió en un pronunciamiento público cuando el escrutinio llegó al 99 por ciento de las cédulas de votación. Además, ha encarado a Castillo diciéndole que no se atribuya la representación de los pobres, porque «el fujimorismo fue el gobierno que más trabajó por ellos». El candidato aún no ha respondido. Sin embargo, en cierto modo, su vida y su trayectoria hablan por él. Es maestro rural desde 1995 en una de las regiones con mayor pobreza extrema y menos acceso a la salud, pese a que en Cajamarca se ubica la mina con mayor producción de oro de Sudamérica.

El maestro ofreció ahora convocar en los primeros seis meses de su gobierno una asamblea constituyente y pretende que la educación y la salud sean derechos constitucionales, «y no servicios, como ahora», mientras que Fujimori defiende el modelo neoliberal. «Yo no necesito disfrazarme de paisano para llevar una propuesta a mis hermanos agricultores. Soy chacrero, obrero, rondero, agricultor y profesor a mucha honra», afirmó en una entrevista anterior a los comicios. El voto «por el lápiz, por el lapicito», como decían algunos electores días pasados, puede haber sido no sólo por una necesidad de orden en una sociedad caótica e impredecible por causa de la pandemia, sino también por un personaje ajeno al repertorio de políticos visibles desde 2016, cuando se ha agudizado la corrupción en la política y en el sistema judicial.

En Cajamarca, Castillo fue dirigente entre 2005 y 2017 de Perú Posible, el partido que fundó el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, navegó en el sistema formal de la política, pero no saltó a la escena nacional desde esa plataforma. Todos los presidentes que asumieron de 1990 en adelante, con la excepción del presidente de transición Valentín Paniagua, están presos, investigados o enjuiciados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Y Alan García se suicidó en abril de 2019, cuando llegaron a su casa un fiscal y la Policía con una orden de prisión preliminar por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El politólogo Arturo Maldonado destacó recientemente en conversación con la emisora radial Radioprogramas que tanto Castillo como Fujimori tienen muy poca legitimidad debido al bajo porcentaje de votos que obtuvieron, a lo que debe sumarse que hubo un 5 por ciento de votos nulos y un 12 por ciento de votos en blanco, además de un alto ausentismo, de un 28 por ciento, aun cuando el voto es obligatorio. Quizás ese 28 por ciento se explica por las múltiples desconfianzas y dificultades de ir a votar en pandemia, el temor a las colas y el consiguiente contagio, la obligación de ir con mascarilla, la necesidad de cuidar a un pariente enfermo y el hecho de estar en una ciudad distinta a la del lugar de votación: en mayo, miles de peruanos se desplazaron de los centros urbanos al campo porque se quedaron sin trabajo en las ciudades (véase «Los caminos del hambre», Brecha, 8-V-20). En ciertos casos es más barato pagar la multa que costear un pasaje interprovincial. Tampoco los cuidados sanitarios son accesibles para todos: una radio reportó el domingo que una mujer se acercó a votar en Lima sin cubrebocas porque no tenía dinero para comprarlo, un policía sacó dinero de su bolsillo y compró uno, y la mujer pudo ejercer su derecho.

Lo cierto es que el próximo presidente (o presidenta) peruano, sea de izquierda o de derecha, será conservador y populista. Pero no fue esa la voluntad de un amplio sector del electorado.

Por Jacqueline Fowksdesde Lima 
16 abril, 2021

Publicado enInternacional
Castillo vs. Fujimori: una «extraña» izquierda contra la vieja derecha

Las elecciones presidenciales del 11 de abril mostraron la profunda crisis del sistema político peruano y la implosión de los partidos políticos. En ese contexto, dos candidatos que quedaron por debajo del 20% -el sindicalista del magisterio Pedro Castillo y la persistente Keiko Fujimori- se enfrentarán en un incierto balotaje.

 

La última encuesta de Ipsos publicada en el diario El Comercio una semana antes de las elecciones generales peruanas mostró un quíntuple empate técnico en el primer lugar en la intención de voto presidencial. Se trataba de los candidatos Yohny Lescano (12,1%), Hernando de Soto (11,5%), Verónika Mendoza (10,2%), George Forsyth (9,8%) y Keiko Fujimori (9,3%). Como bien ha señalado el politólogo Carlos Meléndez, el escenario nos presentaba a «minicandidatos»: políticos que se disputaban la Presidencia de la República con menos de 10% del respaldo del electorado.

Los votos del 11 de abril, sin embargo, pusieron en primer lugar al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con 19,085%, seis puntos por encima de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien obtuvo 13,37% (con más de 98% de las actas procesadas). Este ex-sindicalista del magisterio fue la gran sorpresa de la jornada. Su alza se produjo desde inicios de abril, pero alcanzó al pelotón que pugnaba por la segunda vuelta en los días previos a los comicios, según fueron retratando varias encuestas que no pudieron ser publicadas por los medios de comunicación debido a restricciones normativas.

La campaña electoral peruana se ha dado en medio de una crisis política, sanitaria y económica. Una gran parte de la población siente que, nuevamente, debe elegir el «mal menor» para investirlo como presidente. Diversos factores han sido determinantes en este panorama.

La desafección política

Si bien la disolución constitucional del Congreso de la República de mayoría fujimorista, impulsada por el ex-presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2019, hizo creer a la población –que mayoritariamente apoyó la medida– que la etapa de confrontación entre poderes llegaba a su fin, ello estuvo lejos de suceder. En noviembre de 2020, el nuevo Congreso destituyó a Vizcarra del cargo de presidente de la República, después de que se difundieran por diferentes medios de comunicación acusaciones de que había recibido sobornos durante su gestión en el gobierno regional de Moquegua. 

La inestabilidad política del país ha sido extrema. En un quinquenio, lo normal es que Perú tenga un presidente y un Congreso, pero en el último lustro el país ha tenido cuatro presidentes y dos Congresos. Además, dentro de ese mismo periodo, varios líderes políticos y ex-presidentes han sido involucrados en casos de corrupción, sembrando en la ciudadanía un manto de sospecha en la política.

Los casos más sonados son los de Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido preliminarmente en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, y Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana. Sin embargo, los ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori también tienen procesos activos con la justicia; en el caso de esta última, la fiscalía pidió para ella 30 años de cárcel por presunto lavado de activos

El último en incorporarse en la lista ha sido Martín Vizcarra. Varios escándalos de corrupción cayeron sobre él desde mediados de 2020, cuando aún era presidente. Vizcarra fue uno de los políticos más populares de los últimos años. Cuando dejó el cargo, ya cuestionado, contaba con una aprobación de 77%. Fue un político que, sin partido político ni alianzas, supo gobernar únicamente con el apoyo popular, al levantar la promesa de que mejoraría la clase política eliminando la corrupción. 

En las protestas de noviembre de 2020, después de su salida, se escuchó una y otra vez el grito de «que se vayan todos». Una encuesta de opinión pública muestra que, durante ese ciclo de manifestaciones, aproximadamente 60% de la población sentía que ningún político la representaba. Al mismo tiempo, la demanda de cambiar la Constitución –hasta entonces planteada por sectores sociales reducidos– fue creciendo y, en diciembre de 2020, fue avalada por 97% de los peruanos (entre quienes reconocían la necesidad de modificarla y los que apostaban por redactar una nueva). La ciudadanía pidió cambios estructurales que el nuevo gobierno de transición no supo atender. «No tenemos ni la legitimidad ni el tiempo para hacer cambios a la Constitución» fue una de las primeras declaraciones de Francisco Sagasti como jefe de Estado, tras ser nombrado en reemplazo de Vizcarra. 

Por otro lado, ningún aspirante al sillón presidencial pudo posicionarse políticamente y convencer de que su programa solucionaría los problemas de una ciudadanía afectada por la pandemia y la inestabilidad política. La candidata de izquierda Verónika Mendoza y Julio Guzmán, del partido de Sagasti, fueron dos políticos que tuvieron grandes oportunidades de crecimiento los últimos meses, pero por distintas razones no repuntaron. 

La desafección política se hizo evidente en febrero de 2021. Para entonces, las encuestas ya nos pintaban a los «minicandidatos». En febrero de 2020, el único aspirante a la Presidencia de la República que superaba el 10% de intención de voto era George Forsyth, un ex-futbolista y ex-alcalde municipal. Tenía 11% de intención de voto, pero este porcentaje fue en bajada con cada encuesta. Si bien buscó posicionarse como una cara fresca y alejada de la política, el escaso contenido del discurso que planteó en los debates y entrevistas, en donde su principal oferta era una carrera alejada de la política, hizo que la población perdiera el interés que en un inicio le había despertado.

En este contexto, con un respaldo de 19% del electorado, Castillo fue el candidato más apoyado del país. Desde que la Constitución Política de 1979 instauró la segunda vuelta en las elecciones para la Presidencia de la República, el ganador de la primera vuelta electoral siempre obtuvo más de 30% del apoyo popular. Pero en un contexto de enorme fragmentación, se convirtió en el ganador de la primera vuelta con menor respaldo electoral de la historia (que baja aún más si se considera que ese 19% es sobre votos válidos y votantes efectivos: la abstención llegó casi a 30%, y los votos nulos y blancos superaron el 17%). Este candidato sorpresa se perfila como el que propone los cambios más ambiciosos, al apostar por el término de las tres décadas de política neoliberal en el país.

La palabra del maestro

La primera vez que los medios de comunicación de alcance nacional se refirieron a la campaña de Castillo fue el 10 de marzo pasado. Faltaba un mes para los comicios y el candidato contaba con 3% de intención de voto, según la encuestadora Ipsos. Había sido retenido por la Policía por generar una aglomeración de personas durante un mitín político en la plaza de Armas de Mazuko, en la región selvática de Madre de Dios. Con esa anécdota, los grandes medios volvían a mirar al protagonista de la huelga del magisterio de 2017 que durante 75 días fue acatada por aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. El paro de maestros que Castillo lideró como dirigente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), en contra de la dirección del sindicato, no consiguió algún beneficio concreto para el gremio, pero se convirtió en una de las manifestaciones sociales más grandes de los últimos años. 

Castillo es profesor de primaria en una escuela pública ubicada en la provincia de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde nació. Es parte, además, de las rondas campesinas, las organizaciones autónomas que nacieron en los años 70 en los lugares más alejados del país, como respuesta a la falta de la presencia institucional del Estado, para impartir justicia en cada comunidad, y que en el caso de Cajamarca limitaron la entrada de grupos armados como Sendero Luminoso.

Si bien militó durante varios años en el partido Perú Posible, del ex-presidente Alejandro Toledo, Castillo se postuló por el partido Perú Libre, un partido político fundado en 2007 como movimiento regional, que se autodefine como «de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática (...) que no solo cuestiona el centralismo forjado por los partidos de derecha, sino también la indiferencia de algunos partidos de izquierda capitalina que, con su neutralidad ‘democrática’, permitieron la consolidación del neoliberalismo en nuestra patria». Dicen ser una «izquierda provinciana» contra la «izquierda caviar».

A pesar de la pandemia, Castillo realizó una campaña bastante tradicional, basada en discursos en plazas de distintos pueblos del país. El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre apostó por una estrategia territorial para su candidato e hizo que este se desplazara por distintas regiones hasta llegar a Lima. Como sostiene el analista Gonzalo Banda, fue una «campaña de manual, como la campaña que un antiguo marxista peruano hubiera soñado: del campo a la ciudad». O desde el «Perú profundo» a la capital costeña.

A pesar de que varios periodistas y algunos analistas plantearon en varias ocasiones que la candidatura de Pedro Castillo le restó votos a la de Verónika Mendoza, la realidad es que los seguidores de los dos candidatos de izquierda presentan varias diferencias. La última encuesta de Ipsos, publicada en El Comercio el 4 de abril, muestra que Mendoza concentra votos en los niveles socioeconómicos A y E y en la zona oriental del país; por su parte, Castillo tiene no tiene prácticamente intención de voto en el nivel socioeconómico A, su voto se aglutina en los sectores D y E, y en las zonas del centro y sur del país. En el mismo sentido, un seguimiento a la intención de voto de Mendoza permite ver que desde enero se mantiene entre 7% y 8%. Es recién en la última encuesta donde el porcentaje crece hasta 10,2%, mientras que Castillo lograba crecer a su vez 3,5 puntos porcentuales. Y es que más allá de la apuesta por un modelo económico alternativo que ofrezca mayor justicia social, algunas de las propuestas ofrecidas por Castillo y Mendoza terminan siendo opuestas, lo que puede sugerir a electores con necesidades y prioridades diferentes. 

Parte esencial del discurso de Mendoza es la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, la despenalización del aborto y el enfoque de género. Además, por más que siempre remarcó la necesidad de «nuevas reglas de juego», ha insistido en el respeto de la institucionalidad, lo que le ha valido el reconocimiento de ser una alternativa de «izquierda democrática».

Por su parte, Castillo, en una entrevista con un programa periodístico de gran audiencia, después de su evidente subida en la última encuesta del 4 de abril, brindó declaraciones que lo perfilaron como una opción socialmente conservadora e incluso antiinstitucional. Aquella entrevista fue clave, ya que la teleaudiencia lo veía por fin como un candidato con posibilidades de ocupar el sillón presidencial. En ese espacio, el candidato, que hizo campaña con un lápiz gigante, manifestó ante todo el país su postura «profamilia» y su rechazo a causas como la despenalización  del aborto, el matrimonio igualitario y la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar.

«Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos», sostuvo. Asimismo, indicó que, de lograr la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional sería desactivado «en el acto». «Hoy la gran corrupción es constitucional en el Perú. Todas las demandas del pueblo, de los jóvenes, de los agroexportadores, de los médicos, de los maestros se han ido al Tribunal Constitucional. O el Congreso ha aprobado normas por insistencia y, a pesar de que las aprueba por insistencia, se lo da al gobierno que dice que, como choca con su Constitución y la economía, pide una demanda de constitucionalidad»: estas palabras le valieron varios titulares el día siguiente. 

En ese encuentro, y en otros que se repetirían los días siguientes, entrevistado y entrevistador parecieron hablar distintos lenguajes. Los periodistas creían ponerlo en aprietos con sus cuestionamientos, mientras Castillo veía dos grandes oportunidades: primero, demostraba a sus seguidores y simpatizantes que no moderaría su discurso al llegar al gobierno y, segundo, conseguía hablarles a sectores que no se sentían representados con algunas de sus ofertas electorales. Esto último ha sido clave para obtener el apoyo popular. 

El candidato de Perú Libre ha sabido conectar con sectores con necesidades específicas. Cuando mencionaba su repudio al papel del Tribunal Constitucional, en realidad conectaba con la población que a lo largo de los años se ha sentido perjudicada por los fallos de esa institución. Por mencionar algunos: Castillo aludió a los miles de ronderos campesinos que en noviembre del año pasado se movilizaron en todas las regiones del país en rechazo a una sentencia que prohibía seguir administrando la justicia comunal en centros poblados y caseríos; a los maestros que vieron frustrada su lucha contra la Ley de Reforma Magisterial cuando el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ratificó la constitucionalidad y legalidad de la norma; y a los  miles de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley, aprobada por el Congreso, que autoriza la devolución de aportes a los afiliados.

Por otro lado, el candidato de Perú Libre conectó con un electorado antisistema y conservador que Mendoza no supo cautivar por levantar esencialmente banderas progresistas. Un estudio de opinión realizado en abril de 2019 mostró que 67% de la población se declaraba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, Castillo no ha desdeñado por completo esas propuestas, sino que se ha adueñado del concepto «voluntad popular», señalando que aquellos temas serían discutidos en la Asamblea Constituyente que impulsaría desde el Ejecutivo. 

De igual manera, parece que en esos temas Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, no están del todo alineados. En el programa de ese partido –elaborado por Cerrón– se muestra una posición más liberal: «Según las estadísticas mundiales, los países que han despenalizado el aborto lograron que el número de los mismos bajaran; permitió salvaguardar la vida materna al ser atendida institucionalmente; redujo prácticas ilícitas de personal médico, paramédico y no médico; disminuyó la mortalidad infantil; y evitó prácticas genocidas como la esterilización forzada en el Perú».

El viejo fujimorismo renovado

Otra sorpresa de las últimas elecciones es el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori después de su impopular actuación en el Congreso disuelto, que la mayoría de la población calificó como obstruccionista. Esta es, sin embargo, una «victoria» para la candidata de Fuerza Popular que se solo explica centralmente por la hiperfragmentación de los votos. En las elecciones de 2016, Keiko Fujimori tuvo el apoyo de 39,86%, mientras que en estas su porcentaje se ha reducido, como señalamos, a 13,3%.

Un factor importante en la caída del fujimorismo ha sido la nueva oferta electoral que ha sabido cuajar con el electorado de derecha. Hasta 2016, el fujimorismo había albergado todos los matices de la extrema derecha. De esta manera, en su bancada hubo candidatos conservadores con una agenda «provida» y antiderechos LGBTI. Algunos de ellos, como el pastor Julio Rosas, cercano al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, terminaron alejándose de Fuerza Popular porque sentían que no existía un respaldo consistente de Keiko Fujimori a estos principios.

En estas elecciones, el sector más conservador vio en el candidato de Renovación Popular, el empresario de extrema derecha Rafael López Aliaga, un líder más genuino. Por otro lado, producto del descrédito del fujimorismo, una derecha con un discurso económico ultraliberal se agrupó en torno de la candidatura del candidato de Avanza País: el veterano Hernando De Soto. Estas tres candidaturas juntas suman 36,5% de los votos, porcentaje muy similar al alcanzado por Keiko Fujimori en 2016. El candidato Marco Arana, del Frente Amplio, los denominó «las nuevas cepas del fujimorismo».

Keiko Fujimori era consciente de que contaba con una maquinaria desgastada en esta campaña. Por lo tanto, decidió dar un giro. En las elecciones anteriores la candidata fujimorista se había esforzado por desmarcarse discursivamente del gobierno de su padre, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, en 1992 dio un autogolpe de Estado y actualmente cumple una condena de 25 años por delitos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales realizadas durante su mandato. Si en 2016 ensayó algunas críticas, para este proceso no solo reivindicó el decenio fujimorista, sino que también ha prometido que, de llegar al gobierno, indultará al ex-presidente.

Otro punto importante de su estrategia fue convertir un recurrente reclamo de la población en un eslogan y estrategia de campaña: la «mano dura» contra la delincuencia. De esta manera, Keiko Fujimori quería activar el recuerdo del gobierno de su padre, explotando la idea de que fue el presidente que venció a la subversión. «Así como derrotamos al terrorismo, derrotaremos a la delincuencia», ha repetido la candidata durante toda la campaña.

¿Le funcionó la estrategia? Es difícil de saber y se tendría que recurrir a la conocida paradoja del vaso medio lleno o medio vacío. En el medio lleno veremos que pasó la segunda vuelta y que, paradójicamente, está mucho más cerca que antes de ponerse la banda presidencial; en el medio vacío, tendríamos que apreciar la estrepitosa caída del respaldo del electorado. En todo caso, sí le alcanzó para detener su caída de popularidad e incluso para subir algunos puntos, que terminaron por ser suficientes. Hay que tener en cuenta, también, que el antifujimorismo bajó la guardia ante la creencia de que Fuerza Popular ya no iba a tener ninguna opción en estas elecciones. En Perú se dice que el principal partido político es el antifujimorismo, pero que en esta campaña estuvo ausente. Veremos qué ocurre en la segunda vuelta.

El camino al balotaje

Se dice que la segunda vuelta electoral es una elección completamente diferente: los postulantes suelen matizar su discurso para conquistar al electorado que no les dio su voto. En este caso, ambos candidatos presentan dificultades para hacer llegar su discurso por la contracampaña que inevitablemente tendrán por parte de diferentes sectores de la población. 

Keiko es una de las políticas con mayor rechazo del país. En enero, 71% de los consultados indicó que definitivamente no votaría por ella. En la actualidad, no son solo los recuerdos del gobierno de su padre los que generan el rechazo de gran parte de la población, sino también el comportamiento de su bancada cuando fue mayoría en el Congreso. 

«Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay pruebas» fue la famosa frase de Steven Levitsky, politólogo de Harvard, en 2011, cuando Fujimori y Humala se enfrentaron en la segunda vuelta electoral. «Hay más pruebas en 2021 que en 2011» escribió en sus redes sociales un día después de esta última contienda. 

La estrategia que Keiko ha mostrado estos días ha sido la de acercarse a las fuerzas políticas que apuestan por el modelo económico vigente. «Aquí no está en juego una persona, un nombre, un apellido o un partido político. Lo que se va a elegir es un modelo de país. Hago una invocación a los que creen en un modelo de inversión privada y no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela» dijo después de que el conteo rápido la ubicara en la segunda vuelta. 

Por su parte, Castillo y los voceros de Perú Libre han sido enfáticos en que no plantearán una hoja de ruta hacia el centro como lo hizo Ollanta Humala en 2011 y en que la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política no es negociable. Sin embargo, han manifestado su apertura al diálogo con diferentes fuerzas políticas para «llegar a una concertación». No queda claro cuál será su estrategia en esta segunda etapa. Castillo tiene como adversario claro al gran sector empresarial, que ve un peligro en su postura desafiante frente a la ortodoxia económica y en sus propuestas antineoliberales, como la nacionalización del gas. Por otro lado, si bien sus propuestas convencieron a sectores específicos, no responden a los intereses de una gran parte de la población peruana que, en las marchas de noviembre, demostraron respetar la institucionalidad y se movilizaron ante lo que consideraron un golpe de Estado.

Mientras pasan los días, los ataques de algunos medios que lo vinculan a grupos subversivos han ido creciendo; hasta ahora, sin mucho eco entre la población. Parte de los ataques contra Castillo se basan en sus supuestos vínculos con sectores ex-senderistas en el sindicalismo del magisterio, sobre todo en la huelga de 2017. Su respuesta ha sido que «terrorista es el hambre y la miseria».

Lo que queda claro es que no se vienen años más calmados en la política peruana y que el próximo Congreso será hiperfragmentado y polarizado. Establecer alianzas será indispensable para no repetir la historia, esta vez como una farsa. Queda por ver quién logrará quitarse más de encima sus aspectos negativos y ampliar sus alianzas rumbo a la segunda vuelta del próximo 6 de junio.

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La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

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Publicado enEdición Nº276
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La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

Publicado enColombia
Lunes, 11 Enero 2021 06:48

Imperativos categóricos burgueses

Imperativos categóricos burgueses

De por qué el habla petulante de los oligarcas y el origen de su violencia léxica

No se requiere un gran esfuerzo para identificar al autoritarismo ideológico burgués. Basta y sobra con exhibirles sus contradicciones y aparecerá, volcánica, una verborrea pagada de sí y exultante en argumentos de baja estofa pero escupidos con gran confianza y seguridad. Todo ello con tonito didáctico y cierta benevolencia dulzona propia de aquellos que se compadecen de los seres inferiores y los conducen con “mano firme”, y generosa, por el sendero de sus “razonamientos” univalentes, frecuentemente improbables y siempre autoritarios. Infernal y nauseabundo producto ideológico burgués que nos acecha a diario. Hay que oír a Claudio X. González y sus secuaces empresarios travestidos como “políticos” (dicen). Es metástasis de la corrupción, el perfil demagógico de empresarios que, “metidos en política”, adoptan vociferaciones mesiánicas. Y las propagan por todos sus “medios”. 

Operan como “predicadores” dispuestos a dar por verdad categórica los eslóganes que memorizan en cualquier almanaque de ferretería. Y a fuerza de repetir, con aires de grandeza, su colección de palabrerío inflamado, llegan a creerse “inteligentes”. Algunos, incluso, secuestran academias y organizaciones donde se hacen acompañar por trotamundos demagogos iguales a ellos. Ostentan títulos académicos y se premian entre sí y con frecuencia. Se creen “autoridades”. 

Uno reconoce esos soberbios cuando los mira manotear, desesperadamente, cualquier sofisma que sirva para no admitir sus equivocaciones. Encaramados en el reino de las verdades auto-conferidas, no conciben un milímetro de autocrítica y menos aún la posibilidad de pensar cómo piensan “los otros”. Dan por válidas sus consignas más escleróticas y tiemblan de terror si hubieren de admitir sus torpezas. Entonces redoblan la “superioridad” de sus “certezas”. Como si no conociesen la duda, decía Borges. Derrochan “imperativos categóricos” confiados en vencer al oponente a fuerza de imponerle necedades histriónicas antes que admitir yerros. No hay peor cosa que un ignorante soberbio decía Lope de Vega. Y razón le asiste. 

También la vida burguesa, cuando se infiltra en la cabeza del proletariado, suele producir engendros ideológicos patéticos. Produce, por ejemplo, víctimas reverenciales cuya libido se explaya repitiendo frases hechas y consignas prefabricadas para anestesiar la realidad propia en contextos y épocas muy diversos. Las víctimas aprenden las reglas del opresor: Todo antes que interrogar sus premisas y sus conclusiones. Todo antes que reconocer las diferencias y las diversidades. Todo para incensar sus preceptos y sus egos infectados de mediocridad leguleya. De eso viven las palestras burguesas y de eso aprenden mucho (a sabiendas o no) sus discípulos. Son ejércitos de la ideología de la clase dominante en acción cotidiana. Metidos aquí y allá, infiltrados en los medios y en los modos. Todos van armados, y armadas, con espadas lenguaraces convencidos de que deben convencernos. Imponernos su autoritarismo de egos histéricos y vendernos su mediocridad maquillada como si fuese un logro civilizatorio. 

Son incapaces de razonar con evidencias (de hecho las excluyen o las tergiversan). Son incapaces (literalmente) de pensar de manera “compleja”, considerando la integración dinámica de cinco o más variables, cada una de ellas portadora de vectores de clase en pugna, de historia, de matices y de identidades no subordinadas a la estrechez de la ideología mercantil, lineal y rígida como los intereses de la acumulación del capital. Sus razonamientos más humanos son refritos del vocabulario filantrópico más banal, difundido en seminarios de auto-ayuda o “coaching” empresarial. Mediocridad sublimada. Piensan que el centro del mundo son ellos. “Entre esos tipos y yo hay algo personal” Serrat dixit.

En algunos “informativos” los “periodistas”, arrodillados ante la burguesía, aprendieron a leer en público “noticias” (manipuladas desde las oficinas -gubernamentales o privadas- de espionaje e inteligencia) pero con tono patronal. Asimilaron como “estilo exitoso” la locución “categórica” y a los gritos, como si eso construyera verosimilitud y confianza en las audiencias, (cada día más hartas de falacias y exageraciones mercantiles). Hablan como “patrones de estancia”, terratenientes o señores feudales; hablan como hablan los gerentes a sus vendedores, como hablan los generales a sus soldados, como se le habla a quienes se piensa ignorantes, infradotados, tontos o simplemente incapaces de producir los “méritos” necesarios para vivir con éxito burgués. Hablan como el jefe le habla a sus asalariados. Hablan con autoridad burguesa. Como habla Trump, ídolo de mercachifles. 

Nos urge una Guerrilla Semiótica de acción directa, por todos los medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, en plazos cortos, las influencias tóxicas de los medios y los modos burgueses para manipular consciencias. Al pie de la letra, palabra por palabra. Y además de las «vacunas culturales emancipadoras», necesitamos organizar las ideas y los valores producidos en las luchas por liberarnos de la explotación laboral, la sujeción al Estado que ha servido para reprimirnos, la pandemia de los anti valores que nos acomplejan, que nos excluyen estigmatizan… Guerrilla Semiótica contra las humillaciones burguesas proferidas, por ejemplo, en forma de iglesias, entretenimientos y chistes. Contra la estulticia bajo palabra. No somos lo mismo.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de Red Verdad. Miembro de la Internacional Progresista. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 11/01/2021

Publicado enSociedad
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