[Foto: Un manifestante sostiene una pancarta en La Paz (Radio Kawschun/Facebook)]

A pocas semanas de las elecciones del 18 de octubre el gobierno golpista de Bolivia está nuevamente en crisis tras la salida de tres ministros clave por un intento inconstitucional de privatizar una compañía eléctrica.

Estos hechos se han producido cuando las encuestas muestran que el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, podría ganar en la primera ronda, menos de un año después de que su partido fuera derrocado por un golpe de la derecha.

La senadora Jeanine Áñez, entonces relativamente desconocida, prestó juramento como “presidenta interina” en noviembre pasado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente del MAS, Evo Morales.

A pesar de haberse comprometido a ocupar el cargo solo durante 90 días hasta que las elecciones pudieran decidir un nuevo presidente, el régimen ilegítimo de Áñez ha intentado en cambio utilizar su poder para hacer retroceder las medidas antineoliberales implementadas por el gobierno de Morales y para unir a las diversas facciones anti-MAS.

Sin embargo, su régimen ha quedado marcado por su catastrófico manejo de la pandemia de la COVID-19, que, hasta ahora, ha causado casi 8.000 muertos y ha dejado a Bolivia con la tercera tasa de mortalidad más alta del mundo por ese motivo.

Este fracaso se ha visto agravado por la mala gestión económica de su gobierno -con más de un millón de bolivianos por debajo del umbral de la pobreza- y más de 20 casos de presunta corrupción de alto perfil dentro de su gabinete, que ha experimentado 17 cambios de ministros en 10 meses.

Corrupción

El caso de corrupción más notorio fue la utilización en mayo pasado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la compra, a más del doble de su precio normal, de 179 respiradores, lo que llevó al arresto, por corrupción, del ministro de Sanidad y de otros altos funcionarios.

Otro escándalo similar se produjo en la compra de gas lacrimógeno para la policía que hizo el ministro de Defensa.

La última crisis del gabinete se desencadenó por las consecuencias del intento de reprivatizar la compañía eléctrica regional de Cochabamba, ELFEC, nacionalizada por el gobierno de Morales en 2010.

La crispación desencadenada llevó a la destitución del ministro de Economía Oscar Ortíz y a la renuncia de los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo el 28 de septiembre.

Una semana antes, el fiscal general del Estado, José María Cabrera, fue también destituido por cuestionar la constitucionalidad del decreto de privatización. Cabrera estaba supervisando la investigación sobre la polémica compra de gas lacrimógeno por parte del ministro de Defensa.

En declaraciones a los medios, Ortíz dijo que se negó a firmar el decreto de privatización porque iba “en contra del sistema legal” y no contaba con los “respaldos legales adecuados”.

“No creo que el gobierno, en sus últimas semanas, deba adjudicar nuevos contratos o licitaciones importantes, que deben dejarse para la próxima administración”.

Ortíz también denunció al gobierno por intentar seguir adelante con varias otras compras y contratos en sus últimas semanas en el cargo, incluidos más de 7 millones de dólares en vehículos nuevos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha anunciado que abrirá una investigación sobre esta y otras compras cuestionables, así como respecto a varias irregularidades y supuestos actos de corrupción que se han producido en el interior de varias empresas estatales.

Para sustituir a Ortíz, Áñez promovió al ministro de Planificación Branko Marinkovic, quien se apresuró a anunciar que viajaría a Estados Unidos para solicitar nuevos préstamos, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Impunidad

Con Arce liderando las encuestas -a pesar de la ola de represión por parte del gobierno y de los paramilitares de derechas contra el MAS, que no ha dejado de incrementarse durante la campaña electoral-, varias facciones del gobierno están buscando formas de protegerse a sí mismas y a sus ganancias de origen dudoso.

Un día después de que el grupo de expertos de la derecha Jubilee Foundation publicara una encuesta que mostraba a Arce ganando en la primera ronda, Áñez anunció el 17 de septiembre que renunciaría como candidata presidencial.

Si bien se ha presentado como una medida que ayudaría a unificar el fragmentado bloque anti-MAS, actualmente dividido a la zaga de varios candidatos de la oposición, es más probable que su retirada estuviera motivada por el deseo de llegar a un acuerdo de inmunidad bajo cualquier candidato anti-MAS potencialmente victorioso.

En lugar de respaldar a un candidato en particular, Áñez -que seguirá apareciendo en la papeleta electoral debido a su tardía retirada- pidió a los votantes que se unieran detrás del candidato con mayores posibilidades de derrotar a Arce.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado dijo a la Asamblea que el ejército se niega a cooperar con la investigación de las masacres en Senkata, Sacaba y Yapacaní de noviembre pasado, en las que murieron al menos 32 manifestantes antigolpistas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, muchos se preguntan si las elecciones serán libres y justas, o si siquiera se llevarán a cabo. Las elecciones ya se han aplazado dos veces y la fecha límite del 18 de octubre solo se estableció después de las protestas masivas a nivel nacional de agosto.

Con el futuro de la democracia y la economía de Bolivia en juego, sin duda seremos testigos de muchos más acontecimientos en las próximas semanas.

Por Federico Fuentes | 08/10/2020


Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Federico Fuentes es un escritor que centra sus trabajos en temas de Latinoamérica, sobre todo de Venezuela. Es editor de Links Socialism.

Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/bolivia-amid-new-crisis-coup-government-seeks-divide-spoils-impunity

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Histórico avance en la causa Ayotzinapa: López Obrador ordenó 70 detenciones de policías involucrados

El mandatario presentó su informe, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes

 

Al cumplirse seis años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México lanzó una de las primeras medidas concretas sobre las responsabilidades del caso. El presidente Andrés Manuel López anunció 70 órdenes de captura contra miembros de las policías municipal y Federal, miembros del Ejército y funcionarios del Ministerio Público. “El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado”, remarcó.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, afirmó el mandatario y confirmo que también hay órdenes similares contra miembros de la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, precisó que las 70 capturas incluyen a miembros del crimen organizado. "Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición", explicó.

El anuncio de las capturas fue hecho durante una reunión que el mandatario mexicano mantuvo en el Palacio Nacional con los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Allí, López Obrador lanzó duras críticas a su antecesor. Recordó que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada.

"Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la cuestionada versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Al asumir López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía. Se reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que habrían creado ese cuestionado relato mediante torturas a los presuntos implicados.

El fiscal Omar Gómez Trejo dijo que se está buscando la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas.

Por el caso ya están detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, ministerio público. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.

"La verdad histórica se ha colapsado" después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes "nunca estuvieron juntos", dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea", aseveró.

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Manifestantes ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia declinó imponer cargos criminales a los policías blancos involucrados en la muerte de la afroestadunidense Breonna Taylor. El presidente Donald Trump fue abucheado en la Corte Suprema, al asistir a un homenaje a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Foto Afp

Nueva York., Donald Trump ha puesto en duda el principio básico del sistema político-electoral de Estados Unidos, y nadie sabe qué hacer.

Veinticuatro horas después de que el presidente rehusó comprometerse a una transición pacífica del poder –"tendremos que ver qué sucede", respondió–, y luego de que durante varios días ha dicho que no reconocerá los resultados de los comicios si no le son favorables, y de que ha hecho explícito que desea instalar un nuevo juez en las Suprema Corte antes de las votaciones ya que pronosticó que la disputa electoral se resolverá a su favor ahí, el debate en este país ha entrado a territorio desconocido sin mapa ni brújula.

El liderazgo republicano de inmediato aseguró que sí habrá transición pacífica, creen, sin mencionar el nombre del presidente, mientras otros trataron de descalificar la respuesta al considerarla otro exabrupto sin sentido ni intención del presidente. Demócratas y otros opositores de Trump continuaron advirtiendo que se trata de maniobras para descarrilar no sólo las elecciones, sino los procesos democráticos de esta república.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se vio obligado a tuitear que "habrá una transición ordenada igual que ha sucedido cada cuatro años desde 1792". El senador republicano Dan Sullivan declaró: "por supuesto, vamos a tener una transición pacífica del poder. Somos Estados Unidos de América. No somos una república bananera", reportó el New York Times. Por lo menos otros ocho senadores republicanos buscaron asegurar al público que la transición se realizará, aunque algunos usaron palabras como "pienso" y "espero" que sea así, sin garantizarlo.

Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, aseguró que Trump aceptará los resultados de "una elección libre e imparcial", al responder a preguntas sobre lo declarado por el presidente el pasado miércoles.

Pero Trump no se quedó callado ayer y minó todo este esfuerzo para calmar la controversia y una vez más cuestionó la integridad del proceso electoral, sin ninguna evidencia, y declaró: "queremos asegurar que la elección sea honesta, y no estoy seguro de que pueda serlo", en referencia a su insistencia en que el voto por correo será motivo de un megafraude electoral. El fraude por esta vía es casi inexistente en el país.

Entre las respuestas a las declaraciones sin precedente en la historia moderna de un presidente, el Senado aprobó una resolución de manera unánime "reafirmando el compromiso al traslado ordenado y pacífico del poder tal como se establece en la Constitución de Estados Unidos". Pero el simple hecho de que el Senado se haya visto obligado a promover esta resolución ya es alarmante.

La presidenta de la Cámara de Representantes y la demócrata electa más poderosa del país, Nancy Pelosi, le recordó al presidente: "no estás en Corea del Norte; no estás en Turquía. Estás en Estados Unidos de América. Es una democracia; entonces, por qué no intentas por un momento honrar tu juramento a la Constitución".

El diputado Adam Schiff declaró en respuesta a las palabras del presidente que "es así como muere la democracia".

El senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders llamó a la creación de una comisión electoral independiente para proteger la democracia estadunidense. En un discurso en Washington declaró que "demasiada gente ha luchado y ha dado su vida para defender la democracia estadunidense y tú (Trump) no la vas a destruir". Concluyó: "ésta no es sólo una elección entre Donald Trump y Joe Biden. Ésta es una elección entre Donald Trump y al democracia, y la democracia tiene que ganar".

Mientras, el director de la FBI, Christopher Wray, declaró ante legisladores que él no había visto evidencia de "un esfuerzo coordinado a escala nacional de fraude electoral", en aparente contradicción con lo que ha sugerido el presidente durante semanas.

Al mismo tiempo, cerca de 500 ex altos funcionarios militares y civiles –incluyendo ex secretarios de gabinete– firmaron una carta abierta en la cual expresaron su apoyo a Biden, al afirmar que tiene las características necesarias para “abordar un mundo en llamas. Somos ex servidores públicos que hemos dedicado nuestras carreras, y en muchos casos arriesgado nuestras vidas, por Estados Unidos. Somos generales, almirantes… embajadores y altos funcionarios civiles de seguridad acional. Somos republicanos y demócratas e independientes. Amamos a nuestro país. Desafortunadamente, también tememos por él”. Trump, señalan, ha demostrado que no tiene la capacidad para ejercer su puesto.

El apoyo a Trump en las filas militares se ha desplomado, con sondeos recientes que dan a Biden ventaja de 41 por ciento contra 37 para el presidente. En 2016, Trump gozaba ventaja de dos a uno contra Hillary Clinton, reporta el Washington Post.

Protestas

"Ley y orden", tuiteó una vez más Trump ante la erupción de nuevas manifestaciones en las calles en reacción al anuncio de que un gran jurado en Kentucky declinó emitir cargos directos contra tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Sólo se anunciaron cargos menores contra uno de tres uniformados que asesinaron a la afroestadunidense en su casa en marzo.

La decisión detonó una nueva serie de protestas en Louisville, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Filadelfia, Portland, Chicago y Denver en el contexto del movimiento Black Lives Matter.

Anoche se esperaba una nueva ola de protestas en Louisville y otras ciudades.

El Movimiento por las Vidas Negras, red de más de 150 organizaciones dentro de Black Lives Matter, calificó la decisión sobre los cargos de insuficientes e indignantes y declaró que "esta decisión, presentada a 41 días de la elección más crítica en la historia moderna de Estados Unidos, tiene la intención de permitir violencia sancionada por el Estado contra todas las comunidades negras y obstruir a la gente de afirmar sus derechos a protestar".

Fraude, el negocio familiar

Mary Trump presentó una demanda ante un tribunal estatal en Nueva York contra su familia, a la que acusa de haberle robado su herencia del hermano del presidente. Al inicio de la demanda presentada ante tribunales, la sobrina del mandatario afirma que para la familia Trump "el fraude no es sólo el negocio de la familia, es una forma de vida".

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Amnistía Internacional denuncia las condiciones de los centros de cuarentena en El Salvador, Paraguay y Venezuela: sin comida, sin agua y sin información

Un informe de la entidad humanitaria indica que los tres países han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena "sin garantías suficientes" en una política que afecta desproporcionadamente a personas migrantes y de bajos ingresos

 

Amnistía Internacional ha denunciado en un nuevo informe que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena gestionados por el Estado "inadecuados" y "sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos". Esta política, señala la organización, afecta desproporcionadamente a comunidades de migrantes retornados y a personas de bajos ingresos. En el informe, titulado, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', la organización denuncia "condiciones insalubres y a veces inhumanas".

"Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva", ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

Cuando la cuarentena se lleva a cabo en instalaciones estatales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que las personas internadas deberán estar en "habitaciones individuales espaciosas y con ventilación suficiente y baños incorporados" que permitan la higiene de manos e inodoros, o al menos habitaciones bien ventiladas y con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Además, el alojamiento debería incluir comida, agua e instalaciones de higiene y tratamiento médico. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que en los tres países ha habido personas "en entornos antihigiénicos y no preparados" a veces "sin acceso a alimentos adecuados, agua apta para el consumo o electricidad".

El ejemplo "más inquietante de campaña de estigma y discriminación" llega de Venezuela, según el informe. "Altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro han utilizado en reiteradas ocasiones un lenguaje estigmatizador hacia los venezolanos y venezolanas que han retornado al país". Algunos de ellos, denuncia la organización, han llegado a calificar a las personas que han vuelto de Colombia de "armas biológicas" enviadas para infectar a la población venezolana.

A finales de agosto, 90.000 personas que no tuvieron otra opción más que regresar al país, han pasado por centros de cuarentena del Estado, según cifras oficiales del Gobierno recogidas por Amnistía Internacional. Para mediados de julio, se habían establecido aproximadamente 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos. "Las condiciones en estos centros son tan inadecuadas que se podrían poder a las personas en riesgo de contagio en lugar de prevenirlo", sostiene el informe.

"En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen", dice Guevara Rosas.

A finales de agosto, el Gobierno salvadoreño tenía a más de 16.780 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Tras múltiples recursos judiciales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró que las autoridades carecían de fundamento jurídico para recluir a personas en estos centros como forma de castigo.

Entre marzo y mayo, se presentaron ante el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador 1.300 quejas relacionadas con las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un "centro de contención". El ministro llegó a afirmar que allí estarían "lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus".

"Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo", dice Ana Cristina a Amnistía Internacional tras describir los 40 días que había pasado durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida allí a mediados de abril por unos agentes de policía que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detención.

En Paraguay, por su parte, se establecieron 84 centros de cuarentena, la mayoría de ellos en almacenes y otros edificios públicos, como escuelas. "A finales de junio, las autoridades habían impuesto la cuarentena obligatoria a alrededor de 8.000 personas, en su mayoría paraguayos y paraguayas que trabajaban en el sector informal en la vecina Brasil que habían perdido su empleo tras la imposición de confinamientos por la COVID-19 y que habían regresado al país", sostiene el informe.

Una de esas personas fue Daniel, ciudadano paraguayo de 21 años que trabajaba en São Paulo, Brasil, en una fábrica de costura y que perdió su empleo con la pandemia. A principios de abril, viajó hasta la frontera con Paraguay con su pareja y su hijo de año y medio. Tras pasar una cuarentena de 46 días –su familia, de 15–, pudo marcharse. Aunque cuenta que no está en contra de las cuarentenas obligatorias y que incluso iría a trabajar como voluntario a un centro en el futuro, cree que las condiciones de los centros y, sobre todo, la comunicación y el acceso a la información, deben mejorar. 

En este sentido, la entidad ha constatado que las personas trasladadas a estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer allí ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.

Para la elaboración del informe, de 46 páginas, Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, ha realizado 14 entrevistas telefónicas y se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes de los tres países, sin obtener respuesta de Venezuela ni El Salvador.

21 de septiembre de 2020 16:55h

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Familiares velan el cuerpo sin vida de Óscar Andrés Obando Betancourt, una de las víctimas de la masacre de nueve jóvenes, en Samaniego, Nariño (Colombia). EFE /Sebastián Leonardo Castro /Archivo

Mientras el Gobierno niega su responsabididad, las masacres de los últimos días se han cobrado 34 vidas y reflejan la sangrienta disputa entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con las FARC

 

Las masacres de los últimos días en Colombia, que se han cobrado 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que pone a la población más vulnerable en permanente estado de indefensión. En las últimas dos semanas se han cometido siete matanzas en varios puntos del país.

Las víctimas de las recientes matanzas en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca, entre otros, son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes que históricamente están entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó con el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016.

"La crisis humanitaria que vive el departamento de Nariño crece de manera despiadada, la zozobra no nos permite vivir dignamente con el goce de derechos consagrados en la Constitución", manifestó este domingo en un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

Tres miembros de la comunidad Awá fueron asesinados hace una semana en una remota zona del municipio de Ricaurte (Nariño) y, según afirmaron este domingo, entre los seis muertos del sábado en la matanza de la aldea de La Guayacana, que forma parte de Tumaco, en el mismo departamento, hay otra persona de esa comunidad.

"No podemos seguir poniendo muertos en una guerra que no nos pertenece y que con el pasar de los días se agudiza", ha afirmado la Unipa. "Las cifras de víctimas siguen aumentando", así como "la angustia de las familias awá, campesinas y afrodescendientes", ha añadido.

Volver al pasado

El país no vivía un horror parecido hace años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las FARC trajo una esperanza, en zonas históricamente abandonadas por el Estado los enfrentamientos entre grupos armados han hecho imposible la reconciliación.

"Esto (las masacres) no es nuevo. Esto no es que haya salido de un momento a otro. Todo venía pasando desde hace dos años, lo que pasa es que la gente no había querido darse cuenta", señala a Efe el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila. Sin embargo, el experto reconoce que la intensidad y la rapidez con la que se están perpetrando las masacres sí es nueva y se está incrementando.

Ávila explica que las reacomodaciones criminales generalmente duran un año y medio o máximo dos, pero tras la dejación de armas de las FARC, ninguno de los grupos armados activos ha podido imponerse sobre los demás. "Aquí llevamos tres años desde que se fueron las FARC y nadie ha ganado porque nadie es lo suficientemente fuerte como para imponerse unos sobre", indica. 

Civiles bajo fuego cruzado

Esa imposibilidad de dominar territorios estratégicos para actividades como el narcotráfico o la minería ilegal ha hecho que los grupos armados se ensañen con la población civil con la excusa de que son bases sociales de otras organizaciones criminales. "Esto lo que indica es que como estamos en un desgaste, (las bandas) la emprenden contra la base social que creen que es del otro grupo y por eso ahora están metiendo más civiles (al conflicto)", explica Ávila. 

Mientras algunas zonas del país se desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la administración del presidente Iván Duque para cumplir su promesa de llevar seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto. Hay quienes critican a Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor en momentos tan convulsos.

El sábado, mientras viajaba a Cali, donde el 11 de agosto cinco jóvenes fueron masacrados, Duque publicó que entre 2019 y lo que va de este año en Colombia han ocurrido 34 "homicidios colectivos", cifra que no coincide con la de 33 masacres que hasta hace una semana había documentado la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos solo durante 2020. 

El mandatario también comparó ese dato con las 189 masacres que, según sus datos, ocurrieron entre 2010 y 2018, periodo de su antecesor, Juan Manuel Santos, y dijo que los "muertos que deja la violencia" son "producto del narcotráfico y el terrorismo".

"Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla", cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

"Lectura ideológica"

Las respuestas del Gobierno ante la creciente inseguridad demuestran que el país está frente a una parálisis institucional, subraya Ávila.

Según el experto, la administración de Duque no entiende el problema de la violencia, se sigue justificando en el Gobierno anterior y no sabe qué hacer con la explosión de economías ilegales, mientras las Fuerzas Armadas están en medio de escándalos de corrupción y disputas internas. 

"Si uno escucha al ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo) él lo que dice es que todo es culpa del anterior Gobierno y del narcotráfico", agrega el analista. 

El ministro criticó ayer la "mano acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa" que cuestiona al Gobierno cuando ocurre un crimen, pero "guarda silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos". 

"El Gobierno tiene una lectura ideológica del tema y no entiende el problema. Como no entiende el problema no es capaz de actuar. Echarle la culpa a Santos y solo al narcotráfico es una visión muy limitada del asunto", agrega Ávila. 

"Situación irreversible"

El incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz es una de las raíces del problema que hoy vive el país, pero para Ávila "aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la situación ya es irreversible en algunas zonas". 

"¿Es culpa de la falta de implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué pasa", agrega. 

El presidente también visitó el sábado la localidad de Samaniego (Nariño) donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, fueron masacrados en una casa rural.

Duque dijo en esa comunidad, horrorizada todavía por la matanza, que revisaría con las autoridades locales proyectos como el arreglo de un estadio de fútbol y la construcción de un centro de salud. 

Para Ávila, proyectos de infraestructura no son suficientes en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la situación ya "se salió de madre".

"Como el Gobierno insiste en que el problema de seguridad obedece a un plan B de las FARC y a una conspiración santista (Juan Manuel Santos), no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen muy grande", explica.

El experto asegura que "lo primero que el Gobierno tiene que hacer es entender esa nueva dinámica porque mientras no lo entienda y siga viendo esto con las lecturas tradicionales de hace diez años, va a seguir cometiendo errores".

EFE / Klarem Valoyes Gutiérrez

24 de agosto de 2020 12:07h

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Opus Dei, pederastia y silencio de los medios

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha procesado al sacerdote del Opus Dei Manuel Cociña Abella por abusos sexuales a varios adolescentes y jóvenes de ciudades españolas en los últimos 30 años. Lo ha sancionado a cinco años sin ejercer su ministerio sacerdotal en público, otros cinco años de atención espiritual únicamente en su centro, en Granada, España. El pederasta Cociña tiene 72 años, fue discípulo directo del fundador Escrivá de Balaguer y ha sido actor distinguido en la Obra.

Es la primera vez que un miembro distinguido del poderoso Opus Dei es inculpado en temas de abusos. Sin embargo, la noticia sólo ha levantado vuelo en las redes sociales. El portal Religión Digital, especializado en temas católicos, ha dado seguimiento a las denuncias y al proceso de Cociña, pero denuncia que tanto la prelatura del Opus Dei como la totalidad de medios de comunicación han silenciado la noticia. Jesús Bastante, de Religión Digital, reprocha: "El Opus Dei sigue callado. Es la estrategia de siempre, la que tanto daño ha hecho a las víctimas de abusos. Porque el silencio victimiza doblemente al superviviente, lo ningunea, trata de anular su dolor, su historia, el horror sufrido. El silencio de quienes, durante años, miraron hacia otro lado, trasladando a Cociña de un lugar a otro y conminando a las víctimas a callar y guardar su dolor en un cajón es, si cabe, más ominoso que los abusos en sí. Porque el silencio es consciente y programado".

Las preguntas resultan innegables: ¿puede una congregación religiosa tan poderosa como el Opus Dei acallar y amortiguar un evento que perjudique su imagen? El portal se queja particularmente en España y Chile, donde la Obra es pujante, de la siguiente manera: "¿Dónde están Vida Nueva, Alfa y Omega y la prensa católica de nuestro país?" ¿Tanto poder tiene la Obra sobre medios aparentemente alejados de la Iglesia como El País? La respuesta es afirmativa. Lo vivimos en México en 1997, cuando se anunció un programa de tv en CNI Canal 40. Las víctimas de Marcial Maciel denunciaban sus abusos. Hubo amenaza de boicot de anunciantes, silencio de las principales televisoras y, salvo La Jornada, callaron los periódicos del país. Fue un caso emblemático, pues desnudó los estrechos vínculos de poder entre la Iglesia y las élites mexicanas. Hubo censura y coerción hacia los periodistas que se atrevieron a desenmascarar el reino de impunidad de Maciel. Es más, las plumas cercanas a los Legionarios de Cristo cuestionaron los relatos y autoridad moral de las víctimas. Sobresale, El Norte ( Reforma) que se dedicó a calumniar sistemáticamente a las víctimas.

El tema requiere detenerse. Porque la denuncia a la pederastia clerical se debe a los medios seculares. Los medios de comunicación han tenido un papel clave en la denuncia de la pederastia clerical a escala internacional. Desde el comienzo de las revelaciones sobre el abuso, la Iglesia católica, reaccionó con desacierto. Desde los años 50, niega los hechos y protege a los pederastas. En el siglo XXI, ante el alud de denuncias, cuyo epicentro se sitúa en The Boston Globe en Filadelfia en 2002, encontramos una Iglesia que invierte sus energías haciéndose pasar por víctima. Acosada por supuestos intereses que la quieren desprestigiar. El efecto es el contrario, hay un desmoronamiento institucional debido a la contundencia de los relatos de las víctimas, hechos y denuncias en países registrados por los medios. Al posicionarse como ciudadela asediada por enemigos que buscan destruirla, la Iglesia, se refugia en teorías de la conspiración y olvida el drama de las víctimas. Las percibe como amenaza o instrumentos manipulados para alimentar la hostilidad internacional. La Iglesia comete un grave error de comunicación que la desacredita. Pretendió promover la imagen del martirio y de persecución, durante la primera década del siglo XXI.

Sin duda, la estrategia también pretendió reforzar el frente interno. Es decir, cerrar filas como cuerpo social ante los supuestos embates de enemigos externos. Sectores de la curia desarrollan confabulaciones y complots en torno al funesto secretario de Estado de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano, quien encabeza la fallida estrategia. Desde Roma se levantan construcciones sobre conjuras internacionales, cuyos actores centrales son aquellos enemigos tradicionales: judíos, masones, comunistas, ateos y financieros de Wall Street. En los relatos argumentativos, se minimiza el impacto de la opinión pública, ya que ha sido manipulada. Sin enfocarse en las víctimas, la estrategia, prendió cimentar un frente interno sólido capaz de repeler los ataques. La imagen del martirio, de hecho, se refiere a la memoria colectiva del cristianismo primitivo. Bajo esta estrategia, situamos el silencio y reprochable desentendimiento de los medios católicos. Más aún cuando grandes agencias internacionales, sus fundadores estaban involucrados, como Zenit con Maciel, de los legionarios o Aciprensa; Luis Fernando Figari, de Sodalicio de Vida Cristiana. La prensa cristiana y católica está en deuda con la verdad y con sus lectores.

Todo este episodio dramático entre medios y pederastia clerical conduce a una hipótesis: en un contexto cultural de secularización, en el declive de la estructura eclesial católica se opera un efectivo decaimiento simbólico. Es decir, la Iglesia ya no ejerce ni tiene el monopolio de la moralidad. La crisis de pederastia y sus escándalos es también la crisis de credibilidad de la Iglesia que en México había modelado los valores. El Opus Dei guarda este dilema, se abre a la transparencia o se refugia en el arte de ocultar la verdad.

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Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

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Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

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Las muertes de líderes sociales en Colombia durante el confinamiento

1.- La Paz y su Incertidumbre

El 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo de Paz entre una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano. No alcanzó el raitng de un partido de la selección de futbol, pero en los televisores, mucha gente siguió el evento entusiasmada, nostálgica. La ciudad de Cartagena de Indias fue sede de este primer momento para la Paz. Alrededor de cuatro años de intensas negociaciones en Oslo y La Habana culminaron en un hecho histórico que generó reacciones encontradas en el país del vallenato, la cumbia y la chirimía.

Recuerdo que el 2 de octubre de 2016, fecha del plebiscito nacional para consultar si el pueblo colombiano respaldaba la Paz, yo me encontraba en un Consejo Comunitario (jurisdicción Afrodescendiente en Colombia) del departamento del Cesar en la Costa caribeña. En ese momento visitaba a la familia de Campeón, apodo cariñoso con el que se le conocía a Nestor Martínez en su pueblo, quien varias veces me ofreció amablemente su casa; así pude conocer de cerca la realidad que viven los líderes sociales en la Costa. Ademas me compartió sus ideas profundas en torno a la lucha política, es decir, los sueños por defender su tierra, mientras escuchábamos la música de Diomedes Díaz, compartíamos el tinto mañanero o la viuda de pescado bocachico.

Su muerte no figura en el numeral de los muertos durante esta Paz enlutada, porque fue asesinado el 11 de septiembre de 2016, aunque sí forma parte de esa lista de líderes asesinados que, como una elipse infinita, pareciera no tener inicio ni fin en este país. Él era afrodescendiente y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC).

A pesar del dolor por su muerte y el coraje por el nivel de impunidad e injusticia, o tal vez precisamente por ello, ese día, la familia de Campeón salió a votar por el Sí a la Paz. Así pasó prácticamente en todos los sectores rurales que vivieron y aún viven la guerra en sus territorios, en sus cuerpos. Sin embargo, al final de la jornada de este segundo momento, un contundente abstencionismo, y el triunfo del No, principalmente en las ciudades, se tradujeron en uno de los primeros golpes políticos al Acuerdo de Paz. La campaña mediática aplicada por los detractores del proceso de paz sustentada en mentiras y encabezada por el senador Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático (CD), días previos al ejercicio, cosechó sus primeros frutos.

2.- Los asesinatos en medio de la Paz

En esta esquina del planeta, Macondo, donde ahora vivo, hermoso rincón de mangos, yuca, malanga y platanares, Corazón del Mundo según los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades campesinas, pescadoras, afrodescendientes e indígenas, con su sabiduría y picardía ancestral, bromean, “maman gallo” como dicen acá, en referencia al partido político del actual presidente de Colombia: “ No joda, el CD es el partido de las tres mentiras porque ni es partido, tampoco es de centro y mucho menos es democrático; es la voz autoritaria de Uribe…”

Con el triunfo en 2018 de Iván Duque, fiel representante del uribismo y con la abierta decisión de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”1, rápidamente se encendieron las alarmas en el seno del movimiento social en todo el país. La memoria viva de las décadas recientes, esa memoria de quienes han nacido, crecido y sobrevivido a la guerra en todo Colombia, no estaba equivocada en leer el destino próximo que se avecinaba; cual campesinos en víspera de siembra que avizoran en las cabañuelas del cielo, se pronosticó una sequía prolongada para el cultivo de la Paz.

El proyecto PACIFISTA!, medio de información alternativo enfocado en contenidos sobre los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia, ha hecho esa tediosa,valiosa y nada sencilla tarea de dar seguimiento al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP que se acogieron a los Acuerdos; lo viene haciendo juiciosamente desde el 1 de diciembre de 2016 fecha en que entró en vigor el tercer momento importante de los mismos, su implementación, es decir, dar paso a su materialización, hacer que la palabra firmada se hiciera realidad para todo el pueblo colombiano. Así, PACIFISTA! afirma que, paradójicamente, al día de hoy, suman 293 los colombianos y colombianas que en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz, han perdido la vida en este nueva era que prometía garantizar la vida y la felicidad.2

3.- La otra pandemia en Colombia

El 25 de marzo del presente año, marcó el inicio del confinamiento obligatorio en Colombia y sus efectos represivos ya han sido denunciados por víctimas de atropellos por parte de las fuerzas del Estado en plena cuarentena. Dos ejemplos bastan para evidenciar que las salidas autoritarias para enfrentar la pandemia resultan mal para los mismos de siempre, sobre todo en lugares del mundo donde la violencia estatal ha sido documentada. El caso del operativo de desalojo en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar en la capital de país3, cinturón de miseria de la Nevera, como se le conoce popularmente a Bogotá, es sólo una muestra de las dramáticas historias de familias de escasos recursos que en plena contingencia sanitaria son desalojadas de sus viviendas; hechos que se replican en otros lugares de la capital. Y el caso denunciado de racismo registrado en el municipio de Puerto Tejada cerca de la ciudad de Cali, donde Anderson Arboleda, afrodescendiente de 24 años de edad, falleció el 22 de mayo luego de una brutal golpiza, a manos de la policía, por incumplir el confinamiento4.

La pandemia por el Coronavirus y la serie de decretos oficiales de cuarentena obligatoria emitidos por el gobierno de Colombia no han sido obstáculo para que los agravios en contra de la vida de mujeres y hombres que representan liderazgos sociales a lo largo y ancho de Colombia continúen perpetrándose. Por el contrario, las denuncias de amenazas y hechos de sangre demuestran que, dentro de este confinamiento obligatorio, las y los líderes sociales así como [email protected] defensor@s de derechos humanos se encuentran hoy más vulnerables a las agresiones en sus territorios por parte de nuevas formas de paramilitarismo – estructuras que siempre son negadas por el gobierno de Duque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el confinamiento obligatorio, han sido asesinados y asesinadas: 49 líderes sociales y [email protected] de derechos humanos, 5 familiares de líderes sociales y [email protected] de derechos humanos; y 6 excombatientes de las FARC-EP.5

Desde antes de la coyuntura en torno al Covid 19, el gobierno colombiano venía negando la sistematicidad de los asesinatos en mención, declarando que no existe un patrón a seguir que pueda dar cuenta de un exterminio de líderes sociales en curso, la Ministra del Interior, Alicia Arango, interpelada por esta situación, se atrevió a señalar que en Colombia morían más gentes por robo de celular que defensores de derechos humanos.6

No obstante, un informe publicado en octubre de 2018 en Bogotá por el CINEP y el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros organismos de derechos humanos7, concluye que “las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas” (CINEP, et. al., 2018:210) además de que “en general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad.”(Ídem:211)

4.- Edwin Acosta, asesinado durante el confinamiento obligatorio por defender la Vida y el Territorio

El pasado 26 de mayo, Edwin Emiro Acosta Ochoa, líder social y agrominero del Sur del Departamento de Bolívar, fue asesinado en su domicilio frente a su familia cuando cumplía la cuarentena en el municipio de Tiquisio. A su hogar, en el corregimiento de Mina Seca, tres paramilitares llegaron preguntando por él y abrieron fuego sobre el miembro de la Asociación Agrominera de Tiquisio y accionista de la Sociedad de Economía Mixta Ambiental Agropecuaria y Minera (SEMAAM). Al igual que Campeón, Edwin Acosta pensaba colectivamente y era parte de un proceso organizativo en territorio, de esos donde se enfrenta concretamente el modelo minero energético hegemónico, tal como lo señala el informe del CINEP antes citado; su Asociación y SEMAAM también forman parte de la CISBCSC. Cuál Crónica de una muerte anunciada, la SEMAAN venía denunciando, mucho antes del suceso, la presencia de grupos paramilitares en su territorio amedrentando y reclutando jóvenes de sus comunidades frente a la complacencia del Ejército Colombiano que también hace presencia en su territorio. Mientras se escribe este texto las denuncias continúan llegando no sólo de Tiquisio, sino de otros proceso colectivos que forman parte de la CISBCSC.8

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), es un entramado de procesos organizativos que, cual chinchorro, tejen una red que desafía la realidad trágica que ha querido imponer el régimen económico neoliberal hegemónico. Entre sus pilares como organización se encuentran: el derecho a la vida digna y a la permanencia en el territorio; plantear la recuperación y el fortalecimiento de la economía campesina. La organización ha enfrentado directamente la megaminería, los monocultivos de palma aceitera (africana), la ganadería extensiva, el fracking y proyectos de infraestructura que privilegian el tránsito de mercancías por sobre el Río Magdalena y el complejo cenagoso de la región; también, ha reivindicado las identidades culturales como pescadores, agromineros, campesinos, afrodescendientes y la defensa y exigencia de sus derechos humanos. Su propósito inicial en el sur del departamento de Bolívar, se extendió al centro y sur del Cesar y hoy también congrega a organizaciones de familias pescadoras y campesinas ubicadas en municipios al sur de Magdalena y al sur del departamento de Norte de Santander. “Al paso que vamos tendremos que llamarla Comisión de los Sures”, dicen en las asambleas sus integrantes en alusión a este hecho. Todos estos procesos conviven y habitan un territorio que trasciende las fronteras jurisdiccionales trazadas por el estado colombiano y poseen una cultura compartida en un sancocho de identidades en lo que se denomina la región del Magdalena Medio.

Alfredo Molano Bravo, fue un intelectual que dedicó su vida a caminar las trochas campesinas recuperando la voz de protagonistas de experiencias concretas como las que describimos aquí y logró construir una de las mejores crónicas del Conflicto Armado en Colombia. En un reciente conversatorio virtual en su memoria, organizado por el departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Gloria Inés Restrepo nos recordaba las herencias que él nos legó a quienes creemos que la sociología debe comprometerse y tomar partido como acto ético, estar al lado de los personajes que no hacen parte del Establecimiento, narrar esas pequeñas grandes historias de la gente que queda en el anonimato9. En medio de la avalancha de información que hoy satura nuestros dispositivos móviles y medios masivos de comunicación, se requiere una máquina contra el olvido como la de Cien años de soledad. Es urgente alzar la voz fuerte y contundente en torno a la doble invisibilización de la otra pandemia de Colombia, más añeja y con secuelas en la vida comunitaria de muchas más personas. Ninguna de estas muertes es aislada, tenemos que sacar del frío conteo estadístico esas historias que luchan por la vida en medio de la muerte; he aquí un humilde homenaje a Edwin Acosta, Nestor Martínez, los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el Cauca y los cientos de víctimas de este genocidio en ciernes.

1 NoticiasUnoColombia] (2017, Mayo 7), Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo de paz [archivo de video) recuperado de https://youtu.be/vIRJK2d84-8

2 PACIFISTA!(2020). #NiUnMuertoMás. Colombia. Recuperado de https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

3 Colombia Informa (2020).Altos de la Estancia: los desalojos no se detienen con la pandemia. Colombia. Recuperado de http://www.colombiainforma.info/altos-de-la-estancia-los-desalojos-no-se-detienen-con-la-pandemia/

4 BBC Mundo (2020). Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un debate sobre el racismo en Colombia. Noticias América Latina. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52914249

5 Indepaz(2020) #PazAlLiderazgoSocial. Registro permanente desde el 1 de enero de 2020. Colombia. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

6 RT en Español (2020) “»Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH.»: La insólita comparación de la ministra de Interior de Colombia”. Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/344864-mueren-personas-robo-celulares-defensores

7 CINEP, IERPI-UN, et. al. (2018) ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuetrdo. Bogotá, Recuperado de https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/

8[1]CISBCSC(2020) “Acción urgente: inminente riesgo de masacre y desplazamiento masivo”. Comunicado de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, archivo PDF circulado por redes sociales, 2 de junio. Colombia.

9[1]Departamento de Sociología (2020) “Homenaje a Alfredo Molano Bravo”. Universidad Nacional de Colombia , Conversatorio virtual por Facebook Live, recuperado de https://www.facebook.com/DepartamentodeSociologiaUNAL/videos/305090303988322/

* Maestro en Desarrollo Rural, mexicano radicado en Colombia

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Incidentes en París en una marcha contra la violencia policial

La protesta fue reprimida con gases y balas de goma

Los manifestantes marcharon para pedir justicia por Adama Traoré, un joven negro de 24 años que fue asesinado en 2016 en una comisaría, dos horas después de ser detenido.

 

Una movilización en París contra la violencia policial y el racismo derivó en la noche del martes en incidentes entre los manifestantes y la policía, que reprimió la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma. Alrededor de 20 mil franceses coparon las calles de la capital para pedir justicia por Adama Traoré, un joven negro de 24 años as esinado en 2016 en una comisaría, dos horas después de ser detenido. La prefectura había prohibido la manifestación debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, que no permite las concentraciones de más de diez personas, y también por el riesgo de "altercados". El llamado a la manifestación en París coincidió con la ola de protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, el joven de 46 años asfixiado por un policía en Minneapolis. A diferencia de lo que pasó en Francia, en ciudades como

La manifestación, que empezó al final de la tarde en la explanada delante del tribunal del nordeste de París, se vio perturbada por el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Los manifestantes se dispersaron por las calles aledañas y en el bulevar que rodea a la capital francesa, donde cientos de ellos bloquearon parcialmente el paso de vehículos. En ese sector se produjeron varios enfrentamientos, en los que la policía recurrió a disparos de balas de goma mientras los manifestantes intentaban defenderse lanzando proyectiles. En las calles se levantaron barricadas y algunas bicicletas fueron incendiadas. 

Al comienzo de la protesta, Assa Traeoré, hermana mayor de Adama, expresó: "Hoy no se trata solo del combate de la familia Traoré, se trata del combate de todos ustedes. Hoy, cuando peleamos por George Floyd, peleamos por Adama Traoré". Frente a la joven, vocera del Colectivo Adama, los manifestantes gritaban "Revolución" o "Justicia para Adama".

En otro tramo de su discurso improvisado, Assa manifestó: "Mi hermano murió en su cumpleaños. Se puso su camisa, tomó su bicicleta y salió a dar un paseo. Pero en Francia, un hombre negro no puede salir a dar un paseo en bicicleta", antes de acusar a la Justicia francesa de "encubrir a los agentes que mataron a mi hermano". 

El caso de Adama Traoré se convirtió en un símbolo de la violencia policial en Francia. El 19 de julio de 2016, el joven de 24 años falleció en una comisaría de las afueras de París, dos horas después de haber sido arrestado. El arresto se produjo tras una persecución por parte de gendarmes que fueron exonerados la semana pasada por la justicia francesa. Los agentes que lo atraparon lo redujeron en el suelo con una técnica policial que, según la familia, le causó la muerte horas después, al contrario de lo que afirman los peritajes realizados por la justicia. 

Esta tarde, los abogados de la familia Traoré presentaron las conclusiones de un nuevo informe médico, que fue realizado al margen del procedimiento judicial. Yassine Bouzrou, uno de los letrados, aseguró en declaraciones al canal BFMTV que "los gendarmes que lo detuvieron lo mataron" y que el juez de instrucción "hace todo lo posible para proteger a los gendarmes". 

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