Wilbur Ross en una reunión; en primer plano, Donald Trump

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, “desvió erróneamente o directamente robó” a socios de negocios 120 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje con base en 21 testimonios que publica la revista Forbes y en el cual se le considera “uno de los mayores estafadores en la historia del país”.


El reporte de Forbes comienza relatando que una demanda multimillonaria ha estado avanzando por el sistema de Cortes del estado de Nueva York en los últimos tres años, enfrentando a un gerente de fondos de capital privado, David Storper, contra su antiguo jefe, Wilbur Ross, con quien trabajó por más de una década.


Según el alegato de Storper, en la firma WL Ross & Co el ahora secretario de Comercio robó sus intereses en un fondo de capital privado, los transfirió a sí mismo y trató de encubrir la operación con “papeleo falso”.
Dos semanas atrás, justo antes del inicio del juicio en el que se jugaban cuatro millones, Ross y Storper llegaron a un acuerdo confidencial del que nada se conoce.


Es solo uno de los casos que recoge el reporte de Forbes, que habló con 21 conocidos de Ross a lo largo de varios meses. Del total de testimonios de los afectados, la suma total asciende a más de 120 millones de dólares en valor agregado.


Entre esos testimoni0os están los de tres exejecutivos de WL Ross quienes afirman que Ross y su firma cobraron al menos 48 millones de dólares en pagos erróneos o deshonestos y luego se embolsillaron el dinero. Una demanda judicial con este caso está activa, aunque Ross consideró “sin sustento” el caso en una declaración a la revista.


“Si al menos la mitad de las acusaciones son legítimas, el actual secretario de Comercio de Estados Unidos podría clasificar entre los mayores estafadores de la historia estadounidense”, señala Forbes.
“Es difícil imaginar la posibilidad de que un hombre como Ross, a quien Forbesestima una fortuna de unos 700 millones de dólares, pudiera robar unos pocos millones a uno de sus asociados en negocios”, refiere el reporte.


Muchas de las acusaciones recogidas en la investigación conforman un patrón, según la revista: muchos de los que trabajaron directamente con él afirman que Ross “erróneamente desvió o robó descaradamente unos millones aquí, unos millones allá, grandes cantidades no solo para él (…) En total, las alegaciones suman más de 120 millones de dólares”.


Otro de los grandes robos que se señalan a Ross es el de 43 millones de dólares provenientes de gastos regulatorios y reembolsos de la empresa matriz de WL Ross, Invesco, y que varios exempleados de la firma refieren que están relacionados con problemas ocurridos bajo la directiva del hoy alto funcionario del gobierno de EEUU.


WL Ross estaba cargando a empleados e inversionistas dinero que había perdido, según el testimonio de cinco exempleados.


Ross también habría sustraído dinero sirviendo en las juntas corporativas del portafolio de compañías de su firma. “Era como un niño en una tienda de dulces, lo afanaba todo”, dijo otro de sus exempleados.
Los testimonios de quienes trabajaron con él indican que se trata de un hombre “obsesionado con el dinero y desconectado de los hechos. “Empujaría los límites de la honradez y emplearía cualquier poder en sus manos para hacerse con capital”, dijo Asher Edelman, financista de Nueva York.


Uno de sus antiguos colegas fue más directo: “Es un mentiroso patológico”.

7 agosto 2018
(Tomado de Forbes. Traducción de Cubadebate)

Publicado enInternacional
Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 09:48

Interrogantes y escenarios

Interrogantes y escenarios

Con los mismos trucos de siempre, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos oculta su responsabilidad ante los más de 293 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ocurridos en el país entre diciembre de 2016 y el 5 de julio de 20181. El goteo inclemente de asesinatos no para. No cesa desde el momento mismo de la firma del Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc) llevada a cabo en el Teatro Colón. Es un desangre constante que mancha la gestión del Nobel de Paz, y que acusa al poder con un dedo sin olvido. Nada de ¿asesinatos circunstanciales?, como quieren hacer creer.

 

Hace cinco o seis años, cuando estaba en curso el proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, un funcionario de un organismo multilateral con oficina en el país nos sorprendió durante una conversación con la siguiente afirmación: “No descuiden, fortalezcan sus organizaciones, porque lo que viene para Colombia es la multiplicación de los atentados contra los líderes regionales”. Tales palabras resultaban más que preocupantes.

 

Para sustentar lo dicho, el funcionario podía tomar en cuenta pasajes y lecciones arrojadas por negociaciones de conflictos armados en otros países. Pero…, cuesta asumirla tan tajante. Si bien en ninguna parte los acuerdos son cumplidos a la letra ni en los lapsos firmados, el desarme llevado a cabo por las organizaciones insurgentes de tales países no daba paso a una matanza. De ahí que, para escuchar y asumir la observación del funcionario como inobjetable, no queda otra que dar por sentado que responde a los informes que el funcionario tenía, a partir de filtraciones de planes provenientes desde el poder, con seguridad, válidos para tal fin del paramilitarismo –en una renovada relación con organismos de la inteligencia policial y militar. En este marco, los años pasaron y aquello que el funcionario afirmaba se cumplió. Todos somos testigos.

 

Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país presencia un desangre continuo de sus liderazgos sociales. Pero el mismo se intensificó una vez sentaron sus firmas los responsables de las partes negociadoras. La extensión en territorio y el número de asesinados relacionados en el primer párrafo es más que escandaloso: una cifra que no deja de crecer. Los sucesos acaecidos desde enero hasta la primera semana de julio de 2018, con 123 asesinados, la ratifica.

 

De manera secuencial y ante el ataque de sicarios, líderes sociales de distinto carácter pierden su vida. Tal vez, la previsión que tenía el funcionario de una organización multilateral, que debe conocer bien el carácter del poder que está enraizado en Colombia, es la decisión de su dirigencia, con discurso, represión y sangre, de no darle paso a una sociedad realmente democrática. Como parte de tal designio, no permitir la consolidación de unos procesos sociales fortalecidos en el ámbito territorial, con conexión social y con capacidad de movilización no politiquera ni tradicional de toda esa muchedumbre, sumida en el empobrecimiento generalizado. Desmedido, prepotente, con alevosía, así parece que actúa el poder por estos días.

 

En la coyuntura que durante el mes de junio y comienzos de julio enlutó al país nacional, desatada seguramente con el cálculo de que pasaría sin eco nacional, anestesiados los millones que acá habitamos por el Mundial de Fútbol, la novedad –realmente escandalosa, por superar el asesinato y llegar a la masacre–­ son los 17 líderes asesinados2. Un atentado masivo e impune que sin duda refleja la decisión de varios factores del paramilitarismo no desconectados del Mando y la “previsión estratégica”, y de la contrainteligencia del actual gobierno, de presionar la continuidad de un dispositivo con “operaciones especiales” por parte del gobierno que asumirá su responsabilidad el 7 de agosto.

 

Reflexionando con el favor del tiempo, la previsión que con discreción hizo aquel funcionario hace emerger la duda sobre si ellos, en un juego de escenarios, consideraron que las fuerzas contrarias a una paz genuina también tuvieran tomada la decisión de que, una vez firmados los acuerdos, tendrían pendientes a sus gatilleros listos al plomo para contener y disuadir a la oficialidad media de las Farc. Una orden estratégica clara para impedir, llegado el caso, la posibilidad o intento de reconstrucción del proyecto de este grupo insurgente. Dicho escenario no es especulación.

 

En un encuentro casual, hace tres años, un general de Ejército cuyo ayudante Gracia portaba su maletín, le ‘aclaró’ a un grupo de turistas nacionales que en un lugar del Meta increpaba al ejército en sus comentarios, por no neutralizar y “entregarle el país” a la guerrilla: Afirmó el General que confiaran “en su Ejército”, que su atención y su inteligencia tienen la mirada puesta adelante para “salvar la Patria”. Por eso, ya no “tenían interés” en los nueve miembros del Secretariado, “viejos y preocupados por las prerrogativas del Acuerdo”. Tampoco, dijo, les causan inquietud “los 50 del Estado Mayor”, igualmente interesados en tales prerrogativas. “Desde hace rato, identifican y siguen a la generación de mandos con 30 años”. “Esos…” tienen vida, saben del manejo de armas y de terrorismo. Por eso, les recalcó a los turistas, que “su ejército” acumula los detalles del transcurso de su vida, de los lugares donde han estado, “de las direcciones y teléfonos de sus mujeres, de sus amantes, de sus familiares y allegados”… Confíen en su Fuerza Armada.

 

El paso del tiempo permite visualizar los pasos y la concreción de tal decisión. La multiplicación de disidencias de esta insurgencia, unas con vocación económica, pero otras con clara vocación política y apego a su Plan Estratégico, puede ser el elemento que le daría piso a tal escenario. El asesinato es reconocido. “Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, en el país han sido asesinados 63 excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación, 17 familiares, y seis excombatientes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente”. Así se ratifica3. La pregunta que surge entonces es: ¿Entre los muchos que fueron asesinados en la más cruel de las ofensivas de los últimos años contra el movimiento social, existen también líderes, reconocidos o sin reconocimiento, del rango medio de las Farc? o ¿con estos asesinatos ‘neutralizan’ una posible base social para un proceso de reconstrucción del aparato fariano en disidencia, que dispone de espacios de atracción en varios lugares con memoria de conflicto?

 

La revisión de los territorios donde fueron asesinados los últimos 17 líderes parece negar tal interrogante. La militancia social de los mismos es variada, sin una necesaria conexión con organizaciones ligadas relacionalmente a las Farc, pero sí confirma la tesis de que estamos ante la decisión de impedir la reconstrucción y la proyección de los tejidos sociales con mayor deuda social y de la tierra, imponiendo el miedo como estrategia. Y en esta forma, empujar a la renuncia en su activismo a muchos y muchas, y obligar al Eln a acoger el modelo oficial de desmovilización con la concentración de los guerrilleros en un solo punto del país.

 

Aunque en su más reciente ofensiva, con un cálculo errado, el paramilitarismo se encontró con un dolor y una solidaridad que hasta ahora no conocía el país, la misma que llevó, el pasado 6 de julio, a miles y miles de colombianos a alumbrar con velas la oscura noche que transita el país. Luces para la vida, como diría el maestro Simón Rodríguez cuando ofrecía las que él fabricaba.

 

Tales velas evidencian la disposición inclaudicable de un conglomerado nacional de seguir pugnando por la paz sin la venganza y el statu quo. La misma paz que parece estar hecha jirones, tanto por la transformación sufrida por los Acuerdos de La Habana a través de la cadena de remiendos de distinta índole –todos a favor del poder– como por el desangre ya anotado. El ritmo y la encrucijada en que parece estar el diálogo con el Eln reafirman esta realidad. Un sueño de paz que parece deshacerse ante los embates del poder. Sueño transformado en pesadilla, que desdice y sindica al gobierno saliente de conspirar contra el bien de la paz, para abortar el necesario avance hacia una sociedad que respete el derecho a la vida.

 

En todo caso, dentro de la condición de notoria mayoría electoral del nuevo gobierno –que le otorga ventaja para un “reacomodo del régimen”, a la par de sus formas de cooptación, control y violencia–, Iván Duque no tendrá las manos libres de Juan Manuel Santos. No las tendrá, aun con la fragmentación popular sin un referente colectivo, diverso, de convocatoria con carácter de mayoría, dada la dinámica social y política en el nivel popular y las limitadas influencias de los sectores revolucionarios que pasa y tiene un acelerón y un mayor cubrimiento. Un nuevo punto, en la proyección por la vida, la búsqueda de la paz y la configuración de ¡Otra Democracia!, con sus comunidades y territorios con identidad.

 

Tales límites y limitantes de y para el nuevo gobierno abren una puerta de acción, resistencia y levantamiento de opciones por parte de los sectores alternativos, tanto para retomar un sendero certero de paz como para darle paso a un posible gobierno de nuevas mayorías. El 2019-2020 será un período de tiempo de intensa confrontación social. Así allí cruzan todas las señales de la política, la economía y la resistencia del país nacional. ¡Bienvenido el nuevo gobierno!

 

1 www.indepaz.org.co/.
2 Los ataques contra los líderes se llevaron a cabo entre el 14 de junio y el 4 de julio. “Para Colombia se acabó el Mundial pero siguen las masacres”, www.desdeabajo.info.
3 Informe de derechos humanos: “Todos los nombres, todos los rostros”, junio 1 de 2018, www.marchapatriotica.org/todos-losnombres-todos-los-rostros/.

Publicado enEdición Nº248
Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enEdición Nº248
Asciende a 326 cifra de líderes sociales asesinados

Desde enero de 2016 a la fecha han sido asesinados 326 líderes sociales en todo el país, según cifras que maneja el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

El funcionario, que adelanta una correría humanitaria por el departamento del Cauca, entregó esta estadística después de conocer la muerte de Ibes Trujillo Contreras, líder social del municipio de Suárez, así como el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Eduardo Dagua, en aguas de un río en Caloto, ambos municipios del departamento del Cauca, y el asesinato de Robert Jaraba, uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores de Cerromatoso.


“La cifra cada día aumenta. Son 326 líderes sociales en toda Colombia y en el departamento del Cauca son 81. Me preocupa de esta visita que los tres corregimientos los líderes sociales nos hicieron saber que tienen serias preocupaciones por las amenazas de las que son víctimas”, explicó el Defensor.


Negret se refiere a los corregimientos de El Sinaí, El Mango y el Plateado, lugares que visitó en un recorrido que finalizó en el casco urbano de Argelia, Cauca.


Adicionalmente, Negret se reunió con las comunidades y las autoridades locales con el propósito de verificar la situación de derechos humanos en esa región del país debido que en ese territorio tenía presencia el Frente 60 de las Farc y es necesario que se lleve a cabo la implementación de los acuerdos de paz.


De otro lado, Asocaña rechazó las amenazas hechas a líderes sociales de los municipios de Corinto y Caloto por parte de las autodenominadas ‘Águilas Negras’. Así mismo, manifestó su solidaridad con las personas amenazadas y sus familias.


De igual forma, hizo un llamado al Gobierno nacional para que proteja la vida de las personas amenazadas y evite que se continúe con los asesinatos e intimidaciones a líderes sociales como ha venido ocurriendo en los últimos días.


El gremio, manifestó preocupación frente a este tipo de acciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del país, contribuyendo además a generar miedo y zozobra en la comunidad.
Finalmente, hizo un llamado a que se haga una investigación exhaustiva sobre el origen de esta amenaza que, al contrario de aportar al desarrollo económico y empresarial de la región, perjudican el normal desarrollo de las actividades propias del sector privado y afectan especialmente a todos los ciudadanos indefensos e inocentes que, en esa región, aspiran un territorio en paz.

Publicado enColombia
Monólogo del Cauca en Dolor sostenido mayor

Ante la catástrofe ocasionada por los constructores de Hidroituango, y que puede ser mayor si pronto no se echa atrás la afrenta a la naturaleza, no solo se ha desnudado la improcedencia del modelo hidroeléctrico, sino la maraña de corrupción y errores que encierra el proyecto. Le Monde diplomatique ha escuchado lo que el río tiene qué decir.

El agua que se queda atrás del río descansa…
¡Pero nunca será mar!
Dulce María Loynaz
(La Habana, 1902-1997)

 

Bajo el cielo no hay nada tan blando y maleable como el agua;
 Pero no hay nada como el agua para erosionar lo duro y rígido.
Lao Tse, Tao Te King, 78

Turn down the wall, turn down the Wall!
(¡Derrumben el muro,
derrumben el muro!)
Pink Floyd, The Wall

 

Silencio. Ahora hablo. Hablo cuanto he callado. Lo que he callado días y días, meses y meses, años y años. Ahora usted escuchará lo que quiero decir. Yo soy el Cauca, el Cauca milenario que está aquí desde antes de que ustedes llegarán con sus máquinas, utensilios y herramientas; desde antes, incluso que llegaran, hace miles de años, los pobladores originarios, los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Yo soy el Cauca, uno más entre miles y miles de cuerpos fluviales que surcan la faz de la tierra, y a la vez, la segunda arteria fluvial de este país. Yo soy el río, el río que da vida, que da alimento, que da riego, que da oro, que da riqueza y esperanza. Usted me conoce. Desde que nació me ha visto. Me ha cruzado cientos de veces, de una orilla a otra. Conoce el color de mis aguas terrosas, ha sentido el caudal que amenaza con llevárselo si no está atento, usted se ha bañado, quizá, en él, aunque nadie se baña dos veces en el mismo río porque el ser humano comparte el destino del agua que fluye.


Soy el Cauca, un Cauca maltrecho, contaminado, herido, pero afortunadamente no de muerte. Aniquilarme no es fácil. Soy sobreviviente de otras afrentas de las que he salido airoso. Hoy usted y yo nos damos cita aquí, en Ituango, a medio camino del recorrido entre la laguna del Buey en el Macizo Colombiano, lugar de mi nacimiento, y el municipio de Pinillos, cerca de donde entrego mis aguas a mi hermano mayor. Estamos hoy aquí en este cañón, entre mis hermanas, las dos cordilleras donde me acogen y me estrechan entre sus faldas en fraternal abrazo.


Aún no salgo del asombro, de la indignación. Aquí me quieren detener esos individuos, los que usted ve allá, esos de cascos blancos, amarillos y azules; agitados, nerviosos, sudorosos que van de un lugar a otro, con sus camiones y palas, erigiendo un muro que quieren con él raspar las nubes. Buscan ponerme preso, por eso han erigido este muro de la infamia que llaman la presa, para que yo no escape, para que me quede, a la fuerza y en contra de mi voluntad, represado, anegando tierras fértiles, ahogando especies naturales, autóctonas, extinguiendo para siempre la vida verde tan necesaria para este equilibrio que hemos logrado construir durante millones de años. Un muro de concreto, indestructible, dicen –¡ja!–, capaz de detenerme, de aislarme, de regularme. Escuche usted semejante osadía. Dizque regularme, encausarme por unos túneles infames, revestidos del frío concreto, para que yo filtre por esas cavidades, a su antojo, mis aguas, mi caudal, en la medida y en la porción que ellos quieran, cuando ellos digan y de la manera que ellos desean.


Sostienen que necesitan poner a su servicio mi fuerza, mi ímpetu, mi furor para producir lo que llaman electricidad. No sé si reír o llorar. Con su arrogancia infinita, con sus saberes y ciencias de ingeniería me quieren torcer el brazo, a la brava. Ya lo hicieron una vez, allá arriba, por los lados de Suárez, Cauca; allá también me han represado, en lo que llaman La Salvajina; una salvajada, en realidad, lo que hicieron conmigo; pero arriba soy sumiso y joven e ingenuo, aun no he alcanzado el valle que lleva mi nombre, donde me vuelvo portentoso e indetenible; a ese valle riego y doy vida y color y calor. Acá es diferente, ya soy adulto, un adulto que ha recogido experiencias y vivencias de cientos de afluentes, de lluvias, mi caudal ha crecido gracias a mi inmensa capacidad de encausar toda el agua de esta cuenca. Aquí vengo fuerte, impetuoso, hondo, embravecido; encañonado, ya dije, por la calurosa acogida que me brindan dos cordilleras. Y cuando más energía traigo, cuando más caudal porto, zas, la zancadilla artera, el muro, la presa; me estrello de narices de manera violenta. ¡Ay! Qué inesperado encontronazo, yo que a estas alturas quiero alcanzar las tierras bajas, que ansío las llanuras de la sabana cordobesa, para ir a mi encuentro final con mi gran hermano, aquel que va paralelo a mi entre las otras dos cordilleras.


Un día amanezco con la tristeza alborotada. Otro, con la ira encendida. Otro, con la desesperanza y otro, con el coraje y la determinación que caracteriza a mis amigos, los Nutabes, que han poblado este cañón desde tiempos sin memoria. Todos estos parajes que usted ve en torno nuestro, en este punto, son, eran, de los Nutabes. Hoy los tienen confinados en el resguardo indígena Nutabe de Orobajo. ¡Y ese resguardo está siendo inundado por la represa! ¿Había visto usted semejante despropósito? Ellos, los usuarios ancestrales (a mí no me gusta la palabra ‘dueño’ porque de la naturaleza nadie se puede sentir dueño) de estas fértiles laderas, ahora serán unas víctimas más de este despropósito descomunal.


Pero a los Nutabes los han diezmando, es la forma de doblegarlos. Lo de siempre, carajo. A su cacique Virgilio Sucerquia lo asesinaron fuerzas oscuras en el año que ustedes contabilizan como 1998. Estas tierras, desde siempre, eran aprovechadas para asentarse y cultivarlas los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Entre todos formaron una trinchera para protegerse de las barbaridades de los españoles que llegaban con arcabuces, un garrote vil, un libro y una cruz abriéndose camino como diera lugar. A los que capturaban los arrojaban vivos a los mastines hambrientos y luego sus despojos a mi cauce. Desde entonces mis aguas se han manchado de sangre sin cesar. En épocas más recientes, cuando llegaron esos que ustedes llaman paras, cundió el terror en las riberas de mi cauce.


Me cuenta, gente bien informada, que de aquí, entre los años 1990 y 2016, hay 110.000 personas, de un total de 173.000 habitantes de mi zona de influencia, que han sido víctimas de este conflicto atroz –que algunos de ustedes, aquellos que viven siempre a la derecha, bien a la derecha, de los caminos, se niegan a poner fin, y al contrario, quieren exacerbar–. De esos 106.000 fueron desplazados forzosamente; 616 fueron desaparecidos, ¿me escuchó?, desaparecidos; 163 fueron víctimas de agresión sexual y 3.557 fueron asesinados dentro de ese conflicto. Muchos de esos infelices fueron a dar a mis aguas donde no tuve más opción que acogerlos y llevarlos aguas abajo hasta que algún ser caritativo los recogió para darles sepultura como merece todo ser humano.


¿Usted sabe cuál es el peor desprecio a la vida humana? Quitarla, por supuesto, pero hay algo aun peor: quitar la vida y además dejar insepulto el cuerpo. Eso lo sabía Antígona hace casi tres mil años. Pero aquí se han ensañado para ultrajar de la manera más atroz la vida, la muerte, el descanso de los cuerpos. Soy testigo, soy vehículo, pero no cómplice. Por eso no quiero callar más; por eso no puedo voltear mi cauce, en un meandro más, y hacer como si no hubiera visto nada.


Hablemos de lo que está ocurriendo ahora, no del pasado con todo el dolor que me causa. ¿Usted cree, amigo, que es justo lo que está sucediendo por culpa de ese puñado de insolentes y desvergonzados ingenieros, tecnócratas, políticos y empresarios? Usted bien sabe cuál es mi naturaleza: fluir por lo más bajo. “Los ríos y los mares son los reyes de los Cien Valles porque se mantienen abajo” y también: “La Suprema Bondad es como el agua. El agua es buena y útil a los diez mil seres por igual. No tiene preferencias por ninguno en especial. Fluye en sitios que los hombres suelen rechazar”, dice el Libro del recto camino, también llamado el Libro del sendero luminoso. Por eso, yo estoy con los de abajo y desde abajo es donde emana mi fuerza.


Mire, esos barequeros que están allá me llaman “el Mono”; será por mi color amarillo oscuro. Dicen que soy el patrón de ellos. A la persona que se me acerque le doy trabajo sin pedir cartas de recomendación, ni antecedentes, ni certificados de experiencia o acreditaciones. Ellos saben que no pueden ir a otro lugar a buscar trabajo, en una empresa. Muchos son mayores y no saben leer. ¿Qué trabajo les van a dar por allá? Yo no les exijo nada, solo que me traten bien. Algunas pepitas de oro alcanzo a dejarles para que puedan subsistir después de tanto que me han saqueado.


Ahora véalos allá, sin trabajo, hacinados en una bodega, se han quedado sin los ranchos que mis aguas arrasaron una madrugada del 10 de mayo. ¿Culpa mía? Sí, dicen aquellos, los que están allá arriba mirándonos con recelo, los de cascos blancos, amarillos y azules. “El río está embravecido, si ustedes no salen, el agua los sacará” les dijeron a los habitantes de mis riberas y me echaron toda la responsabilidad. ¿Habráse visto tanta infamia, tanta insolencia? ¡Tras de ladrón, bufón! ¿Ah? ¿Es que acaso no entienden que mi naturaleza es fluir hacia lo más bajo? ¿Qué tiene que suceder para que comprendan que a mí no me pueden detener, a la brava, poniéndome un muro en la mitad del camino por más ancho y aparentemente sólido como el que ellos se empeñan en construir cada vez más alto y así desafiar mis aguas?


Dicen que sí, claro, es posible, que eso se hace incluso con ríos diez veces más grandes y caudalosos que yo. Me hablan del Yangtsé y la represa de las Tres Gargantas, del Paraná y la represa de Itaipú, del Nilo y la represa de Asuán. Yo no sé, amigo. Jamás he ido por allá, pero no quiero imaginar el daño que hicieron los colegas de estos hombres de cascos blancos, amarillos y azules, para represar esos tres grandes portentos fluviales. No quiero saber de las especies animales y vegetales sacrificadas, de los seres humanos desplazados, de los templos, cementerios y sitios de pagamento anegados para siempre. La historia se repite una y otra vez desde hace más de ciento treinta años cuando les dio por represar ríos para sacar energía, en su insaciable sed de tener cada vez más y más potencia eléctrica; como si el progreso fuera ilimitado; como si los recursos fueran inagotables y no se pensara en una armoniosa colaboración entre la naturaleza y ustedes, los individuos que se han convertido en nuestro principal depredador.


Claro. No aguanté más. Por algún lado tenía que reventar. Busqué camino. Lo encontré y me desbordé. Ellos, los habitantes de mis riberas del cañón nunca habían visto algo semejante. Jamás habían presenciado que mis aguas corrieran hacia arriba. Pero sucedió. Y seguirá sucediendo si la obstinación no cesa.


Ahora me responsabilizan de la tragedia que pueda ocurrir, la que está a punto de ocurrir: agotada mi paciencia, yo mismo ya no podré seguir conteniendo mis aguas y romperé la presa y me llevaré por delante –¡ay, mi destino!– poblaciones tan vivas, pujantes y hermosas como Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, Ayapel, Guarandá, Nechí, San Jacinto del Cauca, Majagual y Achí, entre otras. El daño lo han hecho los de cascos blancos, azules y amarillos, pero ahora, dicen, el responsable de causar la tragedia soy yo. Eso es ser infame. El daño, a hoy, que se ha ocasionado al tejido social de toda esta cuenca hidrográfica es irreparable. ¿Qué se hará para resarcir e indemnizar a toda esta gente? ¿A dónde tendrán que dirigirse? De nuevo: más desplazados, más gente empobrecida inundando las ciudades que no tienen como acogerlos si no es en los cinturones de miseria. “Cuando pase la emergencia”, dicen ellos. ¿Y es que acaso creen que este proyecto será viable algún día? Si las alarmas y sirenas que ellos mismos han instalado siguen sonando todos los días, si las alertas rojas no se han levantado y no se levantarán hasta tanto yo no recupere mi cauce y mi caudal normal, sin muros, ni presas, ni túneles, ni artificios humanos.


“Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la energía que este país necesita?” me han venido a gritar aquí, a mis riberas, algunos de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos. “¿Es que no se da cuenta –vociferan–, que en este país la energía proviene de las hidroeléctricas que hay por toda la geografía montañosa? Además, este proyecto será –‘sería’, deberían decir– el más grande jamás construido en el país de esta naturaleza”. Y me preguntan a mí como si debiera dar respuesta a su codicia inagotable. A mí me informan que hay soluciones bien implantadas en otros países, con energías renovables –eólica, solar, biomasa, mareomotriz– y sin afectación tan grande a la naturaleza. Si tanto es su apetito, deberían haber hecho la tarea hace mucho tiempo para buscar soluciones alternativas. Si hubieran partido al amanecer a esta hora ya habrían llegado. El modelo energético de este país no podía seguir en esa carrera ciega de más y más hidroeléctricas, cada vez más grandes, cada vez más invasivas, cada vez más temerarias. Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dicen los más sabios.


Afortunadamente, amigo, no estoy solo. Tengo aliados formidables, portentosos. ¿Sabe quién? La montaña. Las cordilleras. Las que me abrazan y acogen en este bellísimo cañón. Ellas están colaborando, se están movilizando, reacomodando, con el crujir de las fallas geológicas que yo ayudo a crear gracias a la inconmensurable presión que ejerzo con estas aguas represadas, y así alcanzaremos el propósito que nos alienta: que yo pueda fluir naturalmente. Entre los dos, montaña y río, haremos justicia. Recuperaremos mi cauce. Salvaremos la vida: por una parte, a mí, el Cauca y, por la otra, a todo lo que me rodea y se nutre de mi y habita en torno a mí. ¿No se da cuenta que me quieren robar? ¿Qué me quieren aniquilar?


Ya va para un mes que a esas personas las hicieron salir de sus hogares y las llevaron a vivir hacinadas en unos coliseos, en unas escuelas, en unas bodegas. Desacomodaron toda la economía, las dinámicas sociales, la educación, la prestación de salud de todos estos lugares, de las poblaciones que evacuaron y de las poblaciones adonde llevaron los evacuados. Aquí todos pagan por los errores, las improvisaciones y la corrupción de esos individuos de cascos blancos, azules y amarillos y de los que están allá en Medellín y en Bogotá, dirigiendo todo desde sus cómodas oficinas, con tinto, agua y alimentos servidos a sus mesas, con baños a unos pocos pasos. Regresan en las noches a sus casas a dormir en cómodos lechos, no en el piso sobre unas colchonetas que casi no llegan, a pesar de la emergencia, a los lugares donde hacinaron los evacuados. A los que no quieren acudir a esos refugios les ofrecen dinero para que busquen dónde irse y así lavarse las manos del problema social que han generado. Como si uno o dos millones de pesos resolviera un problema tan grande. “A finales de junio estará superado cualquier riesgo en Hidroituango” dicen los titulares mentirosos para tratar de calmar los ánimos. ¡Ja! Si cada día hay una nueva alerta, una nueva alarma que se enciende, por lo que he dicho: río y montaña estamos aliados para no dejarnos vencer de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos y de sus jefes en las oficinas “inteligentes” de Medellín y Bogotá.


Si ellos, esos individuos arrogantes, llenos de sabiduría técnica y científica, colmados de títulos y cartones (y de codicia por los billones de pesos que mueve este proyecto) tan solo atendieran por un momento los principios que rigen la filosofía andina, otra cosa pensarían, otra cosa harían. Pero ellos no saben ni quieren saber nada de filosofía; y mucho menos de filosofía andina, ni de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios.


Si lo hicieran, sabrían qué leyes rigen a la naturaleza y al ser humano, cuál es la lógica (ya que ellos son tan racionales) andina que aquí es ley. Sabrían –pero no quieren saberlo– que hay un principio general de relacionalidad de todo. En el principio todo era relación, la relación es la verdadera ‘sustancia’ andina. Para la filosofía andina, el individuo es “nada”, es algo perdido si no se halla insertado en una red de múltiples relaciones. El ser humano no se puede desconectar de los vínculos naturales o cósmicos. Esta relacionalidad se cristaliza a través de la reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia entre los aspectos afectivos, ecológico, éticos, estéticos y productivos. ¿Me explico? Todo está unido, todo está relacionado, todo esta entrelazado. No hay forma de romper esos vínculos relacionales. No hay forma de cortar en dos un río, aguas arriba y aguas abajo, como ellos intentan e insisten hacer. A todo daño corresponde otro. Todo está en un equilibrio perfecto. A cada acción corresponde una reacción; a toda gestión corresponde un efecto, no hay causa sin efecto. Así de sencillo. Pero ellos no han logrado entenderlo. Y, de allí, todo lo que ustedes, y yo, estamos viviendo. Y como digo, ya sabemos quiénes son los que están pagando las consecuencias de esta ceguera infinita.


“Perdimos el control de la obra” dijeron hace unos días. ¡Qué gran verdad! ¡Qué coraje (o qué vergüenza) tuvieron al haberlo admitido! Ahora sólo queda un camino: deshacer lo que hicieron. Desarticular el monstruo que fabricaron en su soberbia infinita: desmontar esa presa, piedra a piedra, roca a roca y dejarme fluir como ayer, como hace años, decenios, centurias, milenios.


Yo soy el Cauca. Yo soy el río, el río que agoniza contaminado por las industrias del Valle, por el mercurio, y los químicos que vierten en mis aguas esas industrias y me hieren de muerte y que aún así me resisto a morir, a ser nada más que una cloaca fétida. En mi aun hay vida, mucha vida. En mi todavía nadan, viven y se reproducen la sardinata, el barbudo, la picuda, la cucha, el mazorco, el bocachico, el jetudo, el chango, la sabaleta, la guabina, el guachilejo y la dorada, en mis aguas todavía hay aluviones de oro, en mis riberas vuelan la zarceta azul, la lora cabeciazul, a mis orillas fangosas se acercan para desovar las cecilias, las salamandras, las ranas y sapos, las tortugas, los cocodrilos.


No hay alternativa. Entiendan, hombres sin razón, el principio de relacionalidad, de reciprocidad, de correspondencia. Ustedes no pueden hacer tanto daño y no pagar las consecuencias. Dejen de hacer sufrir a tanta gente despojada y desplazada de sus hogares, de sus sitios de trabajo, de sus centros educativos, de sus puestos de salud.


Desbaraten lo construido, háganlo pronto antes de que la montaña y yo tengamos que hacerlo. ■

 

*Escritor. Miembro del Consejo de redacción del mensuario Le Monde diplomatique, edición Colombia. Director de la colección de literatura Ríos de letras de Ediciones Desde Abajo.

Publicado enColombia
Condena simbólica para 28 exparamilitares que dejaron más de 6.000 víctimas en Colombia

Los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia tendrán que "cumplir con actos públicos de reconocimiento de culpa y arrepentimiento" y resarcir a los afectados


Un tribunal de Medellín ha condenado a 28 exparamilitares de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por más de 1.708 actos criminales que dejaron 6.069 víctimas entre 1997 y 2006 en varias regiones del país. Los condenados han sido juzgados a través del sistema de Justicia y Paz ideado por el expresidente Álvaro Uribe para la desmovilización de estos grupos armados de extrema derecha a principios de la década de 2000. Este tipo de jurisdicción contempla sanciones de cárcel de hasta ocho años y penas alternativas.


"Los sentenciados deberán cumplir con actos públicos de reconocimiento de culpa y arrepentimiento, en los que solicitarán perdón a las víctimas y se comprometerán a no incurrir nuevamente en conductas punibles como las que protagonizaron", ha explicado la Fiscalía de Colombia. Además, tendrán que resarcir a las víctimas económicamente.
Es decir, no ingresarán en prisión por haber reconocido su responsabilidad y haber aportado información de los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento y violencia de género, "en patrones de criminalidad sistemáticos, generalizados y repetidos".


"Las cinco conductas identificadas hicieron parte de una directriz establecida para ganar violentamente territorio sin importar el nivel de afectación a la población civil, especialmente mujeres, afrocolombianos e indígenas de la comunidad Emberá Dobidá", se lee en el comunicado de la Fiscalía.


Los 28 exparamilitares formaban parte del bloque Élmer Cárdenas que actúo en 54 municipios de los departamentos de Antioquia, Chocó, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca y Santander. Entre los sentenciados está el máximo líder de este grupo, Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", responsable también del secuestro de la excandidata a la presidencia Piedad Córdoba en Medellín en 1999.


Este grupo armado ha reconocido haber participado en la masacre de La Horqueta, en Cundinamarca (centro de Colombia) en 1997 en la que fueron asesinadas 17 personas. El bloque paramilitar fue el que se enfrentó a las FARC en mayo 2002 en un combate que dejó a la población de Bojayá (Pacífico) en mitad de los bombardeos. El resultado de aquella batalla fue de 79 muertos y el desplazamiento de la población.


En el norte del Pacífico ordenaron una intervención armada conocida como Operación génesis o cacarica en 1997. Pretendían arrebatarle a la guerrilla territorio y decapitaron a un campesino. El miedo provocó el desplazamiento de las comunidades afrocolombianos e indígenas que viven en esta región del país.

 

Bogotá 9 JUN 2018 - 12:53 COT

Publicado enColombia
Sábado, 02 Junio 2018 07:09

Abrir los archivos oficiales del Estado

Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

Publicado enColombia
Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

Publicado enEdición Nº246
¡Asesinaron a Ramón! Liberador de tierra de Corinto-Cauca

Con dolor e indignación lamentamos informar que en la noche del 14 de mayo fue asesinado el liberador de tierras Ramón Ascué Calix; los hechos se presentaron a las 9:15 pm en pleno casco urbano de Corinto cuando, después de seguirlo, sicarios dispararon contra Ramón Ascué arrancándole la vida.


El año pasado fueron asesinados dos comuneros indígenas en las inmediaciones de la hacienda Miraflores, propiedad del Ingenio Incauca, mientras la comunidad indígena Nasa adelantaba acciones de control y recuperación de sus tierras ancestrales. El 22 de marzo fue asesinado el liberador Javier Oteca por miembros de la seguridad privada de Incauca; luego, el 9 de mayo del 2017, fue asesinado Daniel Felipe Castro, un joven liberador de tierras de apenas 16 años, por miembros de la Policía Nacional cuando los uniformados abrieron fuego indiscriminado contra la comunidad indígena desarmada.


Estos asesinatos no solo se encuentran en la impunidad sino que, además, para este año las acciones de violencia y represión contra la comunidad indígena han llegado a un nuevo nivel de recrudecimiento, ya que los liberadores de la Madre Tierra son seguidos por sicarios y hombres armados, en lo que amenaza convertirse en una serie de asesinatos selectivos que busca detener el proceso de Liberación de la Madre Tierra en Corinto. Así, el pasado 30 de abril, a las 6:40 pm, fue asesinado el liberador indígena Héctor Janer mientras se movilizaba en una moto desde la cabecera municipal de Corinto hasta la vereda el Guanabano, mientras que hoy cae muerto otro liberador de la Madre Tierra en el casco urbano de Corinto.


Ramón Ascué Calix fue un hombre comprometido con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, siempre estuvo junto a la comunidad realizando registros en fotografía y vídeo sobre las constantes agresiones de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, utilizando la denuncia como una herramienta para proteger a la comunidad indígena. Una noche, para comienzos del 2017, mientras caminábamos por las vías veredales de Corinto, Ramón Ascué comentó que pensaba retirarse un tiempo del proceso de Liberación ya que presentía que lo iban a matar, sin embargo su amor y entrega a la lucha por la Liberación de Tierras no se lo permitió, y continuó luchando, hasta que en la noche de hoy sicarios al servicio del capital agro-industrial le arrancaron su vida.


Le enviamos un saludo de solidaridad a la familia, ya que en poco tiempo perdieron a dos hermanos comprometidos con el proceso de Liberación: Javier y Ramón Ascué Calix. Pero sus muertes no han sido en vano, ya que su ejemplo, su determinación y su lucha quedan vivas en la memoria para seguir este camino de Liberación.

 

Publicado enColombia