Permite a los militares ser juzgados en foros propios. Denuncian la “ley Temer”

La denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro.

 

La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó ayer que le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que revocase la ley que transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Brasil. “En su denuncia, la Defensoría relató que la legislación establece un foro especial para los militares y dificulta la responsabilización de los agentes estatales mediante investigaciones imparciales e independientes”, informó la Defensoría en un comunicado.


De acuerdo con la nota, la denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro, Daniel Lozoya. El organismo alegó en su recurso que la ley viola jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así como las normas internacionales de protección de los derechos humanos. “Ese hecho fue incluso alertado por el representante Regional del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta enviada al Senado brasileño cuando el proyecto aún era discutido en el Congreso”,explicó la nota.


La ley en cuestión fue sancionada en octubre pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, pese a que fue blanco de intensas críticas de los organismos de defensa de los derechos humanos, así como de la ONU y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). La norma garantiza la competencia de los tribunales militares en los crímenes dolosos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa. La Defensoría destacó que la ley entró en vigencia tan sólo cuatro meses antes de que, en febrero pasado, el Gobierno brasileño decretara una intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro, que puso en manos del Ejército el control del orden público en el estado más emblemático de Brasil. La intervención busca poner fin a la creciente ola de violencia que vive Río desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que dejó 6.731 muertos el año pasado.


En su recurso ante la CIDH, la Defensoría citó específicamente una matanza ocurrida en noviembre pasado en la favela de Salgueiro, que dejó ocho muertes y en la que se investiga la participación de militares. Según el organismo, el caso no ha sido debidamente investigado hasta hoy ni se han señalado a sus responsables pese a, según alegó, los fuertes indicios de que se trató de una ejecución, ya que las víctimas fueron tiroteadas en la nuca, y a que testigos acusan a hombres que usaban armas con miras láser y cascos con visión nocturna como los utilizados por las Fuerzas Especiales del Ejército. “Con el uso cada vez más frecuente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad y de policía en Brasil, como las previstas en la intervención federal en Río de Janeiro, es muy probable que los casos involucrando a militares sean llevados a la Justicia Militar”, indicó la Defensoría.


Por ello, agregó: “es necesario que esa ley sea revocada lo más rápido posible, ya que la Justicia Militar no es competente para juzgar violaciones de los derechos humanos practicadas contra civiles, de acuerdo con las normas internacionales de independencia e imparcialidad judicial de las investigaciones”, aseguró Lozoya. La ley ya había sido criticada por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado conjunto divulgado en octubre, ambos organismos argumentaron que la iniciativa impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial realizada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad.


Ayer, siguiendo con la política de militarización, el ministro de Seguridad Pública de Brasil anunció la conformación de un grupo especial compuesto por autoridades de la justicia, el Ejército y la Policía destinado a identificar milicianos para, según dijo, reducir y minimizar su influencia durante las campañas electorales de este año en Río de Janeiro.

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Lista de países bombardeados por Estados Unidos (desde el final de la II Guerra Mundial hasta el momento actual)

Si bien la “destrucción arbitraria de ciudades, pueblos y aldeas” se considera un crimen de guerra que no prescribe en el Derecho Internacional, resulta escandaloso que el bombardeo aéreo de ciudades sea un acto que no solo queda impune, sino que prácticamente tampoco se puede acusar a sus responsables. El bombardeo aéreo es terrorismo de Estado, es el terrorismo de los ricos. Se han asesinado con bombas más inocentes en las últimas seis décadas que todos los asesinatos juntos cometidos por el terrorismo en todos los tiempos. Algo ha bloqueado nuestra conciencia sobre esta realidad. En Estados Unidos ni siquiera valoraríamos la posibilidad de que pudiera ser elegido Presidente un hombre que hubiese arrojado una bomba en un restaurante lleno de gente; pero estamos felices de elegir a un hombre que una vez ordenó lanzar bombas desde aviones que destruyeron no solamente los restaurantes, sino también los edificios adyacentes y los barrios que los rodeaban. Fui a Irak después de la guerra del Golfo y vi por mí mismo lo que las bombas habían hecho: “destrucción sin sentido” es sólo un término para calificarlo. (C. Douglas Lummis) (1)

Lo anterior fue escrito en 1994, antes de la destrucción arbitraria generada por el bombardeo de Yugoslavia, otro en una larga lista de países que Estados Unidos ha bombardeado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lista que se presenta a continuación.


Parece que hay algo en el lanzamiento de bombas o misiles sobre ciudades y personas, efectuados desde larga distancia, que gusta especialmente a los líderes militares y políticos estadounidenses. En parte tiene que ver con un deseo consciente de no arriesgar vidas estadounidenses en combate terrestre. Y, en parte, tal vez no del todo consciente, tiene que ver con que no deseen contemplar los restos sangrientos de las víctimas, lo que permite que los telespectadores estadounidenses se aferren desde sus casas a sus cálidos y confusos sentimientos sobre sí mismos, su gobierno y sus maravillosos “valores familiares”. Los funcionarios de Washington tienen el cuidado de distinguir entre los explosivos que EE.UU. deja caer desde el cielo y las “armas de destrucción masiva” (WMD) que sólo los enemigos declarados oficialmente (ODE) son suficientemente depravados para usarlas [Nota traducción del blog: WMD: “weapons of mass destruction”; ODE: “officially-designated enemies”]. El gobierno de Estados Unidos habla con severidad de armas de destrucción masiva, definiéndolas como armas de naturaleza nuclear, química y biológica, e “indiscriminadas” (es decir, su uso no se limita a objetivos militares), en oposición a los favorables misiles de crucero estadounidenses de “precisión”. Esto malamente se sostiene en una semántica cuestionable, dado el conocido y extremadamente extenso daño provocado a objetivos no militares, incluyendo un cuantioso número de viviendas, escuelas y hospitales, provocado incluso por las bombas “inteligentes” estadounidenses, en la casi totalidad de los bombardeos que se enumeran a continuación.


Por otra parte, Washington no aplica el término “armas de destrucción masiva” a otras armas que Estados Unidos ha usado regularmente, como el uranio empobrecido y las bombas de racimo, que pueden ser, y a menudo son, altamente indiscriminadas.


Las armas de destrucción masiva se definen a veces como aquellas cuyos efectos causan un daño posterior en la gente. Sin duda, esto habría que aplicarlo a las bombas de racimo y a las armas de uranio empobrecido, peligrosamente radiactivas después de su explosión. Se aplicaría menos a las bombas “convencionales”, pero incluso sobre éstas quedan bombas sin explotar y además está el peligro de que posteriormente los edificios dañados se derrumben. Pero lo que es más importante, parece muy parcial y manipulador, por no decir extraordinariamente difícil de aceptar, tratar de pintar un rostro humano en un misil de crucero Tomahawk, cuya carga útil de media tonelada de TNT se estrella en el centro de una ciudad densamente poblada, a menudo con uranio empobrecido en su ojiva.


Un terrorista es alguien que tiene una bomba, pero no tiene una fuerza aérea.


Listado de países bombardeados


Corea y China 1950-1953 (Guerra de Corea)
Guatemala 1954
Indonesia 1958
Cuba 1959-1961
Guatemala 1960
Congo 1964
Laos 1964-1973
Vietnam 1961-1973
Camboya 1969-1970
Guatemala 1967-1969
Granada 1983
Líbano 1983, 1984 (ambos objetivos libaneses y sirios)
Libia 1986
El Salvador, 1980
Nicaragua, 1980
Irán 1987
Panamá 1989
Irak 1991 (Guerra del Golfo Pérsico)
Kuwait 1991
Somalia, 1993
Bosnia 1994, 1995
Sudán 1998
Afganistán 1998
Yugoslavia 1999
Yemen 2002
Irak 1991-2003 (EE.UU/RU de manera regular)
Irak 2003-2015
Afganistán 2001-2015
Pakistán 2007-2015
Somalia 2007-8 2011
Yemen, 2009, 2011
Libia de 2011, 2015
Siria 2014-2016


Más


Irán, abril de 2003. Caen en su territorio misiles estadounidenses durante el bombardeo de Irak, matando al menos a una persona. (2)
Pakistán, 2002-03. Bombardeado por aviones estadounidenses en varias ocasiones, como parte del combate contra los talibanes y otros opositores a la ocupación estadounidense de Afganistán. (3)


China, 1999. Su embajada en Belgrado fue fuertemente bombardeada. La embajada es legalmente territorio chino, y parece bastante seguro que el bombardeo no fue un accidente (véase el capítulo 25 de Rogue Estado).


Francia, 1986. Después de que el gobierno francés rechazase el uso de su espacio aéreo por parte de los aviones de guerra estadounidenses que se dirigían a bombardear Libia, los aviones se vieron obligados a tomar otra ruta más larga. Cuando llegaron a Libia bombardearon tan cerca de la embajada de Francia que el edificio fue dañado y todos los enlaces de comunicación inutilizados. (4)


Filadelfia, Pensilvania, 13 de Mayo, 1985. Una bomba lanzada por un helicóptero de la policía incendió y destruyó toda una manzana: unas 60 viviendas destruidas y 11 muertos, entre ellos varios niños pequeños. La policía, la oficina del alcalde y el FBI estuvieron involucrados en esta operación para desalojar a la organización afroamericana MOVE de la casa en la que vivían [Nota traducción del blog: MOVE, “MOVIMIENTO”, fue un grupo de liberación afroamericana fundado por John África; ver NE 3]


Esos otros muchachos son realmente impactantes


“Debemos esperar conflictos en los que los adversarios, a causa de afinidades culturales diferentes a las nuestras, recurrirán a formas y niveles de violencia impactantes para nuestra sensibilidad.” – Departamento de Defensa de 1999 (5)


Los Objetivos


Se ha convertido en un lugar común en las acusaciones contra Estados Unidos, decir que se elige como objetivos de bombardeo sólo a las personas de color, a los del Tercer Mundo, o a los musulmanes. Pero no hay que olvidar que una de las campañas de bombardeo estadounidenses más intensamente sostenidas y feroces se llevó a cabo contra el pueblo de la antigua Yugoslavia, blanco, europeo, cristiano. Estados Unidos bombardea en igualdad de oportunidades. Los únicos requisitos para que un país se convierta en objetivo son:


Plantear un obstáculo suficiente para los deseos del imperio americano.


Estár prácticamente indefenso contra los ataques aéreos.


Los supervivientes


Según el estudio de la Asociación Médica de Estados Unidos, “Los trastornos psiquiátricos entre los supervivientes de los bombardeos de 1995 en Oklahoma City”:
“Casi la mitad de los supervivientes de los bombardeos estudiados tenían un trastorno psiquiátrico activo después del desastre, y un tercio de los supervivientes cumplía los criterios completos del trastorno de estrés postraumático. Los síntomas de PTSD fueron casi universales, especialmente los síntomas de reexperiencia intrusiva e hiperansiedad.” (6)


Martin Kelly, editor de un sitio web de la no violencia:


“Nunca vemos el humo y el fuego, nunca olemos la sangre, nunca vemos el terror en los ojos de los niños, cuyas pesadillas ahora tomarán la forma de misiles chirriantes de terroristas invisibles, conocidos como los estadounidenses.”


(Traducción blog del viejo topo)


Notas del autor


(1) Politólogo. En The Nation, 26 de septiembre 1994, p. 304.
(2) RFE / RL Newsline, 9 de abril de 2003 (Radio Europa Libre / Radio Liberty es un servicio “privado” comunicaciones internacionales en Europa y Asia, financiado por el gobierno de Estados Unidos.)
(3) Washington Post, 1 de enero de 2003; Australian Broadcasting Company, 1 de enero de 2003; Agencia France Presse, 19 de Septiembre de 2003.
(4) Associated Press , “France Confirms It Denied U.S. Jets Air Space, Says Embassy Damaged”, 15 de abril de 1986.
(5) Comisión Estadounidense de Seguridad Nacional / Siglo XXI, “New World Coming” (Fase I Informe), 15 de septiembre de 1999, p.3
(6) Journal of the American Medical Association, 25 de agosto de 1999, p. 761

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Muere impune el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt

El general, de 91 años, fue considerado como uno de los militares más sanguinarios de América Latina

El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.


Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.


"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio (...) No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).


Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013. No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.


Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.


El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.


Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.


De acuerdo con los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. El Informe de Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión riosmonttista.


Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en su contra.


Su mayor logro político fue llevar a su partido a la Presidencia de la República en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la misma fecha de 2004. Como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo desde la Presidencia del Legislativo.


El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala, solo superado por el gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acumulan procesos en la prisión preventiva a la que están sometidos.
Trayectoria sangrienta


Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general logró evadir su enjuiciamiento.


Con su muerte, Ríos se suma a los también fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía durante el mismo periodo, considerados, con Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. Lucas y Chupina fueron los responsables intelectuales del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980.

 

Por JOSÉ ELÍAS
Guatemala 2 ABR 2018 - 05:24 COT

 

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Francisco, el papa, entre pederastas y genocidas

La Iglesia chilena es una de las más conservadoras del continente. Su participación en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende la escoró más. Un tedeum en la catedral de Santiago elevó a los golpistas a la condición de salvadores de la cristiandad. Los escándalos durante décadas afectan a todas las congregaciones, ninguna está exenta de casos de violación a menores. Salesianos, maristas, dominicos, legionarios, jesuitas, Opus Dei. Existe un centenar de casos documentados.

La institución niega y considera las acusaciones, insidias para socavar la labor pastoral de sus miembros. Aún abiertas las heridas del prelado Fernando Karadima, durante años violando menores, el papa Francisco no ha querido reunirse con sus víctimas. Se ha limitado a pedir perdón. Karadima sigue siendo sacerdote. En sus 50 años de oficios religiosos amasó una gran fortuna personal. Condenado por pederastia, oficia misa a pesar de estar inhabilitado. Igualmente, resulta significativo que el papa Francisco reniegue de las acusaciones por encubrimiento de quien fue discípulo de Karadima, Juan Barros Madrid, hombre de confianza del Papa, nombrado obispo de Osorno. No menos impactante ha sido el nombramiento del ex arzobispo de Santiago, miembro del consejo cardenalicio, Javier Errázuriz Ossa, amigo personal de Pinochet, anticomunista declarado, en la actualidad empeñado en desarticular toda acción pastoral ejercida desde la Teología de la Liberación. Enemigo acérrimo de la Iglesia de los pobres, ha patrocinando querellas contra los sacerdotes militantes de la Iglesia de la opción por los pobres y del Cristo de los condenados de la Tierra, José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos.

Sin embargo, la Iglesia chilena cuenta con el apoyo de la clase política para realizar sus fechorías. La Democracia Cristiana, principal partido político durante décadas, hoy en declive, de ideología católica practicante, se alineó con las posiciones más reaccionaras del clero, siendo su correa de trasmisión. En cuanto a sus propiedades y bienes, el Episcopado posee canales de televisión, universidades, editoriales, centros comunitarios, clubes deportivos, clínicas privadas, instituciones seglares, colegios, agroindustrias y una red de empresas dedicadas a la divulgación de la fe. No hablemos de la riqueza acumulada gracias a las prerrogativas concedidas por el Estado. No paga contribuciones. Por ley se le exime del IVA. Tampoco necesita desembolsar dinero a la hora de los envíos postales. Todo lo que entra a sus arcas se convierte en patrimonio. Igualmente, su influencia se hace sentir a la hora de evitar que sean juzgados los capellanes militares y sacerdotes que prestaron colaboración en las sesiones de tortura durante los años de la dictadura.

La Iglesia católica se inhibió de investigar los casos de sacerdotes asesinados, torturados y desaparecidos, como Joan Alsina (31 años), Miguel Woodward (42), Antonio Llidó (38) y los fusilados Andrés Járlan (43) y Gerardo Poblete (31).

La Iglesia chilena no pasa por sus mejores momentos. La visita de Francisco precede la realizada por el papa polaco Juan Pablo II, hoy declarado santo por sus milagros, tal vez por transformar curas violadores y pederastas en hombres del señor, libres de polvo y paja. Su periplo está lleno de contradicciones. Mientras predica austeridad, critica el liberalismo económico, el consumo exacerbado, se manifiesta contra el calentamiento global y llama a una revangelización, no alude al coste de más de un millón de dólares desembolsado por el Estado chileno para sus fastos y mítines, además de la seguridad.

Guarda silencio ante la represión ejercida por el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Su misa en Temuco contó con la acción de las fuerzas armadas y de Carabineros limpiando el terreno, deteniendo a los lonkos de las organizaciones del pueblo mapuche. El cordón de seguridad le garantizó una misa tranquila, con mapuches ad hoc, complacientes y sumisos. Así se ocultó el comunicado de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en cerro Ñielol, en el cual se señala: Los representantes de los pueblos indígenas ratificamos nuestros derechos colectivos, como a la libre determinación, hasta la conformación de un autogobierno. Asimismo, reafirmamos el derecho de restitución de las tierras usurpadas, exhortaremos a los estados y, en especial, a Chile, Argentina, el Vaticano y las iglesias a que depongan su política de colonialismo y domesticación con los pueblos indígenas. Exigiremos perdón del papa Francisco por los crímenes de genocidio y por la toma, confiscación y ocupación de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas.

Al igual que sucedió con Juan Pablo II, Francisco hizo oídos sordos, llamó, como no podía ser de otra manera, al diálogo, sin mencionar el acoso, violación, asesinato y encarcelamiento de los dirigentes mapuches, donde no se respeta el habeas corpus. Calló ante las campañas contra el portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

Bergoglio ha tenido que hacer frente, en Santiago, Temuco e Iquique, ciudades visitadas, a manifestaciones de protesta por su actitud condescendiente con el poder, el silencio guardado frente a las demandas de justicia y su actitud protectora de una Iglesia, como la chilena, sumida en la corrupción y el descrédito. Su visita, sin tomar partido por la justicia social y denunciar a sus prelados, resulta irrelevante. Y ahora, en Perú, ¿rogará por el alma de Fujimori?

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Kuczynski no logra detener la sangría en su entorno por el indulto a Fujimori

Funcionarios del Ministerio de Justicia abandonan por irregularidades en el trámite del perdón presidencial


El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sigue perdiendo apoyos tras su decisión de conceder un indulto humanitario al autócrata Alberto Fujimori, jefe de Estado entre 1990-2000 condenado a 25 años por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción y encarcelado desde 2005. A mediodía del miércoles, luego de recibir decenas de mensajes de personalidades del mundo de la cultura que reclamaban su dimisión, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, conocido actor y director de cine, comunicó su renuncia vía Twitter. El consejero presidencial ad honorem Máximo San Román también dimitió. San Román fue vicepresidente del primer gobierno de Fujimori, y se retiró luego del autogolpe de 1992. Ahora era un apoyo importante de Kuczynski que le abandona, como antes hicieron tres parlamentarios clave y el ministro del Interior. También dimitió el presidente ejecutivo de los medios de comunicación del Estado, Hugo Coya.


Del Solar estuvo de licencia en España una semana, y conversó el martes con el presidente. “He presentado mi renuncia al cargo de Ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país”, comunicó el cineasta en la red social el miércoles, minutos antes de la ceremonia de toma de posesión del nuevo ministro de Interior, el exjefe de la Policía Nacional Vicente Romero, a la que debía asistir todo el gabinete.


El predecesor en Interior, Carlos Basombrío, presentó su renuncia antes de la decisión del indulto, durante la crisis política que desató la mayoría fujimorista al plantear la destitución del presidente.


Los problemas se le acumulan a PPK, que el jueves deberá declarar ante la fiscalía por sus vinculaciones con el caso Odebrecht. También lo hará eses mismo día Keiko Fujimori por la presunta financiación de sus campañas electorales de la compañía brasileña. Los parlamentarios de Fuerza Popular –el partido de los Fujimori–difundieron hace dos semanas una lista de depósitos de la transnacional brasileña Odebrecht a dos empresas con sede en Estados Unidos: una de PPK y otra de su socio chileno Gerardo Sepúlveda. Los pagos se realizaron entre 2004 y 2013. Después de desatar el escándalo, solicitaron la ‘vacancia’ presidencial que fue debatida el jueves 21 en el Parlamento. El presidente se salvó con los votos de diez fujimoristas disidentes, encabezados por Kenji Fujimori, el hijo menor del autócrata, quien negoció con Kuczynski el indulto a cambio de no votar por su cese.


La sangría en el equipo del presidente no cesa. El presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, el escritor y periodista Coya, envió una carta al mandatario señalando que “con una mezcla de emociones” comunicaba su renuncia. La noche del lunes 25, durante una protesta en el centro de Lima contra la decisión de Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori, el camarógrafo de la televisión estatal Jesús Saavedra fue golpeado y pateado por agentes de la Policía Nacional. Los agentes intentaban evitar que grabe el rostro de los policías que agredían a manifestantes.


Mientras tanto, familiares de las víctimas del Grupo Colina, el destacamento del Ejército que realizaba ejecuciones extrajudiciales y desapariciones durante el Gobierno de Fujimori, anunciaron en una conferencia de prensa que continuarán las acciones legales para lograr la anulación del indulto.


“Fujimori asesinó a mi hijo, ahora Kuczynski terminó de asesinar al resto de la familia”, lamentó Javier Roca, padre de Martín Roca, un estudiante universitario desaparecido en 1993 luego de ser detenido por miembros de la Marina.


“Vamos a seguir denunciando que el Estado no atiende los derechos de las víctimas y hay ciudadanos que parece que pesan más que otros", añadió Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta que fueron asesinados y desaparecidos por el Grupo Colina. El caso fue uno de los que provocó la condena a 25 años de prisión para Fujimori.


Varios organismos internacionales han rechazado la concesión del indulto. El representante de derechos humanos de la ONU para América Latina, Amerigo Incalcaterra,el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao; y las ONG estadounidenses Human Rights Watch, CEJIL y Washington Office for Latin America aluden a las fallas en el trámite seguido por el Ministerio de Justicia.


Además, el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, renunció el martes a su cargo, en protesta por el indulto que califica de “político” y no humanitario. Otros dos funcionarios del área de derechos humanos de la misma entidad presentaron su renuncia por el mismo motivo.


Lima 27 DIC 2017 - 15:22 COT

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Caminos y ciénaga de la Jurisdicción Especial para la Paz

Una de las cuestiones más complejas que tiende a convertirse en asunto central de la política colombiana en este período histórico, o sea más allá de la coyuntura inmediata de unos acuerdos de paz y su truncado desarrollo, es la relativa a la justicia de transición o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptada en el proceso de negociación política del conflicto armado entre el régimen dominante y las Farc. Dadas sus características, algunos han planteado que se trata más de una justicia transaccional, por quienes la pactaron, sin participación social; como la hicieron y por los beneficiarios prioritarios de la misma.


Sobre ese eje implantado en la dinámica de reinstitucionalización, el pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco del ordenamiento constitucional dicha Justicia Especial. El dirigente de las Farc, Jesús Santrich, ha calificado esta Sentencia, como “el inicio del fin de la paz”.


Sobre sus alcances y falencias muchos han sido los pronunciamientos de centenares de expertos y entidades, que han señalado un contraste con lo que se denomina estándares internacionales de justicia y derechos humanos, indicando por ejemplo que la Corte Penal Internacional podría conocer de casos frente a los cuales la JEP no dará respuesta justa y adecuada. Por supuesto hay que escuchar también las posiciones de grupos de víctimas y de diversos sectores populares en resistencia que por diferentes razones sólo hasta ahora han tomado en cuenta la necesidad de un estudio concienzudo y objetivo de esa jurisdicción, que se nos vendió como solución, constituyendo en realidad cada día un gravísimo problema.


Dos días después del fallo, la organización política derivada de las Farc, expidió un comunicado en el que lo saluda pero advierte que se generan “consecuencias adversas para la paz”, como concebir que es para ser aplicada a quienes integraron las Farc y no a otros actores, en este caso del régimen, pues quedan liberados “los agentes del Estado civiles” a los que llama “una privilegiada casta de intocables”. Aseguran que “se estimuló el régimen de impunidad” y “se desprecia a las víctimas”, y que no se contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad, entre otras quejas.


Otra frustración: el blindaje de los de arriba


Ciertamente, y más que dichos reclamos de una de las partes negociadoras, las nuevas realidades demuestran con mayor claridad que la JEP y el sistema al que fue articulada, frustra expectativas legítimas de miles y miles de víctimas del terrorismo de Estado, y burla aspiraciones razonables de la sociedad que busca transformaciones efectivas, pues en la medida en que se consolida un nuevo aparataje sometido a la inercia dominante, se torna por lo mismo más funcional al statu quo y a sus objetivos estratégicos que nos recuerdan el gatopardismo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”; “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado” (del libro “El gatopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa [1896-1957]).


En ese panorama lo que estaba advertido ha sucedido, ratificado por una Corte Constitucional que también es expresión de unas finalidades de blindaje de las elites, pues ese tribunal ha decidido que los empresarios vinculados a la guerra sucia, los para-empresarios por ejemplo, pueden no ser llamados a responder por sus acciones de asociación criminal, sino sólo concurrir a la JEP según su libre elección, cuando quieran o les convenga en caso de que los mecanismos de la justicia ordinaria a su medida les fallaran en su propósito de total encubrimiento. O sea como manifestación pura de lo que representan: la selección de un sistema de segregación que confiere a unos puñados de ricos todos los derechos y diferentes menús, y a millones de colombianas y colombianos los restos. Ya Tucídides, el historiador y general griego, decía relatando la Guerra del Peloponeso (431-411 a.C.): “Ustedes saben tan bien como nosotros que el derecho, como suele decirse, sólo se discute entre quienes tienen el mismo poder: mientras que el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”.


El 20 de julio de 2017, uno de los más comprometidos y acuciosos estudiosos de la realidad colombiana, el defensor de derechos humanos, padre Javier Giraldo, analizó este tema dentro de un visión crítica de lo pactado en La Habana. Nos recordó lo siguiente:


“El 30 de agosto de 2016 el Presidente Santos asistió al Congreso de Analdex, acompañado de su Canciller, del Alto Comisionado de Paz y del militar negociador plenipotenciario del Gobierno en La Habana, ex General Jorge Enrique Mora Rangel. Su mensaje a los empresarios fue una fórmula de evasión a la justicia, entusiasmadamente acogida: alegando extorsión podrán limpiar su nombre ante la Justicia Transicional. Les insistió en que la Justicia Especial para la Paz será una oportunidad para que los empresarios que han sido víctimas de extorsión limpien su nombre” (http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article264).


En dicho análisis se remonta Giraldo a la fórmula inicial, a lo que se fue construyendo en Cuba hacia mitad del 2015, y que nos sirve para una reflexión general sobre cómo lo que mal comienza, está en la tendencia de que mal acabe: “(se) propuso una fórmula que tuvo aceptación casi inmediata de ambas Partes, pues ofrecía impunidad simétrica para insurgentes y agentes del Estado recurriendo a parámetros de justicia transicional, pero además resolvía el problema de la ilegitimidad del aparato judicial colombiano creando una Jurisdicción Especial...”. Señala cómo se produjo un cierto pánico de la élite en el poder “compuesta por grandes empresarios, funcionarios, militares, agentes de seguridad y ex presidentes”, que desarrollaron estrategias tranquilizantes para salvarles, para que nada de lo pactado afecte su lógica de violencia e impunidad.


Era 2015, cuando se vislumbró esa propensión de un sistema de justicia negociado, que, esgrimiendo el compromiso con las víctimas, como supuesto centro de la solución política, vendió además que a la amnistía e indulto a los guerrilleros de las FARC, debía compensarse al otro lado, con medidas equivalentes dirigidas como beneficios a quienes combatieron la subversión.


Dichas estrategias tranquilizadoras y reaseguradoras de las posiciones de las elites en el poder, fueron diversas y constituyeron una cadena secuencial y consecuencial, de tal modo que, como lo afirma el jesuita Giraldo, cuando se firmaron los Acuerdos de La Habana “ya se habían incluido principios muy claros de impunidad para la élite en el poder”. Pasó en las sucesivas ceremonias de agosto, de septiembre y de noviembre de 2016, cada vez que concurrieron las partes a celebrar lo pactado; y han venido acentuándose esas estrategias de impunidad en absolutamente todos y cada uno de los pasos de confección y concreción jurídico – política de esa jurisdicción especial que se pensó fuera imparcial y por fuera de la que Giraldo llama acertadamente “putrefacta justicia colombiana”, pero que al final, por la lógica y la formalidad de un Estado que se presume “de Derecho”, terminó siendo no un ensayo alternativo y eficaz frente a la impunidad de los sectores en el poder, sino una refinada maquinaria anidada y manejada en colusión con los de arriba, que apunta a estar al servicio de sus intereses históricos.
Lecciones a la vista


Un repaso de los once títulos que desarrolló el padre Javier Giraldo en el texto aludido, y que hoy recobran validez por su argumentación, nos señalan las materias que como Ejército de Liberación Nacional seguiremos discerniendo para aprender de lecciones a la vista, dadas por la realidad sistémica de la inmunidad e impunidad de los las elites:


* Priorización y selección de casos dejando por fuera a miles de hechos y de víctimas;
* Confusión deliberada de víctimas del genocidio, de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, como si fueran víctimas del conflicto armado;
* Aceptación y legalización de una simetría ilegítima (homologación de responsabilidades de los criminales mandados por el Régimen con las de los rebeldes);
* Extirpación del tímido ensayo de jurisdicción universal, o sea la frustración del derecho penal internacional más progresista;
* La desaparición de las responsabilidades de los mandos;
* El refinamiento unilateral de la impunidad de agentes del Estado;
* La absolución anticipada de los máximos responsables;
* La esfumación de la centralidad de las víctimas;
* La ya mencionada absolución del empresariado criminal;
* La anulación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas de genocidio;
* La evasiva radical a las garantías de no repetición (véase lo que está pasando en campañas de asesinatos de líderes y activistas sociales comprometidos en procesos populares).


Del escrito del padre Giraldo, que continuaremos estudiando y de observaciones como las de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha llamado ambigua y errada a gran parte de lo estructura de la JEP, o de informes de Amnistía Internacional y otra entidades nacionales y extranjeras, tenemos un abanico de temas descritos que deben ser sopesados racionalmente a la luz no sólo de los normas urdidas sino de la experiencia específica que se va arrojando, como es la exoneración y libertad ya conquistada de grandes genocidas o responsables de crímenes de lesa humanidad.


Mientras combatientes de las Farc continúan presos por infracciones penales conexas a la rebelión, Rito Alejo del Río y otros ex militares pasean con tranquilidad por el país. Éste al menos tuvo restricciones temporales a su libertad por espantosos hechos que cometió, pero cientos y cientos de empresarios, bajo ese sistema, nunca serán siquiera señalados por sus responsabilidades. Tomamos nota de estos caminos y de esta ciénaga, reafirmando el compromiso básico para una justicia y paz transformadoras: “Verdad toda, verdad todos”.

 

 Por Camila Pérez
www.eln-voces.com

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Polémica por el ascenso de militares colombianos sospechosos de participar en ejecuciones ilegales

Human Rights Watch asegura que hay evidencias de que cinco oficiales estuvieron involucrados en el escándalo de los 'falsos positivos'

La decisión del Ministerio de Defensa de Colombia de ascender a 33 mandos militares ha desatado esta semana las críticas Human Rights Watch (HRW). La organización de defensa de los derechos humanos sostiene que existen “evidencias creíbles” que vinculan a cinco de esos oficiales, cuatro coroneles y un general del Ejército, al escándalo de los falsos positivos. Este caso, destapado hace una década, fue una de las peores manchas de la guerra entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares. Civiles ejecutados sin juicio entre 2002 y 2008 en calidad de supuestos combatientes para alterar el balance del conflicto armado y lograr beneficios. El escenario hoy ha cambiado. El país se encuentra en plena transición hacia la paz. Pero en las próximas semanas, recuerda la ONG, el Senado tendrá que pronunciarse sobre esos ascensos.


“En lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la oscura etapa de los falsos positivos, el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas al intentar ascender a oficiales contra quienes existen denuncias serias que los vinculan a falsos positivos”, mantuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien pide a la Cámara que frene esa decisión.


El titular de Defensa, Luis Carlos Villegas, aprobó este miércoles las promociones. “De los 33 oficiales que se han presentado por el Gobierno a la comisión segunda [encargada de examinar los expedientes], todos tienen la plena confianza del Gobierno, no hay en esa lista nadie que tenga investigaciones penales formales, los que estaban para ascenso y las tenían no fueron considerados”, afirmó, informa Efe. Al no tener procedimientos penales abiertos, el Ejecutivo considera que hay caso.


El principal argumento de HRW tiene que ver con la responsabilidad directa o indirecta en el marco del derecho internacional. “Los patrones en los casos de falsos positivos —incluido su carácter sistemático y las circunstancias implausibles de muchas de las supuestas muertes en combate— sugieren de manera clara que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de asesinatos sabían o deberían haber sabido sobre estos crímenes”, señala la organización. “Además de otras formas de participación penal, como ordenar la comisión de un delito, los comandantes son penalmente responsables conforme al derecho internacional si sabían o deberían haber sabido que los soldados bajo su control efectivo estaban cometiendo delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”, prosigue su denuncia.


Los militares señalados por HRW, que alega investigaciones de la Fiscalía, son el brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci, y los coroneles Mauricio José Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Reinaldo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo.

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Un informe afirma que el Gobierno de Honduras estuvo involucrado en el asesinato de Berta Cáceres

Expertos internacionales concluyen que funcionarios estatales, así como empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista en 2016


Funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ha afirmado un grupo de expertos internacionales. "La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento", se señala en un informe de 92 páginas publicado el martes.


El asesinato de Cáceres ocurrió el pasado 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano. El único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido tras el ataque. Cáceres había sufrido dos atentados fallidos un mes antes de morir. El homicidio provocó indignación más allá de las fronteras de Honduras y expuso las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente en ese país.


El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades indígenas de la etnia lenca, se maquinó en noviembre de 2015, se agrega en el informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres y que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda.


Los expertos sostienen que ha habido una conspiración para obstruir la justicia y proteger a los autores materiales e intelectuales del crimen. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (...) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro", se asegura en el informe. Hay ocho detenidos como perpetradores materiales, pero no se ha desvelado ningún avance sobre las personas que planearon la agresión, se argumenta.


"[El asesinato] fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa", señalan los autores del informe, que iniciaron la investigación ante la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo de extranjeros que indagara sobre la muerte de Cáceres. La elaboración del documento supuso cuatro viajes a Honduras para entrevistar a 30 personas, así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.


"Estoy sumamente impresionada, no voy a recuperar a mi hija, no la volveré a besar, no la volveré a ver, pero se habrá hecho justicia", ha dicho a la televisión hondureña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, que ganó el premio Goldman en 2015 y acumulaba una larga lista de amenazas de muerte en 20 años de trayectoria. "Este informe ha destapado información sobre los verdaderos responsables de este horrendo asesinato", ha añadido.
Elsia Paz, la expresidenta de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que DESA presentó evidencia al grupo de expertos para demostrar que no estaban vinculados al asesinato. Paz ha dicho a la agencia AFP que las denuncias son parte de una estrategia para aupar a la hija de Cáceres en las elecciones del próximo mes. Olivia Marcela Zúñiga Cáceres es candidata a una diputación por el izquierdista partido Libre, liderado por el expresidente Manuel Zelaya, que fue destituido en 2009.


Poco más de un año después del asesinato de Cáceres, que en 2015 había recibido el reconocido premio Goldman, los directores de Agua Zarca anunciaron en julio pasado la suspensión del proyecto "como un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión". Honduras se ha asentado como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra, con 123 activistas asesinados desde 2010, según datos de la iniciativa Global Witness Watch.

 

México 1 NOV 2017 - 12:23 COT

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Comunidades indígenas: blanco de tiro del Estado colombiano

Horas después de la masacre en Tumaco, entre los días 6 y 8 de octubre, las comunidades indígenas Embera Dóbida del medio Baudó en el Chocó y Kokonuko en el departamento del Cauca, sufrieron ataques por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares que acabaron con las vidas de líderes indígenas. Las acciones del Estado dejan claro el mensaje: el territorio no es para todos y con él se hace lo que el capital ordene.

 

Comunidad Embera Dóbida del Medio Baudó, Chocó

 

Aún sin digerir la noticia de la masacre perpetrada, según diversos testimonios, por la Policía en Tumaco –Nariño– el pasado 5 de octubre; 48 horas después se informó del asesinato del líder, ex gobernador y promotor de salud indígena, Ezquivel Manyoma del pueblo Embera Dóbida del resguardo Comunidad Dabeiba Queracito del municipio del Medio Baudó, Chocó. En la noche del 6 de octubre, Manyoma fue raptado de su casa y en la madrugada del 7 de octubre fue asesinado por grupos paramilitares presentes en la zona.

 

El pueblo Embera Dóbida ocupa buena parte del territorio chocoano, de acuerdo al censo del Dane de 2005, suman más de 37.000 personas, lo que lo hace un blanco evidente para los grupos paramilitares que pretenden tener el control total del departamento. La Mesa Indígena del Chocó expresó que con el asesinato de Manyoma, “no solo se acaba con la vida de un ser humano, arranca de nuestro territorio la sabiduría de un líder, conocimientos ancestrales que no se volverán a recuperar”. Con cada muerte, los pueblos indígenas mueren un poco más. Hasta el momento, el asesinato del líder indígena ha pasado sin mayores pronunciamientos, sin embargo, la comunidad exige al Gobierno que cumpla con la responsabilidad adquirida en el auto 004 de 2009, emitido por la Corte Constitucional, donde se protege y salvaguarda los derechos fundamentales de las comunidades.

 

Comunidad Kokonuko de Puracé, Cauca

 

“Los líderes estamos llamados a generar un clima de cordialidad, de armonía, de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, pero que un líder político propicie enfrentamientos entre diversos sectores de la sociedad, es muy peligroso para la democracia. Nosotros desde Kokonuko hacemos un llamado para que los líderes políticos de todos los orígenes y todas la orillas ideológicas, propicien un clima de cordialidad, de entendimiento, de tolerancia, de pluralismo entre la sociedad colombiana. En el territorio nacional podemos vivir todos, incluso entre diferentes, entre distintos, pero respetando los derechos de absolutamente de todos los colombianos”.

 

Esto dijo el ministro del interior, Guillermo Rivera el 27 de julio de 2017 en su visita a la comunidad indígena de Kokonuko, espacio donde el Gobierno se comprometió a la entrega de predios para el saneamiento y liberación de la madre tierra, proceso que lideran las comunidades indígenas del Cauca.

 

Tal parece que sus palabras fueron solo discurso y quedaron archivadas en el pasado. El 8 de octubre de 2017 fue asesinada la comunera y periodista Efigenia Vásquez mientras el Esmad desalojaba a su comunidad en Puracé, Cauca; también el indígena Jhon Yace, hijo de Alberto Yace dirigente del pueblo.

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se ha manifestado en contra de estos actos que atentan contra la vida de las comunidades indígenas del país. Hace llamados urgentes a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que se hagan responsables de las debidas investigaciones y así proceder jurídicamente.

 

Las comunidades indígenas y campesinas en Colombia, cada día más arrinconadas, parecen perder la batalla contra el capitalismo y el Estado, que poco a poco, y en silencio, llevan a cabo el más grande genocidio de la historia nacional, valiéndose de un diseño complejo de fuerzas armadas, de la ocupación y control de los territorios, todo ello a la sombra de la manipulación mediática que oculta o tergiversa estas realidades.

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Colombia. Asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia: la impunidad crece

Cerca del 90% de los crímenes contra líderes comunitarios y dirigentes campesinos e índigenas quedan sin resolver.



Durante los primeros seis meses de este año se produjeron 52 asesinatos de líderes comunitarios, dirigentes de asociaciones campesinas e indígenas en Colombia. El último sucedió hace pocos días en el municipio de El Carmen, en la región de Norte de Santander y la víctima fue Ezequiel Rangel, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo. Unos días antes fue asesinado en Piamonte (Cauca) el líder comunal de Marcha Patriótica, Fernando Asprilla.


Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo y el programa gubernamental Somos Defensores, desde enero de 2016 han sido asesinados 190 líderes sociales en Colombia. Las mismas fuentes denuncian que entre enero y junio de este año, 335 defensores de Derechos Humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida y se produjeron 225 amenazas.


Algunas de estas amenazas, realizadas casi siempre por "bandas criminales" (como se llama ahora en Colombia a los nuevos paramilitares) para imponer su ley sobre los territorios abandonados por la desmovilizada guerrilla de las FARC, incluyen "toques de queda" y la prohibición de sustituir los cultivos de coca y adoptan formas despiadadas. Como la que el sociólogo Alfredo Molano conoció hace pocos días en Bocas de Satinga cuando, en la calle principal, apareció el cadáver de una niña de cuatro años violada y destripada. En el pueblo corrió la voz de que los paras darán el mismo destino a todo el que incumpla sus órdenes.


La violencia contra líderes sociales se ha incrementado en Colombia desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC en los 242 municipios en los que tenía presencia. Aunque el Ministerio de Defensa y la Fiscalía general señalan que no hay "sistematicidad" en los crímenes contra líderes sociales (el Gobierno pretende eludir así la responsabilidad del Estado ante instancias internacionales), la propia Defensoría del Pueblo y prestigiosas organizaciones como Dejusticia sostienen lo contrario. Los "blancos" de estas acciones criminales están claros: Juntas de Acción Comunal, organizaciones de Víctimas que reclaman la restitución de sus tierras, pueblos indígenas y movimientos contrarios a la minería, la izquierda política, Marcha Patriótica y Congreso de los pueblos.


Según el investigador de esta organización de juristas, Mauricio García Villegas, "el 60% del territorio colombiano, donde viven seis millones de personas, no tiene Estado consolidado". Coincide con este análisis el propio Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret: "Los paramilitares copan los espacios del territorio de los que se han ido retirando las FARC, para controlar las economías ilegales. Allí se encuentran expuestos a graves riesgos los líderes sociales, debido en gran medida al estigma que sufren por su defensa de la paz, el territorio y el medio ambiente, entre otras causas".


Precisamente en el campo del medio ambiente, Colombia es, según la ONG inglesa Global Witners, el segundo país más peligroso para los ecologistas, después de Brasil. El pasado año, según esta fuente, fueron asesinados 37 líderes ecologistas colombianos.


La situación de vulnerabilidad de los defensores de Derechos Humanos es tan grave que, al tiempo que el ministro del Interior reconoce que aumentaron los índices de violencia en las zonas abandonadas por las FARC, y admite que "falta acción [del Estado] y que hay que hacer presencia efectiva", el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar la creación de un cuerpo de élite de la Policía Nacional formado por 1.000 hombres destinado a proteger a los líderes sociales, con sistemas especiales de "alertas tempranas" coordinados con el Ejército y la defensoría del Pueblo en las zonas más críticas del país.


El diario El Espectador editorializaba en fecha reciente sobre el exterminio de defensores de Derechos en Colombia: "La actitud de las autoridades, a veces partícipes de las agresiones e incapaces de combatir la impunidad, es lamentable".


Según un estudio que acaba de dar a conocer el programa Somos Defensores (Crímenes contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, la impunidad

contraataca), de los asesinatos de líderes sociales documentados entre 2009 y 2016, en el 87% de los casos la justicia no ha hecho nada, ni siquiera identificar a los homicidas

 

08/09/2017 19:16 Actualizado: 09/09/2017 08:00

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