MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Decreto que suspende órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública procesados atenta contra las víctimas y sus derechos a la justicia y la verdad

La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz– JEP, está significando menos garantías para las víctimas de crímenes de Estado y más beneficios sin contraprestaciones para los victimarios agentes de la Fuerza Pública. Este tratamiento ha pasado de ser diferencial a ser preferencial.

 

1.- El 3 de mayo de 2017, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el Acto Legislativo 01 de 2016, los ministerios de Defensa y de Justicia promulgaron el decreto 706 de 2017 “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”, el cual prevé la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o suspensión de la medida de aseguramiento para miembros de la Fuerza Pública por delitos cometidos con ocasión, en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

2.- Según la exposición de motivos esta disposición busca garantizar un tratamiento diferenciado pero equitativo, recogiendo preocupaciones del Fiscal General de la Nación por el hecho de que a los guerrilleros les fueran suspendidas las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento, mientras que a los integrantes de la Fuerza Pública no. El Acuerdo Final reconoce un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado teniendo en cuenta su calidad de garante, pero comopuede apreciarse, equitativo para el Fiscal supone una operación matemática según la cual los beneficios para unos deben otorgarse en igual medida a otros. Sin embargo, desconoce un elemento transversal a la aplicación de medidas diferenciales como lo es la posición de garante que ocupan los miembros de la Fuerza Pública respecto de los ciudadanos, lo que implica que si cometen un delito, la sanción debe ser más drástica. Lo anterior no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos del legislador o el constituyente, sino un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes teniendo la función de proteger los derechos de la población, atentan deliberadamente contra esta.

3.- Tampoco puede ser simétrico o equitativo que se apliquen estas medidas a agentes de la Fuerza Pública que como vimos tienen mayor responsabilidad y que tras su aplicación quedarían en libertad, frente a los integrantes de las FARC, de quienes se sabe, se encuentran en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, bajo observación del mecanismo de monitoreo. También constituye una contradicción con la Ley 1820 del 2016 que regula las amnistías, indultos y otros tratamientos especiales, en la cual se disponía que las libertades de los miembros de la fuerza pública procesados por delitos graves sólo podían hacerse efectivas de manera transitoria y condicionada, cuando hubieren cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad, bien sea porque se encontraban condenados o porque pesaba en su contra una medida de aseguramiento. La misma ley prevé que en caso contrario deberían seguir privados de la libertad y no suspender las medidas como contradictoriamente lo establece el decreto 706 de 2017.

4.- De otro lado, suspender las órdenes de captura de los agentes de la Fuerza Pública no supone un tratamiento diferenciado sino un beneficio arbitrario a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia. Es incluso una medida que vulnera el principio de igualdad entre los propios integrantes de la Fuerza Pública que están efectivamente privados de la libertad

5.- Respecto de la suspensión de las medidas de aseguramiento, la norma olvida que la adopción de éstas, por su naturaleza restrictiva de los derechos del procesado (especialmente el derecho a la libertad) son de aplicación excepcional y, por mandato legal, sólo operan en circunstancias como la protección del proceso, la sociedad y las víctimas. Es claro que las medidasde aseguramiento cuando son utilizadas por los operadores judiciales de forma responsable, ponen el acento en la protección de la sociedad y las víctimas, de manera que, al ser revocadas o suspendidas, es a ellas a quienes se está afectando. En últimas, cada vez se ratifica la vulneración a las victimas de agentes de estado, como acertadamente lo manifestó ToddHowland Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia: “consideraciones políticas y de beneficios en materia de justicia para los victimarios ocupan en la actualidad la atención pública y se les está dando mayor prioridad en los debates, en lugar de poner la atención en la realidad que viven ocho millones de víctimas”.

6.- Ni el decreto en mención, ni la Ley 1820 de 2016 establecen frente a estos beneficios, el derecho a la información, ni la posibilidad de participación e intervención de las víctimas o sus representantes, que se predican centrales en el SIVJRNR, ni siquiera tratándose de crímenes internacionales que serían de competencia de la JEP como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, genocidio, sobre los cuales el Decreto 706 de 2017 no establece excepciones.

7.- Es preocupante, que el decreto 706 de 2017 impulsado por el Fiscal General de la Nación desestimula la labor de los fiscales en todo el territorio nacional para continuar con las investigaciones que les corresponde, que no cesa hasta que la JEP solicite los procesos, y que además constituye una obligación internacional para el Estado colombiano y un compromiso ético entre las partes, previsto en el acuerdo, de no intercambiar impunidades.

8.-Estas disposiciones legales pretenden configurar una política más amplia para asegurar que los instrumentos del SIVJRNR garanticen la impunidad de los crímenes de Estado y de sus cómplices. En ese orden de ideas, puede apreciarse la definición que trae el acto legislativo 01 de 2017 sobre la responsabilidad de mando en el artículo 24 y sobre la responsabilidad de terceros en el artículo 16, que desconocen flagrantemente estándares internaciones fijados en el Estatuto de Roma. Lo mismo podría decirse del decreto 502 del 27 de marzo de 2017 a través del cual se nombró al Ministro de Defensa o su delegado para integrar la junta directiva del Centro de Memoria Histórica, con lo cual no solo queda en duda la independencia de este organismo sino que demuestra las prioridades del Estado en la construcción de narrativas que desvirtúen la existencia de la criminalidad estatal.

9.- Las organizaciones y plataformas de derechos humanos firmantes reiteramos nuestra preocupación por el contenido de varias disposiciones previstas en las leyes y decretos que se han promulgado en el transcurso del proceso de implementación legislativa del Acuerdo Final de Paz, que responden a la presión que vienen ejerciendo las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa para materializar una legislación favorable a la impunidad de sus crímenes, y que en su conjunto constituyen una autoamnistía que provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional. Al día de hoy se aprecia una disminución de las garantías para las víctimas y un aumento desmedido de beneficios para los victimarios sin la adopción de contrapesos para su otorgamiento. Esto es particularmente visible en las medidas de tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública que se ha convertido en un tratamiento preferencial y privilegiado.

10.- A las autoridades judiciales les recomendamos recordar que el principio de integralidad de las medidas del Sistema implica que, al momento de resolver estas peticiones respecto de crímenes graves, en primer lugar se establezca si estos tienen relación con el conflicto o si por el contrario son crímenes de violencia sociopolítica y de persecución masiva y sistemática al movimiento social, que están por fuera de la confrontación armada, y en segundo lugar, no se otorguen beneficios más favorables a los ya establecidos en la ley 1820 de 2016.

Bogotá, 5 de mayo de 2017

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEUU
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Corporación Juridica Libertad – CJL
Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
Escuela Nacional Sindical – ENS
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos – GIDH
Corporación REINICIAR
dhColombia
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP
Centro de Estudios Juan Gelman
Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda
Asociación Minga
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
Análisis Urbano
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES
Asociación de Vivienda EMECE
La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – Asovisna
Asociación Campesina de San José de Apartadó – Acasa
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Fundación Sumapaz
HIJOS E HIJAS por la Memoria y contra la Impunidad
Coorporación para el Desarrollo Regional
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del eje cafetero Voces unidas exigiendo justicia
Asociación medio ambiente y desarrollo Enda América Latina-Colombia
Migrantes y Exiliados colombianos por la Paz MECoPa Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF
Mesa Psicosocial
Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES
Colectivo 16 de mayo
Corporación construyendo poder, democracia y paz – PODERPAZ
Grupo de familiares de víctimas de crímenes de Estado Vida Memoria y Dignidad
Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara
Ángela María Robledo, Representante a la Cámara
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
SINTRAEMSDES
H.I.J.O.S Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Asociación Paz con Dignidad (España)
Comunidades Construyendo Paz – Conpaz
MOVICE Capítulo España
Unión Sindical Obrera – USO
Equipo Interdisciplinario Forense de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial
Ceac

Publicado enColombia
Asesinatos de líderes sociales alarma a HRW

A las voces que alertan sobre el incremento de agresiones a defensores de derechos humanos, se sumó ayer la ONG Human Rights Watch (HRW), que, además pidió al Gobierno nacional redoblar esfuerzos para protegerlos e investigar los homicidios ocurridos en el país y que según algunas organizaciones alcanza los 120 en los últimos 14 meses.


La Defensoría del Pueblo, la ONU, Somos Defensores, entre otras entidades, habían llamado la atención sobre lo que estaba ocurriendo en el país y coincidido en que muchos de estos asesinatos se han presentado en antiguas zonas de influencia de las Farc y que fueron dejadas tras el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales.


“El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Agregó que “sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”.


Para documentar la solicitud, la ONG incluye casos puntuales de activistas asesinados en lo que va corrido de este año, como el de José Yimer Cartagena Usuga, cuyo cuerpo apuñalado fue hallado en Carepa, Antioquia, el 10 de enero. Cartagena era vicepresidente de una organización local de campesinos y miembro de la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica, un movimiento político y social nacional de izquierda.


De la misma manera Feiver Cerón, presidente de un consejo comunitario local fue encontrado muerto en Mercaderes, Cauca, el 18 de febrero. Las investigaciones preliminares concluyeron que el cuerpo presentaba 11 heridas de bala, según señaló una organización local de derechos humanos.


Recordó HRW que “el 30 de enero Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, dijo que, desde el 30 de noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, 17 activistas habrían sido asesinados. Somos Defensores, una de las principales organizaciones de Colombia que denuncia abusos contra activistas, ha recibido información de que 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil habrían sido asesinados desde el inicio de 2017 y ha confirmado que 20 eran efectivamente activistas de la sociedad civil. Somos Defensores todavía no ha confirmado si los otros cinco restantes eran activistas”.


Así mismo, a través de un comunicado la ONG con sede en Estados Unidos, indicó que “la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que, en 2016, fueron asesinados 60 defensores con un rol de liderazgo, lo cual representa un aumento significativo respecto de los 41 que documentó en 2015. Somos Defensores informó 80 asesinatos en 2016 y 63 en 2015. La mayoría de las víctimas no había sufrido amenazas y, por lo tanto, no contaba con protección”.


Ante este panorama, dijo el director de HRW para las Américas que “el único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”.


Recordó HRW que para Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se considera defensor de derechos a cualquier persona que, en forma individual o conjunta, intenta promover o proteger derechos, incluidos sociales o de los trabajadores. “Sin embargo, ambas organizaciones sólo informan sobre asesinatos de defensores que consideran que tienen un rol de liderazgo. Estas organizaciones no establecen si el homicidio se debió a la labor realizada por el activista, pues consideran que esa determinación corresponde a las autoridades colombianas”.


Entre los que se sospecha que han sido víctimas de abusos en 2016 se encuentra Henry Pérez, presidente de una organización comunitaria, cuya desaparición del municipio de Tibú, en el noreste del país, se denunció a fines de enero de 2016. “Pérez aún no ha sido hallado y su caso no ha sido resuelto. Su esposa ha recibido amenazas instándola a que deje de buscarlo, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realiza un seguimiento de las políticas de paz en Colombia”, indicó HRW.


Las zonas


De acuerdo con el informe de la ONG, numerosos abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las Farc solían tener presencia militar.


“A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal”, señaló.


Entre los municipios que solían tener presencia de las Farc y “en los cuales han ocurrido niveles altos de abusos en contra de activistas se encuentran Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia”.


Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los homicidios que denunciaron se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las Farc.
“El 3 de marzo, el Defensor del Pueblo de Colombia manifestó que el acceso por parte de otros grupos armados a territorios antes controlados por las Farc había expuesto a abusos a los activistas de derechos humanos”, recordó la ONG.


Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia indican que, aparentemente, la mayoría de los asesinatos habrían sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo.


“Si bien la Fiscalía realizó importantes avances en 2016 y logró cuatro condenas en casos de activistas asesinados ese año, aún no ha habido imputaciones en la mayoría de los homicidios de defensores cometidos en 2015 y 2016”, indicó.
“El único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”, manifestó Vivanco.

 

Abril 25, 2017 - 02:15 AM

Publicado enColombia
Paramilitares en Colombia: un 'déjà vú' de sangre en tiempos de paz

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado

 

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.


“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.


Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.


El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.


Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.


Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.


Negar la realidad


Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.


No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.


Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.


“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.


“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.


Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.


Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.


“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.


Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.


El engaño de los paramilitares desmovilizados


Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

bogotá / popayán / cajamarca (colombia)
17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 08:00
JAIRO VARGAS
@JairoExtre

Publicado enColombia
Congreso aprueba Jurisdicción Especial para la Paz

Es difícil imaginar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc sin recurrir, paradójicamente, a la metáfora de la guerra para ilustrarlo. Tal vez porque es el recurso más antiguo en la historia de los narradores para explicar eventos cruciales de la vida o porque estamos contaminados con más de cincuenta años de conflicto armado. De cualquier manera, siempre es mejor la guerra como metáfora que como realidad. En ese sentido es admisible decir, entonces, que en la segunda semana de marzo, tras varios días de debate en la Sala Plena del Senado, la paz ganó otra batalla con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, sin embargo, dejó una sensación agridulce, por no decir amarga.


Tras refrendar el Congreso los acuerdos el treinta de noviembre del año pasado  yaprobar, días después, la Corte Constitucional el Fasttrack, se daba inicio a un nuevo capítulo del proceso de paz: blindarlos jurídicamente, una condición fundamental para su implementación efectiva.


El primer paso en este sentido se dio el mismo lunes dos de diciembre con la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), conformada por tres delgados de las Farc: Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino y tres del Gobierno Nacional: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Esta instanciatiene por objetivo vigilar que los acuerdos se cumplan, dada la tendencia del presidente Juan Manuel Santos a grabar sobre piedra promesas que luego incumple, y a su vez dirimir los conflictos que surjan en la implementación.


A su vez, para cubrir todos los frentes, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo conformado por: la ministra del trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del gobierno nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Del mismo modo otras instancias se encargan de vigilar la seguridad de los reinsertados, con observadores del Gobierno, las Farc y delegaos internacionales.


Así, en estas condiciones el Gobierno pudo presentar, con la bendición de las Farc, las normas y leyes al Congreso de la República. Pero de inmediato surgieron varios problemas. El primero: la priorización. Desde un principio el Gobierno dijo que tenía cincuenta iniciativas por presentar, pero muchas de ellas aún en borrador. La más urgente, dado que las Farc sólo durarían 180 días concentrados en los campamentos, era la ley de Amnistía e Indulto, entendida como «la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada», y el indulto como“un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” .


Fuentes oficiales habían marcado el cinco de diciembre como fecha límite para radicarla en el Congreso, pero sólo hasta el 19 del mismo mes lo hicieron realidad. Con la ley en el Congreso surgía el segundo obstáculo: la oposición. Si bien el Ejecutivo tiene en su bolsillo a la mayoría en el Congreso, existía cierta incertidumbre frente al alcance de la oposición para frenar el proceso de paz; específicamente del Centro Democrático. Como era de esperarse se hicieron escuchar afirmando que la amnistía y el indulto, tal y como la radicaron, abría las puertas a la impunidad. Sin embargo, varios expertos han afirmado que este proceso de paz es el único en la historia de acuerdos en el mundo donde las guerrillas se someten a ser juzgadas.


Aún así, pese a la oposición, la ley se aprobó en primer debate de Cámara y Congreso y el 31 de diciembre el Presidente la sancionóbajo la ley 1280 de 2016. La agilidad del trámite pudo provenir de los micos introducidos a esta norma, como los beneficiosa militares condenados y presos.


El segundo proyecto, considerado por el Gobierno como la columna vertebral de la paz,no corrió con la misma fortuna. En febrero del presente año el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de JEP. Pero luego de varios días de debates, el ocho de marzo se aplazó la votación cuando varios congresistas entraron en confrontación. Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le respondió a Jairo Estrada: «Claro, como les gusta es el plomo»; luego de que aquel dijera que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP Ante lo cual, unmiembro de Voces de Paz arremetió insinuando que el CD eran paramilitares. Claudia López, a su vez, también lanzó sus mordaces comentarios contra este partido cuando se salieron en plena votación: «aquí no los invitamos al salón social sino para que vengan a legislar. Con todo y que se ganaron la curul en una rifa, no son capaces ni de eso», afirmó.


Pero, más que por lo anterior, los retrasos fueron provocados por ciertas bancadas para ganar tiempo y así poder implementar las modificaciones necesarias para beneficiar a militares y ciertos miembros de la sociedad civil, es decir, dejarde par en par la puerta de la impunidad y, sobre todo, cerrar con doble llaveel cuarto de la verdad.


Con la Jurisdicción Especial para la Pazse conformarán ocho órganos cuyos objetivos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. Estos son:la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Tribunal Especial para la Paz; la sala de recomendación de verdad, de responsabilidad, y determinación de hechos y conductas; además, habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, la sala administrativade indulto, la unidad de investigación y Acusación y la secretaría ejecutiva. Todo un cuerpo robustecido al que dejaron sin herramientas para lograr la la justicia y la verdad.


Así, el lunes 13 marzo, tras de días de debate, la plenaria del Senado aprobó la JEP con 61 votos a favor y dos en contra (de Claudia López y Antonio Navarro en representación de Alianza Verde) y con sus respectivas modificaciones. «No va haber una casería de brujas», dijo Roy Barreras en relación a que la sociedad civil, entendida como aquellos sectores de la sociedad que fueron determinantes en el conflicto,puede estar tranquila ya que se le «quitó a la normala referencia a los financiadores de los paramilitares y quedó que sólo los que hayan cometido infracciones al DIH de manera “sistemática” podrán ser llamados a comparecer» .A su vez, los políticos procesados por hechos relacionados con el conflicto podrán someterse a la JEP para recibir beneficios. Así, muchos empresarios y políticos despertaron al día siguiente sonrientes, sus abadís, como el congresistaGermán Varón y su partido Cambio Radical (además del Centro Democrático), les quitaron un peso de encima. Del mismo modo se deben sentir las Fuerzas Militares que, «estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma» .


Aún así, tanto el colombiano en general como la víctimaen específico se acostaron aliviados sabiendo que cada vez es más remota la posibilidad del retornodel conflicto, aunque con ello se vea afectada la verdad y la justicia, en cierto grado.
Aún faltan por debatir otros proyectos prioritarios, entre ellos dos fundamentales: el estatuto de oposición y las garantías para creación del partido político de las Farc. Los demás, si bien no prioritarios, no dejan de ser importantes: entre estas la ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, «cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales»; «la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc-Ep o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización»; «el acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y de la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición», entre otros más.


Volviendo a la idea principal, el proceso de paz ha sido una guerra en la que, como todas, aun ganando siempre se pierde algo. Pero, afortunadamente, en esta no son vidas.

Publicado enColombia
Informe del Circ pone el dedo en la llaga sobre la paz en Colombia

“Nos preocupa el contexto de miedo en el que se vive en algunas zonas. Todavía no se puede hablar de paz”

 

Pese a los visibles avances en materia de reducción de la violencia desde el momento en que el Gobierno y Farc firmaron su acuerdo de paz, a la diversidad de organizaciones políticas y sociales les queda un reto aún más amplio por sobrellevar los cambios que exigen una verdadera paz democrática en Colombia. El último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) así lo precisa, al revelar la consumación durante el 2016 de 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 18.671 personas afectadas, recomposición de grupos armados, el problema penitenciario, violencia intrafamiliar, aumento de hurtos y otros hechos, todo ello como una muestra de que las causas estructurales de la violencia siguen presentes.

Violencia armada sigue marcando las zonas más vulnerables del país

Para el Circ, el Incumplimiento en normas humanitarias en zonas históricas de conflicto está relacionado con la proliferación y reconstitución de grupos armados organizados, los que, más allá de la delincuencia común, mantienen viejos elementos propios del conflicto ygeneran un panorama de incertidumbre para el posacuerdo.

Según el informe, desde el 2013 hay registro de 301.900 víctimas de actores armados organizados, de los cuales la mayor cantidad, el 97 por ciento, son desplazados.

Para el Cicr, el asesinato selectivo de gran número de lideres sociales en el país sigue dejando mucho que pensar de la voluntad de paz de las élites regionales; la muerte de líderes sindicales, que según cifras de organizaciones no gubernamentales supera los 74 desde el año pasado, y los 120 lideres agrarios asesinados, que denuncian plataformas como la Cumbre Agraria, son algunas pruebas por analizar. Igualmente, las 29 personas que fueron registradas como desaparecidas por día durante el 2016 (10.610 en total), si bien son la menor cifra registrada desde el 2012, realzan esta grave violación de los derechos humanos como otro de los ejes centrales a trataren el país por parte de la Cicr, en los meses que faltan del 2017.

Restos de explosivos sembrados durante el curso de la guerra, también es un factor prioritario por atender.El Cicr recuerda que durante el 2016 la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonas (Daicma) registró 63 heridos y 11 muertos por la detonación accidental de explosivos. Aunque esta cifra es la más baja entre las registras durante los últimos 26 años de confrontación armada, el problema sigue siendo un reto en el posacuerdo, de las cuales lo más preocupante es que no existen datos exactos sobre la dimensión y ubicación de la amenaza.Hasta enero del 2017 se había priorizado para descontaminación con este tipo de artefactos 207 municipios; al momento solo 22 están en operaciones de desminado.

A mediados de 2016 el Estado comenzó a implementar una normativa del Ministerio de Defensa llamada Directiva 015, para combatir grupos armados organizados (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “Clan del golfo”, Ejército Popular de Liberación, “Pelusos” y “Puntilleros”). Sin embargo, la doctrina militar que acompaña la estrategia de copar las zonas dejadas libres por el repliegue de la inseurgencia mantiene en sus esquemas operativos la idea de un enemigo interno que ve en la población civil un elemento sospechoso, desencadenando claras violaciones al DIH. La delgada linea que separa a militares y paramilitares, y a éstos con los poderes regionales, son factores que inciden en la falta de efectividad para combatir estos grupos, pues las poblaciones marginadas cada vez se ven más solas en un campo empobrecido por la gran minería y el monocultivo, sin más alternativa que los cultivos de coca y similares, de los cuales estos mismos grupos se financian.

Dicha situación realza la necesidad de buscar soluciones, de fondo, al problema de miedo e inseguridad que acosa a los sectores populares en zonas donde el conflicto ha repercutido con mayor fuerza, y donde los acumulados políticos de los proyectos alternativos ponen su fe en una eventual apertura democrática para el posacuerdo. Algunas de las zonas así afectadas son: Catatumbo, Medellín, Sur del Magdalena, Buenaventura, Chocó, Nariño y Caquetá.

¿Somos un país naturalmente violento?

El ministro de defensa Luis Carlos Villegas reveló a finales del año pasado que la cifra de homicidios rondaba los 12.000 casos, casi 24,4 por 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 42 años. Durane el 2015 se presentaron 1.150 casos menos que en el 2014, hecho muy lejano de lo vivido por Colombia en el 2005, uno de los más violentos, cuando fueron registrados 18.111 homicidios. Asimismo, el acuerdo de paz con las FARC y el cese de hostilidades significó que se redujeran los heridos en combate: según cifras del hospital militar, mientras en el 2011 hablábamos de una cifra de 424 heridos, en el 2016 fueron atentidos apenas 31 heridos, eso sin mencionar las cifras de secuestrados que cayeron exponencialmente en un 92 por ciento.

La visión en muchos sectores de la población, de que somos naturalmente violentos, noción común del conflicto, contrasta con estas cifras. Si bien muestran que el proceso ya tiene ciertas repercusiones en la vida diaria del país, esto no desencadena necesariamente un “posconflicto”, más bien una transformación del mismo, veamos:

En los 12 meses del año pasado, según el último censo delictivo de la Fiscalía, se denunciaron 314.511 casos, que comparado con el 2015 significa un aumento del 11 por ciento. Lo que más denunciaron las víctimas fue el robo de celulares (52.875), de motocicletas (28.757), de residencias (21.247), de establecimientos de comercio (20.885) y de carros (7.559), entre otros.

Asimismo, la Fiscalía alertó sobre el aumento de casos de violencia intrafamiliar: en 2015 se registraron 103.048 casos, mientras que el año pasado llegaron a 120.154 (16,6 por ciento más).

La disminución de los homicidios, los secuestros y los heridos en combate, si lo comparamos con el informe del Circ y al aumento de los hurtos o la violencia intrafamiliar, demuestran no un escenario de paz sino la transformación de la violencia en unposacuerdo que no se compromete con tocar las causas estructurales del sistema.

Más allá de las nociones provenientes de sectores de ultra derecha, que consideran esto como un problema superficial y criminal, es preciso reconocer que las formaciones sociales son parte de un sistema internacional más amplio, que se ven modificadas por los cambios profundos y complejos en la cultura, la política y la economía. Las principales variaciones coyunturales que afectan una formación social son la guerra y la paz, pero en Colombia, ante un panorama cada vez más crudo de exclusión y de desaleración de la economía, surgen grandes dilemas ante el significado real y profundo de la paz, y de que lo acordado con la insurgencia derive, en efecto, en una mejor condición de vida para los sectores populares.

De ahí que, si queremos llegar a una verdadera paz es preciso que las amplias mayorías y las organizaciones sociales superen la indiferencia colectiva con las víctimas, sabiendo que todos vivimos y somos victimas del actualsistema. Fortalecer el tejido social desde abajo, superar la polarización en las ciudades, y construir un proyecto de país que ponga fin a los privilegios de quienes se benefician de la violencia y la exclusión social, es menester para lo próximos años.


Referencias:

https://www.icrc.org/es/retos-del-fin-del-conflicto-armado-y-del-acuerdo-de-paz-en-colombia

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/31/colombia/1483187941_964829.html

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16787723

https://www.desdeabajo.info/colombia/31030-cerca-de-la-paz-la-violencia-no-cede.html

Publicado enColombia
La ONU insta a Colombia y a las FARC a reconocer su responsabilidad por la violación de derechos humanos

Naciones Unidas denuncia el asesinato en 2016 de 127 activistas y critica la ley de amnistía

 

La ONU insta al Estado de Colombia y a las FARC a "reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” para lograr un desarrollo eficaz del proceso de paz entre el Gobierno y la principal guerrilla del país. Esta es una de las 15 recomendaciones que la misión de Naciones Unidas formula en el informe anual presentado este jueves en Bogotá por el alto comisionado de la organización Todd Howland, quien ha denunciado que en 2016 fueron asesinadas 127 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de los que alrededor de la mitad tenían liderazgo en sus comunidades.

El estudio señala que “el acuerdo de paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, pero no lo considera suficiente ya que “el reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos del pasado contribuye a construir confianza en el proceso de paz”. La ONU recuerda el gesto del presidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Satos, que admitió “la persecución y violencia sistemáticas sufridas anteriormente por el partido político Unión Patriótica, y subrayó la responsabilidad del Estado de asegurar la no repetición” Y también concede que las FARC asumieron la responsabilidad de decenas de secuestros y asesinatos. “No obstante”, enfatiza Naciones Unidas, “sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”.


La organización, que supervisa la implementación del proceso de paz desde sus inicios, urge además al Gobierno y a la guerrilla “a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han caracterizado el conflicto armado”. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de “avanzar hacia una solución negociada al conflicto armado” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La segunda guerrilla de Colombia reivindicó un atentado en el centro de Bogotá hace menos de un mes. El informe “insiste en que todo uso de la fuerza por parte del Estado sea llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, salvo las acciones en contra de los grupos guerrilleros clasificados objetivamente como grupos armados organizados”.


Críticas a la ley de amnistía


La ONU formula críticas también a la ley de amnistía aprobada por el Congreso colombiano el pasado diciembre. “La ley”, apunta el informe, “incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento”. “También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas. El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”.


El alto comisionado de Naciones Unidas muestra su preocupación por el goteo constante de asesinatos de líderes sociales. En 2016 se registraron 389 ataques. Murieron al menos 127 personas, mayoritariamente en zonas con presencia histórica delas FARC y casi todas en territorios con ecosistemas económicos ilegales. Uno de los principales factores de violencia es, según la ONU, “el cultivo de uso ilícito, en particular coca”, que en los últimos años ha crecido exponencialmente. La desmovilización de la guerrilla ha dejado una suerte de “vacío” que están ocupando “grupos armados al servicio del narcotráfico”, a lo que se suma la “debilidad de la presencia del Estado de manera integral en el territorio”.


La organización considera que la solución pasa por “reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida de los defensores”. Para ello, ve necesario reformar el tejido político y social de esas regiones. “La protección de la vida, y la disminución de la violencia, están directamente ligadas a las oportunidades de inclusión política y a la generación de empleo, salud y educación”.

 

Bogotá 16 MAR 2017 - 21:42 COT

Publicado enColombia
Viernes, 24 Febrero 2017 06:38

Monarquía desgastada

Monarquía desgastada

Los recientes 12 años han sido los más críticos para la monarquía española desde que en 1969 el dictador Francisco Franco designó como su sucesor en la jefatura de Estado a Juan Carlos de Borbón. Y sobran razones, porque en lo que va de este nuevo siglo la figura de la monarquía ha sufrido enorme desgaste.


Todo comenzó en 2005, al divulgarse los negocios que, a la sombra del poder que daba ser el yerno preferido del rey Juan Carlos, realizaba el que fue un deportista popular y de buena presencia física: Iñaki Urdangarin. En unos cuantos años, y a través de un instituto, el Nóos, presuntamente sin fines de lucro, se hizo de contratos que le dejaron ganancias millonarias en euros. De la directiva de tal institución formaba parte su esposa, la infanta Cristina. Denunciado el caso ante la justicia, ésta descubrió las formas utilizadas por el yerno a través de Nóos para hacerse de dinero público.


A este desgaste se sumó en 2012 la fractura de la cadera que sufrió el rey cuando estaba en África cazando elefantes. Lo acompañaba su novia del momento. El viaje lo financió uno de sus amigos árabes, muy rico. Los medios aprovecharon el caso para exhibir otras infidelidades del monarca y la virtual separación de su esposa, la reina Sofía. Igualmente se puso en duda el origen de su cuantiosa fortuna.


No tuvo entonces Juan Carlos otra alternativa que ceder la corona a su hijo Felipe, quien carga desde 2014 con el desprestigio que rodea a la monarquía y, de paso, los escándalos de corrupción protagonizados por relevantes figuras del Partido Popular, que incluyen al presidente Mariano Rajoy.


Pero el cambio de monarca no sigificó el fin del juicio contra Urdangarin y su esposa por diversos delitos, entre ellos evasión fiscal. Aunque a ambos se les retiraron los títulos nobiliarios y fueron marginados de los actos oficiales, la infanta siguió protegida salarialmente con cargos en trasnacionales españolas.


Lo que no pudo evitar fue presentarse ante la instancia judicial que la acusaba como corresponsable de los negocios hechos por su esposo a través del Instituto Nóos. Por primera vez un integrante de la monarquía fue obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Allí, Cristina dijo estar convencida de la inocencia de su marido y desconocer los malos manejos en Nóos y que la culpa de lo que pasó era de otros. Sin embargo, tuvo que pagar casi 700 mil dólares por ser presunta beneficiaria de la evasión fiscal de su esposo.


Hace una semana, finalmente se dictó sentencia: Cristina, inocente. A Iñaki, 6 años y 3 meses de cárcel, pero no ingresará a ella. Lo dejan en libertad provisional. Se irá a vivir a Suiza con la infanta. Se cumplió así lo que la mayoría de los españoles creyó siempre: la justicia es ciega, pero no con los integrantes de la monarquía.

Publicado enSociedad
Lunes, 06 Febrero 2017 06:29

Los vuelos ilegales de la CIA

Los vuelos ilegales de la CIA

El martes 24 de enero por la mañana circuló entre los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos el borrador de un decreto presidencial que autorizaba la reapertura de las cárceles en el extranjero (desde la de Guantánamo hasta los “black sites” o centros clandestinos de detención) y los interrogatorios (desactivados en 2009 por ser considerados métodos de tortura).


El borrador se filtró a la prensa y fue publicado por The New York Times el día 25. Y aunque el mismo diario aclara que no se sabe si el presidente Donald Trump lo va a firmar, su solo borrador obliga a un análisis minucioso y a un llamado de alerta.


A partir del 2001, como parte de la “guerra contra el terror”, el presidente George W. Bush autorizó operaciones secretas que incluían el traslado de personas detenidas ilegalmente hacia cárceles clandestinas. Los traslados se hacían en aviones de la CIA con varias escalas en aeropuertos cuyo acceso EE.UU. tenía previamente garantizado.


Cuando los europeos se enteraron que entre 2001 y 2005 los aviones de la CIA habían hecho por lo menos 1.245 escalas en aeropuertos de Europa “llevando a bordo a sospechosos víctimas de ‘desapariciones forzadas’, conducidos ilegalmente hacia la cárcel de Guantánamo o hacia prisiones clandestinas de países cómplices (Egipto, Marruecos), en las que la tortura es una práctica habitual”, según explicita un informe del Parlamento Europeo con fecha del 14 de febrero de 2007, se armó el escándalo. Bush hijo tuvo que blanquear las operaciones como una “versión modificada del Programa rendición, detención e interrogatorios” y el ex premier británico, Tony Blair, tuvo que pedir disculpas ante el Parlamento por el tránsito de detenidos-desaparecidos en la isla.


Los vuelos de la CIA transportaron detenidos ilegales hacia Bucarest, Bakú, El Cairo, Dubai o Islamabad -pero también hacia destinos norteamericanos como Washington y europeos como Roma, Frankfurt, Glasgow o las islas Azores entre decenas de destinos-. El New York Times acompaña su nota del 25 de enero pasado con un mapa donde se señala algunos de esos “black sites” ubicados en Lituania, Polonia, Tailandia y Rumania.


Hay pruebas de que los aviones eran campos de concentración en movimiento donde se torturaba a los prisioneros durante el vuelo. En algunos casos, salvo los descensos para cargar combustibles y pertrechos, el avión estaba hasta tres días en el aire con lo cual técnicamente no existía un lugar geográfico en el que el detenido hubiera sufrido apremios ilegales.


En varias ocasiones el Departamento de Estado alquiló, para estas operaciones, aviones privados. El acuerdo lo realizaron a través de “empresas contratistas” como la muy conocida DynCorp, proveedora de insumos para la guerra que incluye los bien conocidos mercenarios del Plan Colombia o involucrada con la multimillonaria reconstrucción de Irak después de ser destruida por las bombas. Según el sitio The Intercept, el ex marine, general John Kelly, ex jefe del Comando Sur y hoy al frente del Departamento de Seguridad Interior estuvo muy vinculado a Dyncorp. Kelly como jefe del Comando Sur permitió la violación de los derechos humanos en Guantánamo y se opuso a los planes de Obama para cerrarla.


No hay dudas de que Trump es partidario de la mano dura militar. Que igual que Bush hijo tiene un gabinete formado por halcones belicistas. La diferencia con su antecesor republicano es que lejos de mantener estas operaciones en secreto, las exhibe como si por dejar de ser clandestinas dejaran de ser ilegales.


La pregunta es ¿por qué? El proyecto de liderazgo único en manos de EEUU quedó definitivamente sepultado. Agotada esa fase, el imperio apela a la carta militar como herramienta principal para enfrentar este nuevo ciclo de transformación del orden mundial que ya se sabe, es inevitable.

 

Por Telma Luzzani, autora de Territorios vigilados.

Publicado enInternacional
Martes, 10 Enero 2017 05:46

El enojo va más allá del gasolinazo

El enojo va más allá del gasolinazo

“La gente está en el límite y muy sensible”, dice el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, uno de los convocantes a varias de las marchas organizadas en Ciudad de México. La falta de respuesta de Peña Nieto.


Hastío, desesperanza, enojo... Esto es lo que ha impulsado nueve días consecutivos de manifestaciones por todo el país, no el llamado “gasolinazo”, en vigor desde el 1 de enero, que ha resultado el catalizador de una creciente tensión que encontró salida en el incremento y virtual privatización del mercado de los combustibles, que dentro de un par de meses sufrirán otro par de aumentos dictados por la administración del priista Enrique Peña Nieto, antes de quedar sujetos al juego de la oferta y la demanda, lo que implicará ajustes diarios a los precios.


Lo único que comparten la sociedad mexicana y la presidencia de Peña Nieto es la desesperación. Los muchos, en las calles, por la corrupción y la impunidad generalizadas; los pocos, por conseguir una legitimidad perdida para gobernar.
Y el miedo.


A la descomposición social por el derrumbe del sistema y su paulatino desplazamiento por el crimen organizado se añade la cada vez más evidente incapacidad para administrar lo poco que queda.


“La gente está en el límite y muy sensible”, dice el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, uno de los convocantes a varias de las marchas organizadas en la capital del país. “Ahorita cualquier pretexto es bueno para un estallido social. La sociedad está muy desesperada ante una clase política tan corrupta, tan insensible y tan ciega que no alcanza a calcular la dimensión de un estallido social”, advirtió en declaraciones a la prensa.


Solalinde tiene razón, no es el “gasolinazo” lo que incendia las calles. Éste es un fenómeno que ni siquiera es nuevo para los mexicanos: de 1982 a la fecha, la gasolina ha aumentado 92 mil por ciento y el diésel 174 mil por ciento, según los registros de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Tan sólo en los cuatro primeros años de la administración de Peña Nieto, la gasolina subió 48%. En contraste, este año, el salario mínimo de los trabajadores aumentó solamente 7 pesos diarios. Hoy un trabajador gana 80.01 pesos, es decir, 32.25% más que hace cuatro años.


En todo caso, el malestar no es sólo por el aumento de la gasolina y el diésel: es también el alza del gas licuado de petróleo (LP) en no menos del 17% y hasta 30% en algunas zonas del país, en los últimos días; el de la electricidad, que ha rebasado el 30% en un año para consumo industrial y comercial, así como uso doméstico de alto consumo;y de la tasa de interés interbancaria que el Banco de México recién fijó en 6.11%, contra el 3.29% que tenía en noviembre de 2014. Ya no se diga el dólar, que al cierre de esta edición se cotizaba hasta en 21.40 pesos en algunas casas de cambio, después de haber roto el techo de 22 pesos por dólar hace unos días, lo que implica una devaluación de 83% desde mayo de 2013. Todo junto disparará la inflación anual arriba de 5%, según estiman analistas financieros.


En los últimos 34 años, la inflación acumulada en México es de 56 mil por ciento.


El incremento a los combustibles seguirá inevitablemente tan sólo por los efectos devaluatorios del peso, pues gran parte de la gasolina y el diésel son de importación: en 1982, México producía 348 mil barriles diarios de gasolina y 231 mil de diésel; hoy apenas produce 254 mil y 160 mil barriles diarios, respectivamente.


La desesperación de Peña Nieto se ha expresado en tres discursos en menos de cinco días, uno de ellos por radio y televisión en cadena nacional, apelando no sólo a la comprensión de la sociedad mexicana sino incluso justificando el “gasolinazo” con un “¿ustedes que hubieran hecho?”, una semana después de imponer el alza en los combustibles.


Ayer, Peña Nieto anunció un “acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, firmado por un puñado de empresarios y dirigentes sindicales con los que aún puede acordar algo, con el que se pretende evitar “aumentos indiscriminados de precios”, pero en el que no participó la Coparmex, la principal organización empresarial del país, que además lo descalificó por tratarse de un pacto “improvisado, incompleto e insuficiente” (ver recuado).


El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que el acuerdo no es resultado de un diálogo social sino más bien una estrategia de comunicación.


De hecho, el capítulo más relevante es el velado anuncio de represión de las protestas que cumplieron nueve días consecutivos por todo el país, ante lo cual “los firmantes” -que no se identifican-condenan la “violencia, rapiña y vandalismo”.


Pero no han sido los manifestantes quienes han incurrido en saqueos. En varias de las marchas realizadas hasta ahora en el marco del “gasolinazo”, Solalinde atribuyó los actos de vandalismo de los últimos días a estrategias del propio gobierno para criminalizar la protesta social.


En cualquier caso, “no es justo que vivamos jodidos”, dice el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del episcopado mexicano y fundador del albergue para migrantes centroamericanos “Hermanos en el Camino”,quien ha lanzado un reiterado llamado a la unidad pacífica contra el gobierno de Peña Nieto, del que “todo México es víctima”.
________________________________________


“Improvisado e incompleto”


El presidente de México, Enrique Peña Nieto, volvió a defender ayer los aumentos al precio de la gasolina que generaron fuertes protestas en el país y anunció compromisos generales para evitar el encarecimiento en cadena de otros productos. Peña Nieto afirmó que el gobierno vigilará que no haya aumentos injustificados en los precios de productos de la canasta básica y dijo que se autorizará su importación preferencial “cuando se detecten grandes aumentos en sus precios”. Sin embargo, uno de los gremios patronales más importantes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó el documento presentado de “improvisado, incompleto e insuficiente”.

Publicado enInternacional
Renegociando el Acuerdo: El silencio de la Izquierda

Renegociar está de moda. El Presidente-Electo de los EE.UU., Donald Trump amenaza con renegociar todo, o simplemente quemar los acuerdos firmados por el país. Pero la Derecha colombiana le ganó en esa carrera. Después de su victoria en el plebiscito, Uribe y los pastores evangélicos entre otros, no perdieron tiempo en exigir la renegociación de lo acordado. Los temas más salientes, los derechos de la comunidad LGBTI, la impunidad para Uribe y sus secuaces y por supuesto, como parte de eso, la cuestión de las tierras. La Izquierda, sin embargo, guardó silencio sobre el contenido de los acuerdos y alzó su voz para defenderlos en tu totalidad.

Casi toda la Izquierda salió a pedir a la población que se movilizara en defensa del Acuerdo Final de Paz, incluyendo los que expresaron su rechazo o discrepancias a varias partes del texto, es decir, los que hicieron campaña pidiendo que la gente votara Sí, pero...

Ahora que se renegoció el acuerdo, pudieron aprovechar la coyuntura para hacer lo mismo que la Derecha; exigir cambios en el texto. Pero no, no pidieron nada. ¿No hay nada que les gustaría cambiar? ¿Qué fue ese Pero? Vale la pena mirar donde en el texto se pudo pedir o por lo menos plantear cambios. Hay muchos cambios, muy reformistas, que se pudo hacer, pero la Izquierda ni los planteó. Prefirieron defender un acuerdo que en algunos casos criticaron duramente. Aquí se pretende mirar al Acuerdo en cuánto a las propuestas agrarias.

Cuando firmaron el Acuerdo, era, supuestamente, un acuerdo final, es decir, inmutable, y las FARC en Conferencia X afirmaron:

Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional (1).

Pero es obvio, ahora que se renegoció puntos importantes del Acuerdo, que este no respondía a las condiciones mínimas para dejar las armas. Lo mínimo no existe, ni siquiera después de la muerte en combate de dos integrantes de las FARC en medio de supuesto cese bilateral. En eso, el proceso se parece al proceso de Irlanda, donde el IRA y Sinn Féin, anunciaban una y otra vez líneas rojas, hasta que se les agotó la tinta roja y guardaron el silencio definitivo, sin mayores intentos de seguir engañando a su base social. Nada en los acuerdos de Irlanda era definitivo, y se los renegociaron una y otra vez. Nada es definitivo en el proceso de Colombia, a pesar de que ambos acuerdos llevan el nombre Acuerdo Final. En Irlanda, por lo menos tenían le decencia de ponerles nombres distintos a los acuerdos, aquí en Colombia, parece una película de vaqueros y bandidos, y sólo falta que Humberto de la Calle, anuncia El Acuerdo Final Cabalga de Nuevo para luego presentar El Hijo del Acuerdo Final. Todo era negociable, y sólo la Derecha decidió aprovechar la coyuntura.

Primero hay que dejar claro, que el Acuerdo no promete ni plantea en ningún momento una verdadera Reforma Agraria. Las FARC en su Conferencia X reconocieron esa realidad en su documento interno.

Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios... (2) (énfasis fuera del original).

Así, esa crítica lo vamos a dejar de un lado, por el momento. Vamos a mirar algunos otros puntos primero, donde hasta el más reformista, la ONG y el político corrupto podrían estar de acuerdo, aunque no lo dicen.

Cuando se mira al texto, uno ve, una larga lista de iniciativas donde el Estado se compromete, montar comisiones, comités, espacios etc. para fortalecer, promover, diagnosticar y hacer un seguimiento. Si cumplen con la mitad de lo que dicen, tendrán que crear una burocracia de la paz sin precedentes. Por supuesto, las ONG están salivando. Amplios sectores del Polo que vivieron de, y robaron, el erario público en Bogotá (igual que la Derecha) también están salivando, imaginando los puestos que pueden conseguir en esas nuevas instancias ya que perdieron la mermelada de la Alcaldía de Bogotá. Pero hay varios ejemplos, donde la Izquierda podría plantear cosas concretas, inclusive con sus apetecidas y lucrativas comisiones. Pero no se atreven a hacerlo.

 

Salud para el Campesinado

 

El punto 1.3.2.1 del Acuerdo trata el problema de salud para el campesinado. El gobierno y las FARC proponen:

 

fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios.

 

Entre los criterios que mencionan se encuentran, la construcción y mejoramiento de la infraestructura, enfoque diferencial y de género y “un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención”. Hasta aquí no hay nada que criticar, son puntos que deben formar parte del programa de cualquier gobierno. Pero no estamos hablando de un programa o propuesta técnica frente a la salud. Estamos hablando de un Acuerdo que jacta de poner fin a las causas del conflicto y no mencionan ninguna de las causas de los problemas que viven en el campo en cuánto a la salud. El campesinado, como el resto de la población es víctima de la legislación que rige en la materia, es decir, la Ley 100. Pero no la nombran en ningún momento. No proponen una revisión siquiera de esa ley, ni una lucrativa comisión, que tanto les gusta, para diagnosticar la situación.

Algo parecido pasa con la educación. Existen leyes, decretos etc. que afectan no sólo al campesinado sino a las clases populares en su conjunto, tanto urbano como rural. Pero las FARC guardaron silencio. La Izquierda que ha convocado, y seguramente volverá a convocar marchas o protestas contra las políticas de salud y educación, no dijeron absolutamente nada y cuando salió el nuevo Acuerdo Final, lo alabaron sin siquiera haberlo leído, tal como hicieron con el primer acuerdo.

 

El Agro

 

Si miramos al punto de las semillas, un tema que afecta directamente al campesinado, vemos algo que se puede clarificar, modificar, precisar. En el punto 1.3.3.2 el Acuerdo afirma:

La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder al material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común.

Es algo ambiguo cuando habla de promover y proteger las semillas nativas. Existe legislación que obliga al campesinado usar las mal llamadas semillas certificadas o mejoradas. ¿No pudieron nombrar la legislación que toca cambiar? Por lo menos darnos una idea de que se trata, en que están pensando. Pero no. Sin embargo, incluye algo positivo, aunque general, sobre los transgénicos y el bien común. Así se quedó para la Izquierda, algo impreciso, que dejaba muchas dudas. La ultra Derecha colombiana, no se quedó quieta, y logró una transformación más precisa y reaccionaria. En este punto el nuevo Acuerdo Final se lee de la siguiente manera:

La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras, para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder a material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común (énfasis fuera del original).

Así, se promoverán las semillas nativas pero sin restringir ni imponer otras clases de semillas. De un plumazo, ponen las semillas nativas a competir con las mejoradas, sin la posibilidad de incentivos reales para esas semillas. Claro, algunos dirán que no hay restricciones como las que existen actualmente, pero las restricciones legales no son las únicas que cuentan. Pueden restringir el uso de las semillas nativas, limitando, no las semillas sino los créditos para dichas semillas, o quitando subsidios etc. Mantiene la regulación a los transgénicos. Sin embargo, aún donde son permitidos en el mundo, son regulados, es como decir la estricta regulación de los fármacos, algo obvio, pero no impacta su uso generalizado frente a tratamientos distintos a los fármacos. Después de años de persecución las semillas nativas vuelven a competir, pero ya con el daño hecho y sin medidas para remediar la situación. Ni siquiera pudieron prohibir los transgénicos, simplemente los regulan.

Si la Izquierda no tuvo nada que decir frente a temas, relativamente sencillos, como las semillas, pues nada pudo decir, o nada quiso decir frente al tema del modelo agrícola. Se limitan las Zonas de Reserva Campesina a las actuales, introducen el concepto de la “buena fe” para los criminales que compraron los terrenos de los desplazados. En menos de tres meses, un grupo de expertos recomendarán cambios normativos que “cuando sea posible: Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe” (énfasis fuera del original).

Este último es un punto importante, pues en muchas zonas los empresarios no actuaron directamente, sino mandaron a los paras a actuar y ellos luego compraron los terrenos, los cuales pasaron por manos campesinas antes de finalmente reposar de “buena fe” en las sucias pero alejadas manos de los terratenientes. Es difícil comprobar la mala fe en tales circunstancias. La contra-reforma agraria de los paras se legaliza. No existen cifras exactas sobre la cantidad de tierras arrebatadas a los campesinos, sino cálculos más o menos acertados, pero no hay duda alguna que la cifra supera con creces los tres millones de hectáreas que formará parte del Fondo de Tierras mencionado en el Acuerdo. Es decir, los hampones que compraron de “buena fe” tienen en sus manos más tierras que el Acuerdo repartirá y ahora con el nuevo cambio pueden quedarse con esas mismas tierras.

Además, según la reciente publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierras y Conflictos Rurales, entre 1995 y 2012 adjudicaron 253.262 hectáreas a 85 personas en lotes superiores a los 2.500 hectáreas. En el mismo lapso entregaron 109.334 hectáreas a 13 personas en lotes superiores a los 5.000 hectáreas (3). Se supone que los baldíos de la nación solo pueden ser entregados a campesinos pero además no es permitido entregar lotes tan grandes. ¿Podrán estos personajes alegar “buena fe” en su adquisición de baldíos? Seguramente que sí. Es más, el Acuerdo no contempla como recuperar esas tierras y evitar la entrega de baldíos en lotes tan grandes y a personas que no son del campo. De hecho, la política estatal actual, va en sentido contrario. No es secreto que Santos quiere entregar grandes lotes a multinacionales como Cargill y los ingenios de azúcar. El Acuerdo, es sólo un ejemplo más de esas políticas, esta vez con el apoyo de las FARC y el silencio de una Izquierda que no merece el nombre.

El modelo agro-exportador sigue vigente. Insertaron en los principios del Acuerdo (página 12) la siguiente perla.

Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.

Está claro que el nuevo Acuerdo clarifica que la Paz va de la mano con las políticas actuales del gobierno de Santos y no representa ninguna contradicción con la ley de las ZIDRES ni ninguna otra iniciativa del Estado. Para rematar, clarifican para los empresarios y paramilitares que “Nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada.”

El nuevo Acuerdo no sólo reafirma la situación actual de la tenencia y uso de la tierra sino el modelo de producción en las zonas rurales. En varias partes habla del trabajo asociado, es decir, donde el trabajador rural conforma una asociación para licitar su trabajo, ya no como empleado, sino como “pequeño empresario”. Valga la pena recordar, que todos los izquierdosos, incluyendo los que ganan su sueldo calentando su sillón en el congreso han denunciado una y otra vez esta forma de empleo. La huelga de los corteros de caña dejó al descubierto este sistema de trabajo al destajo. Pero aquí forma parte de un acuerdo de paz, y los uribistas lograron agregar un párrafo muy importante sobre la asociatividad y los campesinos en el punto 1.3.3.6

Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

Este modelo de producción donde el campesino corre con los gastos de la siembra y amarra su futuro a un producto agro-exportable en “asociación” con las empresas grandes es el viejo sueño de la oligarquía colombiana y es un modelo aplicado en muchos países. En los noventa experimentó su mayor empuje en Colombia mediante una alianza entre el cura jesuita Francisco de Roux, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Unión Europea, y el mal llamado componente social del Plan Colombia (no olvidemos este último elemento). Hoy en día es política oficial del Estado y también del Banco Mundial, el FMI y los gremios como Fedepalma, entre otros. Centenares de dirigentes campesinos dieron su vida luchando contra ese modelo a finales de los noventa y principios de este siglo, lo más notable siendo los 500 dirigentes asesinados en el Sur de Bolívar después del Éxodo Campesino de 1998. Quizás murieron por nada, ahora que la Izquierda y los defensores de derechos humanos alaban un acuerdo que implementa el modelo contra lo cual lucharon. ¡Qué vergüenza! El tiempo nos dirá que harán las organizaciones campesinas que llevaron a cabo esas luchas frente al Acuerdo y una Izquierda acomodada que los quiere traicionar.

Como paliativo anuncian al final de ambas versiones del Acuerdo:

Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio (énfasis fuera del original).

Es decir, intentarán evitar los impactos del modelo que quieren implementar. Qué bien que hayan pensado en los impactos negativos al final, pero es dudoso que implementen esta parte, pues es poco probable que esos subsidios directos a la producción cumplan con las reglas de la OMC. Luego el gobierno dirá que sus manos están atadas y ni quiero pensar que dirán las FARC y la Izquierda no armada.

Con este acuerdo las FARC y la Izquierda no armada, apoya todo lo que criticaron durante tantos años. Sus compañeros pelearon y fueron asesinados por el paramilitarismo para imponer ese modelo y ahora es el modelo de la paz. Pero el nuevo Acuerdo Final, no tiene la última palabra. Más adelante habrá más cambios y peores. El Acuerdo ya no forma parte del Bloque de Constitucionalidad, así un simple acto legislativo puede cambiar cualquier parte, tendremos El Acuerdo Final Cabalga de Nuevo Sobre El Campesinado, pero a diferencia de esas películas baratas de los años sesenta y setenta no habrá un héroe que llegue al último momento para salvar al pueblito, o por lo menos esos personajes no surgirán entre la Izquierda callada. Corresponde a los campesinos y los obreros reorganizarse, muchas de sus organizaciones ya no sirven, casi ninguna organización de derechos humanos sirve, entregaron a las comunidades, sus muertos y sus demandas políticas a cambio de nada y en varios casos lograron convencer a las comunidades que era el camino correcto.

 

[1] Las 2 Orillas (25/09/2016) ¿Que discutieron las FARC en sesión cerrada durante los 7 días de la X Conferencia? www.las2orillas.com

[2] Ibíd. 

[3] CNMH (2016) Tierras y Conflictos Rurales: Historia, Políticas Agrarias y Protagonistas, Bogotá, CNMH. Página 222.

 

 

Publicado enColombia