MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Conmoción en Colombia: una mujer empalada y violada

Un ama de casa de 44 años, hallada moribunda por su hijo tras la brutal agresión

 

Dora Lilia Gálvez, de 44 años, una ama de casa del municipio de Buga, Valle, es la más reciente víctima de la violencia contra las mujeres que se agudiza en Colombia en el último año. Gálvez sufrió una brutal paliza, fue violada, empalada y hallada moribunda por uno de sus hijos en un domicilio de la localidad. Las autoridades investigan el crimen para dar con el paradero de los responsables.


Los hechos, que han trascendido ahora, ocurrieron a principios de este mes. El 7 de noviembre, uno de los hijos de Gálvez, no encontraba a su madre, que el día anterior, según informan varios medios colombianos, había ido a casa de su madrina para hacer trabajos de pintura en el interior del domicilio, un trabajo con el que pretendía tener un dinero extra. El hijo se encontró a su madre en el suelo, moribunda. Las heridas eran tan evidentes que fue trasladada de inmediato a un hospital. Después de someterla a seis cirugías se le practicó un coma inducido.


La agresión contra esta mujer se suma a una cruenta lista de ataques durante lo que va de año en el Valle, donde han muerto 124 mujeres. Muchos de esos crímenes han sido calificados de feminicidios. Más allá, según datos de la Fiscalía de Colombia, en los últimos 10 años se han abierto 34.571 procesos jurídicos por asesinatos de mujeres motivados por su género, de los cuales solo ha habido condena en 3.658 casos.


Entre enero y septiembre de este año, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se habían registrado 38.107 casos de violencia de pareja. La edad de las mujeres que más son agredidas oscila entre los 25 y los 29 años, con más de 8.000 casos. En la franja de edad de Gálvez, entre 40 y 45, se han registrado casi 3.000 hechos. El Valle del Cauca es uno de los departamentos donde más ha crecido la violencia contra las mujeres en el último año, con más de un 9%

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Domingo, 06 Noviembre 2016 06:44

Espacios de libertad

Espacios de libertad

1. Algo más sobre la técnica, si un arma no funciona no hay víctimas. En La lista de Schindler, film de Spielberg, se muestra un gran campo de concentración. Tres oficiales de las SS arrojan sobre el barro a un judío maniatado. Queda de rodillas. Tiembla en tanto espera que lo maten.


Uno de los SS saca su acerada Luger. Apunta a la cabeza del prisionero, acciona el gatillo. Y nada. El elemento indispensable para matar al judío, la bala, sencillamente no sale. La magnífica Luger no funciona. De qué sirve un arma si no hace fuego.


Los otros dos SS se acercan aún más. Ahora son tres los que en vano tratan de arreglar un objeto. Discuten. La niña mimada de la oficialidad nazi no cumple su tarea. Los tres SS se van. Todavía discuten. El judío queda solo en medio del charco barroso.


La técnica, en tanto instrumentalidad para la muerte, ha fracasado. Fracasa de otros modos. Se tira una bomba sobre un objetivo militar. Cae sobre una escuela. Se le dice daño colateral. Fracasó la precisión pero no la muerte.


1.1. La producción de armas es la más poderosa. El Complejo Militar Industrial es el decisivo de la industria norteamericana. También los medios de comunicación. Es así: hay que alimentar la paranoia masivamente. Se le dice a los receptores que un nuevo 11 de septiembre está siempre por repetirse. La guerra es necesaria. Estados Unidos precisa dominar el mundo para protegerse de él.


1.2. Hay que alentar la existencia de espacios de libertad. Si nos criaron para ser obedientes. Y si día a día nos dicen cómo debemos actuar, la obediencia es necesaria. Nace en soledad y busca multiplicarse. Todo grupo que cuestione al poder es un espacio de libertad.


La libertad late en todo acto que niegue el poder que me niega. Nadie debería ser lo que el Otro busca que sea. La negación es –en un mismo surgimiento– la que lleva a la constitutividad de sujetos libres. Cada uno fundamento de su libertad. Que se consolida, no en tanto coseidad, sino en la pertenencia a un espacio de sujetos libres y sustantivos. Lo que hemos llamado espacios de libertad.


1.3. Los sujetos libres se formaron con la negación. Que es simultáneamente negación del Otro que busca mi enajenación para sofocarme. También por medio del goce. Porque nos van a entretener hasta morir.


No creo en el inconsciente. Creo en una subjetividad cuyo ser libre es sofocado por los mensajes del poder. Atractiva es la fórmula de un psiquiatra francés. El inconsciente es el discurso del Otro. Todos los días el poder somete la libertad de las personas. El discurso del Otro es el discurso del poder.


1.4. Hay otro dictum. Uno es lo que hace con lo que hicieron de él. También Sartre confesó como todo soñador, “confundí mi desencanto con la verdad”.


Desde niño, uno aprende un idioma. El idioma lo domina. Pero un miembro del espacio de libertad está ahí para decir su palabra. Ha encontrado su propia voz. Ya no es hablado por el discurso hegemónico sino que emite sus propias palabras. Cuando uno deja de estar sometido por el discurso del poder. O sea: cuando esto sucede ya no nos domina el idioma. Hemos creado el nuestro. Con él, hablamos con nuestros compañeros de grupo.


1.5. Una lectura es eficaz si nos cambia, sea mucho o poco. Debe contribuir a la naciente profundidad de mi conciencia.
Todo grupo corre sus riesgos. En una obra de Camus, Los Justos, alguien alentado por el espacio de libertad al que pertenece, tiene que matar a un personaje de la monarquía. Cuando lo ve llegar, la orden que le fue dada no la puede cumplir. La orden lo abandonó. Ahora está solo. Surge la soledad que todo militante experimenta alguna vez.
El espacio de libertad siempre está en peligro.


El rizoma termina siempre en la instauración de un jefe. De un esquema arborescente. El rizoma es la horizontalidad. En la que todos son iguales. Es la pura democracia de base. Lo arborescente señala una jerarquía que niega la horizontalidad democrática del rizoma. Aquí en 2001 y 2002 las asambleas populares empezaron creando rizomas, pero se fueron agotando. En el grupo se establece un juramento. Todos deben ser fieles a algo. Ese algo termina por ser una cosa por la que todos juran. El grupo, así, destila la presencia de la alteridad del fracaso rizomático. El juramento es eso que podríamos llamar coseidad.


1.6. Las revoluciones plantean un enigma: ¿quién será finalmente el jefe? La francesa instauró a Robespierre. Y luego a Napoleón. La comuna de París es el más brillante ejemplo del sujeto libre, de su praxis. Ahí se consiguió la horizontalidad. Quienes la quebraron fueron sus enemigos. Mataron 33000 comuneros. La Revolución Rusa se hizo arborescente con Stalin. Que mató a millones.


1.7. En una escena final del juicio en Nuremberg, el juez Haywood recibe la visita del defensor de los nazis que juzgó. Es un brillante abogado de nombre Hans Rolfe. Que le dice “por la lógica de los hechos los hombres que usted hoy condenó estarán libres en cinco años”. El juez Haywood responde “esa es la lógica pero nunca será la verdad”. También el Dr. Ernst Janning le dice: “le juro que nunca supe de los campos de concentración”. “Soy inocente de eso”.


El juez Haywood contesta “pero Dr. Janning, usted es culpable desde el día en que condenó al primer hombre que sabía era inocente”.


No hay obediencia debida. El que mata es culpable. Aquí en Argentina no debe aplicarse ninguna ley que sancione la obediencia debida. El que mata por obedecer una orden es tan culpable como el que la da.

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Cada cinco días es asesinado un defensor de los derechos humanos en Colombia

La firma de la tregua entre el gobierno colombiano y las FARC no ha supuesto el fin de la violencia en el país: entre enero y junio de este año, 35 defensores de los derechos humanos han sido asesinados.

 

El pasado 22 de junio de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron desde La Habana (Cuba) el cese indefinido de las hostilidades, lo que en los medios de comunicación, y en palabras del presidente Juan Manuel Santos, se calificó como "el último día de la guerra". Sin embargo, esta afirmación está lejos de ser completamente cierta.


Miembros de juntas vecinales, sindicalistas, líderes indígenas, activistas ambientalistas o profesores en comunidades campesinas han seguido siendo objetivo de la violencia política, con un repunte de los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.


En los seis primeros meses de 2016, según el informe '¿Éste es el fin?', elaborado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), se registraron 314 agresiones: 35 asesinatos (incremento del 3% con respecto al mismo periodo de 2015), 232 amenazas (disminución de 41%), 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias, 9 casos de uso arbitrario del sistema penal, tres robos de información y un desaparecido.


Así, entre enero y junio de este año cada día fueron agredidos dos defensores de Derechos Humanos en Colombia y cada cinco fue asesinado uno.


En la mayoría de los casos, apunta el SIADDHH, los presuntos responsables son grupos paramilitares con un 68%, mientras el 22% corresponde a desconocidos y 10% a agentes estatales (PONAL, FF.MM, C.T.I., otros). Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en dos casos. Todos los presuntos responsables disminuyeron en sus porcentajes de participación, menos las fuerzas de seguridad del Estado que, por el contrario, subieron en su presunta responsabilidad: pasaron de 5% en 2015 (19 casos) al 10% en 2016 (32 casos).


Los homicidios presentaron un incremento del 3%, pasando de 34 homicidios en 2015 a 35 en el presente año. De los 35 asesinatos, el 91% correspondieron a hombres y el 9% a mujeres. En seis de ellos, las fuentes consultadas confirman que los defensores habían denunciado amenazas. El SIADDHH recuerda que en muchos casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores siguen siendo agredidos.

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Desde 1988, cerca de 5 mil personas fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte en Colombia.

“Aquí de vez en cuando a alguien le roban algo. Entonces nosotros llamamos a los vecinos y a la gallada, y nos ponemos a discutir. ‘Bueno, pues, hay que cazar a esa rata.’ Nos ponemos de acuerdo en la hora y el día. Siempre de noche, cuando no haya nadie. Y entonces sacamos las capuchas y comenzamos a limpiar.”


Es uno de los testimonios del informe “Limpieza social. Una violencia mal nombrada”, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. El documento señala que desde 1988 al menos 4.928 personas han sido asesinadas o desaparecidas por escuadrones de la muerte en los barrios populares de las principales ciudades. “Aunque nosotros decimos que es exterminio social, no limpieza. Llamarlo limpieza, sería, de algún modo, legitimar ese hecho tan perverso”, apunta Carlos Mario Perea, autor de la investigación. Las víctimas son en su mayoría indigentes, prostitutas, homosexuales y jóvenes cuyo delito ha sido fumar marihuana o realizar algún pequeño hurto. “Gamines” o gente de mal vivir, como rezan los panfletos amenazantes que aparecen día sí día también en las calles de las comunas.


El informe señala diferentes victimarios. Las bandas y “combos” de delincuentes que se reparten el dominio de los vecindarios más humildes. Los actores armados, sobre todo los paramilitares y, ahora, las bandas criminales (“bacrim”) herederas de sus prácticas. También los cuerpos estatales de seguridad y, por último, los propios vecinos y comerciantes del barrio.


“Suele ser común la combinación de actores. Es decir, los vecinos deciden que se debe de-saparecer a un grupo de muchachos que se mantiene fumando marihuana, por ejemplo, y la policía ejecuta”, asegura Perea. O se arma una operación conjunta de escuadrones de vecinos y la policía.


La causa de esta violencia va más allá del conflicto que golpea a Colombia desde hace décadas. “No es un motivo político sino social. Regular la convivencia. Introducir un orden en los barrios populares. Tampoco se meten en la vida privada: en si un hombre le pega a su mujer. La vida privada no es el resorte de esta práctica, sino el espacio público y local”, explica el autor del informe.


Entonces, ¿cómo explicar la participación de actores armados en estas operaciones de exterminio? “Se trata de demostrar el dominio sobre el territorio”, afirma Luis Guillermo Guerrero, director general del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que ha apoyado la investigación. “Ellos te están diciendo ‘la calle es mía’. Y es tan mía que mira lo que hago. Eso crea un ambiente de terror y miedo que es efectivo. Lo han hecho los paras y también la guerrilla.”


Las operaciones de exterminio han quedado opacadas, según el reporte, por los años de guerra, masacres y asesinatos. “Hay mucha literatura sobre la violencia, pero en ella la ciudad ha quedado ausente porque no ha sido el escenario de la guerra”, asegura Perea.


El autor del informe reprocha al gobierno que “no está haciendo absolutamente nada” para resolver el problema. Según el investigador, es necesario que el Estado se pronuncie sobre esta violencia y se cree una política pública con medidas de protección especial para la población afectada. Una de ellas: tipificar el delito de exterminio social en el Código Penal. Ahora eso no ocurre.


“Y se necesita pedagogía –concluye Perea–. Esta violencia pone sobre la mesa un problema ético que está por encima de la paz. Y es que en esta violencia social no participan esas grandes esferas que han financiado a los paramilitares, sino la gente humilde, de los barrios. Es un problema ético muy profundo.”


OTRAS MUERTES SILENCIADAS.


El 6 de abril el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, alertó públicamente que las estadísticas indicaban que en lo que va del año un defensor de los derechos humanos era asesinado cada semana en el país.


“Ha sido un gesto significativo. Por primera vez el gobierno ha sacado su propia cifra, dada la gravedad de la situación”, sostiene Carlos Guevara, portavoz de Somos Defensores.


Según los datos de esta plataforma de asociaciones, en 2015 se produjeron 682 agresiones contra activistas, 63 de ellas culminadas en asesinato. El primer trimestre de este año ha registrado 113 agresiones, de las que 19 han sido homicidios.
En el contexto de los actuales diálogos de paz con las Farc han disminuido los atentados, las amenazas y también las detenciones. “Pero se mantienen los homicidios de defensores de derechos humanos, que fueron los primeros en ponerse la camiseta por la paz y por la salida negociada al conflicto. Son ellos los que comenzaron a trabajar la paz en las regiones y a hacer las primeras pedagogías por la paz. Y por eso también comenzaron a estigmatizarlos, perseguirlos y matarlos”, dice Guevara.


Como en muchos otros conflictos, en el colombiano la violencia ha mutado. Ya no hay grandes masacres, ni grandes operaciones militares. Pero sí existe una violencia cada vez más focalizada, especialmente la que llega de los grupos herederos de los antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).


“La recta final de los acuerdos de paz ha propiciado un reacomodo territorial. La expectativa de que las Farc se desmovilicen, y también que no estén respondiendo, hace que estos grupos estén posicionándose y copando territorios y zonas disputadas donde hay rutas de tráfico de cocaína y plantaciones de coca. Y también proyectos ilegales de minería, sobre todo oro”, explica Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).


La ocupación de nuevos espacios por estos grupos conlleva también inevitables choques con las comunidades que allí habitan, que se resisten a ser desplazadas y a que se expolien sus territorios. Choques que se traducen en asesinatos, principalmente de líderes ambientalistas que luchan contra la extracción ilegal de recursos y contra las violaciones de los derechos humanos.


Según el informe “Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia”, del Cinep, los principales responsables de las violaciones en 2015 fueron los grupos paramilitares, con 1.064 atentados, seguidos por la policía, con 572, el Ejército, con 292, y la fuerza pública, con 24. La gravedad de las cifras ha llevado al Ejecutivo, tal y como reconoce Guevara, de Somos Defensores, a tomar cartas en el asunto. “El gobierno se asustó y se dio cuenta de que el riesgo existe. Y ese riesgo puede poner a tambalear el proceso de paz”, dice.


Entre las medidas adoptadas está la creación de equipos de alto nivel integrados por la fiscalía y la policía. “Y en esos equipos también han contando con nosotros. Por primera vez se han dado cuenta de que los datos que comprobamos no son especulación de la sociedad civil”.


NEOPARAMILITARES.


El aumento de los asesinatos, las amenazas constantes en zonas de extracción minera y episodios como el paro armado decretado el pasado mes por el Clan Úsuga o Urabeños, una de las bandas criminales surgidas tras la desmovilización de las Auc, han llevado a muchos medios y analistas a hablar de un fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia.


Según Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep, estaríamos hablando de un “neoparamilitarismo”. Guerrero asegura que la desmovilización de las Auc llevada a cabo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubiera requerido un trabajo “mucho más profundo” del que se hizo. “Se produjo una evolución del paramilitarismo hacia otro tipo de expresiones más confusas. Se les fue de las manos, como un Frankenstein”, asegura. Esas “expresiones confusas” son las llamadas “bacrim” (véase Brecha, 15-IV-16), grupos delincuenciales cuyo primer objetivo no es ya político, como lo fue el de las Auc, sino el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico, la extorsión y la extracción de recursos naturales, entre otros.
Continúan teniendo vínculos con poderes políticos pero éstos no son de ámbito nacional por lo general, sino regional. Y no dependen de ellos para su existencia.


Carlos Guevara no cree que estos nuevos grupos sean ahora especialmente más fuertes que hace unos años. “Sólo que están enseñando los dientes para hacer notar su fuerza durante el proceso de paz, ocupar nuevos territorios o buscar una negociación que les permita tener cierta impunidad.” Guerrero, del Cinep, piensa que el gobierno debería ocupar “el lugar donde estos tipos ya se están atrincherando. Es un espacio importante, con mucho dinero fruto de la minería ilegal, plantaciones de coca y producción de droga”.

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Jueves, 28 Julio 2016 09:44

¿Paz en Colombia?

¿Paz en Colombia?

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.


Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.


Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.


Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:


1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.


2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.


3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.


4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?


5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.


6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.


Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.


A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.


La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.


Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.


En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.


Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.


Javier Giraldo Moreno, S. J.

Roma, julio 4 de 2016

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Lunes, 18 Julio 2016 07:20

*¿Paz firme y duradera en Colombia?*

*¿Paz firme y duradera en Colombia?*

Como guatemalteca que viví la Firma de la Paz Firme y Duradera en mi país y que he visto el retroceso de los Acuerdos de Paz estos 19 años, me pregunto: ¿será distinto en Colombia? ¿Los responsables realmente se comprometerán con el proceso de paz?

 

Porque la paz es un todo en un contexto sociopolítico y sociocultural. ¿Qué es lo que ofrecen los implicados a este nuevo proceso de reconciliación? ¿Quiénes son los que realmente están comprometidos con este nuevo amanecer? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto?¿A partir de la Firma de la Paz dejarán de desinformar, de manipular y de favorecer a la impunidad?

 

¿Hasta dónde llegará la responsabilidad y el profesionalismo de un periodismo que tiene que ser independiente y digno y, peor aún comprometido con la democracia de un país en caos? En todo esto el más golpeado es el pueblo marginado y convaleciente de una guerra interna de décadas. Víctima de un sistema inoperante que lo obliga a vivir en la miseria, a morir de hambruna y a padecer los estragos del neoliberalismo. ¿A dónde irán a dar los fondos que utilizaba el gobierno para combatir contra las FARC, los invertirá en ayuda social? ¿Qué es lo que ofrecen las FARC política y culturalmente en este nuevo proceso?

 

¿Dejarán la injerencia los medios de comunicación internacionales? ¿En dónde se ubica el uribismo en todo esto? ¿Estados Unidos y su embajada que tiene llena de bases militares a Colombia y que ha financiado al gobierno colombiano para que combata a las FARC con el pretexto de una guerra contra el narcotráfico? ¿Las aceptarán como un partido político en el futuro? ¿La Firma de la Paz significa que Colombia buscará los vientos democráticos o continuará por el camino del neoliberalismo? Son muchas las preguntas que tenemos los escépticos y mucho más quienes ya vivimos la burla de un Proceso de Paz que se quedó sólo en el papel.

 

¿Estará dispuesto a hablar de integración y unidad un sistema patriarcal, misógino, racista y clasista? ¿A quiénes y en qué beneficia la Firma de La Paz?

 

Todos sabemos que una firma, un sello, un fólder de hojas y un apretón de manos para la fotografía icónica no hacen La Paz. La Paz la hacen los pueblos que se comprometen con los procesos democráticos en todos los niveles de la sociedad.

 

¿Quiénes a partir de este momento dejan de ser el enemigo y el contragolpe para buscar el progreso de un país con múltiples heridas al que le quedan muchas décadas para buscar la sanación? ¿Desaparecerá el paramilitarismo en una Colombia golpeada por las desapariciones forzadas, la hambruna, la miseria y la exclusión? Una Colombia que obliga a pueblos enteros a la movilidad interna para salvar sus vidas de la violencia en la línea de fuego.

 

¿Qué le espera a Colombia? ¿Será de papel solamente y se archivará o el gobierno, las FARC, los medios de comunicación y la sociedad se comprometerán en la reconstrucción de un tejido social destruido por el Conflicto Armado Interno?

 

Hablaremos de esto dentro de 20 años, ojalá y no sea una aspiración que se quede solo en el papel. Colombia merece vivir en paz y curar sus heridas, salir de la oscuridad de la impunidad para ver la luz de la justicia y el progreso.

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“El Chapo estaba financieramente libre”

El autor toma nueve casos de periodistas asesinados y desde allí desenvuelve la madeja de la complicidad entre el crimen organizado y el poder político en México. Las conexiones entre ambos son múltiples y la prensa paga un alto tributo.


Hay profesiones que matan. La del periodismo es una de ellas y México es el país más peligroso para ejercerlo. A lo largo de 2015, unos 14 periodistas fueron asesinados en México. Sin embargo, no se trata únicamente de crímenes contra la libertad de expresión sino de algo a la vez mucho más complejo y oscuro: detrás de la mayoría de esos asesinatos se mueve una trama de complicidades entre el poder político y el crimen organizado. Esa es justamente la llaga donde el investigador mexicano Ricardo Ravelo ha puesto sus manos en el último libro que acaba de publicar: Ejecuciones de periodistas: Los expedientes (Editorial Debate). El autor toma nueve casos de periodistas asesinados y desde allí desenvuelve la madeja de la complicidad entre el crimen organizado y el poder político en México. Las conexiones entre ambos son múltiples y la prensa paga un ato tributo.


Pocos investigadores han trabajado e investigado el mundo del narcotráfico y la violencia en México como Ricardo Ravelo. Este autor y periodista mexicano tiene una trayectoria poco común. Dirige la revista Variopinto y ha publicado media docena de libros donde investigó la violencia y al crimen organizado: Narcomex. Historia e historias de una guerra (Editorial Debate, 2012), Los capos. Las narco-rutas de México (Plaza/Jánes, 2005), Los narcoabogados (Editorial Grijalbo, 2006), Crónicas de sangre. Cinco historias de Los Zetas. Herencia maldita (Random House Mondadori), El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico (Grijalbo, 2000), Osiel. Vida y tragedia de un capo (Grijalbo, 2008). En 2012, Ravelo fue galardonado en Gijón con el Premio Rodolfo Walsh por el extraordinario trabajo periodístico que desplegó en su libro Narcomex: Historia e Historias de una Guerra. Nunca está lejos de las investigaciones duras y comprometidas. En este momento donde las aguas aguas profundas del narcotráfico están revueltas, su voz resulta clave para entender tanto los procesos internos del crimen organizado como los políticos. El momento es especial. Un hecho inédito vino a poner un término más que simbólico al poderío del narcotraficante y jefe del Cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán. El bastión del hoy arrestado Chapo Guzmán en Sinaloa, situado en las localidades de La Palma, Arroyo Seco y la Tuna –estas tres localidades que forman parte del Municipio de Badiraguato– fueron atacados por unos 150 hombres armados que, según distintas versiones, hasta saquearon la casa de la madre de El Chapo Guzmán, Consuelo Loera. Fuentes periodísticas aseguran también que la madre de El Chapo abandonó La Tuna a bordo de un avión con destino desconocido. Algunos analistas interpretan esta incursión como un signo de descomposición interna del Cartel de Sinaloa, otros, en cambio, ponen de relieve que El Chapo Guzmán está hoy fuera de juego


En esta entrevista con Página/12, con su estilo a la vez agudo y humano, Ricardo Ravelo analiza el ya incierto destino de El Chapo Guzmán, revela las implicaciones entre los distintos poderes que conducen a los crímenes contra la prensa al tiempo que desmonta las múltiples formas en que trabaja el crimen organizado, la guerra perdida de antemano contra el crimen organizado y la siempre ambivalente posición de Estados Unidos en esa guerra donde es más un controlador que un adversario.


–En México, el trabajo de periodista es un espanto. Mueren asesinados cada año sin que los criminales sean hallados. En su libro, sin embargo, usted demuestra ciertas irregularidades. La prensa no siempre es inocente, aunque no se sepa muy bien el por qué de su implicación con el crimen organizado.


–Se trata de un fenómeno único en el mundo, sobre todo en el Estado de Veracruz. Por eso me dediqué a indagar qué estaba pasando en Veracruz y me di cuenta de que es un fenómeno que se está multiplicando en todo el país. A los periodistas los está matando el crimen organizado. Algunos casos tienen que ver con el trabajo periodístico. Han sido como consecuencia de lo que han publicado sobre las vinculaciones de los políticos con el crimen organizado, vinculaciones de policías con él narcotráfico. Pero también hay un fenómeno que llama mucho la atención: es el de la corrupción periodística.

En muchos casos estamos hablando de periodistas que han estado al servicio del crimen organizado y que, cuando un nuevo grupo del crimen organizado llega a disputar la plaza, se enteran de que muchos periodistas tienen relación con el grupo que está afincado en ese territorio y lo empiezan a señalar como enemigo. Cuando se lleva a cabo lo que comúnmente se llama “la limpieza de la plaza” barren con todo, incluso con los periodistas involucrados. Hasta ahora las autoridades no lo han analizado a fondo y, por consiguiente, no se sabe si esta vinculación de los reporteros con el narcotráfico es forzada o es voluntaria. Yo me atrevo a pensar que hay de todo, casos forzados y casos voluntarios.

–Esto significa que el crimen organizado tiene bajo su manto el control de todos los poderes, incluso el famoso “cuarto poder”, el periodístico.


–Si, incluso el cuarto poder. Hoy, para salvar la vida ya no basta con no firmar la nota. El narcotráfico ha reclutado a correctores de estilo, ha reclutado a correctores, que con solo echar un vistazo a la nota, saben quién la escribió aunque esté firmada con seudónimo. Realmente, para poder pasar desapercibido ante los ojos del crimen organizado hay que trabajar desde las redacciones de los periódicos. Lo que el editor de una redacción está obligado a hacer es despersonalizar al reportero en la estructura misma de la nota para que el crimen organizado no se entere quién la escribió. De lo contrario, ellos lo saben. Ya no basta un pseudónimo ni tampoco no firmar la nota.


–Ese crimen organizado no solo es una fuerza mundial sino que, además, trabaja con los métodos de una autentica empresa multinacional.


–Sin dudas, reclutan a todos, a empresarios, contadores, abogados. Todo lo que pueda estar a su servicio lo compran. Es como un holding que tiene presencia en muchos países y opera igual que una multinacional. Contratan a muchos abogados y la gran mayoría mueren asesinados. Algunos pierden la vida porque ofrecen solucionar el caso en un corto plazo y cobran por ello cantidades multimillonarias, pero no cumplen. Todo narcotraficante, todo delincuente, tiene ojos y oídos por todas partes. Se trata de verdaderas narcoempresas, sobre todo el cartel de Sinaloa, el cual tiene presencia en 50 países del mundo. El Cartel de Sinaloa es una organización que recurre mucho menos a la violencia. Son menos beligerantes que otros carteles, pero corrompen a todo nivel.


–En el caso del Chapo Guzmán y sus reiteradas fugas y detenciones, queda flotando una fuerte sospecha sobre la veracidad de los relatos que figuran. Ahora están a punto de extraditarlo pero su imperio material está intacto.


–Sí, desde luego. Con el tema de El Chapo llama poderosamente la atención el hecho de que solamente se lo privó de la libertad física, pero no de la financiera. El Chapo estaba financieramente libre. Hasta se dio el lujo de mandar a construir un túnel para fugarse. Ahí está la prueba de la colusión con las autoridades. ¡Logró construir un túnel sin que nadie se diera cuenta! Lo volvieron a arrestar pero no se le ha decomisado ni una sola propiedad, ni un sólo dólar. No sabemos si esto equivale a un acuerdo con el poder, o a una estrategia pactada con Estados Unidos. ¿Por qué al Chapo Guzmán no se le decomisa la fortuna? Según Forbes esta asciende a más de 1000 millones de dólares.


–Todo parece indicar que el Chapo Guzmán ha dejado de ser útil.


–Sí yo creo que es así. El Chapo dejó de ser una pieza útil para el cartel de Sinaloa. Desde el momento en que se aceleró la persecución en su contra, la estructura de poder, tanto la del crimen organizado como la del poder político, se dieron cuenta de que el Chapo tenía que ser reemplazado, y así ocurrió. Hoy, el jefe del Cartel de Sinaloa es Ismael El Mayo Zambada. Es un capo de la vieja guardia que garantiza que la organización criminal continúe su marcha sin mayores contratiempos. El Chapo Guzmán era un jefe que había atraído los reflectores de todo el mundo. Ya no convenía.


–¿En qué momento se sitúa el quiebre en la historia de México, es decir, cuándo el crimen organizado se convirtió en un actor público con influencia decisiva ?. Muchas versiones señalan al ex presidente Felipe Calderón y a su fallida guerra contra el narcotráfico como responsable de la hecatombe. Sin embargo, Calderón sólo parece ser el último que aplicó una estrategia errónea.


–Creo que la descomposición del país viene desde los tiempos de Carlos Salinas. Ahí se rompieron muchas estructuras importantes. La descomposición prosiguió con el ex presidente Vicente Fox –ahí se escapó el Chapo y nunca se lo detuvo a lo largo de seis años. Por último, Felipe Calderón desató una guerra infructuosa. Lo que provocó la narco guerra fue la internacionalización del narcotráfico mexicano. Hizo que los grupos adquieran más poder, ocuparan más territorios, todo se internacionalizó a tal punto que el crimen organizado mexicano terminó desplazando al colombiano. El reflector está ahora en México y no en Colombia. Los narcos mexicanos asumen todo el transporte de la droga. La gran parte entra por Chiapas y el Caribe, por eso en esas regiones no hay violencia de alto impacto. No hay violencia en esas regiones porque por ahí circula todo y hay pactos de impunidad. La guerra del pasado resultó finalmente infructuosa porque hubo demasiados muertos. Se habla de más de 120 mil muertos y no tienen que ver con el crimen organizado. Muchos murieron porque en esa guerra no se respetaron los Derechos Humanos. Hay miles de narcofosas. Todo el país es un cementerio. Con el paso del tiempo se seguirán encontrando restos humanos.


–¿Cuál es la situación actual con el retorno del PRI y la presidencia de Peña Nieto?


–El Estado mexicano ya no está en una guerra abierta contra el crimen organizado. El Estado mexicano tiene instituciones muy débiles y no puede garantizarle a nadie ni vida ni patrimonio. Hay despojos de tierras, desapariciones forzadas, asesinatos de periodistas y funcionarios. De alguna manera la ola de violencia no ha parado. ¿ Acaso el presidente Peña Nieto hizo bien en parar la guerra contra el narcotráfico ?. Me parece que hubo un cambio de proyecto. La guerra de Calderón no tuvo ningún beneficio para México. Lo único que provocó esa guerra es que los carteles se fortalecieran e internacionalizaran, pero no terminó con el consumo de drogas, ni con el tráfico. Habría que preguntarle a Calderón qué es lo que combatió porque los grupos criminales están todos ahí. En México operan 14 carteles, y todos tienen presencia internacional, incluso en Europa.


–Al mismo tiempo de esa guerra se plasmó otra entre los mismos carteles, que también fue muy costosa en vidas humanas. ¿Ese conflicto narco interno se calmó?


–La guerra interna se calmó porque hay algunos grupos como el Cartel de Sinaloa y los Zetas que llegaron a una negociación, lo mismo ocurre con el Cartel del Golfo. La disputa ha disminuido porque hubo acuerdos y porque el narco entendió que no podían seguir asesinándose ni estar en pie en guerra porque ponían en peligro el negocio. La guerra bajó de intensidad, pero eso no quiere decir que la sociedad esté a salvo. Hoy, la violencia se centra en la gente. Hay municipios del país donde a la seis de la tarde nadie sale a la calle. El crimen organizado ya no opera sólo con las drogas. Tiene 24 tipologías delictivas que les genera muchos ingresos.


–Estados Unidos tiene en estas tierras una responsabilidad aplastante sin que se pueda deslindar con claridad qué papel juega. ¿Esta en guerra contra el narcotráfico o acaso Washington no es un actor que forma parte de ese eslabón fatal? La DEA norteamericana aparece como un regulador antes que como un adversario.


–A Estados Unidos le interesa controlar el negocio que les importa, que es el tráfico de drogas. Les conviene mantener todo bajo control, tener el dinero fiscalizado. Su postura en el mundo es esa. Hoy se dieron cuenta de que se les salió de control la Argentina, Uruguay, Brasil. De ahí la visita de Obama a esos países. Todo tiene que ver con el tema del crimen organizado. Estados Unidos dice “ya no quiero más droga”, pero también tiene claro una realidad: la necesita. Pero no la necesita con violencia, sino con pueblos pacificados. El crimen organizado es un poder real y nadie lo puede combatir. Cuando se habla de combate al crimen organizado se habla de una utopía. La mafia nunca fue derrotada, en ningún país, ni en ningún momento de la historia. Todo se hizo a través de la negociación.


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Sábado, 18 Junio 2016 08:24

El tribunal mundial de la incompetencia

El tribunal mundial de la incompetencia

Dos investigaciones exhaustivas y demoledoras acaban de aparecer en Francia sobre la inacción en la que cayó la CPI y el modesto papel que jugó su primer fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, a lo largo de su mandato (2003-2012).

 

Aquel 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios realizada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, había un torrente de aplausos y lágrimas y de abrazos cuando se firmaron en Roma los estatutos que condujeron a la creación de la Corte Penal Internacional, la CPI. De los 160 Estados presentes, 120 Estados firmaron el texto que afirmaba que “los crímenes más graves que afectan al conjunto de la comunidad internacional no pueden permanecer impunes”. Con ese principio se creó oficialmente el ente más decidido a instaurar una auténtica justicia internacional a partir de 4 principios de acción: condenar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el cCrimen de agresión. La CPI se instauró oficialmente en 2002 con sede en La Haya y, a pesar de las dificultades y las limitaciones impuestas a su acción por varios países, muchos pensaron que, cuando había transcurrido medio siglo desde los juicios de Núremberg, había llegado la hora de una sincera y eficaz justicia internacional reservada a los grandes criminales de la humanidad.


Catorce años después, las lágrimas corren siempre, pero por motivos contrarios. La CPI fue encadenada, asfixiada, cortada en sus acciones y, entre las sombras, vaciada de contenido por las grandes potencias del mundo, en especial Estados Unidos, y una inoperancia interna que hiela la sangre. Dos investigaciones exhaustivas y demoledoras acaban de aparecer en Francia sobre la inacción en la que cayó la CPI y el modesto papel que jugó el primer fiscal de la CPI, el Argentino Luis Moreno Ocampo a lo largo de su mandato (2003 - 2012).


Stéphanie Maupas, corresponsal en La Haya del diario Le Monde, es la autora de “El Joker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional” (Le Joker des puissants, le grand roman de la Cour Penale Internationele). 400 paginas espeluznantes donde narra con lujo de detalle lo que el autor califica como “las impotencias consentidas” de la CPI. Juan Branco trabajó en la Corte entre 2010 y 2011, es el consejero jurídico de Julian Assange y profesor en la Universidad de Yale. Su libro “El orden y el mundo, una crítica de la Corte Penal Internacional” traza igualmente un perfil nefasto sobre las acciones de la CPI y su casi marca de fábrica, una mezcla de “inoperancia y sumisión política completa”. La CPI iba a perseguir a los tiranos y asesinos de los pueblos substituyéndose al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la ex Yugoslavia. Sus blancos eran los criminales de guerra y los jefes de Estado corruptos y represores que fijaban ellos mismos las reglas para vivir en un paraíso impune y someter a sus pueblos al infierno. La CPI debía poder intervenir cuando un Estado se mostraba incapaz de activar sus propios criminales. Pero el libro “El Joker de los Poderosos” empieza demostrando que ocurrió todo lo contrario. La CPI ha sido un “instrumento en manos de los grandes poderes, tanto los gobiernos africanos como las potencias mundiales”. Desde su creación, el Fiscal inició investigaciones en nueve países, todos en África. Treinta y dos sospechosos fueron perseguidos, se pronunciaron tres veredictos, un culpable fue absuelto y ocho acusados están actualmente juzgados. Poco para tantas esperanzas. Prueba de la incompetencia denunciada en ambos libros es el juicio-fiasco contra el jefe militar congoleño Thomas Lubanga en lo que fue el primer proceso de la CPI. Las acciones judiciales fueron suspendidas en 2008 luego de una comedia que Stéphanie Maupas narra sin piedad y con los ingredientes reales de una novela policial. La autora del Joker de los poderosos cuenta cómo los abogados de la defensa descubrieron una enorme maquinaria de corrupción de los testigos donde hasta los testimonios de los “niños soldados” fueron comprados. Los mismos testigos confesaron ante la CPI que habían sido “comprados”. El juicio quedó en la nada, al igual que la persecución de los auténticos genocidas que actuaron en la República Democrática del Congo. Según Maupas, la Fiscalía de la CPI prefirió perseguir a los milicianos antes que a los jefes. La autora resume así el destino de esta institución que tantas esperanzas despertó: “las potencias locales e internacionales convirtieron a la Corte en un Joker. Y ese Jóker no eligió su rostro ni tampoco impuso su valor. Sólo cayó en el juego de los poderosos y pasa de mano en mano”. Episodio no menos crucial de ese juego es el caso de Palestina. El libro cuenta cómo los palestinos, a raíz de las incontables agresiones y crímenes de guerra cometidos por el Ejército israelí en Gaza, pensaron en someter los casos a la CPI. Intentos fallidos: “Ocampo participó en el concierto de aquellos que trataban de disuadir a los palestinos. Afirmaba que en caso de investigación de la Corte, el Hamas y otros serían declarados responsables de los disparos de cohetes y los atentados suicidas”.


Desde el principio, la CPI caminó renga. Estados Unidos jamás ratificó los estatutos y fue el principal país que empleó todo el peso de su poder para inhabilitar a la Corte e impedirle que juzgara los propios crímenes cometidos por los soldados norteamericanos. Un artículo (el 16) autoriza a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad a congelar los juicios en “caso de peligro para la paz”. Noción ambigua que autoriza cualquier abuso. En 2002, Washington aprobó el American Service-Members’ Protection Act (Aspa), el cual permite que los ciudadanos norteamericanos escapen a las acciones judiciales, “incluso por la fuerza”. La casi selectividad de los juicios o las inculpaciones (el de Kenia, el de Costa de Marfil, el de Sudán) contra dirigentes africanos llevó a cuna contra ofensiva de África contra la CPI. A principios de 2016, los 34 países africanos que adhirieron a la CPI abogan por un retiro en bloque de la Corte porque consideran que la CPI es “discriminatoria”. En el Orden y el Mundo, Juan Branco describe un clima similar de inoperancia, intereses políticos, privilegios exorbitantes de los miembros de la CPI y, sobre todo, un lugar donde Occidente juega a ser bueno “por instinto de conservación” afín de que el “mundo permanezca en el mismo estado”. Esa Corte que tenía por misión juzgar los crímenes que “desafían la imaginación colectiva” terminó siendo “victima de su propio drama” y de los pases y favores entre potencias. Las estadísticas son elocuentes. El pasado 21 de marzo, la CPI declaró al ex vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue el cuarto veredicto en en 14 años de funcionamiento con un presupuesto anual de 130 millones de euros. El ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, todavía sigue esperando su juicio. La abogada de Gambia Fatou Bensouda reemplazó en 2012 a Luis Moreno Ocampo. La nueva Fiscal se apresta a abrir el legajo de uno de los crímenes más masivos e impunes de este siglo: los horrores cometidos por la coalición anglo norteamericana durante la última invasión de Irak (2003). Hace mucho tiempo que el ex presidente norteamericano George Bush y sus socios deberían haber sido juzgados por la CPI. Pero, como lo demuestran hasta lo increíble Stéphanie Maupas y Juan Branco, los poderes centrales son quienes validan la justicia y las injusticias.


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Viernes, 17 Junio 2016 08:18

Tambalea Temer y tiemblan los golpistas

Temer convocó de urgencia a los periodistas para sobreactuar su indignación

 

Temer negó toda vinculación con la corrupción en Petrobras que hizo rodar las cabezas de sus ex ministros Romero Jucá (Planificación), Fabio Silveira (Transparencia) y ahora Henrique Eduardo Alves (Turismo).

 

En caída libre. Si el miércoles pasado cuando su nombre fue citado explícitamente en el escándalo de corrupción del “Petrolao” Michel Temer había quedado a milímetros del abismo, ayer con la renuncia del ministro de Turismo, el presidente interino parecía haber dado un largo paso hacia el vacío.

 

Henrique Eduardo Alves, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) presentó su dimisión por la tarde luego de que el Supremo Tribunal Federal levantó el secreto del sumario sobre los dichos de un ex ejecutivo del grupo Petrobras, Sergio Machado, que para mitigar la condena optó por la “delación premiada” de sus correligionarios.

 

El “pemedebista” Alves es el tercer ministro que cae. Alves fue víctima del fuego amigo de su compañero de partido Machado, cuya función en el PMDB precisamente era la de recaudar fondos ilegales para el partido valiéndose de su alto cargo en la compañía Transpetro, que distribuye combustible para Petrobras.

 

Según rumores que corrían en los pasillos del Poder Legislativo el efecto radioactivo causado por Machado se completará en los próximos días con confesiones de otros arrepentidos. Por la mañana, antes de que se supiera la salida del ministro de Turismo Alves, Temer convocó de urgencia a los periodistas para sobreactuar su indignación contra el traidor Machado quien aseguró haberle entregado el equivalente a unos 340.000 dólares malhabidos para financiar una campaña en 2012.

 

Al mandatario en ejercicio le cuesta expresarse de forma directa, usa construcciones verbales del portugués antiguo, cargadas de prefijos, similares a las empleadas por los jueces cuando leen sus sentencias.

 

Por ejemplo, en lugar de emplear la frase “he dicho que no”, Temer opta por la más rebuscada “habiéndome yo expresado negativamente”. Por eso no es fácil traducir literalmente sus discursos.

 

Temer comenzó su intervención diciendo que su “honra está por encima” de todo y argumentó que en su condición de persona de bien, que primero se debe a su familia, decidió continuar al frente de la Presidencia pues no cometió ninguna irregularidad. Y luego reforzó, “hablo en primer lugar como hombre, como ser humano, en esa condición me quiero referir a los muchos amigos que tengo en Brasil”.

 

De esa forma negó toda vinculación con la trama de corrupción en Petrobras, la cual ya hizo rodar las cabezas de sus ex ministros Romero Jucá (Planificación), Fabio Silveira (Transparencia) y el más reciente Henrique Eduardo Alves. Debido a la avalancha de escándalos el mandatario ha fracasado en su apuesta, y de los mercados asociados a los medios, de construir una imagen positiva en sus primeros días de gestión.

 

Al punto que hasta la fecha sólo una vez dejó la sede del gobierno para visitar Rio de Janeiro, donde el martes un fuerte cerco policial impidió que los manifestantes se le acercaran con sus consignas “Fuera Temer” y “No al golpe”. Al cierre de esta crónica las últimas informaciones indicaban que los asesores de Temer habían decidido suspender un mensaje por radio y televisión en cadena nacional previsto para este viernes ante el temor de que fuera repudiado con un carceloazo. A esa misma hora senadores del Partido de los Trabjadores hablaban en el Legislativo de la salida forzada del ministro de Turismo y las “evidencias” de que la caída de Dilma fue urdida como un atajo para garantizar la impunidad de los golpistas.

 

Dilma se sumó a esa crítica ayer durante una visita a Salvador de Bahia, como parte de su primera gira por la región nordeste costeada por el PT luego de que el gobierno en ejercicio le prohibió hacer uso del avión de la Fuerza Aérea al que tiene derecho como presidenta electa suspendida provisoriamente hasta que concluya el impeachment. “Este golpe es diferente a los que daban los militares, ahora no usan armas, usan parásitos que quieren comer la sabia de los árboles que son las políticas sociales de nuestros gobiernos”. De allí, siguió Dilma, que a través del equipo económico encabezado por Henrique Meirelles, ex presidente del Banco de Boston, se impulse la reducción de los presupuestos para “la salud y la educación en un país como Brasil con las necesidades que tenemos”.

 

El actor Wagner Moura se sumó a la actriz Sonia Braga, en la campaña internacional de denuncia sobre el golpe. Un mes después de que la protagonista de Doña Flor y sus dos maridos mostrara en el festival de Cannes un cartelito escrito en francés sobre el “coup d´etat” esta semana el protagonista de la miniserie Narcos, producida por Netflix, declaró en un programa de televisión norteamericana que no votó a Rousseff pero la respalda por haber sido víctima de “algo muy parecido al golpe de Estado, la sacaron del gobierno sin ninguna razón, desde el punto de vista democrático hubo una ruptura”.

 

El actor que encarna al capo colombiano Pablo Escobar Gaviria consideró “muy importante” el papel de la prensa internacional para la cual Temer no es un mandatario legítimo. A través de las informaciones generadas en el exterior se establece un módico contrapunto, dijo, con la desinformación brasileña donde la prensa está bajo el control de “cinco familias”, simpáticas al régimen de excepción.

 

 

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“Las elites han generado un sistema financiero paralelo, un sistema político paralelo, un sistema socioeconómico paralelo.”
 
Buscaglia desenmascara la corrupción política y empresarial, el lavado de dinero, las bases patrimoniales del crimen organizado, el sistema financiero, el cinismo protector de los Estados coloniales y la impunidad de los capitales ilícitos.

 


Desde Ciudad de México


Viajar por el intrincado y planetario mundo del crimen organizado es una travesía de muchas sorpresas donde la figura del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo Guzmán” es apenas un títere en miniatura frente a la poderosa maquinaria de la corrupción política, financiera y mafiosa que, en el fondo, rige los destinos de mundo. Esa es la a la vez dolorosa, alentadora y magistral demostración que realiza el doctor Edgardo Buscaglia en una de sus últimas investigaciones publicadas: Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional (Editorial Debate). Si alguien quiere dejar el territorio de la inocencia o la mera lectura ideológica del crimen organizado, Buscaglia ofrece una perfecta guía para navegantes en la cual desmonta y desenmascara la corrupción política y empresarial, el lavado de dinero, las bases patrimoniales del crimen organizado, el sistema financiero, el cinismo protector de los Estados coloniales y la manera en que, con toda impunidad, los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Esa corrupción ha terminado por generar no sólo un sistema económico paralelo, sino también un sistema político a espaldas de la sociedad que elige a sus dirigentes.


Buscaglia demuestra que, en sus múltiples formas, el lavado de dinero es una suerte de lavado de la democracia una violación de la misma democracia que cuenta con complicidades en los niveles más altos de la política y la finanza internacional. Los capos del narcotráfico son meros figurantes sangrientos en esta gigantesca empresa mundial que mueve más capitales que el propio PIB de los Estados Unidos y cuyos operadores centrales son de cuello blanco y corbata. Buscaglia es uno de los más exquisitos especialistas del mundo en esta materia, con una amplia y reconocida experiencia. Dedicó la mayor parte de su vida a investigar el fenómeno del crimen organizado. Ha dado clases en las universidades más prestigiosas del planeta y trabajó en instituciones globales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). Buscaglia fue jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas entre Junio del 2010 y Junio del 2011 en Afganistán, además de asesor externo de la agencia ONU para el Entrenamiento e investigación (Unitar). Su libro es una síntesis valiente de los ríos ocultos que riegan de agua sucia a los Estados donde emerge la complicidad entre el mundo público y el sector privado, los medios de comunicación, las grandes corporaciones internacionales, y los crímenes como la trata de personas que generan miles de millones cada año.


En esta entrevista exclusiva con Página/12, Buscaglia nos introduce, desde la Argentina hasta el corazón del mundo occidental, en los meandros de un asalto a las democracias del mundo.


–El tema de los Panamá Papers se ha impuesto a nivel mundial y ha venido a probar la enredadera de corrupción que envuelve el mundo. Allí aparecen jefes de Estado, entre ellos el presidente argentino Mauricio Macri, escritores, artistas, empresarios, en suma, una colección inaudita de evasores. Y sin embargo, ha habido como una auto limpieza. Los culpables no conocerán tal vez ninguna sanción.


–Se trata de una suerte de corrupción legalizada. Como el sistema de financiamiento de campaña políticas en los Estados Unidos, la corrupción también se puede legalizar. Luego está la corrupción propiamente dicha, la delictiva. Ambas encierran flujos cuantiosos, inimaginables para una persona promedio. Esos flujos son equivalentes a montos anuales mayores al PIB de los Estados Unidos. En su mayor parte, esos dineros le pertenecen a las elites políticas, a las elites empresariales, a algunas elites sindicales. Esas elites han generado un sistema financiero paralelo, un sistema político paralelo, un sistema socioeconómico paralelo al de las personas de a pie. Y ese sistema paralelo determina el resultado de las elecciones, el resultado de lo que se supone debe ser la competencia del mercado, que en realidad no existe. En suma, esos montos ligados a estas actividades pasan después a través de canales que evaden impuestos, o que no los evaden y van a parar a estos paraísos fiscales, a estas empresas fantasmas que trabajan con una arquitectura enormemente sofisticada. El caso de esta firma panameña Mossack Fonseca es sólo una entre cientos de firmas. Hay otras que realizan operaciones muy superiores a la de este caso de los Panamá Papers. Esto es moneda corriente entre las elites políticas de esta planeta. Allí encontramos a la elite china, o a la elite capitalista propiamente china. Esto quiere decir que no hay ideologías en el lavado de dinero. La delincuencia organizada de Estado y la delincuencia organizada propiamente dicha como la del cartel de Sinaloa tiene su dinero mezclado en ese sistema paralelo. Nuestros sistemas políticos a los que clasificamos demasiado rápido como democracias, especialmente cuando habla la OEA, son realmente fachadas de democracia, como es el caso mexicano, como es el caso de Argentina y de otras regiones del planeta. Los Panamá Papers son sólo una gota en el océano. Es una industria cuantiosa.


–Lo que resalta en su libro, Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional, es la connivencia entre el poder político y el crimen organizado. De allí se desprende una evidencia: el crimen organizado es un ejército mundial, globalizado.


–Hay que definir adecuadamente al crimen organizado. Si este crimen organizado es la caricatura del tráfico de drogas que se presenta en México, entonces nos quedamos con una pequeña gota del gran lodo de la delincuencia organizada. De hecho, la delincuencia organizada es también la compra venta de pasaportes a través de un ex Primer Ministro de Portugal, es igualmente el proceso a través del cual se desvían fondos públicos hacia empresas fantasmas para financiar campañas electorales. Cuando se tipifican delitos de la delincuencia organizada y se los amplia a muchos de estos delitos que a veces se conciben nada más que como corrupción política, recién podemos empezar a entender la magnitud del fenómeno. La delincuencia organizada se dedica a 23 tipos de delitos económicos y tráficos ilegales: tráficos de personas, de migrantes, de armas, de drogas, contrabando, extorsiones, etc, etc. Pero esa delincuencia tiene más del 70 por ciento de sus capitales introducidos en actividades legales. Es allí donde debemos atacar. El gran puente entre los Estados y el crimen organizado es la política. Debemos destruir ese puente para empezar a desmantelar, por un lado, a los grupos criminales organizados, aquellos que trafican con armas o personas, como en Argentina y en México, dos países que se han transformado en grandes centros de la trata de personas. Pero, por otro lado, también hay que destruir el puente para desmantelar las redes de políticos y empresarios que operan en el mundo legal y que son también delincuencia organizada.


–El mundo legalizado de la delincuencia organizada es espeluznante: hay bancos, compañías financieras, gabinetes de abogados, intermediarios con reconocimiento mundial, etc, etc.


–Efectivamente. La delincuencia organizada es un fenómeno de cuello blanco. Las mentes más sofisticadas y más educadas del planeta que fueron a las universidades más importantes del mundo están al servicio de estos grupos criminales. Tenemos que dejar de caricaturizar a la delincuencia organizada a través del Chapo Guzmán o de las pandillas que uno observa en Santa Fe, en la Argentina. Hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. La corrupción política es un delito en red, y como tal, tiene una motivación no sólo política sino también económica. Por consiguiente es delincuencia organizada. Es preciso llegar hasta los empresarios que están detrás de esa corrupción. En muchos casos son las mismas personas, son los políticos y sus familias, como ocurre en México.


–México no es una isla, no es una excepción sino el lugar que concentra todo lo que ocurre en el mundo. México no es una problemática local, sino planetaria.


–Exactamente. La delincuencia que se manifiesta en México es una delincuencia transnacional que tiene su base patrimonial en los Estados Unidos en alrededor el 20% del dinero que se genera a través de delitos. El problema es que México es un país, como Rusia, en una transición hacia una democracia con enormes vacíos institucionales: vacíos de controles patrimoniales, de prevención social de la delincuencia, vacíos de controles de la corrupción. Entonces, esos vacíos de controles institucionales hacen que la delincuencia organizada que pasa por México se comporte de forma mucho más dañina que la misma delincuencia organizada que pasa por Holanda y los Estados Unidos, que no se comporta con tanto impacto y violencia contrariamente a la de México que tira bombas, secuestra más, compra y vende seres humanos con mayor asiduidad. Esa misma delincuencia, cuando pasa a los Estados Unidos, se comporta de manera empresarial porque se encuentra con instituciones judiciales más fuertes. En Estados Unidos la delincuencia organizada es infinitamente más poderosa que en México. La gente tiene la idea de que México es el gran imperio, pero no es así. En México los distintos grupos criminales pujan para usar a las distintas fuerzas de la policía a su imagen y semejanza, pujan por usar a empresas bancarias o farmacéuticas. Esto, por ejemplo, no lo podrían hacer en los países europeos con tanta impunidad. Pasan a Europa silenciosamente y hacen más dinero porque allí tienen sus bases patrimoniales. Si se conjuga a la Unión Europea y a los Estados Unidos tenemos el 44% del lavado de dinero mundial, a lo cual le podemos también sumar China. No nos engañemos. México está pagando con sangre sudor y lagrimas el pasaje de esta delincuencia organizada que tiene su base patrimonial en los países más ricos.


–¿Acaso estamos en una situación mundial que cabe en aquella frase del narco colombiano Pablo Escobar: “¿plata o plomo?”.


–Yo le diría que es poder o plomo. La plata que esta gente le promete a jueces y a políticos termina constituyéndose en poder social y político. Lo que más me preocupa es que en la mayoría de los países como Argentina, México y algunos europeos con vacíos institucionales se están formando Estados dentro del Estado. De alguna manera estamos volviendo a la Edad Media. El poder político se está fragmentando y feudalizando. La delincuencia organizada promete poder, feudaliza al Estado, genera feudos y, muchas veces, esos feudos comienzan a competir entre ellos como en la época feudal. Hay que parar ese proceso porque es muy dañino para el tejido social. No se trata sólo de un tema económico. Es un tema de desarrollo social que no se podrá alcanzar en la medida en que los Estados se sigan fragmentando.


–Usted tipifica unos 23 perfiles de delitos económicos. ¿Cuál es el patrón que los unifica?


–La motivación económica, pero me preocupan más los crímenes de lesa humanidad. La trata de personas, que es uno de los grandes negocios de la delincuencia organizada transnacional, son crímenes de lesa humanidad. Tenemos una situación donde estas redes criminales cometen crímenes de lesa humanidad en todas partes. La legalización del trafico de drogas, por ejemplo, no resuelve el gran problema de la delincuencia organizada que está muy diversificada mundialmente. Si le legalizas las drogas por aquí, esta gente reasigna recursos para hacer otro negocio en alguna parte. En ese sentido, los 23 delitos económicos son en su mayor parte crímenes de lesa humanidad: trafico de migrantes, secuestros, explotación sexual, etc.


–Un informe del organismo europeo Europol calcula que la crisis migratoria que sacude hoy a Europa genera una cifra de negocios de 6 mil millones de dólares por año. El 90% de las personas que llegan a Europa lo hacen a través de redes mafiosas.


–Así es. En la gran, gran mayoría de los casos de refugiados nos encontramos con redes criminales transnacionales que trabajan con toda una infraestructura muy sofisticada de transporte, logística de almacenamiento, distribución de estos refugiados y un mecanismo de distribución de precios según el origen socioeconómico de los refugiados. Hay funcionarios públicos involucrados en este tráfico y también empresas de transporte, a la vez terrestre y marítima. Desde luego, la raíz de estos problemas son tanto los sistemas políticos de Medio Oriente como el de los sistemas políticos colonialistas que han estado generando el catalizador de estas guerras.


–En su libro usted plantea 20 propuestas para sanear esta hecatombe de corrupción. ¿Cuál sería la mecánica de dichas propuestas?


–-Se trataría de entrarle a la esencia misma de la delincuencia, a la madre y al padre de la delincuencia organizada que es la corrupción política al más alto nivel. Habría que pegarle a esos organismos que promueven la corrupción política. Y esto no pasa solamente por castigos de la justicia penal. No, habría que, por ejemplo, generar mecanismos mucho más transparentes para que se elaboren listas de candidatos a las elecciones primarias en España, en Argentina, México, que sean listas abiertas, sujetas al voto popular, con controles patrimoniales mucho más precisos. Ese tipo de medidas son esenciales para eliminar el efecto catarata, donde la corrupción empieza a muy alto nivel y luego baja a través de la corrupción administrativa, judicial. Pero hay que ir al foco principal de la corrupción, que está al más alto nivel. Hay casos como el de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, que no tienen aún una ley de financiamiento de campañas políticas. La provincia de Buenos Aires es un parque de diversiones para la delincuencia organizada. Hay que abordar ese aspecto para que, quienes lleguen a la política, aunque no sean santos, estén sujetos a controles un poco más elaborados para que tengamos un mínimo de control de calidad. ¡ El centro mafioso patrimonial de la Argentina es la provincia de Buenos Aires !. Incluso si la provincia de Buenos Aires maneja montos criminales mucho menores a los que podemos ver en Alemania o Estados Unidos, es un factor de generación de violencia por los vacíos institucionales que existen. Allí donde hay vacíos de Estado hay delincuencia organizada violenta.


–En la Argentina hay muchas denuncias en este momento...


–Parece que el Poder Judicial en la Argentina está muy entusiasmado en iniciar causas penales. Hay que dejarlo que genere material probatorio para que avancen las causas en la Argentina, pero siempre y cuando se abarquen a todos los partidos y no nos quedemos solamente con un proceso de manos limpias de una sola mano. Hay que lavar ambas manos. El Mani Puliti italiano, o actualmente el brasileño, abarca a todos los partidos, no solamente a los Kirchner. En la Argentina hay corrupción por todos lados y es preciso abarcar a todos los movimientos.


–El macrismo tiene un discurso justiciero y moralizador pero en el propio aparato del gobierno hay miembros que participaron en los procesos de corrupción que usted describe, empezando por las cuentas en paraísos fiscales.


–Hay que introducir mecanismos de control de financiamiento de campañas que empiecen con el control de la campaña del presidente Macri. Habría que establecer tres tipos de auditorias: las sociales electorales, las auditorias legislativas, y la de los institutos que, en el caso de la Argentina, sería la Cámara Nacional electoral.


–En este contexto, para usted, lo que pasó en Brasil fue un golpe de Estado para impedir las investigaciones de la justicia al conjunto de la clase policía.


–Es un golpe parlamentario por la impunidad. Hay tienes hay un 59% de los legisladores brasileños de todos los partidos que están procesados por un sistema judicial medianamente independiente. ¡Los brasileños deberían estar orgullosos !. Pero hay ese 59% de los legisladores del Congreso Federal clamando impunidad. Ese fue el factor principal para tratar de sacarse de encima a la presidenta Dilma Rousseff a través de tecnicismos. Ahí hay un tema importante: cuando los Estados se comienzan a reconstituir y a generar movimientos de limpieza de sus cloacas políticas, como es el caso de Brasil y fue el de Colombia o Italia, cuando eso ocurre los procesados no se quedan quietos y empiezan a generar una contra reforma reaccionaria. Eso lo observamos con gran crudeza en el caso de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Estamos viendo maxi procesos de mafia y corrupción política. ¡Viva Brasil! Hay que ser muy elogiosos del trabajo que están llevando a cabo allí, con una sociedad civil mucho más activa, unificada, que protege a sus fiscales, cosa que no ocurre ni en México ni en la Argentina. Brasil es un ejemplo porque lo que se juzga no es si en un país hay o no corrupción, en todos los países del mundo la hay. Lo que se evalúa es la reacción del Estado. Es preciso entonces apoyar a los Estados para que se institucionalicen.

 


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