MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

¿Cuál es el futuro de Brasil? ¿Y el de Lula da Silva?

En vísperas de la deposición –por ahora temporaria, por un plazo de hasta 180 días, pero con puros aires de definitiva– de la presidenta Dilma Rousseff, Brasil vive tiempos de puro vértigo.


El golpe institucional más previsible, por las condiciones ofrecidas, está a punto de consumarse.


La presidenta Dilma Rousseff lo sabe, lo sabe el ex presidente Lula da Silva, lo saben la eufórica oposición y los falsos aliados que se revelaron traidores: gracias a una maniobra tan turbia como evidente, los que no lograron votos lograrán el gobierno y el poder.


La principal figura política del país, Lula da Silva, lo admite en conversaciones con sus interlocutores más cercanos.


En unos días más, miércoles o jueves, quizá viernes, Michel Temer, el vicepresidente traidor, será sacramentado presidente. El golpe institucional que tuvo como adalid el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, triunfará.


Curiosamente, el mismo Cunha fue apartado de su escaño legislativo y de la presidencia de la cámara el pasado jueves. Aceptando una denuncia del procurador general de la Unión, el Supremo Tribunal Federal lo alejó del campo de juego.


Difícil es entender las razones de tanta demora: la denuncia fue elevada a la Corte Suprema en diciembre.


La impresión inevitable es que Cunha se mantuvo en el comando de la Cámara de Diputados mientras ha sido útil para el golpe blanco. Y que consumada la conspirata, se hizo desechable.


Así es que el país más poblado de América Latina, una de las 10 mayores economías del mundo, un ejemplo clarísimo de las contradicciones sociales de nuestras comarcas, tumba a una presidenta elegida por 54 millones 500 mil electores y asiste a la asunción de un buscavidas que jamás logró 200 mil votos como diputado nacional.


Una mujer contra la cual no hay una sola y solitaria investigación cederá el puesto a un viejo zorro de la política más rastrera, que controla los almacenes del puerto de Santos, el principal del país, y que está involucrado en un sinfín de denuncias de corrupción. La Constitución brasileña es clarísima en lo que se refiere a las razones para destituir a un presidente. Ninguna –ninguna– de ellas ha sido comprobada contra Dilma Rousseff.


Que es una presidenta impopular, que su gobierno es un desastre, que frustró a su electorado, de acuerdo. Pero ¿dónde en la ley mayor se dice que esas son razones para contrariar una decisión soberana del electorado?


De todas formas, y a menos que ocurra un milagro de última hora, en esas horas en que hasta las niñas bonitas de Oaxaca desaparecen, lo que hay de concreto es que a Dilma Rousseff la tumban en pocos días más.


¿Qué pasará en Brasil, uno de los países más importantes del grupo llamado de emergentes, la mayor población y la más fuerte economía de América Latina, una de las ocho o nueve mayores economías del mundo? Imposible saber.


Asumirá un gobierno ilegítimo, que enfrentará la durísima resistencia del PT, el partido de Lula da Silva, de los movimientos populares, de las principales centrales sindicales del país, de los movimientos estudiantiles.


Ayer, sábado, se comentaba en Brasil que Dilma Rousseff, primera mujer en llegar a la presidencia, decidió que bajaría, tan pronto sea informada oficialmente de la decisión del Senado –un juicio que es una clara, clarísima farsa– por la misma y solemne rampa que subió, paso a paso, para asumir la Presidencia.


Será un homenaje a lo que le falta a los golpistas: un homenaje a la dignidad.


Hasta la noche de ayer, se pensaba en Dilma bajando la rampa acompañada por los últimos ministros que fueron leales. Entre ella y los ministros, sus compañeras de celda, en tiempos de la dictadura. Sus compañeras de torturas y vejaciones abominables. Sus compañeras de sueño y esperanza.


Abajo, en la calle, la estarán esperando dirigentes de movimientos sociales, de sindicatos, grupos de intelectuales, artistas. Gente con capacidad de sueño. Y, claro, Lula da Silva. A ver si se confirma.


Mientras, la principal figura del escenario político brasileño, el mismo Lula da Silva, trata de trazar su futuro.


Si hoy mismo hubiera una elección presidencial en Brasil, Lula sería el favorito. En cualquier proyección de los institutos dedicados a esa clase de encuestas, él aparece, nítido, con una fuerza que contradice el escenario.


Pero él, sus asesores, sus amigos e interlocutores, sus estrategas, saben muy bien que todo, absolutamente todo, lo que pasa en Brasil tiene un único y exclusivo fin: impedir que él vuelva en las presidenciales de 2018.


Toda y cualquier jugarreta legal será válida, toda y cualquier maniobra en la Corte Suprema también. A partir de ahora, cualquier paso será un paso que puede ser decisivo. El hombre que desafió un sistema de seculares desigualdades no podrá quedar impune.

La desastrada sucesora, tampoco.


A ver qué pasa. Lo único que hoy por hoy se sabe es que Lula está dispuesto. La amenaza de una investigación por corrupción, elevada a última hora por la procuraduría general de la Unión es nada más que una piedra, otra más, que sembrarán en su ya muy sembrado camino.

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Viernes, 08 Abril 2016 16:29

El cura de las dos biblias

El cura de las dos biblias

Estaba por alcanzar los 60 años de edad cuando llegó al pueblo en un bus de línea y una maleta de cuero que arrastró hasta la residencia parroquial donde viviría. No daba la apariencia a primera vista de ser un cura cualquiera porque, entre otras particularidades, tenía dos biblias.


Revestido hasta los talones con su sotana negra, abrochada de arriba a abajo y desteñida por el uso y los años, Gonzalo Javier Palacio Palacio, llegó para servirle de ayudante al párroco principal de la iglesia Las Mercedes del pueblo de Yarumal, departamento colombiano de Antioquia. El nuevo sacerdote pronto cobró fama porque indagaba hasta el último detalle sobre cada uno de los pecados de los feligreses que iban a pedirle que se los perdonara en el ámbito secreto del sacramento de la confesión.


“Otra cosa que recuerdo de él es que tenía dos biblias: una, común y corriente, para las misas y en la otra, que llevaba a todas partes, había abierto un hueco entre las páginas para esconder un revólver Smith &Wesson, calibre 32, de seis tiros y cacha negra”, precisó un viejo campesino que acudió muchas veces a buscar la bendición del cura.


En los oficios religiosos tronaba desde el púlpito exhibiendo la Biblia de decir misa: “en este evangelio vemos muy claro que Cristo nos da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. En ninguna parte dice que los cristianos deban pedirle perdón a Dios directamente. No, siempre deben pedírnoslo a nosotros, sus apóstoles”, rememoró el viejo campesino.


Recuerda que, como ningún otro cura, examinaba cada confesión con detenimiento para saber de ella hasta los más pequeños detalles. Podría decirse que con sus preguntas le hacía la autopsia a cada pecado hasta verificar si tenía rastro de algún delito secreto. “No le bastaba saber si uno había mentido, si uno tuvo un mal pensamiento, si uno juró en vano el santo nombre de Dios o si uno deseó a la mujer del prójimo. No, preguntaba de quién era hija la mujer del prójimo, dónde había estudiado, cómo se llamaba, dónde vivía y qué hacía exactamente ese prójimo”.


Otra peculiaridad del cura Palacio Palacio era que, en contraste con sus exhaustivos interrogatorios, “ponía penitencias muy cómodas. Usted podía confesarle, pongamos por caso, que se peleó con un vecino o que se robó un carro. Entonces, le preguntaba, eso sí, hasta el último detalle del vecino o del carro y al final simplemente daba la bendición y, cuando más, ponía de penitencia un simple padrenuestro”.


No obstante la serie de preguntas exhaustivas a las que sometía a sus feligreses, ellos preferían que él les tomara la confesión para verse recompensados con la simplicidad de sus penitencias.


Pero la predilección por este padrecito comenzó a disminuir entre la gente debido a que adoptó la costumbre perniciosa de pedirles a ciertos parroquianos fotografías de personas que fueran mencionadas en las confesiones y dejaba en suspenso el perdón de Dios hasta cuando el penitente cumpliera la orden celestial impartida a través de él.


Luego, el apóstol de Cristo comenzó a despertar sentimientos de pavor entre un sector del pueblo que descubrió cómo muchas de las personas por las que el cura preguntaba con sumo detalle en el confesionario eran asesinadas después por bandas de pistoleros, la Policía Nacional o el Ejército.
Llegó un momento en que ya nadie acudía al locutorio de su reverencia el padre Palacio Palacio y éste, extrañado por esa pérdida repentina de fe, salió a las calles y las cantinas del pueblo a indagar entre los feligreses acerca de por qué habían decidido esquivarlo.


“Su reverencia, a mí me dijo una señora que es que usted tiene muy mal aliento y por eso ahora prefieren confesarse con el párroco o ir hasta Santa Rosa”, recuerda que le mintió el viejo campesino cuando fue interceptado una mañana por el cura.


En medio del terror que sembró en la región un largo y creciente período de asesinatos de personas sobre las que Palacio Palacio había preguntado en la confesión, los miembros de la Policía Nacional en Yarumal comenzaron a amarrar cadáveres al parachoques delantero del carro de patrulla Nissan Patrol del destacamento para exhibirlos durante lentos recorridos por el pueblo.


Era 1990. Los paisanos no debieron hacer muchos esfuerzos para descubrir que un grupo de hacendados y comerciantes del pueblo, asociados con la Policía Nacional y el Ejército, estaban cometiendo asesinatos selectivos, llamados “limpieza social”, bajo la dirección principal del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del controvertido político regional Álvaro Uribe Vélez, ambos hijos del extinto comerciante, ex socio de Pablo Escobar y supuesto comerciante de cocaína Alberto Uribe Sierra, a quien las influencias de su hijo Álvaro lo habían salvado de un pedido de extradición hecho por el gobierno de Estados Unidos.


Antes de poner en práctica la estrategia aterrorizante de exhibir al público los cadáveres de las víctimas de “Los doce apóstoles”, en expedientes judiciales quedó registrado que Santiago Uribe Vélez mandó renovar el carro de patrulla del destacamento usado para ello y lo hizo repintar con los colores reglamentarios, negro y blanco, que entonces distinguían a los vehículos de la Policía Nacional.


Las víctimas de la “limpieza social” eran, por lo común, drogadictos, prostitutas, homosexuales, izquierdistas, forasteros, trabajadores agrarios inconformes que denunciaban judicialmente a sus empleadores, protestantes, deudores morosos, ladrones, ateos, sospechosos de congeniar con el hampa guerrillera y, en general, todo aquel que fuera contrario a la decencia, la moral pública y las sanas costumbres cristianas.


Bajo el imperio del terror, Yarumal se convirtió, según se hizo costumbre reconocerlo, en un remanso ejemplar de orden, paz y seguridad con democracia.


Las indagaciones cautelosas que, sin embargo, hacía el pueblo para averiguar la realidad permitieron determinar que la organización criminal causante de tantos “beneficios de higiene social” era manejada por un consejo de once personas, más el mensajero de Cristo en Yarumal, su reverencia Gonzalo Javier Palacio Palacio: por eso se dio en llamarla “Los doce apóstoles”.


Las pesquisas que, con silencio y cautela, los pobladores comentaban en la clandestinidad y debatían en voz baja, les permitieron establecer que los asesinos que asolaban los campos de la región eran adiestrados por policías y militares en un sector de la gigantesca hacienda La Carolina, de los hermanos Uribe Vélez, situada entre los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento de Antioquia. El latifundio estaba dedicado principalmente a la crianza de toros de lidia.


La semana pasada, con una tardanza de 25 años, fue arrestado Santiago Uribe Vélez por la formación de esa banda criminal cuyas fechorías suman cerca de 300 homicidios. Fue una acción judicial inesperada que siempre impidió llevar adelante el eficiente poder saboteador que ha tenido sobre este caso Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010.


El propio expresidente está enredado en el sumario matriz, compuesto por cerca de 13 mil folios, de los cuales guardo copia auténtica, a buen recaudo, en Nueva York. Distinguido con el número 8051 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de Colombia, contiene abundantes denuncios, informes forenses, declaraciones de testigos reservados, investigaciones independientes, delaciones, confesiones de narcotraficantes, conceptos de organismos internacionales, organigramas, peritajes, informes oficiales acusatorios de distintas autoridades y enlaces a otros procesos penales en los que, de la misma manera, abundan los señalamientos directos contra Santiago y Álvaro Uribe Vélez por variados delitos de lesa humanidad atribuidos a “Los doce apóstoles”, raíz y cimiento de lo que años después sería el gran ejército de los carteles del narcotráfico que, con más de 20 mil sicarios distribuidos en bloques paramilitares regionales, se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.


“La verdad sea dicha, para condenar a Álvaro Uribe no han faltado pruebas sino cojones”, sentenció en su cuenta de Twitter la abogada penalista Diana Muñoz  de Bogotá.


Una de las masacres más repudiadas de “los doce apóstoles” fue la de la familia López, en la zona rural La Solita, del municipio de Campamento, próximo a Yarumal, en la que fueron asesinados seis campesinos, entre ellos dos niñas de ocho y once años, Yoli y Milena (ver foto). A un niño de ocho años, Darwin (ver foto), le perdonaron la vida para que contara cómo fue cometido el crimen múltiple y aterrorizara a la población con su relato. Este chico salvó a un bebé de brazos al que las balas de los asesinos lo rozaron por todos lados pero solamente recibió heridas menores con esquirlas de una granada de fragmentación lanzada por los asesinos.

 

 

En la masacre participó el batallón Bárbula, de la IV Brigada del Ejército Nacional, y los muertos, incluidas las dos niñas, fueron presentados como combatientes de las Farc.


La familia López supo que el Ejército y “Los doce apóstoles” habían decidido asesinarlos y durante un par de meses pasó las noches durmiendo a la intemperie escondida en las montañas. Luego abandonó su parcela campesina y se escondió en Medellín y Anorí pero regresó en la clandestinidad para saldar asuntos domésticos que habían quedado pendientes. Cuando todo estuvo en orden, los López se prepararon para huir del todo en una larga caminata que emprenderían en la madrugada, sanos y salvos.


Sin embargo, a partir de un par de desprevenidas confesiones de penitentes recibidas en el locutorio de la parroquia de Las Mercedes, de Yarumal, el cura Palacio Palacio ató cabos, dedujo que los López habían regresado a La Solita, bendijo a los confesantes, pasó la información a los asesinos y estos masacraron a la familia cuando acababa de beber una olla de café cerrero y se disponía a emigrar por las montañas en una marcha de varios días que intentó emprender antes de que brillaran las primeras luces del nuevo día.


Veinte años después, María Eugenia López, quien perdió a su familia en la masacre, supo que el cura Palacio Palacio daba misas en la parroquia del barrio San Joaquín, en Medellín, donde la iglesia Católica lo escondía de la justicia, y decidió buscarlo. Al entrar en la iglesia reconoció la voz del apóstol que rebotaba contra las paredes del ámbito sagrado, esperó que terminara la misa y lo encaró.


–Usted mató a mi familia –lo increpó María Eugenia.


–No sé de qué me está hablando –contestó el cura atolondrado.


–Usted asesinó a mi familia, en La Solita, con el ejército y “Los doce apóstoles” –le gritó de nuevo María Eugenia mirándolo a los ojos.


–Lo que quiera saber pregúntelo en la Fiscalía, yo soy inocente–murmuró el cura con el aliento agitado y próximo a alcanzar los 80 años de edad.


– A usted lo apresaron el 22 de diciembre de 1995 y le encontraron el revólver que escondía entre una biblia y después quedó libre pero usted es un asesino –afirmó María Eugenia con un coraje que jamás en su vida había experimentado.


–¿Y es que yo no puedo tener un arma? –replicó el ahora anciano cura. Con el pulso tembloroso, sustrajo de un bolsillo de su sotana una navaja y desdobló la hoja bruñida y filosa –¿El que yo tenga esta navaja significa que la vaya a matar? –preguntó haciendo una embestida fallida hacia la garganta de María Eugenia, que la esquivó –¡Ese revólver me lo regaló el general Gustavo Pardo Ariza! (el que fue destituido por haber protegido a Pablo Escobar para que huyera de la cárcel en 1991).


– Yo no lo voy a perdonar a usted ni voy a olvidar lo que me hizo. Sólo quiero saber la verdad y que haya justicia –le exclamó María Eugenia al apóstol de Cristo que acababa de oficiar una misa y de errar un lance de puñal.

 

07 MAR 2016

 

Tomado de: http://www.hispanopost.com/el-cura-de-las-dos-biblias

 

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La Cicig, extraordinario instrumento de lucha contra la impunidad

Con saldo de 200 mil víctimas y 45 mil desapariciones forzadas, en 1996 culminó en Guatemala el conflicto armado interno, que duró 36 años. Los acuerdos de paz tenían como objetivo transformar el Estado de manera no violenta, reformando las estructuras que habían dado origen a las hostilidades, desarticulando los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (escuadrones de la muerte) y terminando con la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

 

Cuando hay una transición luego de un conflicto armado, como en el caso de Guatemala, siempre hay una institucionalidad frágil y un estado de derecho débil; altos índices de impunidad y corrupción generada por los grupos que ostentaron el poder; una alianza entre los sectores político, económico y militar, que mantiene el estatus quo para no poner en riesgo sus intereses.

 

Por ejemplo, la gestión que siguió al gobierno de paz –y que se había opuesto a este proceso– se dedicó a sabotear los pocos esfuerzos que se habían logrado y a aumentar la violencia contra las organizaciones de derechos humanos, líderes sociales, operadores de justicia y periodistas, actores que exigíamos justicia y desenmascarar los actos de corrupción.

 

Desafortunadamente, la lentitud de la justicia puso a las víctimas en la necesidad de recurrir a instancias internacionales, como los sistemas Interamericano y de Naciones Unidas.

 

Todo esto motivó a las organizaciones a proponer la creación de la Comisión Internacional Contra Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs), organismo que se focalizaría en las víctimas, es decir, el sujeto pasivo de la violencia política. La propuesta fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

 

En 2006, en un intento por recuperar la agenda de paz, un nuevo gobierno retomó aquella iniciativa, pero ocupándose del sujeto activo de la violencia, la corrupción y la impunidad, es decir, quienes la habían generado e impedían por todos los medios los cambios que el Estado necesita para el cumplimiento de esa agenda.

 

Con el apoyo de Naciones Unidas se conformó la actual Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), focalizada en las estructuras que operan y generan impunidad desde el propio Estado. Su mandato se resume en tres: la investigación y persecución penal de los delitos de estas redes a través de una acción conjunta con el Ministerio Público; fortalecimiento institucional mediante tareas mancomunadas de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción de las instituciones del sector justicia y seguridad; y elaboración de propuestas legislativas y políticas públicas para garantizar las transformaciones institucionales necesarias para que el sistema de justicia se fortalezca.

 

Un indicador de la lucha contra la impunidad es ver hasta dónde se puede llegar. En el ámbito de la investigación, persecución y sanción penal, las acciones han llegado a jueces, fiscales, policías, diputados, grupos económicos y hasta a un presidente y vicepresidenta. También a cabecillas del crimen organizado, como narcotraficantes o quienes han ejercido el control de facto en las prisiones.

 

En el campo legislativo los avances también son importantes, como la sanción de las leyes de Crimen Organizado, Corrupción y Ministerio Público. Estas normas han proporcionado instrumentos, como las escuchas telefónicas, la unidad de análisis del comportamiento criminal y la creación de juzgados de competencia ampliada, entre otros. Esto derivó en un cambio del modelo de gestión en la investigación penal, que se hizo más eficiente, reduciendo los indicadores de impunidad y fortaleciendo la institucionalidad.

 

La acción de la Cicig ha permitido recuperar la esperanza en que el sistema se puede cambiar para satisfacer las necesidades de más justicia, seguridad, educación, etcétera. Una institución como la Cicig es un traje hecho a la medida del país y de sus circunstancias, pues se ajusta a la legislación local con sus instancias nacionales y al fenómeno que se quiera atacar.

 

El tiempo de una instancia como la Cicig depende de la voluntad política del Estado de escuchar a la sociedad civil y de hacer los cambios que se requieren para fortalecer las democracias y el estado de derecho. En la medida en que el sistema nacional de justicia y seguridad se fortalezca y logre disminuir la corrupción para acortar la brecha de inequidad social se recurrirá con menos frecuencia a las instancias internacionales, porque la ciudadanía logrará recuperar la confianza en el Estado y en su poder de acción.

 

En abril de 2015, en medio de las discusiones sobre la continuidad de la Cicig y la presentación de casos, que en ese momento alcanzaban al secretario privado de la vicepresidenta, los guatemaltecos nos volcamos a la plaza en manifestaciones pacíficas que duraron 5 meses. En un hecho inédito en el país, se logró la renuncia de la vicepresidenta y la posterior renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

 

Hasta el día de hoy no han parado esas manifestaciones ciudadanas, que envían a las nuevas autoridades el mensaje de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y exigen el cumplimiento de una agenda mínima que incluye cambios a las leyes de partidos políticos, compras y contrataciones y de servicio civil. Las reformas de fondo del sector justicia y seguridad continúan pendientes al día de hoy, pero siguen siendo reclamadas.

 

* Presidenta de la Fundación Myrna Mack, galardonada con el Right Livelihood Award (Premio Nobel Alternativo) en 1992.

 

Twitter: @HelenMackCh

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Marcha multitudinaria a 40 años del golpe en Argentina

En una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, más de cien mil manifestantes encabezados por Abuelas y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S de desaparecidos marcharon este jueves aquí para recordar cuatro décadas del golpe militar que instaló la dictadura más cruenta del país. La movilización llevó el lema 40 años de lucha, memoria y militancia: sin derecho no hay democracia.


Fue la primera marcha en el gobierno del presidente derechista Mauricio Macri, a quien llovieron críticas y reclamos. También fue la primera vez en que todos los medios de comunicación, tanto privados –salvo Crónica TV– como estatales, que ahora controla el gobierno, ocultaron las concentraciones y las marchas. Fue tan evidente que muchos de los manifestantes consultados mencionaron una y otra vez la palabra censura, que no sólo sucede con esta situación, desde que asumió Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre.


Aquí, en todas las capitales regionales y en otras ciudades del país decenas de miles marcharon este jueves. En Córdoba, Rosario, Sante Fe, Mendoza, Paraná y en el resto de las provincias, incluso en la turística Bariloche, donde estuvieron unas horas el presidente estadunidense Barack Obama y su familia, hubo marchas.


¡Macri basura, vos sos la dictadura!, fue uno de los cánticos más repetidos durante el acto en esta capital, donde acompañaron a los organismos de derechos humanos agrupaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. Asombró la cantidad de personas que llegaron con sus familias y se movilizaron de manera independiente.


En esta capital, al terminar el acto de la marcha central, entraron a Plaza de Mayo otros miles de manifestantes convocados por el colectivo Encuentro, Memoria Verdad y Justicia y por otra parte Hebe de Bonafini, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, llegó en un camión, junto a militantes y algunos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para realizar la ronda de los jueves, que se mantuvo en todos estos años desde 1977.


Durante el acto central, Estela de Carlotto leyó un documento firmado por Abuelas, Madres, H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Hermanos de Desaparecidos por Razones Políticas ante una plaza colmada, como lo estaba la Avenida de Mayo y calles adyacentes.


A 40 años del golpe genocida nos sentimos nuevamente convocados a defender la democracia, leyó De Carlotto, y afirmó que el cambio de gobierno significa a diario la vulneración de derechos.


En estos primeros cien días del nuevo gobierno, nuestra democracia retrocedió demasiado. Con decretos de necesidad y urgencia se violentaron leyes como la de servicios de comunicación audiovisual e instituciones como el Congreso, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte Suprema. La necesidad y urgencia que los corría (alentaba) era la de desarmar el país que teníamos, integrado a la patria grande, con un Estado para el pueblo. En pocos días lo cambiaron por un país entregado a las corporaciones y con un Estado a espaldas al pueblo, señala el documento.


De igual manera se condenó el intento de asegurar este modelo neoliberal con un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta social y el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea demonizado.


Hubo referencia a los más de cien mil despidos, a la persecución política, al cierre de programas sociales, a las leyes que se están votando contra el pueblo y a la represión que ha regresado, por lo que nos convoca en esta plaza la necesidad de defender la democracia.


Reclamaron además que sean juzgados los civiles que participaron en la dictadura, con fuertes críticas a la corporación judicial que continúa defendiendo a sus socios, cómplices económicos y a los medios de comunicación que se beneficiaron del terrorismo de Estado.


En ese tramo recordaron cómo los periódicos derechistas Clarín y La Nación colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos y mostrando como enfrentamientos los crímenes de lesa humanidad, con los argumentos de la teoría de los dos demonios. Cuarenta años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen mintiendo, afirmaron en el comunicado leído por De Carlotto.


Reivindicaron a los ex presidentes Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner por sus políticas de derechos humanos y defendieron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, víctima de las operaciones del macrismo para apartarla del cargo.
En el mismo documento se exigió la libertad de la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur Milagro Sala y la renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien puso en duda el número de 30 mil desaparecidos. No vamos a permitir que nadie, ni menos que un funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30 mil.


Los organismos también advirtieron sobre un doble discurso del gobierno de Macri, cuando habla de la continuidad de los juicios contra los represores pero al mismo tiempo despide a los trabajadores que los garantizan. Las políticas de memoria, verdad y justicia sólo se sostienen con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Exigimos que se terminen los despidos, reclamaron.
Aunque se valoró el anuncio de Obama sobre la desclasificación de archivos secretos vinculados con la dictadura, De Carlotto exigió que se cumpla ese compromiso y se extradite al genocida Norberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, cuando 16 personas fueron asesinadas en una base de la Marina, en 1972.


“Esperamos acceder a toda la información que tiene Estados Unidos, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante las dictaduras de la región y el Plan Cóndor”, dijo De Carlotto, y añadió que Washington debe dejar de violar los derechos humanos, tanto en su territorio como en la cárcel de Guantánamo y en otros lugares del mundo.


Por último, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, repudió los intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y entre aplausos llamó a abrazar al pueblo de Brasil en defensa de la soberanía popular.
Añadió que van por (Nicolás) Maduro en Venezuela, por Evo (Morales) en Bolivia, por Dilma (Rousseff) y (Luiz Inacio) Lula (da Silva) en Brasil; las corporaciones no tienen fronteras; van por nuestra libertad y nuestros derechos.


Con la misma emoción de siempre, en esta marcha como en todos los años, se desplegó una larguísima bandera argentina con las fotografías de miles de desaparecidos, como un doloroso símbolo de lo que significaron los años del horror.

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Lunes, 21 Marzo 2016 11:37

Asesinados por defender la tierra

Asesinados por defender la tierra

El crimen de Berta Cáceres es sólo uno de entre los cientos que se producen cada año contra ambientalistas en el mundo. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les ha situado en el disparadero de empresas y gobiernos. En el 99% de los casos, los asesinatos quedan impunes. Esta es la historia de los mártires de la 'Pachamama'.



MADRID. -“Si bajara un enviado del cielo y me garantizase que mi muerte fortalecería nuestra lucha, diría que hasta valdría la pena. Pero la experiencia nos enseña lo contrario. Un acto público y un entierro numeroso no salvarán la Amazonía. Quiero vivir”. El emblemático activista brasileño Chico Mendes escribió en 1988 esta frase en su testamento, probablemente consciente del riesgo al que se exponía. Sólo unos meses más tarde, el sindicalista cauchero era asesinado a tiros frente a la puerta de su casa, en Xapurí, en el estado de Acre, a manos de los mismos terratenientes a los que enfrentaba a diario por la brutal deforestación de una selva que hoy sigue gravemente amenazada. Casi tres décadas después, el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, indígena hondureña y ganadora del premio Goldman por su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, fue abatida por dos sicarios mientras dormía.


Convertidos en símbolos de la lucha ambiental, Chico y Berta son sólo dos números más en una abultada lista de ecologistas que pagaron con su vida por la defensa del medio ambiente. El reguero de mártires de la Pachamama, como se denomina a la Madre Tierra entre las comunidades indígenas de Suramérica, se extiende a la velocidad a la que crece la demanda de recursos para abastecer a una población creciente y consumista. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les ha situado en el disparadero de empresas y gobiernos. La ONU considera a los ambientalistas el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo.


Los datos dan buena prueba de esta tendencia, que las organizaciones internacionales han denominado ya como un “fenómeno mundial en sí mismo”. Entre 2002 y 2014, un total de 1.024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según la ONG Global Witness, que ha realizado varias investigaciones sobre estos casos en los últimos años. 2012, el año más sangriento hasta la fecha, dejó un saldo de 147 muertos, una cifra que triplica a la de una década atrás. Actualmente, la media de asesinatos llega a más de dos por semana. Aún así, las cifras son sólo orientativas.

“Es prácticamente seguro que se hayan dado más casos, pero es difícil encontrar la información pertinente debido a la naturaleza del problema, y es aún más difícil verificarla. Además, la cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel de violencia no letal e intimidación es mucho mayor”, advierte la organización.


El caso de Berta Cáceres, indígena y hondureña, y de su compañero Nelson García, asesinado varios días después, es especialmente paradigmático. El 40% de los crímenes de defensores de la tierra y el medio ambiente que se cometen en el mundo tienen como víctimas a personas indígenas, especialmente en las poblaciones de América Latina. Aunque Brasil es, de lejos, el país donde se perpetúan más asesinatos (la mitad de las muertes se producen allí), Honduras, en relación a su población, es la nación más peligrosa para defender los recursos de la tierra. Sólo en 2014 fueron asesinados allí 12 activistas. Las presas hidroeléctricas, como las que combatía Berta y sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) son, detrás de los proyectos mineros y extractivos, la segunda causa de las matanzas.

 

“Lo único que hizo Berta fue denunciar el sistema. Denunció a las multinacionales, al capitalismo, el patriarcado y el sistema racista. Había recibido ya una serie de amenazas, la propia guardia privada de la empresa nos amenazó y tras su muerte y la de Nelson, el resto de miembros del Consejo estamos siento objeto de un sicariato policial”, dice desde Honduras Asunción Martínez, miembro del COPINH, que responde por teléfono a Público en medio de una manifestación para exigir una investigación independiente sobre el caso y que se ponga fin a la retención de Gustavo Castro, herido en el asesinato de Berta y único testigo del crimen. Pese al riesgo que corre, el Gobierno de Honduras le prohíbe abandonar el país.


Alejandro González, de la ONG Amigos de la Tierra, denuncia que las autoridades tratan de involucrar a Gustavo y a otros compañeros del COPINH en el asesinato de Berta orientando las investigaciones hacia un “crimen pasional”, desvinculado de los intereses políticos. Una delegación internacional de visita estos días en el país para impulsar una investigación independiente ha señalado la "nula predisposición" del Gobierno para este propósito.

La desconfianza, en uno de los países más corruptos, desiguales y violentos del continente americano, está justificada. Más aún después del golpe de Estado militar de 2009 que trajo consigo una permanente situación de inseguridad institucional. En Honduras han muerto asesinados 111 activistas entre 2002 y 2014. Un 90% de los casos siguen sin resolverse.


"El actual Gobierno de derechas que dirige el presidente Juan Orlando Hernández ha invertido de forma prioritaria en la minería, silvicultura, agroindustria y presas hidroeléctricas", dice Global Witness en un informe de 2014. "Se sospecha que los principales autores de estos abusos son poderosos intereses económicos, que suelen usar la ayuda de empresas de seguridad privada. La policía y el ejército del país también han cometido violaciones de los derechos humanos de los activistas", prosigue.

La impunidad, en cualquier caso, es endémica. En los más de mil asesinatos investigados por la ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas, lo que se traduce en un saldo de crímenes no resueltos del 99%. A menudo, quienes aprietan el gatillo son delincuentes comunes o trabajadores a sueldo de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado echar el guante.


“Recibí bastantes amenazas. A veces escuché disparos o aparecían saqueadores con machetes donde estábamos trabajando. No podías ir sola. Íbamos a la policía a poner las denuncias y allí se quedaban, aunque conseguimos que personal del Ministerio, que iba armado, nos acompañara cuando teníamos que patrullar las playas”. La que habla es Lydia Chaparro, una bióloga española que trabajó hace años en varios proyectos de protección de tortugas marinas en Costa Rica junto a Jairo Mora. En 2013, Jairo, de 26 años, fue asesinado presuntamente por un grupo de saqueadores de huevos de los que había recibido constantes amenazas y frente a los que Jairo había pedido protección. Pese a estar prohibida su venta, los huevos de tortuga son una fuente de financiación importante para las mafias en la zona, que funcionan muchas veces en paralelo a los narcotraficantes. Las autoridades trataron primero de vincular el asesinato a la delincuencia común y más tarde absolvió a los sospechosos. Ahora, la presión social ha conseguido que se repita el juicio. Lydia reconoce que su trabajo en España también le ha costado insultos y amenazas verbales.

 

"Es difícil probar quién está realmente detrás, aunque si se sigue la pista se sabe. Pero los Estados no ponen los recursos para esclarecer los hechos o directamente cierran los casos. Muchos países tienen una violencia estructural muy fuerte y los delitos se achacan a la violencia común", dice Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina.

 

Aunque los orígenes son diversos, buena parte de los conflictos que se generan vienen derivados de grandes proyectos eléctricos, extractivos o mineros, muy ligados al recurso del agua y que producen fuertes impactos sobre el hábitat, la alimentación y los modos de vida de las poblaciones que ocupan el territorio. Sólo en 2014, América Latina captó el 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Muchas veces las empresas que llegan, generalmente norteamericanas y europeas, se encuentran además con un panorama legislativo que les es absolutamente favorable. En aras de atraer la inversión extranjera, los gobiernos llevan a cabo profundos procesos de desregularización, por los que se suavizan o eliminan leyes de protección laboral, social y medioambiental. Los ecologistas, en su mayor parte ciudadanos locales de escasos recursos, son vistos como opositores al desarrollo y obstáculos para el crecimiento económico del país y de las empresas, que en ocasiones obligan a las poblaciones a desalojar por la fuerza el área donde viven, violando incluso los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a hacer una consulta previa en el caso de las comunidades indígenas.


Todo lo anterior genera un caldo de cultivo idóneo para los enfrentamientos por los recursos y la tierra, que se extiende a lo largo y ancho del hemisferio Sur. Sólo un vistazo al mapa latinoamericano da una idea de la dimensión del problema. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que documenta y cartografía estas crisis en el continente, tiene localizados sólo por asuntos mineros 37 conflictos en México, 36 en Perú, 36 en Chile, 20 en Brasil, 13 en Colombia, 9 en Bolivia, 7 en Ecuador, 6 en Guatemala, 4 en Honduras y otro buen número de ellos repartidos por el resto de países.


"El extractivismo se ha ido convirtiendo en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales. En los primeros se trata, según el propio discurso, de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo", dice en un informe el Observatorio. "Es en este contexto donde las legislaciones nacionales buscan adecuarse a las facilidades requeridas por las empresas, a condición de tener un trato preferencial por el gremio minero internacional y concentrar así las mayores inversiones de la región".


Si las políticas de los gobiernos ayudan poco o nada a la resolución de estos conflictos, las empresas que firman o financian los proyectos dejan a su vez un largo historial de malas prácticas que no hacen sino empeorar la situación. El Tribunal Permanente de los Pueblos, un jurado ético no gubernamental entre cuyos miembros se encuentra el magistrado español del Tribunal Supremo Perfecto Andres Ibáñez, además de economistas, catedráticos, médicos, abogados y destacados defensores de los derechos humanos, condenó en 2010, tras más de seis años de investigación sobre la labor de las transnacionales, a buena parte del tejido empresarial más importante de Europa por las "violaciones sistemáticas" de los derechos humanos y el medio ambiente en Lationamérica. En la sentencia, de carácter no vinculante, se reflejan los casos de, entre otros muchos, Aguas de Barcelona, Bayer, BBVA, HSBC, Santander, Benetton, British Petroleum, Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestlé, Percanova, Repsol YPF, Sol Melià, Shell, Suez, Syngenta, Telefónica, Unilever o Unión Fenosa.


Aunque la matriz es extranjera, la mayor parte de estas compañías opera en los países de destino a través de la compra de filiales o empresas subcontratadas -explica Erika González-. Llegado el caso de conflictos o denuncias, la mayoría se desentienden de la responsabilidad de sus derivadas, haciendo muy difícil que puedan ser juzgadas en sus países de origen. 

"Desde la perspectiva institucional vigente, las responsabilidades y obligaciones empresariales son ignoradas, dejando a las propias empresas la decisión sobre el respeto a las mismas. Hasta el momento, las ETNs (empresas transnacionales), con la complicidad de los gobiernos, han logrado resistirse a la adopción de cualquier código internacional vinculante que determine el cumplimiento de sus obligaciones", dice en su texto el Tribunal.


En efecto, no existen instancias jurídicas internacionales ante las que denunciar a las empresas por los casos de violaciones de derechos humanos o al medio ambiente. En su día, se planteó que la Corte Penal Internacional , encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y lesa humanidad, pudiera también juzgar a las empresas, pero finalmente se descartó esta posibilidad. 

"Las multinacionales disponen de multitud de mecanismos que protegen su impunidad y sus intereses, mientras que no hay ninguno para proteger los derechos de las personas", sentencia Erika.

 

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Guerras, memoria y justicia

Guerras, memoria y justicia

Este año, en julio, se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939). Uno de los conflictos más despiadados del despiadado siglo XX. Que una inclemente dictadura prolongó durante cuarenta larguísimos años más. Y que marcó al rojo vivo la memoria colectiva. Aún hoy, a decenas de miles de españoles les está prohibido desenterrar los restos de sus familiares, dispersos por las cunetas del país, fusilados sin juicio sólo por ser republicanos. Ni siquiera el restablecimiento de la democracia en 1978 sosegó los ánimos como lo acaba de demostrar, en Madrid, el reciente encono en torno a la ‘desfranquización’ de los espacios públicos...


La Ley de la Memoria Histórica (2007), al no reconocer que los crímenes del franquismo fueron cometidos contra toda la sociedad española y contra la humanidad, no permitió cicatrizar las profundas heridas de la guerra. Que siguen sangrando hoy... Recordemos que la Justicia española sancionó hace unos años al juez Baltasar Garzón por haber éste iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones, durante la Guerra Civil española, de más de 100.000 republicanos (cuyos cuerpos yacen en fosas anónimas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).


La decisión administrativa tomada en España en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en aquel momento, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierdas), consistió en no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.


Obviamente, a ocho décadas del inicio del conflicto y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Aunque, Alemania no ha dudado en llevar a los tribunales, hace unas semanas, a un ex sargento de las SS de 94 años de edad, Reinhold Hanning, acusado de complicidad de asesinato por haber trabajado en el campo de concentración de Auschwitz en un momento en el que cientos de miles de judíos húngaros fallecieron allí.


Pero no es sólo un asunto jurídico. Lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en ‘museos consagrados a la Guerra Civil’, por ejemplo, en los manuales escolares de historia y en días de solemne homenaje colectivo. Así se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.


La Ley de Amnistía española condujo a imponer, sobre la ‘banalidad del mal’ franquista, una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de ‘ceguera inconsciente’ (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.


En España no se constituyó nunca ninguna Comisión de la Verdad como las que se han multiplicado por el mundo en nombre del deber de memoria.


“El deber de memoria –dice el filósofo Reyes Mate– nace de Auschwitz porque aquello fue pensado como un proyecto de olvido. No debía quedar ningún resto físico del pueblo judío para que se olvidara su contribución a la historia de la humanidad. El proyecto tuvo lugar, por eso hablamos de ‘crimen contra la humanidad’, pero no se consumó porque Hitler fue vencido y eso nos obliga a recordar aquel genocidio. Honrar la memoria de Auschwitz es entender el alcance del deber de memoria”.


La película Shoah empieza con una secuencia en la que un superviviente camina cabizbajo hasta un punto en el que señala al suelo mientras dice: “Era ahí”. Ahí no hay nada, un poco de césped envuelto por el silencio de un bosque perdido en Polonia. Pero ahí estaba... la cámara de gas. La mirada de la víctima devuelve a la realidad de ese lugar una presencia olvidada. La mirada de la víctima permite conocer una parte de la realidad que sin ella sería inaccesible.


Eso demuestra que la memoria, como lo saben los antropólogos, es también conocimiento y no sólo sentimiento.
Por eso ya se han creado, en más de treinta países, Comisiones de la Verdad. Estos organismos oficiales, temporales, se encargan de investigar un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos para contribuir a la manifestación de la verdad sobre los crímenes. Casi siempre, esas Comisiones publican un informe final en el que exponen sus conclusiones y sus recomendaciones.


El modelo de estas comisiones es la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995) que buscaba la justicia luego del fin del apartheid en Sudáfrica. Sus objetivos fueron: promover la unión nacional, la reconciliación, determinar las causas de la violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy ‘justicia transicional’.


Los testigos que eran identificados como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos eran invitados a brindar testimonio sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas ofrecieron sus testimonios en audiencias públicas. Los victimarios o perpetradores de crímenes violentos podían también dar testimonio y solicitar en ciertos casos una amnistía. Esta comisión estaba encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien había establecido como lema de la Comisión que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La transición democrática en Sudáfrica se vio facilitada por un proceso único de reconciliación y de búsqueda de la verdad.


Este proceso es necesario hoy en otros países, por ejemplo, en Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derechas, intenta imponer contra los derechos de las víctimas una ley de amnistía (como lo hicieron los militares golpistas del Cono Sur) a favor de cabecillas violentos que provocaron guerrillas urbanas (una suerte de kale borroka generalizada) en 2014, las cuales causaron decenas de muertos y centenares de heridos. O en México, donde la ‘guerra del narco’ ya ha causado unos 200.000 muertos.


Recientemente, en Colombia, el Gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron, en el marco de los Diálogos de Paz, la creación de una Comisión de la Verdad para “esclarecer” y “explicar” el conflicto que –desde hace más de medio siglo– desgarra ese país sudamericano. Los negociadores explicaron que esa Comisión tendrá tres objetivos: “Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (...) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades individuales y colectivas; y promover la convivencia en los territorios del país, fomentando un ambiente de diálogo”. “Nos urge –añadieron– dar respuesta a los colombianos y, en especial, a las miles de víctimas que reclaman verdad. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo: las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto”.


La reconstrucción de la identidad social es un trabajo colectivo que supone poder realizar un relato fidedigno de los crímenes perpetrados desde el autoritarismo. Ese relato resulta indispensable para las nuevas generaciones que se acercan a conocer su pasado. Para que la memoria no se degrade, es necesario ejercerla en relación con el presente y de cara al futuro.


Para ponerle un punto final a la impunidad y desterrar la posibilidad de que se vuelvan a repetir los crímenes y genocidios, es indispensable rescatar la memoria de las luchas contra la injusticia social, por la soberanía, por las libertades y por los derechos humanos.


También hay que reivindicar los ideales de los luchadores y proponer diferentes acciones: políticas, culturales, mediáticas, etc., para actualizar y revivir hoy la construcción de otra sociedad basada en el paradigma de la solidaridad en oposición al individualismo y a la fragmentación. Igualmente es necesario impulsar la aplicación de las leyes que castigan los crímenes del terrorismo de Estado, denunciar las complicidades e indiferencias que colaboraron en su implementación.


Es indispensable exigir que las autoridades pongan el aparato estatal al servicio del esclarecimiento y de la recopilación de todos y cada uno de los abusos y atropellos contra las víctimas de las dictaduras, del juicio y del castigo efectivo de dichos crímenes.


Es asimismo importante difundir y popularizar el conocimiento de los derechos humanos para que aquellos que son víctimas de hostigamiento y de vulneración de los mismos puedan hacer valer los mecanismos que los protegen del abuso institucional. Finalmente, es determinante promover, de forma activa, la memoria de las luchas populares por la libertad, por la democracia y por la justicia social.


Sin verdad no hay justicia. Alejados de la venganza y sin convocar el rencor ni el resentimiento inútil, tenemos el deber de recordar. Hacer memoria para hacer justicia.

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Miércoles, 10 Febrero 2016 06:43

Un peritaje sepulta la historia oficial

Un peritaje sepulta la historia oficial

El Equipo Argentino de Antropología Forense concluyó que "no es posible" que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero municipal de la localidad de Iguala, estado de Guerrero, tal como había anunciado el procurador mexicano.


El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sepultó aún más la "verdad histórica" sobre la que se ha montado la administración del priísta Enrique Peña Nieto para dar carpetazo a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, luego de ser atacados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ayer, el EAAF presentó un peritaje que desmonta la versión oficial de los hechos y concluye que "no es posible" que hayan sido incinerados ahí los 43 estudiantes, luego de ser asesinados. "No hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial", dice el peritaje integral del basurero de Cocula.


Aun cuando el EAAF recomendó no hacer más peritajes en la zona y enfocar la búsqueda de los estudiantes en otras zonas del estado de Guerrero, la PGR respondió ayer mismo que realizará un nuevo estudio de dinámica de fuego, dijo que el caso "no está cerrado" y anunció una nueva reunión, el próximo 18 de febrero, con los familiares de los estudiantes desaparecidos y con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.


Mientras, 43 estudiantes siguen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por policías de Iguala, un municipio del estado de Guerrero a 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Al menos siete personas fueron asesinadas en el lugar. Un centenar de personas han sido detenidas desde entonces, incluyendo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, cuya familia estaría vinculada al cártel de Guerreros Unidos. El gobierno de Peña Nieto sostiene que los estudiantes fueron quemados ahí y sus restos lanzados al río San Juan, según "confesiones" de los "autores materiales" del crimen.


Durante poco más de un año, el EAAF realizó un peritaje para resolver si es científicamente posible que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo sostiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace un año. Luego de estudiar imágenes satelitales desde 2010 y de analizar capas de suelo del lugar, encontraron que es imposible producir un fuego de las proporciones necesarias para incinerar 43 cadáveres. Incluso las "pruebas" de la PGR, fundadas en declaraciones de los supuestos perpetradores, es tan contradictoria que en el EAAF "no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada" por la PGR. En el peritaje integral del EAAF participó un equipo interdisciplinario de 26 peritos en arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genetista y especialistas en trauma óseo. Dichos especialistas provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá.


El estudio incorporó un informe de sitio y un informe de laboratorio. La conclusión es que la evidencia científica y la evidencia testimonial no son consistentes. Por tanto, el EAAF "no respalda la hipótesis que postulara la Procuraduría General de la República", dijo ayer Miguel Nieva en conferencia de prensa. Hace poco más de un año, el entonces procurador General de la República Jesús Murillo Karam había presentado su "verdad histórica": los estudiantes normalistas fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel "Guerreros Unidos"


Murillo Karam dijo entonces que las investigaciones, "sin lugar a dudas, llevan a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy", dijo en conferencia de prensa el 27 de enero de 2015. Poco después, el procurador Murillo Karam fue removido del cargo por el presidente Peña Nieto


Previamente, el 6 de septiembre de 2015, un informe de 550 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, e incluso aseguró que ni siquiera hay evidencia de que hubiese un fuego de la magnitud que presumió el gobierno mexicano. "Ese evento, tal y como ha sido descrito, no pasó."

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La investigación que desnudó la pedofilia en la Iglesia

El film protagonizado por Michael Keaton, Mark Ruffalo y Stanley Tucci revive al detalle el trabajo de los periodistas de la unidad de investigación del Boston Globe que demostró cómo la cúpula eclesiástica tapaba los abusos de más de setenta sacerdotes.


Al principio, Alexa MacPherson lucha para decir por qué guardó tantas copias de un mismo ejemplar del Boston Globe en una caja en su ático todo este tiempo, y sus ojos se nublan un poco. Todos son del 6 de enero de 2002 y todos vinieron del mismo kiosco, a la vuelta de la casa de sus padres, donde ella creció. La respuesta es obvia. Pero si está anonadada durante un segundo es por el peso de esa respuesta. Finalmente, ella suelta una sola palabra: "libertad". Fue el día, recuerda, en el que volvió a recuperarla, cuando la institución que le había causado tanto sufrimiento fue dejada al desnudo; cuando todas esas cosas que como adulta había intentado contarle a cualquiera que la escuchara –y no hubo muchos– fueron demostradas como verdad.


Y fue el día en que las cosas que ella habría dicho de chica si hubiera podido, también quedaron al descubierto. No, no era que en una ocasión el sacerdote había intentado violarla en el sofá familiar cuando su padre entró y lo encontró. Eran las incontables veces anteriores, durante el lapso de cinco años, desde que ella tenía 4 años y medio. Y no había sido sólo ella. El mismo sacerdote también había abusado repetidamente de dos de sus hermanos.


Tampoco hubo más confusión sobre todas las veces que ella había acudido a pedirle ayuda a su mamá porque "su cosita le dolía, estaba roja, irritada y ampollada", y su madre no la había mandado al médico o preguntado algo, sino que en cambio la había metido en la bañera y le había "frotado una estúpida crema rosada llamada Comfortine" cada vez, pensando que el problema desaparecería, como una infección.


En la oficina de su abogado, Mitchell Garabedian, la señora MacPherson, que ahora tiene 41 años y dos hijos, empuja a través de la mesa una pequeña y pálida foto de ella a los 5 o 6 años. No era, por supuesto, esta sonriente niñita con rulos rubios la que había albergado una infección. Fue el sacerdote que la había violado y la Iglesia Católica de Boston, que lo había empleado y protegido.


Esas copias del Globe marcaron el comienzo de un torrente de artículos a lo largo de los meses siguientes acerca de la Arquidiócesis católica, el abuso sexual cometido por su clero y hasta dónde había llegado la jerarquía para tapar el tema y mantener a los medios a raya. Todos fueron escritos, al menos al principio, por miembros de un pequeño equipo dedicado a proyectos investigativos especiales llamado Spotlight, originalmente formado en el Globe en los 70 bajo el modelo de la unidad investigativa Insight de The Sunday Times. Todavía funciona hoy.


La serie sobre los abusos del clero desataron un escándalo que iba a consumir a la Iglesia durante una década y que aún continúa. Le valió un premio Pulitzer al equipo en 2003. El anuncio enmarcado cuelga junto a otros premios que recibió el diario a lo largo de las décadas en la pared del hall del segundo piso en su magnífico cuartel central en Dorchester, en el borde sur de la ciudad (pronto van a mudarse a un nuevo y menos amplio hogar en el centro de Boston). Pero pocos logros del diario fueron tan grandes como éste. Y ahora un nuevo y muy diferente galardón se le ha agregado de parte de Hollywood.


En primera plana es un procedural periodístico que, tan fielmente como fue posible, sigue a los reporteros y editores del diario mientras se embarcan en su misión de desentrañar hasta dónde se habían expandido los abusos sexuales de los clérigos y encontrar evidencias para probarlo. En la Argentina se estrenará el 11 de febrero. Los críticos estadounidenses se han embelesado con ella. Dirigida por Tom McCarthy y con guión de Josh Singer, le han llovido seis nominaciones para los Oscar, incluido el de Mejor Película. "Esto fue muy inesperado; nunca pensamos que la película siquiera fuera a hacerse", dice Ben Bradlee Jr., que era subeditor en el Globe en esa época y responsable de la unidad Spotlight. Ahora se ha retirado para escribir libros. "Pensamos que habíamos tenido nuestra gran recompensa con el Pulitzer", completa.


A Bradlee, interpretado en la película por John Slattery, no se le escapa que el resultado es seguramente el film más visto sobre periodismo desde Todos los hombres del presidente, de 1976, sobre el caso Watergate. Esa conspiración fue desenmascarada por The Washington Post cuando su padre, Ben Bradlee Sr., era el editor del diario (en el celuloide lo interpretó Jason Robards). "Ciertamente hay algunas similitudes. Watergate y esto fueron historias locales que tuvieron implicaciones nacionales, y en nuestro caso internacionales", agrega.


La historia de la Iglesia podría no haber quedado al descubierto en absoluto de no haber sido por la llegada como editor en jefe del Globe de Marty Baron (quien, por esas cosas del destino, hoy edita el Post). Al no ser de Boston ni católico, él convocó a Bradlee y al recién instalado editor de Spotlight, Walter Robinson (interpretado por Michael Keaton), y les pidió que la unidad dejara cualquier cosa en la que estuviera trabajando y empezara a investigar si la pedofilia vinculada a John Geoghan –un sacerdote que ya había sido expulsado– podía ir más lejos. Al principio, ninguno de los dos hombres se entusiasmó demasiado.


"No era lo nuestro, pero bajamos y le dijimos a mi tropa: 'Este es mi nuevo jefe y el nuevo jefe obtiene lo que quiere'", recuerda Robinson. "Nos zambullimos con todo en el tema. Sencillamente empezamos a llamar a cualquiera en que pudiéramos pensar, usando el enfoque de la aspiradora. Volvimos a ver a Marty y le dijimos que no teníamos mucho sobre Geoghan, pero que habíamos descubierto que él era la punta de un iceberg muy grande."


Llevaría cinco meses de arduo esfuerzo antes de que fuera publicado el primer artículo sobre abuso clerical. Sacha Pfeiffer fue una de los cuatro reporteros de Spotlight de ese momento y todavía recuerda ese momento. "Teníamos curiosidad", explica, sentada en la cafetería del Globe, diario en el que todavía trabaja (aunque se fue brevemente a la radio pública antes de regresar). "Fue el desafío extremo del periodismo. La Iglesia era como impenetrable. No nos daba nada. ¿Cómo penetrás lo impenetrable?". Incluso después de haber comenzado la investigación, podría haber terminado repentinamente de no haber sido porque los reporteros encontraron y reconocieron el valor crítico de un abogado litigante poco conocido en Boston que, descubrieron ellos, ya llevaba años empujando las defensas de la Iglesia en favor de una creciente lista de clientes que decían que habían sido víctimas de abuso. El abogado era Mitchell Garabedian. La señora MacPherson estaba entre esos clientes.


Exactamente como se muestra en el film, Garabedian se mostró elusivo con el Globe. "Cuando ellos aparecieron, me pregunté si no estarían trabajando para la Iglesia", dice ahora en su oficina. "Pensé que el Globe podía ser un señuelo de la Iglesia. Boston es una comunidad cerrada, así que tenía mis sospechas porque, reconozcámoslo, hace falta un pueblo para criar a un chico y también hace falta un pueblo para tapar el abuso de un chico."


Pero el diario sí se ganó su confianza. Garabedian, quien ha representado a víctimas de abuso sexual durante treinta años, les dio la oportunidad que estaba en el corazón de la investigación original y de la narrativa que sostiene el film. El convenció a un juez de forzar a la Arquidiócesis a entregar sus propios archivos secretos detallando lo que ya sabía sobre sus sacerdotes abusadores y los niños a los que habían abusado.


"Tener los documentos internos de la Iglesia hizo que la historia fuera a prueba de balas", recuerda Bradlee. "La Iglesia no podía decir que era prejuicio anti católico ni de los medios. Teníamos los malditos documentos. De hecho, no pudieron decir nada excepto 'Sí, nos tienen'."


Mientras tanto, a través de un proceso de identificación y meticuloso cruce de referencia de movimientos y asignaciones de sacerdotes en directorios de la Iglesia –un proceso que dura tres minutos en la película pero que llevó semanas en la vida real–, el equipo vio la extensión completa del problema: había al menos 70 sacerdotes implicados sólo en Boston. Fue, admite Bradlee, "una historia única en la vida". El grupo Spotlight finalmente la dejó a principios de 2003 y se dedicó a otros asuntos.


Cuando dos productores de la Costa Oeste se acercaron por primera vez a los reporteros en 2008 para consultarlos sobre la posibilidad de hacer un film sobre su investigación a la Iglesia, éstos se mostraron dudosos e incluso desdeñosos. Y también los hicieron ponerse nerviosos. "Teníamos recelo de lo que Hollywood podía llegar a hacer con esta historia", concede Bradlee. "Esto no es sexo, no hay explosiones. ¿Cómo hacés cinematográfica la investigación periodística? ¿Cómo lidiás con el abuso sexual, que es un tema tan áspero?"


"Realmente pensé que era una muy mala idea que Hollywood tuviera algo que ver con nuestras vidas porque todo lo que iba a hacer sería avergonzarnos", agrega Pfeiffer, cuyo doble en la película es Rachel McAdams. No ayudó cuando los señores McCarthy y Singer llegaron a Boston y empezaron a acribillarlos con preguntas sobre ellos y sus vidas. "A veces eran temas muy personales, como que iban a meterse en dramas privados que iban a avergonzarnos a todos."


El film que hicieron ha sido muy elogiado en parte porque no demuestra ningún interés en nada de eso: no hay romances ni detonaciones. Y tampoco se obsesiona con el abuso en sí, con flashbacks dramáticos de sacerdotes en la casa de la gente o en sus sacristías sacando ventaja de sus presas. Simplemente pone al público al lado de los periodistas mientras hacen su trabajo. Y son presentados como personas resueltas y entregadas, pero también con defectos. No se trata de vender a los reporteros como héroes. De hecho, el propio Globe recibe un golpe cuando la película muestra cómo, años antes, el diario había publicado una historia sobre veinte sacerdotes a los que se acusaba de cometer abusos.

Inexplicablemente, había aparecido en las páginas interiores del diario y se había olvidado rápidamente, un hecho descubierto por los propios investigadores de la película. "Publicamos esa historia en 1993 y estaba en una página interior de la sección local", dice Robinson. "Aparentemente no hubo seguimiento. Y uno ve eso y piensa: 'Dios, ¿cómo no lo vimos como una señal?' Pero, así y todo, fuimos el primer diario en romper el código de toda esta porquería." Lo que los sorprendió a él y a sus antiguos colegas fue la atención por los detalles que le prestaban el director y los actores. Bradlee dice que se le "aflojaron las rodillas" cuando entró a la oficina de Spotlight recreada en un estudio de Toronto, ya que era perfecta, al punto de que tenía el mismo color de pintura en las paredes y las mismas fotos de las novias de los reporteros en los escritorios. Y si el film tiene bien cubierto todo eso es también en parte porque los reporteros reales estuvieron involucrados desde el comienzo leyendo guiones y ayudando a los actores a entender sus propios tics y gestos. Cuando vieron que en una escena Michael Keaton iba a caer tarde una noche al departamento de uno de los reporteros con una pizza y una botella de Jameson, lo objetaron. Hollywood cree que los periodistas toman Jameson. En realidad toman cerveza. Así que Keaton llevó cerveza.


Todos los involucrados ven al film como importante más allá de su valor como entretenimiento. Por ejemplo, Garabedian. De todos los protagonistas de la historia, él fue probablemente el que menos colaboró con el director. (Ni siquiera se juntó una vez con Stanley Tucci, quien lo interpreta, aunque sí habló con él por teléfono.) A él le importa porque amplifica lo que la cobertura del Globe hizo más de una década atrás, llevándole el tema a todo un nuevo público y, por lo tanto, espera, haciendo que nuevas víctimas de abuso en todas partes se sientan menos solitarias y olvidadas.


"La película no va a cambiar ni una pizca a la Iglesia. A ellos no les importa", afirma. "Pero, en sí misma, la película empodera a las víctimas para salir adelante, empodera a víctimas que ya han salido adelante, y debería hacer que el mundo sea más seguro para los chicos, porque genera que el público sea consciente de que tiene que estar atento a los chicos y protegerlos". Garabedian asegura que muchas víctimas lo han contactado en las semanas que pasaron desde el estreno de la película en Estados Unidos. También es importante para el Globe, que ha sufrido una década desde que dio a conocer la historia, igual que el resto de la industria de los diarios. Claramente, la película es un incentivo para la moral de ellos y también de cualquier periodista que la vea. "Es una oportunidad de recordarle a la gente la importancia del periodismo de investigación", afirma Pfeiffer. "Se está convirtiendo cada vez más en una especie en peligro de extinción. Si la gente no compra el diario, no vamos a tener los ingresos para hacer esa clase de trabajo". Bradlee acuerda y agrega que el film puede ayudar a revivir la profesión: "Esperamos que inspire a los jóvenes a no rendirse y a volver a este oficio".


¿Podrá ser el film también un recordatorio de la importancia del viejo periodismo impreso en el nuevo universo digital, donde la velocidad y los números de tráfico online a veces parece triunfar por sobre la integridad y la profundidad periodística? De hecho, la investigación de Spotlight se publicó en el momento exacto en que el Globe empezó a publicarse online. Debido a eso, la cobertura despegó más allá de Boston, dándole una llegada mucho más amplia –lo que, en su momento, también significó que los periodistas empezaron a recibir consejos de víctimas de todo el país e incluso del mundo–. "Creo que éste fue el primer opus investigativo grande de la era de Internet", dice Robinson.


La historia de Alexa MacPherson no aparece en el film, pero fue escrita como parte de la cobertura por el reportero de Spotlight Mike Rezendes, interpretado por Mark Ruffalo. Su archivo estaba entre aquellos liberados por la reacia Iglesia. Ella recuerda su rabia al leerlo. La única preocupación era silenciar al sacerdote que había abusado de ella y de sus hermanos y hacer que el caso desapareciera. "Pensé: '¿Cómo se atreven? Se preocuparon más sobre la Iglesia y sobre que él no hablara. Les importó un carajo sobre una nena de 9 años'".


Su prolongada furia contra la Iglesia –y apenas una semanas atrás, después de ver dos veces la película, explotó otra vez contra su madre por sus baños y ungüentos rosados– sólo se compara a su perdurable gratitud hacia el Globe. "Me dieron el triunfo sobre toda esa gente que me había dicho que era una mentirosa".


El Globe disfrutó de su Pulitzer y está disfrutando nuevamente con el resplandor de la película. Pero no hay premio más poderoso y conmovedor que MacPherson, una entre tantas víctimas, almacenando todas esas copias de ese único ejemplar durante tanto tiempo en una pequeña caja en su ático. Porque el diario le había salvado la vida.


The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

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Jueves, 07 Enero 2016 10:57

Caen represores guatemaltecos

Caen represores guatemaltecos

Los organismos de derechos humanos calculan que durante el régimen de Lucas García se registraron al menos 200 masacres al amparo del conflicto armado interno que atravesó el país entre 1960 y 1996. Arrestan a un diputado oficialista.


El general retirado Manuel Benedicto Lucas García, hermano del ex presidente guatemalteco Fernando Romeo Lucas García, y Francisco Gordillo, un ex miembro de una junta militar que encabezó Efraín Ríos Montt tras el golpe de Estado de 1982, fueron capturados ayer, junto a otros 11 militares, por fiscales del Ministerio Público de Guatemala. Otro de los detenidos fue Edgar Ovalle Maldonado, diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llegó al poder en los últimos comicios generales de la mano de la candidatura presidencial de Jimmy Morales, quien asumirá el poder el 14 de enero. Ovalle fungió como oficial militar y se lo acusa por hechos ocurridos en 1983 en el departamento de Alta Verapaz (Norte). Todos fueron acusados de los delitos de desaparición forzada y lesa humanidad.

La fiscalía informó en su cuenta oficial de Twitter que Lucas, quien fuera jefe del desaparecido Estado Mayor durante la presidencia de su hermano, que tuvo lugar entre 1978 y 1982, fue detenido en el departamento norteño de Alta Verapaz. La detención del ex militar fue autorizada por el Juzgado A de Mayor Riesgo, a pedido de la fiscalía de Derechos Humanos. Los organismos de derechos humanos calculan que durante el régimen de Lucas García se registraron al menos 200 masacres al amparo del conflicto armado interno que atravesó el país entre 1960 y 1996. El Ministerio Público dijo que las investigaciones que permitieron la captura del general retirado y de los otros ex militares durante los allanamientos que continuaban en Alta Verapaz y el departamento de Guatemala se extienden en el período que va de 1981 a 1988. "Hasta el momento se reporta la aprehensión de 13 personas sindicados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad", precisó la fuente de la fiscalía.

En conferencia de prensa, la fiscal general Thelma Aldana informó que las investigaciones contra los militares detenidos se iniciaron hace tres años por casos relacionados con la matanza de 268 pobladores en la aldea Plan de Sánchez, en Baja Verapaz, ubicada a 180 kilómetros al norte de esta capital, en 1982. La funcionaria indicó además que hay otros casos que se incluyen en la investigación por denuncias sobre un total de 558 restos óseos localizados en cementerios clandestinos de civiles que fueron víctimas en el conflicto armado que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

"Entre las principales causas de muerte de las víctimas de las atrocidades se determinó violencia extrema", indicó la fiscal. Y explicó que los restos fueron hallados luego de extensos procesos de búsqueda y rastrillaje que tuvieron lugar en cementerios clandestinos donde también se encontraron restos de lazos y cadenas. Por otra parte, Aldana indicó que algunas de las capturas corresponden a los militares que intervinieron en la cadena de mando que actuó en la zona militar número 21, en Baja Verapaz.

Entre estos detenidos se incluyen a cinco comandantes de dicha zona, que intervinieron entre los años 1978 y 1987, incluyendo al ex ministro de Gobernación (Interior) durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), coronel Byron Barrientos, quien fue procesado por un caso de corrupción durante su gestión, pero que finalmente fue dejado en libertad. Como parte de la cadena de mando por el caso Plan de Sánchez también fue detenido el jefe del Estado Mayor General del Ejército entre 1981 y 1982, general retirado Manuel Benedicto Lucas García. Este último era hermano del también general Romeo Lucas, quien en ese tiempo era presidente de Guatemala (1978-82) y cuyo gobierno estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y matanzas en la ciudad y el campo en el marco del conflicto armado interno.

Lucas, quien falleció por enfermedad en 2006 en Venezuela, fue derrocado en marzo de 1982 por un movimiento de oficiales jóvenes luego de que tuvieran lugar unas elecciones marcadas por el fraude que habían declarado triunfador al también general Angel Guevara. El golpe de Estado llevó al poder a un triunvirato militar encabezado por el general Efraín Ríos Montt (198283), actualmente procesado por genocidio. Uno de los integrantes de esa junta era el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quien también fue capturado este día.

Gordillo es sindicado como responsable de la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theisen a manos de militares pertenecientes a la zona militar de la cual era comandante general en el departamento de Quetzaltenango, ubicada 230 kilómetros al oeste de esta capital. Por este caso también fueron detenidos otros tres ex oficiales de alto rango del Ejército guatemalteco.

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Lunes, 28 Diciembre 2015 07:18

Reclamo por los 43 estudiantes

Reclamo por los 43 estudiantes

Los familiares de los jóvenes desaparecidos marcharon, rezaron e insistieron con un encuentro privado con el Papa. Francisco los invitó a la misa que celebrará el 17 de febrero en Ciudad Juárez, en el norte de México.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron recordados con una marcha y una misa en la mayor iglesia católica de México al cumplirse 15 meses de su de- saparición. Sus familiares ratificaron su demanda de que el papa Francisco los reciba cuando visite el país en febrero. "Aparte de la fortaleza que nos dan la sociedad y los ciudadanos, le recordamos al presidente, Enrique Peña Nieto que el dolor no se puede superar", afirmó Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los parientes de los desaparecidos, junto a cientos de personas, marcharon anteanoche desde el Zócalo hasta la basílica de Guadalupe, en el norte de la capital, donde se celebró un oficio religioso. "Ya le enviamos un mensaje al papa Francisco para que los reciba", dijo el sacerdote jesuita Sergio Cobo, quien conversó con los familiares en ese templo.

Los padres de los alumnos desaparecidos fueron invitados a asistir a una misa al aire libre que Francisco celebrará el 17 de febrero en Ciudad Juárez, en el norte de México, pero no está previsto un encuentro privado con el pontífice.

"Hoy, a 15 meses, para nosotros es desesperante no saber el paradero de nuestros hijos. Estamos luchando para que aparezcan con vida", dijo Bernabé Abraham Gaspar, campesino y padre de uno de los estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. La marcha, organizada por padres de los jóvenes, estudiantes y varias organizaciones sociales, se planteó como una procesión, una caminata entre dos de los principales puntos religiosos de la ciudad, la Catedral Metropolitana y la basílica.

"El mundo en estas fechas se apega mucho a lo espiritual y hoy queremos hacer apego a la sociedad de la Ciudad de México para que nos acompañe. Porque si el gobierno mexicano le apuesta al cansancio, al tiempo y al olvido, nosotros les recordamos cada 26 que esto, el dolor, está latente", explicó el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz. En la manifestación pudieron leerse pancartas y se escucharon reclamos de justicia, críticas al Gobierno Federal y la demanda de aparición con vida de los jóvenes.

Asimismo, y a pesar del trasfondo religioso de la marcha, también se criticó la no intervención de la Iglesia ante la tragedia de las desapariciones en México, que suma más de 26.000 casos desde finales de 2006. "Es un llamamiento por todos los desaparecidos y sobre todo a esa Iglesia que tenemos que está sorda y que es omisa al dolor de los padres. La Iglesia como tal está al servicio del Gobierno, más no de la ciudadanía", explicó la manifestante Beatriz Leticia García, una maestra y madre que protesta cada 26 de mes. En estos días, padres de los 43 chicos desaparecidos instalaron pinos navideños en el Distrito Federal, Iguala, Chilpancingo y Tixtla con imágenes de los jóvenes colgadas, para mandar el mensaje de que siguen buscándolos. "Tenemos la seguridad que vamos a encontrar los jóvenes con la verdad histórica hecha pedazos por los expertos mediante estudios científicos", afirmó hoy De la Cruz.

Los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado sureño Guerrero, desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014, en un ataque de policías municipales de la vecina Iguala que también dejó seis muertos y 25 heridos. Según diversos testimonios, los 43 chicos fueron entregados por policías de Iguala a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e hicieron desaparecer sus cuerpos. Sin embargo, los restos de dos de ellos fueron identificados mediante exámenes genéticos en la Universidad de Innsbruck, Austria.

El gobierno de México sostuvo durante un año la hipótesis de que los jóvenes fueron trasladados a Cocula, ciudad cercana a Iguala, donde los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero municipal. No obstante, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que no encontró evidencia de un incendio de la magnitud del que se hubiera precisado para calcinar los restos de los 43 muchachos.

Dos de los padres de las jóvenes víctimas de Ayotzinapa denunciaron a principios de diciembre la falta de colaboración del Estado y aseguraron que siguen con la esperanza de encontrarlos con vida. "Sabemos que nos estamos enfrentando a un monstruo que es el Estado, que es muy difícil de derrotar", dijo Mario César González Hernández, padre del estudiante César Manuel González. "Este gobierno nunca nos ha querido ayudar, al contrario, nos ha privado de saber la verdad", dijo en entrevista con el diario chileno El Mostrador, Clemente Rodríguez, padre del joven desaparecido Christian Alfonso Rodríguez. Clemente y Mario César participaron en un encuentro en la Universidad Central de Santiago organizado por la Asociación de Estudiantes para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

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