MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Militares, FARC y civiles: cómo será la justicia especial en Colombia


El acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz trae aparejado una serie de interrogantes y críticas por parte de la oposición y organismos internacionales.

 

Al día siguiente de que el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaran el acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz, el que se refiere a las víctimas e incluye el peliagudo capítulo de la justicia especial, el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos comenzó una campaña que pretendía ser pedagógica. El resultado, sin embargo, se acerca más a una operación de marketing con la mirada puesta en el 23 de marzo, fecha en la que previsiblemente se firmará la paz, y al plebiscito que tendrá que aprobar los últimos pactos que salgan de la mesa de negociaciones de La Habana.

El 15 de diciembre ambas delegaciones reforzaron un pacto en el que se establece la creación de un Tribunal Especial para la Paz sustentado en el principio "del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de la responsabilidad". Este organismo, conformado por magistrados que se elegirán de manera independiente, podrá juzgar a combatientes y no combatientes. Una vez que Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, pronunció estas palabras, comenzaron las preguntas y las críticas, esencialmente desde la bancada del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, a las que se unió un duro informe de Human Rights Watch que calificó el acuerdo de "cúmulo de promesas vacías".

Tras las dudas y los ataques, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y uno de los miembros de la mesa en Cuba, la Fiscalía del Estado y el propio Santos han comparecido en menos de dos semanas en múltiples ocasiones para intentar aclarar, entre otras cuestiones, quiénes se sentarán en el banquillo y cómo les afectará la denominada justicia especial.

¿A quién afecta?

A guerrilleros de las FARC, agentes del Estado, como los militares, y no combatientes, es decir, civiles que de alguna manera hayan estado involucrados en estos más de 50 años de guerra.


¿Cómo serán juzgados los militares y las fuerzas de seguridad del Estado?

Se someterán a la misma Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que las FARC, según anunció Santos durante un acto de ascenso de generales de las Fuerzas Militares. "Esta decisión no fue negociada o acordada en Cuba, sino que fue tomada de manera autónoma por el Gobierno", aclaró. Desde un primer momento, el Ejecutivo ha intentado marcar cierta distancia con la guerrilla asegurando que los militares tendrán "un trato equitativo, nunca en inferioridad de condiciones, pero diferenciado", ya que se trata de "agentes en el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales".

En ese mismo acto el presidente recordó que "solo serán acusados y juzgados los mandos directamente responsables" y que las sentencias se cumplirás en prisiones de la fuerza pública, no en instituciones ordinarias como se establece para el resto de combatientes involucrados en el conflicto.


¿Y los guerrilleros de las FARC?

 

El Tribunal de la Paz podrá dictar tres tipos de sentencias para los guerrilleros. Quienes reconozcan delitos muy graves tendrán una pena de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Por el momento se desconoce dónde serán destinados estos combatientes, quién se encargará de su custodia y qué tareas podrían realizar durante el tiempo de condena.

Quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias. En este caso tampoco se han detallado en qué prisiones serían recluidos ni en qué régimen. Para los que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias. Sin más detalles.

Solo se contempla la amnistía y el indulto para "los delitos políticos y sus conexos", del que se podrían beneficiar hasta 15.000 guerrilleros. Jaramillo anunció que estudiarían en próximas conversaciones con la guerrilla una serie de crímenes comunes que podrían pasar a formar parte de esta categoría. Por el momento se desconoce si el narcotráfico será uno de ellos. "No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra".


¿Quiénes son los civiles que han participado en el conflicto y qué les puede suceder?

 

"Colombianos comunes y los empresarios que de alguna forma hayan podido violar la ley en medio de esta guerra", dijo Santos en una tercera comparecencia pública el 23 de diciembre "a petición de muchos". Algunos de los civiles a los que se refirió aparecen en más de 13.000 expedientes en posesión de la Fiscalía, por lo que el mandatario quiso mandar "un mensaje de tranquilidad", además de "garantizar su seguridad jurídica".

Se considera víctimas a "aquellos que colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas", y, por tanto, su comportamiento no será juzgado. "Los civiles, antes que nada, han sido víctimas y no los vamos a victimizar de nuevo", aclaró. "Se les podrán aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal. No tienen nada que temer".

Por otro lado, se refirió a quienes "participaron voluntariamente, por su propia iniciativa con grupos armados". En ningún momento mencionó al paramilitarismo ni a posibles empresarios o autoridades públicas que pudieran haber financiado a estas bandas. "Estas personas podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz, en especial aquellos que haya cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y desplazamiento forzado". Las sanciones para quienes sean considerados culpables "no superarán la duración de las establecidas para los demás responsables".

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Aumenta la tensión en Chicago tras la muerte de dos personas de raza negra por disparos de un policía

El agente mató a una mujer de 55 años y un joven de 19 al intervenir en una discusión familiar. El caso se produce días después de que cientos de manifestantes pidieran la dimisión del alcalde por encubrir a un policía que mató a un menor negro el año pasado.

Un policía ha matado a dos personas, una mujer de 55 años y un joven de 19, ambos de raza negra, en la ciudad de Chicago este sábado al intervenir en un caso de violencia doméstica, según fuentes oficiales y medios.

La Policía informó en un comunicado de que Bettie Jones, madre de cinco hijos, fue herida de un disparo "de forma accidental y falleció trágicamente" el sábado por la noche cuando los agentes acudieron a una llamada en la que un hombre decía que era amenazado en su casa.

Al parecer, el hijo del hombre amenazado, Quintonio Legrier, estudiante de ingeniería, estaba golpeando con un bate de béisbol la puerta de su dormitorio y los agentes afirman que tuvieron que enfrentarse a "una persona combativa" y que sus disparos le causaron la muerte.

Este nuevo hecho de violencia policial en Chicago se produce una semana después de que cientos de personas se manifestaran para exigir la dimisión del alcalde, Rahm Emanuel, al que acusan de haber encubierto a un policía blanco que el año pasado mató a un joven negro.

La protesta se basó en la publicación en noviembre de un vídeo en el que se ve al joven Laquan McDonald, de 17 años y que iba armado con un cuchillo, corriendo, aparentemente alejándose de un grupo de policías, cuando recibe el primero de los 16 balazos. La policía de Chicago ya ha sido condenada en otras ocasiones por el uso excesivo de la fuerza.

Un juez federal de Estados Unidos determinó el 14 de diciembre pasado que la Policía de Chicago hizo un uso de "fuerza excesiva" en el incidente que precedió a la muerte de un detenido de raza negra, Philip Coleman, de 38 años, en 2012 y que fue arrastrado por las esposas durante varios metros.

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Cuatro mujeres son asesinadas cada día en Colombia

Desde el año 2009 hasta 2014 en Colombia se hicieron 8.020 necropsias a mujeres víctimas de violencia de género. La mayoría tenía entre 20 y 24 años. El 44,48% eran solteras y el mayor número de asesinatos se presentó los fines de semana. Las cifras dejan al descubierto una trágica realidad: el crecimiento continuo de la violencia contra la mujer que termina con su muerte. Así lo plantea el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su segundo informe sobre la problemática.

"En promedio durante este periodo fueron asesinadas en Colombia cuatro mujeres por día", señala la investigación. Pero pudieron ser más. Nadia Zabala, directora de eliminación de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia de la Alcaldía de Bogotá, habla de las casas refugio en donde se acoge a supervivientes de feminicidios, a víctimas de esposos violentos, a mujeres que huyen de sus parejas. Allí encuentran la salvación.

Las primeras noches muchas no pueden dormir, tienen sobresaltos, están asustadas. "La mayoría presenta afectación psicológica", cuenta Zabala. En estas casas, con cupos para 42 personas, el 70% son niños. Los hijos de las mujeres que después de ser valoradas por una Comisaría de Familia son clasificadas como aquellas en riesgo de ser asesinadas por sus parejas.

Las casas refugio surgieron en el marco de la Ley 1257 de 2008, que busca garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Más de 2.000 han pasado por estos hogares en Bogotá desde el año 2013.

"El 70% de las víctimas al salir de los refugios no ha vuelto con su agresor", celebra Zabala. El tiempo máximo de permanencia en estos lugares es de cuatro meses. Tienen de forma gratuita atención médica, psicológica, jurídica, comida y techo.

"Salen de allí con una visión distinta sobre ellas mismas. Se ubican en un lugar diferente del que estaban ante sus parejas". Zabala prefiere no mencionar casos particulares e insiste en que los medios de comunicación no pueden entrar a estos lugares. "Debemos protegerlas", repite. Cuenta que todas las mujeres que acuden allí deben ser mayores de 18 años.


Todos por las mujeres

 

Zabala también habla de iniciativas como la línea púrpura, creada a inicios de este año para asistir vía telefónica a las mujeres que están atravesando por un episodio de violencia. "No es un número de emergencias. Es un contacto para ser escuchadas, para hablar con psicólogas, enfermeras", explica. Se detectan posibles casos de agresiones, se hacen seguimientos, se acompañan a las mujeres al otro lado del teléfono.

Según Medicina Legal, el proyectil de arma de fuego es la causa de la mayoría de las muertes de las mujeres en el periodo que se analizó. Le sigue el arma cortopunzante, la asfixia y el estrangulamiento. El documento además señala que el 73% de los homicidios ocurre en las cabeceras municipales, en la vía pública, en la calle y en las carreteras. También hace referencia a un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que considera a América Latina como la segunda región del mundo más peligrosa para las mujeres.

Bolivia, Colombia, Guatemala, Bahamas y Honduras son los países de la región con índices considerados muy altos, debido a que hay más de seis crímenes contra mujeres por cada 100.000 de ellas. Colombia además está en la lista de países en donde intervinieron las armas de fuego en más del 50% de los asesinatos.

Para Zabala, la Ley Rosa Elvira, expedida este año, es una muestra de "cómo el país le está poniendo el pecho a la violencia de género". Esta normatividad, promovida tras la violación, tortura y asesinato en mayo de 2012 de una joven de nombre Rosa Elvira en un parque de Bogotá, tipificó por primera vez el feminicidio como un delito autónomo. Se estableció entonces que quien mate a una mujer por cuestión de género pagará penas hasta de 50 años de cárcel. Colombia se sumó así a otros 15 Estados de América Latina que tienen normativa jurídica para este delito y fortaleció la Ley 1257 de 2008, que hasta ahora era la única que defendía la vida de las mujeres.

Sin embargo, aún no existen cifras claras sobre feminicidios. Medicina Legal explica que con los datos recopilados no es posible establecer con exactitud qué homicidios de mujeres corresponden a esta clase de crimen, pero aclara que la información analizada da indicios sobre los posibles tipos de feminicidios predominantes y no cabe duda de que gran parte estaría en el contexto de la violencia intrafamiliar [feminicidios íntimo de pareja o expareja, feminicidio familiar y el infantil]. Por otro lado, también predominan aquellos por ocupaciones estigmatizadas, en concreto, la prostitución.


Desde los medios

 

La iniciativa No es hora de callar, promovida por el diario nacional El Tiempo y liderado por la periodista víctima de un secuestro y violación Jineth Bedoya, se ha sumado a las leyes para contribuir en la lucha contra el maltrato por cuestión de género.

Desde hace cuatro años, gracias a esta iniciativa, los equipos de fútbol se unen en una sola voz para animar a las mujeres a denunciar agresiones. El pasado mes de noviembre los jugadores de ocho equipos del torneo de fútbol colombiano saltaron a la cancha con la misma camiseta: la que exige el respeto por la vida de las mujeres.

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"El acuerdo de paz en Colombia es un cúmulo de promesas vacías"

El acuerdo para la reparación de las víctimas del conflicto colombiano cerrado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es un compendio de "ambigüedades, omisiones y lagunas" que lo convierten, "en el mejor de los casos, en promesas vacías". Y, en el peor de ellos, si no se hacen las debidas correcciones, en una potencial "piñata de impunidad" que beneficiará tanto a guerrilleros como a agentes del Estado implicados en crímenes de guerra o de lesa humanidad durante el largo conflicto sudamericano. La evaluación del pacto anunciado este mes en La Habana entre Gobierno y las FARC que ha realizado Human Rights Watch (HRW) no ahorra críticas.


"No creemos que se pueda pretender fundar una reconciliación o un proceso de paz sobre la base de la injusticia. Y lo que este acuerdo esconde es eso, injusticia", advirtió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en rueda de prensa este martes en Washington.


La ONG de derechos humanos encargó a una decena de abogados de diversos países y especializaciones el análisis de las 63 páginas del acuerdo sobre el crucial punto 5 de las negociaciones de paz anunciado el 15 de diciembre en La Habana. Su conclusión: "Se trata de un acuerdo de impunidad, es un pacto entre gobierno y FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado colombiano", subrayó Vivanco.


A HRW le preocupa desde la forma en que se pretende conformar el tribunal especial que atenderá los casos, cuya independencia pone en duda, a las alternativas propuestas a las penas de cárcel y la posibilidad de que los procesados puedan ejercer cargos políticos incluso cuando estén cumpliendo sentencia. "Ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, de lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo esa pena", subrayó la ONG, que también cuestionó las condiciones previstas para el cumplimiento de dichas penas.


"Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves", recordó Vivanco. Sin embargo, agregó, este acuerdo "va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni remotamente serio", lamentó y pidió explicaciones a las partes: ¿significa este acuerdo que cualquier condenado que proponga un proyecto "restaurativo y reparador" se librará de la privación de libertad y que si este proyecto dura menos de los cinco años de cárcel mínimos previstos se considerará saldada la deuda con la justicia? ¿Por qué no se especifican sanciones para quienes no cumplan ni siquiera estos compromisos?


Según Vivanco, Colombia aún está "a tiempo de corregir" algunas de las graves lagunas y ambigüedades que HRW dice ver en el acuerdo. Si no lo hace, alertó, "vamos directamente frente a una colisión ante órganos internacionales de protección de derechos humanos".

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Miércoles, 18 Noviembre 2015 15:48

Los extraños de la planta baja

Los extraños de la planta baja

 

Edición 2015. Formato: 14 x 21 cm, 172 páginas
P.V.P.: $ 27.000  ISBN:978-958-58826-8-3

 

Reseña:

Los libros de Francesca Gargallo quieren destapar los otros mundos que  en este mundo tienen el volumen del suburbio.Consagrados a ello, van penetrando dimensiones: como el poder, el amor y la amistad; en una plabra: las relaciones humanas.En los extraños de la planta baja el lector tropezara con el anarquista Simón, viejo y borracho que algo tiene de fantasma de una aristrocracia decadente. Alrededor de este fantasma se da la gran revuelta: la amistad como espacio de revelaciones, entre mujeres y entre algunos hombres.

Como torrende de agua que va limpiando inmundicias Francesca nos muestra amores no ligados estrictamente a la pareja, sino a la libertad; también se despacha con críticas a la moral guerrillera que mucho usuró de la moral del evangelio con su tendencia ala martirio.

Escribiendo , dando clases y peleando.Francesca se resiste brutalmente a un mundo dominado por el deber ser y sus archipielagos de normas, escritas y no escritas.Los que la conocemos los sabemos:busca el envés.

 

Róman Cortázar Aranda.

 

Reseña Le Monde diplomatique, edición Colombia, agosto 2015

 

Francesca Gargallo Celentani.Escritora méxicana nacida en Sicilia. es fundadora de las carreras "Filosofía e Historia de las Ideas" y "Literatura y Creación Literaria" en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una de las iniciadoras del suplemento "Todas" del diario Milenio de la Ciudad de México, donde aún colabora. Además de escribir novelas, cuentos infantiles y poesía hace investigación en temas de pueblos originarios y feminismos.

 

 

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Lunes, 16 Noviembre 2015 06:32

"Debe haber rendición de cuentas"

"Debe haber rendición de cuentas"

Watt, abogado de la ACLU (organización pro libertades civiles), demandó a Mitchell y Jessen, quienes vendieron un programa de torturas a la agencia de inteligencia norteamericana. Se aplicó en cárceles de Irak y Afganistán entre 2002 y 2005.

 


Steven Watt, abogado de derechos humanos estadounidense, demandó hace pocos días en una Corte Federal de Washington a los dos psicólogos que manejaron el programa de torturas de la CIA. Los psicólogos se llaman James Mitchell y Bruce Jessen.
Se trata de una llamativa novedad, porque hasta ahora sólo un puñado de soldados y un contratista de la CIA han sido procesados por abusos cometidos en las cárceles de Irak y Afganistán. Cada vez que se intentó llevar a juicio a los verdaderos responsables del programa de torturas, los abogados del gobierno, tanto el de George W. Bush como el de Barack Obama, invocaron "secretos de Estado" para frenar los juicios.


"Esta vez es diferente" dice Watt, abogado de la ACLU (organización pro libertades civiles) al teléfono desde Nueva York el martes pasado. "Esta vez no pueden decir que lo que salga del juicio puede dañar el interés nacional porque la información ya no es secreta: tanto el programa de Mitchell y Jessen como las torturas que recibieron mis defendidos están detallados en un informe del Senado sobre tortura que se publicó en diciembre del año pasado. Ya le hemos escrito a la fiscal general Loretta Lynch para pedirle que se abstenga de intervenir."


Antes del 11-9, los psicólogos Mitchell y Jessen trabajaban para el Ejército estadounidense en programas de resistencia a los interrogatorios de fuerzas enemigas. Según el informe del Senado, Mitchell y Jessen convirtieron el programa de supervivencia en un programa de torturas y se lo vendieron llave en mano a la CIA. Pero, claro, entre lo que hicieron en el Ejército y lo que harían en la CIA había una enorme diferencia. En el programa de supervivencia los soldados sabían perfectamente cuánto iba a durar cada ejercicio y tenían "palabras seguras" que podían invocar cuando sentían que no podían resistirlo. En cambio los prisioneros de la CIA eran torturados sin parar durante días enteros.


Peor aún, Mitchell y Jessen inventaron una teoría pseudocientífica para justificar la tortura, basándose en los experimentos en perros que un psicólogo llamado Martin Seligman había conducido en los años 60 desde la Universidad de Pennsylvania.

Picaneando perros amarrados y registrando los resultados, Seligman había desarrollado el término de "desesperanza aprendida" (learned helplessness, en inglés). Esto es, en largas sesiones de picaneo en los tobillos del animal, cuando finalmente se resigna a que no va a poder zafar de sus amarras y por más que ladre y se queje no van a dejar de picanearlo, el perro deja de resistir los shocks eléctricos y se queda quieto y agachado, en completo estado de sumisión, por más que sigue padeciendo un dolor inaguantable.


Esto es "desesperanza aprendida" y es lo que, según numerosas evidencias, Mitchell y Jessen le vendieron a la CIA. Y al menos entre el 2002 y el 2005 la aplicaron en cárceles de Irak y Afganistán, junto a torturadores entrenados por ellos, registrando resultados y sacando conclusiones bajo el disfraz del guardapolvo blanco, en al menos 119 víctimas.


Desde el gobierno nadie opuso reparos. Al contrario. Sobre los escombros humeantes de las Torres Gemelas el entonces presidente estadounidense George W. Bush había prometido: "Vamos a quemar sus madrigueras, los vamos a hacerlos correr, y después los traeremos a enfrentar la Justicia" y al poco tiempo autorizaba y ponía en funcionamiento un programa de torturas, secuestros, traslados secretos a terceros países y detenciones prolongadas sin derecho a la defensa que se aplicó a ¿decenas?, ¿cientos?, de sospechosos de ser terroristas. Algunos de esos sospechosos serían eventualmente liberados tras demostrar que no tenían nada que ver, otros terminarían muertos en la sala de tormentos sin haber podido defenderse y todos, terroristas o no, sufrirían de por vida los efectos de pasarse semanas enteras atados, desnudos y muertos de frío, en celdas oscuras y vacías, sin poder dormir por la música a todo volumen, con golpizas y submarinos y manguerazos y asfixias con bolsas de plástico durante horas sin parar y humillaciones diarias con perros y excrementos y páginas del Corán. Todo bajo la atenta supervisión, a veces en persona, de los dos psicólogos, que por entonces se habían retirado del Ejército para abrir la consultora Mitchell, Jessen & Associates, una academia de tortura que lleva facturados al menos 8,1 millones de dólares del gobierno estadounidense.


Sin embargo, más allá del palabrerío pseudocientífico con el que Mitchell y Jessen llenaban su informes, el informe de Senado concluyó lo ya se sabía en cualquier ámbito científico y académico medianamente serio. Esto es, que la tortura no sirve para obtener información porque el torturado va a decir cualquier cosa con tal de que dejen de torturarlo. En el caso puntual de los los psicólogos Mitchell y Jessen, el informe afirma que no aportaron ninguna información valiosa.


Claro que Mitchell y Jessen no son los únicos responsables de haber degradado la condición humana y averiado la autoridad moral de Estados Unidos. Numerosos documentos muestran que la CIA quería torturar y por eso aceptó rápidamente la propuesta de los psicólogos. Y que el entonces presidente Bush autorizó el programa, que el vice Dick Cheney
y la asesora de Seguridad Nacional Condoleeza Rice, entre otros, alentaron y apoyaron la práctica. Albert Gonzalez, John Yoo y Jay Bybee, entre otros, defendieron la legalidad del programa desde el Departamento de Justicia, llegando a redefinir el concepto de "tortura", muy cerca de la idea de "daño permanente", de manera tal de que prácticamente haría falta mutilar o enloquecer a una persona para que se la considere torturada.


Sin embargo, aunque el actual presidente estadounidense Barack Obama ordenó el cese del programa de torturas ni bien asumió, en el 2008, y reconoció que "torturamos a algunas personas" cuando se conoció el informe del Senado, su gobierno ha protegido a los torturadores materiales e intelectuales, a tal punto que al conocerse el informe Obama acompañó su reconocimiento de la tortura con una peligrosa justificación: "Entiendo por qué sucedió. Es importante que miremos atrás y recordemos lo asustada que estaba la gente. No se sabía si más ataques eran inminentes. Y había una enorme presión sobre nuestras fuerzas de seguridad y sistema judicial para enfrentar la amenaza".


Watt, el abogado, y equipo, representan a tres víctimas: el keniata Suleimán Abdullah Salim, que hoy vive en Tanzania; el libio Mohamed Ahmed Ben Soud, que hoy vive en su país, y la familia del afgano Gul Rahman, muerto por hipotermia en una cárcel de su país mientras era torturado. Acusaron a los psiquiatras no sólo de torturas sino también de experimentación humana sin la autorización de las personas utilizadas en el experimento.


"Nunca le pidieron perdón. Nunca ofrecieron una reparación. A la familia de Rahman ni siquiera le dieron la confirmación oficial de su muerte. Hago esto porque llegué a conocerlos y hablé mucho con ellos y pude ver lo que sufrieron y cómo no pueden avanzar con sus vidas si no pueden darle un cierre a su terrible experiencia –dice Watt–. Pero también lo hago por nosotros, por nuestro país. Como sociedad no podemos avanzar si no asumimos la responsabilidad de nuestros actos."


Para Watt, la postura de Obama de reconocer los crímenes mientras protege a sus autores raya en la hipocresía. "Me parece absurdo lo que hace Obama. Con la transparencia no alcanza. Si hay reconocimiento debe haber rendición de cuentas."
¿Y cómo se puede saber si la CIA dejó de torturar, como le ordenó Obama, cuando todavía no reconoció que al menos lo venía haciendo hasta hace poco? se le pregunta. "Precisamente, no podemos estar seguros. De hecho la cárcel de Guantánamo sigue abierta y la encarcelación ilegal es una forma de tortura."


Watt dice que es importante la atención internacional al tema, sobre todo de países latinoamericanos que han sufrido el terrorismo de Estado. "Quisiera que aprendamos la lección de Chile y Argentina. Ningún país donde hubo secuestro, torturas y desapariciones forzadas puede avanzar sin no se hace una verdadera rendición de cuentas."


Reconoce que los psicólogos son peces relativamente pequeños en el estanque de los culpables de torturar, pero dice que hay otras acciones legales en marcha y que todo forma parte de una estrategia legal, y por qué no, mediática, para alcanzar una rendición de cuentas exhaustiva.


"Esta vez es diferente", se esperanza Watt, nuevamente, antes de colgar.


santiagoodonnell.blogspot.com.ar

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Sábado, 14 Noviembre 2015 06:50

También las guerras tienen reglas

También las guerras tienen reglas

Nadie discute que fue el ejército estadounidense el que en la madrugada del sábado 3 de octubre llevó a cabo el ataque aéreo contra un hospital de la ciudad de Kunduz, en Afganistán. El ataque contra el centro asistencial de Médicos Sin Fronteras, el Centro de Trauma de Kunduz, fue devastador y provocó la muerte de al menos 30 personas. Los pacientes de la única unidad de cuidados intensivos de la región murieron incinerados en sus camas. Integrantes del equipo médico perdieron la vida a causa de bombas de metralla que les arrancaron las extremidades. Al menos una persona fue decapitada por el impacto.

Mientras la gente huía del edificio en llamas, el helicóptero de combate aéreo AC-130 de Estados Unidos los masacraba desde el aire con armas automáticas. Médicos y otros integrantes del personal hospitalario recibieron disparos cuando corrían hacia otro sector del complejo intentando ponerse a salvo.


El Centro de Trauma de Kunduz estaba en el mismo lugar, practicando miles de cirugías y brindando tratamiento a decenas de miles de personas en la sala de emergencias, desde hacía cuatro años. Médicos Sin Fronteras, conocida internacionalmente por su nombre en francés Medecins Sans Frontieres o MSF, le había proporcionado en repetidas oportunidades las coordenadas de GPS exactas del hospital a funcionarios de gobierno de Estados Unidos y de Afganistán. Jason Cone, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras Estados Unidos dijo en el noticiero "Democracy Now!": "Como condición previa a la apertura del hospital, negociamos con Estados Unidos, con Afganistán y con la OTAN, así como con las fuerzas de la oposición, con el Talibán. Recibimos el apoyo de todos esos grupos para operar este hospital". Cone continuó: "Como parte de las negociaciones se acordó que proporcionaríamos nuestras coordenadas de GPS a las distintas partes. Se las proporcionamos incluso recientemente, el 29 de septiembre. Eso fue para reforzar el hecho de que sabíamos que estaban pasando cosas. Empezaban a llevarse a cabo más bombardeos y se nos dijo que esa era la forma de garantizar la protección de nuestras instalaciones".


El 29 de septiembre fue un día de gran importancia en Kunduz, donde se venían librando batallas por el control de la ciudad entre el Talibán y las fuerzas afganas desde el mes de abril. El 28 de septiembre, una unidad del Talibán de tan solo 500 hombres, según se informó, logró derrotar a los 7.000 soldados del Ejército Nacional Afgano allí apostados, tomando así el control de Kunduz. Fue la primera ciudad importante que el Talibán reconquistó desde el inicio de la invasión y posterior ocupación por parte de Estados Unidos en octubre de 2001, cuando los talibanes fueron expulsados del poder. Médicos Sin Fronteras sabía que la primera línea del conflicto les golpeaba la puerta y que el hospital se vería inundado por muchas víctimas más. Cone afirmó: "Este hospital estaba abierto desde hacía cuatro años. De hecho, esa noche se trataba probablemente del edificio más iluminado de toda la ciudad de Kunduz, que tiene una población de unas 300.000 personas, porque teníamos generadores funcionando esa noche. Por lo que estaba bien iluminado y resultaba fácilmente visible desde el cielo. Además, se trataba de uno de los edificios más conocidos de la zona".


Cuando le preguntamos si el ataque constituía un crímen de guerra, Jason Cone empleó las palabras precisas de un trabajador de ayuda humanitaria: "Se ha discutido mucho si se trató o no de un error. La intencionalidad o no no es necesariamente el umbral que hay que atravesar para que constituya una grave violación del derecho humanitario internacional. Si el ejército no logra distinguir entre blancos militares y civiles, como en este caso, desde nuestro punto de vista y en función de todo aquello que sabemos, consideramos que son culpables de violar el derecho humanitario internacional".


MSF llevó a cabo una exhaustiva investigación interna y compartió sus conclusiones con el gobierno de Estados Unidos, la OTAN y el gobierno afgano. Al día siguiente, la dieron a conocer públicamente. Cone sostuvo: "Es parte de nuestros esfuerzos para cooperar con la investigación. Pero aún así, sentimos que es necesario que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial del bombardeo". MSF solicitó al gobierno estadounidense que acepte la intervención de la Comisión Humanitaria Internacional, un organismo con sede en Suiza fundado hace casi un cuarto de siglo en el marco de la Convención de Ginebra con el cometido específico de investigar posibles crímenes de guerra. Hasta la fecha, nunca se le encomendó a la mencionada comisión que realice ninguna investigación. Paralelamente, quienes perpetraron el ataque, es decir el gobierno de Estados Unidos, la OTAN y el gobierno afgano, llevan a cabo sus propias investigaciones. El pedido público de Médicos Sin Fronteras de que se lleve a cabo una investigación independiente cuenta con el apoyo de una petición mundial que hasta el momento ha sido suscrita por 500.000 personas.


Tres semanas después del ataque registrado en Kunduz, otro hospital de Médicos Sin Fronteras sufrió un ataque; esta vez en Yemen. El hospital recibió varios ataques en el transcurso de dos horas, aún cuando en el techo figuraba el logo de MSF y las coordenadas de GPS habían sido proporcionadas en múltiples oportunidades a la coalición que encabeza Arabia Saudita. Todo indica que el Ejército de Arabia Saudita lanzó el ataque, haciendo uso de los bombarderos y las armas proporcionadas por Estados Unidos.


Cone afirmó en relación con el ataque en Yemen: "Definitivamente constituye una violación al derecho humanitario y hemos estado en contacto directo con autoridades saudíes en relación a ello. Desafortunadamente, han modificado su versión en varias oportunidades. Para nosotros, se trata simplemente de reforzar el hecho de que existe la Convención de Ginebra, de que esa Convención rige las leyes de guerra. No somos ingenuos. Somos conscientes de los riesgos de trabajar en zonas de guerra.

Venimos trabajando en ellas desde hace más de 40 años. Sin embargo, es necesario saber que los gobiernos continúan respetando esas reglas, porque son las reglas que nos permiten seguir enviando gente a las regiones en guerra para tratar a las víctimas".


El horror vivido durante el ataque al hospital de Kunduz nunca abandonará a la enfermera de MSF Lajos Zoltan Jecs, que dormía en un lugar seguro dentro del hospital cuando impactaron las bombas. "Intentamos entrar a uno de los edificios en llamas. No puedo describir lo que se vivía en el interior. No hay palabras para transmitir lo terrible que era. En la Unidad de Cuidados Intensivos había seis pacientes que se estaban quemando vivos en sus camas. Vimos morir a nuestros compañeros. A nuestro farmacéutico... La noche anterior había estado hablando con él y planificando el stock y después murió ahí en nuestra oficina", relató.


Por el momento, ninguno de los ataques contra los hospitales ha sido mencionado en los debates o foros presidenciales de Estados Unidos. Es necesario que se lleve a cabo una completa investigación de estos crímenes para hacer que los responsables rindan cuentas. Y es necesario que se lleve a cabo un profundo debate en este año de elecciones presidenciales para determinar si se permitirá que continúen perpetrándose ataques como estos que únicamente perpetúan el terror.


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Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La Jurisdicción Especial Indígena en el caso Feliciano Valencia


Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho se sorprendería, por su protuberante inconsistencia, con el fallo por medio del cual han condenado a Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca. En el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, ese mismo estudiante tendría que cursar unos dos semestres más para ver lo refinado del aparato político penal judicial colombiano.

El tema de Feliciano puede circunscribirse de manera simple a un conflcito interjurisdiccional, aspecto muy fácil de responder con la ausencia de una ley de coordinación entre las dos jurisdicciones, la indígena y la ordinaria. Claro, mientras el Congreso legisla Feliciano paga 18 años de cárcel. O se trata de establecer límites a la jurisdicción indígena especialmente al artículo 246 de nuestra Constitución política donde expresamente facultan a los pueblos indígenas a ejercer dicha jurisdicción en sus "territorios". Pero una decisión judicial en sede penal no es quien fija los limites, pues incurririamos en una limitación y esta no puede exceder el ámbito de los límites de los derechos humanos, pues de lo contrario supondría la pura y simple supresión del derecho fundamental de administrar justicia por parte de los pueblos indígenas. Este principio es fundamental e incondicionado; es válido, en consecuencia, incluso para situaciones sociales excepcionales.

Nuestra Corte Constitucional sostiene que la autonomía y la diversidad étnica y cultural tienen carácter de principios constitucionales, para que una limitación de estos principios esté constitucionalmente justificada es necesario que se cumplan dos condiciones: la primera, que la medida sea necesaria para salvaguardar un interés de mayor jerarquía o, lo que es lo mismo, que se fundamente en un principio constitucional de un valor superior al de la autonomía y la diversidad étnica y cultural; la segunda es que, del catálogo de restricciones posibles, se elija el menos gravoso para la autonomía de las comunidades indígenas. De no cumplirse estas condiciones –puntualiza la Corte–, el pluralismo que inspira la Carta Política devendría en ineficaz, tal como lo dijo en la sentencia T-349 de 1996.

Por ello el Estado colombiano debería, de una buena vez, admitir la autonomia y autodeterminación a los pueblos indígenas para el ejercicio de lo que reiteradamente llama la Corte Constitucional derecho fundamental de administrar justicia, eso sí con las cuatro salvedades constitucionales hechas en la jurisprudencia que entenderíamos es el límite. El dilema no es entonces autonomia vs. justicia, como pretenden plantear, el dilema está en los fundamentos de nuestra forma Estado social de derecho, el asunto es pluralismo-monismo.

Este elemento superado en la gramática legal constitucional, vuelve en la práctica como un ejercicio de negación al pluralismo por parte de juristas monistas.

De esta manera, con la decisión tomada por el Tribual Superior de Popayán, en el caso que nos ocupa, estamos frente a un desconocimiento evidente de la capacidad política y legal de ejercer control y jurisdicción por parte de los pueblos indígenas; entendemos lógicamente, que la dinámica cambiante del derecho indígena puede dificultar la labor del operador de justicia estatal formado en clave monista de develar el sentido cultural del castigo en estos pueblos, pues visto desde la orilla occidental, en el mejor de los reproches, debería juzgarse a Feliciano por lesiones personales, pese a que él tampoco le propinó los latigazos al sub-oficial del ejército. Nos queda la pregunta, así planteado el tema, ¿qué intereses valoró este Tribunal como superiores para condenar por "secuestro" a un líder que ejerce el derecho colectivo y fundamental de administrar justicia.

Por su parte, en el caso Miguel Ángel Beltrán todo el país conoce que las pruebas con que fue absuelto, y después condenado el profesor, fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia, no obstante el Procurador General y el juez de segunda instancia hicieron caso omiso de la valoración probatoria del máximo Tribunal. Estamos frente a un Procurador y unos jueces penales imparciales, celosos del positivismo legal monista, o es posible tener la duda "razonable" que me asiste: ¿fallan en Derecho nuestros jueces penales y nuestro Procurador?

* Profesor Universidad Nacional de Colombia.
Septiembre de 2015

Publicado enEdición Nº 218
Tribunal compulsó copias para que se investigue al presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe por la masacre de El Aro

Sin ninguna señal de alerta, los paramilitares llegaron a la Caucana (Tarazá-Antioquia), liderados por alias "Doble cero", para planear los detalles de la masacre. Si bien su principal destino era la población de El Aro (Ituango-Antioquia), sus balas cruzaron primero por Puerto Valdivia en las finca Las Plantas, luego la vereda Remolino y Organí, Puerto Escondido, Mundo Nuevo, los días 22, 23 y 24 de octubre de 1997. En este recorrido de muerte dejaron, por lo menos, 8 campesinos sin vida. Los torturaron y dispararon a quemarrapa al tiempo que les gritaban ¡guerrilleros hijueputas!. El sábado 25 (a un día de las elecciones regionales) llegaron a El Aro, lugar controlado por las Farc, y continuaron con la estela de muerte contra la población que se encontraba, a su vez, en medio del fuego cruzado y bajo la mirada de por lo menos tres helicópteros, uno de ellos de color amarillo. Y a pesar de que el enfrentamiento duró cuatro días más la Fuerza Armada nunca llegó a socorrer a la población. Al final los paramilitares robaron ganado, tierras, destruyeron las casas, tomaron el control del territorio y dejaron una cifra aún incierta de personas asesinada y desplazada (1).

 

Por este oscuro hecho, el senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por presunta participación u omisión en la masacre cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997). Sin embargo, la investigación, luego de ser iniciada por la Sala de Justicia y Paz de Medellín y pasar después a la Fiscalía, da un nuevo giro. El 5 de octubre del presente año la Fiscalía ordenó a la Corte Suprema de Justicia llevar acabo la investigación (2). La fecha no podría ser más simbólica ya que a orden se da en el mismo mes que ocurrió la masacre y a pocas semanas de las elecciones regionales. Sin duda es una jugada política por parte del fiscal Montealegre, luego de llegar en agosto a su oficina las últimas declaraciones de alias "Don Berna" (3), lo que no merma su importancia judicial.


Ahora, la investigación, que la CSJ debe resolver oportunamente, tiene tres cabos sueltos. El primero es la supuesta participación u omisión de la gobernación en la masacre. Los testigos del caso, al afirmar haber visto un helicóptero amarillo sobrevolando al momento de la masacre, dieron la primera pista para dar con una posible alianza entre los paramilitares y el gobernador. El helicóptero, se supo, era de la gobernación, la cual, al tener conocimiento de los hechos, no protegió a la población y posiblemente el ejercito sí apoyo a los paramilitares con información, indumentaria y transporte. Hasta el paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que en ese mismo helicóptero estaba el gobernador. Sin embargo, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) es tan evidente la omisión de la gobernación que sancionó al Estado con miles de millones de pesos que deben ser entregados a la población víctima, además de pedirle perdón y construirle un monumento.


Por otro lado, el asesinato de Francisco Villalba, alias "Cristian Barreto", es la segunda pata de la mesa. Este hombre se entregó a la justicia luego de que todos sus muertos, a los cuales había cortado la cabeza, no lo dejaran dormir. Rindió declaraciones para, según dice, poderse sanar y así relacionó al exgobernador Uribe con la masacre, diciendo que él había estado en ese avión amarillo y no había tomado cartas en el asunto. Tiempo después, Villalba fue asesinado por sicarios que utilizaron armas con silenciador. Pero no solo con su muerte se intentó alterar la investigación: el senador Uribe también es investigado por, presuntamente, presionar a los testigos para que cambien su versión de los hechos.


Este nuevo viraje en la investigación sobre el senador Uribe y su relación con la masacre de El Aro es como la letra acertada en el juego de El ahorcado que en vez de salvarlo lo condena más. Y con cada nueva investigación, con cada confesión de los paramilitares, y con cada valiente víctima que hace frente a sus victimarios se va dibujando el árbol, las manos, la cara del Ahorcado. Sólo falta el último elemento del juego: la soga.

 

1. La reconstrucción de la masacre se basó en los informes especiales del portal de Verdadabierta: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/607-bloque-mineros/5598-el-aro-la-masacre-por-la-que-ordenan-investigar-a-alvaro-uribe. Y Revista semana: http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/las-cicatrices-el-aro/96472-3.

2.  Ver: http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-seria-investigado-por-masacre-paramilitar-en-el-aro/445130-3

3.  Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/10-audios-de-dijo-don-berna-y-salpican-uribe-articulo-591398

Publicado enColombia
El Acuerdo de Justicia: ¿Fin de la Impunidad?

El acuerdo sobre la justicia firmado entre las FARC y el gobierno colombiano el pasados 23 de septiembre fue anunciado con bombos y platillos. Al igual que los otros acuerdos, estalló un gran regocijo entre las ONG, el gobierno, una parte de la prensa y los llamados intelectuales. Olvidaron por completo que las FARC en un comunicado del 2014, había declarado que no se someterían a la justicia. Pero como todo lo dicho por las organizaciones insurgentes en distintas partes del mundo, lo que anuncian que no harán, es el más claro indicio de lo que piensan hacer. Así tenemos un acuerdo sobre la justicia.

 

¿Realmente se justifican el optimismo, el alegría y la esperanza? Y si son justificados, ¿qué significan? Cuando las FARC firmaron los otros acuerdos sobre la cuestión agraria, drogas y participación política tuvimos que aguantar las declaraciones de las ONG y los llamados intelectuales anunciando, no sólo el fin venidero del conflicto sino la transformación del país. Cuando finalmente publicaron esos tres acuerdos pudimos ver cuán equivocados estaban, o mejor dicho, cuán cínicos eran. El Acuerdo Agrario es un documento patético, vacío de contenido, que no sólo no acuerda una mínima reforma agraria, sino que la descarta y enfoca la cuestión sobre las tierras de narcotraficantes y no las tierras de la oligarquía contra la cual las FARC se sublevaron hace tantos años. Además, no dice nada que no exista en la legislación actual de Colombia. Cómo lo señaló, en su momento, la senadora Claudia López:

 

Es muy importante que hayan hecho público los acuerdos con las Farc. No veo en esos acuerdos nada exótico, al contrario, yo los leo y me pregunto: ¿por esto nos hemos matado 60 años, por esto nos hemos dado tanto plomo, por esto hay seis millones de víctimas? ¿Por esto, por actualizar el catastro, por acordar que se financie el desarrollo rural, garantizar que a la gente no la maten si hace política? Esto a mí lo que me produce es vergüenza de patria. La gran revolución de las Farc terminó exigiendo que se cumplan las leyes que ya teníamos. Qué pena con el país, con las víctimas. Semejante matazón por cosas tan elementales.1

 

Tiene toda la razón. Ni siquiera el fondo de tierras es nuevo. En Colombia existe desde los años 60 una especie de fondo de tierras, se llamaba Incora y hoy en día se llama Incoder. Funciona mal, no hace lo que se debe, pero es un fondo de tierras, nos guste o no. Claro, este fondo de tierras es corrupto en extremo hasta tal punto que en vez de entregar tierras a los campesinos entregó 38.000 hectáreas, en Vichada, a parapolíticos y amigos del paramilitar Macaco.2 Existe también un modelo agrícola que desmiente cualquier intención de hacer siquiera una reforma parcial. Ese modelo es la entrega de baldíos de la nación a grandes empresas extranjeras y nacionales, lo que un analista ha llamado el modelo Riopaila.

 

La empresa compró 42 mil hectáreas en el Vichada para lo cual constituyeron 27 S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) a las cuales Riopaila les prestó el
dinero para comprar los terrenos. A su vez estas "empresas" le arrendaron los terrenos a Riopaila por el término de 30 años y por el mismo valor de los
baldíos.3

El caso de Riopaila no fue el único y todo eso ocurría mientras las FARC "negociaban" el Acuerdo Agrario. De pronto lo más decepcionante fue que sus puntos claves eran nada más que una copia del acuerdo firmado entre las URNG en Guatemala,4 país donde sabemos sin lugar a dudas que no hubo ninguna reforma agraria, sino una contralreforma agraria a punta de proyectos palmeros, azucareros y mineroenergéticos.

 

El Acuerdo de Justicia

 

Entonces, viendo como fue con el Acuerdo Agrario, ¿cómo nos puede ir con el Acuerdo de Justicia? El gobierno anunció el fin del conflicto para marzo del 2016 y salieron los de siempre a decirnos que gran acuerdo era. Valga aclarar que por el momento solo tenemos acceso al comunicado conjunto, el acuerdo como tal no se ha publicado. Aún así, se ha levantado mucha polémica. Aquí no vamos a referirnos a las diatribas de la derecha colombiana representada por Uribe, pues en todos los procesos de paz, las estupideces y bobadas de esa clase de gente solo sirven para distraernos de la realidad.

 

El acuerdo tiene varios puntos como una jurisdicción especial para juzgar a los guerrilleros, participación de jueces extranjeros, juzgamiento de agentes del estado y mecanismos para establecer la verdad, o mejor dicho asegurar que los que entran en el proceso digan todo la verdad.

Algunos comentarios enfatizaron el hecho de que también se juzgarán a agentes del estado y que el acuerdo reconoce la existencia de delitos políticos y delitos conexos por los cuales nadie será juzgado. Es decir, que el guerrillero que mata en combate no será procesado. Eso es visto como un avance y logro de las negociaciones. Pero debemos recordar que la idea de que el guerrillero es un criminal es algo relativamente nuevo y forma parte del nuevo orden mundial después del ataque a las torres gemelas. Antes se veía como un sublevado en armas, un actor altruista que no buscaba un beneficio personal. Así, ese logro es muy relativo, aunque no por eso, deja de ser importante.

 

Pero, no es cierto que los crímenes del estado se pongan al mismo nivel de la insurgencia. El acuerdo no dice eso, sino todo lo contrario. Mientras, los "intelectuales" aplaudían sin reservas al acuerdo cómo algo histórico, el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado), se atrevió a hacer unas preguntas pertinentes y un cuestionamiento sobre el alcance del acuerdo.

 

Al Movice le preocupen varias cosas: el mecanismo para seleccionar los casos y los postulantes a la jurisdicción especial; los agentes del estado recibirán un tratamiento especial; no se sabe cuántos fiscales se encargarán de los casos de agentes de estado; la falta de claridad frente a la no repetición de los responsables de crímenes del estado, entre otras cosas. Respecto a los crímenes del estado el Movice afirma:

 

De otro lado, en la mayoría de crímenes de Estado no se han siquiera vinculado dentro los procesos penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975.5

 

Efectivamente, en el proceso con los paras nunca tocaron a los máximos responsables, nunca tocaron a las empresas. Salvatore Mancuso declaró que la mayoría de las petroleras en Casanare pagaban a las AUC y sin embargo, no se les abrió investigación. En 2006, José Felix Lafaurie, capo máximo de los ganaderos agrupados en Fedegan, reconoció que los ganaderos habían financiado a los paramilitares de las AUC y además dijo que poseía información sobre los pagos de empresas nacionales, internacionales, palmeras y arroceras.6 No le pasó nada, nunca fue investigado, y tampoco le pidieron la información que tenía. Hay quienes quieren promover la ingenua esperanza entre la gente que gentuza como Lafaurie serán procesados, o que ellos contarán la verdad. Si no pasó en el momento del proceso con los paramilitares, no va a pasar ahora en el proceso con las FARC.

 

Las organizaciones de derechos humanos andan por el mundo promoviendo ilusiones en los sistemas de justicia y en los acuerdos de paz que se celebraron en otros países, sin siquiera mirar cual fue el resultado real de esos procesos. Así se habla de Sudáfrica como si fuera un gran éxito. Algunos policías no fueron indultados por sus crímenes pero a De Klerk, el máximo jefe de los escuadrones de la muerte, de los torturadores, del sistema de apartheid en sí, pues a él le dieron un premio nobel. Tal fue la impunidad en Sudáfrica que nunca tocaron a ninguna de las empresas beneficiarias del sistema y hoy en día Colombia es víctima de ese proceso, pues la empresa minera Anglogold fue uno los principales beneficiarios y victimarios del apartheid y ahora anda suelta por Colombia. No solo ha podido implantarse en este país, será uno los beneficiarios de la paz en Colombia, como lo fue en Sudáfrica.

 

En el 2012, la policía asesinó a 34 mineros en Marikana, Sudáfrica. Uno de los directores de la empresa minera era Cyril Ramaphosa, hoy vicepresidente del país. La
impunidad no es solo para las empresas de ayer sino para las de hoy también.

 

Si miramos a Guatemala, vemos que allí no hubo justicia para las víctimas de crímenes del estado. Después de mucha presión se hizo un intento de llevar al genocida Ríos Montt a juicio responsable por la masacre de 200.000 personas, y el intento fracasó. Fracasó a pesar de que el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, firmado en 1994 estipuló que:

 

  1. Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
  2. El Gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad.
  3. Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.7

 

Así de claro. El documento también prohíbe expresamente grupos armados de justicia privada. Aunque llevaron a juicio a algunos militares, generalmente de bajos rangos, hubo impunidad total para los altos militares, entre ellos Ríos Montt, y por supuesto hay una impunidad reinante frente a los asesinatos cometidos por los grupos de justicia privada hoy en día, no obstante la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, impunidad es lo que hay. En su reciente informe Amnistía Internacional señala:

 

En mayo, el Congreso aprobó una resolución no vinculante en la que manifestaba que no se había cometido genocidio durante el conflicto armado interno. La resolución contradecía frontalmente una investigación realizada por la ONU en 1999 que concluía que durante el conflicto, en el que 200.000 personas murieron y 45.000 fueron sometidas a desaparición forzada, se habían cometido genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Más del 80 por ciento de las víctimas de homicidio y desaparición forzada durante el conflicto eran indígenas mayas.8

 

Mientras tanto, el mismo informe señala que:


En julio, Fermín Solano Barrillas, ex miembro de la oposición armada durante el conflicto armado interno, fue condenado a 90 años de prisión por dirigir la masacre de 22 personas perpetrada en 1988 en El Aguacate, departamento de Chimaltenango.9

 

Es decir, que mientras Ríos Montt sale libre y el Congreso dice que el genocidio cometido por él y otros es un cuento de hadas, sí se persiguen a los ex guerrilleros. Puede que tengan toda la razón con el caso del guerrillero, pero no deja de ser un contraste fuerte con el caso de Ríos Montt.

 

Es una clara muestra de lo que se puede esperar. En Colombia, podemos decir claramente que no habrá mayores sanciones contra altos oficiales y mucho menos contra políticos a raíz del acuerdo sobre la justicia. En El Salvador se aprobó la Ley de Amnistía de 1993, un año después del final del conflicto, esa ley es la garantía de impunidad en el país y la razón por la cual los militares, políticos y empresarios duermen tranquilos todas las noches.

 

Juzgar a los políticos


La tinta sobre el papel no había secado y ya estallaron las primeras controversias. El Fiscal General de la Nación, en declaraciones a la prensa, dijo que bajo el nuevo acuerdo se perseguiría penalmente al ex presidente Uribe Vélez. El estado reaccionó rápidamente "El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se pronunció en ese sentido, explicó que 'jamás se pensó que los expresidentes tuvieran que acudir a ese tribunal' y agregó que esas salidas 'terminan haciéndole daño al proceso'."10

 

Hay que escuchar bien al ministro, no solo se descarta cualquier posibilidad de juzgar a semejante personaje como Uribe sino dice que quienes lo proponen dañan el proceso de paz. Esta frase se escuchará mucho en el futuro, "en nombre de la paz, no pidan más, no exijan más," las víctimas buscando justicia serán los nuevos terroristas que quieren desestabilizar al país. Eso no sólo se ha visto en otros países, sino en Colombia hemos visto ejemplos de eso cuando la iglesia exige# a las víctimas que perdonen a los victimarios, tal como dijeron explícitamente en el proceso con los paramilitares.11 El perdón es sólo la mitad de la consigna Ni Perdón, Ni Olvido. Habrá que perdonar y habrá que olvidar. Eso es lo esencial del acuerdo respecto a los agentes del estado.

 

No sólo se debe juzgar a Uribe, sino a todos los presidentes, pues Uribe no hizo nada que no hicieron ellos en algún momento, inclusive sus acciones en los noventa como gobernador de Antioquia fueron amparadas por el decreto de Gaviria, y el gobierno de Samper. No montó a las Convivir solo. Lo hizo aplicando la legislación vigente y con el beneplácito del estado.

 

Humberto de la Calle en el banquillo

 

De paso podemos pedir que el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano sea juzgado por esa jurisdicción especial. De la Calle fue ministro del interior en 1990 y 1991 cuando la masacre de Trujillo llegó a su punto más feroz. La III división del ejército, bajo el mando de Manuel Bonnet (futuro jefe de las fuerzas armadas) asesinó a centenares de personas. Bonnet no asumió ninguna responsabilidad, ni siquiera por línea de mando, pero el Presidente Samper sí aceptó la responsabilidad del estado por esa masacre. Entonces, ¿será que los ministros de gobierno entonces tienen alguna responsabilidad y si no la tienen, por qué?

 

Pero las hazañas de Humberto no terminan ahi. Fue vicepresidente en el gobierno de Samper, durante los primeros dos años. Renunció por una cuestión ética, la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña electoral de Samper. Eso fue algo importante y ético para él, sin embargo, no renunció por las Convivir. Es decir, formar, organizar, dotar de armamento a grupos de civiles, quienes luego asesinaron a otros civiles y se convirtieron en la fachada legal de los grupos paramilitares no fue una cuestión ética. No es descabellado proponer que De la Calle sea juzgado en esa jurisdicción especial y que nos cuente TODA la verdad para obtener los beneficios jurídicos aplicables en el caso.

 

Pero nada de eso ocurrirá. Como en todos los otros procesos de paz, los principales beneficiarios no perderán su estatus de beneficiario y sus privilegios, y por supuesto no perderán su libertad y la razón es sencilla, pero casi nunca se dice: las FARC perdieron la guerra, el estado ganó. La única persona que ha dicho eso, es Humberto de la Calle. Los procesos de paz se basan en una mentira, que nadie gana, ni pierde y que la paz, es un proyecto de todos. Pero no lo es. Las FARC se retiran de la batalla y se disuelven, el ejército oficial no. Está claro quien gana una guerra, pues quien se queda en pie y el vencedor echa la culpa por todos los males que aquejan el país, todo el horror de la guerra, todo el sufrimiento a un solo actor, el perdedor. Es por eso las FARC serán juzgados: perdieron, y como una migaja algunos militares de bajo rango pueden ser juzgados, aunque con un tratamiento especial.

 

El periodista William Ospina lo describió bien en su columna de El Espectador:

 

Pero aunque las Farc admitan ser las principales responsables de los crímenes y las atrocidades de esta guerra, yo tengo que repetir lo que tantas veces he dicho: que es la dirigencia colombiana del último siglo la principal causa de los males de la nación, que es su lectura del país y su manera de administrarlo la
responsable de todo. Responsable de los bandoleros de los 50, a los que ella armó y fanatizó; de los rebeldes de los 60, a los que les restringió todos los
derechos; del M19, por el fraude en las elecciones de 1970; de las mafias de los 80, por el cierre de oportunidades a la iniciativa empresarial y por el desmonte progresivo y suicida de la economía legal; de las guerrillas, por su abandono del campo, por la exclusión y la irresponsabilidad estatal; de los paramilitares, que pretendían brindar a los propietarios la protección que el Estado no les brindaba; responsable incluso de las Farc, por este medio siglo de guerra inútil contra un enemigo anacrónico al que se pudo haber incluido en el proyecto nacional 50 años antes, si ese proyecto existiera...

Lo que me asombra es que la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar
inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen
ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan.12

Como dijo Julio Cortázar en El Libro de Manuel "es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella." El proceso de paz con las FARC y sobre todo el acuerdo sobre la justicia niegan ese elemento. Es el estado el principal responsable de la violencia, y si buscamos criminales de guerra, los encontraremos en el Congreso de la República, en el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas y por supuesto en el equipo negociador del estado en La Habana.

 

Los Reclamos del Movice 

 

Está bien que el Movice haga reclamos, que haga preguntas, que exija la participación de las víctimas en el proceso de selección de casos etc. Pero el Movice tiene que comenzar deshaciéndose de sus ilusiones en el proceso y el acuerdo. Su lucha contra la impunidad no se acerca a una etapa final, sino apenas comienza. El acuerdo y el proceso no inauguran una nueva época de justicia y el fin de la impunidad, sino que la impunidad gozará de nuevos mecanismos y a los que buscan la justicia se les acusará de buscar el fin de la "paz" y la "reconciliación". Tendrán que luchar como los guatemaltecos para llevar ante la justicia a personajes como Montt, tendrán que buscar fiscales valientes, sabiendo esos fiscales que por su osadía y coraje ellos serán perseguidos y hostigados como fueron sus homólogos en Guatemala.

 

La impunidad no es solo un problema en América Latina. En Irlanda, los responsables estatales de masacres y torturas nunca fueron identificados, ni hablar de ser
procesados. Los asesinos de abogados como Pat Finucane no han sido procesados ni plenamente identificados, aunque sí se sabe que agentes estatales participaron. Los agentes británicos involucrados en los atentados de Dublín y Monaghan tampoco han sido identificados, y hasta hoy, el estado británico y el irlandés niegan la participación de agentes estatales. Se estableció una comisión para investigar la masacre de Domingo Sangriento, donde 13 civiles fueron asesinados delante de las cámaras de televisión. Esa investigación concluyó que los soldados rasos tenían algo de culpa, no los mandos militares, no el gobierno y mucho menos la reina Isabel quién condecoró el mando encargado de la masacre.

 

El Movice también tendrá que deshacerse de sus ilusiones en la justicia internacional. En su comunicado se refiere a la presencia de jueces internacionales como una garantía de imparcialidad. ¿Realmente creen eso? No obstante los fallos de la CIDH, la justicia internacional funciona en la práctica como una especie de imperialismo jurídico. Hasta el momento la CPI sólo ha juzgado a africanos por los conflictos allá y ha pasado por alto la participación de intereses extranjeros en todos esos conflictos. En el caso de Sierra Leona, condena a varios africanos y ni un solo europeo involucrado en el tráfico de los llamados "diamantes de sangre". Ni siquiera se planteó la posibilidad de juzgar a algún europeo. Si se trata de juzgar a algunos militares, puede que algún juez extranjero sea imparcial, aunque debemos recordar que en años recientes el sistema colombiano ha logrado enjuiciar y condenar a varios militares de alto rango por los falsos positivos. Pero si en algún momento se intenta tocar el tema de las empresas extranjeras, los jueces internacionales no serán imparciales, como nunca han sido en ninguno de los conflictos donde los intereses económicos de los países imperialistas están en juego, y no solo se refiere a Irak y Siria sino a las guerras sucias en América Latina. ¿Acaso creen que se juzgará a los directivos de Chiquita que ya han reconocido su papel en la guerra sucia en Colombia? Un juez canadiense no dirá mucho sobre el papel de las mineras canadienses y un juez británico tampoco será tan imparcial como se cree a la hora de juzgar a BP por lo que hizo.

 

Quizás esperen que el juez Baltasar Garzón ayude en la lucha contra la impunidad. A fin de cuentas, es el juez preferido de las ONG de derechos humanos en Colombia, muy a pesar de ser un violador de los derechos humanos en el País Vasco, donde cierra periódicos, limita el derecho de asociación y donde procesa a reos que han sido torturados.

Si no se acepta que las FARC son derrotados militarmente y que el contenido de los acuerdos muestra una profunda derrota política, las organizaciones campesinas,
obreras y de derechos humanos no podrán avanzar en su lucha contra la impunidad. Lo primero que hay que hacer es tomar cuenta de la situación en que el movimiento popular se encuentra. Entonar cantos de una falsa e inexistente victoria ( o siquiera un avance) no ayuda a nadie. Hay que aceptar la derrota por lo que es y organizarse en medio de esa realidad. Actuar según la lógica de la gran victoria o avance que significan los acuerdos es prepararse para futuras derrotas aún más profundas, como ha ocurrido en todos los procesos de paz con organizaciones insurgentes, donde las organizaciones sociales no reivindicaron su autonomía frente a los acuerdos firmados, sino se sumaron a ellos de una forma acrítica y no estaban en una posición de avanzar sus luchas por haberse amarrado a acuerdos firmados entre entes ajenos: la insurgencia y el estado. Es la hora de distanciarse del proceso. A fin de cuentas, son organizaciones independientes y deben mostrarlo. El fin de la balacera no corresponde a nadie más que la insurgencia y el estado, los acuerdos sociales se negocian con los actores sociales y deben tener criterios propios. Criticar u oponerse a un acuerdo, no es lo mismo que pedir más guerra, como los mentalmente empobrecidos intelectuales quieren hacernos creer. Las opciones siempre son más amplias que la falsa elección entre más guerra o proceso de paz.

 

1 El Espectador (28/09/2014) Me duele que mi mamá se angustie por mí, www.elespectador.com
2 Cuellar Solano, A. ¿Conejo a lo pactado en La Havana, Caja de Herramientas Nº 00370, 27/09/2013 a 4/10/2013 www.viva.org.co

3 López Rincón, J.H, Despojo de Tierras: el modelo Riopaila, Caja de Herramientas, Nº 00357 28/06/2013 a 04/07/2013 www.viva.org.co
4 Véase U.N. A /50/956 6 de junio 1996. 

5 Movice, (26/09/2015)Que el acuerdo de jurisdicción para la paz no deje en la impunidad crímenes de estado, publicado en http://anncol.eu
6 Véase El Cambio No 704 diciembre 2006/enero 2007 Diez Preguntas (Entrevista con José Félix Lafaurie)

7 Acuerdo Global de Derechos Humanos, Capítulo III

8 Amnistía Internacional (2015) La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, AI, Madrid, pág 205
9 Ibíd.
10 Semana (29/09/2015) La metida de pata del fiscal Montealegre www.semana.com

11 El Tiempo (24/12/2006) La Iglesia tiene su archivo de la verdad pág 17

12 Ospina, W. El Espectador (26/09/2015) Los invisibles www.elespectador.com

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