Protestas en Nueva York contra el racismo. Foto: The New York Times

Una treintena de ciudades del país, desde Los Ángeles a Chicago, pasando por Cleveland, Washington DC y Nueva York, están siendo escenario de protestas por la muerte de George Floyd, un hombre negro, que murió a manos de la policía el pasado lunes en Mineápolis.

En esa localidad, centenares de personas se congregaron minutos antes de que empezara el toque de queda nocturno decretado por las autoridades a partir de las 20:00 hora local, en la zona del Quinto Distrito, donde el viernes una sucursal bancaria y una comisaría fueron incendiados.

Las escenas de coches policiales incendiados, carreteras bloqueadas, ventanas rotas y el lanzamiento de cócteles molotov se repitieron en distintos puntos de EEUU, donde la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

En Filadelfia, los participantes en las concentraciones destruyeron un vehículo de la policía e hicieron pintadas e intentaron arrancar la estatua del exalcalde Frank Rizzo en el centro de la ciudad. Rizzo, fallecido en 1991, fue comisionado policial.

Entretanto, en lugares como Chicago y Los Ángeles, los manifestantes se enfrentaron a la policía, que disparó balas de goma contra ellos. El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, señaló en Twitter que varios oficiales de policía había resultado heridos durante los disturbios en esta localidad, mientras que tres periodistas habían sufrido lesiones o habían sido atacados por los participantes en las protestas.

Miles de personas protestaron por tercer día consecutivo en Nueva York, al tiempo que las autoridades anunciaron la detención de dos hermanas acusadas de lanzar el viernes un cóctel molotov a la policía. En Washington DC, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Casa Blanca, y hubo escaramuzas con el Servicio Secreto, encargado de la seguridad en la mansión presidencial, después de que derribaran una valla.

En la costa oeste, el Departamento de Policía de Seattle informó en un comunicado de que "tras horas de protestas pacíficas, la multitud se volvió violenta y agresiva, y comenzó a tirar botellas contra los oficiales". Como resultado de esos altercados varios manifestantes y agentes han resultado heridos, indicó la policía. El centro de Miami (Florida) fue testigo de una protesta de dos millares de personas, como parte de una convocatoria de organizaciones sociales.

Seis estados -Georgia, Kentucky, Wisconsin, Colorado, Ohio y Utah- se unieron este sábado a Minesota para ordenar la movilización de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva, para hacer frente a los disturbios. Varias ciudades han decretado el toque de queda, como Atlanta, donde el viernes las protestas fueron especialmente violentas.

Medidas similares se han adoptado en Cleveland (Ohio), Pittsburgh (Pensilvania), Los Angeles (Colorado), Louisville (Kentucky), Denver (Colorado) y Milwaukee (Wisconsin).

 

Miles protestan en Nueva York, llegando a los 5 distritos y la Torre Trump

 

Miles de manifestantes que protestaban por la muerte de George Floyd salieron a las calles de la ciudad de Nueva York por tercer día el sábado, bloquearon el tráfico, prendieron fuego a los vehículos de la policía y se pelearon con oficiales en marchas simultáneas que arrasaron los cinco condados y se detuvieron brevemente fuera de Trump Torre en el centro de Manhattan.

Durante gran parte de la tarde, hasta bien entrada la noche, multitudes de manifestantes con carteles y cánticos se abrieron paso a través de Harlem, East Village, Times Square, Columbus Circle, Jackson Heights en Queens, la sección Flatbush de Brooklyn y partes del Bronx y Staten Island, que a veces parece moverse de forma independiente, pero en otros momentos parece que se separa, se une y vuelve a astillarse de una manera que pone a prueba la capacidad de la policía para mantener el control.

La mayoría de las acciones fueron pacíficas, con manifestantes saludando a la policía con salvia en llamas o gritando el nombre del Sr. Floyd para llorar su muerte el lunes pasado a manos de un oficial de policía de Minneapolis. "No estoy aquí para pelear con alguien", dijo Eldon Gillet, de 40 años, que estaba en las calles de Brooklyn. "Estoy aquí para luchar contra un sistema".

Pero las protestas se volvieron violentas a intervalos cuando la gente volcó los botes de basura, rompió los escaparates de las tiendas, prendió fuego a los autos de la policía y arrojó botellas y otros escombros a la multitud de oficiales.

Al anochecer, hubo docenas de arrestos, incluidos al menos siete fuera de la Torre Trump, donde varios manifestantes rechazaron las órdenes oficiales de salir de la Quinta Avenida y dirigirse a las aceras. "¡No hay aceras!" los manifestantes gritaron allí. “Esta es una protesta. Pertenecemos a las calles ".

Uno de los momentos más tensos del día, capturado en un video que rápidamente se volvió viral, llegó en Flatbush Avenue en Park Slope, Brooklyn, donde los policías en un SUV fueron bloqueados por una multitud de manifestantes que llevaban una barricada de metal amarillo.

Cuando otros manifestantes arrojaron el vehículo, y un segundo SUV de la policía, con objetos de la calle, los autos repentinamente se lanzaron hacia la multitud. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido, y un portavoz de la policía dijo el sábado por la noche que el departamento no tenía comentarios sobre el video.

El alcalde Bill de Blasio, en una conferencia de prensa el sábado por la noche, dijo que no iba a culpar a los oficiales "que estaban tratando de lidiar con una situación absolutamente imposible".

"La gente que estaba convergiendo en ese auto policial hizo lo incorrecto para empezar y crearon una situación insostenible", dijo el alcalde. “Desearía que los oficiales encontraran un enfoque diferente, pero comencemos por el principio. Los manifestantes en ese video hicieron lo incorrecto para rodear el auto de la policía, punto ".

Las protestas de Nueva York fueron parte de una creciente ola de manifestaciones, marchas y enfrentamientos con la policía de costa a costa, con la Guardia Nacional desplegada en varios estados y toques de queda impuestos en ciudades como Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Atlanta. Pero el Sr. de Blasio dijo que no emitiría un toque de queda, citando la efectividad del departamento de policía y lo que calificó como un pequeño número de protestas por una ciudad de 8 millones de personas.

Durante la mayor parte de la noche, Brooklyn fue el centro de la violencia. En Bedford Avenue en Flatbush alrededor de las 5:30 p.m., un gran grupo de manifestantes se enfrentó a la policía en una serie de melees callejeros que empujaban y tiraban. Los oficiales respondieron con billy clubs y gas pimienta. Un helicóptero policial voló bajo sobre la multitud, golpeando a las personas con ráfagas de viento.

 

Trump amenaza a los manifestantes de la Casa Blanca con 'perros viciosos' y 'armas siniestras'

 

Un día después de afirmar que no tenía la intención de sugerir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían disparar a las personas que formaron parte de los disturbios en Minnesota, el presidente Trump dijo el sábado que el Servicio Secreto había estado preparado para atrapar a los "perros más viciosos" en los manifestantes afuera Las puertas de la Casa Blanca el viernes por la noche.

Esos comentarios fueron los primeros de varios de los que hizo Trump a lo largo del día que se desviaron violentamente en tono y contenido, desde amenazas de violencia contra los manifestantes fuera de la Casa Blanca en la mañana hasta sonar notas de simpatía por el dolor causado por el "horror" de brutalidad policial por la tarde a una serie de mensajes vespertinos en Twitter, incluido uno que defiende a la policía en la ciudad de Nueva York.

Y llegaron cuando el presidente enfrentaba tres crisis simultáneas: el creciente número de muertos por la pandemia de coronavirus, las consecuencias económicas de las medidas tomadas para controlarlo y la violencia y los disturbios que se desarrollan en varias ciudades de los Estados Unidos.

"Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por parte de los Estados Unidos @SecretService ", tuiteó Trump en una serie de cuatro publicaciones el sábado por la mañana. “No solo eran totalmente profesionales, sino muy geniales. Estaba dentro, observaba cada movimiento, y no podría haberme sentido más seguro ”.

Continuó que el Servicio Secreto había permitido a los manifestantes "gritar y despotricar tanto como quisieran" y solo actuó cuando "alguien se puso demasiado juguetón o fuera de lugar".

"La línea del frente fue reemplazada por agentes nuevos, como la magia", agregó. “Gran multitud, organizada profesionalmente, pero nadie estuvo cerca de romper la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos con los perros más viciosos y las armas más siniestras que he visto. Fue entonces cuando la gente habría sido muy lastimada, al menos ".

Trump afirmó que los agentes del Servicio Secreto le habían dicho que estaban clamando por involucrarse con los manifestantes. "Ponemos a los jóvenes en primera línea, señor, les encanta y buenas prácticas", dijo que le habían dicho.

También pareció invitar a sus propios partidarios a reunirse afuera de la Casa Blanca el sábado para contrarrestar a los manifestantes, a pesar de la prohibición de las reuniones de más de 10 personas en Washington en medio de la pandemia de coronavirus.

"Esta noche, entiendo, ¿es NOCHE MAGA EN LA CASA BLANCA?" tuiteó, usando el acrónimo de su primer eslogan de campaña, "Make America Great Again". E intentó describir a los manifestantes como agitadores reclutados en lugar de personas que se reunían orgánicamente para hacer una declaración.

Afuera de la Casa Blanca el sábado por la noche, los manifestantes pasaron horas en enfrentamientos con la policía, arrancando barricadas y lanzando proyectiles y recibiendo gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos edificios cercanos fueron destruidos y los vehículos fueron incendiados. No había señales de que los partidarios de Trump hubieran resultado en cantidades significativas.

 

Decenas de miles en las calles de Estados Unidos la noche del sábado

 

Decenas de miles de personas estaban en las calles de los Estados Unidos el sábado por la noche, mientras las manifestaciones se extendían de costa a costa en un paroxismo nacional de ira que vio incendiar edificios, saquearon negocios y una respuesta agresiva de las autoridades.

Las protestas han tenido lugar en al menos 48 ciudades y han llegado a las puertas de la Casa Blanca en los días posteriores a la muerte del Sr. Floyd en Minneapolis. La imposición de toques de queda por los alcaldes parecía estar más extendida el sábado que en cualquier otro momento desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.

En Indianápolis, una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando un hombre armado disparó contra una protesta, dijo la policía .

En Chicago, los manifestantes se pelearon con la policía el sábado por la tarde, quemaron al menos una bandera y marcharon hacia el Trump International Hotel and Tower antes de dispersarse. Alrededor de 3.000 personas participaron en las protestas, según informes de noticias locales. Algunos vehículos policiales destrozados y dejaron edificios pintados con spray a su paso.

En Los Ángeles, el alcalde Eric M. Garcetti emitió un toque de queda, un día después de que la policía hizo más de 500 arrestos. La policía utilizó porras y balas de goma para dispersar a las multitudes y el gobernador Gavin Newsom activó la Guardia Nacional.

En San Francisco, el alcalde London Breed implementó un toque de queda cuando los manifestantes llegaron a su casa para protestar.

En el condado de Miami-Dade, Florida, el alcalde Carlos Giménez ordenó un toque de queda en todo el condado a partir de las 11 de la noche después de que al menos un automóvil de la policía se incendió cerca de la sede del Departamento de Policía de Miami. El gas lacrimógeno también se utilizó para dispersar a las multitudes el sábado por la noche en Jacksonville y Orlando.

En Washington, la Guardia Nacional se desplegó frente a la Casa Blanca, donde las multitudes que cantaban se enfrentaron con el Servicio Secreto y atacaron a un reportero de Fox New. Se iniciaron incendios en el parque Lafayette, a pocos pasos de la Casa Blanca.

En Filadelfia, al menos 13 policías resultaron heridos cuando los manifestantes comenzaron a incendiar y se volvieron violentos.

En la ciudad de Nueva York , miles de manifestantes salieron a las calles por tercer día, reuniéndose en marchas en Harlem, Brooklyn, Queens y fuera de la Torre Trump en el centro de Manhattan. Al final de la tarde, los manifestantes en la sección Flatbush de Brooklyn se enfrentaron a la policía en una serie de melees callejeros, arrojando botellas vacías y escombros a los agentes que respondieron con garrotes y gas pimienta. Un video mostraba un auto de la policía chocando contra una multitud.

En Richmond, Virginia, dos agentes de policía en el Capitolio del Estado fueron hospitalizados con heridas en las piernas después de ser golpeados por un bate de béisbol y una botella de cerveza, informó The Richmond Times-Dispatch . Anteriormente, la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes, algunos de los cuales lanzaron fuegos artificiales y rompieron ventanas.

30 mayo 2020

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Un manifestante sostienen un cartel frente a la Casa Blanca.Foto Afp

"Cuando comiencen los saqueos, comienzan los disparos"

 Protestas se extienden a 10 ciudades de todo el país

 

Nueva York. Una vez más estalla la ira ante la violencia oficial sistemática contra la comunidad afroestadunidense, con otro grito de "ya basta" escuchado desde Minneapolis a varias ciudades del país.

El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas y disparar contra los amotinados.

“Hay una revuelta porque la policía no nos protege como dicen que hacen… Estamos perdiendo a seres queridos todos los días. No somos nosotros, es la policía, esta es la locura que ellos provocaron. Si quitas (la vida) a un ser querido, tienes mucha gente adolorida. Y esto no se acaba hoy. Nosotros no somos los que no estamos matando, esos son ustedes. No podemos hacer un cambio si ustedes no cambian”, declaró un joven adolescente en las calles de Minneapolis durante la revuelta de furia la noche del jueves y madrugada del viernes en entrevista con videorreporteros.

El caso que detonó la nueva ola de furia –sólo uno de incontables– ocurrió el lunes pasado en Minneapolis cuando un policía blanco, acompañado por tres oficiales más, arrestó a George Floyd, un hombre afroestadunidense acusado de un delito no violento, sujetándolo con esposas en un estacionamiento donde lo hizo tirarse al piso, se hincó sobre su cuello por varios minutos, mientras el detenido exclamaba: "no puedo respirar". Murió poco después. "Fue una ejecución pública", declaró un observador.

Aunque los cuatro policías fueron despedidos, el culpable no fue arrestado hasta este viernes y sólo después de las revueltas y demandas por todo el país. Derek Chauvin, cuya imagen con su rodilla sobre el cuello de Floyd se hizo viral, fue acusado de homicidio; su tres colegas están aún bajo investigación.

Las protestas estallaron por tercer día el jueves y la madrugada del viernes en Minneapolis, las cuales fueron enfrentadas con gases lacrimógenos y balas de goma de la policía provocando una revuelta civil que el jueves culminó con la ocupación de un cuartel policial en uno de los barrios más afectados por la violencia oficial, que fue incendiado mientras las fuerzas de seguridad huyeron.

Las autoridades declararon un estado de emergencia en la ciudad, y se desplegaron elementos de la Guardia Nacional. El alcalde Jacob Frey declaró un toque de queda de las 20 horas el viernes a las 6 de la mañana del sábado.

Poco después de la una de la mañana del viernes, Trump emitió un tuit –el cual fue parcialmente oculto por Twitter al considerar que violaba sus normas por "glorificar la violencia"– en el que amenazó con disparar contra los manifestantes, a los que llamó "matones" (thugs, en inglés); criticó al alcalde de ser un "débil radical de izquierda", quien no logra imponer control, y dijo estar dispuesto a enviar tropas de la Guardia Nacional, advirtiendo que "cualquier dificultad y asumiremos el control; cuando empieza el saqueo, empiezan los disparos".

El mensaje fue denunciado como racista por una amplia gama de figuras (la frase sobre el saqueo es exacta a una que usó un famoso jefe de policía de Miami a finales de los años 60 para amenazar a manifestantes), llevando a que Trump intentara rectificar sin lograrlo.

Mientras miles se manifestaban en Minneapolis, protestas estallaron en más de 10 ciudades incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Memphis, Columbus, Phoenix, Atlanta y Louisville, algunas de las cuales continuaron hoy con reportes de más arrestos esta noche. La pancarta más común es "no puedo respirar".

Hubo brotes de violencia y decenas de arrestos, entre ellos un equipo de periodistas de CNN en Minneapolis que fue rápidamente liberado con disculpas del gobernador.

Con todo esto se renovó el debate de un tema obviamente sin resolver después de repetidas promesas y compromisos a lo largo de los últimos años.

El ex presidente Barack Obama declaró que “esto no puede ser ‘normal’ en el Estados Unidos de 2020”, y pidió un esfuerzo para crear una "nueva normalidad", pero no asumió ninguna responsabilidad por su fracaso para lograrlo durante sus ocho años en la Casa Blanca.

El ex vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden denunció las palabras de Trump y declaró que "esto es una crisis nacional" que requiere de un "verdadero liderazgo" para abordar las "heridas abiertas" históricas del racismo en el país.

El senador Bernie Sanders emitió un mensaje: "No podemos esperar más para actuar de manera firme y audaz para sacar el cáncer del racismo sistémico y violencia policiaca contra gente de color. Esto tiene que parar".

En Minneapolis, sindicatos y agrupaciones sociales se unen en apoyo a los manifestantes y las demandas por justicia en el caso. Choferes sindicalizados de autobuses municipales bajo las órdenes de la policía rehusaron transportar arrestados en las protestas a las cárceles. Algunos sindicatos nacionales, como el siderúrgico (USW) deploraron los hechos como parte de un patrón de violencia racista en Estados Unidos.

"No creo que la gente haya sido tan violenta como el sistema ha sido contra ellos", explicó Michael McDowell, un fundador de Black Lives Matter en Minneapolis. “Están reaccionando a un sistema violento… Ya no lo van a tolerar. Por eso está ardiendo Minneapolis”, indicó al Washington Post.

Aunque el caso de Floyd detonó esta ola de protestas contra la brutalidad policiaca y la violencia racista contra minorías, su caso es sólo el más reciente. En semanas recientes se registró el caso de Breonna Taylor, una técnica médica de emergencia de 26 años quien fue muerta a balazos por policías en Louisville que entraron por la fuerza a su hogar durante una investigación antinarcóticos en marzo. En febrero, Ahmaud Arbery, de 25 años, fue asesinado por un par de hombres blancos cuando estaba haciendo ejercicio en un suburbio de Georgia.

Son incontables los casos anteriores, entre ellos el de Eric Garner, quien también fue sujetado por policías en Nueva York en 2014 de tal manera que sus últimas palabras fueron iguales a las de Floyd esta semana: "no puedo respirar" y generaron el surgimiento de nuevos movimientos de derechos civiles, incluyendo Vidas Negras Valen (Black Lives Matter), entre otros.

"Soñamos una utopía pero nos despertamos gritando", dice una nueva pinta sobre una barda en Minneapolis.


Racismo, brutalidad policial y COVID-19 en Estados Unidos

Por Amy Goodman - Denis Moynihan | 30/05/2020

Mientras las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superan las 100.000, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan aparentemente sin tregua.

El pasado lunes, Día de los Caídos en Estados Unidos, George Floyd suplicaba por su vida mientras Derek Chauvin, oficial de la policía de Minneapolis, le apretaba el cuello contra el pavimento con una de sus rodillas. “Por favor. Por favor. No puedo respirar, oficial. No puedo respirar”, jadeaba George Floyd, con sus manos esposadas detrás de la espalda. Los testigos del suceso le pidieron repetidas veces a Chauvin que aflojara la presión, pero el oficial siguió con la rodilla enterrada en el cuello de Floyd. Un devastador video de diez minutos registró este asesinato en cámara lenta, respiración menguante tras respiración menguante. Finalmente, el cuerpo inerte de Floyd fue bruscamente colocado en una camilla, cargado en una ambulancia y llevado al hospital, donde se declaró su muerte.

La indignación fue in crescendo a medida que el video se viralizaba. El hermano de George, Philonise Floyd, declaró a la cadena CNN: “Amo a mi hermano. Todos amaban a mi hermano… conocerlo es quererlo. Él gritaba ‘mamá, mamá, no puedo respirar’ pero no les importó. Realmente no entiendo lo que tenemos que sufrir en la vida. No tenían por qué hacerle eso”. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, expresó en un comunicado: “Su vida era importante. Tenía valor… Vamos a buscar justicia y la encontraremos”. En declaraciones posteriores, Ellison agregó: “Lo que estamos tratando aquí no es un caso aislado, sino un problema sistémico. Y tanto la investigación como la acusación se están llevando adelante con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias. Estoy seguro de que se están llevando adelante de manera competente. Pero eso no le pone fin al asunto. El despido de los agentes no le pone fin. El proceso penal que ha comenzado no le pone fin. El proceso de derechos civiles no le pone fin. Necesitamos un cambio sistémico, profundo y permanente”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, opinó tras el asesinato de Floyd: “Ser negro en Estados Unidos no debería implicar una condena a muerte”. Frey demanda el arresto de Chauvin y la familia de Floyd quiere que los cuatro oficiales sean acusados ​​de asesinato.

La reverenda Bernice King, una de las hijas del Dr. Martin Luther King Jr., publicó en Twitter una foto del oficial Chauvin con la rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd al lado de una icónica foto de la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano Colin Kaepernick hincado sobre una de sus rodillas en un campo de juego. El ex mariscal de campo fue expulsado de la Liga por arrodillarse durante el himno nacional en protesta contra la violencia policial y la injusticia racial. El texto que acompaña el tuit dice: “Si no te molesta o te molesta poco la primera rodilla, pero te indigna la segunda, entonces, en palabras de mi padre, estás ‘más consagrado al orden que a la justicia’. Y más apasionado por un himno que supuestamente simboliza la libertad que por la libertad de vivir de un hombre negro”.

Mientras las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superan las 100.000, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan aparentemente sin tregua . El pasado 23 de febrero, en Georgia, Ahmaud Arbery fue asesinado a balazos por Travis McMichael y su padre, el policía retirado Gregory McMichael, tras salir a correr. El 13 de marzo la policía de Louisville, Kentucky, disparó ocho veces contra Breonna Taylor, causándole la muerte. Taylor era técnica en emergencia médica y tenía 26 años de edad. La policía irrumpió en su hogar en el medio de la noche, al entrar en el departamento equivocado cuando buscaban a un sospechoso que ya estaba bajo custodia.

Afortunadamente, no tenemos que agregar el nombre de Christian Cooper a esa trágica lista. Chris Cooper, afroestadounidense, se encontraba observando aves en el Central Park de Nueva York el Día de los Caídos cuando respetuosamente le pidió a una mujer que también paseaba por allí que siguiera las reglas del parque y le pusiera la correa a su perro. Ella se negó rotundamente, lo que lo condujo a grabar la interacción. La mujer llamó al 911 y le dijo a Cooper: “Voy a decirles que hay un hombre afroestadounidense que está amenazando mi vida”. Christian Cooper le envió el video a su hermana, quien lo publicó en las redes sociales, donde rápidamente llegó a 42 millones de reproducciones. Alguien identificó a la mujer como Amy Cooper (sin parentesco con Christian) y, como resultado de su reacción violenta, fue despedida de su trabajo y el refugio para perros le retiró su mascota.

Ibram X. Kendi, director fundador del Centro de Investigaciones y Políticas Antirracistas de la Universidad Americana, le dio contexto histórico a esta interacción durante una entrevista para Democracy Now!: “Lo que hizo Amy Cooper es un típico comienzo de violencia racista. Tenemos a una mujer blanca que utiliza como arma su privilegio de ser mujer y blanca. En lugar de resolver la disputa con la otra persona y seguir las reglas y ponerle la correa a su perro, se victimiza y llama a la policía, con esa proyección de víctima, para que la policía vaya y la proteja. A menudo, los policías realmente creen que esta mujer blanca está siendo amenazada por este presunto depredador afroestadounidense. Con demasiada frecuencia, esto lleva a que esa víctima desarmada resulte lesionada o incluso asesinada”. En 1955 un suceso similar condujo a la tortura y linchamiento de Emmet Till, de 14 años de edad.

El profesor Kendi lanzó “The COVID Racial Data Tracker”, un sitio web para documentar las disparidades raciales en torno a la letalidad de la pandemia, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color. Los datos se están utilizando para desacreditar el argumento de que las personas de color se ven más afectadas por la Covid-19 por sus afecciones subyacentes. Kendi explicó: “Al menos hacia fines de marzo, y ciertamente a principios de abril, eran personas latinas, afroestadounidenses e indígenas estadounidenses las que se estaban contagiando y muriendo de forma desproporcionada. Llevó un gran esfuerzo de parte de los movimientos de base, que reclamaron que se expongan los datos raciales, empezar a constatar esto, porque los estados se negaban a verlo. El indicador de predictibilidad fundamental de las tasas de contagio y muerte en la población negra es el acceso a la atención médica, el acceso a seguro de salud, así como la contaminación del aire y del agua y el tipo de empleos. Todas estas determinantes sociales de la salud son indicadores predictivos mucho más fuertes en cuanto a las tasas de muerte y contagio en la población negra que sus afecciones subyacentes”.

Los afroestadounidenses representan el 13% de la población de Estados Unidos, pero han representado como mínimo el 25% de las 100.000 muertes por Covid-19 del país. La misma disparidad en la tasa de mortalidad prevalece entre los 5.000 estadounidenses asesinados por la policía desde 2015: los afroestadounidenses tienen el doble de chances de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos. La violencia policial es una de las principales causas de muerte de los jóvenes de color.

La pandemia revela lo que los videos de teléfonos celulares y cámaras corporales han expuesto cada vez más y lo que las comunidades de color han sabido por mucho tiempo: el racismo está bien vivo en Estados Unidos y tiene consecuencias letales.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Trump amenaza con mano dura en respuesta a los disturbios de Mineápolis

El presidente estadounidense acusa al alcalde de Mineápolis de debilidad tras el incendio de instalaciones policiales de la ciudad, y anuncia que mandará al ejército si continúan los disturbios.  

 

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

El presidente se manifestaba de esta forma horas después de que la imagen de una comisaría de la ciudad totalmente en llamas recorriera las redes sociales dando constancia de la brecha permanente entre la población afroestadounidense y las fuerzas policiales, reabierta contundentemente tras la muerte el pasado lunes de George Floyd, el hombre negro de 46 años que fue retenido por el policía Derek Chauvin durante nueve minutos con una rodilla apretando su cuello, hasta que perdió el conocimiento y murió. 

Tanto el agente, como los tres policías que le acompañaban y que no intervinieron para evitar la muerte de Floyd han sido despedidos pero están en libertad. Ayer jueves se supo que Chauvin, un policía blanco con casi dos décadas de carrera, acumula una docena de quejas por sus actuaciones. Además, según publica el New York Times, disparó en dos ocasiones su arma, la primera en 2006, cuando perseguía junto a otros agentes al presunto autor de un apuñalamiento, que resultó muerto, y la segunda, en 2008, contra un hombre que habría agredido a su pareja. Lejos de ser sancionado, Chauvin contaba con varios reconocimientos por su labor como policía.

La hermana de George, Brigitte Floyd anunció el miércoles que la denuncia por asesinato afectará a los cuatro agentes implicados. La víctima fue inmovilizada y esposada por haber presuntamente intentado pagar en un negocio con un billete de 20 dólares falso. El dueño de la tienda que llamó a la policía mostró su arrepentimiento por haber denunciado y se ha ofrecido a pagar el entierro de Floyd. 

La amenaza del presidente estadounidense, revestida de crítica a Frey, alcalde demócrata de la ciudad que ha mostrado su indignación ante el hecho de que no se haya detenido a los agentes, y que ha mostrado su comprensión ante la indignación de los manifestantes, llega tras tres noches de disturbios, que se han extendido por numerosas ciudades.  El mandatario estadounidense, que ha acusado en su tuit a los manifestantes de faltar al honor del afroamericano asesinado, continuaba su intervención en Twitter con  un mensaje inquietante “when the looting starts, the shooting starts” (cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos). Hasta ahora, las manifestaciones han sido reprimidas con balas de gomas y gases lacrimógenos. 

El incendio y saqueo de la estación de policía durante la noche de ayer, pone de manifiesto la rabia que la población afroamericana siente hacia unas fuerzas de seguridad que acaban con su vida impunemente. Ya en las horas que siguieron a la viralización del vídeo en el que, a plena luz del día y ante la pasividad de los compañeros de Chauvin, se produce el homicidio, coches patrulla fueron destrozados e incendiados. 

Si bien Mineápolis ha sido el principal foco de los disturbios, con un primer despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el gobernador Tim Walz, tras la petición de ayuda del alcalde, las protestas se han extendido por el país y cientos de personas salieron a las calles en California, Chicago, Memphis. Nueva York, Oakland, Ohio y Colorado, según reportan medios del país.

Al grito de “No puedo respirar”, súplica que Floyd repitió varias veces mientras el agente Chauvi apretaba su rodilla contra el cuello del afroamericano, los disturbios han ido intensificándose en los últimos días, obteniendo la represión como respuesta. Tanto el alcalde como el abogado de la familia Floyd,Benjamin Crump, han llamado a la calma, y a la pacificación de las protestas. “No podemos caer al nivel de nuestros opresores y ponernos en peligro los unos a los otros cuando respondemos a la urgencia necesaria de alzar nuestras voces unidas y en ira. El saqueo y la violencia nos distrae de la fuerza de nuestra voz colectiva”, manifestaba el letrado en un comunicado hecho público ayer.

La muerte de Floyd y la impunidad de sus responsables se suma a una larga historia de violencia policial sin coste para sus autores. Las movilizaciones tras los hechos del lunes recuerdan a las que en 2014 sucedieron a los asesinatos por parte de la policía de Michael Brown y Eric Garner, en Ferguson, que dieron gran visibilidad al movimiento Black Lives Matter.

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Redacción El Salto

29 may 2020 09:20


La Guardia Nacional entra en Minneapolis tras declararse estado de emergencia

 

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha enviado a Minneapolis a la Guardia Nacional luego de que el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, declarase estado de emergencia local. El despliegue tiene como objetivo restaurar el orden luego de varias noches de violentas protestas, provocadas por la muerte de un afroamericano a manos de un policía.

Las manifestaciones arrasaron con varias cuadras del vecindario Longfellow, luego de que los enfrentamientos se extendieran por toda la ciudad en dos noches consecutivas de protestas violentas. Los participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

​El detonante fue la muerte de George Floyd, quien, durante un arresto ocurrido el 25 de mayo, fue asfixiado por un agente de policía que mantuvo su rodilla sobre su cuello por casi ocho minutos. La víctima falleció en el hospital poco después. En un vídeo grabado por un transeúnte, se puede escuchar a Floyd diciendo que no podía respirar hasta que lentamente deja de hablar y de moverse.

Las autoridades estiman que las protestas continuarán por los próximos días. Algunas tiendas de Minneapolis y sus suburbios han cerrado o reducido su horario de trabajo por temor a nuevos enfrentamientos. El sistema de tren ligero de la ciudad cerró sus puertas y se planea suspender todo el servicio de autobuses.

El ayudante general de la Guardia Nacional trabajará con las agencias del gobierno local para proporcionar personal, equipo y las instalaciones necesarias para responder y recuperarse de esta emergencia. Además, la Patrulla del Estado de Minnesota proporcionará 200 soldados. Los helicópteros de la Patrulla y otros aviones también estarán disponibles para ayudar a los agentes del orden en tierra.

Por su parte, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, y la jefa de policía local, Medaria Arradondo, prometieron trabajar con los líderes de la comunidad local con la esperanza de pacificar las protestas. No obstante, Frey declaró una emergencia local de hasta 72 horas.

"Si sientes esa tristeza, esa ira, no solo es comprensible, es correcto. Es un reflejo de la verdad que nuestra comunidad negra ha vivido. Debemos creer que podemos ser mejores de lo que hemos sido", dijo Frey durante una conferencia de prensa al respecto.

Por su parte, el gobernador, Tim Walz, declaró que "la muerte de George Floyd debería conducir a la justicia y al cambio sistémico, no más muerte y destrucción".

"Es hora de reconstruir. Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a quienes se les debe proteger", declaró Walz en un comunicado.

La vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, Andrea Jenkins, reiteró los llamados para que la gente protestara pacíficamente, señalando que muchas de las estructuras que fueron incendiadas en los disturbios de la noche anterior cumplen funciones vitales durante una pandemia, vendiendo comida y llenando recetas, por ejemplo.

"Necesitamos paz y tranquilidad en nuestras calles y ruego por esa calma", señaló Jenkins.

Sputnik

23:17 GMT 28.05.2020(actualizada a las 04:18 GMT 29.05.2020) URL corto

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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Ordena Tesoro de EU despojo bancario contra Venezuela

"Grave delito del crimen trasnacional": BCV

Citibank transfirió recursos del país sudamericano a una cuenta de la Fed

 

Caracas. El Banco Central de Venezuela (BCV), máxima entidad financiera del país, denunció que el jueves el gobierno estadunidense ordenó a la institución Citibank, transferir recursos para apropiarse indebidamente de dinero del Estado venezolano.

El BCV relata en un comunicado que el Departamento del Tesoro estadunidense instruyó al banco Citibank "transferir recursos, de una cuenta cuyo titular es este instituto, a una cuenta de la Reserva Federal, consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano".

La principal institución bancaria venezolana señaló que se trata de otra medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y destacó que esta acción se suma a una serie de ataques coordinados contra la nación sudamericana.

Durante años la Casa Blanca ha venido endureciendo una serie de sanciones coercitivas contra Venezuela que impiden su desenvolvimiento económico-financiero y que han implicado el despojo de cuantiosos recursos del Estado venezolano.

El BCV aseguró que "ejercerá todas las acciones a que hubiere lugar en el marco del derecho internacional y del ordenamiento jurídico nacional, para proteger los legítimos derechos e intereses del Estado venezolano".

El banco denunció que los despojos, que suponen "graves delitos de crimen transnacional organizado" han sido acometidos "directamente por el gobierno de Donald Trump, en colusión con diputados extremistas de la derecha venezolana".

La institución lamentó que el referido despojo incide en el desenvolvimiento normal de la economía venezolana, que ya estaba ampliamente afectada por las medidas previas de la Casa Blanca contra Venezuela, y que además se ve más complicada actualmente en vista de la situación generada por la pandemia de Covid-19.

Es un "vulgar despojo" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos "en complicidad" con la Asamblea Nacional, que controla la oposición, denunció el canciller Jorge Arreaza en Twitter.

En otro orden, Brasil cerró ayer formalmente su misión exterior en Venezuela al repatriar a sus últimos diplomáticos y funcionarios de la embajada con sus familias, informaron las autoridades.

Según un comunicado conjunto entre la cancillería y el Ministerio de Defensa, un total de 38 personas, entre diplomáticos y funcionarios de la embajada y los consulados, agregados militares y familiares fueron repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña que llegó a Brasilia.

En el operativo fueron repatriados, además, otros 12 ciudadanos brasileños. Los brasileños que vivan en Venezuela podrán comunicarse con la cancillería de su país mediante un número telefónico.

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

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Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

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Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia

Las Águilas Negras no están "registradas" pero sí existen

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, afirmó en 2013 el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en relación con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los hechos en los cuales se ha vinculado al exmandatario con grupos paramilitares. Junto con estas palabras, anunciaba que ordenaría que se investigara a Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales”. Posteriormente el magistrado sufrió amenazas desde las redes sociales y el senador Uribe Vélez lo señaló de exguerrillero.

El 27 de junio de 2017 el magistrado Pinilla Cogollo renunciaría a su cargo a través de una misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y declararía que su renuncia se debió a que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad[1].

El pasado 21 de febrero del 2020, otro magistrado Juan Guillermo Cárdenas, también del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en una abultada sentencia de 2.278 páginas, contra 9 paramilitares del Bloque Metro, le ordena a la Fiscalía que amplíe la diligencia de versión libre que en noviembre de 2013 rindió Abad Giraldo Arias, ‘el Indio’, “recabando sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la masacre en la vereda Cañaveral”, en Remedios Nordeste Antioqueño, ocurrida el 7 de julio de 2001.

La masacre, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido como ‘Rodrigo Doble Cero’, fundador de las Autodefensas y sanguinario paramilitar; se llevó a cabo contra arrieros y trabajadores de la tierra, a quienes los paramilitares acusaban de ser “colaboradores de la guerrilla”. Fueron decenas las víctimas, muchas obligadamente enterradas en fosas comunes por sus propios vecinos.

El Bloque Metro fue creado en 1998, en el nordeste antioqueño, estuvo asociado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir y con Luis Alberto Villegas Uribe, antiguo socio de la familia Uribe Vélez.

Antes del 2001, el municipio de Remedios, había sufrido otra dolorosa incursión paramilitar donde fueron masacradas 18 personas del caserío. La acción fue cometida por paramilitares de las Autodefensas del Nordeste GAN, la noche del 2 de agosto de 1997. Según el Centro de Memoria, la noche del 1 de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores, sin embargo, horas más tarde, no reaccionaron “para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar”.

Pero los antecedentes nos llevan aún más atrás. Desde los años 80, los mandos militares en la región crearon, una red paramilitar compuesta por miembros de las secciones de inteligencia del ejército, integrantes de grupos paramilitares, y personas ligadas al narcotráfico. Participaron en distintos momentos ganaderos, políticos locales y empresas. Esta red operó bajo diversas siglas: M.A.S, M.R.N, Los Realistas, Los Blancos y ANA.[2]

El 18 de marzo de 1987, el exmagistrado y presidente de la UP Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa, señaló con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones, e informaba de la existencia del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N, demostrando la pertenencia de miembros de la Policía a dicha estructura. El 11 de noviembre de 1988, el MRN se adjudicó la masacre en Segovia en la que fueron asesinados 43 pobladores. Las investigaciones posteriores arrojarían que había sido planeada directamente en el cuartel general de la XIV Brigada, en cabeza del comandante, brigadier General Raúl Rojas Cubillos. También se comprobó que varias de las cartas de amenazas, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del comandante del Batallón Bomboná Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo.

En 1989 hace su aparición en Yondó, Muerte a Revolucionarios y Comunistas MARCO, que regularmente eran escoltados por unidades de la XIV Brigada. El alcalde informó de esta situación al ministro de Gobierno y al gobernador de Antioquia.Posteriormente surgiría el HURE, que según el testimonio del exmiembro de la red de inteligencia de la XIV Brigada; varias investigaciones fueron la principal causa que condujo a la Brigada a crear esta estructura clandestina dentro del ejército” [3].

Ya en 1979, en el Manual Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Del Ejército Nacional, se impartían claras indicaciones para la realización de operaciones encubiertas. Así, se recomienda a comandantes de compañías, el uso de “agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros”.[4]

Al respecto, el caso más emblemático fue el de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que desde 1978 hasta 1981, asesinó y desapareció varios miembros de la oposición política. Las amenazas eran reivindicadas públicamente por la Triple A, pero los asesinatos y desapariciones, eran atribuidos a fuerzas oscuras. Sin embargo, las investigaciones adelantadas y las confesiones de varios exintegrantes del Binci, pusieron al descubierto la identidad de quienes actuaban detrás de la Triple A. Entre ellos el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Batallón de Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” [5].

A principios de 1987, los grupos paramilitares inician su integración a nivel nacional, basados en la experiencia del Nordeste Antioqueño, por ello se realiza una reunión con ese fin en la sede del Batallón “Charry Solano” en Bogotá. Esta reunión esta “liderada por el servicio de inteligencia del ejército”, y asisten líderes paramilitares regionales. Después vendría el MEPAN Movimiento Patriota de Autodefensa Nacional, en el año de 1992. Esta estructura sería el antecedente de las AUC [6].

Con razón el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, había señalado en 2013, que el Estado sabía de la existencia de los paramilitares y de la vinculación de los altos mandos militares con estos desde 1983, por tanto “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”. De hecho el surgimiento del paramilitarismo, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas del país ni se explica por esa razón, al contrario, nacieron y crecieron donde había presencia del Estado y las Fuerzas Militares y eran apoyados por éstas.

El reciente llamado del Tribunal Superior de Medellín al esclarecimiento de la participación del expresidente Uribe en la masacre de Remedios en el año 2001; será fundamental para determinar la profundidad y extensión de esa omisión y acción del Estado Colombiano frente al paramilitarismo y su aterrador accionar.

Mientras tanto, las recientes declaraciones del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales por parte de las Águilas Negras,  en las que despachó el asunto con: “Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, recuerdan las declaraciones de la ANDI en 1983, a raíz del informe de la Procuraduría sobre el M.A.S, en las que los industriales aseguraban: “El M.A.S, no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas”.[7]

1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-   pinilla-articulo-717119

2 Sumario adelantado contra Ramirez R. y otros por Homicidio, por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal.

Declaración de Martín Emilio Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación, el 20/07/90

4 Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá 1979, pág. 188

5 El Espectador, 16 de febrero de 1981. Pág, 10 A

6Documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con las declaraciones del Mayor retirado Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Aparecido en “Tras los pasos perdidos de la guerra sucia” Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia.

El Tiempo, 22 de febrero de 1983, pág. 6 A.

 

Por Pablo Nariño | 16/03/2020 

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