Domingo, 14 Abril 2019 05:48

Una clase magistral de cinismo

Una clase magistral de cinismo

Hace una semana, al promediar la tarde del domingo 8 de abril, el músico Evaldo dos Santos Rosa conducía su auto por la avenida Brasil, principal vía de acceso entre la zona norte y el centro de Río de Janeiro.


En el coche estaban su suegro, su mujer, el hijo de la pareja, de siete años, y una amiga. Iban a una fiesta infantil.


Cerca de la Villa Militar, al borde de la avenida Brasil, había una patrulla del Ejército. Cuando el coche se acercó, empezaron los disparos. Fueron 80 tiros, casi todos de fusil.
Evaldo murió en el acto. Sergio, su suegro, fue herido. Un hombre que pasaba por el lugar fue herido de gravedad. Pese a que Luciana, mujer de Evaldo, haya salido del coche con el hijo en brazos gritando que no dispararan más, los tiros siguieron.


Sería una muerte violenta más en el país en que a cada año ocurren 64 mil muertes violentas, pero Evaldo fue muerto por una patrulla del Ejército. No se ha dado ninguna justificación para la presencia de los uniformados en la escena del asesinato.


Le toca al presidente brasileño, o sea, a Jair Bolsonaro, el puesto de comandante máximo de las Fuerzas Armadas. Es lo que establece la Constitución. Por lo tanto, sería su función elemental ordenar al comandante del Ejército que se pronuncie sobre el fusilamiento.


Bueno: Bolsonaro es Bolsonaro. Y, pasados algunos días, se manifestó con su manera peculiar: “El Ejército no mató a nadie. El Ejército es del pueblo, y el pueblo no mata. Lo que hubo fue un incidente”.


Es decir: hombres vestidos con el uniforme del Ejército, portando fusiles del Ejército, comandados por un integrante del Ejército, ejecutan a alguien indefenso a sangre fría, pero el Ejército no tiene nada que ver.


El ministro de Justicia y Seguridad Pública se llama Sergio Moro. Es el mismo que cuando era juez de primera instancia condenó Lula da Silva a la cárcel por “actos indeterminados” y basado solamente en “convicciones”. Pues ese paradigma de una ética única ahora defiende cambios radicales en la legislación: quiere asegurar la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad que al pasar por una situación de “miedo, sorpresa o violenta emoción” ejecuten a alguien. Licencia para matar, pues.


¿Qué les habrá pasado a los soldados del Ejército que fusilaron Evaldo? ¿Un brote colectivo de miedo, sorpresa o violenta emoción? Para Moro, el fusilamiento no ha sido más que “un accidente lamentable”.


El general Augusto Heleno es jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. Considerado el más poderoso integrante del gobierno de Bolsonaro, dijo que las averiguaciones están en curso y que habrá castigo “si el caso lo requiere”. Lamentó lo ocurrido y dijo que por suerte los que dispararon tienen muy mala puntería: al fin y al cabo, tiraron ochenta tiros con un saldo de solamente un muerto y dos heridos.


Un retrato perfecto de lo que están haciendo con mi país.

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Sodoma: homosexualidad e hipocresía en la Iglesia

Frederic Martel publicó un libro en que sostiene que 80 por ciento del clero de la curia romana es homosexual. Paradójicamente esta mayoría homosexual en Roma es homófoba. La utilizada como una máscara para encubrirse. El 21 de febrero en Roma, justo en el inicio de la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco, se presentó este libro titulado Sodoma, traducido a varias lenguas. Tuve la oportunidad de estar presente en la sala internacional de periodistas donde el autor explicó la naturaleza de su investigación. Cuatro años de trabajo, mil quinientas entrevistas, 30 países visitados, 80 investigadores de apoyo y traducción en diversos países y 14 abogados que lo defiendan de posibles demandas. Sin duda, el libro es no sólo una bomba, sino un éxito editorial por un enfoque no explorado. Su lanzamiento internacional es orquestado como un producto global. Es fruto de una paciente investigación cualitativa que despierta sorpresas en su contenido y cierto morbo, en los países católicos, como secuela de los escándalos de abuso sexual de clérigos a menores.

Sodoma, título del libro, fue una ciudad situada a orillas del mar Muerto según los textos del Antiguo Testamento. Junto a Gomorra, fue destruida por Yavhé. Sodoma, según los relatos, era lugar de perversión, vicios y perdición, castigada con violencia divina por una implacable lluvia de fuego y azufre.

La tesis central del libro es la incongruencia del discurso homófobo de los más altos jerarcas de la Iglesia católica de cara a su práctica y vida homosexual. El posicionamiento público de los jerarcas romanos contradice su comportamiento secreto y privado. Hay una suerte de hipocresía patológica, según el autor, pues existe una discordancia profunda entre su rechazo tajante y visceral ante todo lo homosexual con sus propios secretos íntimos. Mientras más críticos son con la homosexualidad, más lujuriosa es su vida oculta como gays, opina el autor. ¿Cómo explicar que cardenales homosexuales ataquen con todo al papa Francisco? Un gay friendly, es decir, tolerante y hasta condescendiente con los homosexuales. Sin embargo, el investigador francés no vincula la homosexualidad con el abuso pederasta del clero. Nos introduce a una manera alternativa para interpretar los laberintos vaticanos del poder. Martel reinterpreta a lo largo de sus más de 600 páginas la renuncia de Benedicto XVI, la crisis de Vatileaks, la lucha de poder entre camarillas y redes de clérigos homosexuales, entre otros episodios. Reinterpreta con nuevos parámetros los pontificados de Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Circulan en la lectura personajes siniestros como Marcial Maciel, Fernando Karadima (Chile), Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano que le declaró la guerra frontal a la teología de la liberación. También aparecen como cabezas de clóset homosexual los secretarios de Estado Angelo Sodano y Tarcisio Bertone. Retrata las redes de complicidades palaciegas que son consecuencia, entre la corrupción, la cobertura y el chantaje. Hay relatos abrumadores de una extraña relación de atracción-repulsión de actores eclesiásticos que se han envilecido.

En la conferencia de prensa en el centro histórico de Roma, diversos vaticanistas lo encararon, reprochando la falta de seriedad y rigor en su investigación. Es un análisis de entrevistas y hasta chismes, muchos sin posibilidad de corroborar. Con humor, Martel respondió que sólo un investigador gay como él podría hacer un trabajo de tal envergadura porque conoce los códigos de las comunidades homosexuales. Recapituló que recibió información en entrevistas de 41 cardenales, 52 obispos, 45 nuncios apostólicos, periodistas, embajadores extranjeros y más de 200 sacerdotes y seminaristas para develar el secreto mejor guardado en la Iglesia: la homosexualidad como sistema dominante. Incluso se ufanó de haber usado la seducción para adquirir información, aportación "novedosa" a la metodología científica. Y reprochó a los vaticanistas: "Ustedes no entienden nada de lo que ocurre en el Vaticano", o peor, son cómplices de los secretos de alcoba de los altos monseñores.

Bajo esta lupa, Martel analiza la crisis de vocaciones sacerdotales. Antes el sacerdocio era una salida digna para un joven homosexual. Con la apertura y mayor comprensión social a la condición, ahora la Iglesia resulta poco atractiva. Porque se ha convertido en un espacio de homosexualidad unas veces casta, otras veces, la mayoría manifiesta y promiscua, pero siempre teñida de homofobia

En el diario Francés Le Figaro, el dominico Thierry-Dominique Humbrecht ofrece una lectura crítica del libro. Reconoce revelaciones impactantes, pero ante todo increpa que es un trabajo militante. Un periodista miembro de la comunidad gay reprocha al Vaticano y a la Iglesia vivir no sólo una identidad homosexual retorcida, es decir, esquizofrénica, escondida y reprimida, sino también una sistemática agresión a las comunidades gays reales que viven con libertad su condición. El dominico reconoce que Martel pretende forzar a la Iglesia a evolucionar sobre la homosexualidad.

Martel, en Sodoma, nos introduce a las entrañas del Vaticano con diferentes claves de lectura. Ahí su originalidad. Exhibe espesuras fangosas desconocidas de la institución eclesiástica y un embarazoso sistema. Bajo una ley no escrita, lo que él llama "el código Maritain", clave que posibilita comprender los cimientos, actitudes y comportamientos de los actores no sólo del Vaticano, sino de muchas Iglesias locales. La Iglesia mexicana no escapa de esta investigación provocación. No sólo existe Maciel, no es él un accidente aislado, hay muchos otros actores agazapados en el clóset. Seguro vendrán nuevas pesquisas.

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Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente también propone tres reformas para modificar el sistema jurídico surgido de los acuerdos con las FARC


El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.


“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.


“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.


Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.


Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.


“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La "tradición democrática" de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.


Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.


La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.


Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial.

Por Santiago Torrado 
Bogotá 11 MAR 2019 - 02:52 COT

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

 

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

Publicado enEdición Nº254
HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

Publicado enColombia
Control territorial estricto por los paramilitares

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemsido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


A pesar de las continuas declaraciones del Gobierno en las que afirman la no existencia de estructuras paramilitares y la implementación de los acuerdos de paz, sin embargo la experiencia del campesinado de la región es que la presencia del paramilitarismo es cada vez más asfixiante. La estructura que se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” sigue actuando a sus anchas, lo que implica que existe una absoluta tolerancia, aquiescencia o complicidad de la fuerza pública en su accionar y a la vez desmiente que las entidades creadas por el Acuerdo de Paz para reprimir las actividades paramilitares estén funcionando. Los paramilitares tienen cada vez más asfixiado al campesinado de la región mediante impuestos, normas de prohibiciones, exigencia de someterse a ellos, control de todos sus movimientos y reclutamiento continuo de menores. Durante los fines de semana se percibe gran afluencia de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó donde consumen altas dosis de licor y lanzan amenazas contra nuestra Comunidad de Paz,afirmando de nuevo su propósito de exterminarnos.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


• El viernes 8 de febrero de 2019, de nuevo fueron vistos cruzar 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en la vereda Mulatos Cabecera de San José de Apartadó


• Este mismo viernes 8 de febrero de 2019 los paramilitares convocaron y realizaron una reunión en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, allí obligaron a la población civil a participar en dicha reunión.


• El sábado 9 de febrero de 2019, fue visto un grupo de 7 paramilitares portando armas largas cruzar por la vereda la Unión de San José de Apartadó.


• El domingo 10 de febrero de 2019, en horas de la tarde 10 paramilitares vestidos de negro asechaban nuestro asentamiento de San Josesito y al parecer permanecieron allí por el rio hasta altas horas de la noche.


• El lunes 11 de febrero de 2019, en horas de la noche llegaron dos hombres armados y portando capuchas, al parecer paramilitares, a la vivienda de un poblador de la zona y lo obligaron a pagarles 2.000.000 de pesos, según ellos de vacunas, a lo cual el campesino se resistió y no quiso pagar la extorsión; de inmediato lo amenazaron de muerte por no pagar la alta suma de dinero que le estaban pidiendo, luego se marcharon.


• El martes 12 de febrero de 2019, en horas del día fue visto un grupo de paramilitares en trajes negros a pocos minutos del casco urbano de San José de Apartadó por la parte del rio La Sucia hacia arriba.


• El jueves 14 febrero de 2019, pasaron por la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en el punto conocido como la “YE” al parecer venían desde las veredas Baltazar y Naín del departamento de Córdoba.

• El jueves 21 de febrero de 2019, a las 12:00 horas del día 5 paramilitares armados detuvieron por espacio de 15 minutos a dos pobladores en la vereda la Unión de San José de Apartadó, allí les manifestaron el interés de saber en dónde quedaba situado el espacio de la Comunidad de Paz y si quedaba muy lejos, a lo que dichos pobladores no dieron ninguna información. Luego los dejaron en libertad y los paramilitares ingresaron al espacio de la Aldea Rigoberto Guzmán, de la Comunidad de Paz; al ser vistos por algunos pobladores intentaron esconderse pero ya habían sido detectados. Más tarde, hacia las 3:00 p. m. pasó por allí mismo una tropa del ejército.


• El domingo 24 de febrero de 2019, a las 9:00 a.m. un grupo de aproximadamente cinco paramilitares detuvieron a un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y lo sometieron a interrogatorios durante 10 minutos luego lo dejaron en libertad.

• El mismo domingo 24 de febrero de 2019, tropas del ejército, quienes habían sostenido un enfrentamiento con algún grupo irregular, pasaron pos veredas entre Córdoba y San José de Apartadó prohibiendo a los campesinos el uso de teléfonos celulares.


Durante los días 19 a 22 de febrero nuestra Comunidad de Paz realizó la acostumbrada peregrinación a Mulatos Medio donde el 21 de febrero de 2005 fueron masacrados varios líderes de la Comunidad con sus familias. En todos los recorridos que hicimos fue visible el seguimiento de paramilitares de civil, quienes controlaban nuestros movimientos por radios de comunicación. Es un hecho que todos los asentamientos de la zona están controlados por “puntos” o personas-espías que están informando de todo movimiento a los líderes paramilitares.


El 13 de febrero la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional seleccionó para revisión la sentencia de Tutela interpuesta por la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, ordenó suspender el incidente de desacato, hasta que se pronuncie la Corte Constitucional.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 26 de 2019

 

Publicado enColombia
Monólogo del Cauca en Dolor sostenido mayor

Un río adolorido, habitado en sus riveras y cuencas por miles de campesinos/as que como él son víctimas del negocio y afán de lucro de la empresa privada, mal llamada Empresas Públicas de Medellín.

Aquí su lamento, con una esperanza que no debemos perder. La lucha por los derechos humanos y de la naturaleza siempre es gratificante.

 


 

Ante la catástrofe ocasionada por los constructores de Hidroituango, y que puede ser mayor si pronto no se echa atrás la afrenta a la naturaleza, no solo se ha desnudado la improcedencia del modelo hidroeléctrico, sino la maraña de corrupción y errores que encierra el proyecto. Le Monde diplomatique ha escuchado lo que el río tiene qué decir.

El agua que se queda atrás del río descansa…
¡Pero nunca será mar!
Dulce María Loynaz
(La Habana, 1902-1997)

 

Bajo el cielo no hay nada tan blando y maleable como el agua;
 Pero no hay nada como el agua para erosionar lo duro y rígido.
Lao Tse, Tao Te King, 78

Turn down the wall, turn down the Wall!
(¡Derrumben el muro,
derrumben el muro!)
Pink Floyd, The Wall

 

Silencio. Ahora hablo. Hablo cuanto he callado. Lo que he callado días y días, meses y meses, años y años. Ahora usted escuchará lo que quiero decir. Yo soy el Cauca, el Cauca milenario que está aquí desde antes de que ustedes llegarán con sus máquinas, utensilios y herramientas; desde antes, incluso que llegaran, hace miles de años, los pobladores originarios, los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Yo soy el Cauca, uno más entre miles y miles de cuerpos fluviales que surcan la faz de la tierra, y a la vez, la segunda arteria fluvial de este país. Yo soy el río, el río que da vida, que da alimento, que da riego, que da oro, que da riqueza y esperanza. Usted me conoce. Desde que nació me ha visto. Me ha cruzado cientos de veces, de una orilla a otra. Conoce el color de mis aguas terrosas, ha sentido el caudal que amenaza con llevárselo si no está atento, usted se ha bañado, quizá, en él, aunque nadie se baña dos veces en el mismo río porque el ser humano comparte el destino del agua que fluye.


Soy el Cauca, un Cauca maltrecho, contaminado, herido, pero afortunadamente no de muerte. Aniquilarme no es fácil. Soy sobreviviente de otras afrentas de las que he salido airoso. Hoy usted y yo nos damos cita aquí, en Ituango, a medio camino del recorrido entre la laguna del Buey en el Macizo Colombiano, lugar de mi nacimiento, y el municipio de Pinillos, cerca de donde entrego mis aguas a mi hermano mayor. Estamos hoy aquí en este cañón, entre mis hermanas, las dos cordilleras donde me acogen y me estrechan entre sus faldas en fraternal abrazo.


Aún no salgo del asombro, de la indignación. Aquí me quieren detener esos individuos, los que usted ve allá, esos de cascos blancos, amarillos y azules; agitados, nerviosos, sudorosos que van de un lugar a otro, con sus camiones y palas, erigiendo un muro que quieren con él raspar las nubes. Buscan ponerme preso, por eso han erigido este muro de la infamia que llaman la presa, para que yo no escape, para que me quede, a la fuerza y en contra de mi voluntad, represado, anegando tierras fértiles, ahogando especies naturales, autóctonas, extinguiendo para siempre la vida verde tan necesaria para este equilibrio que hemos logrado construir durante millones de años. Un muro de concreto, indestructible, dicen –¡ja!–, capaz de detenerme, de aislarme, de regularme. Escuche usted semejante osadía. Dizque regularme, encausarme por unos túneles infames, revestidos del frío concreto, para que yo filtre por esas cavidades, a su antojo, mis aguas, mi caudal, en la medida y en la porción que ellos quieran, cuando ellos digan y de la manera que ellos desean.


Sostienen que necesitan poner a su servicio mi fuerza, mi ímpetu, mi furor para producir lo que llaman electricidad. No sé si reír o llorar. Con su arrogancia infinita, con sus saberes y ciencias de ingeniería me quieren torcer el brazo, a la brava. Ya lo hicieron una vez, allá arriba, por los lados de Suárez, Cauca; allá también me han represado, en lo que llaman La Salvajina; una salvajada, en realidad, lo que hicieron conmigo; pero arriba soy sumiso y joven e ingenuo, aun no he alcanzado el valle que lleva mi nombre, donde me vuelvo portentoso e indetenible; a ese valle riego y doy vida y color y calor. Acá es diferente, ya soy adulto, un adulto que ha recogido experiencias y vivencias de cientos de afluentes, de lluvias, mi caudal ha crecido gracias a mi inmensa capacidad de encausar toda el agua de esta cuenca. Aquí vengo fuerte, impetuoso, hondo, embravecido; encañonado, ya dije, por la calurosa acogida que me brindan dos cordilleras. Y cuando más energía traigo, cuando más caudal porto, zas, la zancadilla artera, el muro, la presa; me estrello de narices de manera violenta. ¡Ay! Qué inesperado encontronazo, yo que a estas alturas quiero alcanzar las tierras bajas, que ansío las llanuras de la sabana cordobesa, para ir a mi encuentro final con mi gran hermano, aquel que va paralelo a mi entre las otras dos cordilleras.


Un día amanezco con la tristeza alborotada. Otro, con la ira encendida. Otro, con la desesperanza y otro, con el coraje y la determinación que caracteriza a mis amigos, los Nutabes, que han poblado este cañón desde tiempos sin memoria. Todos estos parajes que usted ve en torno nuestro, en este punto, son, eran, de los Nutabes. Hoy los tienen confinados en el resguardo indígena Nutabe de Orobajo. ¡Y ese resguardo está siendo inundado por la represa! ¿Había visto usted semejante despropósito? Ellos, los usuarios ancestrales (a mí no me gusta la palabra ‘dueño’ porque de la naturaleza nadie se puede sentir dueño) de estas fértiles laderas, ahora serán unas víctimas más de este despropósito descomunal.


Pero a los Nutabes los han diezmando, es la forma de doblegarlos. Lo de siempre, carajo. A su cacique Virgilio Sucerquia lo asesinaron fuerzas oscuras en el año que ustedes contabilizan como 1998. Estas tierras, desde siempre, eran aprovechadas para asentarse y cultivarlas los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Entre todos formaron una trinchera para protegerse de las barbaridades de los españoles que llegaban con arcabuces, un garrote vil, un libro y una cruz abriéndose camino como diera lugar. A los que capturaban los arrojaban vivos a los mastines hambrientos y luego sus despojos a mi cauce. Desde entonces mis aguas se han manchado de sangre sin cesar. En épocas más recientes, cuando llegaron esos que ustedes llaman paras, cundió el terror en las riberas de mi cauce.


Me cuenta, gente bien informada, que de aquí, entre los años 1990 y 2016, hay 110.000 personas, de un total de 173.000 habitantes de mi zona de influencia, que han sido víctimas de este conflicto atroz –que algunos de ustedes, aquellos que viven siempre a la derecha, bien a la derecha, de los caminos, se niegan a poner fin, y al contrario, quieren exacerbar–. De esos 106.000 fueron desplazados forzosamente; 616 fueron desaparecidos, ¿me escuchó?, desaparecidos; 163 fueron víctimas de agresión sexual y 3.557 fueron asesinados dentro de ese conflicto. Muchos de esos infelices fueron a dar a mis aguas donde no tuve más opción que acogerlos y llevarlos aguas abajo hasta que algún ser caritativo los recogió para darles sepultura como merece todo ser humano.


¿Usted sabe cuál es el peor desprecio a la vida humana? Quitarla, por supuesto, pero hay algo aun peor: quitar la vida y además dejar insepulto el cuerpo. Eso lo sabía Antígona hace casi tres mil años. Pero aquí se han ensañado para ultrajar de la manera más atroz la vida, la muerte, el descanso de los cuerpos. Soy testigo, soy vehículo, pero no cómplice. Por eso no quiero callar más; por eso no puedo voltear mi cauce, en un meandro más, y hacer como si no hubiera visto nada.


Hablemos de lo que está ocurriendo ahora, no del pasado con todo el dolor que me causa. ¿Usted cree, amigo, que es justo lo que está sucediendo por culpa de ese puñado de insolentes y desvergonzados ingenieros, tecnócratas, políticos y empresarios? Usted bien sabe cuál es mi naturaleza: fluir por lo más bajo. “Los ríos y los mares son los reyes de los Cien Valles porque se mantienen abajo” y también: “La Suprema Bondad es como el agua. El agua es buena y útil a los diez mil seres por igual. No tiene preferencias por ninguno en especial. Fluye en sitios que los hombres suelen rechazar”, dice el Libro del recto camino, también llamado el Libro del sendero luminoso. Por eso, yo estoy con los de abajo y desde abajo es donde emana mi fuerza.


Mire, esos barequeros que están allá me llaman “el Mono”; será por mi color amarillo oscuro. Dicen que soy el patrón de ellos. A la persona que se me acerque le doy trabajo sin pedir cartas de recomendación, ni antecedentes, ni certificados de experiencia o acreditaciones. Ellos saben que no pueden ir a otro lugar a buscar trabajo, en una empresa. Muchos son mayores y no saben leer. ¿Qué trabajo les van a dar por allá? Yo no les exijo nada, solo que me traten bien. Algunas pepitas de oro alcanzo a dejarles para que puedan subsistir después de tanto que me han saqueado.


Ahora véalos allá, sin trabajo, hacinados en una bodega, se han quedado sin los ranchos que mis aguas arrasaron una madrugada del 10 de mayo. ¿Culpa mía? Sí, dicen aquellos, los que están allá arriba mirándonos con recelo, los de cascos blancos, amarillos y azules. “El río está embravecido, si ustedes no salen, el agua los sacará” les dijeron a los habitantes de mis riberas y me echaron toda la responsabilidad. ¿Habráse visto tanta infamia, tanta insolencia? ¡Tras de ladrón, bufón! ¿Ah? ¿Es que acaso no entienden que mi naturaleza es fluir hacia lo más bajo? ¿Qué tiene que suceder para que comprendan que a mí no me pueden detener, a la brava, poniéndome un muro en la mitad del camino por más ancho y aparentemente sólido como el que ellos se empeñan en construir cada vez más alto y así desafiar mis aguas?


Dicen que sí, claro, es posible, que eso se hace incluso con ríos diez veces más grandes y caudalosos que yo. Me hablan del Yangtsé y la represa de las Tres Gargantas, del Paraná y la represa de Itaipú, del Nilo y la represa de Asuán. Yo no sé, amigo. Jamás he ido por allá, pero no quiero imaginar el daño que hicieron los colegas de estos hombres de cascos blancos, amarillos y azules, para represar esos tres grandes portentos fluviales. No quiero saber de las especies animales y vegetales sacrificadas, de los seres humanos desplazados, de los templos, cementerios y sitios de pagamento anegados para siempre. La historia se repite una y otra vez desde hace más de ciento treinta años cuando les dio por represar ríos para sacar energía, en su insaciable sed de tener cada vez más y más potencia eléctrica; como si el progreso fuera ilimitado; como si los recursos fueran inagotables y no se pensara en una armoniosa colaboración entre la naturaleza y ustedes, los individuos que se han convertido en nuestro principal depredador.


Claro. No aguanté más. Por algún lado tenía que reventar. Busqué camino. Lo encontré y me desbordé. Ellos, los habitantes de mis riberas del cañón nunca habían visto algo semejante. Jamás habían presenciado que mis aguas corrieran hacia arriba. Pero sucedió. Y seguirá sucediendo si la obstinación no cesa.


Ahora me responsabilizan de la tragedia que pueda ocurrir, la que está a punto de ocurrir: agotada mi paciencia, yo mismo ya no podré seguir conteniendo mis aguas y romperé la presa y me llevaré por delante –¡ay, mi destino!– poblaciones tan vivas, pujantes y hermosas como Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, Ayapel, Guarandá, Nechí, San Jacinto del Cauca, Majagual y Achí, entre otras. El daño lo han hecho los de cascos blancos, azules y amarillos, pero ahora, dicen, el responsable de causar la tragedia soy yo. Eso es ser infame. El daño, a hoy, que se ha ocasionado al tejido social de toda esta cuenca hidrográfica es irreparable. ¿Qué se hará para resarcir e indemnizar a toda esta gente? ¿A dónde tendrán que dirigirse? De nuevo: más desplazados, más gente empobrecida inundando las ciudades que no tienen como acogerlos si no es en los cinturones de miseria. “Cuando pase la emergencia”, dicen ellos. ¿Y es que acaso creen que este proyecto será viable algún día? Si las alarmas y sirenas que ellos mismos han instalado siguen sonando todos los días, si las alertas rojas no se han levantado y no se levantarán hasta tanto yo no recupere mi cauce y mi caudal normal, sin muros, ni presas, ni túneles, ni artificios humanos.


“Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la energía que este país necesita?” me han venido a gritar aquí, a mis riberas, algunos de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos. “¿Es que no se da cuenta –vociferan–, que en este país la energía proviene de las hidroeléctricas que hay por toda la geografía montañosa? Además, este proyecto será –‘sería’, deberían decir– el más grande jamás construido en el país de esta naturaleza”. Y me preguntan a mí como si debiera dar respuesta a su codicia inagotable. A mí me informan que hay soluciones bien implantadas en otros países, con energías renovables –eólica, solar, biomasa, mareomotriz– y sin afectación tan grande a la naturaleza. Si tanto es su apetito, deberían haber hecho la tarea hace mucho tiempo para buscar soluciones alternativas. Si hubieran partido al amanecer a esta hora ya habrían llegado. El modelo energético de este país no podía seguir en esa carrera ciega de más y más hidroeléctricas, cada vez más grandes, cada vez más invasivas, cada vez más temerarias. Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dicen los más sabios.


Afortunadamente, amigo, no estoy solo. Tengo aliados formidables, portentosos. ¿Sabe quién? La montaña. Las cordilleras. Las que me abrazan y acogen en este bellísimo cañón. Ellas están colaborando, se están movilizando, reacomodando, con el crujir de las fallas geológicas que yo ayudo a crear gracias a la inconmensurable presión que ejerzo con estas aguas represadas, y así alcanzaremos el propósito que nos alienta: que yo pueda fluir naturalmente. Entre los dos, montaña y río, haremos justicia. Recuperaremos mi cauce. Salvaremos la vida: por una parte, a mí, el Cauca y, por la otra, a todo lo que me rodea y se nutre de mi y habita en torno a mí. ¿No se da cuenta que me quieren robar? ¿Qué me quieren aniquilar?


Ya va para un mes que a esas personas las hicieron salir de sus hogares y las llevaron a vivir hacinadas en unos coliseos, en unas escuelas, en unas bodegas. Desacomodaron toda la economía, las dinámicas sociales, la educación, la prestación de salud de todos estos lugares, de las poblaciones que evacuaron y de las poblaciones adonde llevaron los evacuados. Aquí todos pagan por los errores, las improvisaciones y la corrupción de esos individuos de cascos blancos, azules y amarillos y de los que están allá en Medellín y en Bogotá, dirigiendo todo desde sus cómodas oficinas, con tinto, agua y alimentos servidos a sus mesas, con baños a unos pocos pasos. Regresan en las noches a sus casas a dormir en cómodos lechos, no en el piso sobre unas colchonetas que casi no llegan, a pesar de la emergencia, a los lugares donde hacinaron los evacuados. A los que no quieren acudir a esos refugios les ofrecen dinero para que busquen dónde irse y así lavarse las manos del problema social que han generado. Como si uno o dos millones de pesos resolviera un problema tan grande. “A finales de junio estará superado cualquier riesgo en Hidroituango” dicen los titulares mentirosos para tratar de calmar los ánimos. ¡Ja! Si cada día hay una nueva alerta, una nueva alarma que se enciende, por lo que he dicho: río y montaña estamos aliados para no dejarnos vencer de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos y de sus jefes en las oficinas “inteligentes” de Medellín y Bogotá.


Si ellos, esos individuos arrogantes, llenos de sabiduría técnica y científica, colmados de títulos y cartones (y de codicia por los billones de pesos que mueve este proyecto) tan solo atendieran por un momento los principios que rigen la filosofía andina, otra cosa pensarían, otra cosa harían. Pero ellos no saben ni quieren saber nada de filosofía; y mucho menos de filosofía andina, ni de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios.


Si lo hicieran, sabrían qué leyes rigen a la naturaleza y al ser humano, cuál es la lógica (ya que ellos son tan racionales) andina que aquí es ley. Sabrían –pero no quieren saberlo– que hay un principio general de relacionalidad de todo. En el principio todo era relación, la relación es la verdadera ‘sustancia’ andina. Para la filosofía andina, el individuo es “nada”, es algo perdido si no se halla insertado en una red de múltiples relaciones. El ser humano no se puede desconectar de los vínculos naturales o cósmicos. Esta relacionalidad se cristaliza a través de la reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia entre los aspectos afectivos, ecológico, éticos, estéticos y productivos. ¿Me explico? Todo está unido, todo está relacionado, todo esta entrelazado. No hay forma de romper esos vínculos relacionales. No hay forma de cortar en dos un río, aguas arriba y aguas abajo, como ellos intentan e insisten hacer. A todo daño corresponde otro. Todo está en un equilibrio perfecto. A cada acción corresponde una reacción; a toda gestión corresponde un efecto, no hay causa sin efecto. Así de sencillo. Pero ellos no han logrado entenderlo. Y, de allí, todo lo que ustedes, y yo, estamos viviendo. Y como digo, ya sabemos quiénes son los que están pagando las consecuencias de esta ceguera infinita.


“Perdimos el control de la obra” dijeron hace unos días. ¡Qué gran verdad! ¡Qué coraje (o qué vergüenza) tuvieron al haberlo admitido! Ahora sólo queda un camino: deshacer lo que hicieron. Desarticular el monstruo que fabricaron en su soberbia infinita: desmontar esa presa, piedra a piedra, roca a roca y dejarme fluir como ayer, como hace años, decenios, centurias, milenios.


Yo soy el Cauca. Yo soy el río, el río que agoniza contaminado por las industrias del Valle, por el mercurio, y los químicos que vierten en mis aguas esas industrias y me hieren de muerte y que aún así me resisto a morir, a ser nada más que una cloaca fétida. En mi aun hay vida, mucha vida. En mi todavía nadan, viven y se reproducen la sardinata, el barbudo, la picuda, la cucha, el mazorco, el bocachico, el jetudo, el chango, la sabaleta, la guabina, el guachilejo y la dorada, en mis aguas todavía hay aluviones de oro, en mis riberas vuelan la zarceta azul, la lora cabeciazul, a mis orillas fangosas se acercan para desovar las cecilias, las salamandras, las ranas y sapos, las tortugas, los cocodrilos.


No hay alternativa. Entiendan, hombres sin razón, el principio de relacionalidad, de reciprocidad, de correspondencia. Ustedes no pueden hacer tanto daño y no pagar las consecuencias. Dejen de hacer sufrir a tanta gente despojada y desplazada de sus hogares, de sus sitios de trabajo, de sus centros educativos, de sus puestos de salud.


Desbaraten lo construido, háganlo pronto antes de que la montaña y yo tengamos que hacerlo. ■

 

*Escritor. Miembro del Consejo de redacción del mensuario Le Monde diplomatique, edición Colombia. Director de la colección de literatura Ríos de letras de Ediciones Desde Abajo.

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Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

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La impune maquinaria del sicariato contra los dirigentes populares

El 11 de Enero, Alfamir Castillo, una emblemática luchadora popular del Valle del Cauca, fue víctima de un cobarde atentado mientras se desplazaba con su marido en la carretera de Pradera a Palmira. Hay que mencionar que esta carretera está altamente militarizada y tiene presencia policial permanente.

Alfamir Castillo ha vivido con un dolor muy grande: su hijo, Darbey Mosquera Castillo, fue asesinado por el Batallón de Contra Guerrilla No. 57 "Mártires de Puerres" del Ejército Nacional en Febrero del 2008, en una vereda de Caldas, donde el muchacho le habían ofrecido trabajo. Luego lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en el infame caso de los “falsos positivos”, cuando el “presidente de la paz”, Juan Manuel Santos, era ministro de defensa. Ese fue el asesinato sistemático de muchachos de escasos recursos, secuestrados por el ejército después de prometerles trabajo, para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, a fin de que la soldadesca y los oficiales pudieran cobrar beneficios económicos, ser promovidos en la jerarquía castrense y obtener vacaciones, beneficios que les garantizaba el “pacificador” Santos en su política de conteo de cabezas. Estos no fueron casos aislados: la investigación “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (2017), escrita por el ex policía y sociólogo Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavides, presenta evidencia de que hubo más de 10.000 casos. Esto fue un genocidio sin proporciones en la historia colombiana, y las denuncias de que la práctica no han cesado siguen en pie.


Alfamir Castillo, sin embargo, no es una mera víctima. Es una luchadora popular excepcional que ha convertido el dolor ocasionado por el cobarde asesinato de su hijo, en ternura para todos los oprimidos. En cada movilización, ahí está ella. Patiana de nacimiento, de un pueblo cerca del Bordo, ha vivido muchos años en Pradera, Valle, junto a su marido, un cortero de caña que está lisiado, aquejado por enfermedades ocupacionales derivadas del corte, en una batalla legal contra los ingenios para que le reconozcan la afectación que ha sufrido y lo compensen. Cuando el paro de los corteros en el 2008, allá estuvo ella, organizando el Comité de Mujeres Corteras de Caña para apoyar a sus esposos en esa lucha contra el Goliat azucarero. Su liderazgo fue clave para mantener la movilización de los corteros, un punto de inflexión en la historia reciente de las luchas populares. En esas correrías fue que la conocí, y aprendí a admirarla y apreciarla. El atrevimiento de enfrentarse a los zares del azúcar, a los Caicedo, a los Ardilla Lulle, los Cabal, los Eder, les ha costado caro a los corteros: la mayoría de quienes lideraron ese paro, han debido enfrentar agresiones, atentados y el desempleo.


Alfamir no ha estado al margen de esta situación. Varias veces ha tenido que salir desplazada de Pradera por amenazas en su contra. En el 2012, incluso, recibió el “beneficio” de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], pero no pasa nada. En Cali, desplazada, la atacaron una vez con una jeringa. Otras veces le han apuntado con pistolas. Ahora la cosa fue a tiros. Tres tiros en contra de la camioneta en que se desplazaba, ninguno de los cuales la alcanzó, afortunadamente. Ese día había recibido dos amenazas, en las que le decían, “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tú no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…” y “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere” [2]. Tu insolencia a “mi” comandante… más claro echarle agua.


Estuviera esto pasando en Venezuela, ya habría escándalo internacional, y los representantes colombianos, con espuma en la boca, estarían pidiendo sanciones en la OEA y la ONU. Pero como es Colombia, todo pasa de agache porque el asesinato de dirigentes sociales se ha vuelto un deporte: casi 300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz el 24 de Noviembre del 2016. Es decir, en poco más de dos años. Asesinatos selectivos, la mayoría después de amenazas, los cuales buscan descabezar las organizaciones sociales. Un auténtico socialicidio, como lo he llamado en ocasiones anteriores [3]. Ante quienes plantean que “el conflicto es muy complejo para saber de dónde vienen los tiros”, que pueden ser muchos sospechosos, etc. recientemente, la Universidad del Rosario ha publicado una sistemática investigación en la cual demuestran: uno, que la mayoría de los asesinados es por disputas de tierra y que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, las milicias privadas de ganaderos y terratenientes[4]. El mismo estudio abofetea al manoseado argumento, repetido por la socialbacanería hasta el cansancio antes del acuerdo de paz, de que “una vez acabadas las FARC-EP se le acabaría a la oligarquía la excusa para matar y se tendrían que volver demócratas”, demuestra que en las zonas donde existía las FARC-EP y éstas se desmovilizaron, es donde se concentra la mayor parte de los crímenes recientes.


Acá están claros los móviles de los asesinatos y los sectores sociales detrás de ellos: lo que no hay es voluntad política para coger al toro por las astas. Contrasta la ineficacia para encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes en contra de las organizaciones populares, y dirigentes sociales y de izquierda, con la asombrosa eficiencia demostrada por la policía para capturar y encerrar en la cárcel (¡en menos de 24 horas!) a un pobre muchacho que, de broma, comentó en Facebook que asesinaría a uno de los hijos de Uribe Vélez: sin ninguna intención de realizar el crimen, sin organización detrás, sin ningún arma, pasó varios meses en la cárcel mientras la Fiscalía pedía 15 años de cárcel [5] … por un comentario pendejo en las redes sociales. Pero a los líderes sociales se les estigmatiza por los medios, se les señala con el dedo, se les amenaza, se les asesina y nada. No pada nada.


El grado de podredumbre del régimen colombiano alcanza niveles realmente sórdidos… en las raras ocasiones en que la justicia medio afecta, así sea tibiamente, a sectores poderosos de la sociedad, inmediatamente comienza a moverse una maquinaria macabra que intimida y asesina a potenciales testigos en contra de sus “patrones”. El caso Odebrecht, que salpica a Uribe, a Santos y a todos los círculos del poder, ya ha tenido tres testigos claves del proceso muertos en extrañas circunstancias: José Pizano, su hijo Alejandro Pizano (ambos envenenados con cianuro) y Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de Santos, que apareció muerto en un aparente suicidio. Ahora, el tema de los falsos positivos ha entrado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aun cuando esto debería ser materia de las cortes comunes y corrientes porque es un crimen que no puede justificarse de ningún modo en el marco del enfrentamiento del Estado con las FARC-EP. Gracias al proceso de paz, y al abuso que se está haciendo de la JEP, los militares que tanto esfuerzo habían sido castigados por los “falsos positivos” están saliendo de las cárceles. Pero así las cosas, este tribunal, sin dientes, es inaceptable para los altos estamentos castrenses porque en la JEP se sabrá que este no fue un tema de “manzanas podridas” entre los bajos y medios mandos. La JEP, hecha a la medida de la clase dominante, siendo muy difícil que ningún miembro del Estado reciba condena alguna, careciendo de dientes ante los poderosos, pero potencialmente con afilados colmillos para los exrebeldes, es demasiado para una oligarquía acostumbrada a la impunidad absoluta.


El general Mario Montoya hoy enfrenta cargos por los falsos positivos, y ya comienzan a llover amenazas y tiros contra los testigos. El abogado de Alfamir señala que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado” [6]. Por si queda dudas de qué círculo provienen las amenazas y las agresiones en contra de Alfamir, en Octubre, ella participó en una de las audiencias contra Montoya por el tema de los “falsos positivos”; ese mismo día la amenazaron y le dijeron que no se volviera a aparecer por las audiencias [7].


Si Alfamir, una mujer de una valentía realmente admirable, recibe este golpe… ¿quién se va a atrever a levantar el dedo contra Montoya? Si poderosos testigos del caso Odebrecht están muriendo, ¿qué misericordia de la máquina sicarial puede esperar una mujer negra, esposa de cortero, una mujer pobre como Alfamir? El sistema ha mostrado una crueldad espeluznante hacia Alfamir y su familia: asesinándole un hijo, amenazándola y atacándola constantemente, con los ricos del Valle negándole una miserable pensión a su marido. Negándoles sistemáticamente cualquier reparación, cualquier asomo de justicia. Pero ahí está pintado de cuerpo entero y sin afeites. Es increíble que después de tanto dolor, de tanta saña contra ella, no le hayan logrado silenciar ni amedrentar. Inmediatamente después del atentado su voz, esa voz que tanto han querido callar, volvió a hablar fuerte, claro, lozana, para decir lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen (…) ¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia? (…) Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación. No podemos permitir que esto siga pasando” [8]. Con la porfía de Antígona, Alfamir no descansará hasta que haya justicia. Y todos a quienes nos palpita el corazón por la justicia social, por la libertad, tenemos que rodearla para que siga en su lucha que es nuestra lucha.


Alfamir, hermana, amiga, compañera… recibe nuestras manos solidarias abiertas para seguir tejiendo resistencias a la infamia.

Por José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Notas
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-de-madre-de-victima-articulo-380721
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[3] http://anarkismo.net/article/30859
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251112&titular=%93a-los-l%EDderes-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-miner%EDa-o-coca-como-por-
[5] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6735011https://www.semana.com/nacion/articulo/absuelto-nicolas-castro-acusado-amenazar-hijo-del-expresidente-uribe/246349-3
[6] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[7] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-solicita-con-urgencia-proteccion-para-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra
[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-83375

 

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