Juan Pablo II recibe a Marcial Maciel en el Vaticano, el 30 de noviembre del 2004 TONY GENTILE (Reuters)

"Todos en el Vaticano lo sabían y nadie hizo nada", asegura el octogenario y exlegionario Félix Alarcón, una de las primeras víctimas del depredador Maciel

 

Durante años campó a sus anchas por los pasillos vaticanos. Era el ejemplo de fundador de nuevo movimiento: un hombre íntegro, adulador, con capacidad de liderazgo. Juan Pablo II lo consideró "guía eficaz de la juventud". Pero, durante décadas, muchos en la Iglesia sabían que en realidad Marcial Maciel (1920-2008), fundador mexicano de la Legión de Cristo y afincado durante años en España, era un depredador. "Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo error", ha apuntado el cardenal João Braz de Aviz en una entrevista en la revista católica Vida Nuevarecogida por El País.


La Santa Sede había recibido las primeras denuncias de abusos contra Marcial Maciel en 1948, pero no hizo nada hasta que, en 2006, el Papa Benedicto XVI condenaba al fundador de los Legionarios de Cristo a una vida de oración y silencio, apartado del mundo, al comprobar que había abusado sistemáticamente de menores y que, además, mantenía una doble vida, con varias mujeres y hasta media docena de hijos.


Nadie hizo nada por frenar a Maciel, que contaba con el total apoyo de Wojtyla (Juan Pablo II), hasta el punto de que el Papa hizo caso omiso a las denuncias que, desde 1988, lanzaron algunos de los primeros integrantes de la Legión de Cristo. Entre ellos, el sacerdote Félix Alarcón: "Todos en el Vaticano lo sabían, y nadie hizo nada", asegura este octogenario, una de las primeras víctimas del depredador Maciel.


Pero las primeras denuncias llegaron en diciembre de 1944, en una carta al obispo de Cuernavaca, en la que el joven Luis de la Isla y sus padres denunciaban abusos de Maciel, pero ni actuó en consecuencia ni envió informes al Vaticano.


La primera vez en que las denuncias llegaron a Roma fue desde España. Dos jesuitas de Comillas enviaron en 1948 sendos informes a la entonces llamada Sagrada Congregación de Religiosos. En 1954, apuntan los documentos, fue el Arzobispado de México quien pidió informes sobre el fundador al legionario Federico Domínguez, quien habló por primera vez de la adicción a la dolantina (un opiáceo) de Maciel. El informe llegó hasta el Vaticano.


Dos años después, el arzobispo de México y el nuevo obispo de Cuernavaca denunciaron por pederastia y adicción a las drogas a Maciel, pidiendo su suspensión temporal. Durante algunos años (al final del pontificado de Pío XII y el de Juan XXIII) Maciel fue apartado temporalmente de la dirección del instituto.
Abusos, drogas y dinero


Los documentos muestran que la Santa Sede estaba enterada del abuso de drogas por parte de Maciel, de sus abusos sexuales y las irregularidades financieras desde 1956, cuando ordenó una investigación inicial. Sin embargo, durante décadas y gracias a la habilidad de Maciel de mantener silenciados a sus propios sacerdotes, su habilidad para colocar a legionarios confiables en puestos clave en el Vaticano y su cuidadoso cultivo de relaciones con los cardenales vaticanos, obispos mexicanos y católicos poderosos y acaudalados, Roma prefirió mirar hacia otro lado.


Hasta 1976 no se produjo una nueva denuncia, cuando dos exlegionarios lo hicieron en Estados Unidos, enviando copia de la demanda a Roma. Finalmente, en febrero de 1997, un grupo de ocho exlegionarios –entre ellos Félix Alarcón y Juan José Vaca– lograron que la denuncia contra Maciel alcanzara los medios de comunicación internacionales.


De todos modos, Juan Pablo II ordenó bloquear el asunto en Doctrina de la Fe en 1999. También se permitió entonces que Maciel construyera su entramado empresarial para evadir impuestos entre los años 1990 y 1992, cuando todavía gozaba de la protección del Vaticano. Según publicó El Confidencial en su investigación de los Papeles de Panamá, el negocio de las universidades vinculadas a la congregación religiosa con más de 300 millones de patrimonio, se administró desde territorios opacos.


Entre 2002 y 2005, el entonces prefecto (y futuro Benedicto XVI), Joseph Ratzinger, trabajó privadamente en un grueso informe con todas las denuncias recibidas y, en 2006 (ya siendo Pontífice), suspendió definitivamente a Maciel.


Muerto el depredador, no se acabó la enfermedad, sino que continuó emergiendo con más fuerza. Y es que la Legión de Cristo, uno de los movimientos más importantes de la Iglesia neoconservadora, tuvo que comenzar en 2010 un proceso de purificación que acabó, hace pocos años, con la reestructuración completa de la rama sacerdotal, la laica (el Regnum Christi) y las consagradas.


El imperio financiero que compra influencia


La refundación eliminó toda referencia a Marcial Maciel y a sus escritos. Solo aparece como fundador, pero ninguna de las normas que aplicó durante sus sesenta años al mando de la organización se mantienen. Pese a esa reinvención, la Casa General de Roma de los Legionarios ha acogido al pederasta John O'Reilly, expulsado hace dos semanas de Chile tras cumplir una condena de cuatro años de prisión por abusar de menores.


Hoy, la Legión de Cristo sigue siendo un 'ejército' a la orden de la Iglesia neoconservadora. La forman 21.300 miembros seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados y 1.537 legionarios de Cristo (sacerdotes). La Legión mantiene 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y cuatro eclesiásticas, donde se forman 176.000 alumnos en todo el mundo.


En nuestro país, los legionarios gestionan el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, y el famoso seminario de Ontaneda (Cantabria), donde se produjeron algunos de los primeros abusos de Maciel, y Moncada (Valencia). La Universidad Francisco de Vitoria, colegios como Everest y Cumbres o los Highlands son otros de los centros educativos de la Legión que, lejos de desaparecer, se ha reinventado en mitad de un pontificado aparentemente progresista como el de Francisco.


Según la investigación El imperio financiero de los Legionarios de Cristo (Grijalbo), del periodista mexicano Raúl Olmos, su supervivencia se explica porque la congregación es muy influyente y también es fundamental en la parte económico-financiera: "Tiene más liquidez que el propio Vaticano", hasta el punto de que "financian parte de la actividad de la Santa Sede", relata. No en vano "en México se les conoce como 'Los millonarios de Cristo".


Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Marcial-Macel-cordero-Legionarios-Cristo_0_852865091.html

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Daniel Prado: “Los paramilitares llegaron a tener un presidente”

Daniel Prado es abogado de la parte civil en el caso Los 12 Apóstoles y defensor de los Derechos Humanos en Colombia.

 Entre los días 3 y 7 de diciembre, se celebraron en Colombia las audiencias finales del caso de Los 12 Apóstoles. Si Daniel Prado obtiene el fallo favorable del juez, a principios de 2019 Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, podría pasar 40 años en prisión tras un juicio sin precedentes en la historia colombiana. Un proceso que se remonta a 1997 y a crímenes que tuvieron lugar en la década de los 80 que podría demostrar, por vez primera, las relaciones entre los grupos paramilitares con la alta clase política y con las fuerzas de seguridad en Colombia.

El grupo contrainsurgente Los 12 Apóstoles toma su nombre de uno de sus integrantes, que era u sacerdote. En el juicio, se le atribuye a Santiago Uribe, de manera directa, el asesinato del conducto de autobús Camilo Barrientos, aunque también se le acusa de estar al mando de este escuadrón de la muerte. Los 12 Apóstoles cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron como delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fue la llamada limpieza social de las personas políticamente incómodas en Colombia.


Daniel Prado responde sin prisa en una cafetería del centro de Madrid. Llama la atención su lenguaje llano. Se aleja lo máximo posible de lo que se esperaría de un hombre “de derecho”: pocos tecnicismos, opiniones políticas y un lenguaje que se aleja de lo intrincado. Responde a todo, pero, cuando escucha la pregunta sobre las amenazas a defensores de los derechos humanos, le cambia la cara. Se deduce por su gesto que ha sufrido la pérdida de alguien cercano, y eso le invita a no responder. Hay un largo silencio. La pregunta cambia. Sigue contestando con total normalidad, como si no hubiera existido ese momento incómodo.


¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?


Se le vincula con la muerte de Carlos Barriento en 1994, un conductor de lo que en Colombia se conoce como una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y también se le acusa de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De haberlo creado, de haberlo financiado y ser parte de la estructura del grupo. Es el delito de concierto para delinquir con fines para financiamiento de grupos paramilitares.


¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles , al igual que su hermano?


Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de vigilancia privada. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los derechos humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. En el año 94 se eligió a Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y, para finales de los 80, en la región del sureste antioqueño, tienen gran presencia los grupos de vigilancia privada. Son los que comienzan a hacer las campañas de limpieza social en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una incidencia grande en la política colombiana.


Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso que adelantamos. Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.


¿Está diciendo que la casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenece a los dos hermanos y no solo a Santiago?


Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esta época. La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.


La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar. ¿Cuál era esa relación?


Se habla de que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa. En esta familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar. Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez [Prado muestra en su teléfono móvil la portada]. Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.


¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?


Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de las fuerzas públicas; es más, en la hacienda de la Carolina había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.


Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares. Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otro ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la seguridad privada como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada. En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de seguridad comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.


¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los derechos humanos en Colombia?


Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.


Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. ES parte de la dignidad del ser humano.


¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte del Estado?


Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenan al Estado colombiano blindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer es algún tipo de presión; es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los derechos humanos, en este caso por la mía también.


¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?


El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos acuerdos. [El anterior Gobierno] tuvo como única finalidad ocultar las actuaciones que cometieron, específicamente su relación con el apoyo y financiación de grupos paramilitares.


En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los 'Falsos Positivos'. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos. Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.


¿Iván Duque supone un cambio como sucesor del ahora senador Uribe respecto a estas políticas de seguridad nacional?


Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna el cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?


Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones. El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable. Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en su gobierno? ¿Cuántos funcionarios de su gobierno no están en la cárcel por corrupción? El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.

Por OSEBA TORRONTERAS / ÁLVARO BRAVO

PUBLICADO
2018-12-12 06:06:00

Publicado enColombia
Omar Rojas: “Hay evidencias de la colaboración entre el Estado y los paramilitares en el caso de los falsos positivos”

Ex teniente coronel de la policía colombiana, sociólogo e investigador, Omar Rojas Bolaños documenta la ejecución de más de 10.000 “falsos positivos” por parte del Estado en tiempos de Álvaro Uribe.

 

El sociólogo Omar Rojas Bolaños ha conducido junto con el historiador Fabián Leonardo Benavides un trabajo de investigación que es, al mismo tiempo, una denuncia implacable. El resultado final: un libro que documenta más 10.000 crímenes de Estado perpetrados durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe en el marco de la época de la llamada “Seguridad Democrática”.

Rojas había desarrollado su carrera en la Policía Nacional colombiana, donde sirvió desde 1981 a 2011, acumulando ascensos hasta llegar a teniente coronel. Hombre de una profunda ética, mamada en casa desde que apenas era un niño, la indignación no le impide mantener con serenidad un compromiso firme por la justicia y la memoria. Un compromiso que se plasma no solo en su investigación, sino en la gira que ha emprendido para divulgar los resultados de su trabajo.

El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Universidad Santo Tomas, 2018) analiza el fenómeno de los “falsos positivos”, presentados como bajas producidas por combates con la guerrilla. En realidad, se trataban de cadáveres de supuestos guerrilleros que, de acuerdo con la estrategia del “conteo de cuerpos”, el Ejército colombiano utilizaba para afirmar ante los medios que estaba ganando la guerra.

¿De dónde surge la idea de hacer una investigación sobre los “falsos positivos”?

Como sociólogo, siempre me ha interesado investigar cómo repercuten los problemas más actuales en la sociedad colombiana. Durante la década de los 90 realicé un trabajo acerca del asesinato de policías por parte del narcotráfico y de la guerrilla, que también analizaba su impacto en las familias de las víctimas.

Ya en el año 2008 iniciamos el estudio de los “falsos positivos” como fenómeno que afecta a toda la sociedad, por más que la opinión pública lo ignorase todo acerca de ellos.

Casualmente, encontramos a una persona que se entregó a un grupo de policías diciendo que había sido contactado por alguien del Ejército para hacer un trabajo, y esa era la información que manejé por aquel entonces. Más o menos a los tres meses aparecieron los casos de los “falsos positivos” de Soacha, una población en el departamento de Cundinamarca, muy cercana a Bogotá, donde unos 18 jóvenes fueron reclutados por el Ejército con el propósito que se fueran de esa zona. Los muchachos fueron trasladados al departamento de Santander, a varios kilómetros de distancia de Bogotá, y allí fueron asesinados. Posteriormente, el Ejército presentó sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

A partir de aquí fuimos acumulando información, que contrastamos con estudios universitarios que iban apareciendo y con sentencias judiciales que se iban emitiendo sobre casos concretos de falsos positivos, que no son sino asesinatos del Estado, perpetrados por agentes del Estado en servicio activo contra personas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, pero no militantes de ningún partido político ni comprometidas con ninguna agrupación armada.

En vuestro trabajo explicáis que los “falsos positivos” no surgen de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de una estrategia meditada. ¿Fue esta fruto de la política de Álvaro Uribe o se dio ya con anterioridad?

En la forma de “falsos positivos” podemos decir que aparece con la Política de Seguridad Democrática, pero ya antes de 2002 se habían dado casos judiciales, presentados bajo la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales. Estas implicaban que la persona asesinada había sido previamente señalada y perseguida; evidentemente, de ahí el nombre, su muerte se producía sin ningún tipo de juicio previo.

Desde 1994 hasta 2002 tenemos conocimiento de unas 664 ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, en los 80 también encontramos casos.

En el periodo comprendido entre 2002 a 2010, los asesinatos calificados como falsos positivos responden a la estrategia enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, que evaluaba a los oficiales y a las unidades militares por el número de guerrilleros que mataban. Estas evaluaciones eran conocidas como Política de Resultados.

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 la población no podía ir de una ciudad a otra por temor a que la guerrilla saliera y les hiciera lo que llamaban “una pesca milagrosa”: cobrar por permitirles el paso o directamente secuestrarlas. Uribe impuso la presencia de la Policía y del Ejército en las principales vías y las cabeceras municipales más importantes del país. La guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas rurales apartadas, allí donde el Ejército no podía intervenir contra ella. Es entonces cuando apareció la evaluación por resultados, combinada con las recompensas y sobresueldos que asignaba el Estado a aquellos militares y policías que “dieran de baja a esos terroristas”.

Las ganancias eran altas: por poner un ejemplo, por cada supuesto terrorista asesinado les daban hasta tres millones de pesos y cuando la unidad militar asesinaba a más de seis, les daban adicionalmente hasta treinta millones de pesos. Todo esto significaba que con capturar guerrilleros no ganaban nada.

La Política de Seguridad Democrática, con sus estrategias de guerra no convencional, obedece en el fondo a una doctrina que señala que el mayor peligro para Colombia es el enemigo interno, y enemigo interno lo puede ser cualquiera: el castrochavismo, la izquierda, los comunistas... Todo ellos son susceptibles de ser eliminados. Pero, a partir de esta Política, cuando los agentes del Estado no encontraban guerrilleros, se dedicaron a asesinar a personas de bajos recursos para presentarlos como tales y pasar así la evaluación por resultados.

Hay un perfil dominante de víctima de “falsos positivos”: hombres, habitantes de zonas rurales y de familias con escasos recursos. Personas procedentes de entornos marginales y excluidas de la sociedad. ¿A qué se debe?

El 70% de los que fueron por los falsos positivos fueron campesinos y otro 13%, indígenas. Esto quiere decir que el 83% de las víctimas no contaban con dolientes [familiares] cuya voz fuera a ser escuchada.

Por otro lado, si bien no se puede asegurar que los falsos positivos estuvieran relacionados con la expropiación de tierras, sí que existió una alianza entre los paramilitares y el Ejército para asesinar a personas que protegían los derechos humanos o personas que estaban sindicadas.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la logística y los recursos que posibilitaron que las ejecuciones se llevaran a cabo en espacios alejados de las comunidades de las víctimas. ¿No probaría esto cierta complicidad de las autoridades civiles?

Claro que hubo esa complicidad de las autoridades civiles y de otras instituciones. Lo que pasa es que la investigación de los falsos positivos en mi país únicamente se está dirigiendo hacia los que jalaron [apretaron] el gatillo. No se está investigando a quienes crearon la estrategia ni a quien dio las órdenes.

Los militares utilizaron para las operaciones de “falsos positivos” tanto dinero procedente de los fondos reservados como del rubro especial que creó Uribe mediante el sistema de recompensas, pero otros recursos procedían del aporte “voluntario” de los propios soldados. Conocemos casos de comandantes que exigían a los militares, a los soldados el desembolso de diez mil pesos.

En todo caso, hay muchas más personas comprometidas en los “falsos positivos”, no solo militares y policías. También hay que sospechar de la complicidad el personal que cuida las cárceles y las penitenciarias, además de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que son los que hacían las investigaciones judiciales, y del cuerpo técnico de Medicina Legal, cuyos miembros tenían que certificar cómo se habían producido los disparos que acabaron con la vida de los guerrilleros. Podemos decir que fueron muchos los sectores de la sociedad responsables.

“La alianza consistió en que los paramilitares entregaron a aquellos que eran indisciplinados en sus filas para que el Ejército los asesinara y pudiera presentarlos como falsos positivos”

A este respecto, el estudio documenta también las denominadas “alianzas macabras” entre el ejército colombiano y estructuras paramilitares. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistían y cómo se beneficiaban ambas partes?

Desde los años 90 se estableció una alianza tácita entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Un tema que, si bien es cierto ha sido investigado por diferentes actores, al Estado no le ha merecido ninguna atención.

Esto permitió a los paramilitares disciplinar a sus hombres y cumplir con la cuota que les pedía el Ejército. También se les exigía armas, que eran las que después aparecían en los cadáveres señalados como pertenecientes a guerrilleros. Tuvimos acceso a informes dónde se comprueba que los comandantes militares llamaban a los comandantes de los paramilitares y les exigían la entrega de cuerpos en X tiempo; en caso contrario se les podía hacer la vida imposible.

¿Cómo producirse todo esto sin que la comunidad internacional se enterara?

Algunos oficiales dicen que los militares estadounidenses llegaron a pedir resultados bajo el programa del Plan Colombia [un acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1999 con los objetivos de combatir las guerrillas y establecer estrategias contra el narcotráfico, entre otros] y solo les interesaban las cifras que les daban. De lo que sí hay evidencias es de que alguna unidad utilizó los fondos del Plan Colombia para comprar armamento y uniformes que serían utilizados de los “falsos positivos”.

Creo que sí que hubo países que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya con anterioridad al 2006, cuando los “falsos positivos” eran mínimos. Después, las cifras alcanzaron unas proporciones impresionantes. Cuando Álvaro Uribe terminó su mandato, ofreció una especie de parte de guerra sobre sus años de gobierno donde decía que 19.405 “terroristas” habían sido dados de baja en combate, aunque posteriormente trató de acortar el número en algo menos de la mitad. Nosotros hemos encontrado referencias que en conjunto suman más de 10.000 casos.


Hay evidencias de que la ONU y otras entidades tuvieron conocimiento de ello cuando militares de bajo rango se acercaron al Ejército para dar a conocer los “falsos positivos” y después al Ministerio de Defensa e incluso a presidencia, aunque nadie hizo nada.

¿Qué papel han tenido para vuestra investigación los testigos y los familiares de las víctimas?

Hay una fuerte insensibilidad de cierta parte de la sociedad ante los “falsos positivos”. De hecho, actualmente todavía siguen siendo muchos los que niegan los casos y tratan de desprestigiar las denuncias que se han hecho. Algunos dicen que los “falsos positivos” respondieron a un plan para acabar con las “manzanas podridas” [drogadictos, ladrones, personas con antecedentes judiciales…] En ese sentido consideran que es una limpieza social que se hizo porque había muchos vagos y, tal y como dijo el presidente de turno de esa época, “los asesinados no lo fueron por recoger café”.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando entrevistábamos a familiares de militares comprometidos con los “falsos positivos”, nos decían invariablemente que estos victimarios eran los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos y, por supuesto, los mejores militares. ¡Y habían ejecutado unas 10.000 personas!

En cuanto a los otros familiares, los de las víctimas, se encuentran especialmente dolidos con la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en los Diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla para tratar de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad] porque no entienden cómo alguien que ha cometido unos 40 asesinatos solo va a pagar con ocho años de cárcel como máximo. Y, además, durante este tiempo el militar puede obtener una pensión e incluso puede reclamar para que le paguen por todo ese tiempo que estuvo sin recibir sus honorarios. Personalmente, creo que la JEP tiene el imperativo ético de ir más allá de lo que está haciendo, pues al fin y al cabo simplemente cuentan con el relato de los victimarios, a quienes además se les ha creado una oficina destinada expresamente a asesorarles.

El caso del coronel Hernán Mejía hizo saltar las alarmas por todo el país acerca de los “falsos positivos”. Hoy por hoy, y gracias a la JEP, está en la calle. ¿Qué confianza te merece la justicia colombiana? ¿Por qué no actúa ya la Corte Penal Internacional, a donde también ha llegado este asunto?

En Colombia hay un alto grado de impunidad frente a los delitos cometidos por los militares y por los policiales. Un estudio al respecto dio un porcentaje de un 98%.

El [partido] Centro Democrático de Álvaro Uribe intenta evitar que se conozca la verdad sobre los casos de falsos positivos a través de dos jugadas maestras. En primer lugar, nombró a nueve magistrados de su entera confianza para que investigasen los delitos en los que hubiera militares involucrados. Posteriormente, con la JEP, a la que se han acogido más de 2.000 militares, crearon una oficina especial con el mismo cometido, que hizo lo que venía haciendo con anterioridad la justicia penal militar, por lo que los involucrados no terminaron respondiendo por sus delitos. Pero debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los asuntos que está tratando la JEP y está presionando al Estado colombiano a que investigue los casos que no están esclarecidos.


Lo interesante de la sentencia contra el coronel Mejía es que demuestra que existió una alianza estratégica entre el Ejército y los paramilitares para que se produjeran los “falsos positivos”, aunque esta alianza no se ha investigado con profundidad. Por esa razón, aunque Hernán Mejía haya sido condenado, su unidad es responsable de más asesinatos que ni siquiera se han investigado.

Colombia está actualmente presidida por un acérrimo uribista, Iván Duque, que tiene precisamente como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, quien fuera ministra de Defensa Nacional cuando se produjeron los hechos estudiados en el libro. ¿Explica este hecho que se sigan documentando casos con otro nombre: “errores militares”?

Marta Lucía fue la que estuvo al principio como ministra y abrió el camino a los falsos positivos, aunque las mayores cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, cuando ella ya no estaba.

Hace tres semanas se supo que ocho miembros del Ejército habían sido detenidos acusados de lo que se conocen como “errores militares”. En la actualidad, la estrategia pasa por no comprometer a las unidades del Ejército, cometiendo asesinatos a escala más reducida.
El haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo

¿Cómo ha afectado esta denuncia a tu vida? ¿Tienes garantizada la seguridad en Colombia?

En mi país hay un grave problema: los académicos y aquellos en general que nos atrevemos a investigar esta clase de fenómenos somos estigmatizados y relacionados con los movimientos subversivos.

Personalmente, el haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo, lo que puede llevar a que cualquier involucrado en los falsos positivos, o un agente de la extrema derecha, pueda identificarme fácilmente y asesinarme. En este momento no existen las condiciones de seguridad necesarias para regresar a mi país, a pesar de haber solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección, la cual se negó a hacer nada aduciendo que no era un problema de su incumbencia.

publicado
2018-12-07 06:00:00

Publicado enColombia
Viernes, 30 Noviembre 2018 06:13

Narcocrisis en Honduras

Narcocrisis en Honduras

Juan Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.


Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?


De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).


Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?


Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.


Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.


En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.


Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.


La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

Por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
30/11/2018

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Declarados culpables siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres

Entre los condenados por el crimen de la activista se encuentra un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.


Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.


Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.


Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.


El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.


La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.


Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.


Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.


"La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.


La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.


Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

TEGUCIGALPA
30/11/2018 09:44 Actualizado: 30/11/2018 09:44

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“Seguimos desenterrando la barbarie de la guerra en Colombia”

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, próximo a dejar su cargo, afirma que sus investigaciones han contribuido a sacudir a la sociedad

Gonzalo Sánchez (Líbano, Tolima, 1945), autor de libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, forma parte de la camada de investigadores que se llegó a conocer como los “violentólogos”. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional, con un máster de la universidad de Essex y un doctorado en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, dirige desde el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que pasó a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado. En decenas de informes, el CNMH, surgido de la ley de víctimas de 2011, ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia por más de medio siglo.

Sánchez ya ha anunciado su retiro del cargo. “La memoria se convirtió en un patrimonio público, de los colombianos pero también de la humanidad”, dice a EL PAÍS en su estudio, en el tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, al repasar su labor. El nombramiento de su sucesor ha despertado intensos debates en un momento delicado para la implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que el pasado 7 de agosto relevó a Juan Manuel Santos. Advierte que “lo que estamos viendo en relación con la tareas del centro es la puesta en marcha, en vivo, en escena, del relato como un nuevo campo de batalla”.


Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


Respuesta. Es un momento muy extraño. Es un cruce de algo que se vivió en los últimos cuatro o cinco años, que era un horizonte de esperanza, con el cambio generado por las elecciones, que se traduce en un momento de incertidumbre. Parecería haber todavía alientos para la esperanza, pero eso se ve más desde afuera que desde adentro. La gente que está mirando desde fuera, con la experiencia de análisis de los conflictos armados, hace una invitación permanente a la paciencia, a que a los cambios sobrevinientes a un proceso de negociaciones hay que darles unos tiempos.


Hay signos muy complejos. Un proceso de paz exige muchísima definición, compromiso, decisión sobre lo que hay que apoyar. Los mensajes que se mandan desde toda la institucionalidad suenan todavía ambiguos. Los signos sobre la consolidación de lo que supuestamente debía estar en marcha no son tan alentadores. No hay unas líneas claras que permitan mantener muy firmemente el optimismo. A todo esto se agrega un contexto internacional muy poco favorable, por lo menos en el vecindario. El proceso va a sobrevivir por la inercia de lo que es, pero vamos a estar en aguas procelosas un largo rato.

P. En su momento, en Colombia se usó mucho la expresión de que los astros estaban alineados para alcanzar el acuerdo con las FARC.


R. Los astros se desalinearon demasiado rápido. Si se hubieran desalineado con cuatro o cinco años del proceso andando en forma, el barco resiste bien, pero es que aquí la tempestad le madrugó al embarque. Estamos en una situación difícil.


P. Parecería que Colombia no quiso ver la barbarie de la guerra mientras ocurría. ¿Los informes del CNMH le han abierto los ojos?


R. Sí. Cuando lanzamos el primer informe sobre la masacre de Trujillo con mucha fuerza, en 2008, el impacto fue tremendo. Y seguimos desenterrando esa barbarie: las masacres de El Salado, de La Rochela, de El Tigre, de Bahía Portete (…). Y seguimos año tras año mostrando los múltiples rostros de la masacre, las enormes cifras de la tragedia que el país había vivido, cuando comenzamos a mirar procesos ya no locales o regionales sino temas globales como el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento forzado. Las cifras escandalizan al país, pero por momentos. La toma de consciencia del impacto de la guerra es de grandes relámpagos. Es una lucha de la memoria y de la verdad permanente por ser reconocida, de lo que se ha ido mostrando paso a paso. Parecería como si se necesitara otra vez que se prendiera la guerra para que la sociedad volviera a descubrir qué tanto se había ganado con la paz.


P. Hay cifras difíciles de entender, como la de 4.000 masacres o más de 80.000 desaparecidos. ¿Alguno de los informes lo impactó particularmente?


R. El de la desaparición forzada, que vimos crecer como fenómeno en el proceso investigativo. Cuando empezamos, las cifras que se manejaban eran de cinco, siete mil desaparecidos en el país. Esas cifras se nos van creciendo gradualmente, y ahora llegamos por el proceso mismo de esclarecimiento a esta cifra escandalosa de más de 80.000 desapariciones en la democracia colombiana. Las dimensiones fueron superiores a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur, y no habíamos visto eso.


P. ¿Algún otro?


R. Todos los informes fueron terribles, esto fue un proceso de conmoción repetida. Cuando se descubre Trujillo, con esas formas de la violencia asociadas a la motosierra, eso sacudió al país. Escuchar la violencia de El Salado, ejercida sobre una población inerme recogida en una pequeña plaza, y cómo comenzaron en un acto ceremonial, ritual, a ejercer las formas más perversas de tortura a los ojos de todos los que quedan vivos, de niños y mujeres, hasta llegar a liquidar a esa población… Sí, yo creo que el centro ha contribuido enormemente a través de este trabajo a sacudir a la sociedad colombiana.


P. ¿Qué le diría a su sucesor o sucesora en el cargo?


R. Que la confianza que se ha construido con las comunidades hay que protegerla, guardarla y proyectarla. Segundo, que debe tener una mirada muy abierta, muy integral del conflicto, para que el centro siga manteniendo su legitimidad, el reconocimiento de todas las víctimas, de todos los actores, de todos los responsables y de todos los territorios. Es decir, esa vocación globalizante del conflicto es la que le da la legitimidad que se está defendiendo ahora. Y el tercer punto, el trabajo del centro se convirtió en un referente político muy importante en el país, y hay que continuar abriendo los actores que entran a la conversación de la memoria. Nosotros la iniciamos y quisiéramos que se protegiera, no solamente para las víctimas, para la sociedad.


P. Algunas organizaciones han hecho un llamado a defender la visión amplía y pluralista del CNMH. ¿Siente que su legado en este momento de cambio de gobierno está bajo riesgo?


R. Los mensajes no han sido muy claros. Yo confiaría en que después de esta movilización que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la memoria, de los archivos, de la apertura a escuchar las diferentes voces que han vivido la guerra en el país, la nueva dirección que sea dé cuenta de esa diversidad enorme que es la diversidad del conflicto. El peor mensaje que se le puede mandar a la sociedad es que el centro se va a convertir en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas.

Por Santiago Torrado
Bogotá 27 OCT 2018 - 11:09 COT

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Sábado, 06 Octubre 2018 05:44

Fujimori resiste su arresto

Fujimori resiste su arresto

El caso Fujimori, la campaña sucia en Lima, las reformas de Vizcarra y la agresiva oposición fujimorista con el gobierno, más los escándalos de corrupción, se entrecruzan en el crispado escenario peruano.


El ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, indultado irregularmente y que ahora debe volver a prisión al haberse anulado ese perdón, vuelve a ser protagonista político y tensa más el cargado e inestable escenario peruano. El caso Fujimori, la posibilidad que un acusado de violaciones a los derechos humanos se convierta este domingo en alcalde de Lima, el enfrentamiento de una agresiva mayoría parlamentaria fujimorista con el gobierno, escándalos de corrupción que se suman uno tras otro, un profundo descrédito de la clase política y las instituciones y una creciente indignación ciudadana, se entrecruzan en el convulsionado escenario peruano, que se ha crispado aún más esta semana.


Fujimori sigue en la clínica en la que se internó el miércoles cuando un tribunal revocó el indulto que en diciembre pasado le diera el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski –que tres meses después debió renunciar– argumentando razones humanitarias, pero que en realidad fue parte de un pacto político. El autócrata de 80 años, que gobernó entre 1990 y 2000, aduce supuestos males cardiacos para seguir en la clínica y evitar su regreso a prisión.


Desde su cama del centro médico, Fujimori ha enviado un video en el que suplica que no lo regresen a la cárcel. “Quiero pedirle al presidente, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, dijo, dramático, en su breve mensaje. Todo parecía calculado para buscar respaldo a partir de generar lástima. Voceros fujimoristas siguieron el mismo guión. El presidente Vizcarra ha respondido diciendo que se debe respetar la decisión judicial que revocó el indulto. La Corte Suprema verá la apelación presentada por la defensa del ex dictador.


Fujimori ha jugado tantas veces con la supuesta gravedad de su salud para buscar impunidad –con ese argumento, que se demostró era falso, obtuvo el indulto–, que resulta difícil creer en la veracidad de su dramático alegato. No hay un informe médico imparcial que lo avale.


El fujimorismo presiona con su mayoría parlamentaria –y con el apoyo de sectores de la derecha más conservadora y autoritaria– en defensa de su fundador. Y maniobra para salvarlo de un regreso a la cárcel. Ahora pretende sacar en el Congreso una ley para que a las personas mayores de 80 años, la edad que tiene Fujimori, se les conmute las condenas que tengan. Tiene el poder de los votos para aprobarla, pero no el del respaldo popular, con su lideresa Keiko Fujimori generando un 80 por ciento de rechazo. Sería además una decisión que abonaría a la indignación ciudadana y al descrédito del Congreso, que tiene menos de diez por ciento de aceptación.


Si se da marcha atrás en la derogatoria del indulto o se anula la condena de Fujimori con una ley con nombre propio, eso gatillaría protestas en las calles y un amplio rechazo de diversos sectores, desde la izquierda hasta la derecha liberal, como ya ocurrió cuando se dio el indulto trucho hoy anulado.
Si la anulación del indulto a Fujimori fue recibida como una victoria de la justicia y los derechos humanos, al día siguiente otro tribunal apuntó en el sentido opuesto: en un cuestionado fallo absolvió del cargo de asesinar a un periodista al general retirado Daniel Urresti, actual candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones de este domingo. El crimen ocurrió en 1988 en Ayacucho, zona que era epicentro de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso, donde Urresti estaba destacado como capitán del ejército.


Urresti fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y frustrado candidato presidencial por el humalismo en 2016, y ahora se postula a la alcaldía de Lima con un discurso de mano dura contra la delincuencia. La última encuesta, publicada el domingo pasado, lo pone en el primer lugar entre los veinte candidatos, con 17,3 por ciento de la intención de voto. El ex congresista fujimorista Renzo Reggiardo, que ha formado su propia agrupación, se ubica muy cerca, con 16,9 por ciento, pero está en caída. En tercer lugar está el centrista Jorge Muñoz, con 14,2 por ciento y con una tendencia al alza. La candidatura del favorito Urresti se fortaleció con la sentencia.


El periodista Bustíos fue asesinado cuando cubría información en un paraje rural andino. Fue acribillado y rematado con explosivos. En 2007, dos oficiales del ejército fueron condenados por el crimen. Después de esa sentencia, dos militares acusaron a Urresti, quien fue jefe de inteligencia en esa zona, de haber participado en el asesinato, pero sospechosamente durante el juicio se retractaron. Una campesina, testigo de lo ocurrido, lo identificó ante los jueces como autor del asesinato, pero su testimonio no fue considerado por el tribunal. A su salida del juzgado, Urresti celebró con sus seguidores y aprovechó para hacer campaña.


La aprobación esta semana en el Congreso, después de un largo y áspero debate, de las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Vizcarra –la no reelección inmediata de los congresistas, volver a un Congreso bicameral, el control de los aportes privados a las campañas electorales y la reforma del organismo encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales, que serán sometidas a referéndum en diciembre, no ha descomprimido las tensiones políticas como algunos esperaban.

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Se cayó el indulto otorgado al dictador Fujimori

Un juzgado anuló el indulto señalando que este perdón violaba las normas internacionales por tratarse de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Tras conocer la noticia, Fujimori fue trasladado a una clínica.

El ex dictador Alberto Fujimori tendrá que volver a prisión, para cumplir su condena a 25 años, dictada en 2009 por cargos de secuestro y asesinato, y por varios casos de corrupción. Esto luego que se cayó el indulto que en diciembre pasado le diera el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un juzgado lo anuló señalando que no se cumplieron los requisitos para un indulto humanitario por razones médicas como el que se otorgó, y que este perdón violaba las normas internacionales por tratarse de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Esta medida se tomó luego que en junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que este indulto sea revisado por las autoridades judiciales peruanas. Conocida la noticia de la anulación del indulto, hasta la mansión de Fujimori, en uno de los barrios más exclusivos de la capital peruana, llegaron sus hijos y su abogado. También algunas decenas de sus seguidores. Luego de varias horas, el autócrata que gobernó entre 1990 y 2000 abandonó su residencia. Pero no fue a prisión, sino a una clínica. 

Fujimori, de 80 años, fue sacado de su casa en una ambulancia. En el trayecto a la clínica lo acompañó su hijo menor Kenji, quien había negociado con Kuczynski el indulto hoy anulado. Sus allegados señalaron que el ex dictador había quedado muy afectado al enterarse que deberá volver a prisión. Fujimori deberá ser internado en el cuartel policial de las afueras de Lima donde cumplía su sentencia, en una prisión VIP en la que era el único detenido, hasta que fue indultado en diciembre, para completar lo que le resta de su condena, de la que ha cumplido poco más de diez años.


Keiko, la hija del ex dictador que ahora encabeza el partido fujimorista, lloró ante cámaras al momento de ingresar a la casa de su padre poco después de conocida la noticia de la anulación del indulto, dijo que era el día más triste de su vida y habló de “odio y venganza” por la anulación del indulto. “Basta ya de persecución”, señaló, sollozando, repitiendo el conocido discurso que trata de desacreditar las demandas de justicia por las violaciones a los derechos humanos quejándose de una supuesta persecución. Los principales dirigentes del fujimorismo repitieron lo de “odio y venganza” y hablaron de “abuso judicial”. “Victimas hay muchas”, dijo la congresista fujimorista Luz Salgado, minimizando los crímenes del gobierno del cual ella formó parte. “No nos vamos a quedar tranquilos”, amenazó Salgado.


Desde otros sectores políticos y desde el lado de los familiares de las víctimas del régimen fujimorista elogiaron la anulación del indulto, recordaron los sustentados cuestionamientos a su carácter humanitario y las evidencias de su motivación política. Le respondieron al fujimorismo diciendo que la anulación del indulto no tenía nada que ver con la venganza o el odio, sino con la justicia y los derechos de las víctimas. En el Congreso legisladores fujimoristas mostraron carteles en los que se leía “No más odio” y mensajes similares, y las otras bancadas levantaron inscripciones como “No más impunidad”.


“Esta decisión de la Justicia de anular el indulto nos devuelve la tranquilidad y nos hace sentir respetados. Se necesita garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y que se cumpla la condena de unos de los principales culpables de violaciones a los derechos humanos. El indulto humanitario no fue tal sino un negociado. Con esa decisión hemos recuperado la justicia que nos fue arrebatada con el indulto”, señaló Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del fujimorismo.


Fujimori fue indultado en la noche de Navidad del año pasado por el entonces presidente Kuczynski, quien argumentó un supuesto mal estado de salud del ex mandatario para darle un perdón humanitario. Pero desde un comienzo quedó claro que lo de humanitario era una farsa para encubrir una negociación política entre Kuczynski y Kenji para canjear el indulto por una decena de votos de la bancada fujimorista controlados por el hijo del patriarca del clan Fujimori para salvar al entonces presidente de un pedido de destitución por corrupción por sus vínculos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. Los votos de Kenji salvaron a Kuczynski. Tres días después llegó el indulto, que se dio en tiempo récord festinando trámites y con muchas irregularidades. Era el pago de Kuczynski por esos votos que evitaron su caída. Quedaba claro el pacto de impunidad para cambiar votos por el indulto. Pero el indulto ahondó la crisis del gobierno y tres meses después Kuczynski debió renunciar.


Ahora Keiko llora en público la anulación del indulto a su padre, pero cuando éste se dio se distanció de una medida que en ese momento no parecía querer, preocupada por su propio futuro política y el riesgo de que su hermano se fortalezca con la liberación del padre, que lo apoyaba abiertamente, y la desplace del liderazgo del fujimorismo. En ese momento, Keiko criticó duramente a Kenji por haber negociado con Kuczynski y poco después lo expulsó del partido fujimorista.


“El indulto fue perjudicial para el fujimorismo porque lo llevó a la división entre Keiko, que veía el indulto como un obstáculo para sus aspiraciones políticas, y Kenji, que quería el indulto como una prioridad. Ahora la anulación del indulto va a ahondar la división y desarticulación del fujimorismo. Esto va a perjudicar a Keiko, que ya está en una muy mala situación, con un rechazo que pasa el 80 por ciento”, le señaló a PáginaI12 el historiador y analista político Nelson Manrique.


Alberto Fujimori fue condenado por el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño, durante una fiesta para recaudar fondos en una humilde vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima en noviembre de 1991, y por el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de la capital peruana, en julio de 1992. Ambos crímenes fueron cometidos por el llamado Grupo Colina, un destacamento del ejército que actuaba como un escuadrón de la muerte bajo las órdenes y protección del gobierno de Fujimori, quien fue condenado como autor mediato de estos crímenes. También fue sentenciado por varios cargos de corrupción.


Algunas decenas de personas fueron a la casa de Fujimori y a la clínica a darle su respaldo, mientras familiares de las víctimas del fujimorismo hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia para respaldar la anulación del indulto.

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El 68 a medio siglo. "Es una profunda herida"

A 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) "mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanciones a los responsables de las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 1968". El organismo internacional exhortó firmemente al Estado mexicano a garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral, como lo han hecho otras instancias globales.

En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional. La directora ejecutiva de esa organización en México, Tania Reneaum Panszi, se refirió a los hechos de 1968 como una profunda herida. Representa la larga sombra de impunidad que empaña al sistema de justicia.

Respecto de la reciente apertura de los archivos del movimiento 68 por la Universidad Nacional Autónoma de México, Reneaum Panszi dijo que contribuye a la construcción de la memoria colectiva, pero no será suficiente. El caso no debe cerrarse hasta que se divulgue toda la información, se lleve a los responsables ante la justicia y sobre todo, se establezcan mecanismos para garantizar la no repetición de estos hechos.

Por separado, la ONU-DH resaltó: "El despertar cívico (del 68) que, encabezado por la juventud estudiantil, denunció la arbitrariedad gubernamental, apeló a la rendición de cuentas y luchó por construir un país democrático basado en un régimen de libertades mediante la acción pacífica y la reivindicación del diálogo".

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, aseveró que "la causa de los derechos humanos en México no se puede explicar sin el amanecer de indignación y creatividad de hace cinco décadas. En una parte considerable, los ámbitos de libertad que hoy se respiran en el país son legatarios del movimiento estudiantil de 1968".

La ONU-DH alentó a la sociedad mexicana a mantener viva la memoria acerca de lo sucedido en 1968, reconocer en la gesta estudiantil un motivo permanente de inspiración para la causa de los derechos humanos y extraer las lecciones conducentes para evitar que nunca más vuelvan a repetirse hechos tan trágicos como los que entonces sacudieron a México.


A 50 años, no se olvida


Hoy hace medio siglo el movimiento estudiantil que había cimbrado durante más de dos meses a la sociedad y a la institucionalidad política mexicanas fue aplastado mediante una conspiración represiva, urdida en las más altas esferas del poder, que desembocó en una masacre y en una persecución política tan implacable como injustificable y cuya huella de dolor e indignación perdura hasta nuestros días. Vistas en retrospectiva, las reivindicaciones de los estudiantes movilizados resultaban de obvio cumplimiento en un entorno de normalidad democrática: liberación de los presos políticos, supresión de los apartados del Código Penal que legalizaban la persecución política, destitución de los mandos de la policía capitalina implicados en abusos de autoridad, indemnización a las víctimas, supresión del Cuerpo de Granaderos y castigo a los funcionarios responsables de la violencia en contra de los inconformes.


El pliego petitorio de 1968 era ilustrativo del círculo vicioso entre inconformidad y represión. En lugar de actuar con visión de Estado, sensibilidad política y apego a la legalidad, el régimen diazordacista optó por asesinar, herir, encarcelar, desaparecer, encarcelar y calumniar a jóvenes que ejercían su derecho a la libre manifestación, así como a varios de sus profesores y referentes políticos. La masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas fue el punto más alto de una insensatez que empezó por la violencia policial contra una marcha pacífica que conmemoraba la Revolución Cubana y siguió por ataques a balazos desde edificios públicos y privados a concentraciones estudiantiles y el allanamiento de las más importantes sedes de la educación media superior y superior, entre ellas la Preparatoria 1 en San Ildefonso, Ciudad Universitaria, el Casco de Santo Tomás y la Unidad Profesional Zacatenco.


En el colmo del extravío, el gobierno federal movilizó al Ejército Mexicano contra la población civil. Y no se detuvo: continuó, después de los sucesos de Tlatelolco, con la persecución, el encarcelamiento y la realización de remedos de juicios penales a líderes y participantes del movimiento estudiantil.


Éste fue aplastado, pero el presidencialismo priísta no logró recuperar nunca su credibilidad ni su autoridad moral. El descontento social por el autoritarismo, la cerrazón y el carácter antidemocrático del sistema político dio lugar al surgimiento de movimientos armados y a la guerra sucia que se desarrolló en los siguientes dos sexenios.
En forma paralela, los sucesos del año de los Juegos Olímpicos llevaron a diversos sectores de la sociedad a una reflexión política que se fue concretando en propuestas políticas de participación electoral, en proyectos de organización sindical y agraria al margen de las corporaciones oficiales y en la integración de proyectos informativos que buscaban romper el cascarón del discurso único y la verdad oficial repetida en todos los medios.


En suma, el movimiento estudiantil de 1968 y su trágico y bárbaro desenlace quedaron impresos en la conciencia nacional y fueron modelando un desarrollo político que llevó a la conquista de los primeros cargos de representación para partidos de izquierda en 1979 y 1982; a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988; al triunfo de la oposición en los primeros comicios realizados en la capital del país, en 1997; a la victoria de Morena el primero de julio de este año, y al derrumbe del PRI.


A pesar de represiones, cooptaciones y mediatizaciones, en el medio siglo transcurrido desde la masacre de Tlatelolco tres generaciones han mantenido vivo el espíritu democratizador del movimiento estudiantil de 1968, precursor de las libertades conquistadas en ese periodo. Sin embargo, el poder político ha conseguido hasta ahora obstruir el esclarecimiento y la justicia para los sucesos de hace 50 años, cuyo saldo jurídico sigue siendo el de la más completa impunidad, un saldo en el que se originan los principales extravíos institucionales que aún persisten en el país y explica la necesidad de mantener viva la consigna: 2 de octubre no se olvida.

Publicado enSociedad
Martes, 18 Septiembre 2018 11:15

Uribe-Farc: vidas paralelas**

Hernando Carrizosa, de la serire “Referentes” (Cortesía del autor)

No es posible que un hombre de dimensión histórica como Uribe vaya a parar a la cárcel, mientras los criminales de las Farc estén en el Congreso, reclaman 1.057 “ciudadanos colombianos”, en un comunicado de página entera, en todos los diarios del país, el domingo 5 de agosto. “Es una osadía”, inculpan los más inspirados y lúcidos columnistas de esos mismos diarios. A pesar del escándalo y las marrullerías, si las pruebas que posee la Corte son tan sólidas, como se presume, Uribe no la tiene fácil.

 

El llamamiento a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por la Corte Suprema de Justicia les ha parecido un exabrupto a algunos periodistas, a personas de cierta relevancia en la sociedad y activistas en las redes sociales. Mil cincuenta y siete de los más fieles seguidores de Uribe, entre quienes se encuentran muchos congresistas y empresarios del Centro Democrático, publicaron en todos los diarios del país una declaración de apoyo a su jefe. Todos los firmantes y defensores oficiosos de Uribe consideran que es una persecución política de sus enemigos, porque él “liberó a Colombia de ser un Estado fallido”. Es inconcebible, argumentan, que Uribe deba ir a la cárcel, mientras que los reclutadores y violadores de niñas, torturadores, secuestradores y autores de las más sangrientas masacres ocupen las sillas del Congreso.


Llamar a indagatoria a Uribe, una osadía


La narrativa oficial, como verdad única, contada por los medios de comunicación y los dirigentes políticos y gremiales –y escuchada, vista y leída día y noche, a mañana y tarde, por quienes comenzaron a tener uso de razón a partir de los años ochenta del siglo XX–, presentan a Uribe y a las Farc, como vidas paralelas, sin ningún estudio ni análisis.


Por una parte, ha existido un prohombre, el “gran colombiano de todos los tiempos”, que además de haber sido presidente de la República, fue funcionario de las Empresas Públicas de Medellín y del ministerio del Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, gobernador de Antioquia y senador. Y, por otra parte, han tenido presencia en Colombia unos terroristas, sin Dios y sin ley que le han causado mucho daño a la sociedad: las Farc. Y un dato más dice la narrativa: Uribe arrinconó y estuvo a un paso de derrotar para siempre a los bandidos de las Farc.


¿Cómo es posible que el prohombre tenga que ir a la cárcel y los terroristas de las Farc puedan sentarse en las curules del Congreso y pavonearse orondos por las calles y los campos de Colombia? Es la pregunta que se formulan los 1.057 que pagaron el comunicado de prensa el domingo 5 de agosto, y columnistas tan reconocidos por el establecimiento, como María Isabel Rueda, Mauricio Vargas y Saúl Hernández de El Tiempo y Luis Carlos Vélez y Mauricio Botero Caicedo de El Espectador. Hernández sintetiza en un trozo lapidario el pensamiento de todos: “El clima de concordia y reconciliación que quiere promover el presidente Duque se irá a pique si los honorables magistrados incurren en la osadía de dictarle medida de detención preventiva al expresidente Uribe” (1). Conclusión: la única manera de que haya concordia nacional, es asegurándole la impunidad al senador Uribe.


Dos historias de Uribe


Es un exabrupto el llamamiento a indagatoria a Uribe, dicen sus seguidores, porque la única verdad para todos ellos es que “él es un hombre de dimensión histórica, por su rectitud, su interés en hablar siempre con la verdad y su espíritu combativo, virtudes que lo enaltecen y que el país debe agradecer” (2).


A pesar de esa declaración tan conmovedora, circulan otras verdades, según las cuales no ha pasado un solo día del siglo XXI sin que se deje de hablar de un prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez. Y, como si los 18 años del presente siglo no fueran suficientes para contar esas historias criminales, quienes le han seguido el rastro a Uribe y han buceado en su biografía, dicen que sus enredos con el código penal hunden sus raíces en las dos últimas décadas del siglo XX. Aquí dos ejemplos de esos primeros tiempos.


En 1981, Uribe en su condición de director de la Aeronáutica Civil, le otorgó licencia a Jaime Cardona, para que el beneficiario operara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar se enteró de esa licencia montó en cólera, porque Cardona era un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Ese lance tuvo un final feliz para Uribe, pues convenció al gobernador de que estaba mal informado, porque Jaime Cardona “era un hombre honorable”. Quien no tuvo un final feliz fue precisamente Cardona: al poco tiempo fue condenado por narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo, en el momento en que su avión particular despegaba de la pista privada, construida en la hacienda de su propiedad (3).


En 1982 Álvaro Uribe no tuvo la misma suerte. Fue nombrado alcalde de Medellín por el gobernador Álvaro Villegas, pero solamente ocupó ese cargo durante cinco meses, porque el presidente de la República, Belisario Betancur, llamó a su despacho al gobernador y le exigió que le pidiera la renuncia al burgomaestre, por cuanto tenía noticias de que tanto Álvaro Uribe, como su padre, Alberto Uribe Sierra, estaban vinculados con las mafias del narcotráfico. A pesar de la violenta reacción, el joven alcalde no tuvo otro camino que renunciar.


Desde entonces, estos treinta y ocho años han estado marcados por una doble historia en la vida de Uribe. Por un lado está la historia de sus cargos, de sus haciendas, de sus caballos y potrancas, en cuyo lomo es capaz de galopar sin que se le derrame una gota de tinto del pocillo que lleva en su mano derecha, mientras con la izquierda conduce el animal. Al lado de esa historia bonita del poder y del dinero, propio de las celebridades, marcha en forma paralela otra, muy agitada y turbulenta, que lo persigue como su propia sombra.


No se trata de simples habladurías que van de boca en boca, en voz baja y de manera clandestina entre los presuntos enemigos del hoy senador. También es pública, está escrita y hace parte de los cerca de 300 procesos que cursan en distintos despachos: tribunales superiores de distrito, Comisión de Acusaciones, Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema. En esta última corporación cursan 28, de los cuales10 han sido archivados, pero podrían ser reabiertos, dependiendo como se desenvuelva el ovillo que ha comenzado a desenredarse con el llamamiento a indagatoria, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Entre los que cursan en la Corte están los relacionados con las masacres de La Granja y El Aro –cuando Uribe era Gobernador de Antioquia–, que fueron declarados por el alto tribunal crímenes de lesa humanidad, razón por la cual no prescriben.


De esa historia documentada y pública hacen parte los debates que Gustavo Petro e Iván Cepeda han hecho en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en Antioquia. Asimismo, los artículos de muchos periodistas –como Daniel Coronell–, y más de media docena de libros. Sólo a manera de ejemplo, cito de memoria algunos: Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo; Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, Joseph Contreras; Por las sendas del Ubérrimo, Iván Cepeda y Alirio Uribe; El clan de los doce apóstoles, Olga Behar; El narcotraficante #82, Sergio Camargo; Colombia feroz, Martín Madem; La pequeña política de Uribe, Rafael Ballén.


En esa historia –de cuatro décadas–, paralela a la bonita, que cuentan únicamente Uribe y sus incondicionales, hay muchas cosas que lo comprometen: sentencias condenatorias de los más cercanos colaboradores de sus dos gobiernos, de miembros de la fuerza pública por los miles de falsos positivos, y de muchos paramilitares, con compulsa de copias; mutilación de folios de expedientes en la Aeronáutica Civil y barrido de audios acusatorios de la Fiscalía General de la Nación; muerte de testigos que habían declarado o pensaban declarar contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Las crónicas y las redes hablan de un total de 12 testigos asesinados, siendo el más reciente el de Carlos Enrique Areiza, acaecido el 14 de abril de 2018.


Ahí están los hechos, a la espera de que el periodismo de investigación cumpla con su deber: escudriñar y hacer público lo que el poder de un solo hombre se ha empeñado en ocultar. Con simetría ética, objetiva e imparcial, con rigor científico-social, ese periodismo investigativo debería formularse al menos dos preguntas: ¿En cuántos procesos, cada uno de los voceros del partido Farc, han gritado, humillado y amenazado a sus jueces? ¿Cuántos testigos que hayan declarado en contra de esos líderes han sido amenazados o asesinados? Contrastar hechos y conductas de las vidas paralelas, es pertinente.


La vida de las Farc


Las Farc, en la vida paralela a la de Álvaro Uribe Vélez, como se ha contado en la narrativa oficial, es una banda de forajidos, que un día, hace más de medio siglo, se alzó en armas y durante 52 años puso en peligro la democracia más sólida y antigua de América. En su plan terrorista esos bandidos violaron niñas, secuestraron, masacraron inocentes y cometieron los más horrendos crímenes. Y, sí. Así fue en el devenir del tiempo, en la degradación de la guerra, porque ninguna guerra es limpia, ninguna guerra es justa y ninguna guerra es humanitaria. Todas son sucias, injustas e inhumanas.
Sin embargo, el comienzo de la guerra no fue así, en las circunstancias de tiempo y de modo. Su origen no se encuentra en un levantamiento en armas en 1964. Eso no es verdad. El 7 de agosto de 1946 asumió la presidencia de la República el conservador Mariano Ospina Pérez, y a partir de entonces, se inició la más feroz persecución contra el pueblo liberal.


El 7 de febrero de 1948 Gaitán encabezó la marcha del silencio y pronunció la Oración por la paz: “Señor Presidente: en esta oración no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen [...]. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización! Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide esta inmensa muchedumbre”. Dos meses después de ese certamen Gaitán fue asesinado.


Como consecuencia de ese crimen, el régimen conservador arreció la persecución al pueblo liberal: incendios, saqueos, desplazamientos forzados, violación de mujeres, torturas y masacres indiscriminadas. A los líderes liberales y a sus hijos se les cazaba como a un jabalí viejo (4). Uno de esos jovencitos, a quien se le dio cacería fue a Pedro Antonio Marín Marín (5), en las localidades de Génova y La Primavera, en el departamento del Quindío y en Ceilán, en Valle del Cauca. En las selvas de este último lugar, tuvo que ocultarse durante seis meses en la más absoluta soledad. Privado de su familia, de sus amigos y de su trabajo. El joven Marín, a pesar de su corta edad, era un próspero comerciante, primero en La Primavera y luego en Ceilán. Pero todo quedó a la deriva cuando se le vino encima la inhumana cacería: todos los caminos legales quedaron cerrados (6).


Después de seis meses de ocultamiento para salvar su vida, Pedro Antonio Marín no tuvo ante sí sino dos alternativas: o permanecer allí para siempre, convertido en un montaraz solitario o salir a la civilización, continuar su trabajo y resistir la agresión oficial. Escogió la última opción: era el año de 1949. Convocó a trece primos –con él 14– y organizó la resistencia. Así, de ceros, con sólo quinto de primaria, comenzó un proceso de trabajo agrícola y de resistencia a la violencia ejercida por las tropas del Estado. Unos años después serían 44 familias campesinas asentadas en Marquetalia. Allí, pese a las limitaciones de créditos, asesoría técnica y de vías que facilitaran el mercadeo de sus productos, esos campesinos eran autosuficientes.


Con la asesoría norteamericana (7), el gobierno colombiano organizó, en mayo de 1964, lo que se conoce como la “Operación Marquetalia”. 16.000 soldados fueron desplegados por aire y tierra para darles cacería a las 44 familias campesinas, que a pesar del poderío oficial, quedaron intactas. Más tarde fue creado un pequeño ejército insurgente, que su fundadores denominaron Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc–.


Ese pequeño ejército, inicialmente de 44 familias fue creciendo paulatinamente. Diez años después tenía 1.000 hombres y mujeres, y al cabo de tres décadas se convirtió en un ejército de 25.000 unidades. Fue perseguido por 12 presidentes de la República y por tres ejércitos, con todo el poderío, el dinero y la tecnología: el oficial de Colombia, el de los Estados Unidos y el paramilitar, que a través de la historia política tomó diversos nombres: chulavitas, pájaros, auto defensas unidas de Colombia, bacrim o simplemente paras.


En esas vidas paralelas –Uribe-Farc–, hay un período de la historia política de Colombia, que en la dialéctica de la guerra, es de antología: el ejército insurgente se hace invencible; Uribe, siendo gobernador de Antioquia, en los años noventa del siglo XX, impulsa el paramilitarismo mediante la creación de las convivir; la insurgencia y sus bases sociales resisten hasta el sacrificio; en el cenit de ese holocausto, Uribe no habría logrado tanto apoyo popular, ni habría sido presidente de la República sin la presencia de las Farc en todo el territorio colombiano.


Por eso, la fortaleza de las Farc durante el primer lustro del siglo XXI, fue para Uribe una bendición. Es más: si Uribe, a la cabeza de los tres ejércitos, con toda la tecnología y con el impuesto de guerra hubiera derrotado a las Farc durante su primer cuatrienio, en 2006 no habría sido reelegido. Muchos recordarán que el principal argumento para su reelección no fue alcanzar mejores índices de desarrollado del país, sino, “la culebra está viva”. Y, claro, tenía disculpas para un tercer período, que lo intentó hasta el final, porque la “culebra continuaba viva”. Pero la Corte Constitucional no le dio el aval, porque la sociedad ya estaba hastiada.


Ese ejército que surgió de la nada, de la simple resistencia para defender la vida; que creció y se hizo invencible, fue invitado por el presidente Santos a sentarse a negociar la paz. Ese ejército que ante la adversidad y el poderío militar del Estado resultó invicto, por voluntad propia se sometió a la Constitución y la ley, entregó sus armas a cambio de que a sus excombatientes les permitan hacer política sin que los maten. Hoy, sus máximos voceros están en el Congreso, excepto Timochenko, que voluntariamente prefirió hacer política desde el terreno llano.


Estado actual de las vidas paralelas


Una vez dejó la presidencia de la República, Uribe creó un partido político para hacerle la más feroz oposición a Juan Manuel Santos, su sucesor, en vista de que este no aceptó ser su títere. Y, como siempre, recurrió a la simulación, dándole a ese partido un nombre que es la antítesis de la realidad: Centro Democrático. Todo el mundo sabe, que no es de centro ni mucho menos democrático. Es un partido de extrema derecha y caudillista, hasta el punto de que su símbolo no es un escudo, una bandera o unas letras, sino la efigie del propio Uribe.


Con ese partido intentó en 2014 poner presidente de la República y tomarse todo el Congreso, con el argumento de “la amenaza terrorista”. En plena negociación entre el Estado y las Farc, el símbolo de su lucha fue Timochenko, el comandante en jefe de esa guerrilla. “¡Ayúdenme! No me dejen solo en el Senado, al lado de Timochenko”, le pedía a sus seguidores, entre suplicante y mordaz. Y agregaba: “Imagínense ustedes a Timochenko en el Senado”. La hazaña que no alcanzó con Zuluaga en el 2014, la logró con Duque en 2018.


En pocas palabras, la ecuación de las vidas paralelas hoy, es sencilla. Uribe, que se ha aprovechado del Estado en todas las estructuras del poder, está sub judice en cientos de procesos, por violar la Constitución y la ley. Y, hasta este momento ningún juez lo ha juzgado, entre otras razones, porque amenaza a todos sus jueces grita, humilla y asusta. En suma, aunque no parezca, Uribe es el terrorista.


En cambio, los miembros de las Farc, comenzaron huyendo a la acción criminal del Estado, hasta que lo enfrentaron militarmente, pese a la desigualdad descomunal. Pero después de muchas acciones de guerra, en las que incurrieron en múltiples crímenes, se sometieron a la Constitución y la ley, entregaron sus armas voluntariamente, se desmovilizaron y están haciendo política y legislando. Y, lo más importante: se han sometido, rigurosamente, a la Justicia Especial para la Paz –JEP–, sin desconocer a ninguna autoridad.


¿A dónde pueden conducir estas vidas paralelas? ¡Ho ironía! ¡Ho casualidad! Si la sociedad se come el cuento y los tribunales lo aceptan, no es nada extraño que los antiguos miembros de las Farc vuelvan a ser la salvación de Uribe, con una pregunta sencilla: ¿Por qué el héroe tiene que ir a la cárcel y los villanos al Congreso?


A pesar de todas las marrullerías, incluyendo el asesinato de testigos, la mutilación de expedientes y el barrido de los audios de la Fiscalía, si las pruebas que posee la Corte para llamarlo a indagatoria son tan sólidas, como se presume, el “presidente eterno” no la tiene fácil. Muchos piensan –y muchos más desean–, que Uribe terminará pidiendo pista en la JEP. Entonces, quienes así piensan y desean, podrán decir, como dice el que dijo Uribe: “El que la hace la paga”.

 

** “Decidí comparar y cotejar al fundador de la bella y cantada Atenas con el padre de la invicta y gloriosa Roma”. Así comienza Plutarco sus diez biografías paralelas: Teseo-Rómulo; Licurgo-Numa; Solón-Publícola; Temístocles-Camilo; Pericles-Fabio Máximo. En su célebre obra Vidas paralelas, son más homogéneas las vidas que él compara en cada pareja, que el símil que existe entre Uribe, el hombre del poder absoluto, y las Farc, como movimiento político-militar que lo enfrentó como gobernador de Antioquia, presidente de la República y enemigo acérrimo del proceso de paz que el Estado firmó con esa guerrilla. Sin embargo, son vidas que devienen en un mismo contexto geográfico, histórico y político.
1. Saúl Hernández Bolívar. “A la llegada de Iván Duque”, en El Tiempo, Bogotá, martes 7 de agosto de 2018, p.1.15.
2. “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, en El Tiempo. Domingo 5 de agosto de 2018, p. 1.13.
3. Joseph Contreras, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las sombras), Bogotá, Oveja Negra, 2002, pp. 7 y siguientes.
4. El jabalí viejo es animal más audaz y difícil de cazar, según concepto de sus depredadores.
5. En una ceremonia, digna de Don Quijote, Pedro Antonio Marín Marín fue rebautizado con el nombre de Manuel Marulanda Vélez, en homenaje a un líder sindical torturado y asesinado por los servicios secretos.
6. Carlos Arango Z, FARC. Veinte años. De Marquetalia a la Uribe, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984, p. 95.
7. Entre el 2 y 13 de febrero de 1962 el general William Yarborough, impartió instrucciones contrainsurgentes en 4 de las 8 brigadas del ejército que existían entonces en Colombia.

 

*Profesor investigador y escritor. Autor, entre otras obras, de La pequeña política de Uribe, y de las novelas Cenizas y La vida ejemplar de Constantina. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza-España. Exmagistrado y Exprocurador Delegado para la Vigilancia Judicial y para las Fuerzas Militares.

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