Las mujeres indígenas andinas y amazónicas de Perú promueven una economía basada en la distribución y en los saberes ancestrales que giran en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, lo que les permite vivir en armonía con la naturaleza. Ahora trabajan para visibilizar y que se reconozca su aportación en la lucha mundial contra el cambio climático. (ONAMIAP)

Para los 45 millones de indígenas de América Latina, la vinculación con el medio ambiente va más allá de su potencial uso como recurso, es una conexión espiritual y cultural. Ver un río agonizar por sequía o por contaminación, equivale a ver morir a un familiar.

Así lo expresa Ketty Marcelo, del pueblo Yanesha-Asháninka, en la selva central de la Amazonía peruana. Ha visto morir el río Perené con el que creció y, en los últimos años, ha sido voz de las mujeres indígenas ante el cambio climático y el medio ambiente en las COP de Lima, París, Marrakech y Bonn, y preside la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (ONAMIAP, que visibiliza los aportes de estas mujeres en la lucha mundial contra el cambio climático).

Las lagunas de Bolivia están desapareciendo. Los glaciares se derriten en la cordillera peruana: en los últimos 40 años han registrado una pérdida en superficie del 42,64%(respecto al inventario de 1970). El Niño, un fenómeno climatológico extremo cada vez más frecuente, provocó en 2017 inundaciones y, en Colombia, Ecuador y Perú los damnificados se contaron por miles.

Harvey, Irma o María en un solo año: cada vez hay más huracanes en el Atlántico. El aumento de la temperatura está provocando riesgos para la salud en Centroamérica, con mayor propagación de las enfermedades del Zika y Dengue. La deforestación de la Amazonía causa la pérdida de los bosques y la biodiversidad. Estos son algunos de los riesgos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resalta, y advierte, al mismo tiempo, que el costo económico del fenómeno es difícil de prever.

Quizá por eso la región avanza en mecanismos políticos. Son las leyes contra el cambio climático. México fue pionera en 2012, aunque ya en 2010 Bolivia aprobó la Ley Madre Tierra con el objeto de “vivir en armonía” con la naturaleza; Brasil, por su parte, trabajaba en estrategias nacionales desde 2009.

A la ley mexicana le siguió la de Guatemala en 2013, la de Honduras en 2014 y, recientemente, la de Perú. Otros países de la región han ido fortaleciendo políticas para la mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos y desastres.

América Latina es la segunda región que menos gases de efecto de invernadero emite en el mundo (11,7%), de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, pero es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que los daños causados por eventos climáticos extremos son un nuevo reto a su desarrollo.
Nueva economía del clima

Manuel Pulgar Vidal, líder internacional de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), responde al teléfono desde Colombia, donde la organización que trabaja por la conservación de la naturaleza celebró a principios de mayo su Conferencia Anual, con la celebrada presencia del entonces todavía presidente Juan Manuel Santos.

Las leyes contra el cambio climático son positivas, opina Pulgar Vidal, pero no suficientes: “Los sectores económicos y productivos requieren de acciones muy concretas para reducir las emisiones y en la nueva economía del clima no se puede ser ajeno a consideraciones medioambientales”.

Lo ejemplifica con iniciativas regionales que ya son una realidad. Vehículos eléctricos en ciudades ecuatorianas. Quito como una de las ciudades sostenibles del mundo. Chile, Colombia y México poniéndole precio al carbono. El caso de Colombia, que sin una ley marco, tiene normas de acción climática para la reducción de bolsas de plástico, y, por ejemplo, ha creado el fondo Herencia Colombia –que promueve la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida humana, o para la conservación y crecimiento de áreas protegidas, superando la meta global de Aichi de un 10% en áreas marinas–.

“Pocos reconocen el liderazgo de América Latina en la lucha frente al cambio climático. El camino al acuerdo de París tuvo a México recuperando el proceso, tras la pérdida de optimismo en Copenhague 2009; y Perú, junto a Francia, impulsó el acuerdo y logró involucrar a los actores no estatales”, afirma Pulgar Vidal que también fue ministro del Medio Ambiente en Perú.

Este experto resalta el papel de los actores no gubernamentales fortaleciendo la agenda climática: “En los EEUU se ha lanzado una iniciativa equivalente, We are still in, que ha permitido que, sin prejuicio de las decisiones de Trump, el país siga avanzando en acción climática”.

La sociedad civil es clave ante el cambio climático. Elisa Hernández ha recorrido América Latina “con las gafas de desarrollo sostenible y género puestas”. Experta en medioambiente, ha trabajado para organismos internacionales, gubernamentales y asociaciones locales, estudiando el rol de las mujeres indígenas, el derecho al agua y la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.

Afirma que “más allá de las políticas de cada país, es la gente de América Latina la que está llevando a cabo iniciativas sociales muy interesantes como el encuentro Panamazónico o el Tribunal de la Naturaleza, acciones para liderar un cambio de modelo en la región”. Y resalta que uno de los mayores desafíos es “asegurar la participación de las personas en las políticas. Hacer hincapié en las prácticas tradicionales y el respeto a la cosmovisión de las comunidades es fundamental”.

De su experiencia destaca cómo las comunidades se movilizan muy visiblemente en oposición a modelos de desarrollo en los que no tienen participación: “Los escenarios del cambio climático no se conocen con exactitud. Seguramente van a generar situaciones de mayor desigualdad y esto puede exacerbar conflictos a distintos niveles”.

El Atlas Global de Justicia Ambiental sitúa tres países de la región dentro del ranking mundial de conflictos medioambientales: Colombia, Brasil y Perú. Los conflictos, en su mayoría causados por la minería, son una realidad que ya reportan organizaciones como Amnistía Internacional. Dos de sus informes publicados recientemente en Perú, Estado tóxico y Una receta para criminalizar, apuntan a un fenómeno que va en aumento: poblaciones de los Andes y de la Amazonía gravemente afectadas por los metales tóxicos de las industrias extractivas y personas defensoras del medioambiente estigmatizadas y en peligro.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, afirma que América Latina es la región con mayor número de asesinatos de personas defensoras del medioambiente: “2017 fue el peor año en la última década. Hay un uso excesivo de la fuerza. Cuando las personas defensoras de derechos levantan la voz, se les acusa de ir contra el progreso y el sistema penal se utiliza para criminalizarlas. No hemos visto a una autoridad que salga a defenderles y no hay ninguna política de protección”.

Aunque en Perú las organizaciones han dado la bienvenida a la ley de cambio climático, Marina considera que “ratificar el Principio LAC 10 sería un gran paso adelante”. Ese principio, que reconoce que la participación de “todos los ciudadanos interesados” es el modo óptimo “para tratar las cuestiones ambientales”, es el antecedente del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, los tres pilares hacia la gestión del medioambiente y el desarrollo sostenible, aprobado el pasado mes de marzo.
Las mujeres, más afectadas por el extractivismo

¿Por qué un país que aprueba y lidera acciones climáticas promueve, en paralelo, un desarrollo basado en el extractivismo –opción que merma los derechos de las poblaciones–? “Es un gobierno esquizofrénico”.

Así responde la coordinadora del Grupo Perú Ambiente y Clima, Beatriz Salazar, que agrupa a casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la ley contra el cambio climático: “En Perú hay un debilitamiento de los estándares ambientales y se aprueban normas que benefician las inversiones a costa de la vulneración de derechos”.

Rocío Silva Santisteban, periodista peruana que ha investigado cómo las actividades extractivas afectan a las mujeres en América Latina, afirma que “las mujeres defensoras son heroínas” pues se enfrentan casi en solitario a una resistencia que vulnera todos sus derechos.

En Mujeres y conflictos ecoterritoriales concluye que estos conflictos son el gran problema del siglo XXI en la región y que el modelo de desarrollo extractivista es insostenible a largo plazo y, más aún, ante el cambio climático.

Marcelo ha cambiado su río Perené por el río Rímac en Lima. Todas las mañanas le saluda, aunque, como ocurre ahora, baje sucio. Esta portavoz de las mujeres indígenas asegura que seguirá trabajando para que se reconozcan las contribuciones andino-amazónicas de las mujeres: “Ya estamos adaptándonos al cambio climático, nos asociamos en iniciativas productivas como piscigranjas, promovemos la artesanía, los corredores turísticos y queremos visibilizar la economía indígena”. Esta economía, basada en la distribución y en los saberes ancestrales en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, les permite vivir en armonía con la naturaleza.

 

Publicado originalmente en Equal Times

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Miércoles, 27 Junio 2018 05:54

Racismo y derechos

Racismo y derechos

Roberto Samar se pregunta cuál debería ser nuestro rol como comunicadores y comunicadoras frente a una mirada racista, clasista y eurocéntrica que tiene un fuerte anclaje en el sentido común y que aparece en redes sociales, medios de comunicación y comentarios de lectores.

Las miradas racistas nos atraviesan. Son miradas que jerarquizan, que colocan a determinadas personas sobre otras. Esta jerarquización tiene varias funciones: legitima la vulneración de derechos de determinados sectores y facilita la construcción de un enemigo, al cual responsabilizaremos de nuestros problemas.
Julio Cesar Monasterio, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, señaló: “el sujeto moderno, blanco, varón, europeo, heterosexual, civilizado, desarrollado, de elite, se constituirá en oposición a ese otro, negro, mujer, no europeo, homosexual, bárbaro, subdesarrollado, popular, que debe ser invisibilizado y/o visibilizado negativamente, que aparecerá por fuera de la historia o en un estadio inferior, como en la edad de la infancia y de la ignorancia. Esta estrategia de constitución del sujeto moderno será el pilar de la expansión europea hacia los escenarios regionales del sur que, como plantea Albán Achinte (2008) se fundamentó en cinco pilares: una sola raza, una sola lengua, una sola religión, una sola historia y un solo género. Todo lo demás será estigmatizado y construido desde una visión negativa”.


Esta mirada racista, clasista y eurocéntrica tiene un fuerte anclaje en el sentido común y se reproduce en los mensajes violentos que circulan en redes sociales, medios de comunicación y se vuelcan en los comentarios de lectores.


Solo a modo de ejemplo. En la noticia del diario Río Negro: “A seis meses del homicidio de Nahuel, la Justicia no muestra ningún avance” se puede leer los siguientes comentarios: “Saben que hay secretos muy bien guardados de los mapuches terroristas”. “Todo esto ocurre porque los mapuches violaron la propiedad privada o pública con la toma”.


Estas miradas racistas quizás no sean mayoritarias, pero están presentes. Existen sectores que legitiman la violencia institucional, que asocian el pertenecer a un pueblo indígena con el terrorismo y que interpretan la recuperación territorial y defensa de derechos como delitos.


Una de las razones del fuerte consenso del racismo son sus raíces históricas. En ese sentido, “la República Argentina se constituyó como Estado-Nación sobre la base de la negación de las raíces históricas americanas, la sujeción de sus ocupantes originarios y la usurpación de sus territorios”, afirmaba el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo.


Domingo Sarmiento llegó a manifestar “¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar”. “Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”.


Lo complejo del momento actual es que esta matriz cultural racista se legitima y fortalece con el discurso criminalizador y estigmatizante del gobierno nacional hacia el pueblo mapuche. Basta recordar que Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo en el Senado: “Los mapuches son un grupo de extrema violencia”.


En ese marco, ¿cuál debería ser nuestro rol como comunicadores y comunicadoras?


En el capítulo de “Pueblos indígenas” de la publicación “Buenas prácticas en la comunicación pública”, el INADI recomendaba “evitar el uso, en noticias, relatos o imágenes, de símbolos o elementos propios de los colectivos en escenas que los muestran como ‘extraños’, ‘problemáticos’ o ‘peligrosos’ “.


Asimismo, si queremos construir una sociedad menos injusta nuestro rol también debería ser visibilizar las violencias cotidianas que sufren estos pueblos y las riquezas culturales que los atraviesan. A modo de ejemplo: no fue noticia en los grandes medios que el 13 de junio un grupo de personas llevaron adelante un violento desalojo de familias mapuches en el Cerro Belvedere. El grupo de matones que portaban garrotes y armas de fuego destrozaron la totalidad de la ruka (casa) de la comunidad.


En el mismo sentido, tampoco fue noticia que el 24 de junio el pueblo Mapuche festejó el WiñoyXipantv, momento cuando el sol recupera sus fuerzas y los días comienzan a ser gradualmente más largos.


Por último, nuestra mirada sería distinta si desde los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes se visibilizara los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Recordemos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos”.


* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Docente de “Comunicación Social y Seguridad Ciudadana” UNRN

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¡Asesinaron a Ramón! Liberador de tierra de Corinto-Cauca

Con dolor e indignación lamentamos informar que en la noche del 14 de mayo fue asesinado el liberador de tierras Ramón Ascué Calix; los hechos se presentaron a las 9:15 pm en pleno casco urbano de Corinto cuando, después de seguirlo, sicarios dispararon contra Ramón Ascué arrancándole la vida.


El año pasado fueron asesinados dos comuneros indígenas en las inmediaciones de la hacienda Miraflores, propiedad del Ingenio Incauca, mientras la comunidad indígena Nasa adelantaba acciones de control y recuperación de sus tierras ancestrales. El 22 de marzo fue asesinado el liberador Javier Oteca por miembros de la seguridad privada de Incauca; luego, el 9 de mayo del 2017, fue asesinado Daniel Felipe Castro, un joven liberador de tierras de apenas 16 años, por miembros de la Policía Nacional cuando los uniformados abrieron fuego indiscriminado contra la comunidad indígena desarmada.


Estos asesinatos no solo se encuentran en la impunidad sino que, además, para este año las acciones de violencia y represión contra la comunidad indígena han llegado a un nuevo nivel de recrudecimiento, ya que los liberadores de la Madre Tierra son seguidos por sicarios y hombres armados, en lo que amenaza convertirse en una serie de asesinatos selectivos que busca detener el proceso de Liberación de la Madre Tierra en Corinto. Así, el pasado 30 de abril, a las 6:40 pm, fue asesinado el liberador indígena Héctor Janer mientras se movilizaba en una moto desde la cabecera municipal de Corinto hasta la vereda el Guanabano, mientras que hoy cae muerto otro liberador de la Madre Tierra en el casco urbano de Corinto.


Ramón Ascué Calix fue un hombre comprometido con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, siempre estuvo junto a la comunidad realizando registros en fotografía y vídeo sobre las constantes agresiones de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, utilizando la denuncia como una herramienta para proteger a la comunidad indígena. Una noche, para comienzos del 2017, mientras caminábamos por las vías veredales de Corinto, Ramón Ascué comentó que pensaba retirarse un tiempo del proceso de Liberación ya que presentía que lo iban a matar, sin embargo su amor y entrega a la lucha por la Liberación de Tierras no se lo permitió, y continuó luchando, hasta que en la noche de hoy sicarios al servicio del capital agro-industrial le arrancaron su vida.


Le enviamos un saludo de solidaridad a la familia, ya que en poco tiempo perdieron a dos hermanos comprometidos con el proceso de Liberación: Javier y Ramón Ascué Calix. Pero sus muertes no han sido en vano, ya que su ejemplo, su determinación y su lucha quedan vivas en la memoria para seguir este camino de Liberación.

 

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Marichuy, la voz de los indígenas de México

María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, es una hija de la tierra y de la explotación de la que son víctimas los indígenas. Con una propuesta organizativa, representa a las 60 etnias de su país y a los zapatistas.

Allí van. Aquí vienen. Estuvieron “callados pero no ausentes”. Resistieron y resisten a la violencia del Estado, a las agresiones del crimen organizado, a la expoliación de las empresas mineras, al robo del agua, el desvío de los ríos, a la invasión de las tierras, al racismo permanente, a la exclusión y a la desidia del resto de la sociedad mexicana. A esos sufrimientos las sesenta etnias indígenas de México le pusieron un rostro que las represente en las elecciones presidenciales de este primero de julio. María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy. Es la primera mujer indígena en la historia de México que alcanza ese nivel. Marichuy habla con el tono de una canción de cuna, pero es un temple hecho de su historia y la de su pueblo. Marichuy nació en la zona nahua de Tuxpan, Jalisco, hace 54 años. Es una hija de la tierra y de la explotación de las que son víctimas los indígenas. Su padre le cerró el camino a los estudios secundarios para que trabajara la tierra pero ella aprendió ocultándose hasta ser una especialista en medicina natural. Cuando rememora su infancia recuerda que a sus “abuelos los obligaban a sacarse la ropa tradicional que llevaban puesta en la vida cotidiana y ponerse otra cuando se desplazaban a otro pueblo”. Pese a ello, Marichuy salió a recorrer el país para “representar a todos”, es decir, a la vida entera, la biodiversidad, a la vida que destruyen los ladrones de las multinacionales, a la que ignoran las burguesías blancas colonizadas y colonizadoras.


En México la muerte acecha en los rincones y Marichuy apostó por la vida en condiciones de un surrealismo para privilegiados. La candidata presidencial tenía por delante un desafió infranqueable, pero lo asumió con entereza desde que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la designaron candidata a la presidencia. La idea surgió en octubre de 2016 y recién se plasmó entre mayo y octubre de 2017, primero con la creación del Congreso Indígena de Gobierno, CIG, y luego con el nombramiento de Marichuy como portavoz y candidata. Se trata de un proceso de largo aliento de cuyos principios bien podrían inspirarse nuestras acalambradas izquierdas latinoamericanas. El mandato de Marichuy consistía en ir andando “desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos”.


La doctora en medicina tradicional se metió en los pliegues de una democracia reservada a los blancos y los corruptos, o a “los de arriba”, como diría ella, “a los amañados”. Salió a la arena política sabiendo que no llegaba porque lo importante estaba más allá del proceso electoral. El manifiesto de los pueblos indígenas que acompañó su nombramiento, “Que retiemble en sus centros la tierra”, precisaba: “nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos”. El INE (Instituto Nacional electoral) permitió, por primera vez, que este año hubiesen candidaturas independientes pero impuso un piso de 866 mil firmas para que un candidato pudiese competir en las elecciones. Sólo los ricos o los partidos del sistema podrían llegar a esa cifra. Como si fuera poco, el INE decidió que los candidatos debían juntar esas 800 mil firmas mediante dispositivos electrónicos, es decir,

celulares de cierto nivel cuyos precios son inabordables para la mitad del país. La propuesta de Marichuy alcanzó 275 mil firmas, sin embargo, su campaña y los incidentes que la atravesaron le dieron a ella y a las abusadas comunidades indígenas una visibilidad excepcional. Con su modales discretos, con su voz pausada, se puso en marcha por todo el país. Preservó la forma cultural con la que se relacionan los pueblos originarios donde “se manda obedeciendo” y fue, de pueblo en pueblo, rehilando la relación entre unos y otros. Cuando vino a la Ciudad de México, la caravana indígena de Marichuy colgó un cartel que decía: “Venimos a hablar de lo imposible, porque de lo posible se ha dicho demasiado”. De esos imposibles hablamos con ella.


–Después de todos estos meses de campaña, de atentados, de boicots y de recorrido por el país ¿qué balance hace usted de este proceso en el cual, por primera vez, una mujer indígena fue candidata a la candidatura de presidencia?.


–Aprendí principalmente los problemas que fuimos viendo y escuchando directamente desde la voz de los miembros de los pueblos indígenas. Todo ese despojo y todo ese desprecio del cual son objeto de parte de la gente que está en el poder y que tienen dinero. Cuando son tiempos electorales están aquí, y luego cuando ya quedan se les olvida que estamos y que existimos, nos desconocen. Eso fue algo que fui viendo en todo el país. Y aunado a esto, están todas las estrategias que está usando el gobierno para despojarlos de sus tierras y territorios, de sus aguas y sus bosques. Están todas esas formas amañadas de la gente que llega a los territorios para asegurarse ese despojo. La gente de los pueblos tiene ahora una esperanza con este Consejo indígena de Gobierno. Es una forma de caminar colectivamente porque sólo nosotros nos vamos a defender entre nosotros, nadie más lo va a hacer. Debemos proceder de manera organizada. ¿Qué aprendimos al final?. Pues vimos cómo el poder amañado busca nada más este grupito que tiene arriba y saben a quien van a poner, saben cómo usan a la gente de abajo. Allá los pobres no figuramos. Pero nuestra propuesta es organizativa, nuestra lucha va más allá de unas elecciones.


–Robo de tierras, el problema del agua, el despojo de las grandes multinacionales mineras, los pueblos son objeto de una expoliación permanente.


–Claro que es así. En México lo seguimos viviendo y ha costado muchos muertos, desaparecidos, encarcelados que han luchado, han resistido y se han opuesto a esas mega empresas que llegan y se imponen a la fuerza en las comunidades. La única manera de hacer frente es que cada pueblo tenga su manera de poderse organizar y defender. En Oaxaca, por ejemplo, 8 comunidades lograron unirse para hacerse fuerte y echar a una minera que se quería meter. Este es el sentido de lo que estamos llamando: tenemos que organizarnos todos, tenemos que hacer una sola fuerza abajo porque, sino, cada quien por separado nos van a acabar. Eso es lo que pretenden a través de los programas de gobierno, a través de los partidos y de las empresas que llegan: dividirnos en las comunidades. Agarran a los líderes de las comunidades por separado y luego ya les dan dinero y con eso van dividiendo. Esos megaproyectos mas que beneficios han traído destrucción y muerte.


–Esa es la nueva fase que se desprende de las acciones en los pueblos indígenas: un paciente trabajo de organización a largo plazo.


–Nosotros le apostamos a que solamente eso nos va a hacer fuertes desde abajo. Juntos podemos ir construyendo y revisando qué es lo que no está bien y avanzar construyendo según nuestras formas, nuestros tiempos, nuestros modos. Si esperamos que los centros de salud estén bien se seguirá muriendo la gente. ¿Entonces, cómo le vamos a hacer desde abajo ?. Debemos ir buscando formas en educación, en salud, todo se tiene que ir viendo desde abajo.


– ¿La experiencia del movimiento zapatista en Chiapas fue un modelo importante en al refundación de esta fase?


–Pues ellos fueron parte de esta propuesta. Los zapatistas han estado desde hace más de 20 años construyendo su proceso de autonomía y hemos sido testigos de la organización que tienen desde abajo sin contar con los recuerdos del gobierno. Ellos son una muestra de que sí podemos hacer las cosas desde abajo.


–Lo paradójico radica en el hecho de que mucha gente, incluso en América Latina y desde la izquierda, se pregunta si los zapatistas están vivos.


–Nosotros que estamos aquí hemos visto cómo los zapatistas han seguido. El hecho de estén callados o ausentes no quiere decir que no estén construyendo sus autonomías. Además, esas son las formas con la que durante años y años funcionaron los pueblos. Eso es lo que hacemos cuando vamos caminando por los pueblos y les decimos “hay que retomar, hay que reforzar, hay que consolidar nuestro proceso de autonomía. Solamente así saldremos delante”.


–El lema que ustedes usan consiste en decir “por abajo y a la izquierda”.


–Es la gente que está abajo, todos los trabajadores del campo y la ciudad, todos los olvidados, aquellos a quienes no se los toma en cuenta y que están del lado del corazón, todos los que sienten el amor por el otro y que entienden que solamente algo colectivo es lo que nos va a sacar adelante.


–En la Argentina también hay gente abajo, pueblos indígenas como el Mapuche expulsados de sus tierras por el colonialismo financiero blanco. Represión, encarcelamiento, asesinatos. La misma pistola que apunta a las cienes de los pueblos en México apunta en la Argentina.


–No, claro, este problema no es nada más de México sino que el problema de los pueblos indígenas es internacional. Y no solamente son esos pueblos, yo digo que son todos. Por eso nuestra lucha no es únicamente para los pueblos. Cuando salimos lo dijimos: nuestra lucha es por todos. Tal vez ahora no se entienda pero en el caminar se va a ir entendiendo que nosotros, al luchar por la vida, estamos luchando por todo y todos. Si el agua se contamina, o si destruye un árbol les va a afectar a todos. Si la tierra se contamina todos se enfermarán, indígenas o no.


–A partir de la lucha de aquí y con los problemas que hay con los indígenas en Perú, en Bolivia, en Colombia, en la Argentina, ¿ acaso no habría que replantear una suerte de caminar juntos latinoamericano ?. Si las burguesías coloniales blancas dividen ¿cómo nos unimos?.


–Creo que como nuestra lucha es por la vida y es mucho más allá de México el siguiente paso será juntarnos con más hermanos y, juntos, pensar qué vamos a hacer para salvar este planeta. A los mapuches les digo que sigan adelante, no se desesperen, no se vendan, no claudiquen. Hay que seguir construyendo esa autonomía desde nuestros pueblos y desde nuestros barrios. Debemos hacernos fuertes para resistir. Los pueblos indígenas tenemos nuestras formas que están todavía después de más de 500 años. Entonces, no dejemos que nos acaben. Nuestras comunidades indígenas siguen siendo despojadas de sus recursos, de sus aguas, de sus bosques y de formas propias de vida. Luchemos para seguir existiendo y luchemos por los demás.


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Migrantes indígenas, atrapados en la frontera entre Colombia y Venezuela

Los miembros de la comunidad yukpa cruzaron la frontera para escapar de la crisis en Venezuela, pero han sido deportados en dos ocasiones

 

A finales del año pasado, la niña de 12 años Betania escuchó hablar a sus vecinos sobre una ciudad no muy lejana donde se podía encontrar comida. "Mi madre me dijo: 'Betania, vete de aquí, porque tenemos hambre. Mira a tus hermanos, no tienen nada en la barriga'", recuerda.

Así que Betania se despidió de su familia, abandonó su remota aldea en la comunidad indígena yupka de las montañas del oeste venezolano, y caminó 300 kilómetros hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.


Acampados en la orilla lejana del río Táchira, encontró cientos de indígenas yukpas. También huían de la desnutrición y de la enfermedad en Venezuela, donde la escasez causada por el colapso económico ha afectado incluso a las comunidades indígenas rurales.


Los yukpas representan una parte minúscula de los cientos de miles de venezolanos que en los últimos años han cruzado la frontera para escapar de la hiperinflación, la escalada del crimen y una crisis política que parece no tener fin.


La diferencia con otros migrantes es que a este grupo indígena lo han deportado en dos ocasiones. Una y otra vez regresaron a Colombia, donde volvieron a acampar a orillas del río. Pero ahora están atascados: no quieren regresar a Venezuela y no son bienvenidos para seguir avanzando en Colombia.


"¿Sabes por qué vine hasta aquí? Porque no puedo quedarme allá atrás sin comida, ni dinero, ni ropa, ni nada", dijo Anteli Romero, un artesano yukpa de 28 años de las montañas que rodean la ciudad de Machiques. "Ahora dicen que no quieren a los yukpas por aquí, dicen que vinimos para nada".


Hay unos 500 miembros del grupo indígena acampando junto al río, entre ellos varias decenas de mujeres embarazadas. Duermen al raso o en refugios hechos con material reciclado. Por la noche, un montón de pequeños fuegos parpadea en el bosque mientras cocinan el arroz blanco o los pasteles de maíz.


El grueso de los migrantes venezolanos que cruzaron se ha dispersado en las ciudades de Colombia, pero la presencia concentrada de los yupkas en la frontera irrita a las autoridades locales. Los miembros del grupo se han enfrentado repetidamente con los funcionarios fronterizos colombianos, llegando a amenazarlos con arcos y flechas.


Aunque las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas durante varios años, las autoridades de ambos países cooperaron en enero para desalojar el campamento en la ribera del Táchira y devolver unos 500 yukpas a sus tierras en las inmediaciones de la ciudad de Machiques. Los yukpas dijeron que seguían sin tener comida ni medicinas y regresaron caminando a Colombia.


Las autoridades de Cúcuta volvieron a deportar a los yukpas en marzo. Pero muchos de ellos regresaron y siguen llegando más. "En Venezuela, a veces pasamos todo el día sin comida, por eso todos vienen", dijo Arbelei Landino, otro migrante yukpa.


Cuando hace dos años estalló la crisis migratoria, Colombia respondió otorgando residencia legal a los trabajadores venezolanos. Hasta que en febrero retiró los privilegios y desplegó a 3.000 soldados en la frontera. Pero la marea de migrantes sobre una frontera abierta ha demostrado ser imparable.


Los activistas creen que el Gobierno debe invertir en una respuesta adecuada antes de que se haga ingobernable la situación. Según el padre Francesco Bortignon, responsable de un refugio para migrantes en Cúcuta, "el Gobierno no tiene ni idea de cómo manejar la situación".
Los yukpas son anteriores a los estados


Los yukpas, cuyos territorios ancestrales se extienden a ambos lados de la frontera y son anteriores a la creación de Colombia y de Venezuela, han tratado de invocar sus derechos como tribu binacional.


En teoría, el texto de la Constitución colombiana reconoce la ciudadanía a los miembros de dichos grupos y dispone de protecciones especiales para la preservación de las comunidades indígenas. Los líderes yukpas dicen que los 15.000 miembros de la tribu no han recibido ninguna de esas protecciones.


El Ministerio de Interior de Colombia ha dicho que primero debe certificar su identidad indígena haciendo un censo de los yukpas. Hasta entonces, los considerará como venezolanos viviendo ilegalmente en Cúcuta.


Según Andrés Barona, asesor legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "la actitud del Gobierno es 'esconded a los pobres, son feos'. Son acciones motivadas por el racismo que hay contra los indígenas".


En su opinión, las autoridades nacionales y municipales colombianas se han limitado a tomar la opción más sencilla frente a la complicada crisis humanitaria y diplomática.
El ayuntamiento de Cúcuta no respondió a las llamadas de The Guardian, pero antes había comunicado a los medios locales que los yukpas estaban implicados en el contrabando de la frontera.


Barona y la ONIC creen que el Gobierno debería dar a los yukpas un espacio para vivir mientras elabora un plan, además de garantizarles el acceso a comida, agua y letrinas.
Como dijo Deborah Hines, directora del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, los grupos indígenas son olvidados a menudo en una crisis humanitaria que ya ha abrumado al Gobierno y a las organizaciones de ayuda internacional. "Nos centramos en las comunidades indígenas porque tienden a ser los más vulnerables", dijo.


Pero muchos en el campamento yukpa dijeron que la vida junto al río era mejor que en su hogar. Al menos aquí, unas pocas monedas pueden servir para comprar una bolsa de arroz. En Venezuela no hay arroz. "Nos cansamos de sufrir tanta hambre, así que aquí vinimos", dice Ángel Romero, de 32 años. "Confiamos en que nos ayuden".

Dylan Baddour - Cúcuta
28/04/2018 - 19:57h


Traducido por Francisco de Zárate

 

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Movimientos antisistémicos y cuestión indígena en América Latina. Una visión desde la larga duración histórica

Hablar hoy de los movimientos antisistémicos de América Latina, en estos primeos lustros del siglo XXI cronológico, es hablar de un conjunto de potentes y sólidos movimientos sociales que en las últimas dos décadas transcurridas, lograrán constituirse en actores sociales de primer orden, dentro del vasto conjunto de las naciones que hoy conforman al semicontinente de América Latina.

Jueves, 01 Marzo 2018 16:01

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo se encuentra de nuevo en disputa. Más de 70 familias campesinas, sin tierra, no tienen a donde ir. A finales de enero salieron de la zona indígena de Río de Oro, para instalarse en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama. ¿La razón? El Gobierno sigue sin definirles su situación como desposeídos víctimas del conflicto; y el plazo dado por el pueblo Barí para ocupar estos territorios venció en enero pasado.

 

El presente tiene pasado. La crisis humanitaria generada por la arremetida paramilitar que inició en mayo de 1999 en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, tuvo entre sus consecuencias el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas sin tierra a zonas de frontera agrícola. Una vez más, como en otros tantos momentos de los siglos XIX y XX en Colombia, campesinos y campesinas sin tierra tuvieron que tumbar monte para conformar nuevos poblados; esta vez, en el territorio indígena correspondiente a los Resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón Barí.


Pasó el tiempo, y empezando el 2010, 19 de los 24 caciques que tienen las comunidades del pueblo Barí se dieron cita en asamblea general y decretaron un plazo máximo de 8 años, contados a partir del 27 de enero de dicho año, para la permanencia de campesinos y colonos dentro del territorio Barí. Razones los acompañaban: la venta de licor dentro de su territorio y otras prácticas que estaban destruyendo su cultura indígena.


Y a la decisión tomada le llegó su día. El pasado 27 de enero, campesinos y campesinas colonas habitantes del corregimiento de Río de Oro, municipio de Convención, fueron avisados por el pueblo Barí de que debían desalojar la zona; ya habían trascurrido 8 años.


Nuevamente la historia de los sin tierra se repite. Con sus corotos a cuestas, más de 70 familias emprendieron camino, esta vez no para seguir monte adentro, sino para resguardarse en algún lugar. Piensan que el Gobierno tiene que resolverles el acceso a un pedazo de tierra, y mientras tanto descansan como un solo grupo en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama.


Por ahora no están solos. Organizaciones campesinas e indígenas con presencia en la zona han solicitado el establecimiento urgente de un espacio de diálogo con las autoridades gubernamentales competentes que brinde solución real a esta problemática; ya que se trata de campesinos y campesinas sin tierra que fueron víctimas directas del conflicto y que un mes después de salir del territorio Barí, siguen sin tener a donde ir.


Un mal con raíz


El histórico problema de la tierra, orígen de fuertes conflictos entre colombianos y motivo de confrontaciones contra terratenientes e industriales del campo, se profundiza con lo que está reflejando lo sucedido en esta parte del territorio nacional: la negligencia estatal a la hora de reconocer los derechos de las diferentes comunidades rurales que habitan el país; lo cual es una de las principales causas de los conflictos interculturales entre campesinos e indígenas en Colombia.


Tres décadas atrás, en la primera mitad de los ochenta, el Estado reconoció y tituló los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, adjudicando al pueblo Barí 108.900 hectáreas y 13.300 hectáreas de tierra respectivamente. Unos años después, en 1991, a través de la Ley 21 del 91, ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, comprometiéndose a respetar y garantizar sus derechos (entre los cuales se destacan el derecho a la vida, al territorio y a la autonomía).


Pero otros muchos exigen igual derecho. En particular campesinos pobres, lo cual sucede a pesar de la existencia de la Ley 160 de 1994 que dio paso al Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, y establece entre sus objetivos el acceso a la propiedad de la tierra para la población campesina de bajos recursos, decretando que los territorios baldíos sean adjudicados a dicha población a través del Incora (que después pasó a ser el Incoder , dividida en la actualidad en la ART, ANT y ADR ).


Esta disputa por el reconocimiento del derecho al territorio, lleva a conflictos entre pobres. En diferentes regiones donde convergen indígenas y campesinos en un mismo territorio, se han presentado fuertes conflictos territoriales e interculturales debido a la falta de garantías de derechos para una población o para otra. Ejemplo de ello es el departamento del Cauca, donde los campesinos habitantes del municipio de Inzá han solicitado desde hace varios años la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Inzá en las zonas Quebrada de Topa, Pedregal y Turminá, entrando en enfrentamientos con la comunidad indígena Nasa que tiene la aspiración de ampliar los Resguardos de Turminá, San Miguel e Inzá. Conflicto que se ha profundizado a medida que el Estado niega continuamente los derechos de indígenas y campesinos, llevándolos a una situación de confrontación directa donde se asumen mutuamente como enemigos.


Sin embargo, el caso del Catatumbo no encaja en esta interpretación de conflictos interculturales y territoriales, ya que en diferentes ocasiones indígenas y campesinos han trabajado de la mano para lograr objetivos comunes. Tal es el caso del foro “Vida, naturaleza, territorio y cultura”, realizado en el 2007, y que tuvo como resultado el freno de la exploración para explotación de carbón a cielo abierto en la vereda Caño Mariela. Esta articulación pudo darse gracias a que tanto indígenas como campesinos demuestran constantemente un fuerte interés por proteger el territorio y la naturaleza de la región.


Por lo tanto, lo que sucede hoy por hoy en el Catatumbo no es producto de una pelea entre indígenas y campesinos, sino que es consecuencia de un Estado que solo se preocupa por dar excelentes condiciones de inversión para capitales privados, pero que a la hora de volver los ojos a las comunidades se queda corto en la garantía plena de sus derechos.


Cuando se examinan los diferentes intereses empresariales que reinan sobre el Catatumbo, que van desde la explotación petrolera, pasando por la explotación de carbón y el monocultivo de palma aceitera, hoy con más 20 mil hectáreas sembradas, es claro el por qué del desinterés del Estado en atender las necesidades de las poblaciones rurales de esta región.


Mano a mano, indígenas y campesinos. Garantizar el territorio y la autonomía a los pueblos indígenas no puede resultar en una afectación directa de poblaciones campesinas. De igual manera, velar por los derechos de campesinos y campesinas sin tierra no puede significar pasar por encima de los pueblos indígenas. El Estado colombiano debe garantizar la vida digna de toda la ciudadanía, incluyendo a las diferentes comunidades que habitan y construyen a diario el campo, especialmente los sujetos de especial protección constitucional, que en este caso son los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

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El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Francisco, el papa, entre pederastas y genocidas

La Iglesia chilena es una de las más conservadoras del continente. Su participación en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende la escoró más. Un tedeum en la catedral de Santiago elevó a los golpistas a la condición de salvadores de la cristiandad. Los escándalos durante décadas afectan a todas las congregaciones, ninguna está exenta de casos de violación a menores. Salesianos, maristas, dominicos, legionarios, jesuitas, Opus Dei. Existe un centenar de casos documentados.

La institución niega y considera las acusaciones, insidias para socavar la labor pastoral de sus miembros. Aún abiertas las heridas del prelado Fernando Karadima, durante años violando menores, el papa Francisco no ha querido reunirse con sus víctimas. Se ha limitado a pedir perdón. Karadima sigue siendo sacerdote. En sus 50 años de oficios religiosos amasó una gran fortuna personal. Condenado por pederastia, oficia misa a pesar de estar inhabilitado. Igualmente, resulta significativo que el papa Francisco reniegue de las acusaciones por encubrimiento de quien fue discípulo de Karadima, Juan Barros Madrid, hombre de confianza del Papa, nombrado obispo de Osorno. No menos impactante ha sido el nombramiento del ex arzobispo de Santiago, miembro del consejo cardenalicio, Javier Errázuriz Ossa, amigo personal de Pinochet, anticomunista declarado, en la actualidad empeñado en desarticular toda acción pastoral ejercida desde la Teología de la Liberación. Enemigo acérrimo de la Iglesia de los pobres, ha patrocinando querellas contra los sacerdotes militantes de la Iglesia de la opción por los pobres y del Cristo de los condenados de la Tierra, José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos.

Sin embargo, la Iglesia chilena cuenta con el apoyo de la clase política para realizar sus fechorías. La Democracia Cristiana, principal partido político durante décadas, hoy en declive, de ideología católica practicante, se alineó con las posiciones más reaccionaras del clero, siendo su correa de trasmisión. En cuanto a sus propiedades y bienes, el Episcopado posee canales de televisión, universidades, editoriales, centros comunitarios, clubes deportivos, clínicas privadas, instituciones seglares, colegios, agroindustrias y una red de empresas dedicadas a la divulgación de la fe. No hablemos de la riqueza acumulada gracias a las prerrogativas concedidas por el Estado. No paga contribuciones. Por ley se le exime del IVA. Tampoco necesita desembolsar dinero a la hora de los envíos postales. Todo lo que entra a sus arcas se convierte en patrimonio. Igualmente, su influencia se hace sentir a la hora de evitar que sean juzgados los capellanes militares y sacerdotes que prestaron colaboración en las sesiones de tortura durante los años de la dictadura.

La Iglesia católica se inhibió de investigar los casos de sacerdotes asesinados, torturados y desaparecidos, como Joan Alsina (31 años), Miguel Woodward (42), Antonio Llidó (38) y los fusilados Andrés Járlan (43) y Gerardo Poblete (31).

La Iglesia chilena no pasa por sus mejores momentos. La visita de Francisco precede la realizada por el papa polaco Juan Pablo II, hoy declarado santo por sus milagros, tal vez por transformar curas violadores y pederastas en hombres del señor, libres de polvo y paja. Su periplo está lleno de contradicciones. Mientras predica austeridad, critica el liberalismo económico, el consumo exacerbado, se manifiesta contra el calentamiento global y llama a una revangelización, no alude al coste de más de un millón de dólares desembolsado por el Estado chileno para sus fastos y mítines, además de la seguridad.

Guarda silencio ante la represión ejercida por el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Su misa en Temuco contó con la acción de las fuerzas armadas y de Carabineros limpiando el terreno, deteniendo a los lonkos de las organizaciones del pueblo mapuche. El cordón de seguridad le garantizó una misa tranquila, con mapuches ad hoc, complacientes y sumisos. Así se ocultó el comunicado de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en cerro Ñielol, en el cual se señala: Los representantes de los pueblos indígenas ratificamos nuestros derechos colectivos, como a la libre determinación, hasta la conformación de un autogobierno. Asimismo, reafirmamos el derecho de restitución de las tierras usurpadas, exhortaremos a los estados y, en especial, a Chile, Argentina, el Vaticano y las iglesias a que depongan su política de colonialismo y domesticación con los pueblos indígenas. Exigiremos perdón del papa Francisco por los crímenes de genocidio y por la toma, confiscación y ocupación de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas.

Al igual que sucedió con Juan Pablo II, Francisco hizo oídos sordos, llamó, como no podía ser de otra manera, al diálogo, sin mencionar el acoso, violación, asesinato y encarcelamiento de los dirigentes mapuches, donde no se respeta el habeas corpus. Calló ante las campañas contra el portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

Bergoglio ha tenido que hacer frente, en Santiago, Temuco e Iquique, ciudades visitadas, a manifestaciones de protesta por su actitud condescendiente con el poder, el silencio guardado frente a las demandas de justicia y su actitud protectora de una Iglesia, como la chilena, sumida en la corrupción y el descrédito. Su visita, sin tomar partido por la justicia social y denunciar a sus prelados, resulta irrelevante. Y ahora, en Perú, ¿rogará por el alma de Fujimori?

Publicado enSociedad

 

Cuatro son los integrantes de la organización Nación Wayúu que han sido víctimas de amenazas y dos han sido asesinados por defender los territorios pertenecientes las comunidades ancestrales de los intereses de las empresas en la Guajira o porque han denunciado la posible corrupción al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional Guajira.

“Por denuncias contra el ICBF, hemos recibido amenazas, y también por denuncias contra El Cerrejón donde hemos pedido compensaciones”, señala José Silva, vocero de Nación Wayúu, quien agrega que la sede del ICBF de la Guajira sigue “adjudicando los contratos según sus conveniencias sin contar con la Consulta Previa de las comunidades afectadas”, mientras que la única respuesta que han recibido son amenazas.

 
AMENAZAS Y ASESINATOS

 

Tras las amenazas algunos han desistido de las denuncias, mientras otros han preferido resistir. De acuerdo con la organización, son cerca de siete líderes los que han sido amenazados e incluso asesinados. José Silva ya fue víctima de un atentado cuando iba con su familia hacia su comunidad indígena. Su carro fue impactado con un disparo de arma de fuego en uno de los vidrios laterales. En otra ocasión el mismo líder fue capturado de manera ilegal el municipio de Manaure, luego de notificar a unas autoridades tradicionales la admisión de una tutela en contra de ICBF.

Otra de las víctimas es María del Rosario Ruíz, Autoridad Tradicional y Ancestral del Territorio Indígena KATSALIAMANA, también Ever Epieyue e Isilia Pimienta, luego de haber radicado en el Tribunal Superior de Riohacha un Incidente de Desacato a una acción de tutela que el movimiento ganó en contra del ICBF Regional Guajira, mediante la cual ordenaban llevar a cabo la Consulta Previa en las Comunidades indígenas para el ingreso de los operadores.

La alerta es máxima, debido a que también han asesinado a líderes de esa comunidad. Rafael Lubo Aguilar quien fue ultimado al parecer por haber denunciado actos de corrupción en la educación. La docente Juana Almazo Uriana, fue hallada muerta en zona rural de Manaure. Las autoridades aún investigan si su deceso se produjo luego de una fuerte denuncia que formuló en el municipio de Uribía donde realizaba labores como educadora.

 
LA RESPUESTA DEL ICBF

 

Según el comunicado de Nación Wayúu, existen alrededor de cinco tutelas falladas en primera y segunda instancia, que le ordenan a ICBF Regional Guajira hacer Consulta Previa para el ingreso de los operadores a los territorios étnicos pero ninguna ha sido acatada por la institución, que se defiende asegurando que se trata de un ente autónomo al que no aplica la consulta previa.

Cabe recordar, que para la vigencia 2017, más de 67 organizaciones indígenas Territoriales, avaladas por las Autoridades Tradicionales, que venían operando en los territorios afro y de la comunidad Wayúu, fueron desvinculadas sin razón alguna, como asegura la denuncia, con el fin “de darle ingreso a organizaciones filiales a los intereses políticos y económicos de la Dirección de ICBF Regional Guajira. Dicho ingreso no fue consultado con las autoridades tradicionales indígenas, por el contrario, fueron impuestos”.

 

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