¡Asesinaron a Ramón! Liberador de tierra de Corinto-Cauca

Con dolor e indignación lamentamos informar que en la noche del 14 de mayo fue asesinado el liberador de tierras Ramón Ascué Calix; los hechos se presentaron a las 9:15 pm en pleno casco urbano de Corinto cuando, después de seguirlo, sicarios dispararon contra Ramón Ascué arrancándole la vida.


El año pasado fueron asesinados dos comuneros indígenas en las inmediaciones de la hacienda Miraflores, propiedad del Ingenio Incauca, mientras la comunidad indígena Nasa adelantaba acciones de control y recuperación de sus tierras ancestrales. El 22 de marzo fue asesinado el liberador Javier Oteca por miembros de la seguridad privada de Incauca; luego, el 9 de mayo del 2017, fue asesinado Daniel Felipe Castro, un joven liberador de tierras de apenas 16 años, por miembros de la Policía Nacional cuando los uniformados abrieron fuego indiscriminado contra la comunidad indígena desarmada.


Estos asesinatos no solo se encuentran en la impunidad sino que, además, para este año las acciones de violencia y represión contra la comunidad indígena han llegado a un nuevo nivel de recrudecimiento, ya que los liberadores de la Madre Tierra son seguidos por sicarios y hombres armados, en lo que amenaza convertirse en una serie de asesinatos selectivos que busca detener el proceso de Liberación de la Madre Tierra en Corinto. Así, el pasado 30 de abril, a las 6:40 pm, fue asesinado el liberador indígena Héctor Janer mientras se movilizaba en una moto desde la cabecera municipal de Corinto hasta la vereda el Guanabano, mientras que hoy cae muerto otro liberador de la Madre Tierra en el casco urbano de Corinto.


Ramón Ascué Calix fue un hombre comprometido con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, siempre estuvo junto a la comunidad realizando registros en fotografía y vídeo sobre las constantes agresiones de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, utilizando la denuncia como una herramienta para proteger a la comunidad indígena. Una noche, para comienzos del 2017, mientras caminábamos por las vías veredales de Corinto, Ramón Ascué comentó que pensaba retirarse un tiempo del proceso de Liberación ya que presentía que lo iban a matar, sin embargo su amor y entrega a la lucha por la Liberación de Tierras no se lo permitió, y continuó luchando, hasta que en la noche de hoy sicarios al servicio del capital agro-industrial le arrancaron su vida.


Le enviamos un saludo de solidaridad a la familia, ya que en poco tiempo perdieron a dos hermanos comprometidos con el proceso de Liberación: Javier y Ramón Ascué Calix. Pero sus muertes no han sido en vano, ya que su ejemplo, su determinación y su lucha quedan vivas en la memoria para seguir este camino de Liberación.

 

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Marichuy, la voz de los indígenas de México

María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, es una hija de la tierra y de la explotación de la que son víctimas los indígenas. Con una propuesta organizativa, representa a las 60 etnias de su país y a los zapatistas.

Allí van. Aquí vienen. Estuvieron “callados pero no ausentes”. Resistieron y resisten a la violencia del Estado, a las agresiones del crimen organizado, a la expoliación de las empresas mineras, al robo del agua, el desvío de los ríos, a la invasión de las tierras, al racismo permanente, a la exclusión y a la desidia del resto de la sociedad mexicana. A esos sufrimientos las sesenta etnias indígenas de México le pusieron un rostro que las represente en las elecciones presidenciales de este primero de julio. María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy. Es la primera mujer indígena en la historia de México que alcanza ese nivel. Marichuy habla con el tono de una canción de cuna, pero es un temple hecho de su historia y la de su pueblo. Marichuy nació en la zona nahua de Tuxpan, Jalisco, hace 54 años. Es una hija de la tierra y de la explotación de las que son víctimas los indígenas. Su padre le cerró el camino a los estudios secundarios para que trabajara la tierra pero ella aprendió ocultándose hasta ser una especialista en medicina natural. Cuando rememora su infancia recuerda que a sus “abuelos los obligaban a sacarse la ropa tradicional que llevaban puesta en la vida cotidiana y ponerse otra cuando se desplazaban a otro pueblo”. Pese a ello, Marichuy salió a recorrer el país para “representar a todos”, es decir, a la vida entera, la biodiversidad, a la vida que destruyen los ladrones de las multinacionales, a la que ignoran las burguesías blancas colonizadas y colonizadoras.


En México la muerte acecha en los rincones y Marichuy apostó por la vida en condiciones de un surrealismo para privilegiados. La candidata presidencial tenía por delante un desafió infranqueable, pero lo asumió con entereza desde que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la designaron candidata a la presidencia. La idea surgió en octubre de 2016 y recién se plasmó entre mayo y octubre de 2017, primero con la creación del Congreso Indígena de Gobierno, CIG, y luego con el nombramiento de Marichuy como portavoz y candidata. Se trata de un proceso de largo aliento de cuyos principios bien podrían inspirarse nuestras acalambradas izquierdas latinoamericanas. El mandato de Marichuy consistía en ir andando “desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos”.


La doctora en medicina tradicional se metió en los pliegues de una democracia reservada a los blancos y los corruptos, o a “los de arriba”, como diría ella, “a los amañados”. Salió a la arena política sabiendo que no llegaba porque lo importante estaba más allá del proceso electoral. El manifiesto de los pueblos indígenas que acompañó su nombramiento, “Que retiemble en sus centros la tierra”, precisaba: “nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos”. El INE (Instituto Nacional electoral) permitió, por primera vez, que este año hubiesen candidaturas independientes pero impuso un piso de 866 mil firmas para que un candidato pudiese competir en las elecciones. Sólo los ricos o los partidos del sistema podrían llegar a esa cifra. Como si fuera poco, el INE decidió que los candidatos debían juntar esas 800 mil firmas mediante dispositivos electrónicos, es decir,

celulares de cierto nivel cuyos precios son inabordables para la mitad del país. La propuesta de Marichuy alcanzó 275 mil firmas, sin embargo, su campaña y los incidentes que la atravesaron le dieron a ella y a las abusadas comunidades indígenas una visibilidad excepcional. Con su modales discretos, con su voz pausada, se puso en marcha por todo el país. Preservó la forma cultural con la que se relacionan los pueblos originarios donde “se manda obedeciendo” y fue, de pueblo en pueblo, rehilando la relación entre unos y otros. Cuando vino a la Ciudad de México, la caravana indígena de Marichuy colgó un cartel que decía: “Venimos a hablar de lo imposible, porque de lo posible se ha dicho demasiado”. De esos imposibles hablamos con ella.


–Después de todos estos meses de campaña, de atentados, de boicots y de recorrido por el país ¿qué balance hace usted de este proceso en el cual, por primera vez, una mujer indígena fue candidata a la candidatura de presidencia?.


–Aprendí principalmente los problemas que fuimos viendo y escuchando directamente desde la voz de los miembros de los pueblos indígenas. Todo ese despojo y todo ese desprecio del cual son objeto de parte de la gente que está en el poder y que tienen dinero. Cuando son tiempos electorales están aquí, y luego cuando ya quedan se les olvida que estamos y que existimos, nos desconocen. Eso fue algo que fui viendo en todo el país. Y aunado a esto, están todas las estrategias que está usando el gobierno para despojarlos de sus tierras y territorios, de sus aguas y sus bosques. Están todas esas formas amañadas de la gente que llega a los territorios para asegurarse ese despojo. La gente de los pueblos tiene ahora una esperanza con este Consejo indígena de Gobierno. Es una forma de caminar colectivamente porque sólo nosotros nos vamos a defender entre nosotros, nadie más lo va a hacer. Debemos proceder de manera organizada. ¿Qué aprendimos al final?. Pues vimos cómo el poder amañado busca nada más este grupito que tiene arriba y saben a quien van a poner, saben cómo usan a la gente de abajo. Allá los pobres no figuramos. Pero nuestra propuesta es organizativa, nuestra lucha va más allá de unas elecciones.


–Robo de tierras, el problema del agua, el despojo de las grandes multinacionales mineras, los pueblos son objeto de una expoliación permanente.


–Claro que es así. En México lo seguimos viviendo y ha costado muchos muertos, desaparecidos, encarcelados que han luchado, han resistido y se han opuesto a esas mega empresas que llegan y se imponen a la fuerza en las comunidades. La única manera de hacer frente es que cada pueblo tenga su manera de poderse organizar y defender. En Oaxaca, por ejemplo, 8 comunidades lograron unirse para hacerse fuerte y echar a una minera que se quería meter. Este es el sentido de lo que estamos llamando: tenemos que organizarnos todos, tenemos que hacer una sola fuerza abajo porque, sino, cada quien por separado nos van a acabar. Eso es lo que pretenden a través de los programas de gobierno, a través de los partidos y de las empresas que llegan: dividirnos en las comunidades. Agarran a los líderes de las comunidades por separado y luego ya les dan dinero y con eso van dividiendo. Esos megaproyectos mas que beneficios han traído destrucción y muerte.


–Esa es la nueva fase que se desprende de las acciones en los pueblos indígenas: un paciente trabajo de organización a largo plazo.


–Nosotros le apostamos a que solamente eso nos va a hacer fuertes desde abajo. Juntos podemos ir construyendo y revisando qué es lo que no está bien y avanzar construyendo según nuestras formas, nuestros tiempos, nuestros modos. Si esperamos que los centros de salud estén bien se seguirá muriendo la gente. ¿Entonces, cómo le vamos a hacer desde abajo ?. Debemos ir buscando formas en educación, en salud, todo se tiene que ir viendo desde abajo.


– ¿La experiencia del movimiento zapatista en Chiapas fue un modelo importante en al refundación de esta fase?


–Pues ellos fueron parte de esta propuesta. Los zapatistas han estado desde hace más de 20 años construyendo su proceso de autonomía y hemos sido testigos de la organización que tienen desde abajo sin contar con los recuerdos del gobierno. Ellos son una muestra de que sí podemos hacer las cosas desde abajo.


–Lo paradójico radica en el hecho de que mucha gente, incluso en América Latina y desde la izquierda, se pregunta si los zapatistas están vivos.


–Nosotros que estamos aquí hemos visto cómo los zapatistas han seguido. El hecho de estén callados o ausentes no quiere decir que no estén construyendo sus autonomías. Además, esas son las formas con la que durante años y años funcionaron los pueblos. Eso es lo que hacemos cuando vamos caminando por los pueblos y les decimos “hay que retomar, hay que reforzar, hay que consolidar nuestro proceso de autonomía. Solamente así saldremos delante”.


–El lema que ustedes usan consiste en decir “por abajo y a la izquierda”.


–Es la gente que está abajo, todos los trabajadores del campo y la ciudad, todos los olvidados, aquellos a quienes no se los toma en cuenta y que están del lado del corazón, todos los que sienten el amor por el otro y que entienden que solamente algo colectivo es lo que nos va a sacar adelante.


–En la Argentina también hay gente abajo, pueblos indígenas como el Mapuche expulsados de sus tierras por el colonialismo financiero blanco. Represión, encarcelamiento, asesinatos. La misma pistola que apunta a las cienes de los pueblos en México apunta en la Argentina.


–No, claro, este problema no es nada más de México sino que el problema de los pueblos indígenas es internacional. Y no solamente son esos pueblos, yo digo que son todos. Por eso nuestra lucha no es únicamente para los pueblos. Cuando salimos lo dijimos: nuestra lucha es por todos. Tal vez ahora no se entienda pero en el caminar se va a ir entendiendo que nosotros, al luchar por la vida, estamos luchando por todo y todos. Si el agua se contamina, o si destruye un árbol les va a afectar a todos. Si la tierra se contamina todos se enfermarán, indígenas o no.


–A partir de la lucha de aquí y con los problemas que hay con los indígenas en Perú, en Bolivia, en Colombia, en la Argentina, ¿ acaso no habría que replantear una suerte de caminar juntos latinoamericano ?. Si las burguesías coloniales blancas dividen ¿cómo nos unimos?.


–Creo que como nuestra lucha es por la vida y es mucho más allá de México el siguiente paso será juntarnos con más hermanos y, juntos, pensar qué vamos a hacer para salvar este planeta. A los mapuches les digo que sigan adelante, no se desesperen, no se vendan, no claudiquen. Hay que seguir construyendo esa autonomía desde nuestros pueblos y desde nuestros barrios. Debemos hacernos fuertes para resistir. Los pueblos indígenas tenemos nuestras formas que están todavía después de más de 500 años. Entonces, no dejemos que nos acaben. Nuestras comunidades indígenas siguen siendo despojadas de sus recursos, de sus aguas, de sus bosques y de formas propias de vida. Luchemos para seguir existiendo y luchemos por los demás.


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Migrantes indígenas, atrapados en la frontera entre Colombia y Venezuela

Los miembros de la comunidad yukpa cruzaron la frontera para escapar de la crisis en Venezuela, pero han sido deportados en dos ocasiones

 

A finales del año pasado, la niña de 12 años Betania escuchó hablar a sus vecinos sobre una ciudad no muy lejana donde se podía encontrar comida. "Mi madre me dijo: 'Betania, vete de aquí, porque tenemos hambre. Mira a tus hermanos, no tienen nada en la barriga'", recuerda.

Así que Betania se despidió de su familia, abandonó su remota aldea en la comunidad indígena yupka de las montañas del oeste venezolano, y caminó 300 kilómetros hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.


Acampados en la orilla lejana del río Táchira, encontró cientos de indígenas yukpas. También huían de la desnutrición y de la enfermedad en Venezuela, donde la escasez causada por el colapso económico ha afectado incluso a las comunidades indígenas rurales.


Los yukpas representan una parte minúscula de los cientos de miles de venezolanos que en los últimos años han cruzado la frontera para escapar de la hiperinflación, la escalada del crimen y una crisis política que parece no tener fin.


La diferencia con otros migrantes es que a este grupo indígena lo han deportado en dos ocasiones. Una y otra vez regresaron a Colombia, donde volvieron a acampar a orillas del río. Pero ahora están atascados: no quieren regresar a Venezuela y no son bienvenidos para seguir avanzando en Colombia.


"¿Sabes por qué vine hasta aquí? Porque no puedo quedarme allá atrás sin comida, ni dinero, ni ropa, ni nada", dijo Anteli Romero, un artesano yukpa de 28 años de las montañas que rodean la ciudad de Machiques. "Ahora dicen que no quieren a los yukpas por aquí, dicen que vinimos para nada".


Hay unos 500 miembros del grupo indígena acampando junto al río, entre ellos varias decenas de mujeres embarazadas. Duermen al raso o en refugios hechos con material reciclado. Por la noche, un montón de pequeños fuegos parpadea en el bosque mientras cocinan el arroz blanco o los pasteles de maíz.


El grueso de los migrantes venezolanos que cruzaron se ha dispersado en las ciudades de Colombia, pero la presencia concentrada de los yupkas en la frontera irrita a las autoridades locales. Los miembros del grupo se han enfrentado repetidamente con los funcionarios fronterizos colombianos, llegando a amenazarlos con arcos y flechas.


Aunque las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas durante varios años, las autoridades de ambos países cooperaron en enero para desalojar el campamento en la ribera del Táchira y devolver unos 500 yukpas a sus tierras en las inmediaciones de la ciudad de Machiques. Los yukpas dijeron que seguían sin tener comida ni medicinas y regresaron caminando a Colombia.


Las autoridades de Cúcuta volvieron a deportar a los yukpas en marzo. Pero muchos de ellos regresaron y siguen llegando más. "En Venezuela, a veces pasamos todo el día sin comida, por eso todos vienen", dijo Arbelei Landino, otro migrante yukpa.


Cuando hace dos años estalló la crisis migratoria, Colombia respondió otorgando residencia legal a los trabajadores venezolanos. Hasta que en febrero retiró los privilegios y desplegó a 3.000 soldados en la frontera. Pero la marea de migrantes sobre una frontera abierta ha demostrado ser imparable.


Los activistas creen que el Gobierno debe invertir en una respuesta adecuada antes de que se haga ingobernable la situación. Según el padre Francesco Bortignon, responsable de un refugio para migrantes en Cúcuta, "el Gobierno no tiene ni idea de cómo manejar la situación".
Los yukpas son anteriores a los estados


Los yukpas, cuyos territorios ancestrales se extienden a ambos lados de la frontera y son anteriores a la creación de Colombia y de Venezuela, han tratado de invocar sus derechos como tribu binacional.


En teoría, el texto de la Constitución colombiana reconoce la ciudadanía a los miembros de dichos grupos y dispone de protecciones especiales para la preservación de las comunidades indígenas. Los líderes yukpas dicen que los 15.000 miembros de la tribu no han recibido ninguna de esas protecciones.


El Ministerio de Interior de Colombia ha dicho que primero debe certificar su identidad indígena haciendo un censo de los yukpas. Hasta entonces, los considerará como venezolanos viviendo ilegalmente en Cúcuta.


Según Andrés Barona, asesor legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "la actitud del Gobierno es 'esconded a los pobres, son feos'. Son acciones motivadas por el racismo que hay contra los indígenas".


En su opinión, las autoridades nacionales y municipales colombianas se han limitado a tomar la opción más sencilla frente a la complicada crisis humanitaria y diplomática.
El ayuntamiento de Cúcuta no respondió a las llamadas de The Guardian, pero antes había comunicado a los medios locales que los yukpas estaban implicados en el contrabando de la frontera.


Barona y la ONIC creen que el Gobierno debería dar a los yukpas un espacio para vivir mientras elabora un plan, además de garantizarles el acceso a comida, agua y letrinas.
Como dijo Deborah Hines, directora del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, los grupos indígenas son olvidados a menudo en una crisis humanitaria que ya ha abrumado al Gobierno y a las organizaciones de ayuda internacional. "Nos centramos en las comunidades indígenas porque tienden a ser los más vulnerables", dijo.


Pero muchos en el campamento yukpa dijeron que la vida junto al río era mejor que en su hogar. Al menos aquí, unas pocas monedas pueden servir para comprar una bolsa de arroz. En Venezuela no hay arroz. "Nos cansamos de sufrir tanta hambre, así que aquí vinimos", dice Ángel Romero, de 32 años. "Confiamos en que nos ayuden".

Dylan Baddour - Cúcuta
28/04/2018 - 19:57h


Traducido por Francisco de Zárate

 

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Movimientos antisistémicos y cuestión indígena en América Latina. Una visión desde la larga duración histórica

Hablar hoy de los movimientos antisistémicos de América Latina, en estos primeos lustros del siglo XXI cronológico, es hablar de un conjunto de potentes y sólidos movimientos sociales que en las últimas dos décadas transcurridas, lograrán constituirse en actores sociales de primer orden, dentro del vasto conjunto de las naciones que hoy conforman al semicontinente de América Latina.

Jueves, 01 Marzo 2018 16:01

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo se encuentra de nuevo en disputa. Más de 70 familias campesinas, sin tierra, no tienen a donde ir. A finales de enero salieron de la zona indígena de Río de Oro, para instalarse en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama. ¿La razón? El Gobierno sigue sin definirles su situación como desposeídos víctimas del conflicto; y el plazo dado por el pueblo Barí para ocupar estos territorios venció en enero pasado.

 

El presente tiene pasado. La crisis humanitaria generada por la arremetida paramilitar que inició en mayo de 1999 en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, tuvo entre sus consecuencias el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas sin tierra a zonas de frontera agrícola. Una vez más, como en otros tantos momentos de los siglos XIX y XX en Colombia, campesinos y campesinas sin tierra tuvieron que tumbar monte para conformar nuevos poblados; esta vez, en el territorio indígena correspondiente a los Resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón Barí.


Pasó el tiempo, y empezando el 2010, 19 de los 24 caciques que tienen las comunidades del pueblo Barí se dieron cita en asamblea general y decretaron un plazo máximo de 8 años, contados a partir del 27 de enero de dicho año, para la permanencia de campesinos y colonos dentro del territorio Barí. Razones los acompañaban: la venta de licor dentro de su territorio y otras prácticas que estaban destruyendo su cultura indígena.


Y a la decisión tomada le llegó su día. El pasado 27 de enero, campesinos y campesinas colonas habitantes del corregimiento de Río de Oro, municipio de Convención, fueron avisados por el pueblo Barí de que debían desalojar la zona; ya habían trascurrido 8 años.


Nuevamente la historia de los sin tierra se repite. Con sus corotos a cuestas, más de 70 familias emprendieron camino, esta vez no para seguir monte adentro, sino para resguardarse en algún lugar. Piensan que el Gobierno tiene que resolverles el acceso a un pedazo de tierra, y mientras tanto descansan como un solo grupo en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama.


Por ahora no están solos. Organizaciones campesinas e indígenas con presencia en la zona han solicitado el establecimiento urgente de un espacio de diálogo con las autoridades gubernamentales competentes que brinde solución real a esta problemática; ya que se trata de campesinos y campesinas sin tierra que fueron víctimas directas del conflicto y que un mes después de salir del territorio Barí, siguen sin tener a donde ir.


Un mal con raíz


El histórico problema de la tierra, orígen de fuertes conflictos entre colombianos y motivo de confrontaciones contra terratenientes e industriales del campo, se profundiza con lo que está reflejando lo sucedido en esta parte del territorio nacional: la negligencia estatal a la hora de reconocer los derechos de las diferentes comunidades rurales que habitan el país; lo cual es una de las principales causas de los conflictos interculturales entre campesinos e indígenas en Colombia.


Tres décadas atrás, en la primera mitad de los ochenta, el Estado reconoció y tituló los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, adjudicando al pueblo Barí 108.900 hectáreas y 13.300 hectáreas de tierra respectivamente. Unos años después, en 1991, a través de la Ley 21 del 91, ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, comprometiéndose a respetar y garantizar sus derechos (entre los cuales se destacan el derecho a la vida, al territorio y a la autonomía).


Pero otros muchos exigen igual derecho. En particular campesinos pobres, lo cual sucede a pesar de la existencia de la Ley 160 de 1994 que dio paso al Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, y establece entre sus objetivos el acceso a la propiedad de la tierra para la población campesina de bajos recursos, decretando que los territorios baldíos sean adjudicados a dicha población a través del Incora (que después pasó a ser el Incoder , dividida en la actualidad en la ART, ANT y ADR ).


Esta disputa por el reconocimiento del derecho al territorio, lleva a conflictos entre pobres. En diferentes regiones donde convergen indígenas y campesinos en un mismo territorio, se han presentado fuertes conflictos territoriales e interculturales debido a la falta de garantías de derechos para una población o para otra. Ejemplo de ello es el departamento del Cauca, donde los campesinos habitantes del municipio de Inzá han solicitado desde hace varios años la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Inzá en las zonas Quebrada de Topa, Pedregal y Turminá, entrando en enfrentamientos con la comunidad indígena Nasa que tiene la aspiración de ampliar los Resguardos de Turminá, San Miguel e Inzá. Conflicto que se ha profundizado a medida que el Estado niega continuamente los derechos de indígenas y campesinos, llevándolos a una situación de confrontación directa donde se asumen mutuamente como enemigos.


Sin embargo, el caso del Catatumbo no encaja en esta interpretación de conflictos interculturales y territoriales, ya que en diferentes ocasiones indígenas y campesinos han trabajado de la mano para lograr objetivos comunes. Tal es el caso del foro “Vida, naturaleza, territorio y cultura”, realizado en el 2007, y que tuvo como resultado el freno de la exploración para explotación de carbón a cielo abierto en la vereda Caño Mariela. Esta articulación pudo darse gracias a que tanto indígenas como campesinos demuestran constantemente un fuerte interés por proteger el territorio y la naturaleza de la región.


Por lo tanto, lo que sucede hoy por hoy en el Catatumbo no es producto de una pelea entre indígenas y campesinos, sino que es consecuencia de un Estado que solo se preocupa por dar excelentes condiciones de inversión para capitales privados, pero que a la hora de volver los ojos a las comunidades se queda corto en la garantía plena de sus derechos.


Cuando se examinan los diferentes intereses empresariales que reinan sobre el Catatumbo, que van desde la explotación petrolera, pasando por la explotación de carbón y el monocultivo de palma aceitera, hoy con más 20 mil hectáreas sembradas, es claro el por qué del desinterés del Estado en atender las necesidades de las poblaciones rurales de esta región.


Mano a mano, indígenas y campesinos. Garantizar el territorio y la autonomía a los pueblos indígenas no puede resultar en una afectación directa de poblaciones campesinas. De igual manera, velar por los derechos de campesinos y campesinas sin tierra no puede significar pasar por encima de los pueblos indígenas. El Estado colombiano debe garantizar la vida digna de toda la ciudadanía, incluyendo a las diferentes comunidades que habitan y construyen a diario el campo, especialmente los sujetos de especial protección constitucional, que en este caso son los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

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El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Francisco, el papa, entre pederastas y genocidas

La Iglesia chilena es una de las más conservadoras del continente. Su participación en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende la escoró más. Un tedeum en la catedral de Santiago elevó a los golpistas a la condición de salvadores de la cristiandad. Los escándalos durante décadas afectan a todas las congregaciones, ninguna está exenta de casos de violación a menores. Salesianos, maristas, dominicos, legionarios, jesuitas, Opus Dei. Existe un centenar de casos documentados.

La institución niega y considera las acusaciones, insidias para socavar la labor pastoral de sus miembros. Aún abiertas las heridas del prelado Fernando Karadima, durante años violando menores, el papa Francisco no ha querido reunirse con sus víctimas. Se ha limitado a pedir perdón. Karadima sigue siendo sacerdote. En sus 50 años de oficios religiosos amasó una gran fortuna personal. Condenado por pederastia, oficia misa a pesar de estar inhabilitado. Igualmente, resulta significativo que el papa Francisco reniegue de las acusaciones por encubrimiento de quien fue discípulo de Karadima, Juan Barros Madrid, hombre de confianza del Papa, nombrado obispo de Osorno. No menos impactante ha sido el nombramiento del ex arzobispo de Santiago, miembro del consejo cardenalicio, Javier Errázuriz Ossa, amigo personal de Pinochet, anticomunista declarado, en la actualidad empeñado en desarticular toda acción pastoral ejercida desde la Teología de la Liberación. Enemigo acérrimo de la Iglesia de los pobres, ha patrocinando querellas contra los sacerdotes militantes de la Iglesia de la opción por los pobres y del Cristo de los condenados de la Tierra, José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos.

Sin embargo, la Iglesia chilena cuenta con el apoyo de la clase política para realizar sus fechorías. La Democracia Cristiana, principal partido político durante décadas, hoy en declive, de ideología católica practicante, se alineó con las posiciones más reaccionaras del clero, siendo su correa de trasmisión. En cuanto a sus propiedades y bienes, el Episcopado posee canales de televisión, universidades, editoriales, centros comunitarios, clubes deportivos, clínicas privadas, instituciones seglares, colegios, agroindustrias y una red de empresas dedicadas a la divulgación de la fe. No hablemos de la riqueza acumulada gracias a las prerrogativas concedidas por el Estado. No paga contribuciones. Por ley se le exime del IVA. Tampoco necesita desembolsar dinero a la hora de los envíos postales. Todo lo que entra a sus arcas se convierte en patrimonio. Igualmente, su influencia se hace sentir a la hora de evitar que sean juzgados los capellanes militares y sacerdotes que prestaron colaboración en las sesiones de tortura durante los años de la dictadura.

La Iglesia católica se inhibió de investigar los casos de sacerdotes asesinados, torturados y desaparecidos, como Joan Alsina (31 años), Miguel Woodward (42), Antonio Llidó (38) y los fusilados Andrés Járlan (43) y Gerardo Poblete (31).

La Iglesia chilena no pasa por sus mejores momentos. La visita de Francisco precede la realizada por el papa polaco Juan Pablo II, hoy declarado santo por sus milagros, tal vez por transformar curas violadores y pederastas en hombres del señor, libres de polvo y paja. Su periplo está lleno de contradicciones. Mientras predica austeridad, critica el liberalismo económico, el consumo exacerbado, se manifiesta contra el calentamiento global y llama a una revangelización, no alude al coste de más de un millón de dólares desembolsado por el Estado chileno para sus fastos y mítines, además de la seguridad.

Guarda silencio ante la represión ejercida por el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Su misa en Temuco contó con la acción de las fuerzas armadas y de Carabineros limpiando el terreno, deteniendo a los lonkos de las organizaciones del pueblo mapuche. El cordón de seguridad le garantizó una misa tranquila, con mapuches ad hoc, complacientes y sumisos. Así se ocultó el comunicado de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en cerro Ñielol, en el cual se señala: Los representantes de los pueblos indígenas ratificamos nuestros derechos colectivos, como a la libre determinación, hasta la conformación de un autogobierno. Asimismo, reafirmamos el derecho de restitución de las tierras usurpadas, exhortaremos a los estados y, en especial, a Chile, Argentina, el Vaticano y las iglesias a que depongan su política de colonialismo y domesticación con los pueblos indígenas. Exigiremos perdón del papa Francisco por los crímenes de genocidio y por la toma, confiscación y ocupación de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas.

Al igual que sucedió con Juan Pablo II, Francisco hizo oídos sordos, llamó, como no podía ser de otra manera, al diálogo, sin mencionar el acoso, violación, asesinato y encarcelamiento de los dirigentes mapuches, donde no se respeta el habeas corpus. Calló ante las campañas contra el portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

Bergoglio ha tenido que hacer frente, en Santiago, Temuco e Iquique, ciudades visitadas, a manifestaciones de protesta por su actitud condescendiente con el poder, el silencio guardado frente a las demandas de justicia y su actitud protectora de una Iglesia, como la chilena, sumida en la corrupción y el descrédito. Su visita, sin tomar partido por la justicia social y denunciar a sus prelados, resulta irrelevante. Y ahora, en Perú, ¿rogará por el alma de Fujimori?

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Cuatro son los integrantes de la organización Nación Wayúu que han sido víctimas de amenazas y dos han sido asesinados por defender los territorios pertenecientes las comunidades ancestrales de los intereses de las empresas en la Guajira o porque han denunciado la posible corrupción al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional Guajira.

“Por denuncias contra el ICBF, hemos recibido amenazas, y también por denuncias contra El Cerrejón donde hemos pedido compensaciones”, señala José Silva, vocero de Nación Wayúu, quien agrega que la sede del ICBF de la Guajira sigue “adjudicando los contratos según sus conveniencias sin contar con la Consulta Previa de las comunidades afectadas”, mientras que la única respuesta que han recibido son amenazas.

 
AMENAZAS Y ASESINATOS

 

Tras las amenazas algunos han desistido de las denuncias, mientras otros han preferido resistir. De acuerdo con la organización, son cerca de siete líderes los que han sido amenazados e incluso asesinados. José Silva ya fue víctima de un atentado cuando iba con su familia hacia su comunidad indígena. Su carro fue impactado con un disparo de arma de fuego en uno de los vidrios laterales. En otra ocasión el mismo líder fue capturado de manera ilegal el municipio de Manaure, luego de notificar a unas autoridades tradicionales la admisión de una tutela en contra de ICBF.

Otra de las víctimas es María del Rosario Ruíz, Autoridad Tradicional y Ancestral del Territorio Indígena KATSALIAMANA, también Ever Epieyue e Isilia Pimienta, luego de haber radicado en el Tribunal Superior de Riohacha un Incidente de Desacato a una acción de tutela que el movimiento ganó en contra del ICBF Regional Guajira, mediante la cual ordenaban llevar a cabo la Consulta Previa en las Comunidades indígenas para el ingreso de los operadores.

La alerta es máxima, debido a que también han asesinado a líderes de esa comunidad. Rafael Lubo Aguilar quien fue ultimado al parecer por haber denunciado actos de corrupción en la educación. La docente Juana Almazo Uriana, fue hallada muerta en zona rural de Manaure. Las autoridades aún investigan si su deceso se produjo luego de una fuerte denuncia que formuló en el municipio de Uribía donde realizaba labores como educadora.

 
LA RESPUESTA DEL ICBF

 

Según el comunicado de Nación Wayúu, existen alrededor de cinco tutelas falladas en primera y segunda instancia, que le ordenan a ICBF Regional Guajira hacer Consulta Previa para el ingreso de los operadores a los territorios étnicos pero ninguna ha sido acatada por la institución, que se defiende asegurando que se trata de un ente autónomo al que no aplica la consulta previa.

Cabe recordar, que para la vigencia 2017, más de 67 organizaciones indígenas Territoriales, avaladas por las Autoridades Tradicionales, que venían operando en los territorios afro y de la comunidad Wayúu, fueron desvinculadas sin razón alguna, como asegura la denuncia, con el fin “de darle ingreso a organizaciones filiales a los intereses políticos y económicos de la Dirección de ICBF Regional Guajira. Dicho ingreso no fue consultado con las autoridades tradicionales indígenas, por el contrario, fueron impuestos”.

 

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Cientos de personas participan en una protesta en Buenaventura (Colombia).

 

170 defensores de los Derechos Humanos y reclamantes de tierras fueron asesinados durante 2017 en medio de una impunidad generalizada

 

Paradójicamente, la cifra de muertes de líderes sociales aumentó más de un 45 % el pasado año respecto a 2016, después de la aplicación de los acuerdos de Paz con la principal guerrilla colombiana, las FARC, que desarmaron, desmovilizaron y concentraron a sus efectivos según los acuerdos suscritos en La Habana. Prácticamente cada dos días caía durante 2017 un activista social bajo las balas de los sicarios, principalmente en las regiones del Cauca, Nariño y Antioquia.

La situación es tan preocupante al inicio de este 2018, que el propio Secretario General de la ONU, António Guterres acaba de alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en estas zonas de Colombia, en un momento en el que el propio Consejo tiene desplegado en el país un destacamento de asesores civiles y militares para el seguimiento del fin del conflicto. Guterres acaba de pasar el fin de semana en Colombia, con el tema de los asesinatos de líderes sociales como punto de la agenda con el Presidente Santos, junto al proceso de paz con la superviviente guerrilla del ELN.

El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz colombiano, Eamon Gilmore, también ha pedido que el Gobierno "presione para que se tomen en serio los asesinatos y que la Fiscalía cree una Unidad especializada dedicada a esclarecerlos y combatirlos". Se estima que la impunidad en estos crímenes supera el 87 %, si se tiene en cuenta lo sucedido con los 458 que se produjeron hasta 2016.

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos emitió en los pasados días un Decreto de "Alertas tempranas" para la prevención de asesinatos y atentados contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así como la activación, de acuerdo con las autoridades locales, de "rutas de protección individual y colectiva".

Analistas de Organizaciones no Gubernamentales, la Defensoría del Pueblo y sectores próximos al Gobierno coinciden en que el Estado no ha sabido gestionar las consecuencias del proceso de desmovilización de las FARC, de forma que, de los territorios que ha abandonado la guerrilla durante el pasado año ,se han adueñado las bandas criminales y el paramilitarismo ante la ausencia de las autoridades estatales. Según editorializaba días pasados el diario El Espectador: "El Estado ha sido incapaz de suplir los vacías de gobernabilidad dejados por las FARC".

Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González: "El incremento de homicidios (contra líderes sociales) obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos (minería ilegal, cultivos ilícitos), la mayoría utilizando sicarios con armas de fuego y en las zonas donde anteriormente las FARC habían regulado las relaciones sociales imponiendo su autoridad".

Por su parte, un informe de la Defensoría del Pueblo señala que las causas de los asesinatos de líderes sociales están relacionadas "con su estigmatización, la defensa de los territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería o la agroindustria y las reclamaciones sobre la propiedad de las tierras". También pueden estar relacionadas en algunos casos con la denuncia de abusos en la actuación de la fuerza pública. Esa parece ser la causa de uno de los últimos atentados mortales, el que sufrió el pasado diciembre José Jairo Cortés, líder de la zona rural de Tumaco y que había expresado críticas contra la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales por parte de los policías antidisturbios que ocasionaron la masacre de siete campesinos.

La pasada semana, la organización especializada Front Line Defender difundió su informe de 2017 sobre el asesinato de defensores de Derechos Humanos en el mundo. El 67 % se produjo por la defensa de la tierra, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. De los casos registrados, el 30% se produjo en Colombia, el país 'líder', seguido por México y Filipinas, y solo precedido por Brasil.

 

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María de Jesús Patricio, en la Ciudad de México. DANIEL VILLA

 

La aspirante presidencial indígena propone tumbar las estructuras tradicionales de gobierno y empezar la reconstrucción desde las regiones más pobres del país

 

María de Jesús Patricio da sorbos rápidos al café soluble que le han servido en una taza de plástico beige. La aspirante presidencial, a quien todos llaman Marichuy, dice que las bajas temperaturas de Ciudad de México “dejarán a la vocera sin voz”. Su risa rasposa apenas se escucha, incluso en el salón vacío, de techo alto, en una vieja casona de la colonia Doctores. El edificio de paredes descarapeladas es la sede capitalina del Concejo Indígena de Gobierno, un organismo que nació en la víspera de las elecciones de 2018 con una meta sin precedentes: llevar por primera vez a una mujer indígena a la silla presidencial.

Aquella propuesta ha sido recibida con cientos de burlas e insultos en los espacios anónimos de las redes sociales mexicanas. “Uno de los comentarios que más he escuchado es que las mujeres indígenas nada más sirven para limpiar casas. Es una muestra de lo que vivimos en este país, que siempre ha sido muy racista y muy machista”, comenta esta mujer nahua, de 53 años, con una sonrisa burlona. Con ese mismo gesto ha respondido a un grupo de periodistas que le piden que cambie su chamarra negra de borrega por un rebozo, una especie de chal tradicional, para tomarle una fotografía. “No traigo rebozo”, zanja Patricio el asunto.

La discriminación es parte de la vida de los indígenas en México, que representan el 10% de la población del país. Nueve de cada 10 personas que se identifican como parte de un grupo étnico en México se sienten discriminados por su condición, según una encuesta del Gobierno federal. Los mayores índices de pobreza y marginación se registran en las comunidades indígenas, de acuerdo con reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las historias de maltrato e injusticia en estas comunidades se repiten año tras año. Una espiral en la que solo cambian los nombres de las víctimas y los victimarios.

La diferencia en última década, asegura Patricio, es que los casos se han multiplicado y recrudecido hasta llegar a un nivel insoportable. “Hay más represión, más muertos, desaparecidos, más encarcelados y van avanzando con más fuerza los proyectos capitalistas que van destruyendo los territorios y las aguas”, dice esta especialista en medicina tradicional, que también se ha dedicado a la protesta contra la instalación de mineras y plantas industriales en las regiones donde habitan comunidades indígenas. “Cada vez se hace más difícil la existencia de las comunidades. Eso nos hace dar un paso más allá, no dar nada más otra simple declaración”.

Patricio no hace referencia a una serie de estrategias de gobierno publicadas en una página web; tampoco lleva consigo un pliego de peticiones para leer en voz alta ante sus seguidores. Su propuesta de campaña es la falta de propuestas. Una página en blanco que deberá ser llenada por la “gente organizada desde abajo”, algo que la aspirante repite más de una vez en sus discursos y entrevistas. “No se trata de que yo tenga que decir: ‘Así debe funcionar la salud, así tiene que funcionar la educación’. ¿Entonces quién lo va a decir? Pues los que están abajo, los que están sufriendo. Por eso es importante la organización, porque si no hay organización, vamos a seguir en lo mismo”.

Las palabras de Patricio embonarían en cualquier discurso de Andrés Manuel López Obrador, el padre fundador del partido de izquierda Morena y quien se lanzará como candidato presidencial por tercera ocasión en 2018. El empoderamiento comunitario y el fin de los Gobiernos elitistas han sido parte de sus promesas desde su primera campaña en 2006. Patricio, sin embargo, rechaza la comparación. “Es muy diferente nuestro proceso porque no somos un partido. Somos los pueblos indígenas pensando que si no nos organizamos, nos va a llevar la fregada después del 2018”, apunta. “Es cuando se van a venir con más fuerza todos esos megaproyectos que se están instalando en todos los territorios indígenas y que van a afectar a todos”.

 

Industria petrolera

 

Algunos de los proyectos que más le preocupan a la también activista son los que dieron arranque tras la reforma energética de 2015, que permite por primera vez la inversión extranjera en la industria petrolera mexicana desde la expropiación de 1938. “Ya hay tierras en Veracruz concesionadas para 40.000 pozos petroleros”, dice Patricio. “Tampoco podemos seguir haciendo fracking, por ejemplo. Tenemos que pararle, poner un hasta aquí”, agrega.

Para la aspirante presidencial, la izquierda no tiene lugar en las cúpulas políticas de México. “No está allá arriba. Está aquí abajo y está sufriendo. Está muriendo, le hace falta un antídoto, que es la organización”. Patricio imagina un escenario muy distinto del habitual si ella, junto con el Concejo Indígena de Gobierno, llegara a la presidencia. “El concejo convocaría a una gran asamblea de todos y juntos revisaríamos cómo están las estructuras”, detalla. “En los pueblos indígenas, un tema se discute hasta que todo se aclara y hay un consenso. No nos vamos si no hay acuerdo, así pasen uno, dos o tres días. Hay que tener paciencia para analizar y escuchar la situación”. Admite que el método no será sencillo a gran escala. “Yo sé que resulta complicado, porque ya hay algo diseñado, un camino trazado, pero creo que es posible construir algo nuevo”.

El sueño de Patricio tiene muy pocas posibilidades de concretarse. Para conseguir un registro como candidata presidencial, la aspirante necesita recolectar 866.593 firmas a través de una aplicación para teléfono celular, que ha sido criticada por ella y otros aspirantes presidenciales por las fallas técnicas que presenta.

Hasta el sábado, Patricio había logrado recabar 74.256 firmas, menos del 10% de la meta que concluirá a mediados de febrero. Y aunque tiene como aliados a un grupo de intelectuales mexicanos, incluido Juan Villoro, y a los universitarios, esto no ha sido suficiente para superar las cifras de Jaime Rodríguez, el polémico gobernador de Nuevo León, o la ex primera dama Margarita Zavala. “Tardan horas en mandarse algunas firmas, algunos auxiliares no se han podido registrar todavía”, asegura. “En algunas comunidades no hay luz, no hay señal; entonces no todo territorio es Telcel”, critica. Perder la carrera de las firmas no significa el fin de la campaña para la aspirante indígena. “Sí es importante, pero no es lo mero importante”, comenta Patricio. “Si logramos que quede una organización de las comunidades para después de 2018, para nosotros ya sería una ganancia”.

 

 

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