Miércoles, 29 Noviembre 2017 19:00

¡No Cerrejón!, no puede desviar el arroyo Bruno

¡No Cerrejón!, no puede desviar el arroyo Bruno

La Corte Constitucional, una vez más, le dice NO al desvío del arroyo Bruno por parte de la multinacional carbonífera, Cerrejón Limited. El 29 de noviembre la Corte suspendió el desvío hasta que no se realice la consulta previa con las comunidades indígenas de La Guajira que se ven afectadas por esta acción.

 

Las razones por las que Cerrejón quiere desviar el arroyo 700 metros al norte -con lo cual quedaría más cerca de la carretera principal, comprometiendo el bienestar de las comunidades y resguardos de los municipios de Barrancas, Albania, Fonseca y Hatonuevo– son las 35 millones de toneladas del mejor carbón de La Guajira existentes en su cause, que de acuerdo a los comunicados de la multinacional, ayudarían a mantener la producción hasta el 2034.

En contra de tal posibilidad, que llevaría aún más al extremo las pésimas condiciones de vida que ahora llevan los pueblos que allí habitan, los resguardos wayúu de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, presentaron una tutela exigiendo que el arroyo conserve su cauce y no sea desviado para la extracción del mineral, argumentando que tal acción no solo afectaría gravemente los ecosistemas, sino también su bienestar; al arrebatarles el agua, derecho fundamental.

Aceptando su demanda, la Corte ordenó frenar todo tipo de actividad hasta que se programe una consulta previa con las comunidades. Lo que parece una decisión positiva, pero tiene sus bemoles, pues el pueblo wayúu perdió la credibilidad ante tal recurso jurídico por el historial de consultas previas que tienen y la falta de respeto que han recibido por parte del Estado, quien las irrespeta una y otra vez. El pasado 20 de noviembre, en el Congreso de la República, las comunidades que denunciaronsus difíciles condiciones de vida como consecuencia directa de la presencia de Cerrejón, también denunciaron que desde el 2005 no son consultados frente a las acciones de la empresa.

A la fecha, Cerrejón cuenta con todos los permisos requeridos para el desvío del arroyo, expedidos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio de Ambiente, situación que despierta la zozobra en las comunidades que desde siempre han escuchado que estas son las instituciones encargados de velar por sus derechos dentro de los resguardos, antes de autorizar cualquier tipo de exploración y explotación.

Estas decisiones por parte de las instituciones autorizadas y responsables, no son más que paños de agua tibia para las comunidades que desde hace 36 años sufren la miseria que genera el modelo extractivo en Colombia. La pregunta por el ¿qué hacer?, permanece más latente que nunca.

 

Lea también:

“Nos quitaron tanto que ya no podemos soñar en paz”: https://www.desdeabajo.info/ediciones/32956-nos-quitaron-tanto-que-ya-no-podemos-sonar-en-paz.html 

Al pueblo wayúu se le agota el tiempo: https://www.desdeabajo.info/colombia/32972-al-pueblo-wayuu-se-le-agota-el-tiempo.html 

Los wayúu hacen un llamado de alerta ante el Congreso de la República: https://www.desdeabajo.info/colombia/32928-los-wayuu-hacen-un-llamado-de-alerta-ante-el-congreso-de-la-republica.html

Agua potable para resguardo wayuu: https://www.desdeabajo.info/colombia/32754-agua-potable-para-resguardo-wayuu.html

"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua":https://www.desdeabajo.info/colombia/31916-los-indigenas-wayuu-de-colombia-estan-en-riesgo-inminente-de-desaparecer-por-el-hambre-y-la-falta-de-agua.html

 

Y vea

 

Tumaco y la Wajira dos caras de la misma violencia oficial: https://www.youtube.com/watch?v=9zDZcgeU1qU&t=1328s

 

Publicado enColombia
Lunes, 20 Noviembre 2017 08:40

El perro del hortelano

Miembros de la tribu mashco-piro, fotografiados en 2011 por Survival International, en la selva del sudeste peruano / Foto: Afp

 

 

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

 

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.


—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.


Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

 

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?


—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

 

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?


—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

 

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?


—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.
Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacios.

Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por actividades petroleras, por ejemplo.

 

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?


—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

 

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.

 

 

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Las vacas pastan en la ruta del gran canal

El filósofo contemporáneo Bernard-Henri Lévy señala entre las características principales de los regímenes populistas "la promesa de los milagros". Son promesas que nunca se cumplen y se quedan lejos de la realidad. El Gran Canal de Nicaragua es un ejemplo cabal de "promesa de milagro". Pero también lo es de ese sorprendente concepto de "hecho alternativo", ideado muy a principios de la administración Trump por la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway. El hecho alternativo no es más que una mentira disfrazada de verdad, o que sustituye a la verdad.

Desde el siglo XIX el Gran Canal ha sido parte del imaginario nicaragüense, como la gran panacea de la riqueza y la prosperidad, y revivirlo es alentar las esperanzas de la gente que divisa una puerta mágica para salir de la miseria y el atraso. Fabricar un espejismo es hacerse de un arma política.

Es lo que hoy se llama "posverdad" o "mentira emotiva", otro sorprendente concepto según el cual, para dirigir a la opinión pública hacia el sentido que el poder desea, o necesita, hay que apelar a las emociones y a las creencias personales que vienen a ejercer mayor influencia en las mentes que los propios hechos objetivos.

Hace pocas semanas el gobierno emitió el Libro Blanco sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua un catálogo completo de posverdades. En ese documento oficial se pone sello al hecho alternativo de que las obras de construcción se dieron por inauguradas el 22 de diciembre de 2014. Un "libro blanco" para un inexistente "elefante blanco" de 286 kilómetros de largo, y un costo de 50 mil millones de dólares, capaz de generar ingresos anuales por 5 mil 500 millones de dólares.

La ceremonia de arranque se celebró en el escenario virtual de una finca ganadera cerca de la desembocadura del río Brito, sitio escogido como salida del canal al océano Pacífico, y vecino al lugar destinado a uno de los juegos de exclusas que, según el guión, darán paso a los buques de 400 mil toneladas de peso, capaces de cargar 18 mil contenedores cada uno.

A comienzos del año 2020 los primeros barcos deberán estar pasando por allí, pues el canal, flagrante "hecho alternativo" estará construido en un plazo milagroso de apenas seis años, con legiones de chinos a cargo de los aspectos técnicos de la obra, y 50 mil obreros nicaragüenses ganando salarios nunca vistos. Hasta hoy, todos fantasmas.

El ministro de la presidencia para Políticas Públicas anunció que el Producto Interno Bruto crecería, sólo en los primeros años de la construcción, entre 10 y 14 por ciento anual. Pero el tiempo pasa, y esos primeros años febriles se disuelven en la bruma de una mentira colosal.

El Consejo Nacional de Universidades anunció cambios drásticos en los planes de estudio, que deberían incluir el chino mandarín, y nuevas carreras técnicas relacionadas con el Gran Canal, hidrología, ingeniería náutica. La agricultura debía orientarse a producir los alimentos preferidos por los chinos. Desde luego que "hecho alternativo" no es sino una manera de sustituir la vieja palabra "mentira", debemos reconocer al menos que estamos frente a un formidable aparato de imaginación.

En la ceremonia inaugural de las obras estuvo presente Wang Ying, el empresario de Pekín, dueño único de la concesión del canal otorgada por el decreto presidencial 840 del 14 de junio de 2013, y ratificada 72 horas después por la Asamblea Nacional. Despojado del saco, se calzó el casco amarillo de protección para arrancar simbólicamente la primera de las retroexcavadoras que lucían en fila, listas para empezar a abrir la gran zanja que partiría en dos a Nicaragua. Él es el personaje principal de la novela.

En ese mismo plazo de seis años, que ya pronto se vence, se hallarían funcionando también un oleoducto, un ferrocarril interoceánico de alta velocidad, una autopista de costa a costa, un mega aeropuerto para un millón de pasajeros, un puerto marítimo automatizado en cada extremo del canal, nuevas ciudades, complejos de turismo y zonas de libre comercio.

El "Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua", mejor conocido como tratado Ortega-Wang Ying, tiene una duración de 100 años. No establece ninguna obligación para el concesionario, más que un magro pago anual de peaje. Nicaragua renuncia a toda autoridad judicial, administrativa, laboral y de seguridad, migratoria, fiscal y monetaria en los territorios concedidos al canal, en favor de HKND, la compañía inscrita en Gran Caimán, propiedad exclusiva de Wang Ying.

El concesionario también puede confiscar las tierras privadas que necesite, y tomará las públicas sin costo alguno. Y las reservas del Banco Central quedan en garantía de cualquier incumplimiento del estado. Aquí la posverdad adquiere un sesgo peligroso: la mentira puede llegar a tener alcances reales.

Los campesinos pueden ser despojados de sus tierras, de las que son legítimos dueños, y el país puede quedarse sin reservas monetarias, mientras el tratado siga vigente. Y Wang Ying puede emprender cualquier tipo de obras en el territorio de la concesión. Puede venderla, entera o por partes.

Wang Ying, hecho alternativo él mismo, ideó la fantasía de sacar a bolsa las acciones de HKND para reunir los 50 mil millones de dólares del costo del canal. Pero en 2015 las acciones de Xinwei, su empresa de telecomunicaciones, sufrieron una caída de 57 por ciento, y su fortuna personal se derrumbó. Una sólida verdad de las de antes.

Lo que aquellas máquinas de Wang Ying hicieron en la finca de Miramar fue remozar un viejo camino rural de seis kilómetros de largo hasta la costa. Los equipos eran propiedad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, lo mismo que el casco amarillo que se puso Wang Ying. Posverdad pura.

Sobre el camino, otra vez abandonado, ha crecido el monte y en la época de lluvias es imposible de transitar debido a los lodazales. Unas cuantas vacas pastan allí donde hoy deberían estarse construyendo a ritmo febril las esclusas.

Medellín, octubre de 2017.

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Comunidades indígenas: blanco de tiro del Estado colombiano

Horas después de la masacre en Tumaco, entre los días 6 y 8 de octubre, las comunidades indígenas Embera Dóbida del medio Baudó en el Chocó y Kokonuko en el departamento del Cauca, sufrieron ataques por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares que acabaron con las vidas de líderes indígenas. Las acciones del Estado dejan claro el mensaje: el territorio no es para todos y con él se hace lo que el capital ordene.

 

Comunidad Embera Dóbida del Medio Baudó, Chocó

 

Aún sin digerir la noticia de la masacre perpetrada, según diversos testimonios, por la Policía en Tumaco –Nariño– el pasado 5 de octubre; 48 horas después se informó del asesinato del líder, ex gobernador y promotor de salud indígena, Ezquivel Manyoma del pueblo Embera Dóbida del resguardo Comunidad Dabeiba Queracito del municipio del Medio Baudó, Chocó. En la noche del 6 de octubre, Manyoma fue raptado de su casa y en la madrugada del 7 de octubre fue asesinado por grupos paramilitares presentes en la zona.

 

El pueblo Embera Dóbida ocupa buena parte del territorio chocoano, de acuerdo al censo del Dane de 2005, suman más de 37.000 personas, lo que lo hace un blanco evidente para los grupos paramilitares que pretenden tener el control total del departamento. La Mesa Indígena del Chocó expresó que con el asesinato de Manyoma, “no solo se acaba con la vida de un ser humano, arranca de nuestro territorio la sabiduría de un líder, conocimientos ancestrales que no se volverán a recuperar”. Con cada muerte, los pueblos indígenas mueren un poco más. Hasta el momento, el asesinato del líder indígena ha pasado sin mayores pronunciamientos, sin embargo, la comunidad exige al Gobierno que cumpla con la responsabilidad adquirida en el auto 004 de 2009, emitido por la Corte Constitucional, donde se protege y salvaguarda los derechos fundamentales de las comunidades.

 

Comunidad Kokonuko de Puracé, Cauca

 

“Los líderes estamos llamados a generar un clima de cordialidad, de armonía, de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, pero que un líder político propicie enfrentamientos entre diversos sectores de la sociedad, es muy peligroso para la democracia. Nosotros desde Kokonuko hacemos un llamado para que los líderes políticos de todos los orígenes y todas la orillas ideológicas, propicien un clima de cordialidad, de entendimiento, de tolerancia, de pluralismo entre la sociedad colombiana. En el territorio nacional podemos vivir todos, incluso entre diferentes, entre distintos, pero respetando los derechos de absolutamente de todos los colombianos”.

 

Esto dijo el ministro del interior, Guillermo Rivera el 27 de julio de 2017 en su visita a la comunidad indígena de Kokonuko, espacio donde el Gobierno se comprometió a la entrega de predios para el saneamiento y liberación de la madre tierra, proceso que lideran las comunidades indígenas del Cauca.

 

Tal parece que sus palabras fueron solo discurso y quedaron archivadas en el pasado. El 8 de octubre de 2017 fue asesinada la comunera y periodista Efigenia Vásquez mientras el Esmad desalojaba a su comunidad en Puracé, Cauca; también el indígena Jhon Yace, hijo de Alberto Yace dirigente del pueblo.

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se ha manifestado en contra de estos actos que atentan contra la vida de las comunidades indígenas del país. Hace llamados urgentes a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que se hagan responsables de las debidas investigaciones y así proceder jurídicamente.

 

Las comunidades indígenas y campesinas en Colombia, cada día más arrinconadas, parecen perder la batalla contra el capitalismo y el Estado, que poco a poco, y en silencio, llevan a cabo el más grande genocidio de la historia nacional, valiéndose de un diseño complejo de fuerzas armadas, de la ocupación y control de los territorios, todo ello a la sombra de la manipulación mediática que oculta o tergiversa estas realidades.

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Masacre de Tumaco. Responsabilidad de un Gobierno que no se define por la paz con justicia social

El 5 de octubre de 2017 alrededor de 300 campesinos en la vereda Tandil –Tumaco–, fueron objeto de ráfagas de fusil, según distintos testimonios, de armas accionadas por uniformados de la policía antinarcóticos. El ataque dejó un saldo, aún incierto, de entre 4 y 15 campesinos asesinados y 50 heridos. La masacre sintetiza, con toda nitidez, la débil y voluble voluntad de paz oficial, a la par que, como dijera Gaitán, que “el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el otro amricano”

 

En el Acuerdo Paz, en su cuarto gran item: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, fue pactado un cambio en la política anti-droga, orientado, en principio, a priorizar la lucha militar y policiva contra los grandes traficantes y no contra los eslabones más frágiles de esta cadena de ilegalidad: campesinos y consumidores. Así, “la persecución militarizada contra los cultivadores pobres sería reemplazada por políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades”. En paralelo, había que “concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.” .


Pura letra muerta. Así lo reafirma la masacre llevada a cabo el pasado jueves 5 de octubre en la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco. Em este territorio, centenares de campesinos opusieron resistencia pacífica a la erradicación –no concertada– de los cultivos de coca. Su motivación: de tales sembrados depende la subsistencia propia y de sus familias, y mientras no tomen cuerpo alternativas viables –como quedó establecido en los Acuerdos Gobierno-Farc, que generen ingresos seguros, no es posible aceptar la política oficial, unilateral por demás.


Pero para el Gobierno, pese a lo acordado con la otra fuerza insurgente, lo prioritario es cumplir con lo ordenado por los Estados Unidos, por lo cual la orden que tiene sus tropas es “erradir o erradicar”, sin importar el costo humano que ello genere entre los más humildes. Lo aquí comentado es prueba de ello. Las palabras y las imágenes provenientes desde el sitio de los sucesos también lo confirman.

Tal y como se ve en el video grabado por un campesino (ver https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10154866243725812/) en el momento de la acción homicida, los manifestantes arengaban contra la policía antinarcóticos .


Por su parte y en igual sentido, el vice-defensor del pueblo, Jorge Calero, declaró que las personas afectadas denunciaron que uniformados dispararon contra los manifestantes opuestos a la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del país.


Estos testimonios fueron recogidos el pasado 6 de octubre, cuando delegados de la Defensoría se desplazaron a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), donde sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, deduciendo de estos que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS”.

Testimonio reafirmado por una delegación de Naciones Unidas, OEA, Personería municipal, Diócisis de Tumaco, defensores de derechos humanos adscritos a varias ONG y periodistas, que se movilizaron a la zona de los sucesos el pasado 6 de octubre, y que all momento de acercase al sitio de los sucesos fueron objeto de gases lacrimógenos así como bombas aturdidoras por parte de la fuerza pública. Una vez suavizado el ambiente, y al recorrer los espacios donde habían sido accionadas las armas contra los campesinos y donde habían caído muertos estos, vieron como los uniformados alteraban las pruebas de lo ocurrido. Según ellos mismos verificaron, hasta el medio día del 7 de octubre no se había aislado el lugar de los hechos. ¿Si la responsabilidad de los hechos no recae sobre ellos por qué tal actitud? 

A esta movilización asistieron al menos 1.500 personas, provenientes de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, algunos ee los cuales hacían parte del pueblo indígena Awá; alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ejército Nacional. Fueron ellos quienes aseguraron “que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”


El repudiable crimen aún no deja un saldo concreto de víctimas mortales; algunos informes señalan un aproximado de 50 personas heridas y entre 4 y 15 asesinadas. Campesinos e indígenas que desde el 28 de septiembre expresaban su inconformismo ante las medidas oprobiosas del Gobierno y que, desde el 29 del mismo mes, sufrieron el hostigamiento por parte de tropas del ejército y de la policía que arribaron a la zona.
No obstante, y a pesar de las evidencias y las declaraciones de los campesinos que presenciaron la masacre, las tergiversaciones del Gobierno no se hicieron esperar. El general retirado, hoy vicepresidente, Óscar Naranjo, viajó el 7 de octubre a Tumaco y aseguró que el crimen es responsabilidad de alias “Cachi” (disidente de las Farc) quien ha intimidado a la comunidad en el municipio.


Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de que este grupo armado disidente de las Farc, arrojara “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades” . Versión que contrasta por completo con lo declarado por los campesinos. Pero además, con la evidencia de muertos, que en el caso de una explosión de varios cilindros es “increible” que solo afectara a la comunidad allí reunida, blindando a los uniformados.


¡Erradicar o matar y erradicar!


El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia mantiene una curva ascendente en los últimos años. Según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) 2016, entregado en marzo de este año, la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013. Por su parte, el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos, estima “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013” .


De ahí que unas semanas atrás el gobierno de Estados Unidos exigiera al de Colombia erradicar los cultivos de coca, o “[...] de lo contrario las relaciones entre ambos países se verían deterioradas”. Ante la incapacidad del Gobierno para ofrecer alternativas económicas para los campesinos de esta zona del sur del país y lograr así la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, y la recurrente manía de la élite colombiana de obedecer sin chistar al mandato gringo, la solución más barata, como siempre, fue el despliegue y el accionar de la fuerza bruta.


Realidad de las drogas ilícitas que no parece tener solución cierta para el corto ni el mediano plazo. En efecto, “el informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada”. En ese sentido, Colombia es un claro ejemplo de lo inútil que ha resultado la política antidroga que impera en el mundo . Mientras el actuar político y ejecutivo, no den su brazo a torcer, la masacre de Tumaco será el primero de tantos otros vejámenes relacionados con la guerra fanática contra el narcotráfico, patrocinada por Estado Unidos. Y la política emanada desde la Casa de Nariño continuará siendo la misma “se erradica o se erradica”.

 

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La aspirante indígena a la presidencia de México rechaza dinero público para su campaña

 

María de Jesús Patricio, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, inicia su camino rumbo a las presidenciales de 2018

 

María de Jesús Patricio, portavoz del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), formalizó este sábado sus aspiraciones para convertirse en candidata independiente de las elecciones presidenciales de 2018. La indígena nahua de 53 años, conocida como Marichuy, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para inscribirse en el proceso. Patricio anunció, entre aplausos, que no utilizará “ningún peso” de los recursos públicos que suministra la autoridad electoral a los candidatos para su campaña.

Marichuy cuenta con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el grupo que protagonizó un levantamiento armado en Chiapas a inicios de 1994. En mayo pasado Patricio fue nombrada vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI), nacido tras los Acuerdos de San Andrés, una mesa de diálogo surgida de la negociación entre el Gobierno mexicano y los rebeldes. A más de 20 años de aquel hito, los zapatistas han apostado por la vía electoral para vertebrar un proyecto nacional. “La organización que se tiene en las comunidades ahora se quiere plantear para todos los mexicanos”.

“Esta es una propuesta colectiva, que no es como ellos (los políticos) lo tienen diseñado, en que es una persona la que dice, una persona la que decide y se hace lo que la persona dice. Aquí no. Somos un colectivo”, dijo la aspirante este sábado rodeada de sus simpatizantes.

La portavoz del movimiento indígena es originaria del estado de Jalisco. Se dedica a la herbolaria y medicina tradicional, además de ser activista por los derechos de los indígenas. Es una de las únicas aspirantes relevantes a la candidatura independiente que no ha estado vinculada a un partido. Esta mañana, criticó a los profesionales de la política. “En este tiempo que acabamos de pasar las catástrofes, se vio clarito que no les interesa la gente de abajo”, anunció.

Marichuy debe recabar 866.000 firmas de ciudadanos en 17 de 32 estados del país para conseguir el registro oficial como candidata sin partido a la presidencia. Tendrá 120 días para hacerlo y la autoridad electoral avalará los apoyos en marzo del próximo año. En un proceso electoral en el que la mayoría de instituciones sufre una crisis de credibilidad, la aspirante apeló a los ciudadanos. “Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, patriarcal, este sistema racista y clasista”.

Marichuy es la segunda mujer en registrarse ante el INE como aspirante ciudadana a la presidencia. La primera fue Wendolín Gutiérrez, una abogada de Ciudad de México que estuvo vinculada al Partido Acción Nacional (PAN). Margarita Zavala, otra mujer exmilitante de la organización conservadora, acudirá en los próximos días ante la autoridad electoral para iniciar el proceso.

 

 

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Para muchos, el legado de Canadá de relaciones coloniales ha sido un legado de "humillación, abandono y abuso", afirmó Trudeau ante la ONU.

 

Al tiempo que Justin Trudeau destaca la lucha de los pueblos indígenas, una información destapa los costes de la batalla judicial para no pagar el tratamiento dental de una adolescente

Josey Willier es una adolescente de la tribu Sucker Creek que necesita aparato de ortodoncia, pero el Gobierno le ha denegado el acceso a un programa que proporciona ayuda a la comunidad indígena

 

Días después de que Justin Trudeau afirmase en Naciones Unidas que su gobierno estaba trabajando para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas de Canadá, ha salido a la luz que el ejecutivo se ha gastado más de 75.000 euros en gastos legales para evitar gastarse 4.100 euros en la ortodoncia de una adolescente que sufre dolores crónicos.

La radiotelevisión pública de Canadá (CDC) publicó los datos, obtenidos gracias a la Ley de Acceso a la Información. Los gastos están relacionados con una batalla judicial en marcha que enfrenta al Gobierno federal y a Josey Willier, una adolescente de la tribu india Sucker Creek que se ha quejado durante dos años de dolores de cabeza y mandíbula crónicos a causa de los defectos e irregularidades en la posición de los dientes.

En 2014, dos ortodoncistas advirtieron que si no le ponían aparato, Willier acabaría necesitando una agresiva operación de mandíbula. Uno de ellos afirmó que probablemente los problemas de Willier empeorarían y podrían dejarle con dificultades para comer y hablar.

La familia acudió a un programa de ayuda del Gobierno federal para ayudar a pagar los 4.100 euros de tratamiento. Dicho programa cubre el coste de los servicios de sanidad, cobertura dental básica y tratamiento de ortodoncia cuando sea necesario en términos médicos para las comunidades que viven en las reservas indias.

El Ministerio de Salud de Canadá rechazó la solicitud de la familia, afirmando que sus problemas bucales no eran lo suficientemente serios como para garantizar el aparato. Tres recursos a la decisión del Ministerio resultaron infructuosos. Con la ayuda de un abogado que trabaja de forma gratuita, la familia llevó el caso al tribunal federal del país, donde un juez determinó que la negativa a pagar era una decisión "razonable".

Durante un periodo de 16 meses, el Gobierno federal se ha gastado al menos 75.000 euros en gastos legales para luchar contra la solicitud de pago. Probablemente los costes aumenten, ya que la familia presentó en junio un recurso contra la decisión del tribunal federal, alegando que no tuvo en cuenta el dolor crónico que sufre Willier, así como la posible necesidad de operar.

"Creo que es atroz", declaró Cindy Blackstock a la CBC. Blackstock dirige la First Nations Child and Family Caring Society, que ha intervenido en el caso de Willier. "Como contribuyente, estoy totalmente anonadada de que Canadá se gaste 75.000 euros defendiéndose contra una inversión de 4.100 euros para ayudar a una menor. Podrían haber utilizado ese dinero para pagar los servicios de ortodoncia de 18 menores", añadió.

 

La respuesta oficial

 

En un comunicado a the Guardian, el Ministerio de Sanidad de Canadá hace referencia al proceso utilizado para evaluar la solicitud de Willier. "En este caso, el problema no es el valor monetario o la viabilidad de la solicitud", sostiene. "Como todas las peticiones de ortodoncia, un dentista licenciado revisó el caso presentado para su aprobación y posteriormente fue revisado de nuevo por otros tres ortodoncistas durante los tres procesos de recurso, los cuales se mostraron en línea con la primera evaluación. Las pruebas no apoyan la solicitud de cobertura", añade.

El Ministerio sostiene que el plan que cubre a las comunidades indígenas es más generoso que los planes privados de la mayoría de los canadienses. El cuidado dental –excepto las operaciones y unos pocos programas de prevención para menores– no se incluye en el sistema sanitario universal y se financia a menudo a través de seguros privados o ahorros. Un informe de 2014 sitúa a Canadá como uno de los países de la OCDE que menos fondos públicos dedica al cuidado dental: solo el 6% de este tipo de cuidados, comparado con el 7,9% en Estados Unidos y el 79% en Finlandia.

Las noticias de los costes legales del Gobierno han salido a la luz una semana después de que Trudeau utilizase su discurso en las Asamblea General de la ONU para destacar la lucha de las comunidades indígenas del país. Para muchos, el legado de Canadá de relaciones coloniales ha sido un legado de "humillación, abandono y abuso", afirmó el primer ministro.

Trudeau prometió que su gobierno lo haría mejor. "Hemos estado trabajando duro para corregir injusticias pasadas y garantizar una calidad de vida mejor para los pueblos indígenas de Canadá", señaló. "Aunque este camino está inexplorado, tengo confianza en que llegaremos a la reconciliación", añadió.

 

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

 

 

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Lee Plenty Wolf, activista Sioux

 

"El agua es vida". Es el mensaje de Lee Plenty Wolf, líder y activista Lakota Sioux. Una sencilla frase que encierra la batalla trascendental de su tribu contra la construcción del oleoducto Dakota Access: un megaproyecto de 1.900 kilómetros que tiene previsto conectar los estados de Dakota del Norte e Iowa. El itinerario implica atravesar el río Misuri y el lago Oahe, que abastecen de agua potable a los 8.000 indígenas que habitan en la reserva de Standing Rock, una de las mayores de Estados Unidos (EEUU).

En 2016, meses de multitudinarias protestas en el campamento de Standing Rock –que se han convertido en un símbolo de la lucha ambientalista– llevaron al entonces presidente de EEUU, Barack Obama,a paralizar la construcción del oleoducto. Sin embargo, el 24 de enero de 2017, el nuevo mandatario, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que reactivó el proyecto, cumpliendo así con su promesa electoral. Y, al hacerlo, revitalizó también la resistencia de los sioux.

El líder y reconocido activista Lee Plenty Wolf, invitado a la Universidad de Sevilla por los Departamentos de Geografía Humana, Geografía Física y Análisis Regional y Antropología Social, atiende a eldiario.es /andalucía tras ofrecer una charla ante más de doscientas personas.

 

Junto a los riesgos medioambientales, otro de los grandes problemas del oleoducto Dakota Access es que invade tierras sagradas. ¿Cuentan con algún tipo de protección?

Según la ley y un estudio de impacto ambiental, [los responsables del proyecto] deben preguntar a las tribus sobre estas cuestiones y también sobre la construcción del oleoducto, pero no lo hicieron. Las compañías no tienen autoridad para entrar en las reservas indias, así que lo que están haciendo es construir muy cerca, donde todavía sigue habiendo áreas sagradas.

Se supone que si las excavadoras encuentran un antiguo enterramiento deben parar toda la obra y llamar a arqueólogos que estudien los hallazgos para no alterarlos. Pero a las compañías esto les da igual, porque tienen sus excavadoras y simplemente se abren camino.

 

¿Quién apoya el movimiento contra la construcción del oleoducto?

Tribus originales, grupos ecologistas... Cuenta con un gran respaldo social. La resistencia en el campamento de Standing Rock fue enorme porque aunó a gente de todo el mundo, cada día llegaba más gente. También recibimos ayuda exterior de quienes no podían estar físicamente, nos enviaban comida y medicinas.

 

¿Cuál es el posicionamiento de la ONU al respecto?

Las Naciones Unidas enviaron a un observador a Standing Rock con el objetivo de proteger nuestra agua. Greenpeace también estuvo allí, así como representantes de diferentes organizaciones. Pero todo esto fue ignorado porque incluso algunos de los medios de comunicación que estaban en el campamento haciendo sus reportajes de investigación fueron arrestados. Nadie estaba a salvo.

 

¿Los activistas han sufrido represión policial?

Sí. Perros, gas pimienta, pelotas de goma, cañones de agua y de ruido, golpes... incluso fumigaron el campamento.

 

¿Las protestas de los activistas fueron pacíficas?

En todo momento. Las únicas armas de los activistas y los nativos eran el rezo y el canto. El ejército dijo que íbamos armados para poder reprimirnos con una acción más violenta pero sólo portábamos la chanupa, que es la que nos conecta con el rezo.

 

La situación que describe podría recordar a la película Avatar...

Es lo mismo. Solo que en Avatar los malos mataron a muchos indígenas. Probablemente podrían haber tratado de eliminarnos si no fuera por los cientos de personas y los medios de comunicación que se unieron. Tuvieron que cambiar su estrategia, no pudieron encontrar una excusa para matarnos o hacernos daño.

 

¿Cuál es el papel del actual presidente de EEUU, Donald Trump, en todo esto?

En los últimos momentos de la presidencia de Obama, gracias a las peticiones que se movieron desde Standing Rock, se paralizó la construcción del Dakota Access. Pero en el momento en el que Donald Trump llegó al poder reactivó la construcción del oleoducto. También fue el responsable de que se entrara y se desalojara todo el campamento.

 

¿Cuál es la influencia de las compañías petroleras estadounidenses en la administración Trump?

Tienen una gran influencia. Son las que pusieron a Trump en la presidencia. Trump es un gran inversor en las petroleras porque, principalmente, es propietario de compañías que están extrayendo las reservas naturales.

 

¿Está familiarizado con el problema del agua en Doñana?

He leído un poco al respecto, pero tengo que averiguar más sobre ello. El problema del agua es un problema global y tiene que ver con dos factores principales: las sequías y la sobreexplotación de los ríos.

 

¿Es el agua el nuevo petróleo?

Sí, sin duda. Es un proceso que comenzó hace tiempo. Las grandes compañías como Nestlé saben que el petróleo es un recurso que se está agotando y se aprovechan de esta situación. ¿Cómo? Embotellando el agua y vendiéndola, impidiéndonos que podamos tomarla de forma natural, que es un derecho humano.

 

«Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez pescado, el hombre se dará cuenta de que el dinero no se come», proverbio indígena.

 

 

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Emiliano Terán Mantovani: “Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio...”

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.


Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.


Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.


Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez. Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.


Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.


Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo, a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.


Esto supone además, una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.


Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en Santiago de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.


Una tendencia de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental, yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.


Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Paucachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.


Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis. Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones.

Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar. Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.


Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y por supuesto la arista social.


Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.


Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.


Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente...


Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.


Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.


El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.


Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?


Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.
Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.


Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.


Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela. Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.


Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.


Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.


E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.


Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial. Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.


Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente. Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.


Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.
Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.


Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.


Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.


Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yupka fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.


Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.


Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.


Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

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Los desafíos que enfrenta Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde mayo

El gobierno de Lenín aspira a seguir el proyecto del movimiento Alianza País. Sin embargo, la discrepancia pública con Correa y con el vicepresidente generó ruido mediático y un debate al interior del oficialismo.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cumplió 100 días en el poder en medio de expectación por las medidas económicas que pudiera aplicar, de compromiso en la lucha contra la corrupción, de llamado a un diálogo no excluyente y de pública discrepancia con su antecesor y ex aliado Rafael Correa.


“Estamos cumpliendo nuestras ofertas, no necesitamos 100 días para hacerlo. Cuento con ustedes para seguir trabajando y ustedes, cuentan conmigo para seguir transformando el país en la patria que todos anhelamos”, dijo Moreno en una alocución pública. En efecto, la mayor gestión del mandatario socialista, de 64 años, desde que asumió en mayo, fue el macroplan “Toda Una vida”, que busca construir más de 300 mil viviendas populares, favorecer los emprendimientos de empleo para jóvenes y dar seguridad, salud y bonos a los ancianos, entre sus rasgos prioritarios.


En paralelo, desde el primer día abrió un amplio diálogo con todos los sectores, incluso los que desde la izquierda y fundamentalmente desde la derecha confrontaron siempre a Correa. Por el Palacio pasaron industriales, comerciantes, indígenas, policías, militares, grupos sociales y líderes de todo tipo. Pero los primeros meses no estuvieron exentos de problemas que pusieron cuesta arriba su gestión: los casos de corrupción que alcanzaron a su vicepresidente, Jorge Glass, y una ruptura con Correa y otros líderes del movimiento oficialista Alianza País (AP) siembran dudas sobre el futuro del proyecto Revolución Ciudadana.


Corrupción es la palabra más escuchada en estos días, con una avalancha de delaciones de ex ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, que aseguran que funcionarios ecuatorianos recibieron 33,5 millones de dólares en sobornos para entregar contratos en tiempos de Correa. El ex director de Odebrecht en Ecuador Jose Santos señaló que Glas, que también fue vicepresidente de Correa y ahora se enfrenta a los tribunales, pedía dinero por cada contrato.


Moreno, quien prometió en la posesión “una cirugía mayor” contra la corrupción, lo despojó de funciones específicas y le quitó toda confianza.


“Lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted”, le dijo Moreno a Glas en un evidente deslinde con el que fuera hombre de confianza del anterior mandatario, del que también fue vicepresidente y ministro coordinador de Sectores Estratégicos. “Es preciso reconocer que el cambio permitió destapar la podredumbre del correísmo. La fresa del pastel fue congelar a Glas a la espera de que la Justicia haga su trabajo”, dijo el analista Carlos Arcos.


Glas asegura ser inocente y Correa le cree. Los choques entre el presidente y su antecesor pusieron en apuros a la agrupación oficialista Alianza País, dentro de la que comenzó una extraña convivencia entre críticos y seguidores de Moreno. Correa, un líder con mucho peso incluso ahora que vive en Bélgica, acusó a Moreno de no continuar con rasgos fundamentales de la Revolución Ciudadana y lo llegó a calificar de traidor y a proponer la formación de un nuevo partido.


Más compleja aún es la situación económica, que, según el nuevo gobierno, está al límite por irresponsabilidades de un ex mandatario que, por su lado, presume de que dejó “la mesa servida”. “La situación es crítica. Necesitamos mejorar las condiciones de financiamiento, generar mayores ingresos, aumentar nuestras exportaciones, el ingreso de dólares a la economía y fomentar la inversión privada”, evaluó Moreno. Aunque adoptó un paquete de iniciales medidas de austeridad, las más fuertes están anunciadas para septiembre, pero aún no se sabe cuaés serán sus características.


“Es importantísimo que exista democracia, libertad y se combata la corrupción. El gran problema es lo económico, petróleo bajo, deuda grande, economía paralizada, empleo que se pierde, eso es lo que hay que atacar”, afirmó un referente de la derecha, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Pero el analista Pablo Zambrano destacó que Ecuador no está en la situación desesperante de Venezuela. “La economía pasa por un proceso de recesión que tiene que ver con la caída de la producción, el empleo y el consumo”, relativizó. Los números rojos son subrayados por analistas como Walter Spurrier, quien los justifica por situaciones externas: “El país perdió cerca de seis mil millones de dólares anuales por la caída del precio del petróleo y alrededor de cinco mil millones en rentas fiscales”.


En lo internacional, aunque está en construcción la nueva política, Moreno condenó la violencia y la existencia de presos políticos en Venezuela, lo que podría ser el inicio de un lento cambio en el respaldo irrestricto de Quito a Nicolás Maduro. Con Colombia, entretanto, ratificó el compromiso de ser garante y anfitrión de diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN.


Moreno, atado a una silla de ruedas por un disparo de asaltantes que le dejó parapléjico hace 19 años, goza por ahora de amplio respaldo popular, alrededor de un 80 por ciento según todas las encuestas. Aunque los analistas coinciden en que es pronto para saber qué pasará cuando empiece a aplicar medidas concretas en un marco de dificultades económicas y de desconfianza por escándalos de corrupción que vienen del período anterior.

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