Jueves, 01 Marzo 2018 16:01

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo se encuentra de nuevo en disputa. Más de 70 familias campesinas, sin tierra, no tienen a donde ir. A finales de enero salieron de la zona indígena de Río de Oro, para instalarse en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama. ¿La razón? El Gobierno sigue sin definirles su situación como desposeídos víctimas del conflicto; y el plazo dado por el pueblo Barí para ocupar estos territorios venció en enero pasado.

 

El presente tiene pasado. La crisis humanitaria generada por la arremetida paramilitar que inició en mayo de 1999 en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, tuvo entre sus consecuencias el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas sin tierra a zonas de frontera agrícola. Una vez más, como en otros tantos momentos de los siglos XIX y XX en Colombia, campesinos y campesinas sin tierra tuvieron que tumbar monte para conformar nuevos poblados; esta vez, en el territorio indígena correspondiente a los Resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón Barí.


Pasó el tiempo, y empezando el 2010, 19 de los 24 caciques que tienen las comunidades del pueblo Barí se dieron cita en asamblea general y decretaron un plazo máximo de 8 años, contados a partir del 27 de enero de dicho año, para la permanencia de campesinos y colonos dentro del territorio Barí. Razones los acompañaban: la venta de licor dentro de su territorio y otras prácticas que estaban destruyendo su cultura indígena.


Y a la decisión tomada le llegó su día. El pasado 27 de enero, campesinos y campesinas colonas habitantes del corregimiento de Río de Oro, municipio de Convención, fueron avisados por el pueblo Barí de que debían desalojar la zona; ya habían trascurrido 8 años.


Nuevamente la historia de los sin tierra se repite. Con sus corotos a cuestas, más de 70 familias emprendieron camino, esta vez no para seguir monte adentro, sino para resguardarse en algún lugar. Piensan que el Gobierno tiene que resolverles el acceso a un pedazo de tierra, y mientras tanto descansan como un solo grupo en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama.


Por ahora no están solos. Organizaciones campesinas e indígenas con presencia en la zona han solicitado el establecimiento urgente de un espacio de diálogo con las autoridades gubernamentales competentes que brinde solución real a esta problemática; ya que se trata de campesinos y campesinas sin tierra que fueron víctimas directas del conflicto y que un mes después de salir del territorio Barí, siguen sin tener a donde ir.


Un mal con raíz


El histórico problema de la tierra, orígen de fuertes conflictos entre colombianos y motivo de confrontaciones contra terratenientes e industriales del campo, se profundiza con lo que está reflejando lo sucedido en esta parte del territorio nacional: la negligencia estatal a la hora de reconocer los derechos de las diferentes comunidades rurales que habitan el país; lo cual es una de las principales causas de los conflictos interculturales entre campesinos e indígenas en Colombia.


Tres décadas atrás, en la primera mitad de los ochenta, el Estado reconoció y tituló los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, adjudicando al pueblo Barí 108.900 hectáreas y 13.300 hectáreas de tierra respectivamente. Unos años después, en 1991, a través de la Ley 21 del 91, ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, comprometiéndose a respetar y garantizar sus derechos (entre los cuales se destacan el derecho a la vida, al territorio y a la autonomía).


Pero otros muchos exigen igual derecho. En particular campesinos pobres, lo cual sucede a pesar de la existencia de la Ley 160 de 1994 que dio paso al Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, y establece entre sus objetivos el acceso a la propiedad de la tierra para la población campesina de bajos recursos, decretando que los territorios baldíos sean adjudicados a dicha población a través del Incora (que después pasó a ser el Incoder , dividida en la actualidad en la ART, ANT y ADR ).


Esta disputa por el reconocimiento del derecho al territorio, lleva a conflictos entre pobres. En diferentes regiones donde convergen indígenas y campesinos en un mismo territorio, se han presentado fuertes conflictos territoriales e interculturales debido a la falta de garantías de derechos para una población o para otra. Ejemplo de ello es el departamento del Cauca, donde los campesinos habitantes del municipio de Inzá han solicitado desde hace varios años la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Inzá en las zonas Quebrada de Topa, Pedregal y Turminá, entrando en enfrentamientos con la comunidad indígena Nasa que tiene la aspiración de ampliar los Resguardos de Turminá, San Miguel e Inzá. Conflicto que se ha profundizado a medida que el Estado niega continuamente los derechos de indígenas y campesinos, llevándolos a una situación de confrontación directa donde se asumen mutuamente como enemigos.


Sin embargo, el caso del Catatumbo no encaja en esta interpretación de conflictos interculturales y territoriales, ya que en diferentes ocasiones indígenas y campesinos han trabajado de la mano para lograr objetivos comunes. Tal es el caso del foro “Vida, naturaleza, territorio y cultura”, realizado en el 2007, y que tuvo como resultado el freno de la exploración para explotación de carbón a cielo abierto en la vereda Caño Mariela. Esta articulación pudo darse gracias a que tanto indígenas como campesinos demuestran constantemente un fuerte interés por proteger el territorio y la naturaleza de la región.


Por lo tanto, lo que sucede hoy por hoy en el Catatumbo no es producto de una pelea entre indígenas y campesinos, sino que es consecuencia de un Estado que solo se preocupa por dar excelentes condiciones de inversión para capitales privados, pero que a la hora de volver los ojos a las comunidades se queda corto en la garantía plena de sus derechos.


Cuando se examinan los diferentes intereses empresariales que reinan sobre el Catatumbo, que van desde la explotación petrolera, pasando por la explotación de carbón y el monocultivo de palma aceitera, hoy con más 20 mil hectáreas sembradas, es claro el por qué del desinterés del Estado en atender las necesidades de las poblaciones rurales de esta región.


Mano a mano, indígenas y campesinos. Garantizar el territorio y la autonomía a los pueblos indígenas no puede resultar en una afectación directa de poblaciones campesinas. De igual manera, velar por los derechos de campesinos y campesinas sin tierra no puede significar pasar por encima de los pueblos indígenas. El Estado colombiano debe garantizar la vida digna de toda la ciudadanía, incluyendo a las diferentes comunidades que habitan y construyen a diario el campo, especialmente los sujetos de especial protección constitucional, que en este caso son los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

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El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Francisco, el papa, entre pederastas y genocidas

La Iglesia chilena es una de las más conservadoras del continente. Su participación en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende la escoró más. Un tedeum en la catedral de Santiago elevó a los golpistas a la condición de salvadores de la cristiandad. Los escándalos durante décadas afectan a todas las congregaciones, ninguna está exenta de casos de violación a menores. Salesianos, maristas, dominicos, legionarios, jesuitas, Opus Dei. Existe un centenar de casos documentados.

La institución niega y considera las acusaciones, insidias para socavar la labor pastoral de sus miembros. Aún abiertas las heridas del prelado Fernando Karadima, durante años violando menores, el papa Francisco no ha querido reunirse con sus víctimas. Se ha limitado a pedir perdón. Karadima sigue siendo sacerdote. En sus 50 años de oficios religiosos amasó una gran fortuna personal. Condenado por pederastia, oficia misa a pesar de estar inhabilitado. Igualmente, resulta significativo que el papa Francisco reniegue de las acusaciones por encubrimiento de quien fue discípulo de Karadima, Juan Barros Madrid, hombre de confianza del Papa, nombrado obispo de Osorno. No menos impactante ha sido el nombramiento del ex arzobispo de Santiago, miembro del consejo cardenalicio, Javier Errázuriz Ossa, amigo personal de Pinochet, anticomunista declarado, en la actualidad empeñado en desarticular toda acción pastoral ejercida desde la Teología de la Liberación. Enemigo acérrimo de la Iglesia de los pobres, ha patrocinando querellas contra los sacerdotes militantes de la Iglesia de la opción por los pobres y del Cristo de los condenados de la Tierra, José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos.

Sin embargo, la Iglesia chilena cuenta con el apoyo de la clase política para realizar sus fechorías. La Democracia Cristiana, principal partido político durante décadas, hoy en declive, de ideología católica practicante, se alineó con las posiciones más reaccionaras del clero, siendo su correa de trasmisión. En cuanto a sus propiedades y bienes, el Episcopado posee canales de televisión, universidades, editoriales, centros comunitarios, clubes deportivos, clínicas privadas, instituciones seglares, colegios, agroindustrias y una red de empresas dedicadas a la divulgación de la fe. No hablemos de la riqueza acumulada gracias a las prerrogativas concedidas por el Estado. No paga contribuciones. Por ley se le exime del IVA. Tampoco necesita desembolsar dinero a la hora de los envíos postales. Todo lo que entra a sus arcas se convierte en patrimonio. Igualmente, su influencia se hace sentir a la hora de evitar que sean juzgados los capellanes militares y sacerdotes que prestaron colaboración en las sesiones de tortura durante los años de la dictadura.

La Iglesia católica se inhibió de investigar los casos de sacerdotes asesinados, torturados y desaparecidos, como Joan Alsina (31 años), Miguel Woodward (42), Antonio Llidó (38) y los fusilados Andrés Járlan (43) y Gerardo Poblete (31).

La Iglesia chilena no pasa por sus mejores momentos. La visita de Francisco precede la realizada por el papa polaco Juan Pablo II, hoy declarado santo por sus milagros, tal vez por transformar curas violadores y pederastas en hombres del señor, libres de polvo y paja. Su periplo está lleno de contradicciones. Mientras predica austeridad, critica el liberalismo económico, el consumo exacerbado, se manifiesta contra el calentamiento global y llama a una revangelización, no alude al coste de más de un millón de dólares desembolsado por el Estado chileno para sus fastos y mítines, además de la seguridad.

Guarda silencio ante la represión ejercida por el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Su misa en Temuco contó con la acción de las fuerzas armadas y de Carabineros limpiando el terreno, deteniendo a los lonkos de las organizaciones del pueblo mapuche. El cordón de seguridad le garantizó una misa tranquila, con mapuches ad hoc, complacientes y sumisos. Así se ocultó el comunicado de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en cerro Ñielol, en el cual se señala: Los representantes de los pueblos indígenas ratificamos nuestros derechos colectivos, como a la libre determinación, hasta la conformación de un autogobierno. Asimismo, reafirmamos el derecho de restitución de las tierras usurpadas, exhortaremos a los estados y, en especial, a Chile, Argentina, el Vaticano y las iglesias a que depongan su política de colonialismo y domesticación con los pueblos indígenas. Exigiremos perdón del papa Francisco por los crímenes de genocidio y por la toma, confiscación y ocupación de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas.

Al igual que sucedió con Juan Pablo II, Francisco hizo oídos sordos, llamó, como no podía ser de otra manera, al diálogo, sin mencionar el acoso, violación, asesinato y encarcelamiento de los dirigentes mapuches, donde no se respeta el habeas corpus. Calló ante las campañas contra el portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

Bergoglio ha tenido que hacer frente, en Santiago, Temuco e Iquique, ciudades visitadas, a manifestaciones de protesta por su actitud condescendiente con el poder, el silencio guardado frente a las demandas de justicia y su actitud protectora de una Iglesia, como la chilena, sumida en la corrupción y el descrédito. Su visita, sin tomar partido por la justicia social y denunciar a sus prelados, resulta irrelevante. Y ahora, en Perú, ¿rogará por el alma de Fujimori?

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Cuatro son los integrantes de la organización Nación Wayúu que han sido víctimas de amenazas y dos han sido asesinados por defender los territorios pertenecientes las comunidades ancestrales de los intereses de las empresas en la Guajira o porque han denunciado la posible corrupción al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional Guajira.

“Por denuncias contra el ICBF, hemos recibido amenazas, y también por denuncias contra El Cerrejón donde hemos pedido compensaciones”, señala José Silva, vocero de Nación Wayúu, quien agrega que la sede del ICBF de la Guajira sigue “adjudicando los contratos según sus conveniencias sin contar con la Consulta Previa de las comunidades afectadas”, mientras que la única respuesta que han recibido son amenazas.

 
AMENAZAS Y ASESINATOS

 

Tras las amenazas algunos han desistido de las denuncias, mientras otros han preferido resistir. De acuerdo con la organización, son cerca de siete líderes los que han sido amenazados e incluso asesinados. José Silva ya fue víctima de un atentado cuando iba con su familia hacia su comunidad indígena. Su carro fue impactado con un disparo de arma de fuego en uno de los vidrios laterales. En otra ocasión el mismo líder fue capturado de manera ilegal el municipio de Manaure, luego de notificar a unas autoridades tradicionales la admisión de una tutela en contra de ICBF.

Otra de las víctimas es María del Rosario Ruíz, Autoridad Tradicional y Ancestral del Territorio Indígena KATSALIAMANA, también Ever Epieyue e Isilia Pimienta, luego de haber radicado en el Tribunal Superior de Riohacha un Incidente de Desacato a una acción de tutela que el movimiento ganó en contra del ICBF Regional Guajira, mediante la cual ordenaban llevar a cabo la Consulta Previa en las Comunidades indígenas para el ingreso de los operadores.

La alerta es máxima, debido a que también han asesinado a líderes de esa comunidad. Rafael Lubo Aguilar quien fue ultimado al parecer por haber denunciado actos de corrupción en la educación. La docente Juana Almazo Uriana, fue hallada muerta en zona rural de Manaure. Las autoridades aún investigan si su deceso se produjo luego de una fuerte denuncia que formuló en el municipio de Uribía donde realizaba labores como educadora.

 
LA RESPUESTA DEL ICBF

 

Según el comunicado de Nación Wayúu, existen alrededor de cinco tutelas falladas en primera y segunda instancia, que le ordenan a ICBF Regional Guajira hacer Consulta Previa para el ingreso de los operadores a los territorios étnicos pero ninguna ha sido acatada por la institución, que se defiende asegurando que se trata de un ente autónomo al que no aplica la consulta previa.

Cabe recordar, que para la vigencia 2017, más de 67 organizaciones indígenas Territoriales, avaladas por las Autoridades Tradicionales, que venían operando en los territorios afro y de la comunidad Wayúu, fueron desvinculadas sin razón alguna, como asegura la denuncia, con el fin “de darle ingreso a organizaciones filiales a los intereses políticos y económicos de la Dirección de ICBF Regional Guajira. Dicho ingreso no fue consultado con las autoridades tradicionales indígenas, por el contrario, fueron impuestos”.

 

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Cientos de personas participan en una protesta en Buenaventura (Colombia).

 

170 defensores de los Derechos Humanos y reclamantes de tierras fueron asesinados durante 2017 en medio de una impunidad generalizada

 

Paradójicamente, la cifra de muertes de líderes sociales aumentó más de un 45 % el pasado año respecto a 2016, después de la aplicación de los acuerdos de Paz con la principal guerrilla colombiana, las FARC, que desarmaron, desmovilizaron y concentraron a sus efectivos según los acuerdos suscritos en La Habana. Prácticamente cada dos días caía durante 2017 un activista social bajo las balas de los sicarios, principalmente en las regiones del Cauca, Nariño y Antioquia.

La situación es tan preocupante al inicio de este 2018, que el propio Secretario General de la ONU, António Guterres acaba de alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en estas zonas de Colombia, en un momento en el que el propio Consejo tiene desplegado en el país un destacamento de asesores civiles y militares para el seguimiento del fin del conflicto. Guterres acaba de pasar el fin de semana en Colombia, con el tema de los asesinatos de líderes sociales como punto de la agenda con el Presidente Santos, junto al proceso de paz con la superviviente guerrilla del ELN.

El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz colombiano, Eamon Gilmore, también ha pedido que el Gobierno "presione para que se tomen en serio los asesinatos y que la Fiscalía cree una Unidad especializada dedicada a esclarecerlos y combatirlos". Se estima que la impunidad en estos crímenes supera el 87 %, si se tiene en cuenta lo sucedido con los 458 que se produjeron hasta 2016.

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos emitió en los pasados días un Decreto de "Alertas tempranas" para la prevención de asesinatos y atentados contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así como la activación, de acuerdo con las autoridades locales, de "rutas de protección individual y colectiva".

Analistas de Organizaciones no Gubernamentales, la Defensoría del Pueblo y sectores próximos al Gobierno coinciden en que el Estado no ha sabido gestionar las consecuencias del proceso de desmovilización de las FARC, de forma que, de los territorios que ha abandonado la guerrilla durante el pasado año ,se han adueñado las bandas criminales y el paramilitarismo ante la ausencia de las autoridades estatales. Según editorializaba días pasados el diario El Espectador: "El Estado ha sido incapaz de suplir los vacías de gobernabilidad dejados por las FARC".

Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González: "El incremento de homicidios (contra líderes sociales) obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos (minería ilegal, cultivos ilícitos), la mayoría utilizando sicarios con armas de fuego y en las zonas donde anteriormente las FARC habían regulado las relaciones sociales imponiendo su autoridad".

Por su parte, un informe de la Defensoría del Pueblo señala que las causas de los asesinatos de líderes sociales están relacionadas "con su estigmatización, la defensa de los territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería o la agroindustria y las reclamaciones sobre la propiedad de las tierras". También pueden estar relacionadas en algunos casos con la denuncia de abusos en la actuación de la fuerza pública. Esa parece ser la causa de uno de los últimos atentados mortales, el que sufrió el pasado diciembre José Jairo Cortés, líder de la zona rural de Tumaco y que había expresado críticas contra la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales por parte de los policías antidisturbios que ocasionaron la masacre de siete campesinos.

La pasada semana, la organización especializada Front Line Defender difundió su informe de 2017 sobre el asesinato de defensores de Derechos Humanos en el mundo. El 67 % se produjo por la defensa de la tierra, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. De los casos registrados, el 30% se produjo en Colombia, el país 'líder', seguido por México y Filipinas, y solo precedido por Brasil.

 

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María de Jesús Patricio, en la Ciudad de México. DANIEL VILLA

 

La aspirante presidencial indígena propone tumbar las estructuras tradicionales de gobierno y empezar la reconstrucción desde las regiones más pobres del país

 

María de Jesús Patricio da sorbos rápidos al café soluble que le han servido en una taza de plástico beige. La aspirante presidencial, a quien todos llaman Marichuy, dice que las bajas temperaturas de Ciudad de México “dejarán a la vocera sin voz”. Su risa rasposa apenas se escucha, incluso en el salón vacío, de techo alto, en una vieja casona de la colonia Doctores. El edificio de paredes descarapeladas es la sede capitalina del Concejo Indígena de Gobierno, un organismo que nació en la víspera de las elecciones de 2018 con una meta sin precedentes: llevar por primera vez a una mujer indígena a la silla presidencial.

Aquella propuesta ha sido recibida con cientos de burlas e insultos en los espacios anónimos de las redes sociales mexicanas. “Uno de los comentarios que más he escuchado es que las mujeres indígenas nada más sirven para limpiar casas. Es una muestra de lo que vivimos en este país, que siempre ha sido muy racista y muy machista”, comenta esta mujer nahua, de 53 años, con una sonrisa burlona. Con ese mismo gesto ha respondido a un grupo de periodistas que le piden que cambie su chamarra negra de borrega por un rebozo, una especie de chal tradicional, para tomarle una fotografía. “No traigo rebozo”, zanja Patricio el asunto.

La discriminación es parte de la vida de los indígenas en México, que representan el 10% de la población del país. Nueve de cada 10 personas que se identifican como parte de un grupo étnico en México se sienten discriminados por su condición, según una encuesta del Gobierno federal. Los mayores índices de pobreza y marginación se registran en las comunidades indígenas, de acuerdo con reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las historias de maltrato e injusticia en estas comunidades se repiten año tras año. Una espiral en la que solo cambian los nombres de las víctimas y los victimarios.

La diferencia en última década, asegura Patricio, es que los casos se han multiplicado y recrudecido hasta llegar a un nivel insoportable. “Hay más represión, más muertos, desaparecidos, más encarcelados y van avanzando con más fuerza los proyectos capitalistas que van destruyendo los territorios y las aguas”, dice esta especialista en medicina tradicional, que también se ha dedicado a la protesta contra la instalación de mineras y plantas industriales en las regiones donde habitan comunidades indígenas. “Cada vez se hace más difícil la existencia de las comunidades. Eso nos hace dar un paso más allá, no dar nada más otra simple declaración”.

Patricio no hace referencia a una serie de estrategias de gobierno publicadas en una página web; tampoco lleva consigo un pliego de peticiones para leer en voz alta ante sus seguidores. Su propuesta de campaña es la falta de propuestas. Una página en blanco que deberá ser llenada por la “gente organizada desde abajo”, algo que la aspirante repite más de una vez en sus discursos y entrevistas. “No se trata de que yo tenga que decir: ‘Así debe funcionar la salud, así tiene que funcionar la educación’. ¿Entonces quién lo va a decir? Pues los que están abajo, los que están sufriendo. Por eso es importante la organización, porque si no hay organización, vamos a seguir en lo mismo”.

Las palabras de Patricio embonarían en cualquier discurso de Andrés Manuel López Obrador, el padre fundador del partido de izquierda Morena y quien se lanzará como candidato presidencial por tercera ocasión en 2018. El empoderamiento comunitario y el fin de los Gobiernos elitistas han sido parte de sus promesas desde su primera campaña en 2006. Patricio, sin embargo, rechaza la comparación. “Es muy diferente nuestro proceso porque no somos un partido. Somos los pueblos indígenas pensando que si no nos organizamos, nos va a llevar la fregada después del 2018”, apunta. “Es cuando se van a venir con más fuerza todos esos megaproyectos que se están instalando en todos los territorios indígenas y que van a afectar a todos”.

 

Industria petrolera

 

Algunos de los proyectos que más le preocupan a la también activista son los que dieron arranque tras la reforma energética de 2015, que permite por primera vez la inversión extranjera en la industria petrolera mexicana desde la expropiación de 1938. “Ya hay tierras en Veracruz concesionadas para 40.000 pozos petroleros”, dice Patricio. “Tampoco podemos seguir haciendo fracking, por ejemplo. Tenemos que pararle, poner un hasta aquí”, agrega.

Para la aspirante presidencial, la izquierda no tiene lugar en las cúpulas políticas de México. “No está allá arriba. Está aquí abajo y está sufriendo. Está muriendo, le hace falta un antídoto, que es la organización”. Patricio imagina un escenario muy distinto del habitual si ella, junto con el Concejo Indígena de Gobierno, llegara a la presidencia. “El concejo convocaría a una gran asamblea de todos y juntos revisaríamos cómo están las estructuras”, detalla. “En los pueblos indígenas, un tema se discute hasta que todo se aclara y hay un consenso. No nos vamos si no hay acuerdo, así pasen uno, dos o tres días. Hay que tener paciencia para analizar y escuchar la situación”. Admite que el método no será sencillo a gran escala. “Yo sé que resulta complicado, porque ya hay algo diseñado, un camino trazado, pero creo que es posible construir algo nuevo”.

El sueño de Patricio tiene muy pocas posibilidades de concretarse. Para conseguir un registro como candidata presidencial, la aspirante necesita recolectar 866.593 firmas a través de una aplicación para teléfono celular, que ha sido criticada por ella y otros aspirantes presidenciales por las fallas técnicas que presenta.

Hasta el sábado, Patricio había logrado recabar 74.256 firmas, menos del 10% de la meta que concluirá a mediados de febrero. Y aunque tiene como aliados a un grupo de intelectuales mexicanos, incluido Juan Villoro, y a los universitarios, esto no ha sido suficiente para superar las cifras de Jaime Rodríguez, el polémico gobernador de Nuevo León, o la ex primera dama Margarita Zavala. “Tardan horas en mandarse algunas firmas, algunos auxiliares no se han podido registrar todavía”, asegura. “En algunas comunidades no hay luz, no hay señal; entonces no todo territorio es Telcel”, critica. Perder la carrera de las firmas no significa el fin de la campaña para la aspirante indígena. “Sí es importante, pero no es lo mero importante”, comenta Patricio. “Si logramos que quede una organización de las comunidades para después de 2018, para nosotros ya sería una ganancia”.

 

 

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Miércoles, 29 Noviembre 2017 19:00

¡No Cerrejón!, no puede desviar el arroyo Bruno

¡No Cerrejón!, no puede desviar el arroyo Bruno

La Corte Constitucional, una vez más, le dice NO al desvío del arroyo Bruno por parte de la multinacional carbonífera, Cerrejón Limited. El 29 de noviembre la Corte suspendió el desvío hasta que no se realice la consulta previa con las comunidades indígenas de La Guajira que se ven afectadas por esta acción.

 

Las razones por las que Cerrejón quiere desviar el arroyo 700 metros al norte -con lo cual quedaría más cerca de la carretera principal, comprometiendo el bienestar de las comunidades y resguardos de los municipios de Barrancas, Albania, Fonseca y Hatonuevo– son las 35 millones de toneladas del mejor carbón de La Guajira existentes en su cause, que de acuerdo a los comunicados de la multinacional, ayudarían a mantener la producción hasta el 2034.

En contra de tal posibilidad, que llevaría aún más al extremo las pésimas condiciones de vida que ahora llevan los pueblos que allí habitan, los resguardos wayúu de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, presentaron una tutela exigiendo que el arroyo conserve su cauce y no sea desviado para la extracción del mineral, argumentando que tal acción no solo afectaría gravemente los ecosistemas, sino también su bienestar; al arrebatarles el agua, derecho fundamental.

Aceptando su demanda, la Corte ordenó frenar todo tipo de actividad hasta que se programe una consulta previa con las comunidades. Lo que parece una decisión positiva, pero tiene sus bemoles, pues el pueblo wayúu perdió la credibilidad ante tal recurso jurídico por el historial de consultas previas que tienen y la falta de respeto que han recibido por parte del Estado, quien las irrespeta una y otra vez. El pasado 20 de noviembre, en el Congreso de la República, las comunidades que denunciaronsus difíciles condiciones de vida como consecuencia directa de la presencia de Cerrejón, también denunciaron que desde el 2005 no son consultados frente a las acciones de la empresa.

A la fecha, Cerrejón cuenta con todos los permisos requeridos para el desvío del arroyo, expedidos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio de Ambiente, situación que despierta la zozobra en las comunidades que desde siempre han escuchado que estas son las instituciones encargados de velar por sus derechos dentro de los resguardos, antes de autorizar cualquier tipo de exploración y explotación.

Estas decisiones por parte de las instituciones autorizadas y responsables, no son más que paños de agua tibia para las comunidades que desde hace 36 años sufren la miseria que genera el modelo extractivo en Colombia. La pregunta por el ¿qué hacer?, permanece más latente que nunca.

 

Lea también:

“Nos quitaron tanto que ya no podemos soñar en paz”: https://www.desdeabajo.info/ediciones/32956-nos-quitaron-tanto-que-ya-no-podemos-sonar-en-paz.html 

Al pueblo wayúu se le agota el tiempo: https://www.desdeabajo.info/colombia/32972-al-pueblo-wayuu-se-le-agota-el-tiempo.html 

Los wayúu hacen un llamado de alerta ante el Congreso de la República: https://www.desdeabajo.info/colombia/32928-los-wayuu-hacen-un-llamado-de-alerta-ante-el-congreso-de-la-republica.html

Agua potable para resguardo wayuu: https://www.desdeabajo.info/colombia/32754-agua-potable-para-resguardo-wayuu.html

"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua":https://www.desdeabajo.info/colombia/31916-los-indigenas-wayuu-de-colombia-estan-en-riesgo-inminente-de-desaparecer-por-el-hambre-y-la-falta-de-agua.html

 

Y vea

 

Tumaco y la Wajira dos caras de la misma violencia oficial: https://www.youtube.com/watch?v=9zDZcgeU1qU&t=1328s

 

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Lunes, 20 Noviembre 2017 08:40

El perro del hortelano

Miembros de la tribu mashco-piro, fotografiados en 2011 por Survival International, en la selva del sudeste peruano / Foto: Afp

 

 

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

 

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.


—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.


Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

 

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?


—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

 

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?


—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

 

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?


—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.
Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacios.

Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por actividades petroleras, por ejemplo.

 

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?


—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

 

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.

 

 

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Las vacas pastan en la ruta del gran canal

El filósofo contemporáneo Bernard-Henri Lévy señala entre las características principales de los regímenes populistas "la promesa de los milagros". Son promesas que nunca se cumplen y se quedan lejos de la realidad. El Gran Canal de Nicaragua es un ejemplo cabal de "promesa de milagro". Pero también lo es de ese sorprendente concepto de "hecho alternativo", ideado muy a principios de la administración Trump por la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway. El hecho alternativo no es más que una mentira disfrazada de verdad, o que sustituye a la verdad.

Desde el siglo XIX el Gran Canal ha sido parte del imaginario nicaragüense, como la gran panacea de la riqueza y la prosperidad, y revivirlo es alentar las esperanzas de la gente que divisa una puerta mágica para salir de la miseria y el atraso. Fabricar un espejismo es hacerse de un arma política.

Es lo que hoy se llama "posverdad" o "mentira emotiva", otro sorprendente concepto según el cual, para dirigir a la opinión pública hacia el sentido que el poder desea, o necesita, hay que apelar a las emociones y a las creencias personales que vienen a ejercer mayor influencia en las mentes que los propios hechos objetivos.

Hace pocas semanas el gobierno emitió el Libro Blanco sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua un catálogo completo de posverdades. En ese documento oficial se pone sello al hecho alternativo de que las obras de construcción se dieron por inauguradas el 22 de diciembre de 2014. Un "libro blanco" para un inexistente "elefante blanco" de 286 kilómetros de largo, y un costo de 50 mil millones de dólares, capaz de generar ingresos anuales por 5 mil 500 millones de dólares.

La ceremonia de arranque se celebró en el escenario virtual de una finca ganadera cerca de la desembocadura del río Brito, sitio escogido como salida del canal al océano Pacífico, y vecino al lugar destinado a uno de los juegos de exclusas que, según el guión, darán paso a los buques de 400 mil toneladas de peso, capaces de cargar 18 mil contenedores cada uno.

A comienzos del año 2020 los primeros barcos deberán estar pasando por allí, pues el canal, flagrante "hecho alternativo" estará construido en un plazo milagroso de apenas seis años, con legiones de chinos a cargo de los aspectos técnicos de la obra, y 50 mil obreros nicaragüenses ganando salarios nunca vistos. Hasta hoy, todos fantasmas.

El ministro de la presidencia para Políticas Públicas anunció que el Producto Interno Bruto crecería, sólo en los primeros años de la construcción, entre 10 y 14 por ciento anual. Pero el tiempo pasa, y esos primeros años febriles se disuelven en la bruma de una mentira colosal.

El Consejo Nacional de Universidades anunció cambios drásticos en los planes de estudio, que deberían incluir el chino mandarín, y nuevas carreras técnicas relacionadas con el Gran Canal, hidrología, ingeniería náutica. La agricultura debía orientarse a producir los alimentos preferidos por los chinos. Desde luego que "hecho alternativo" no es sino una manera de sustituir la vieja palabra "mentira", debemos reconocer al menos que estamos frente a un formidable aparato de imaginación.

En la ceremonia inaugural de las obras estuvo presente Wang Ying, el empresario de Pekín, dueño único de la concesión del canal otorgada por el decreto presidencial 840 del 14 de junio de 2013, y ratificada 72 horas después por la Asamblea Nacional. Despojado del saco, se calzó el casco amarillo de protección para arrancar simbólicamente la primera de las retroexcavadoras que lucían en fila, listas para empezar a abrir la gran zanja que partiría en dos a Nicaragua. Él es el personaje principal de la novela.

En ese mismo plazo de seis años, que ya pronto se vence, se hallarían funcionando también un oleoducto, un ferrocarril interoceánico de alta velocidad, una autopista de costa a costa, un mega aeropuerto para un millón de pasajeros, un puerto marítimo automatizado en cada extremo del canal, nuevas ciudades, complejos de turismo y zonas de libre comercio.

El "Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua", mejor conocido como tratado Ortega-Wang Ying, tiene una duración de 100 años. No establece ninguna obligación para el concesionario, más que un magro pago anual de peaje. Nicaragua renuncia a toda autoridad judicial, administrativa, laboral y de seguridad, migratoria, fiscal y monetaria en los territorios concedidos al canal, en favor de HKND, la compañía inscrita en Gran Caimán, propiedad exclusiva de Wang Ying.

El concesionario también puede confiscar las tierras privadas que necesite, y tomará las públicas sin costo alguno. Y las reservas del Banco Central quedan en garantía de cualquier incumplimiento del estado. Aquí la posverdad adquiere un sesgo peligroso: la mentira puede llegar a tener alcances reales.

Los campesinos pueden ser despojados de sus tierras, de las que son legítimos dueños, y el país puede quedarse sin reservas monetarias, mientras el tratado siga vigente. Y Wang Ying puede emprender cualquier tipo de obras en el territorio de la concesión. Puede venderla, entera o por partes.

Wang Ying, hecho alternativo él mismo, ideó la fantasía de sacar a bolsa las acciones de HKND para reunir los 50 mil millones de dólares del costo del canal. Pero en 2015 las acciones de Xinwei, su empresa de telecomunicaciones, sufrieron una caída de 57 por ciento, y su fortuna personal se derrumbó. Una sólida verdad de las de antes.

Lo que aquellas máquinas de Wang Ying hicieron en la finca de Miramar fue remozar un viejo camino rural de seis kilómetros de largo hasta la costa. Los equipos eran propiedad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, lo mismo que el casco amarillo que se puso Wang Ying. Posverdad pura.

Sobre el camino, otra vez abandonado, ha crecido el monte y en la época de lluvias es imposible de transitar debido a los lodazales. Unas cuantas vacas pastan allí donde hoy deberían estarse construyendo a ritmo febril las esclusas.

Medellín, octubre de 2017.

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Comunidades indígenas: blanco de tiro del Estado colombiano

Horas después de la masacre en Tumaco, entre los días 6 y 8 de octubre, las comunidades indígenas Embera Dóbida del medio Baudó en el Chocó y Kokonuko en el departamento del Cauca, sufrieron ataques por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares que acabaron con las vidas de líderes indígenas. Las acciones del Estado dejan claro el mensaje: el territorio no es para todos y con él se hace lo que el capital ordene.

 

Comunidad Embera Dóbida del Medio Baudó, Chocó

 

Aún sin digerir la noticia de la masacre perpetrada, según diversos testimonios, por la Policía en Tumaco –Nariño– el pasado 5 de octubre; 48 horas después se informó del asesinato del líder, ex gobernador y promotor de salud indígena, Ezquivel Manyoma del pueblo Embera Dóbida del resguardo Comunidad Dabeiba Queracito del municipio del Medio Baudó, Chocó. En la noche del 6 de octubre, Manyoma fue raptado de su casa y en la madrugada del 7 de octubre fue asesinado por grupos paramilitares presentes en la zona.

 

El pueblo Embera Dóbida ocupa buena parte del territorio chocoano, de acuerdo al censo del Dane de 2005, suman más de 37.000 personas, lo que lo hace un blanco evidente para los grupos paramilitares que pretenden tener el control total del departamento. La Mesa Indígena del Chocó expresó que con el asesinato de Manyoma, “no solo se acaba con la vida de un ser humano, arranca de nuestro territorio la sabiduría de un líder, conocimientos ancestrales que no se volverán a recuperar”. Con cada muerte, los pueblos indígenas mueren un poco más. Hasta el momento, el asesinato del líder indígena ha pasado sin mayores pronunciamientos, sin embargo, la comunidad exige al Gobierno que cumpla con la responsabilidad adquirida en el auto 004 de 2009, emitido por la Corte Constitucional, donde se protege y salvaguarda los derechos fundamentales de las comunidades.

 

Comunidad Kokonuko de Puracé, Cauca

 

“Los líderes estamos llamados a generar un clima de cordialidad, de armonía, de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, pero que un líder político propicie enfrentamientos entre diversos sectores de la sociedad, es muy peligroso para la democracia. Nosotros desde Kokonuko hacemos un llamado para que los líderes políticos de todos los orígenes y todas la orillas ideológicas, propicien un clima de cordialidad, de entendimiento, de tolerancia, de pluralismo entre la sociedad colombiana. En el territorio nacional podemos vivir todos, incluso entre diferentes, entre distintos, pero respetando los derechos de absolutamente de todos los colombianos”.

 

Esto dijo el ministro del interior, Guillermo Rivera el 27 de julio de 2017 en su visita a la comunidad indígena de Kokonuko, espacio donde el Gobierno se comprometió a la entrega de predios para el saneamiento y liberación de la madre tierra, proceso que lideran las comunidades indígenas del Cauca.

 

Tal parece que sus palabras fueron solo discurso y quedaron archivadas en el pasado. El 8 de octubre de 2017 fue asesinada la comunera y periodista Efigenia Vásquez mientras el Esmad desalojaba a su comunidad en Puracé, Cauca; también el indígena Jhon Yace, hijo de Alberto Yace dirigente del pueblo.

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se ha manifestado en contra de estos actos que atentan contra la vida de las comunidades indígenas del país. Hace llamados urgentes a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que se hagan responsables de las debidas investigaciones y así proceder jurídicamente.

 

Las comunidades indígenas y campesinas en Colombia, cada día más arrinconadas, parecen perder la batalla contra el capitalismo y el Estado, que poco a poco, y en silencio, llevan a cabo el más grande genocidio de la historia nacional, valiéndose de un diseño complejo de fuerzas armadas, de la ocupación y control de los territorios, todo ello a la sombra de la manipulación mediática que oculta o tergiversa estas realidades.

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