Emiliano Terán Mantovani: “Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio...”

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.


Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.


Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.


Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez. Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.


Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.


Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo, a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.


Esto supone además, una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.


Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en Santiago de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.


Una tendencia de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental, yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.


Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Paucachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.


Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis. Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones.

Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar. Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.


Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y por supuesto la arista social.


Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.


Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.


Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente...


Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.


Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.


El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.


Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?


Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.
Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.


Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.


Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela. Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.


Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.


Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.


E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.


Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial. Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.


Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente. Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.


Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.
Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.


Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.


Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.


Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yupka fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.


Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.


Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.


Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

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Los desafíos que enfrenta Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde mayo

El gobierno de Lenín aspira a seguir el proyecto del movimiento Alianza País. Sin embargo, la discrepancia pública con Correa y con el vicepresidente generó ruido mediático y un debate al interior del oficialismo.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cumplió 100 días en el poder en medio de expectación por las medidas económicas que pudiera aplicar, de compromiso en la lucha contra la corrupción, de llamado a un diálogo no excluyente y de pública discrepancia con su antecesor y ex aliado Rafael Correa.


“Estamos cumpliendo nuestras ofertas, no necesitamos 100 días para hacerlo. Cuento con ustedes para seguir trabajando y ustedes, cuentan conmigo para seguir transformando el país en la patria que todos anhelamos”, dijo Moreno en una alocución pública. En efecto, la mayor gestión del mandatario socialista, de 64 años, desde que asumió en mayo, fue el macroplan “Toda Una vida”, que busca construir más de 300 mil viviendas populares, favorecer los emprendimientos de empleo para jóvenes y dar seguridad, salud y bonos a los ancianos, entre sus rasgos prioritarios.


En paralelo, desde el primer día abrió un amplio diálogo con todos los sectores, incluso los que desde la izquierda y fundamentalmente desde la derecha confrontaron siempre a Correa. Por el Palacio pasaron industriales, comerciantes, indígenas, policías, militares, grupos sociales y líderes de todo tipo. Pero los primeros meses no estuvieron exentos de problemas que pusieron cuesta arriba su gestión: los casos de corrupción que alcanzaron a su vicepresidente, Jorge Glass, y una ruptura con Correa y otros líderes del movimiento oficialista Alianza País (AP) siembran dudas sobre el futuro del proyecto Revolución Ciudadana.


Corrupción es la palabra más escuchada en estos días, con una avalancha de delaciones de ex ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, que aseguran que funcionarios ecuatorianos recibieron 33,5 millones de dólares en sobornos para entregar contratos en tiempos de Correa. El ex director de Odebrecht en Ecuador Jose Santos señaló que Glas, que también fue vicepresidente de Correa y ahora se enfrenta a los tribunales, pedía dinero por cada contrato.


Moreno, quien prometió en la posesión “una cirugía mayor” contra la corrupción, lo despojó de funciones específicas y le quitó toda confianza.


“Lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted”, le dijo Moreno a Glas en un evidente deslinde con el que fuera hombre de confianza del anterior mandatario, del que también fue vicepresidente y ministro coordinador de Sectores Estratégicos. “Es preciso reconocer que el cambio permitió destapar la podredumbre del correísmo. La fresa del pastel fue congelar a Glas a la espera de que la Justicia haga su trabajo”, dijo el analista Carlos Arcos.


Glas asegura ser inocente y Correa le cree. Los choques entre el presidente y su antecesor pusieron en apuros a la agrupación oficialista Alianza País, dentro de la que comenzó una extraña convivencia entre críticos y seguidores de Moreno. Correa, un líder con mucho peso incluso ahora que vive en Bélgica, acusó a Moreno de no continuar con rasgos fundamentales de la Revolución Ciudadana y lo llegó a calificar de traidor y a proponer la formación de un nuevo partido.


Más compleja aún es la situación económica, que, según el nuevo gobierno, está al límite por irresponsabilidades de un ex mandatario que, por su lado, presume de que dejó “la mesa servida”. “La situación es crítica. Necesitamos mejorar las condiciones de financiamiento, generar mayores ingresos, aumentar nuestras exportaciones, el ingreso de dólares a la economía y fomentar la inversión privada”, evaluó Moreno. Aunque adoptó un paquete de iniciales medidas de austeridad, las más fuertes están anunciadas para septiembre, pero aún no se sabe cuaés serán sus características.


“Es importantísimo que exista democracia, libertad y se combata la corrupción. El gran problema es lo económico, petróleo bajo, deuda grande, economía paralizada, empleo que se pierde, eso es lo que hay que atacar”, afirmó un referente de la derecha, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Pero el analista Pablo Zambrano destacó que Ecuador no está en la situación desesperante de Venezuela. “La economía pasa por un proceso de recesión que tiene que ver con la caída de la producción, el empleo y el consumo”, relativizó. Los números rojos son subrayados por analistas como Walter Spurrier, quien los justifica por situaciones externas: “El país perdió cerca de seis mil millones de dólares anuales por la caída del precio del petróleo y alrededor de cinco mil millones en rentas fiscales”.


En lo internacional, aunque está en construcción la nueva política, Moreno condenó la violencia y la existencia de presos políticos en Venezuela, lo que podría ser el inicio de un lento cambio en el respaldo irrestricto de Quito a Nicolás Maduro. Con Colombia, entretanto, ratificó el compromiso de ser garante y anfitrión de diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN.


Moreno, atado a una silla de ruedas por un disparo de asaltantes que le dejó parapléjico hace 19 años, goza por ahora de amplio respaldo popular, alrededor de un 80 por ciento según todas las encuestas. Aunque los analistas coinciden en que es pronto para saber qué pasará cuando empiece a aplicar medidas concretas en un marco de dificultades económicas y de desconfianza por escándalos de corrupción que vienen del período anterior.

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Evo Morales retira la protección a un territorio indígena para construir una carretera

Diputados del partido oficialista boliviano suspenden la ley de protección especial al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)
OtrosEl Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista boliviano, retiró la protección a un territorio indígena y parque nacional que el presidente Evo Morales había concedido en 2011 empujado por las presiones de una parte de sus habitantes.

 

Seis años después, en el proceso de legislación quizá más rápido de la historia del país, la mayoría de los diputados suspendió la ley de protección especial ("intangibilidad") de que gozaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), situado en el centro del país y habitado por varios grupos étnicos originarios, que la "conquistaron" con una marcha que se sobrepuso a la represión policial, arribó a La Paz y fue recibida por Morales en el palacio de gobierno.


Entonces, presionado por la gran resonancia nacional e internacional que había adquirido la oposición de los indígenas a la carretera que el presidente boliviano (él mismo indígena, pero proveniente de otra área del país) quería construir atravesando el Tipnis, Morales aceptó darle al parque la condición, inédita en la legislación ambiental boliviana, de "zona intangible", es decir, de reserva absoluta.


Fue una concesión a regañadientes. Evo pronto volvió a la carga con su proyecto original, que es la construcción de una carretera entre El Chapare, donde el presidente ha vivido la mayor parte de su vida, y el departamento de El Beni. El Gobierno ha defendido este camino como una obra fundamental para completar la vertebración del país, pues los departamentos de Cochabamba, en el centro, y El Beni, en el oriente, no tienen aún una conexión carretera.

FERNANDO MOLINA
La Paz 4 AGO 2017 - 20:14 COT

 

 

 

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"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua"

Hablamos con Ruth Chaparro, cuya organización trabaja con el pueblo wayúu en la Guajira, donde en los últimos cinco años han fallecido más de 5.000 niños de desnutrición por la sequía
"Son décadas de exclusión. Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las escuelas son inexistentes y tienen miedo al hospital", denuncia

Desde hace algún tiempo, los bolsos confeccionados por los indígenas wayúu inundan las tiendas de artesanías de la costa Caribe colombiana. Se reconocen fácilmente por sus colores vivos, sus estampados con formas geométricas y su acabado de croché, y se han convertido en uno de los complementos de moda para locales y turistas.


Ruth Chaparro, sin embargo, solo puede pensar en las manos que los cosen en la Guajira, al norte del país, a cambio de unos pequeños ingresos para sobrevivir. "Es muy fácil encontrar mochilas wayúu en cualquier lugar del mundo, hay una sobreoferta. Y que haya mochilas por todas partes es la señal de que la situación del pueblo wayúu es muy grave: cuanta más hambre tienen, más tejen. Tejen, tejen y tejen", comenta en una entrevista con eldiario.es.


Nacida en Bogotá, lleva más de 30 años trabajando con pueblos originarios de Colombia. Su organización, Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que colabora con Manos Unidas, ha recibido esta semana el premio Bartolomé de la Casas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, por su "constante trabajo de fortalecimiento de la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas".


Chaparro habla con elocuencia, un tono sereno que abandona cuando explica la "grave" desnutrición que amenaza al pueblo wayúu, el más numeroso del país. Entonces gesticula contrariada y se vuelve mucho más categórica. "Los indígenas wayúu están en riesgo inminente de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas, por falta de agua y alimento", alerta.


Más de 5.000 niños han muerto de hambre


En los últimos cinco años, las autoridades indígenas calculan que más de 5.000 niños menores de dos años han muerto de hambre en la Guajira, un territorio rico en recursos como el gas y el petróleo y habitado desde hace siglos, en su mayoría, por la población wayúu. Un desierto a orillas del Mar Caribe donde hace más de seis años que no cae ni una gota.


"El cambio climático es una realidad. Antes, siempre llovía una o dos veces al año. La gente sembraba, producía lo que necesitaba para comer y sus hijos podían beber agua. Ahora, con la sequía, quedaron sin agua. Sin agua no hay alimento y sin alimento no hay vida", argumenta Chaparro.


La desnutrición crónica afecta al 27,9% de los niños y niñas menores de cinco años de la región, según cifras de las ONG, más del doble que la media nacional. "Son niños que no levantan la mirada del suelo. Que no tienen uñas ni cabello. Que han perdido el 100% de la masa muscular. Niños que ya no lloran porque no tienen lágrimas, porque están totalmente deshidratados. Que ya no se quejan, porque cuando el dolor es extremo, ya no se siente", describe.


"Las mujeres tienen que amamantar a tres o cuatro hijos porque no hay comida. Y las embarazadas sufren niveles de desnutrición asombrosos. Tienen la piel reseca, el cabello destrozado. Su angustia es enorme porque si no beben agua, según su tradición, los niños pueden nacer con problemas", prosigue la cooperante. Cuando los niños mueren, es el momento del 'movimiento de las mantas negras'. En un ritual de duelo colectivo, las mujeres wayúu, vestidas de luto, lloran su muerte y protestan entre ataúdes que simbolizan las miles de vidas que se ha llevado el hambre en la Guajira.


Con su organización, Chaparro recorre el desierto en búsqueda de menores para tallarlos y pesarlos e ingresarlos si es necesario en un programa de recuperación basado en el tratamiento con Ekúlüü süpúla waín, que significa 'Alimento de vida'. Las mujeres de la comunidad tuestan y muelen las semillas de maíz y frijol, y los mezclan con hojas de moringa. El resultado, aseguran, es una multimezcla con un alto valor nutricional que provoca que los niños suban de peso con rapidez.


Es la única solución a corto plazo. "Denunciamos los casos a las autoridades. El sector público es más lento en su respuesta, así que si no hacemos algo muchos van a morir", sostiene. Ahora, solo esperan poder tener acceso al agua para empezar a cultivar sus semillas y, así, regenerar el ecosistema que se ha secado y recuperar su soberanía alimentaria. También llevan a cabo formaciones con las autoridades indígenas para que conozcan y ejerzan sus derechos.


"Solo así no se genera mendicidad. El paternalismo es perverso. Tienen derecho a la tierra, al agua y a producir su propio alimento. Regalarles cosas no ayuda. A veces les mandan ropa vieja y para el frío, cuando es un clima cálido. O recolectan juguetes para los niños, o les instalan un panel solar. Si ellos piden agua, ¿por qué no les damos agua? No les demos lo que no nos están pidiendo", reclama.


"Corrupción, racismo y desigualdad"


Pero detrás de esta falta del bien más básico está también la mano del hombre. Chaparro no duda y, además del cambio climático, apunta a las empresas extractivas de la zona como responsables de que varios arroyos del territorio se hayan secado. "Hay una gran extracción minera del carbón y hay estudios que demuestran cómo la empresa alteró las dinámicas del agua", señala.


"La Guajira no es pobre. Tiene hidrocarburos, energía eólica, sal. El PIB en la región subió muy por encima de la media nacional, sin embargo el 97% de las necesidades básicas están insatisfechas. ¿En manos de quién quedó esta riqueza?", se pregunta. "Hay una corrupción administrativa muy dolorosa. Muchos dirigentes han sido investigados y están en la cárcel. Soñamos con que los corruptos se desmovilicen", esgrime la cooperante.


Así, la sed y el hambre que amenazan a la árida Guajira son solo la punta del iceberg de lo que considera "décadas de exclusión" de los cerca de 300.000 wayúu que habitan en Colombia. "Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las e scuelas son prácticamente inexistentes. Muchas veces llegan a un hospital y como no tienen los papeles, no los atienden. Los turnos para que los reciban son vergonzosos, la atención no es bilingüe", explica en referencia a la fuerte presencia de su lengua, el wayuunaiki. " Por eso prefieren morirse en la casa. Le tienen miedo al hospital, a cómo les atienden", continúa.


"Deje que las yucas y las piñas hablen por mí"


FUCAI también trabaja con los pueblos ticuna y yagua en la Amazonía, en la frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Se trata, explica Chaparro, de comunidades históricamente expoliadas en las que había comenzado a reinar el monocultivo. "A principios del siglo XX los convirtieron en esclavos para que el caucho llegara a Europa. Murieron 70.000 indígenas. Durante el conflicto entre Colombia y Perú, muchos fueron deportados y quemaron sus cultivos para que no tuvieran la tentación de regresar. Cuando regresaron solo pudieron recuperar pocas especies", relata. También, dice, tenían problemas de desnutrición.


Ahora han logrado sembrar con ellos más de 190 especies amazónicas. Entre ellas, frutas de todo tipo, casi desconocidas para el resto del mundo, como e l copoazú, el arazá o el camu-camu. "Quieren i r más allá de las palabras. Un anciano decía: 'Deje que las yucas y las piñas hablen por mí. Yo quiero un discurso que se pueda comer'. Volver a la tierra da fuerza y autoridad moral", señala Chaparro.

 

Además de recuperar las semillas y los suelos de la "exuberante" selva amazónica, promueven la cocina nativa. "No tienen que comprar nada porque todo lo produce la tierra. Viven de lo que siembran y es una cocina sana, variada y suficiente", indica.
"El mayor logro es que tras 500 años sigan vivos"


En pleno proceso de construcción de paz tras los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, la aspiración de Chaparro es que los otros problemas del país puedan recibir la atención que se merecen. "El terrorismo se llevó toda la atención y todo el presupuesto, por eso no pudimos ver la corrupción, la desigualdad y la pobreza extrema. Ahora, estos problemas podrán pasar a un primer plano para poderlos resolver", opina.


Desde su Constitución de 1991, Colombia se reconoce como un país con diversidad étnica y cultural. Desde entonces, para la cooperante, los logros han sido varios, sobre todo en relación al reconocimiento de derechos territoriales y a un Gobierno propio. "Es un paso importante, pero también un reto. Con todos los intereses que hay sobre esos territorios, la lucha debe ser permanente. Debemos estar alerta para que sean protegidos", opina.


Sin embargo, a su juicio, el mayor logro de todos es "que después de más de 500 años sigan vivos". Siglos después, dice, "no hemos aprendido la lección. La arrogancia de Occidente sigue intacta, en nombre del desarrollo se sigue arrasando con pueblos enteros", recuerda. Y añade: "El logro también es que permanezcan con una visión distinta". "Son culturas que no acumulan, que no producen toneladas de basura ni contaminan, que respetan a sus ancianos y dedican tiempo a sus hijos. No pueden desaparecer. En el fondo creo que incomodan porque nos están diciendo con su manera de vivir muchas cosas", concluye.

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“Irrumpiremos en su fiesta electoral”

 UN VERDADERO PROYECTO DE IZQUIERDA “ES AQUEL QUE REALMENTE DERRIBE TODAS LAS ESTRUCTURAS IMPUESTAS DESDE ARRIBA Y QUE ATIENDA A LA VOZ DE ABAJO Y A LA ORGANIZACIÓN.
Y QUE EL QUE ESTÉ ARRIBA OBEDEZCA AL PUEBLO. ASÍ DE SIMPLE”

 

No se repartirán despensas ni promesas. No se pedirá el voto ni se buscará el poder. Pero sí se irrumpirá en las elecciones presidenciales y se les aguará la fiesta a los poderosos con la organización de los pueblos de abajo, explica María de Jesús Patricio Martínez, nahua elegida como vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) quien, con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), participará en la contienda presidencial de julio del 2018.


Sus aliados, dice, no los buscarán en los partidos políticos “porque ellos ya tienen su propósito”. Los suyos, continúa, “serán la gente de abajo que ha luchado por años y sobrevive al despojo capitalista. Ellos son los aliados inmediatos y se sumarán los que se articulen sobre el mismo caminar”. Aclara que no serán sólo indígenas, sino estudiantes, obreros, campesinos, maestros, mujeres, jóvenes, “todos los que se sientan fuera de este sistema que nos oprime”.


Han pasado casi dos meses desde su elección en la asamblea del CNI celebrada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la vida le ha cambiado por completo a esta mujer de 53 años que recorrerá el país convocando a su reconstrucción. A Tuxpan, Jalisco, su comunidad natal y en la que ha ejercido la medicina tradicional en las últimas décadas, han llegado periodistas de México y de muchas partes del mundo y ella, entre entrevista y entrevista, atiende las reuniones de su vocería, a sus tres hijos, y los relevos de la clínica comunitaria que pronto dejará para ocuparse de tiempo completo en sus nuevas responsabilidades.


María de Jesús, conocida simplemente como Marichuy, es fundadora del CNI, red de pueblos, naciones, tribus y pueblos indígenas de México convocada por el EZLN en 1996, y ha participado activamente en cada una de sus iniciativas. Mujer, indígena y pobre, carga esta triple opresión con dignidad y rebeldía. Está preparada para lo que se viene pues, dice, su lucha es precisamente por la vida.


La idea de la campaña, explica en entrevista telefónica con Ojarasca, “no es ir a ver a la gente para que vote, sino poner en la mesa a nivel nacional lo que realmente está pasando en las comunidades, lo que el gobierno capitalista no quiere escuchar, pues sólo piensa en el despojo para su enriquecimiento a cambio de la división de las comunidades, la represión, el encarcelamiento y la desaparición”.


Marichuy es enfática: “No vamos al proceso electoral para ocupar un puesto, pero los pueblos ya se cansaron y queremos manifestar de esta forma todo lo que hay abajo. No nos han querido escuchar y por eso irrumpiremos en su fiesta para hacernos visibles”. También, profundiza, “es un llamamiento a la organización para derribar el sistema capitalista que está acabando con las aguas, los árboles, los animales, el territorio y la tierra”.

Sus diferencias con los partidos políticos son claras. Para empezar, dice, “los partidos hacen campañas para llegar a la presidencia, llevan despensas y hacen muchas dádivas, se van comprometiendo para atender las situaciones de las comunidades o lugares a los que se presentan, pero no cumplen”. En cambio, aclara, “lo que propone el CNI es la organización desde abajo y, más que acumular votos para obtener el poder, articular todas las fuerzas que están abajo, el poder denunciar lo que está pasando en las comunidades, el proceso de despojo que se va teniendo progresivamente. Por eso nuestra participación es diferente, porque será de denuncia, de organización, de articulación, de dar a conocer todo lo que está realmente está pasando en las comunidades y en los barrios”.


Sobre el proyecto de nación y sus propuestas de gobierno, María de Jesús afirma que “será muy diferente a lo acostumbrado, donde los partidos ya tienen diseñado el programa. Nosotros los haremos con la participación de la gente, serán las mismas comunidades las que van a exponer sus problemas. Quién mejor que ellas para contar sus problemas y sus necesidades. Pero no partiremos de cero, pues damos este paso con la final de destruir este sistema que está acabando con todos: ése es nuestro objetivo”.


Será el Concejo Indígena de Gobierno, órgano conformado por 42 hombres y 31 mujeres de 17 estados y 23 pueblos indígenas del país, el que participe en el proceso y recoja las propuestas de la gente. “El CNI propuso un Concejo, no a una persona. El Concejo será mandatado desde las mismas comunidades por asambleas para proponer a dos miembros, un hombre y una mujer de las 93 regiones diseñadas. Yo soy la vocera, seré la voz de ellos, pero ellos son el candidato. Son un candidato colectivo, pero como no se puede registrar así pues eligieron una vocera”.


La vocera indígena especifica que el proyecto surge de los pueblos indígenas, “pero es para todos los sectores de la población, los no indígenas. Es para todos aquellos que sientan que también están siendo exterminados o que también les afecta el proyecto de muerte del gobierno. Incluye a todos los que quieran sentir que también es su espacio y que pueden participar dentro de él junto con los pueblos para construir un México diferente”.

Es una propuesta “para la sociedad civil organizada o no, para todos los que vean que este México se está despedazando y que necesitamos trabajar juntos para articular las fuerzas y reconstruir el país. Hablamos de estudiantes, mujeres, jóvenes, obreros, campesinos que se sientan parte del proceso”.


–¿Y si ganan?


–No se trata de ganar o no. Ellos tienen su cochinero. Los pueblos pensamos que tenemos que hacer algo y éste es el momento de irrumpir y de hacernos escuchar, que sepan que lo que se dice no es lo que están haciendo en las comunidades. La intención es desacomodar el tablero que tiene el poder ya diseñado, porque entre ellos ya tienen planeado quiénes quedan y al final no hay respuesta o interés en proteger a las comunidades. Nos toca entrar en su fiesta para echárselas a perder, no para acabar como ellos”.


Respecto a la reacción de rechazo de la izquierda partidista a su candidatura, Marichuy señala que “en el panorama electoral no hay izquierda”. Pero, aclara, “nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontación. Lo que hemos dicho es que voten o no voten, se organicen”.
–¿Qué sería un verdadero proyecto de izquierda?


–Aquél que realmente derribe todas las estructuras impuestas desde arriba y que atienda a la voz de abajo y a la organización. Y que el que esté arriba obedezca al pueblo. Así de simple.


María de Jesús Patricio es una sanadora. Cuenta en la revista Tukari que su vocación viene desde pequeña “cuando observaba cómo las mujeres mayores, entre ellas mis tías y mi abuela, curaban a los enfermos de susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad o canícula. Mi tía Catarina, por ejemplo, hacía las limpias con plantas y preparaba ungüentos que esparcía por todo el cuerpo de los enfermos”. Fundadora del espacio de sanación Casa de los Antepasados de Tuxpan, actualmente prepara a las compañeras que se quedarán en su lugar para continuar con el uso de la medicina tradicional en la región.


Para ella llegan otros tiempos. Además del despojo territorial a los pueblos, Marichuy refiere que el Concejo “está contemplando todos los asuntos de violaciones a los derechos humanos del país, las desapariciones, los normalistas de Ayotzinapa, los asesinatos de periodistas, todo”. Se trata, dice, de situaciones en las que “el poder está aliado y afianzado con la policía, el crimen organizado, el ejército, y desde abajo no podemos esperar a que nos resuelvan algo porque por años no nos han resuelto nada. Si no hacemos algo nosotros, dejaremos que ellos sigan haciendo y deshaciendo”.


Específicamente, refiere la vocera, “el tema de las desapariciones en México es muy alarmante, son 30 mil aproximadamente, pero son los que sabemos. Son más, cada vez desaparecen más. Sale uno a la esquina y no sabe si va a regresar, o ve que la policía habla con el crimen organizado. Es muy descarado todo, están muy bien aliados. Lo que nos hace falta es unirnos a nosotros porque si no lo que se viene será peor. Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa han estado en algunas reuniones del CNI y han manifestado el apoyo. Tienen esperanza y saben que nos tenemos que apoyar todos para hacer algo juntos”.


En cuanto a los asesinatos de periodistas, tema en el que no se han pronunciado hasta el momento ninguno de los posibles candidatos a la presidencia, Patricio Martínez afirma que “a los que están desenmascarando este cochinero los quieren callar o ya los están callando porque son la voz de algunos lugares de la realidad. Van quitando, asesinando, a los que se atreven a decir las cosas”.

La violencia contra las mujeres se incrementa, señala: “A las que se atreven a alzar la voz o a hacer algo por los demás también las callan, no sólo en las comunidades, también en la ciudad. Va parejo, no sabemos quién está exenta. Por eso debemos trabajar juntas”, considera.


Marichuy se define como “una mujer que está en contra del patriarcado”. Señala que “es necesario que la mujer alce la voz y participe en la misma organización de la comunidad porque los problemas que se tienen no sólo recaen en el hombre, sino también en la familia.


–¿Eres feminista?


–Me considero una mujer que no está de acuerdo con el sistema que nos destruye a las mujeres, pero no sé cómo se llamaría eso. Tal vez una feminista comunitaria.
Durante el anuncio de su elección como vocera, el Subcomandante Moisés, vocero zapatista, se colocó de pie, discreto, detrás de su silla. Para ella esto “representa el símbolo de la mujer, que ahora ella irá al frente. Y también que el EZLN irá atrás y el CNI adelante”.

Los pasos a seguir. En octubre es la cita siguiente del Concejo Indígena de Gobierno. Se reunirán nuevamente en Chiapas y desde ahí darán a conocer su próximo plan de actividades “para caminar juntos por todo el país”. Por lo pronto, explica la entrevistada, hay una comisión encargada de los requisitos para participar en el proceso electoral, específicamente el registro de la candidatura independiente. “Se habla de que necesitas un millón de firmas. Nosotros consideramos que no tendremos problemas porque hay mucha gente inconforme y organizada dispuesta a apoyar”.


Los recursos económicos para recorrer el país y organizar las firmas “vendrán de los propios pueblos”. María de Jesús explica que “así como nos organizamos para las fiestas, así nos organizaremos para esto, muy al estilo de los pueblos y de los zapatistas que han estado siempre participando desde hace más de 20 años”.
Sobre el papel del EZLN en el proceso, señala que “los zapatistas son considerados los hermanos mayores. Su palabra es muy valiosa dentro del Concejo y ellos respaldan la iniciativa”.


Fuera del mundo indígena, quizás es en los jóvenes en los que la iniciativa encuentra mayor eco. “Se siente su energía para participar en algo distinto. Preguntan cómo pueden apoyar y participar, los indígenas y no indígenas. Y nosotros les decimos que llegará el momento que les diremos cómo pueden incorporarse a la campaña y a la organización de los pueblos”.


Mientras tanto Marichuy, los y las concejales, el resto del CNI y los zapatistas preparan la asamblea de octubre. Se tratará, dijeron en mayo, “de desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra”.

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Hoy anuncian quién será la candidata indígena independiente para 2018

San Cristóbal de Las Casas, Chis.


El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) instalaron ayer la asamblea para elegir el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y a su vocera, que participará como candidata independiente en las elecciones nacionales (presidenciales) de 2018.


En la reunión participan 848 delegados y concejales de 58 pueblos indígenas del país y la comandancia general del EZLN, encabezada por los subcomandantes Moisés y Galeano.


El encuentro se lleva a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci-Unitierra), donde se abrieron tres mesas de trabajo para tratar los propósitos y las estrategias del CIG, su funcionamiento y organización, así como su vinculación con otros sectores de la sociedad civil.


El CNI informó que a la una de la tarde del domingo se darán a conocer a los integrantes del CIG y a su vocera; a la reunión tendrán acceso los medios de comunicación que así lo deseen.


El CIG se integrará con dos concejales, preferentemente hombre y mujer, por cada una de las regiones indígenas participantes en el CNI mencionadas en la convocatoria, con excepción de los pueblos residentes en las zonas metropolitanas de México y Guadalajara, en cuyos casos se nombrará a un concejal por pueblo.


Además, representantes de pueblos originarios de Estados Unidos, Guatemala y Chile asisten como observadores.
A la entrada del auditorio fue colocado un juego de ajedrez con figuras de madera de zapatistas contra los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto. Al primero le escribieron en la parte trasera la frase “kick me” (patéame) y al segundo le colocaron orejas de burro.


El juego está junto a una pared en la que escribieron: Abajo los muros. En el juego de ajedrez algunas figuras sostienen un balón de futbol, lo mismo que hicieron en el presídium comandantas zapatistas.


La inauguración se realizó a las 12 horas.

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Sábado, 27 Mayo 2017 09:32

Libertad y alegría con Uma Kiwe

Libertad y alegría con Uma Kiwe

Este es un resumen del “manifiesto” del proceso de Liberación de la Madre Tierra, llevada a cabo por los indígenas del pueblo nasa en el Norte del Cauca. En él, a través de sus propias palabras, nos comparten el sentir y el significado de su lucha –el periódico desdeabajo se solidariza con su lucha, sabiendo que la consecución/consolidación de la paz pasa por la construcción de una verdadera reforma agraria que toque la gran propiedad. Para el caso del pueblo Nasa, una particularidad de ello es el cumplimiento con los acuerdos incumplidos por el Estado firmados como producto de la masacre de El Nilo en 1991.

 

No descansaremos hasta verla en libertad

 

“Venimos siendo los hermanos, las hermanas, las amigas, los parceros, los sobrinos, la comunidad, la tierra donde se sembró su ombligo hace 20 años. La continuación de la lucha de Guillermo Paví Ramos, padre e hijo, de Javier Oteca asesinados en las fincas de liberación; la familia de los veinte de El Nilo masacrados, la parentela de los trece de Gualanday masacrados, los ocho de San Pedro, masacrados, los cien de El Naya, masacrados, y los cinco de López Adentro, masacrados [...]; la familia de Cristóbal, de Marden, de Benjamín, de Álvaro Nasa Pal, asesinados [...]; la tribu de Anatolio; la descendencia de cientos de hombres y mujeres que cayeron liberándola, genocidiados; la siembra de Quintín Lame, de Juan Tama, de La Gaitana y sus veinte mil guerreros que enfrentaron la primera arremetida.

 

Las comunidades de Munchique, Huellas, López Adentro y Corinto; asentadas en las fincas de Quitapereza, Los Mangos, La Emperatriz, Canaima I, II y III, La Albania, Quebrada Seca, Miraflores, García Arriba, García Abajo, Caucana, Cultivos, Granadita, Vista Hermosa, San Luis Abajo y las que vienen. Unas de Incauca, otras al servicio de Incauca.

 

Somos comunidades del consejo regional indígena del Cauca, Cric, caminando su plataforma de lucha: liberar la tierra, ampliar el territorio, no pagar terraje... Y venimos, a 26 años del duro golpe de la masacre de veinte hermanos y hermanas en El Nilo y su siembra en esa tierra liberada, y a dos años de haber ocupado nuevamente estas fincas, a contarles de dónde nace eso de liberar la Madre Tierra, de quiénes, para qué, cómo lo estamos haciendo y qué sigue”.

 

Un poco de historia: Esperamos, aprendimos, volvimos

 

“Las tierras que hoy ocupamos, las fincas en proceso de liberación, son nuestras. Estamos aquí porque son nuestras. Sino no estaríamos. Claro que las escrituras figuran a nombre de otros dueños y eso es lo que confunde. Hace muchos años estos valles eran tierra y hogar de nuestros pueblos que vivían en esta región que hoy se llama sur occidente de lo que hoy se llama Colombia. Vivían a lo bueno, dedicados a comer, beber, mascar, ofrendar, tejer, danzar... Un día de 1535 llegó la Conquista. Una noche nos acostamos nasa y amanecimos “indios”, así como muchos otros pueblos amanecieron esclavos, terrajeros, asalariados etc. Empezó la explotación de nuestra tierra, que se convirtió en teatro de operaciones. Desde entonces no tenemos paz ni descanso.

 

Aquí seguimos nuestra agenda con veinte hermanos y hermanas que la encabezan. Van adelante levantando una bandera verde y roja. ¿Los ven? Sabemos andar porque hay compañeros y compañeras que van adelante. La Constitución del 91 no nos iba a encandelillar para siempre. Nos frotamos los ojos y, como dijimos, nos levantamos por la libertad de la Madre Tierra entrando en La Emperatriz el 2 de septiembre de 2005, después de 14 años de letargo. Esta finca es emblemática porque desde allí se planeó y desde allí salió el operativo militar que nos quitó a los Veinte. 11 días después, logramos que el gobierno firmara un convenio por 20 mil millones de pesos para compra de tierras. Pero es que son caripelaos, marrulleros, tramposos, morrongos. Incumplieron, como han incumplido otros 1.200 acuerdos. Al pueblo nasa, por ejemplo, nos han incumplido, entre decenas, la reparación por la masacre de Veinte, que cumple 26 años.

 

Al perro no lo capan dos veces. El 14 de diciembre de 2014 un grupo de comuneros y comuneras, sin más título que 476 años de andar arisco y miles de años de memoria silvestre, entramos en cuatro fincas, dos de ellas de Incauca, ahora hay muchas más. La palabra nasa, que tanto tiempo ha aguardado para hablar, ahora levanta la mano, sin soltar la honda, y dice: ¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Reforma? No, lo nuestro es el wët wët fxi’zenxi (Buen vivir)”.

 

La tierra en Colombia. Que hablen los números

 

  • “Colombia tiene cinco millones de hectáreas entregadas en concesión para minería. 25 millones de hectáreas van que se las pelan para allá mismo porque tienen solicitud minera. Las tierras pretendidas para minería abarcan nuestros territorios.
  • Del total de la tierra en Colombia, el 0.4% de los propietarios es dueño del 41.1% de la tierra (según el último censo agrario).
  • Más de 6 millones y medio de hectáreas fueron despojadas por violencia en los últimos 20 años. La cosecha de la violencia paramilitar fue la tierra que luego convirtieron en monocultivos, por ejemplo de palma aceitera.
  • El 70% de la comida que comemos en Colombia viene de pequeños propietarios. Claro, si los grandes propietarios dedican la tierra a monocultivos de caña, soya, palma aceitera y ganadería extensiva. Las vacas tienen más tierra que la gente: dos hectáreas por vaca.
  • Las comunidades del pueblo nasa del norte del Cauca somos 111.642 habitantes, agrupados en 24.119 familias, en 20 territorios indígenas. Si de tierra hablamos, contamos con 206.288 hectáreas. De estas tierras, el 82% (169.156 hectáreas) son reserva forestal sirven para dejar crecer el monte y los animalitos nomás. Solo el 18% (37.132 hectáreas) son aptas para actividades agropecuarias. La falta de tierra es el dolor de cabeza de Uma Kiwe. Traducción: el escaso acceso a la tierra desequilibra los ecosistemas y genera crisis múltiples en el Planeta Tierra.
  • La mayor parte de la tierra plana del norte del Cauca está sembrada de caña, unas 250.000 hectáreas en la región, para producción de azúcar y agrocombustibles. Los ingenios azucareros consumen 25 millones de litros de agua por segundo”.

 

Cómo lo estamos haciendo

 

“Nuestra vida en la liberación es una fiesta. Consiste en el sencillo oficio de cortar la caña para sembrar comida. Desde que entramos en las fincas hemos cortado muchas, muchas hectáreas del monocultivo de miles de hectáreas de caña que están sembradas en el norte del Cauca para producir azúcar y combustible.

 

Hemos sembrado muchas, muchas hectáreas de comida: maíz, fríjol, yuca, plátano, zapallo. Esperamos a que el dueño aliste el terreno y entonces entramos a la siembra. Algo hemos cosechado. La gran mayoría de las siembras a punto de cosecha han sido destruidas en operativos gigantescos, propios de un teatro de operaciones tipo Avatar, que combinan fuerzas en tierra con ejército, carabineros, tanquetas, policía antimotines –Esmad– y maquinaria destructora y fuerzas en aire con helicópteros militares. Es increíble que una mazorca de maíz genere tanto miedo en las altas esferas. Desde allí envían emisarios o razoneros a negociar nuestra retirada mientras planean los desalojos y las fumigaciones con glifosato, la nueva estrategia. Así que Monsanto-Bayer no se queda por fuera de la película. Ofrece proyectos, “tratos razonables”, “hablar como gente civilizada”. Respuesta: Gente civilizada somos. Por eso liberamos la Madre Tierra.

 

Hemos hecho reuniones con comunidades campesinas y afrodescendientes para debatir y acordar. Hemos logrado acuerdos y vamos haciendo mingas conjuntas. Vamos a ir convocándonos y juntándonos. Sumando fuerza para liberar juntos. Si hay oídos receptivos seguimos andando. Si no, seguimos andando.

 

En los últimos meses el aparato paramilitar se mueve en la región. Ya han hecho varios intentos de golpear el proceso de liberación de la Madre Tierra. Así mismo las guerrillas van moviéndose, nosotros no apoyamos más que a nuestra madre liberada, no sabemos muy bien lo que viene, pero sabemos que no es la Paz”.

 

Lo que vamos a ir haciendo:

 

“Por nuestra parte, como la liberación va para largo, vamos a mantenernos ocupados. Lo que sigue es lo que vamos a hacer. Por ahora lo nombramos. En su momento, daremos detalles de cada uno. Cada acción, cada paso, son zancadas para alcanzar el sueño de liberar la Madre Tierra. Van:

  1. Vamos a entrar en otras fincas. Y en todas vamos ir cortando y sembrando para devolverle la alegría a la Tierra.
  2. Vamos a hacer una minga de recorrido por el territorio. El territorio es el mundo. En cada sitio vamos a ir desalambrando y desalambrándonos. Contando, tejiendo.
  3. Vamos a hacer un encuentro zonal de liberadores y liberadoras.
  4. Vamos a hacer una escuela, una telaraña de comunicación para tejer a lo lindo: una minga de comunicación.
  5. Vamos a hacer una escuela para la pedagogía de la liberación, convocando gente y movimientos y procesos que anden en las mismas para desalambrarnos en montonera. Y para tejer a lo lindo.
  6. Vamos a hacer un encuentro de liberadores y liberadoras de la Madre Tierra convocando a gente, movimientos y procesos que anden en las mismas en Abya Yala. Para contarnos, para tejernos.
  7. Vamos a hacer la marcha de la comida, vamos a compartir la cosecha de la liberación con gente arrinconada en barrios pobres que el capitalismo ha ido creando en las ciudades.

 

Una cosa queda clara. Son varias pero es una sola:

 

No vamos a salir de las fincas. No vamos a negociar proyectos o a recibir nada distinto que no sean las fincas que ahora ocupamos. Este es un proceso autónomo de las comunidades caminando los puntos de lucha del Cric. Estamos acompañadas de nuestros cabildos. Los puntos de liberación caminamos de la mano. No vamos a dejar que nos dispersen. No tenemos voceros externos, nosotras y nosotros mismos nos voceramos. Y vamos a estar pendientes de que nadie se aproveche de este proceso. El sudor y las ampollas, la herida de José, el bebé de Milena, el pacto de Julia, los tuertos y mutilados, los compañeros y compañeras judicializados, los muertos y sus familias nos hablan patente: que nadie negocie con nuestra lucha.

 

No tenemos afán. Cuando llegue el momento de “negociar” será dentro de las fincas y el único trato aceptable será su libertad. Ese día ya no serán fincas, serán Uma Kiwe”.

 

https://liberaciondelamadretierra.org/libertad-y-alegria-con-uma-kiwe/

 


 

Recuadro


La “Fuerza Pública”, al servicio del capital

 

Una vez más, ¿hasta cuándo? El pasado 9 de mayo en la hacienda Miraflores de Corinto, Cauca, los indígenas nasa fueron víctimas de un atentado más por parte de la Policía Nacional. Mientras 4.500 mingueros realizaban un ejercicio de liberación de la madre tierra, tres camiones con policías fueron movilizados y acto seguido algunos de sus ocupantes accionaron sus armas en contra de los indígenas.

 

Daniel Felipe Castro Basto, joven de 16 años de edad, perdió la vida luego de ser impactado en el cuello por una de las balas con que trataban de intimidarlos y expulsarlos de las tierras ocupadas; también fue herido Pedro Augusto García Leal, periodista independiente colaborador de medios alternativos como El Turbión, Agencia Prensa Rural y Rebelión.

 

¿Cuál fue la justificación del ataque? Según el comandante Trujillo de la Policía, los mingueros eran miembros del Eln y estaban armados. Una y otra vez, se hace más evidente la unidad entre el gran capital y quienes se supone deben defender al pueblo.

 

La comunidad nasa, ante los atropellos, falta de garantías y el perpetuo incumplimiento estatal, expresó al cierre de esta edición:

 

  • “Exigir claridad sobre cuáles son los gestos de paz para las comunidades indígenas, a sabiendas que es la Policía Nacional la causante de los actuales hechos.
  • Al sector industrial, recordarle que las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, son espacios de vida del pueblo nasa; tierras que les arrebataron por medio de la violencia, el desalojo, la represión y los asesinatos.
  • Recordarle al gobierno nacional, que por cada muerto en el sitio de la liberación de la madre tierra, son 15.000 hectáreas de tierras, por tanto la solicitud a la fecha alcanza 30.000 hectáreas,que se deben devolver como tierras ancestrales del pueblo nasa, en Corinto y Norte del Cauca.
  • Los indígenas en acción de liberación de la madre tierra no somos grupos de izquierda ni de derecha, somos pueblos milenarios, con un modelo de desarrollo propio en construcción”.

 


 

Norte del Cauca: Dos años del proceso de liberación de la Madre Tierra

 

“Hasta que se apague el sol”

 

MARÍA ANGÉLICA GIRALDO

 

Está estipulado en la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric): recuperar las tierras ancestrales y ampliar los resguardos. Esa sería la vía para resolver el problema de tierra, fuente de conflicto y confrontación armada en Colombia, de la concentración de la riqueza y de la pobrecía que agobia a miles de miles, realidad que el Estado colombiano nunca resolverá.

 

El paso del tiempo les daría la razón. Ninguna solución efectiva viene del Estado y de los gobiernos de turno, defensores del latifundio. De ahí que desde los años 70 del siglo XX el pueblo Nasa se volcará sobre tierras que le pertenecieron desde siempre pero que fueron usurpadas por los invasores europeos y luego por los oligarcas que les heredaron riqueza y poder.

 

Año 1971 y siguientes: en su lucha por la tierra los Nasa, poco a poco, fueron bajando de los altos de las cordilleras, donde los terratenientes los arrinconaron, hacia los valles, hasta acercarse a las haciendas cañeras. Su caminar se sentía cada vez más fuerte, y la respuesta del poder fue la misma de siempre, la usada 525 años atrás y la siempre presente siglo tras siglo, año tras año: violencia, intimidación y muerte. Las masacres de El Nilo, El Naya y Guandalay, dan testimonio de ello.

 

Masacres por las cuales fue condenado el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiendo reparar a los Nasa con 15.600 hectáreas, de las cuales, a pesar del paso del tiempo, solo ha entregado el 50 por ciento y en zonas improductivas.

 

Con un problema vivo, el de la tierra, lo decidido por el Cric mantiene plena vigencia. Es así como en el 2005, comunidades del norte del Cauca ingresan a la finca La Emperatriz para dar cumplimiento a sus mandatos, pero también porque simbólicamente representa la muerte de los 20 compañeros que dieron su vida por recuperar un pedacito de tierra1.

 

Acciones de resistencia y vida desplegadas en pleno gobierno de Uribe, quien promete dineros para la compra de tierras, lo cual nunca se torna en realidad, pues termina entregando tierras pero en los departamentos de Putumayo y Caquetá, intentando desarticular al pueblo indígena y al movimiento que lideraban.

 

Acción y manipulación de un gobierno tramposo que genera algún efecto, pues no faltaron comuneros y comuneras que cayeron en la trampa, desplazándose hasta allá. El paso del tiempo los llevó a recapacitar y retornan, pues sienten y comprenden el alislamiento económico y político que padecen. En su voz, “ya sabemos que siéntese significa ríndase. Sabemos ahora que una firma es la representación gráfica de la trampa y la mentira”2.

 

Precisamente es a partir de este momento que se empieza a hablar de “liberar la madre tierra” no solo recuperar. Y regresar a La Empera (luego de 10 años se vuelve a ocupar) implicaba ya no negociar con el gobierno sino quedarse allí y pelear hasta ver esa tierra constituida como resguardo.

 

Las amenazas y asesinatos

 

Pero no contentos con el engaño, también alimentan el odio de sus fuerzas represivas acentuando la discriminación racial. Los heridos y muertos no han sido gratis. El Esmad, las fuerzas militares y paramilitares siguen acechando a las comunidades. Se han llevado la vida de Guillermo Pavi, joven de 19 años que murió en la hacienda La Emperatriz mientras se preparaba para confrontar al Esmad, una bala del ejército (allí presente también) lo alcanzó. Javier Oteca el 22 de marzo del 2017 regresó a la madre tierra, luego de que fuera encontrado muerto cerca a la hacienda Miraflores (hacienda en proceso de liberación). Se sospecha que el responsable fue un trabajador del ingenio Incauca en complicidad con el ejército. Y el más reciente ha sido el asesinato de Gersón Acosta, gobernador del resguardo indígena Kite Kiwe, el cual fue creado por desplazados de la masacre paramilitar del Naya. Gersón contaba con protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección) pero esto no bastó para que su lucha por la reparación de las víctimas terminara en una justa resolución.

 

Al parecer el Estado ni los gobiernos de turno van a garantizar el buen vivir de las comunidades indígenas, que año tras año son víctimas de abusos y exterminio. Este se jacta de su voluntad de paz, mientras otros grupos armados ocupan territorios abandonados por las Farc. Se rumora que son el Eln y el Epl. Asimismo, comuneros del resguardo de López Adentro han denunciado la incursión de grupos paramilitares en sus territorios. Por esta razón las comunidades se cansaron de comerle tanto cuento al gobierno y han decidido fortalecer su autonomía como pueblos originarios. Ya se ha avanzado en la unidad entre la guardia indígena y la campesina para realizar acciones conjuntas en defensa del territorio.

 

Des-institucionalización del movimiento indígena

 

Todo movimiento social tiene ciclos de flujo (organización, activismo, movilización) y contraflujo (apaciguamiento, poco cuestionamiento y sin disputa política) Asimismo, el movimiento indígena en el Cauca ha pasado por grandes momentos de movilización como en los 70 y 80, y un momento de poca movilización durante los 90, pero de importantes ganancias. La más relevante fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como sujetos políticos con autonomía territorial, jurídica, y política. Durante este tiempo, las comunidades se encargaron de consolidar lo conquistado, implementando planes de vida con ayuda de los recursos participativos del estado. Una de las discusiones más álgidas durante el 2005 y actualmente, es que las comunidades han perdido parte de su autonomía, y los planes de vida como pilar fundamental de la organización han caído en las lógicas de la burocracia. Ya no se discute los por qué ni los para qué, sino como gestionar mejor el dinero, ya que son las alcaldías municipales las que deciden dónde se invierte y cuánto.

 

Es bajo esta dinámica el movimiento indígena se ha encontrado en la encrucijada de manejar dos agendas que no parecen complementarse: la institucional y la comunitaria. Algunos comuneros opinan que ya bastante se ha caminado por la institucional, y algunas veces ha dejado un saldo negativo, como la división, cooptación y dependencia. La liberación de la madre tierra ha sido esa luz que los ha vuelto a guiar por el camino comunitario, vuelve a discutirse como llevar un plan de vida en armonía y con autonomía. Para ellos y ellas desalambrar la tierra, es desalambrar el pensamiento colonizado, es fortalecer la cultura, la educación, la defensa de los territorios y la soberanía alimentaria, que tanto se ha debilitado por la falta de tierras y la propagación de cultivos ilícitos.

 

Por otro lado, se ha planteado otra forma de coordinación que no pasa necesariamente por las autoridades de los cabildos, sino se delegan funciones a personas que están en los puntos de liberación constantemente. A esto lo han llamado comisión política, donde se ha establecido como principio el diálogo directo entre los y las liberados ya sea con el gobierno o con las mismas autoridades. Y así mismo, el día en que se entreguen las tierras, dichos trámites no se harán con la consejería del Cric o la Acin sino con delegados del proceso y dentro de las haciendas. No es un secreto que esto ha generado tensiones internas, pero se han logrado resolver mediante las asambleas con discusiones donde son las comunidades quienes deciden y los de arriba obedecen. Como dicen los zapatistas mandar obedeciendo.

 

¿Y ahora qué?

 

Actualmente, los y las liberadoras impulsan una serie de mingas de comunicación, donde discuten la importancia de visibilizar esta lucha. Para ello acuden a diferentes herramientas de comunicación como el video, la fotografía, la escritura, las redes sociales, etcétera. Pero también han aprendido a escucharse como indígenas y con otros, en un diálogo de saberes horizontal, donde el conocimiento es un bien inmaterial de los pueblos y no un mecanismo de dominación.

 

A corto plazo proyectan abrir más puntos de liberación, al ver que iniciaron con tres y ya van siete. También desean realizar un encuentro internacional donde confluyan diferentes pueblos de latinoamérica que también están liberando la madre tierra y así poder intercambiar experiencias, generar lazos de solidaridad y alzar la voz ante la inminente destrucción del planeta. Es vivir en libertad y alegría con la Uma Kiwe3.

 

1 Esta es la misma masacre de El Nilo.
2 Seguimos en minga por la libertad de la madre tierra. Acin. 2015.
3 En lengua nasa significa “madre tierra”.

Publicado enEdición Nº235
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

Publicado enColombia
“La lucha por la vida, la dignidad y el territorio nos marca otro horizonte de sentido político”

 

La Tinta (Argentina)

 

Carlos Walter Porto Gonçalves analiza en esta entrevista la crisis ecológica, los modelos de desarrollo, el rol de las comunidades indígenas, y el escenario político regional

 

Géografo, militante teórico-político, compañero de ‘Chico Mendes’, discípulo y par de ‘Milton Santos’ son algunas de las tantas definiciones que pueden perfilar a Carlos Walter Porto Gonçalves. Cuando lo presentan y destacan sus pergaminos, como el premio Casa de las Américas por su libro ‘La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización’ (2008), agradece pero agrega: “siempre digo que falta decir en mi currículum ‘hijo de obrera y obrero’, eso me marcó más que nada’”.

Este referente intelectual latinoamericano ha desarrollado una vasta producción teórica siempre anclada en el calor de las luchas territoriales. Cuestiones como ‘ruptura metabólica de la naturaleza’, la r-e(x)sistencia de las comunidades campesinas indígenas, la crítica al eurocentrismo, y la crisis cultural, política, productiva del actual sistema de poder han estado entre sus temas de abordaje. Invitado a dictar un seminario al Doctorado en Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca dejó espacio para un intercambio en el que habló de temas que van desde el “monocultivo como modelo de poder” hasta el “nuevo horizonte de sentido político” que marcan las comunidades indígenas frente a “ciclos electorales perversos”.

 

Leonardo Rossi.- Usted explica que el monocultivo, hoy tan extendido a escala global, tiene una profundidad mucho mayor que la mera cuestión técnica ¿podría ampliar esa idea?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- En la historia de la humanidad las grandes áreas de monocultivo empiezan en la colonia, no tengo noticias antes. Toda la cultura agraria era de múltiples cultivos. En Brasil el monocultivo de caña empieza en el siglo XVI, y se obliga a producir en grandes áreas una sola cosa para extraer. Nadie hacía eso de manera espontánea, se hizo a fuerza de trabajo esclavo. ¿Cómo va producir alguien eso que no es para sí? Eso se impuso. Mientras que los indígenas, que conocían los territorios, escapaban, los esclavos eran más susceptibles ante esa situación. Entiendo entonces que el monocultivo no es sólo una técnica de producción, es una técnica de poder. El monocultivo se fundó en el trabajo esclavo.

 

Leonardo Rossi.- ¿En qué marco económico-político se asienta ese modelo?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Es importante ver ahí que todos los libros de economía y de historia han instalado que los latinoamericanos somos históricamente exportadores de materias primas. Y esto no es así. Brasil, Haití y Cuba en siglo XVI no exportaban materia prima, exportaban azúcar, un producto manufacturado. Eso es importante explicarlo, porque aquí empiezan las primeras técnicas de industrialización, durante la colonia. Esas prácticas que incipientemente se desarrollan en Cabo Verde explotan acá. Eso nos muestra que la modernidad tecnológica no necesariamente fue liberadora y emancipadora, si no que en este caso fue la condición de la opresión.

Aquí, somos ‘modernos’ hace 500 años, cuando aún no había desarrollo de industria en Europa. Esa condición tecnológica, el ‘agronegocios’, para nosotros tiene 500 años. El ingenio de azúcar en el siglo XVI no fue otra cosa que una tecnología de punta. Eso es importante ponerlo de relieve porque tenemos una ideología tecno-céntrica que sostiene que la tecnología es libertad. Hoy continuamos prisioneros de una lógica desarrollista, tecno-céntrica.

 

Leonardo Rossi.- ¿Cómo analiza la actual expansión del agronegocio y los monocultivos en la región?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Me parece que estamos ante un proceso muy acelerado de expansión. Desde los años setenta para acá un 25 por ciento del territorio brasileño fue arrasado por el agronegocios. Con el soporte del Estado, con las investigaciones que se financian, se apunta actualmente por ejemplo a la tropicalización de la soja. Por caso, no pasaba a esas regiones tropicales y hoy avanza en esas áreas en Brasil, en Bolivia y en otros países de la región. Al igual que con lo que ocurrió antes, vuelvo a destacar que ninguna comunidad que realiza agricultura para alimentarse produce monocultivos. Eso nunca existió. Y ahí también se expone que el monocultivo es una técnica de poder.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué fenómenos está observando con más atención en torno a estos modelos productivos en sus aspectos ecológicos y sociales?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Lo que más preocupa es que hace cincuenta años teníamos 1.200 millones de personas en áreas urbanas y que hoy tengamos 3.600 millones, y que la población rural era de 1.800 millones y hoy es de 3.400. En ese sentido, me gusta destacar que tenemos una visión tan urbano-céntrica, que analizamos que la urbanización es el vaciamiento del campo. ¿Qué pasó en realidad? Nunca hubo tantos campesinos a pesar de que nunca hubo tanta expulsión de comunidades campesinas e indígenas. Entonces no se puede analizar esa dinámica con la mirada europea.

A partir de eso, me planteo cómo se va a alimentar esa gente de la ciudad, mientras también crece el número de gente en el campo. ¿Vamos a seguir despojando? ¿Qué va a pasar con la huella ecológica ante una demanda impresionante en materia de energía? La gente del campo de Asia y África que va a ser despojada a dónde va a ir. Estamos frente a un proceso de des-ruralización que tiende a la sub-urbanización. Las personas se asientan mayormente en sitios donde hay violencia, miseria, fractura social. No hay tal ‘ciudad luz’ prometida.

 

Leonardo Rossi.- Uno de los temas que viene desarrollando relacionado a estos procesos es el de la ‘ruptura metabólica’ de la naturaleza ¿qué apuntes puede brindarnos sobre este aspecto?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Estamos en un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, contaminación, lluvias fuera de temporada, inundaciones de gran amplitud. Ya no es un problema local de Argentina, de Colombia, de Perú. Es un proceso global gravísimo, enmarcado en una enorme presión sobre los recursos en el marco de una sociedad regida por la obsolescencia programada. Y en esto me parece central resaltar que el problema no es ‘malthusiano’, porque se prevé una estabilización de la población para el 2050 en 9.000 millones de habitantes.

Por ejemplo, veamos qué pasa con la agricultura industrial que tenemos, que avanza en sitios como la Amazonía. Allí encontramos que el bosque siempre ofreció alimentos, que fue un gran refugio para comunidades esclavizadas que escapaban y sitio de diversos pueblos indígenas, porque esa naturaleza permite un grado de libertad notable a partir de productividad biológica. Ese océano verde, de 800 hectáreas, genera en algunas zonas entre 40 y 70 toneladas de biomasa por hectáreas/año. Y esa misma parcela, cuando se la desmonta para producir soja genera tres toneladas anuales. En el medio perdemos una gran diversidad biológica clave en la dinámica metabólica global del planeta. Asimismo, tenemos hoy dentro de la Amazonía 26.000 proyectos mineros en explotación, y otros 26.000 en exploración para los próximos cinco años. Ese bosque que asimila la energía solar y la transforma en vida, que irriga agua, se convierte ahora en suelo desnudo, donde el sol refleja directamente, una señal de ruptura metabólica asustadora.

 

Leonardo Rossi.- ¿Cómo califica el accionar de las diversas expresiones políticas dominantes (progresistas, nacionales-populares, neoliberales) en torno de estas cuestiones?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- El Ciclo Progresista, como dice (Maristella) Svampa, reflejó el ‘consenso de las comoditties’, el modelo desarrollista con avance de los monocultivos, de la gran minería más allá de los matices gubernamentales que había. Y ahí hay un dilema en el que todos estamos metidos. Existe una condición de miseria en la ciudad que es muy susceptible al cortoplacismo, a las demandas inmediatas, a vivir de las ‘migajas’ de estos modelos productivos, y la gente acepta eso y es entendible que lo acepte. No tenemos un horizonte político claro para salir de inmediato de eso. No es fácil.

Veamos la elección de Ecuador, que se decidió dentro de dos referencias de la misma lógica de explotación minera, petrolera. Uno de los candidatos con la máquina del Estado (Lenin Moreno) y el otro un banquero (Guillermo Lasso). Pero vemos también que más de un cinco por ciento votó Pachakuti (Acuerdo Nacional por el Cambio), que tiene que ver con pensar estas ideas que estamos planteando.

Frente a esa maquinaria sacar cinco por ciento, con estas ideas es fantástico. Ahora visto desde lo electoral es poco. Pero creo que más de fondo existe una crisis de estos ciclos electorales perversos, que producen dependencia, cooptación. Y es una crisis que va mucho más allá, que tiene que ver con estos procesos de desarrollo, donde colapsan las ciudades, donde no alcanza el agua, donde se saturan las zonas suburbanas, como problemas derivados de todo ese despojo de las áreas rurales que ensanchan la brecha metabólica y eso ya no tiene cómo continuar.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué rol juegan las comunidades, organizaciones y colectivos indígenas en este escenario?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Desde la Caída del Muro, la crisis de la izquierda abrió espacios a referenciar la lucha por la tierra desde otros léxicos teóricos, ya no desde una perspectiva sindical campesina clásica, sino desde lucha por la vida, por la dignidad y por el territorio. Esa fue una de las consignas de grandes movimientos que irrumpen desde finales de los ochenta. Y ese es otro horizonte teórico-político por fuera de las grandes estructuras partidarias, y lo marcan los movimientos indígenas y campesinos.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué espacios pueden pensarse a partir de esos horizontes?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Primero entiendo importante entender que atravesamos un ‘caos sistémico’, como dice (Immanuel) Wallerstein, y una ‘crisis de un patrón de saber-poder’ moderno, colonial, capitalista, patriarcal que tiene 500 años, como planta Aníbal Quijano. Si entendemos que es una crisis de larga duración no tenemos horizonte de largo plazo.

Hay que apoyar, por ejemplo, las experiencias urbanas de ayuda mutua, las mingas, las ferias, otras formas de economía que están disponibles y que mucha gente desarrolla para vivir. Todo ese repertorio de prácticas, que suele ser parte de una memoria indígena, nos sirve de referencia para fundar otro horizonte de sentido político.

 

Leonardo Rossi.- Un texto suyo reciente destaca que ‘se han formado muchos líderes pero pocas comunidades’ ¿cómo incorpora esa definición en este planteo de fundar nuevos horizontes políticos-epistémicos?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Fue una frase de un afro de Maranhao (Brasil), durante un congreso de la Comisión Pastoral de la Tierra (CTP), y realmente me conmovió. Justamente plantea eso, que durante las últimas décadas la formación política se centró en formar grandes líderes, que finalmente terminaron abasteciendo partidos y sindicatos pero no se construyeron lazos en las comunidades. Creo que es una gran verdad, porque la formación política también está en crisis y necesita un cambio en los procesos, en valorar las experiencias prácticas comunitarias. Pero me parece también que esa lucha emancipadora existe y avanza en varios lugares.

En México, el zapatismo es una referencia, pero existen a lo largo de ese país muchas otras, lo mismo en Colombia, y otros países con comunidades afro, indígenas, campesinas. Hoy, por ejemplo en Brasil, la CTP habla de territorio, más que nunca, y es una organización con extensión en todo el país. Se está trabajando en la recuperación de territorios, en pensar las cualidades territoriales locales y es importante ver cómo vamos conectando estas experiencias. Entonces frente a toda esa esquizofrenia política que mencionaba antes, donde estamos acabando el mundo, tenemos procesos locales muy ricos que me permiten tener esperanza.

 

Fuente:http://latinta.com.ar/2017/04/la-lucha-por-la-vida-por-la-dignidad-y-por-el-territorio-nos-marca-otro-horizonte-de-sentido-politico/

 

Publicado enPolítica
La agricultura campesina e indígena como una transición hacia el bien común de la humanidad: el caso del Ecuador

Texto presentado en el seminario del IAEN sobre El Bien Común de la Humanidad, con Frei Betto y Antonio Salamanca, el 23 de marzo 2017.

 

El nuevo paradigma incluye los cuatro ejes de toda forma de vida colectiva: la relación con la naturaleza; la producción de la base material de la vida (física, cultural, espiritual); la organización social y política, y la interculturalidad.


El Bien Común de la Humanidad como paradigma post-capitalista puede parecer un concepto utópico, una discusión abstracta de tipo neo-hegeliano o peor, una ilusión que solamente puede conducir al fracaso. Pienso que no, por dos razones. Primero, porque es una expresión de las luchas sociales existentes en el mundo entero: es necesario encontrar el vínculo que las une, sin perder la especificidad de cada una. Cada movimiento, en su lugar, contribuye a la lucha de conjunto, la búsqueda del Bien Común de la Humanidad. En segundo lugar, porque se trata de un combate contra el capitalismo, es decir, una relación social que somete a los seres humanos y la naturaleza a la lógica de la acumulación. Son otras relaciones sociales que se deben construir, otra organización colectiva, otra cultura.


Tal vez, el concepto revela un pensamiento demasiado occidental y referencias mayores a las luchas sociales de clases del centro del capitalismo industrial. Por eso, debemos hablar con los pueblos andinos de Sumak Kawsay, añadir con los budistas la noción de compasión o, con los taoístas, de armonía. La pluriculturalidad se aplica también aquí y lo importante es el contenido, más que la expresión: un paradigma de vida, frente a la destrucción de la Madre Tierra y de la humanidad.


En función de su aspecto holístico (de conjunto), el nuevo paradigma incluye en su aplicación concreta los cuatro ejes de la vida colectiva: la relación con la naturaleza; la producción de la base material de la vida -física, cultural, espiritual-; la organización social y política, y la interculturalidad.


I. Necesidad de transiciones


Como no se puede realizar un cambio instantáneo, un pasaje inmediato a un eco-socialismo, al “buen vivir”, al Bien Común de la Humanidad, debemos pensar en las transiciones. En el caso del post-capitalismo, no se trata solamente de un proceso interno, como Carlos Marx lo estudió a propósito del pasaje entre el feudalismo y el capitalismo: este último nació de las entrañas mismas del primero. Ahora, estamos frente a un proceso de transiciones voluntarias, que exige iniciativas sociales y políticas en relación con la realidad concreta, es decir “revoluciones”, con todos los matices que permiten evitar tanto el voluntarismo, como la recuperación conservadora del concepto. Transición significa entonces, un paso hacia el nuevo paradigma post-capitalista y no una adaptación del capitalismo a nuevas demandas, ambientales o sociales: un capitalismo verde, un capitalismo social, un capitalismo moderno.


La agricultura campesina puede ser uno de estos lugares, donde una transición es posible, pero no sin condiciones. No se trata, como en el caso europeo o norteamericano, de crear capitalistas de poca monta o pequeños productores totalmente integrados en la cadena del capitalismo, hoy en día financiero, desde los insumos hasta la comercialización.


En la situación actual, eso significa una lucha social para defender o reconquistar espacios (territorios) en contra del modelo de agronegocio; organizar un acceso adecuado a la tierra y al agua; guardar el control de las semillas campesinas; resistir contra la introducción masiva de los productos químicos y de los transgénicos; eliminar los intermediarios abusivos y los contratos de dependencia con empresas del capitalismo agrario; crear circuitos cortos de comercialización; reorganizar una sociedad rural multisectorial; luchar contra el vacío cultural, provocado por la supresión de las escuelas comunitarias, la pérdida de las celebraciones locales, la ausencia de equipamientos, construir altenativas a la migración de jóvenes y la feminización de la pequeña producción. En todo eso, un gobierno puede crear condiciones favorables a las diversas formas de agricultura campesina, apoyando las luchas, pero puede también contribuir a su desaparición progresiva, bajo el pretexto que ella es un desastre productivo y que se debe favorecer una agricultura moderna.


II. La referencia al Ecuador


1. La situación de la Agricultura Campesina Familiar e Indígena (ACFI)


Desde el tiempo que se habla de modernizar la sociedad en el Ecuador, es decir más o menos desde hace 45 años y la entrada en la era del petróleo, la agricultura no fue una prioridad. Para medir su importancia relativa, basta estudiar los presupuestos nacionales. En 2016, el Ministerio de Agricultura, Ganaderóa, Acuacultura y Pesca (MAGAP) tenía un presupuesto de 193 millones de dólares, al cual se puede añadir otros puestos del presupuesto nacional en relación con el campo [1], lo que llega a una suma de 349 millones, sobre un total de 29.835 millones de dólares del Presupuesto General del Estado, es decir 1,17 %. (0,64 % para el MAGAP).


Podemos hacer otras comparaciones -con algunos otros puestos: Justicia, 438 millones; Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 603.001; Servicio de Construcción de Obras (SECOB): 769.549; Policía: 1.111 millones; Energía: 1.194 millones; Defensa: 1.414 millones. Además, dentro del presupuesto del MAGAP, una parte minoritaria del presupuesto está consagrado a la ACFI. En 2010, solamente el 3,5 % era gastado para Reforma agraria y titularización.


Otro indicador es la tasa de pobreza. Según el Reporte de Pobreza por Ingresos de Marzo 2015, del INEC, la pobreza en el país ha disminuido hacia el 24,12 % en 2015. Es un fenómeno que hemos conocido en el conjunto de América Latina tanto en los países progresistas como en los liberales, con una filosofía diferente: mejorar las bases del mercado para los últimos y la dignidad humana para los primeros. Así, Colombia está al 29%. (El Comercio, 23.03.17).


La pobreza rural en Ecuador, siempre según el INEC, ha pasado entre 2007 y 2015, del 61,34 % al 43,35 %, es decir una disminución de 17,99 puntos. La extrema pobreza pasó del 33,34 % al 19,74 %, manifestando una diferencia de 13,60 puntos (un poco más que un tercio en 8 años). Son resultados apreciables. Sin embargo, con la crisis, existe una tendencia a la estabilización de las proporciones, sino a un nuevo aumento de la pobreza, sin embargo no medible de manera significativa por las estadísticas de 2015. La disminución de la pobreza está atribuida por el INEC, en mayor parte al aumento de actividades no-agrícolas y en segundo lugar a los bonos humanitarios. Una política de apoyo a la ACFI habría podido mejorar la situación de manera más general y más rápida, como un tercer elemento de cambio.


En concreto eso significa que en 2014, según el INEC, 2.53 millones de personas del campo vivían en la pobreza, con un ingreso promedio (calculado en 2015) de un poco más de 82 dólares por mes. Dentro de este total, casi la mitad, es decir más de un millón de personas, vivían en la extrema pobreza, con 46 dólares por mes. Para la consciencia nacional, es un estado de catástrofe . Por eso debemos preguntarnos, primero porque la ACFI es un fracaso productivo y, segundo si su promoción puede ser un elemento de un paradigma post-capitalista


2. ¿Por qué es la Agricultura Campesina Familiar e Indígena un desastre productivo?


La primera respuesta es que se trata de un modelo arcaico, del pasado y que por eso debe ser remplazado por una agricultura moderna, empresarial, industrial, productiva. Sin embargo, el 21 de febrero de 2017, la FAO afirmó una vez más, que la agricultura campesina era una solución de futuro, más productiva a largo plazo, y menos destructiva del ambiente natural [2].


De hecho, existe otra manera de concebir una respuesta: estudiar la situación real del sector en la sociedad e intentar entender el impacto que eso tiene sobre su productividad. Hay muchos factores que intervienen en el asunto. En primer lugar viene la desigualdad de la posesión de tierras y el nivel de concentración. Damos cifras nacionales, recordando, sin embargo, que las tres regiones: costa, sierra y Amazonía, tienen cada una sus especificaciones.


Esteban Daza recuerda las cifras del INEC en 2012: “El 75,5 % de las familias campesinas tienen propiedades de menos de 10 has, lo que representa el 11,8 % de las tierras del país. El 18,1 % de las familias en el campo, tienen tierra entre 10 y 50 has y representan el 27,4 % de la tierra para producir. Solo el 6,4 % de las familias tienen propiedades de más de 50 has que representan más del 60,7 % de la tierra cultivable en el país. (Esteban Daza, 2016, 5). El índice de Gini aplicado a la propiedad y que mide el grado de desigualdad (0 igual poca desigualdad y 1, mucha), se ubicaba en 0,80 en 2000 (año del último censo), el Ecuador siendo el segundo país más desigual del continente. En este panorama, la proporción de minifundios (menos de medio ha.) representaba 165.000 familias, una verdadera zona de pobreza (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 23-24).


El peso económico, social y político del sector de grandes propiedades y de capitales en la sociedad ecuatoriana es evidente y tiene incidencias importantes sobre las decisiones colectivas. Es un factor de freno a cualquier reforma agraria y como se ubican en mayor parte en cultivos de exportación, constituyen un elemento clave en la balanza de pagos y en los ingresos del Estado. Es probable que en los últimos tiempos, la concentración de tierras aumentó, pero no se puede asegurar de manera precisa, por falta de un censo agrario. Por otra parte, la triste realidad de los minifundios de autoconsumo, indica claramente que no basta distribuir tierras para resolver el problema.

El acceso a la tierra es sin embargo un primer elemento. En la historia, fue una dificultad mayor, que influyo también la cultura campesina, a menudo de auto-flagelación e inferioridad. Los indígenas en particular, fueron concentrados en tierras de segunda calidad, especialmente en zonas montañosas. Aún hoy en día, la situación no parece mejorar. La Ley de Tierras Rurales y de Territorios ancestrales de 2016, que intento mejorar la suerte de los pequeños agricultores y fue saludada en la Asamblea Nacional como la base de una reforma agraria, tiene a la vez contradicciones internas y una aplicabilidad muy relativa. Una de las contradicciones es la venta a precio del mercado a los pequeños campesinos, de las tierras recuperadas por el Estado quien también paga el precio del mercado (muy pocas con la reglamentación actual). Eso obliga los campesinos a recurrir a préstamos o subsidios. Fue el caso en Corea del Sud y 25 años después de este tipo de reforma agraria, cada día, tres o cuatro campesinos se suicidan por imposibilidad de pagar sus deudas.


Por otra parte, la puesta en un mismo nivel de la ACFI y los monocultivos de exportación significa una ignorancia del peso relativo de cada uno de los sectores en la sociedad ecuatoriana. De verdad, muchas limitaciones objetivas a los monocultivos son previstas en la ley, pero ¿quien va ha llevar a juicio estas empresas que no respetan la ley, ni a menudo la legislación sobre el medio ambiente y el código laboral, pero que entran tan felizmente en la filosofía de la nueva matriz productiva? Lo mismo para el apoyo a la ACFI que corre el riesgo de quedarse solo como planteamientos declarativos. Es por eso que, a pesar de las intenciones, podemos pensar que un día estas leyes podrían ser presentadas para un premio Nobel, pero de literatura.


Otro problema es el recurso del agua. El principio constitucional es la no privatización del agua, lo que es fundamental. En lo concreto, se suprimió la regulación tradicional del agua en más de 1000 sistemas existentes, para burocratizar el sector y no se ve muchas medidas para aplicar la ley en casos de acaparamiento del agua por grandes empresas en detrimento de las comunidades vecinas o de pequeños agricultores. Los trabajos de riego realizados en “la década ganada” del Gobierno de Alianza País han sido eficaces y sirvieron a mitigar los efectos del cambio climático, pero no cambiaron las desigualdades de acceso. El 51 % de los grandes propietarios tienen acceso al riego, frente al 21 % de los pequeños (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 26-27).


Si abordamos la cuestión del crédito, sabemos lo difícil que es para los pequeños campesinos acceder al sistema financiero. No solamente intermediarios abusivos absorben una parte importante de la ganancia, sino que los organismos creados para ayudarlos funcionaron con normas muy complicadas (Banco del Fomento, por ejemplo). La garantía que pueden dar los grandes productores es evidentemente mayor. Para dar solamente un ejemplo, El Fondo Nacional de Tierra entregó en el año 2010, el 89 % de sus recursos a la agroindustria y el 11% a los pequeños productores (Esteban Daza, 2016, 25, citando Diego Carrión, 2012).


De verdad, las actividades del campo no se limitan a la agricultura. Lo hemos notado a propósito de la disminución de la pobreza. Es un factor universal, que hemos observado por ejemplo en el estudio de una Comuna rural del delta del Rio Rojo en el Vietnam, donde la mayoría de las actividades eran no-agrícolas, desde por lo menos el principio de los años 1980 (François Houtart, 2004, 207-217). Luciano Martínez señala esta situación desde hace muchos años en el Ecuador: nuevos empleos en el comercio, servicios, sector público, iniciativas locales, aumento de mercados locales, acceso a caminos, educación, etc. (Luciano Martínez, 2009,21). El Censo de 2000 revela que el 39,9 % de la población rural realizaba actividades no-agrícolas, perteneciendo al empleo rural no-agrícola (ERNA).


Puede ser un factor de “descampezinación”, como lo indica David Ayora León a propósito de los jóvenes (2016). Se añade el fenómeno de constitución de “productores agrícolas” según el concepto de Luciano Martínez. Todo eso indica una dinámica interna de la realidad social rural, tal vez de manera más intensiva alrededor de las ciudades, que ofrece posibilidades para el futuro. Sin embargo, la agricultura familiar, campesina e indígena, no ha recibido los incentivos que habrán permitido a este sector participar de manera positiva a un mejoramiento general.


Al contrario, el resultado de estas situaciones acumuladas en zonas de prevalencia de AFCI, es un vacío social y cultural siempre más grande de una parte importante de la sociedad rural. Muchos hombres buscan trabajo en las ciudades, dejando las mini-propiedades en manos de los mayores y de las mujeres (un tercio según estimaciones) a menudo con trabajo de niños y la educación pre-escolar en carga de las abuelitas muy limitadas culturalmente (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 283). En su encuesta realizada en la provincia de Azuay, David Ayora revelo que el 77% de los jóvenes rurales de la parroquia estudiada, no optarían para una actividad agropecuaria, aún si mejorarían las condiciones de vida en el campo (David Ayora León, 2016, 90).


Por otra parte, el plan de cerrar 18.000 escuelas comunitarias (nombradas “de la pobreza”) en favor de las escuelas del milenio (al principio de 2017: 71 construidas, 52 en construcción y para el fin de 2017, 200 en funcionamiento) (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 199) acentúa el problema. Sin duda estos establecimientos son bien equipados, con maestros competentes, pero dentro de una filosofía en ruptura con la vida tradicional y con una apertura a una modernidad hoy en día puesta en duda por sus consecuencias sociales y ambientales. No responden tampoco fácilmente al principio constitucional de la educación bilingüe. Además, el sistema de transporte en varios casos no ha podido corresponder a las necesidades y obliga alumnos a caminar horas por senderos en mal estado, provocando también una tasa elevada de absentismo (Ibídem, 246). Al contrario, en Cuba, se eligió el mejoramiento de las escuelas rurales con un maestro por varios grados, con un éxito comparable a los resultados de las escuelas urbanas y gastos mucho menores (Granma Internacional, 2017).


En el marco cultural se debe señalar también la dificultad en estas circunstancias de mantener una espiritualidad indígena orientada al respeto de la madre tierra y a la armonía social y personal. Se añade finalmente la reacción, en las Iglesias cristianas y en particular la Iglesia Católica, contra la teología de la Liberación y la pastoral indígena, que se manifiesto por la invisibilidad de la obra de Monseñor Proaño.


Fuera de las estadísticas, basta viajar en las zonas rurales del país, para constatar el aislamiento de las comunidades indígenas del Cañar; las condiciones de las viviendas de los campesinos del norte de la Provincia del Oro; la lucha por el agua de comunidades del Chimborazo para la conservación de los páramos; el estado miserable de los caminos y senderos vecinales que obligan los pequeños campesinos a levantarse muy en la madrugada para ir a vender sus productos. Las condiciones de vida de estas zonas rurales son muy a menudo inhumanas.


Todo eso muestra la marginalización de la ACFI en el Ecuador, no por el simple efecto de la naturaleza, sino por la construcción social que la reduce en un apéndice destinado a la desaparición y que por razones humanitarias se trata con bonos de tipo asistencialista. El Ecuador no se encuentra solo en el caso. Es casi universal. La cuestión es de saber si la agricultura campesina familiar e campesina puede ser un elemento de un nuevo paradigma. Pero antes examinaremos el estado de la agricultura industrial, de hecho en competencia con la ACFI.


3. La promoción del modelo agro-empresarial y agro-exportador


En el mundo entero, se trata de una nueva frontera para el capitalismo (agrario y financiero), con versiones nacionales e internacionales. Según el Horizonte de Desarrollo hacia 2025, en el Ecuador, este sector aportará 15.000 millones de dólares a la economía nacional, creara 250.000 empleos y significará una contribución de 10.000 millones al balance comercial del país. Hay diversas ramas: bananos, azúcar, palma africana, flores, brócolis. En su campaña electoral de 2017, el vice-presidente Jorge Glass insistió mucho sobre este aspecto: la productividad del sector, su contribución a la riqueza del país, la extensión de la producción de agro-combustibles, la necesidad de atraer el capital extranjero, sin ninguna referencia a los costos ecológicos, a los territorios ancestrales, al tipo de empleos que se crean, ni al poder económico del sector en la economía del país.


La frontera agrícola se extiende con la deforestación: entre 2000 y 2010, 618.000 has (Atlas, 2011,3), aún si la proporción anual ha disminuido. Hay considerables daños al paisaje (los plásticos de las flores, por ejemplo). Hay una tendencia que se reafirma hacia privilegiar los transgénicos: en septiembre 2012, el presidente afirmó: “El uso de semillas transgénicas mejorara notablemente la producción del campo” (Esteban Daza, 2016,21). El capital extranjero se introduce: entre 2000 y 2008, el aporte fue de 49 % para las empresas de exportaciones (Franck Brassel et al, 2011, 29).


La característica de esta política de capitalismo agrario no es solamente la concentración de las tierras o el control de los circuitos de insumo y de comercialización, sino la ignorancia de las externalidades, es decir los daños ambientales y sociales, no pagados por el capital, sino por la madre tierra, las comunidades y los individuos. Así, por el primer aspecto se puede señalar la perdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, la producción de gases invernaderos: CO2 y metano. La simple contabilización de estos gastos reales cambiaría totalmente la estructura de los precios de estos bienes. A propósito de las flores, un productor orgánico holandés retirado, que visitó varias empresas ecuatorianas en 2015, afirmo que si los europeos sabían en qué condiciones las flores estaban producidas, no comprarían ni una rosa.


Las consecuencias sociales y culturales no son menos nocivas. Las enfermedades de la piel, de los pulmones, los canceres son elevadas con la utilización masiva de productos químicos. Con la visita del papa en el Ecuador, en 2015, se utilizaron más de 90.000 rosas, pero al mismo tiempo estaba en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en Quito, una pareja indígena. La mujer, de 40 años, con 4 hijos, padecía de leucemia y esperaba una cita al hospital público. Había trabajado durante 10 años en la industria de las flores. Pura coincidencia o precio humano de las rosas.


A pesar de todo, el Ecuador ha podido conservar un grado elevado de soberanía alimentaria, concepto diferente de seguridad alimentaria, porque supone que el país produce lo que consume. Sin embargo existen señales de perdida de la primera, a causa de la extensión del sector de los monocultivos. En 2000, según el censo agrario, la ACFI producía el 60 % de la alimentación del país.


Los derechos de los trabajadores, aún establecidos en la ley , son frecuentemente violados (Franck Brassel y al., 2011, 42): empleos temporales, horas extras no pagadas, prohibición de sindicatos. La sindicalización por ramas está prohibida en el país y las últimas leyes laborales favorecen la flexibilización del trabajo. El discurso macro-económico es predominante orientado hacia la producción e ignora los factores estructurales de la desigualdad de productividad (Ibídem).


Para terminar, vale la pena citar el estudio hecho en 2013 sobre la producción de brócoli en la región de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi (François Houtart y Maria Rosa, 2013). El 97% de la producción de brócoli se exporta hacia países en mayor parte capaces de producir brócoli (EEUU, EU, Japón), en función de ventajas comparativos (bajos salarios, leyes ambientales menos exigentes). La empresa productiva acapara el agua, que no basta más para las comunidades vecinas; bombardea las nubes para evitar que los chaparrones caigan sobre el brócoli, sino en los alrededores. Se utilizan productos químicos, aún a menos de 200 metros de las habitaciones como lo exige la ley. Las aguas contaminadas corren en los ríos. La salud de los trabajadores está afectada (piel, pulmones, cánceres). Los contratos se hacen en parte a la semana, con un capataz que recibe el 1% de los salarios, lo que permite eludir el seguro social. Las horas extras no son pagadas a menudo. La empresa de procesamiento del brócoli para la exportación, trabaja 24 horas en tres turnos. No era excepcional que los trabajadores sean obligados a hacer dos turnos seguidos. El sindicato está prohibido. Además las dos empresas, hoy en día fusionadas, tenían sus capitales, la una en Panamá y la otra en las Antillas holandeses.


Como autores, nos hemos preguntado en nuestro informe, si era posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX. Seis meses después, el vice-presidente que había recibido el informe, visitó la empresa y declaro que ella era un modelo de la nueva matriz productiva. Una vez más en la historia, es el campo y sus trabajadores los que pagan el precio de la modernización. Fue el caso del capitalismo europeo en el siglo XIX, de la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, de China, después de la Revolución comunista.


Evidentemente, uno se pregunta si había una alternativa posible. El Estado ecuatoriano necesita medios para financiar sus políticas sociales. El petróleo bajó de precio. La minería no ha tenido todavía un lugar equivalente y se encuentra frente a problemas sociales y conflictos serios con comunidades indígenas. Incluir las externalidades en el precio de los productos exportados significaría la perdida de toda competitividad.


Estas políticas son también a corto plazo. No tienen en cuenta los cambios naturales y sus efectos a largo plazo, la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores, el origen de la pobreza rural. Se acentúa un modelo agro-exportador presentado como una meta, sin indicar las consecuencias. Algunas alternativas son posibles: reorganizar las condiciones de la ACFI, con una producción orgánica asegurando la soberanía alimentaria; garantizar los derechos de los trabajadores de los monocultivos, reduciendo el margen de arbitrariedad de los dueños de la tierra; reconocer de verdad los derechos de la naturaleza; implementar la integración latino-americana para imponer medidas comunes en materias de protección de la naturaleza, de paraísos fiscales y de resistencia a los monopolios trasnacionales; llevar luchas más radicales en las instancias mundiales con objetivos similares. Un pequeño país no puede actuar eficazmente solo, pero puede ser protagonista. Lo que podemos afirmar desde una perspectiva del sector agrario, puede ser aplicado a varios otros sectores también.


4. El debilitamiento de los movimientos sociales campesinos e indígenas


Los movimientos sociales campesinos e indígenas, portadores de la lucha del mundo rural en sus varios componentes, han pasado por periodos particularmente difíciles. Habían tenido un protagonismo político muy importante en los años 90, en particular el movimiento indígena, pero sufrieron después dos fenómenos que contribuyeron a su debilitamiento. El primero fue la cooptación por el poder político en función de ventajas inmediatas: regalías petroleras y mineras, cooperación para el desarrollo y proyectos provinciales y parroquiales. El segundo, la absorción por la política electoral a corto plazo. Los dos factores llevaron a la división de las bases populares y a la dificultad de concentrarse sobre el largo plazo de la lucha de los pueblos indígenas como pueblos y de los campesinos como clase. Por una parte, en las políticas post-neoliberales, hubo un deseo de modernizar el campo, pero sin tomar suficientemente una distancia frente al carácter capitalista de este proyecto y por otra parte, los objetivos fundamentales de las luchas sociales no fueron totalmente ignorados, sino sometidos a preocupaciones secundarias que los absorbieron e impidieron acciones comunes.


Estos factores contribuyeron a la marginalización de la ACFI en el Ecuador, hasta el punto que se puede hablar para el sector, de una década perdida, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores del MAGAP, de ONGs, de movimientos y de grupos locales.


III. ¿Puede la Agricultura Campesina Familiar e Indígena contribuir a elaborar un paradigma post-capitalista?


1. Condiciones generales


Desde el punto de vista del Bien Común de la Humanidad como paradigma nuevo, los cuatro ejes de cambio concreto encuentran en la ACFI aplicaciones interesantes. La relación con la naturaleza se caracteriza por el respeto de su capacidad de regeneración, vía cultivos orgánicos (agroecología) y biodiversidad. La producción de la base material de la vida en el sector especifico de la agricultura, privilegia el valor de uso sobre el valor de cambio, no somete el trabajo al capital y exige el usufructo de la tierra, pero no necesariamente su propiedad y excluye su acumulación en tanto que capital. La organización colectiva (comunitaria u cooperativista) del acceso al agua, a insumos, a maquinaria, al crédito; la organización en conjunto de ciertas fases del trabajo (mingas, reforestación); la comercialización en circuitos cortos, en ferias y tiendas comunes, tienen, en la filosofía de una economía popular solidaria, una base democrática. Finalmente la interculturalidad encuentra en esta forma de agricultura una posibilidad de diversidad de expresiones y de lecturas de lo real.


Evidentemente, el capitalismo puede también instrumentalizar el sistema, como en muchos casos. Los contratos con pequeños cultivadores de palma integran estos últimos en una dependencia total de las grandes empresas. En Europa los agricultores familiares “modernos” con alto grado de mecanización y acceso al crédito, son integrados en cadenas de producción dominadas por el capitalismo agrario y financiero. El micro-crédito de muchos países está administrado por el sistema bancario. Organizaciones que al principio eran mutualidades o cooperativas, con el tiempo y el éxito, se transformaron en pilares de la economía capitalista.


Por eso, la ACFI no es solamente una cuestión técnica, sino un objetivo de lucha social, una resistencia de clase y de comunidad, un problema político. El papel de los movimientos sociales es esencial. Constituye una de las transiciones hacia otro paradigma, pero no como un proceso mecánico, sino como fruto de actores verdaderos sujetos de la construcción social y eso va mucho más allá que un aumento de productividad.


Al mismo tiempo, la ACFI debe cumplir con las tres funciones de la agricultura. Primero nutrir a la población, no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Lo hace, eligiendo las semillas, respetando la diversidad, operando orgánicamente. En segundo lugar, contribuir a la regeneración de la tierra, lo que no cumple la agricultura industrial, al contario. Finalmente procurar el bienestar de los que trabajan en el sector: proletarizar el campesinado bajo el pretexto de crear empleos está lejos de responder a esta necesidad. Evidentemente todo eso requiere condiciones económicas, sociales e políticas, que se llaman, como lo dice el MST de Brasil, una reforma agraria integral y popular.


2. En Ecuador


Como lo hemos señalado antes (F. Houtart y M.Laforge, 2016, 30-36), existen en Ecuador bases para el desarrollo de una ACFI. Hay un real despertar: iniciativas de comunidades indígenas, campesinos que se unen, mujeres campesinas que se organizan para producir carne, cacao, fabricar sombreros, producir obras de arte con desechos de plástico, etc. En varios casos, son apoyadas por ONGs (FIAN, Fundación Heiffer, Populorum Progresio, Oxfam; etc...) y a veces por gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales, y cooperaciones internacionales. Sin embargo son dispersas y a menudo aisladas.


Lo nuevo de la década de 2010 es la aparición de propuestas al nivel nacional y con perspectivas estructurales. Vienen de diversas fuentes. Podemos citar iniciativas de movimientos sociales, campesinos e indígenas: La Red agraria en 2012 y más reciente, en 2016, la Cumbre agraria, convocada por la CONAIE. En 2017, durante la campaña electoral, varios movimientos, dentro de los cuales, la CLOC (rama latino-americana de La Vía Campesina) y la FENOCIN, elaboraron un documento de política general en favor de la ACFI, que fue firmado por el binomio de Alianza País. El movimiento montubio prepara un texto de ley, obligando los grandes terratenientes a ceder 30% de sus tierras para los pequeños productores. Dentro de movimientos políticos también surgieron propuestas, como el grupo Revolución agraria que nació en el seno de Alianza País en 2011.


El mundo académico tomó también iniciativas. El IAEN organizó un seminario abierto durante un año en 2015-2016 y publicó el Manifiesto para una Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Ecuador (2017). Un grupo de trabajo, llamado Tierra reúne mensualmente varias universidades y centros de investigaciones, como SIPAE y el IEE-OCARU, sobre los problemas rurales. Este último propone un “pacto ético para el campo” (Esteban Daza, 2017). Se está preparando un elenco de todas las investigaciones realizadas sobre el agro en Ecuador y la colaboración se extenderá a universidades de las varias provincias. Las tres universidades, Andina, Central y Salesiana de Quito, tienen un proyecto de desarrollo rural con Cayambe, un centro de de capacitación y un espacio urbano de consumo ecológico.


Órganos del Estado no se quedaron inactivos. El MAGAP realizó varios seminarios sobre Agricultura campesina. El CONGOPE, órgano de coordinación de los GAD (unidades descentralizadas), prepara publicaciones e investigaciones sobre el tema. Se debe subrayar en particular el trabajo de la COPISA (Conferencia Plurinacional e Intercultural para la Soberanía Alimentaria) que estableció en colaboración con el IAEN, un documento de síntesis de las propuestas de los movimientos sociales, para una acción política después de las elecciones.


Los ejemplos del exterior no faltan. Vietnam, segundo exportador de arroz en el mundo, lo produce con agricultura campesina. En Brasil una ley de 2008 obliga todas las instituciones públicas de abastecerse con los pequeños productores. En Nicaragua, el programa de bonos productivos para las mujeres campesinas (entrega de gallinas, de cabras o de una vaca) ha permitido al país de conservar su soberanía alimentaria.


Para el futuro, la solución no se encuentra en un capitalismo oligárquico vinculado con el capital financiero. Tampoco la continuidad de un capitalismo moderno dará la respuesta que no ha podido proponer durante la última década. Se trata de una nueva propuesta, basada sobre una refundación del proyecto, como un elemento de una transición hacia un paradigma post-capitalista. Por eso las fuerzas de la lucha social deben reconstruirse desde la base, movilizando las energías en un Frente Unido, con metas precisas y propuestas concretas, donde nadie, en particular los movimientos indígenas, pierda su identidad. Es urgente. Es posible. Mañana será demasiado tarde.


Biblografía:


ATLAS (2011). Tenencia de las Tierras en Ecuador. Quito, Sipae.
Ayora León, David (2017). La pluriactividad como proceso de descampesinización juvenil: caso Parroquia El Valle. Quito. Tesis de maestría en el IAEN.
Brassel, Franck, Breilh Jaime y Zapata, Alex (ed.). Agroindustria y Soberanía alimentaria ¿Hacia una ley de Agroindustria y Empleo Agrícola. Quito. Sipae.
Campana, Florencia, Larrea, Fernando y Rubio Blanca (ed.) (2008). Formas de explotación y condiciones de reproducción de las economías campesinas en el Ecuador. Quito. Heiffer, La Tierra.
Daza, Esteban y Santillana, Alejandra (2016). Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Quito. OCARU.
Daza, Esteban (2017). Hacia un pacto ético por el campo: Entre elecciones, trandgénicos y agroculturas campesinas. En Revista Gestión: Economía y Sociedad N°271, Quito, PP 66-69
FAO (2017). El futuro de la Alimentaxión y de la Agricultura – Tendencias y Desafíos. Informe del 22 de Febrero.
Torres, Nataly et al. (2016). Balance de la situación alimentaria y nutricional en Ecuador. Quito. FIAN.
Houtart, François (2004). Hai Van, La double transition dans une commune vietnamienne. Paris. Les Indes Savantes.
Houtart, François (2013). El Bien Commún de la Humanidad. Quito. IAEN.
Houtart, François y Laforge Michel (2016). Manifiesto para una Agricultura Campesina Familiar e Indígena en Ecuador. Quito, IAEN.
Houtart, François y Yumba, Rosa María (2013). El brócoli amargo, Ciencia Sociales, 35: 283-300.
Carrión, Diego (2012). “Estructura agrícola y modelo de acumulación rural en el Ecuador: interacción entre campesinos, agroindustria y Estado”. En Lacroix, Hidalgo y Román (ed.), Comercialización y Soberanía alimentaria. Quito. Sepae/AVSF: 75-08.
Martínez Sastre, Javier (2015). El paraíso en Venta – Desarrollo, etnicidad y ambientalismo en la frontera sur del Yasuni (Amazonía ecuatoriana). Quito. Abya Yala.
Martínez Valle, Luciano y North, Liisa L. (2009). “Vamos dando la vuelta” – Iniciativas endógenas de desarrollo local en la Sierra ecuatoriana. Quito. Flacso
Rodriguez Cruz, Marta (2017). Políticas educativas en un estado pluricultural y plurinacional: Ecuador. Tesis de doctorado en la Facultad de Antropología de la Universidad de Sevilla.
Silva Correa, Yenia (2017). El secreto está en la preparación de los docentes. Granma Internacional.10.02.17.
Notas:
[1] Instituto de Proveimiento de Alimentos ; Instituto de Pesca, INP; Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; COPISA; FAO.
[2] FAO
François Houtart es Profesor Emérito de la Universidad Católica de Lovaina y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), Quito. Autor de más de 50 libros, François Houtart es uno de los fundadores del Foro Social Mundial y miembro de su Consejo Internacional. Miembro de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador.

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