Con ascendencia común, indios de la Amazonia y aborígenes australianos

El continente americano fue poblado por una gran ola migratoria hace menos de 23 mil años y algunos indios de la Amazonia tienen ascendencia común con los aborígenes australianos, según dos estudios.


Antropólogos y arqueólogos debaten desde hace tiempo sobre los orígenes de los primeros pobladores de América.
La tesis más aceptada es la de migrantes llegados de Asia que atravesaron la franja de tierra que unía Alaska con Siberia, hoy sumergida en el estrecho de Bering. Sin embargo, sigue abierta la pregunta de cuántas corrientes migratorias sucesivas hubo y en qué momento ocurrieron.


Basándose en estadísticas genéticas de individuos antiguos y modernos de América, Siberia, Oceanía, Europa y África, Maanasa Raghavan, de la Universidad de Copenhague, y sus colegas aseguran que los primeros amerindios llegaron de Siberia en una sola ola migratoria, hace menos de 23 mil años.


Los migrantes permanecieron inicialmente entre Alaska y Siberia oriental 8 mil años, antes de seguir su camino y repartirse a lo largo de América. Según el estudio, publicado este martes por la revista estadunidense Science, las diferencias genéticas entre las poblaciones amerindias actuales provendrían no sólo de distintas corrientes migratorias, sino de encuentros que se produjeron después de la gran migración inicial.


El equipo puso además en evidencia un vínculo genético, que aparece tras la ola migratoria inicial, entre ciertos amerindios y poblaciones de Asia del este por un lado y los australo-melanesios de Papuasia, las Islas Salomón y el sudeste asiático, por otro. Este sorprendente descubrimiento indica que la población del nuevo mundo no permaneció aislada del viejo mundo tras su migración inicial, precisa el estudio.


Por su parte, David Reich y Pontus Skoglund, de la Escuela de Medicina Harvard de Massachusetts, compararon el genoma de 309 poblaciones amerindias de América Central y del Sur con el de 197 personas alrededor del mundo.


Según esas pruebas genéticas, publicadas por la revista británica Nature, ciertas poblaciones amerindias de la Amazonia estarían más vinculadas genéticamente a los primeros indígenas de Australia, Nueva Guinea y las Islas Andaman (India) que a los actuales pobladores de Eurasia y las Américas.


Los científicos piensan que las mezclas genéticas se produjeron antes de la población de la Amazonia.


Nuestro estudio sugiere que los amerindios no tienen una sola población de origen, sino tuvo otros aportes. Lo cual no es contradictorio con los resultados de Maanasa Raghavan, precisó Pontus Skoglund.


Esa población fundacional desciende de los siberianos y de gente relacionada con los asiáticos orientales modernos. Pero el ADN de los americanos modernos indica que otra población cruzó el puente terrestre y contribuyó a la herencia de algunos nativos actuales de la Amazonia brasileña, según los investigadores.


Este segundo grupo, llamado Población Y, tiene sus raíces en un grupo asiático que ya no existe, pero que también dejó su impronta genética en pueblos nativos modernos de Australia y Nueva Guinea, insistió Reich.


La Población Y aportó apenas una fracción del ADN actual de los pueblos amazónicos. A diferencia de migrantes reconocidos anteriormente, no está claro cuándo se apartaron del puente, precisó Reich. Pero es evidente que llegaron a la amazonia hace mucho tiempo y debe considerárseles un segundo grupo fundacional.


El trabajo incluye las primeras pruebas contundentes de que algunas poblaciones nativas de América deben su origen a una segunda fuente, dijo Deborah Bolnick, de la Universidad de Texas en Austin, quien no participó en el trabajo. Es indicio de que la historia de las poblaciones nativas es más compleja de lo que se pensaba, acotó.

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Viernes, 26 Junio 2015 07:04

Científicos (y ciencia) sin patrón

Científicos (y ciencia) sin patrón

La reciente organización de congresos y encuentros científicos por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, fue un buen momento para comprobar el crecimiento de los paradigmas alternativos en la salud, la ciencia y la tecnología. "¿De qué lado estamos?", fue la pregunta que atravesó los debates.

 

Científicos de nueve países latinoamericanos y del Caribe, profesores, estudiantes y militantes de movimientos sociales, debatieron durante una semana aspectos medulares del modelo extractivo imperante en la región. Mucho más allá de la tradicional denuncia sobre sus efectos en el ambiente y la salud, se escuchó una amplia gama de ponencias, desde las que se focalizaron en sólidos análisis científicos hasta las que defendieron modos alternativos de vida, como el "buen vivir".


El análisis de la alimentación fue uno de los tópicos más concurridos, que incluyó desde las exposiciones de dos clásicos, como las autoras de libros exitosos (Soledad Barruti, Malcomidos, y la francesa Marie-Monique Robin, El veneno nuestro de cada día), hasta un análisis de la dieta de Messi a cargo de la nutricionista Myriam Gorban.


La Semana de la Ciencia Digna en Salud, que incluyó al Congreso Internacional de Salud Socioambiental y el de Formación Docente, además de los encuentros de comunicación y ciencia y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, celebrada del 15 al 19 de junio, contó con más de 70 actividades, hubo 113 disertantes en conferencias, coloquios y talleres, 110 trabajos académicos, la presentación de cuatro libros, y actuaciones folclóricas al final de cada jornada.


El documento constitutivo de la Unión de Científicos se divulgó al comienzo del congreso, el 16 de junio, fecha del nacimiento del científico Andrés Carrasco, fallecido el año pasado e inspirador de quienes se oponen a los transgénicos, desde que formulara denuncias sobre el nocivo papel de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. La declaración sostiene que "el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable", aboga por la prohibición total de los agrotóxicos y sostiene que los impactos de la ciencia y la tecnología deben abordarse "desde la filosofía y las ciencias sociales".


Ciencia y cultura.


Los dos congresos anteriores estuvieron más acotados en cuanto a la participación de científicos y se enfocaron en las denuncias hechas por los movimientos sociales sobre los efectos de los plaguicidas. En esta ocasión los análisis y las propuestas de reconocidos científicos jugaron un destacado papel.


La docente y ex diputada argentina Marta Maffei reflexionó, en el inicio del evento, sobre la labor docente en contextos de extractivismo. "Vivimos una crisis civilizatoria que se acelera y genera confusión, cuyo epicentro es la cultura, además de una contaminación simbólica que no nos deja pensar con claridad", dijo. Agregó que el economicismo acota la posibilidad de tener miradas holísticas.


El genetista brasileño Rubens Nodaris, de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, explicó las razones culturales por las cuales "la tecnología entusiasma", pero se extendió en las "promesas no cumplidas" de la ciencia. Afirmó que "en los últimos 70 años la ciencia está legitimando lo desconocido", destacando el papel de la agricultura química, la nanotecnología, los organismos genéticamente modificados y la vida sintética, como ejemplos de su afirmación.


Afirmó que el modelo extractivo sobrevive sólo por los subsidios estatales y la posibilidad de externalizar sus costos ambientales, ya que éstos no se trasladan a los precios de los commodities. Con datos en la mano, mostró que –según las agencias oficiales– en las próximas décadas en Estados Unidos (el país con mayor superficie de cultivos transgénicos) un 41 por ciento de la población sufrirá algún cáncer y que uno de cada cinco morirá por ese motivo.


Uno de los principales motivos de la alimentación, ya que la dieta es cada vez menos variada y con más calorías: 75 por ciento de los estadounidenses tienen sobrepeso. Enseñando gráficas, mostró que desde 1995, cuando se liberaron los transgénicos, creció el hambre en el mundo. Y se detuvo en uno de los temas más debatidos en el congreso: las diferencias entre las previsiones que se hacen en los laboratorios y la realidad.


En Brasil, el segundo productor mundial de transgénicos, existe un grave problema para controlar las malezas súper resistentes. Entre 1996 y 2010 ese tipo de malezas se multiplicó diez veces, con 60 especies resistentes cuyo combate ya supone un 10 por ciento de los costos de producción. Por eso hizo hincapié en atender incertidumbres y riesgos, y que la ciencia debe jugar un papel precautorio.


El argentino Carlos Vicente, integrante de la asociación Grain, destacó que en toda la región hay resistencias a las nuevas leyes de semillas que impulsa Monsanto. Recordó que en Colombia, en 2011, las fuerzas armadas irrumpieron en los almacenes de agricultores arroceros en la provincia de Huila, destrozando de manera violenta 70 toneladas de semillas que iban a resembrarse, algo prohibido por la ley que protege a las patentes.


Dijo que Monsanto pretende modificar las leyes de semillas para cobrar regalías, "ahora que toda la región está sembrada con transgénicos". Mientras la Unión Europea le negó a la multinacional el derecho a regalías, la presidenta argentina Cristina Fernández había anunciado en 2012 una nueva ley a su medida, el mismo año que la empresa decidió invertir en una planta de semillas en Malvinas Argentinas.


Hasta ahora la oposición de las organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores rurales, además de la oposición ciudadana que forzó la paralización de la construcción de la planta de semillas, consiguió impedir que se avanzara en esa dirección. La nueva legislación está destinada a impedir una ancestral práctica campesina como es la selección y guardado de semillas para las siguientes cosechas.
MOSQUITOS GM.
La liberación de mosquitos transgénicos se considera una de las mejores formas para combatir el dengue, del que se contagian 50 millones de personas en el mundo cada año, y de las cuales medio millón necesitan atención hospitalaria. Algunas fuentes estiman que más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad.


El ingeniero en bioquímica Camilo Rodríguez, máster en ciencias posgenómicas por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, analizó en detalle y con abundante material gráfico los problemas que puede generar la liberación masiva de mosquitos transgénicos al ambiente, sin contar con las debidas cautela y prevenciones.


La ingeniería genética no es precisa, dijo, contradiciendo el discurso de las empresas del sector. Los mosquitos transgénicos se crían en laboratorios y son programados genéticamente para morir en la fase larval en ausencia de un antibiótico de uso común, como la tetraciclina. Luego se liberan miles de millones en el ambiente para que superen la cantidad de machos silvestres y se crucen con hembras silvestres que son las que trasmiten el dengue. Como la mayoría de las crías muere antes de alcanzar la edad adulta, se consigue reducir la población silvestre de mosquitos Aedes aegypti, que trasmiten el dengue.


Según Rodríguez, la falta de tetraciclina en el ambiente, que actúa como interruptor genético, no es absoluta, como prevén los laboratorios. Hasta el 3 por ciento de los mosquitos transgénicos sobreviven sin tetraciclina y hasta el 18 por ciento sobrevivieron cuando se los alimentó con comida de gato elaborada con pollos criados industrialmente, que contiene el antibiótico tetraciclina.


Los efectos secundarios abundan. En Panamá se registra un aumento de la cantidad de Aedes albopictus (mosquito-tigre, asiático) por la disminución del Aedes aegypti. El primero ha sido descrito como más peligroso por ser una especie más invasiva, y podría ser difícil de combatir si llega a ser dominante en la zona. La empresa Oxitec, que libera 4 millones de mosquitos machos por semana en Brasil, no ha publicado pruebas de que la disminución de la población de mosquitos Aedes aegypti reduzca la incidencia del dengue. Además, cuando los mosquitos transgénicos de Oxitec se cruzan con mosquitos silvestres, pueden trasmitir algunos de sus rasgos genéticos a la población de mosquitos silvestres.


En suma, el caso de los mosquitos transgénicos es un buen ejemplo de la incertidumbre existente en las relaciones entre ciencia, sociedad y ambiente. La tetraciclina, por ejemplo, no existe en aguas limpias que son el hábitat natural del Aedes aegypti, pero abunda en los desechos urbanos. "Con el tiempo –destaca el ingeniero bioquímico– cabe suponer que el mosquito transgénico puede desplazar al mosquito silvestre, y puede convertirse en vector de otras enfermedades." Más aun, algunos mosquitos genéticamente modificados pueden ser hembras que trasmitan dengue.


Un  tsunami invisible


El ecuatoriano Arturo Quizhpe es pediatra, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y es coordinador regional del Programa de Acción frente a la Resistencia a los Antibióticos (Re Act). "Lo más grave es que el problema sigue siendo invisible", le dijo a la Bbc hace dos años. Considera que la resistencia a los antibióticos afecta especialmente a los países en vías de desarrollo, "y dentro de cada uno afecta a los sectores más vulnerables; a los niños, a los recién nacidos y a la población económicamente desfavorecida".


En el Seminario de la Ciencia Digna, Quizhpe fue tan firme como la Organización Mundial de la Salud cuando, meses atrás, afirmó que "muchas infecciones comunes dejarán de tener cura y podrían volver a matar". Pero en opinión de Quizhpe, "el problema no está en la catástrofe sino en el deterioro de la vida", poniendo así distancias con los organismos internacionales que utilizan la palabra "apocalipsis" para describir el futuro inmediato. Recordó que desde la década de 1980 no se ha descubierto una nueva clase de antibióticos, por lo que la ciencia va muy detrás de los daños que ella misma produce.


Su mirada holística lo llevó a defender que "existe una sola salud" y que la salud humana está estrechamente ligada a la salud animal y vegetal, por lo que propuso establecer nuevas relaciones entre ellas, incluyendo a microbios y bacterias. Como señala la "Declaración Resistencia a los Antibióticos", redactada por una coalición de organizaciones en Ginebra en 2014, "debemos evitar vernos en guerra contra las bacterias y aprender a vivir más armoniosamente con ellas, salvo en las raras ocasiones en las que las cepas infecciosas ponen en riesgo nuestra salud".


En esa dirección, Quizhpe destacó que las bacterias conforman un porcentaje importante de la biomasa, que es el miedo lo que lleva al abuso de antibióticos y que "ese quilo de bacterias que tiene nuestro cuerpo es un saber clave". Fue más lejos: "Podemos aprender de las bacterias, ellas resuelven colectivamente, conforman un súper cerebro donde no hay genios, y tienen una altísima comunicación".


Todo indica que va creciendo, de modo lento pero constante, la porción de científicos críticos y comprometidos con sus sociedades, y no sólo con sus bolsillos. Algo que va de la mano de nuevos paradigmas que, como señalan los científicos comprometidos, pasa por suplantar la metáfora de la guerra en la relación seres humanos-gérmenes por "una metáfora más ecológicamente fundamentada, que incluya el punto de vista de los gérmenes sobre la infección".*


No será sencillo modificar el paradigma de la guerra contra la naturaleza ni la idea de las soluciones tecnológicas a todos los problemas. Pero los paradigmas alternativos se vienen abriendo paso con notable potencia: desde los ámbitos científicos hasta los culturales, desde la experiencia histórica de los pueblos originarios hasta las comunidades religiosas. Tal vez estemos dando, como humanidad, los primeros pasos para que la sociedad vuelva a apropiarse de la ciencia y la salud; lo que pasa, de modo inevitable, por expropiársela a las grandes multinacionales.


*. La cita pertenece a Joshua Lederberg, biólogo molecular que obtuvo el premio Nobel de medicina en 1958.


Encíclica ambientalista

Alabado sea lo verde


La manía ecologista llegó al Vaticano. Para horror de desarrollistas y productivistas a ultranza, el papa Francisco difundió días atrás la encíclica "Alabado seas", en homenaje a san Francisco de Asís. A lo largo de 192 páginas y 246 apartados, el texto destaca la relación entre la degradación del ambiente y el aumento de la pobreza en el mundo, y hace un llamado para salir de la "espiral de autodestrucción".


"Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla", dice la encíclica cuando analiza la relación entre la humanidad y la naturaleza. Hace una defensa especial de los "infantiles", como definen algunos presidentes latinoamericanos a los ambientalistas: "Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo".


Colocó el dedo donde duele al denunciar a quienes despachan el debate sobre el ambiente con argumentos simplistas: "El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas".


Según frei Betto, "ninguna otra encíclica contiene tanta poesía", pero esta es además muy dura con ciertas posiciones políticas y la cultura consumista. Fiel a su propuesta de una "ecología integral" (que para Leonardo Boff es la novedad de este texto), denunció "la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada".


El texto de Francisco establece también una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, critica "al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología", formula una invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, y formula una severa crítica a los líderes políticos internacionales como responsables y beneficiarios de este modelo.


Según el sociólogo francés Edgar Morin, esta encíclica papal es tributaria de la cultura latinoamericana, que coloca a los pobres en un lugar diferente al europeo, donde en su opinión son marginalizados: "En la encíclica el concepto de pobreza está vivo, como en las manifestaciones del Movimiento Sin Tierra o del pueblo brasileño". Sostuvo, además, que el texto se entronca con las tradiciones populares argentinas, un país que "conoció tantas privaciones y donde hay una vitalidad democrática extraordinaria" (La Croix, domingo 21).


"Este mensaje –concluyó Morin– tal vez sea la primera acción para una nueva civilización", pero no es un milagro, "porque era necesario que un papa llegara de allá, con esta experiencia humana", dijo en referencia a la relación de Francisco con las culturas indígenas, negras y populares de esta región.


Es evidente que "Alabado seas" no tendrá la menor influencia entre los poderosos, a quienes denuncia en varios pasajes, ya sean empresarios, especuladores o gobernantes. Sin embargo, este texto potente y reflexivo será bien recibido por muchos creyentes en los cinco continentes y, en particular, por los ambientalistas que vienen siendo hostigados en muchos países como "enemigos del progreso". Entre el 5 y el 8 de julio Francisco visitará Ecuador, donde Rafael Correa mantiene una dura pugna con indígenas y ambientalistas por sus emprendimientos mineros e hidrocarburíferos.

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Viernes, 26 Junio 2015 06:57

"Esa educación te anula"

"Esa educación te anula"

En esta entrevista, la boliviana Choque Quispe describe los problemas que enfrentan los jóvenes de pueblos originarios en la universidad latinoamericana y habla sobre la experiencia itinerante de la Cátedra Indígena en la región.

 

"Eres así y te toca luchar porque eres así." Ese fue el llamado que María Eugenia Choque Quispe escuchó cuando, cobijada por una agrupación estudiantil con nombre de guerrero aymara, decidió transformar la opresión racista en el puntapié inicial de una larga batalla por devolver a los pueblos indígenas su orgullo. Choque Quispe es aymara, nacida tierra adentro en la altiplanicie boliviana, y es además licenciada en Trabajo Social, magister en Historia Andina y, entre otras cosas, integrante de la Cátedra Indígena Intercultural, que funciona en la región y en forma itinerante. De visita en Buenos Aires, donde abrió el Coloquio Educación Superior y Pueblos Indígenas en América latina, organizado por la Untref, dialogó con Página/12 e insistió en la necesidad de recuperar los conocimientos y saberes indígenas y de permear una estructura universitaria que considera un resabio del colonialismo. "Esa forma de educación te contradice y te anula como ser humano", dijo.


–¿Qué es la Cátedra Indígena Intercultural?


–La cátedra tiene un largo proceso de trabajo en lo que es la educación superior a través de diplomados y maestrías, que se realizan en relación con las organizaciones indígenas a nivel de la región. Ha ido desarrollando pétalos de formación en temas como espiritualidad, mujer indígena, producción y economía, políticas del buen vivir. Hemos ido trabajando en la mirada de recuperar lo propio, recuperar conocimientos y saberes indígenas en el marco de fortalecer la identidad de los pueblos, devolverles la autoestima, derechos, el orgullo. Ese es el objetivo fundamental, porque encontrarte con tu historia es como mirarte al espejo y encontrar quién eres.


–¿Se confunde la recuperación de las tradiciones indígenas con la vuelta al pasado?


–Sí, porque los conocimientos indígenas no porque sean ancestrales son antiguos. Son innovadores porque los pueblos indígenas estamos en las ciudades y nos hemos adaptado a los avances tecnológicos utilizándolos incluso en favor de la reafirmación de nuestra identidad. Los saberes indígenas no han sido considerados hasta ahora en su dimensión total; son vistos como retrógrados o, positivamente, folklóricos, pintorescos. No se considera que son una reafirmación política, como tampoco se los ve como una forma de hacer ciencia.


–¿Su idea es que estos saberes indígenas se vayan integrando a la educación formal y no que sólo se pueda acceder a ellos a través de programas especiales?


–Esa es la educación intercultural bilingüe. No podemos mezclar agua con aceite, pero sí podemos hacer que los conocimientos y saberes indígenas sean parte de la formación. Que el niño desde que ingresa a la educación formal tenga la posibilidad de no odiar su cultura, sino de fortalecer su identidad.


–¿Las universidades tal como funcionan hoy son testimonio del colonialismo?


–Sí, porque lo que hacen esas universidades es educarte en otro sistema sin tomar en cuenta tu razón de ser o tu pensamiento. Te llevan a la contradicción y por eso se reniega y por eso hay suicidio y autolesión en la juventud indígena. Cuando uno viene a la ciudad, el racismo, la discriminación, la falta de trabajo, el choque cultural te lleva a una autolesión. Es precisamente porque esa forma de educación te contradice y te anula como ser humano. Esta es una sociedad que te oprime y uno a veces llora el ser indígena, lo maldice.


–¿Cómo fue su propia experiencia como estudiante aymara en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz?


–Vengo de padres que son analfabetos para la educación formal, pero fueron mis primeros mentores en mi identidad. Yo soy Choque Quispe, dentro de la lógica occidental mis apellidos, mi cara, mi vestimenta, son bien marcados, no hay por dónde perderme: yo soy aymara con mucho orgullo, pero cuando vine a la ciudad viví yo misma el conflicto. Uno ingresa a la universidad y tiene que acomodarse y ese acomodo es sufrimiento, pasando por la vestimenta en la mujer indígena. Yo vengo de la carrera de Trabajo Social, era donde creía poder estar con mis similares. Pero no había similares míos. Siempre me sentí sola y excluida, hice mis trabajos prácticos sola, me defendí sola y salí adelante sola. Pero tuve la gran oportunidad de ser miembro del Movimiento Universitario Julián Apaza y en la década del '90 decidimos mostrar un rostro indígena dentro de la universidad y en La Paz. Ese racismo, esa discriminación nos dio mucha rebeldía y fortaleció nuestra identidad. Ha sido como devolvernos la autoestima, como quien dice "eres así y te toca luchar porque eres así".


–¿En qué se diferencia el modo de construir saber en la universidad tradicional y en las comunidades indígenas?


–La forma de transmisión de conocimiento en las comunidades indígenas es oral, generacional y se realiza a través de los mitos. Los saberes indígenas se leen en el marco de la madre naturaleza y eso no lo consigues en los libros: lo consigues en la voz de los mayores. La educación formal es una educación individualizada y dividida entre quien sabe y quien no. En cambio, en la educación indígena la construcción del conocimiento es colectiva, es integral. El conocimiento no es de arriba a abajo, es circular. El principio del qhip nayra también es parte del método epistemológico. Qhip quiere decir atrás; nayra quiere decir adelante y también quiere decir ojo y puede ser también pasado. En el aymara todo concepto tiene su razón de ser y tiene su tiempo y espacio. Entonces, el qhip nayra es un camino de conocimiento que permite entender el presente a través de una interrogación al pasado. Para mí, el pasado no es pasado, se actualiza en mi vida, en mi lucha, se actualiza en mi camino político.


–¿Cómo ve el proceso en las universidades latinoamericanas? ¿Hay lugar para integrar nuevos saberes?


–Es difícil aún, pero está el impulso de las fuerzas indígenas. Antes era muy difícil hablar, hacer prevalecer tus ideas, entrar a un debate. El profesor es el que sabe y tú no sabes y por mucho que quieras contestar son banalidades lo que tú sabes. Sin embargo ahora en la Universidad Pública de El Alto metimos el tema de historia andina, haciendo uso también de literatura posmoderna. Son pequeñas experiencias de educación indígena que convergen en un mismo objetivo. Pero el racismo persiste. Que tu lengua no sea institucional es racismo, que no se reconozca lo que los pueblos aportamos para la humanidad a través de nuestros conocimientos es racismo y discriminación; es señal de que no les cuadra que somos iguales. Tú lees los primeros registros de varios cronistas de la colonización y ves que a los indígenas los dibujan con rostros de niños. Así es como se conceptúa a los pueblos indígenas: como menores de edad que necesitan titularidad de protectores.

 

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35 eurodiputados firman en apoyo a las víctimas de Chevron en Ecuador

MADRID. -Un total de 35 eurodiputados han firmado una declaración de apoyo a los afectados en Ecuador por los vertidos contaminantes de la petrolera Chevron Corporation en la que exigen la reparación de los daños ambientales y sociales causados por la "irresponsabilidad" de la compañía estadounidense, que operó en el país latinoamericano entre los años 1964 y 1990.

La carta, redactada por el Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana (CEDAE) e impulsada por el eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso, está suscrita por miembros del Grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL), de la Alianza Socialista (S&D) y el Grupo de Los Verdes (The Greens/ EFA) y en ella aparecen las firmas, entre otros, de Grabriele Zimmer, Ramón Jáuregui, Elena Valenciano, Marina Albiol, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Miguel Urban o Jean-Luc Mélenchon.

El CEDAE y los europarlamentarios piden que se cumplan las sentencias de los tribunales ecuatorianos por las cerca de 80.000 toneladas de residuos tóxicos vertidos a la selva amazónica y condenan "el intento de Chevron de endosar al Estado ecuatoriano su responsabilidad en los daños" ocasionados. Asimismo, exhortan a los gobiernos con contratos comerciales con la petrolera a "revisar" dichos acuerdos y a exigir "el respeto y cumplimiento de las leyes, normas, decisiones judiciales, y de la soberanía de cada estado del mundo".

La carta, que se ha hecho pública coincidiendo con el Día Internacional contra Chevron-Texaco, se ha materializado después de una visita al Parlamento Europeo el mes pasado de Pablo Fajardo, abogado de los afectados, y Gladys Huanca, víctima directa de los vertidos en una ronda de contactos para recabar apoyos en el caso.

"Entre más gente conoce la realidad de su crimen es más complicado para ellos [para Chevron]. Es importante tener este apoyo. Estoy seguro de que este tipo de batallas, de forma aislada, nunca puedes ganarlas. Requieres de una fuerza común y colectiva para tener éxito", dijo Fajardo en conversación con este periódico.

"Vengo a pedirles ayuda aquí a los europeos porque nos toca seguir luchando. Nos han dejado completamente contaminada la Amazonía. Estamos luchando muchísimo hasta que nos paguen todo lo que nos ha contaminado con hidrocarburos", añadió Huanca, quien ha perdido a su marido, sus suegros y dos sobrinas a consecuencia del cáncer que se ha extendido entre las comunidades de las zonas contaminadas.

LABERINTO JUDICIAL

Tras una década de pleitos judiciales, en noviembre de 2013 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dio la razón a los 30.000 indígenas de Lago Agrio, al noreste del país, y condenó a Chevron a pagar una multa de 9.500 millones de dólares por lo que está considerado como uno de los mayores desastres medioambientales de los últimos años.

La compañía estadounidense, que se niega a pagar, ha llevado el caso ante un Tribunal de arbitraje de la Haya, acusando al Estado de Ecuador de violar sus obligaciones fijadas en un Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Washington y Quito en 1992 y que obligaría al Estado de Ecuador a proteger las inversiones estadounidenses en el país latinoamericano. El Gobierno de Rafael Correa, no obstante, no considera que el Tratado tenga aplicación en el caso de Chevron, puesto que no entró en vigor hasta 1997, años después de la salida de la compañía del país y de la demanda interpuesta por las comunidades afectadas.

Chevron, además, se aferra en su demanda a un 'acto de finiquito' que firmó en 1998 el Gobierno de Ecuador de la época, en el que reconocía que la petrolera había limpiado la zona y la exoneraba ante cualquier posible consecuencia futura.

En 2012, el Tribunal de arbitraje, generalmente favorable a las compañías, concluyó que Ecuador "había incumplido las leyes internacionales" al no tratar de impedir la multimillonaria sentencia contra Chevron. Aún así, el fallo no es definitivo.

En encuentro de los afectados con europarlamentarios en abril Couso anunció que su grupo está promoviendo una resolución en el marco de los derechos humanos para hacer cumplir a Chevron la sentencia. Además, alertó a Europa a tomar nota ante el TTIP, el Tratado comercial que se está negociando con EEUU:"El caso Chevron es una muestra más que evidente de cómo se comportan las multinacionales, sin hacer caso de la soberanía de los estados y sus sistemas judiciales".

"En España, cuando los gobiernos latinoamericanos han pedido respeto a su dignidad nunca han faltado ministros que han acudido a apretarles las tuercas. Se sienten impunes porque nuestros gobiernos hacen esa presión. Si conseguimos vencer a Chevron estamos generando pautas internacionales de justicia y contra la impunidad en todo el mundo", señaló Luis Nieto, presidente del CEDAE.

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Negociando en medio de la desconfianza*

Una decisión urgida por las dilaciones oficiales. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep), espacio de convergencia que reúne a diferentes procesos agrarios* tomó el pasado 27 de abril la decisión de declararse en asamblea permanente, exigiendo del Presidente de la República el inicio de una etapa de evaluación, balance y rendición de cuentas, debido a los incumplimientos y alargues en el proceso de negociación con la Mesa Única de Nacional, al tiempo que convoca a sus organizaciones de base a una asamblea de delegados para el próximo 13 de mayo en la ciudad de Bogotá, para definir el rumbo inmediato de la negociación, así como el camino que deberá tomar este espacio de convergencia a un año de su creación.

En carta dirigida al ministro Juan Fernando Cristo Bustos en igual fecha, la Cacep exige del Ministerio del Interior concertar una reunión con el presidente Juan Manuel Santos con el fin de realizar un balance de la negociación y pedir claridad respecto de la ruta de cumplimiento de los compromisos pactados.


Crónica de una crisis anunciada


Luego de los procesos de movilización social y paro agrario del año 2013, varias organizaciones sociales, étnicas, campesinas y populares se dieron cita en Bogotá entre el 15-17 de marzo de 2014 para construir un pliego unificado que recogiera las aspiraciones de las comunidades rurales populares. Fruto de este encuentro es redactado el Pliego de exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, Por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. (Ver pliego http://www.comosoc.org/PLIEGO-DE-EXIGENCIAS-MANDATOS-PARA-14), con el cual logra sentarse al gobierno nacional el día 11 de abril de 2014, para solicitar el reconocimiento de La Cacep como interlocutora legitima, exigiendo la instalación de una Mesa Única de Negociación.


El 8 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior expidió el decreto 870 con el cual regula el espacio de interlocución con las organizaciones de la Cacep (ver decreto 870 de 2014) y crea la Mesa Única Nacional para discutir los temas del pliego único de exigencias. Adicionalmente, y como medida de aclimatación y confianza, el Gobierno se comprometió a instalar una subcomisión de derechos humanos y garantías para atender los casos de las personas asesinadas, heridas y detenidas durante las jornadas de protesta, así como la apertura de una línea de proyectos productivos dentro del fondo de fomento agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, proyecto de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación y de fortalecimiento organizativo con el Ministerio del Interior.


El 3 de octubre de 2014, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, fue protocolizada la Mesa Única de Negociación, con la presencia del Presidente de la República. Este mismo día el gobierno nacional radicó ante el Congreso nacional una iniciativa legislativa que pretendía crear las "Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre)", figura que permitía que los baldíos pudieran ser adjudicados no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales, el mismo que posteriormente fue retirado tras muchas presiones y denuncias, dejando en el ambiente el mal antecedente de lo que posteriormente será el desarrollo de las negociaciones.


Las primeras discusiones de la Mesa Única de Negociación, iniciadas el 7 de octubre de 2014 se centraron en los temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos, a la apertura de las mesas regionales de negociación en Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia y Cauca; financiación de proyectos de infraestructura en salud, saneamiento básico, vías, educación y comercialización, y la apertura de una línea de financiación de proyectos productivos que desmonte las barreras de acceso a recursos del Estado impuesta por criterios cerrados en cuanto a beneficiarios, rublos de inversión, requisitos técnicos, etcétera. Adicionalmente, planteó la necesidad de convocar a la comisión de estudio del Plan Nacional de Desarrollo para abrir el debate nacional atendiendo no solo el derecho a la consulta previa de afros e indígenas, sino además las propuestas expuestas en el pliego único en materia de economía propia (economía campesina, indígena y negra) y de política minero energética. De esta reunión solo quedó el compromiso del Ministerio del Interior de comunicar a los otros ministerios para delegar en sus oficinas la discusión y el tramite de los asuntos en cuestión.


LA pretensión de entregar los baldíos a grandes empresas no fue la única manipulación urgida desde la Casa de Nariño. Luego de 7 meses de instalada la Mesa Única de Negociación, y a un año de expedido el Decreto 870, el Gobierno insiste en renegociar lo negociado, en dilatar el inicio de la discusión sobre el pliego de exigencias para el buen vivir, negándose a instalar la subcomisión de derechos humanos, sin considerar que en lo que va corrido del año 8 indígenas han sido asesinados, más de una decena de líderes agrarios amenazados y, para colmo, la existencia de un nuevo proyecto de Plan Nacional de Desarrollo formulado de manera inconsulta, el mismo que agrava la ya difícil situación que afrontan las comunidades agrarias, quienes han actuado con credulidad y buena fe, confiando en la palabra empeñada por el Presidente y sus ministros, de quienes recibieron promesas que no han pasado de la retórica a los hechos.


El Estado y el Gobierno, ¿para qué y para quién?


Las comunidades campesinas, negras e indígenas no solo han sido despojados de sus territorios, mediante el desplazamiento forzado y la implementación de megaproyectos, sino, además, parece ser que quieren despojarlas de su condición de sujetos de derechos, menospreciarlas y llevarlas a la condición de mendigos, desconociendo. entre otras cosas, su aporte a la economía, a la soberanía alimentaria y al cuidado de los bienes comunes.


Al considerar los derechos que protegen a estas comunidades, como al conjunto de la población colombiana, en particular uno de ellos, el que garantiza la protesta y la reclamación, recurriendo a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, lo que encuentran estos sectores sociales son trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos levantados como murallas infranqueables, a las que solo pueden acceder aquellos que cuentan con el dinero suficiente para comprar sus derechos. Reclamaciones dilatadas por la formalidad institucional, la cual sí es diligente o pronta con los procesos de negociación dispuestos por los gremios económicos agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio. Realidad que permite preguntar: entonces, el Estado y el Gobierno ¿para qué y para quién?


Hoy, cuando se habla de paz y prosperidad para todas y todos, los campesinos, indígenas y negros permanecen como victimas de asesinato, amenazas y persecución por parte de la fuerza pública y demás actores armados. Cuando recurren a las vías de hecho, a la protesta y la movilización para hacerse escuchar, la respuesta inmediata es la represión, las amenazas y la cárcel. Esta realidad acá reseñada representa un panorama lamentable que lesiona la confianza del país nacional frente al país político, el que persiste en proteger los intereses de la minoría. Actitud que evidencia, además, que la negociación con el Gobierno atraviesa un momento crítico, y que es hora de hacer un balance para definir cómo continuarla.


El diálogo, la negociación y la concertación.


El diálogo, la negociación y la concertación con el Gobierno no puede llevar a perder de vista el escenario legislativo, donde definen la política pública y concretan muchos de los acuerdos alcanzados en las oficinas ministeriales. Lamentablemente, el legislativo está capturado por grupos políticos representantes de los sectores agroindustriales, terratenientes, quienes adecuan las leyes a sus propios intereses, como las pretendidas leyes de baldíos y el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que responde más a las necesidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que a las necesidades sentidas por los colombianos de a pie.


Tampoco podemos perder de vista las iniciativas económicas, políticas y organizativas que desarrollan las organizaciones populares en la ruralidad, expresadas de manera autónoma, espontánea, y muchas veces marginadas de las grandes disputas ideológicas y políticas, pero que constituyen alternativas reales de vida, que resisten a pesar de los embates del modelo económicos, constituidas en germen de futuro y sustentabilidad para un mundo en crisis (ambiental, económica, etcétera), iniciativas que deberían ser la base para cualquier proyecto político.


Por estas razones, es claro que las disputas por la tierra, el territorio, los recursos, la economía, el buen vivir, se libran en múltiples campos. No solo sentados con el Gobierno es posible lograr que los proyectos de vida de las comunidades rurales existan y pervivan; es necesario, además del avance autónomo de procesos de planeación, gestión y ordenamiento territorial, donde sean las "comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos" (Pliego de Exigencias Cumbre Agraria).


También es necesario articular las luchas que libran en este momento trabajadores estatales, profesores, médicos, estudiantes, etcétera. Es necesario establecer vínculos concretos de solidaridad entre los sectores sociales que hoy se encuentran en conflicto social con el Estado. Conservando la voluntad de contribuir a la paz, pero con justicia, equidad y dignidad.


Ante esta circunstancias, no sobra reiterar que las diversas organizaciones y procesos agrarios que integran este proceso conservan su voluntad de diálogo, pero sin ceder ante la retórica. Por eso exigen del Gobierno muestras claras de voluntad, manifestadas en hechos concretos.


Mientras esto se torne realidad, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se mantiene en asamblea permanente, y llama a las comunidades y sus organizaciones a continuar con procesos de análisis y reflexión a fin de buscar caminos para afrontar esta difícil situación a la que ha llevado el mal gobierno.


2 de mayo de 2015

Publicado enColombia
Miércoles, 01 Abril 2015 17:20

Los sectores sociales a reflexionar

Los sectores sociales a reflexionar

La Semana Santa se presenta como una pausa para algunas de las causas que adelantan diferentes sectores sociales, pero otros, como los indígenas, continúan con la lucha. Acá un breve informe sobre cómo va cada sector en estos días de "reflexión".


Los primeros meses del año 2015 quedaron marcados con la impronta de la presión de varios sectores sociales. Algunos lograron parte de sus propósitos, como los camioneros, por ejemplo. que acordaron con el Gobierno volver obligatorio un flete de referencia, mientras que los corteros de caña del ingenio Risaralda lograron la formalización de su trabajo. Sin embargo, aún hay sectores que siguen en conversaciones y las agendas ya están programadas para cumplir con sus objetivos.


Fecode: las negociaciones van del 6 al 10 de abril


La Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (Fecode), participó el pasado 25 de marzo en una sesión plenaria con las comisiones de diferentes empleados estatales y el Ministerio de Hacienda. Esta reunión, que fue apoyada por la movilización social de los sindicatos del sector y el magisterio, fue calificada como el inicio "efectivo" de la negociación entre las partes.


En este primer encuentro oficial fue expuesto el tema de educación en el Plan Nacional de Desarrollo y se empezaron a mover propuestas sobre el tema de los salarios. Por ahora, es conocido que las partes se derán cita después de Semana Santa, entre el 6 y el 10 de abril. Pero continúa el llamado por parte de Fecode a todos los docentes para que defiendan el pliego de peticiones.


Pequeños mineros: en la sala de espera


A la espera de una medida transicional para evitar la quema de camiones estaban los pequeños mineros. Medida que debería aplicarse mientas concluye el proceso de elaboración de un decreto reglamentario que les permitirá formalizar su trabajo. Para esta época siguen en espera, pero al menos ya tienen una fecha de reunión.


El 9 de abril se reunirán en el Ministerio de Minas y Energía con el Ministerio de Ambiente, "No solo porque dicen que somos depredadores del medio ambiente sino porque la política ambiental frente a la minería no es clara, hay muchas ambivalencias y hay varias interpretaciones que crean problemas", le dijo la directora de Conalminercol, Luz Stella Ramírez, a desdeabajo.


Sin embargo, Ramírez señala que persiste un gran disgusto en el sector porque la Fiscalía se niega a establecer una fecha para reunirse con ellos. Una reunión de gran importancia dicen, porque con este Órgano podrían encontrar una solución a los operativos del decreto 2235. "Se hacen operativos sin mediar un debido proceso, sin presunción de inocencia, sin derecho a la defensa y terminan mal". Según Ramírez, la Fiscalía le dice al Gobierno que no ve necesaria esa reunión, por lo cual éste aún no decide qué medidas tomar.


A lo anterior se suma, lo que parece una coartada a la libre expresión, "Los alcaldes nos invitaron a participar del Congreso de alcaldes que tuvieron en Cartagena. Inicialmente el espacio de intervención era de una hora, después nos dijeron que de 20 minutos y cuando ya estábamos allá dispuestos a hablar los 20 minutos nos dieron 5 porque el viceministro del Medio Ambiente se puso furiosísimo porque íbamos a hablar", dijo Ramírez.


Así pues, esperan la reunión del 9 de abril, pero al mismo tiempo, de no lograr algo concreto, no descartan la posibilidad de un paro.


La Uso sigue en el radar


La Unión Sindical Obrera (Uso), también es uno de los sectores sociales que ha mencionado la posibilidad de un paro, principalmente por los despidos masivos que Ecopetrol realizó bajo el argumento de la caída en el precio del petróleo.


Esa amenaza había mermado pero, con el despido de Edwin Palma, vicepresidente de la Uso, por publicar en redes sociales los salarios de los ejecutivos de Ecopetrol –que alcanzarían hasta los 60 millones mensuales (ver cuadro)–, la amenaza fue reactivada.


La publicación de Palma, que los trabajadores dicen, ya la habían realizado medios alternativos, causó polémica por la incongruencia de la petrolera estatal, pues mientras se despiden obreros, los ejecutivos, en supuesta "época de austeridad", continúan devengando altísimos salarios.


Frente a esa situación, Edwin Castaño le dijo a desdeabajo, "tuvimos una reunión el día lunes a las cinco de la tarde con la persona designada por el Gobierno. El Gobierno se reunió el sábado con Ecopetrol en las horas de la mañana y se miró toda la situación, estuvo Luis Eduardo Garzón y el Ministro de Minas, el doctor Néstor Humberto Martínez, el presidente Gutiérrez de Ecopetrol y otros funcionarios de la empresa. Ahí quedó asignado José Noé Ríos para reunirse el lunes con nosotros, con dos propósitos: uno, que el compañero Palma pasara la carta de reconsideración que le da un plazo a la empresa de responder hasta el lunes si reconsidera el despido o lo ratifica; dos, José Noé nos pidió que la Uso emitirá un comunicado público donde se manifestara que se respetaba la Constitución y la ley y eso fue lo que se hizo el día de ayer".


Con respecto a la resolución de la Asamblea Nacional de Delegados de la Uso, que había definido el paro de carácter indefinido, éste quedó en pausa, pues esperarán, sobre todo por el cambio de presidente de la estatal petrolera –el primero de abril es el último día en que Javier Gutiérrez estará al frente del alto cargo-, dando una pausa para que los compromisos que asumió el Gobierno sean cumplidos.


Según Castaño, los compromisos son los siguientes:

 

  • • Uno, saber de parte del Gobierno cuál era el futuro de Ecopetrol, si venderán o no alguno de sus activos. En esa pregunta el director de planeación fue tajante, dijo que por ahora el Gobierno no está buscando alternativas de venta ni privatización.
  • • Segundo, el tema de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, y en este item el mismo Ministro de Minas y el director de Planeación manifestaron que eso estaba dentro de las cuentas del PND, en su capítulo de las regiones.
  • • Tercero, el tema de ICP, como un establecimiento estratégico para Ecopetrol y para la industria petrolera. Manifestaron que ahí no había ningún tipo de amenazas.
  • • Por último, los trabajdores dicen que trataron temas laborales, en los cuales quedaron los compromisos por parte de Luis Eduardo Garzón de generar con el nuevo presidente de la petrolera estatal, Echeverry, un escenario lo más pronto posible para tratar todo el tema de las desvinculaciones , terminaciones de contrato, liquidación, así como el tema de persecución o la política antisindical que tiene Ecopetrol.

 

Los 10 salarios más altos de Ecopetrol

 

Javier Gutiérrez, Presidente: $60.518.347 (nuevo presidente Juan Carlos Echeverry) 
Héctor Manosalva Rojas, Vicepresidente Desarrollo y producción:$60.518.347
Carlos Eduardo Samudio, Director Centro de servicios compartido: $47.347.000
Héctor Augusto Castaño, Vicepresidente de activos con socios:$44.600.936
Ayde Mary Martínez; director relaciones laborales:$37.372.000
Lina Beatriz Duran, Jefe unidad mercadeo y proveedores:$24.622.000
Claudia Janeth Wilches, Jefe asuntos jurídicos laborales:$24.530.000
Ricardo Jaramillo, Coordinador de abastecimiento:$24.408.000
Yohani Arciniegas, Jefe de relaciones sindicales:$24.621.000
Sergio Augusto Corredor, Jefe unidad de servicio comparativo: $24.522.000

 Información tomada de Las2Orillas: http://www.las2orillas.co/los-10-salarios-mas-altos-de-ecopetrol-en-epoca-de-crisis/

 

Los indígenas no se van de vacaciones, invitan a la reflexión


A diferencia del pequeño u obligado receso que deben tomar los sindicatos y los pequeños mineros, por la espera a que el Gobierno Nacional vuelva a las actividades cotidianas, la Liberación de la Madre Tierra, como la persistencia de los indígenas, no descansa.


El 24 y 25 de marzo, las comunidades se reunieron para efectuar una minga de siembra, en donde realizaron un roce de la caña perteneciente al ingenio Manuelita de Ardila Lulle. Lo realizaron para sembrar semillas de plátano, yuca y de maíz, "Ya hemos sembrado 10 arrobas de maíz, se puede ver ya el plátano y el frijol creciendo [...] La gente está muy entusiasmada y aquí se va a quedar", cita el Tejido de Comunicación de la Acin.


Este proceso de siembra, explican, es uno de los más importantes en la Liberación, principalmente por la limpieza y el ánimo de regresarle el equilibrio a la Madre Tierra. Sin embargo, a ese proceso se unió el Ejército, pero no precisamente para ayudar con la siembra.


Según la Acin, las tropas ingresaron a la hacienda Miraflorez, la finca donde la limpieza fue realizada, y quemaron la Tulpa de los mayores –que es donde la comunidad se reúne con los mayores, planean las labores colectivas y donde se hacen rituales de armonización–. También destruyeron gran parte de los cultivos y se ubicaron al lado de los indígenas para tomarles fotografías, lo que luego les ayuda a iniciar procesos judiciales.


Pese a esta provocación, los indígenas culminaron su siembra, pues la persistencia es una de sus cualidades, que no solo realza en Miraflorez, también en la Emperatriz.


En conversaciones con desdeabajo Apolinar García, coordinador del cabildo Huellas, dijo que los trabajadores de la hacienda siguen realizando sus labores con normalidad, pero que los enfrentamientos también se están volviendo parte del paisaje.


Desde el 5 de marzo "ya van 41 heridos porque el Esmad casi, día de por medio, ataca a la gente con gases y también con tiros recalzados que son muy peligrosos, pueden matar a la población civil", dijo García.


Según él, Semana Santa no representa un cambio en sus actividades, "La comunidad dijo que iban a seguir derecho hasta que realmente recuperen la tierra". Falta ver si el Esmad descansará o si seguirá con los ataques. Pero más aún, faltará ver si el Gobierno Nacional se toma estos días para reflexionar sobre la situación del Cauca, que va de mal en peor, pues ya se cumplen tres meses del proceso de Liberación de la Madre Tierra, sin que el Gobierno asuma su responsabilidad ante la demanda de las comunidades indígenas, los heridos van en aumento, lo que hace muy factible que a medida que pase el tiempo la iniciativa indígena de opcupar más tierra se multiplique por todo el departamento.

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Los Nasa: el dulce amargo de la caña de azúcar

Tanquetas, humo blanco, indígenas tapando su boca y nariz con pañuelos, ataques en su contra con armas de fuego y machete, todas estas acciones e imagenes hacen parte de la foto de la Liberación de la Madre Tierra que tiene como escenario el Cauca desde diciembre anterior, pero que ganó nuevos ribetes desde febrero.

Desde el 15 de diciembre de 2014, los comuneros Nasa decidieron recuperar lo que es suyo. Para eso ingresaron de manera pacífica a los predios de cuatro haciendas: Granadita, García Arriba, Miraflores y Quebrada Seca. Haciendas que suman 4.000 hectáreas llenas de cultivos de caña del ingenio Manuelita, empresa que hace parte del emporio económico de Carlos Ardila Lulle.

Allí sentaron sus fueros. Día a día, con su presencia silenciosa, dejaban constancia que habían llegado por lo que les pertenece. A su alrededor los trabajadores del ingenio proseguían sus labores: sembrar, limpiar y recoger caña. Todo era "normal". Así transcurrieron dos meses de toma pacífica de estas haciendas.

La violencia como lenguaje oficial

"Tápenlo con barro, tápenlo con barro [...] échenle agua", le gritaban comuneros a quienes intentaban apagar los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, mientras que otros cogían piedras para lanzarlas con sus caucheras y responderle de esa manera al conjunto de hombres que casi nunca tienen rostro. Así, quedaron registrados los enfrentamientos del 24 de febrero en Corinto Cauca en un video realizado por el Tejido de Comunicaciones del pueblo Nasa.

El 25, un guardia indígena fue herido de gravedad por parte del Esmad, según la Acin fue golpeado "en la cabeza hasta quedar inconsciente (...). En respuesta a la ofensiva policial los comuneros se vieron obligados a bloquear la vía panamericana y ocupar la hacienda El Japío en el municipio de Caloto".

Al día siguiente, en el mismo ambiente de enfrentamientos, tomaron forma los primeros acercamientos entre los indígenas, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas para iniciar conversaciones con el Gobierno Nacional.

Así, el 28 fue acordado un "tacho": un acuerdo de 72 horas en las que no se atacarían unos a otros, y con el cual, la comunidad podría curar a sus heridos. Pero, "El Esmad arremetió contra las comunidades violentando el acuerdo e ingresaron a la finca con seis tanquetas cerca de donde las comunidades estaban preparando sus alimentos. Sin mediar palabra, atacaron con gases dejando nuevos heridos y destruyendo los lugares adaptados por las comunidades para pernoctar en las fincas, los víveres y las cocinas. Esta situación los obligó a desplazarse a las partes altas para resguardarse del ataque", narran voceros de la Acín.

"Tenemos 78 heridos de los comuneros levantados en lo que hemos llamado la Minga de la Liberación de la Madre Tierra. Tenemos dos compañeros judicializados, cinco compañeros heridos con impactos de arma de fuego y afortunadamente, el que estaba más herido se está recuperando de manera satisfactoria. No tenemos muertos hasta el momento, no esperamos tenerlos, pero el balance en términos de atropellos y violación de derechos humanos es muy grave por parte de la Fuerza Pública", le dijo Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa a desdeabajo.

La deuda

"[...] Se llama liberación. Liberarla de aquellas personas que vinieron de afuera, que golpearon a nuestros mayores en ese tiempo, que los despojaron quitándoles el terreno que les pertenecía y hoy ustedes lo pueden ver, son extensiones de caña inmensas. Pero, no son de cualquier persona, son del rico. Por eso el rico ha mandado al Esmad; por eso el Gobierno no quiere conciliar; por eso hoy tenemos tantos heridos, pero lo que ha dicho la comunidad es que aquí se queda", le decía Edilia Campo, al Tejido de Comunicaciones.

La liberación surge por la deuda que el Estado tiene con el pueblo Nasa. Entregarles 15.663 hectáreas fue el compromiso que asumió el Estado para reparar a la comunidad por la masacre del Nilo del 16 de diciembre de 1991, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo declarara responsable por el asesinato de 21 indígenas a manos de la Policía.

James Larrea, asesor de la Cut Valle y quien también acompaña a los indígenas en asuntos de derechos humanos, le dijo a desdeabajo que un falló el Consejo de Estado estableció que el autor material del hecho fue "Fabio Alejandro Castañeda Matheus, para ese entonces, teniente de la policía, ascendido a capitán y comandante antinarcóticos del norte del Cauca. Y, el mayor Jorge Enrique Durán Argûelles, comandante de Policía de Santander de Quilichao fue el autor intelectual".

Según medios de comunicación, los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el caso se entregaron a la justicia a principios de febrero de este año. Pero, la deuda sigue siendo grande, sobre todo por la no repetición. El ocho de abril de 2001 se dio la masacre del Naya y el 18 de noviembre de 2012 la del Gualanday en Corinto, y otras más, que en definitiva han roto por completo la confianza de las comunidades indígenas con el Estado.

Sin embargo, sectores como la Sociedad de Agricultores y Ganaderos (Sag), y la presidenta ejecutiva de Cámara de Comercio del Cauca, le afirmaron al periódico El Tiempo, que el Gobierno les entregó a los indígenas "un cuarto del territorio del Cauca".

Un informe de la Contraloría del 2013 afirma lo contrario: En el tema de tierras no se ha cumplido ni el 50 por ciento de lo prometido. El informe que es citado por la Acin, explica: "revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto".

Además, para el mismo medio, Héctor Fabio Dicué, consejero de la Acin, dijo que donde viven son áreas de protección, "Estamos ubicados en partes altas de las montañas".

A la espera

Ante el evidente incumplimiento, los comuneros siguen en las haciendas. Pero ya no son cuatro, según Valencia tienen "[...] ocho haciendas ocupadas, dos en Corinto y dos más ocupadas en el municipio de Buenos Aires".

Y así como aumenta la posesión de los indígenas, también aumenta la tensión. "El 2 de marzo de 2015, en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao fue distribuido un panfleto [...], con un logo de quienes se autodenominan Rastrojos Comandos Urbanos, titulado 'JUSTICIA POR UN PAÍS QUE NO PUEDE SEGUIR DE RUANA'", cita la Acin.

En el panfleto amenazan a líderes de las comunidades indígenas, calificados como agitadores, recordándole que tienen deudas pendientes con ellos.

Pese a esto, y a los tensos procesos con el Gobierno Nacional, los indígenas continúan con su objetivo, dentro de lo cual recuerda Valencia: "Hemos llevado nueve reuniones con delegados del Gobierno que no nos han solucionado nada y nos han manifestado que ellos no tienen capacidad de decisión".

Proceso de negociación con altibajos. Para el nueve de marzo habían acordado otra reunión entre el Gobierno y los indígenas. Pero, a pesar de que la comunidad había confirmado su asistencia, no fue realizada. Lo que evitó el encuentro fue un ataque con arma de fuego efectuado en contra de los indígenas, accionada por parte de miembros de la seguridad privada.

Intimidación, amenazas, seguimientos, señalamientos, ataques directos, todo esto y mucho más no desanima a los indígenas, quienes tienen, de acuerdo a Feliciano, "[...] un mandato de las comunidades de no más mesas de negociación, no más comisiones en Bogotá. La gente está en los predios y la solución del Gobierno en términos de atender las exigencias es allá en el terreno [...], la decisión es no retirarse de los predios hasta que el Gobierno nos los entregue, porque han habido experiencias: se crean comisiones, venimos a Bogotá, pero todo queda en promesas".

Un pulso continúo y en el cual la comunidad no desfallece. El jueves 12 de marzo, en la finca La Milagrosa del resguardo de Canoas, se dio cita la Consejería de la Acin y la comunidad para escuchar y debatir dos propuestas: 1) continuar con las negociaciones, 2) seguir con la Liberación de la Madre Tierra a corto, mediano y largo plazo

Resaltan, como conclusiones del encuentro, que harán las dos cosas, y que el objetivo es que el Gobierno Nacional les entregue 20 mil hectáreas en cinco años. Ellos esperan recibir de manea formal las haciendas El Japío, La Emperatriz, La Margarita, Guayabal, Canaima 1, Canaima 2, García, San Vicente y Las Pirámides.

Según los indígenas, las tierras más difíciles de recibir serían las de Miraflores y las de Quebrada Seca, pues son propiedad de Ardila Lulle, y no están en oferta.

Una sesión entre las partes

El lunes 16 de marzo, dice un comunicado de la Acin, en la hacienda Gualanday del resguardo Munchipe los Tigres, se abrirá un espacio para que una delegación conformada por gobernadores de los cabildos del norte del Cauca le expliquen al Gobierno Nacional las propuestas y objetivos trazados por la comunidad.

Según el mismo comunicado, el Gobierno se comprometió a entregarles tres mil hectáreas hasta 2016, pero también tres mil millones de pesos para agricultura. Y enfatizan en este documento: "[...] lo que ha mandado ha sido la arremetida brutal de su fuerza armada para que desalojen a las comunidades que se encuentran en la vía La Panamericana y en las diferentes haciendas".

Violencia sin limite: al cierre de esta edición los indígenas resaltan la existencia de 100 comuneros heridos.

El pulso continúa. Todos los sectores involucrados están a la espera de cómo terminará esta nueva jornada por la Liberación de la Madre Tierra, el dulce amargo que por estos días permanece en los cultivos de caña. los cultivos de caña.

Publicado enEdición 211
Viernes, 05 Diciembre 2014 18:22

Amazonas, el paraíso olvidado.

Amazonas, el paraíso olvidado.

El Amazonas es un territorio que enamora. Desde que arriba a su territorio quien lo visita siente sorpresa por su inmensidad, la tranquilidad que transmite su selva, lo majestuoso del río de su mismo nombre. El departamento del Amazonas es un paraíso, un paraíso que contradictoriamente a lo pensado, vive desde hace mucho tiempo una situación de olvido y desinterés estatal que llega a límites alarmantes. En los últimos años está situación ha mejorado en algunos aspectos, pero todavía son visibles situaciones inexplicables en este tiempo ya que, además de la tecnología que actualme existe, el presupuesto del departamento da para solucionar muchos de los problemas que soportan sus pobladores.


La presente columna realizará un recorrido rápido sobre los principales problemas que afectan al departamento, explicará cómo el histórico desinterés del Estado colombiano con respecto a este territorio afecta la configuración del sistema político nacional, e intentará formular una salida a esta situación.


Geografía y transporte


De los treinta y dos departamentos que integran nuestro país, el Amazonas es el más extenso, además de estar compuesto totalmente por selva. Su bastedad limita con los departamentos del Caquetá, Vaupés y Putumayo, pero además, como región fronteriza, allí el país tiene fronteras con Brasil y al sur y sureste con Perú.


Este departamento que hasta 1991 era parte de los llamados "Territorios Nacionales", desde siempre ha estado aislado del "centro" del país y de la llamada "realidad nacional". Razones para ello hay muchas, por ejemplo las dificultades para acceder al mismo, casi limitadas a transporte aéreo A inicios del siglo XXI, para llegar en avión desde Bogotá había que pagar hasta 800.000 pesos por trayecto, lo que limitaba en gran medida el turismo y mucho más la posibilidad de que algún curioso llegara por accidente o descuido. Estos costos ahora son menores aunque igual siguen siendo inexequibles para muchas personas, rondan los 350.000 pesos en temporada alta y 200.000 en temporada baja.

La otra forma para llegar es por río, la cual no es fácil: hay que llegar a Puerto Asís, Putumayo, y después buscar un barco de carga, que muy pocas veces permite cupo para que las personas viajen; recorrer este trayecto exige un promedio de 15 a 29 días por el río Putumayo hasta desembocar al Amazonas. Pocas personas tienen el tiempo para encarar esta travesía.


Otra de las razones por las que en este territorio permaneció y todavía permanece aislado del centro político responde a la mirada hacia adentro o localista que carectizó desde siempre a las élites criollas, las cuales nunca entendieron ni potenciaron la realidad estratégica y la diversidad de nuestro país. Como es conocido, situado a la entrada –o salida– de Sur América, Colombia es el puente entre Centro y Sur América; país Caribe, Pacífico, Andino, Orinóco y amazónico, con diversidad de climas, reducido por la miopia de esas élites a país andino.
Es así como nunca entendieron ni miraron al Amazonas ni a la bastedad amazónica, menospreciada como territorio de "indios", negado en su potencial en todas y cada una de sus cualidades y características, mucho menos comprendieron el papel que podría jugar en la potenciación de unas relaciones de integración subregional con Brasil, Perú y Ecuador.


Sus suelos, distintos a los andinos, cargados de hierro, aluminio, ácidos, tampoco fueron ni estudiados ni valorados, cuando mucho, con su tradicional mirada antiecológica, lo único que vieron en ellos fue madera y caucho.


El aislamiento de un territorio tan grande como éste, ha afectado la configuración del sistema político colombiano, definido como Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con centralización política y descentralización administrativa, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, todo esto articulado en la Constitución Política de 1991, premisas que quedan sin fundamentos al observar el estado en que se encuentra el Amazonas, donde hasta hace muy poco tiempo la única presencia estatal evidente era la militar, y cuando empezó a llegar otro tipo de instituciones desde siempre quedaron manchadas por la ineficiencia, la corrupción y/o el sospechoso manejo de los presupuestos.

Derechos sociales

Por ejemplo, en muchos de los corregimientos que componen este territorio, para que a un paciente le apliquen una inyección no es extraño que tenga que llevar la jeringa, los guantes, el medicamento y una vela para que en el puesto de salud le puedan prestar el servicio. Realidad evidenciada en un artículo periodístico llamado "En el Amazonas el acceso a la salud se mide en kilómetros", de la periodista Natalia Gómez Carvajal. Su acompañamiento a una brigada de salud desarrollada en Puerto Nariño, segundo municipio del departamento, habitado por 8.000 habitantes , le permitió corroborar las carencias que tiene el departamento en temas como el de salud. En su nota la periodista también explica las dificultades y costos para el transporte, y ejemplifica que un desplazamiento desde Puerto Nariño y hasta Leticia cuesta 50.000 pesos ida y vuelta, el mismo que puede tomarse 3 horas, o puede conseguirse un transporte más barato en una embarcación de la zona llamada "peque-peque" pero el tiempo para el viaje se duplica a 6 horas e, incluso, puede llegar a 8. Otro ejemplo que da es cómo desde Mirití –al norte del departamento–, para buscar un vuelo hasta Leticia, debe hacerse un recorrido en lancha hasta el corregimiento de La Pedrera, viaje conocido como "el paseo de la muerte", el cual puede demandar hasta 700.000 pesos en gasolina.


La periodista recuerda en su escrito la sorpresa de uno de los médicos de la brigada ante la pobreza en que viven muchos de los habitantes de la región, los cuales no pueden ser atendidos por la falta de especialistas en la región.


La precaridad en el área de salud que padecen los habitantes del departamento queda evidente en el cuadro adjunto, donde puede observarse el porcentaje de personas con acceso médico por ubicación geográfica. El cuadro perrmite notar cómo en la región Orinoquía-Amazonía, que incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo y Amazonas, en el año 1997 se vivía una cobertura del 82,7 por ciento mientras en el 2012 está llega a un 69,0. Salta a la vista que aunque existan avances en esta área de los derechos sociales, el porcentaje de personas con acceso médico disminuyó. Por qué no llegan los pacientes, ¿Falta de dinero para el trasporte? ¿Falta de médicos, situación que conocen y los desestimula para viajar?

Vivencia


Cómo estudiante de primaria y secundaria en la capital del departamento conocí muchos aspectos que me decepcionaban de la educación y de mi colegio, que siempre fue público, donde tuve la misma clase de inglés, con los mismos temas de segundo a quinto de primaria, enseñando además una lengua que no requeriamos de inmediato, desconociendo nuestro sistema educativo las lenguas de más de dos docenas de pueblos indígenas con los cuales sí teníamos la necesidad inmediata de integrarnos y desarrollar convivencia; o donde el 80 por ciento de las compañeras de mi hermana –grado 11–, estaban embarazadas o habían tenido hijos al poco tiempo de su graduación.


Mediocridad, falta de apoyo estatal. Como estudiante, muchas veces desee ser brasilera, por qué los niños de las escuelas de Tabatinga, el pueblo vecino, les daban el uniforme, los útiles, tenían computadores que funcionaban y además les hacían parques o canchas. Ahora que conozco un poco más del mundo me doy cuenta que ni los colegios de Tabatinga tienen la calidad que necesitan los niños de la región, ya que buenas instalaciones sin un proceso de educación de calidad, y el trabajo por la no violencia en las sedes, de poco sirven.


Un término que puede ayudar a entender lo planteado es el explicado por Fernán González y Silvia Otero Bahamon, en el artículo "La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza", donde explican que en algunas regiones del país el Estado colombiano pudo consolidarse cómo el regulador del orden social, el detentador del monopolio de la violencia y de las administraciones. Pero en otras zonas esto no ha sucedido, recurriendo para ello al clientelismo, como sucede en el Amazonas, zonas que están en disputa con los actores armados.


Los autores explican cómo la violencia, la crisis de los mecanismos de representación política y la presencia creciente del narcotráfico en la sociedad colombiana, llevaron a que estos territorios quedaran aislados del desarrollo logrado en la zona andina del país.

Un reto


Es necesario que el Estado emprenda una campaña de reconocimiento de los territorios que no controla ni incluye de manera cabal, que adquiera un compromiso serio con los ciudadanos de los mismos para iniciar un proceso de articulación a la realidad nacional.
El Estado debe encontrar formas de romper con las tan arraigadas costumbres clientelistas dominantes en el departamento del Amazonas, todo esto apoyado directamente desde el gobierno central y la diversidad de instituciones que lo integran, que en un trabajo conjunto intenten generar este cambio, para que el Amazonas deje de ser uno de los departamentos más empobrecidos del país, donde la corrupción tiene más peso, aprovechando todo su potencial para no solo ser el paraíso natural que actualmente es sino, además, para que en su territorio se cumplan todas esas palabras que dan cuerpo a la Constitución Política de Colombia.

Bibliografía


• Cuadro 1, Ayala, García, Jhorland, La salud en Colombia: más cobertura pero menos acceso. Publicado por el Banco de la República – Sucursal Cartagena. Fuente secundaria: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 – 2012.
• GONZÁLEZ, Fernán, BAHAMON, Silvia O. La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Programa Análisis y evaluación de la gobernanza. 7 de julio de 2006. Sitio Web: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html. Revisado: 20 de octubre de 2014.
• Gómez C, Natalia. "En el Amazonas el acceso a la salud se mide en kilómetros". Periódico El Tiempo. 1 de septiembre de 2012. Ubicación online: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12184932

 

Por Natalia Soto González

Estudiante
Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

 

Publicado enColombia
Viernes, 28 Noviembre 2014 16:40

Sobre el valor de no tener armas

Sobre el valor de no tener armas


El departamento del Cauca sobresale en Colombia por su tradición de organización indígena y resistencia civil. Hechos como la condena decretada a los siete guerrilleros indígenas de las Farc que el pasado 4 de noviembre asesinaron a dos miembros de la comunidad Nasa, evidencian la contundencia de la justicia indígena que actúa de manera autónoma, y la firmeza de la acción sin armas de su Guardia que defiende, entre otros aspectos, el derecho a la soberanía de su territorio.

 

La resistencia civil se consagra en las

declaraciones universales de los derechos

humanos como uno de los derechos fundamentales y,

en el caso de que el Estado los viole o no los garantice,

los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse

a la resistencia civil para recuperarlos

Eugenio Guerrero

 

Sucedió el pasado cinco de noviembre. Un sonido seco y tajante rasga la piel cada vez que la contacta el cuero con que está hecho el perrero de arriar ganado. El dolor se prolonga 20 veces, número de fuetazos decidido por la comunidad indígena para remediar la desarmonía de Daniel Coicué y Manuel Tumiñá, tras el asesinato de otros dos de sus miembros.

 

Luz y sombra. Las piernas de los dos menores de edad encontrados culpables tratan de soportar la aguda vibración de los fuetazos; sombra. Pero el dolor causado por el castigo, según la tradición, ayudará a que los implicados retornen a su origen. El fuetazo como transmisor de energía ancestral, el fuetazo como rayo; luz. El rayo como padre de los Nasa, mediador entre lo claro y lo oscuro, elemento purificador que devolverá la armonía que rompieron los jóvenes de rasgos notoriamente indígenas.

 

Sin embargo, la condena no se reduce solo al fuetazo. De manera casi unánime la población elige 40 años de cárcel para cuatro de los milicianos indígenas; 60 años de cárcel para el autor de los asesinatos y para los dos restantes, por ser menores de edad, el envío a un centro de rehabilitación mientras cumplan la mayoría de edad.

 

La justicia de la comunidad indígena del Cauca ha sido elogiada por la agilidad y eficacia en el juicio celebrado alrededor del asesinato de dos de sus miembros, con funciones de Guardia, pero también criticada por no contar con un debido proceso en el que los milicianos farianos puedan acceder a la defensa, así como a una segunda instancia, como lo reprocharon el abogado y exprocurador Jaime Bernal Cuellar y el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien además agregó para Caracol Radio que a los siete guerrilleros condenados les violaron los derechos humanos.


Ante estas declaraciones, el activista y exconsejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Carlos Houghton, opina que a la justicia indígena la miran con vista occidentalizada, sin analizar que para ellos los derechos colectivos priman sobre los individuales. Por eso la importancia que le otorgan a la armonización de la comunidad: es el nivel de desarmonía causado lo que define la gravedad del hecho.

 

"Cuando la prioridad es otra, el debido proceso es para la comunidad, no para el individuo. No tuvieron un abogado pero sí miembros de las familias de los acusados, para señalar y controvertir a la comisión. Además, los responsables reconocieron su culpa. Es una justicia asamblearia y casuística, que no está escrita en ningún lado", añade Houghton.

 

Ley de origen

 

Así es como nombra a la justicia que aplican en las comunidades la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, debido a que su origen va mucho antes del Estado. "No vamos a renunciar nunca a ella, porque sería renunciar a vivir como somos y desaparecer. Pero se trata de dos derechos distintos, y en algunos casos enfrentados".

 

Sin embargo esto no quiere decir que los indígenas busquen sustituir por completo el Estado colombiano, sino asegurar un grado de autodeterminación para los suyos dentro de sus territorios ancestrales.

 

La ausencia del Estado en la comunidad, el crecimiento de la inequidad social y la problemática de la apropiación de tierra ayudó a que en 1971, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70 en el país, surgiera el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), "con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo", según un artículo realizado por Anders Rudqvist y Roland Anrup.

 

Para 1991 la Constitución Política de Colombia generó el ambiente legislativo propicio para que la resistencia civil surgida de las comunidades indígenas diera fruto. Es así como el artículo 246 consagra su jurisdicción especial, "Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales" documenta Castro Blanco en el libro Multiculturalismo y Constitución Política: el neocontractualismo de John Rawls, Charles Taylor y la Constitución Política de Colombia de 1991.En esa medida la ley estatal establece que esta jurisdicción especial deberá coordinarse con el sistema judicial nacional.

 

Para ese tiempo, surgen estructuras indígenas zonales, entre ellas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), organización creada en 1994, que luego de diez años sería merecedora del Premio Ecuatorial a "logros extraordinarios en el empeño por reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad", otorgado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, gracias a los avances de la Asociación en etnoeducación, tenencia de la tierra, cultivos y demás proyectos de desarrollo comunitario.

 

Para esa misma fecha, los delegados de los comuneros Nasa pidieron en Nueva York a la ONU que brigadas internacionales de paz los acompañaran como escudos humanos. Años después solicitarían que la Guardia Indígena, creada de manera formal en el 2001, fuera declarada "agente internacional de paz".

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad por mantener su autonomía en el territorio, el conflicto en el departamento del Cauca procede de varias décadas atrás.

 

Asiento insurgente

 

La presencia de grupos guerrilleros en este departamento es histórica. El latifundio, la discriminación, el sometimiento de los indígenas por los gamonales, pero también la posición geográfica y la presencia de megaproyectos mineros, son algunas de las razones por las que esta parte del país es uno de los mayores focos de conflicto en Colombia. Allí, en 16 de sus 42 municipios, sus habitantes han visto vulnerado, en numerosas ocasiones, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos.

 

Según un análisis realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, en la zona, y a través del tiempo, han tenido presencia diferentes organizaciones armadas: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), El Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y el Comando Pedro León Arboleda (Pla). Actualmente, las Farc despliegan allí los frentes sexto y octavo, y las columnas–móvil– Jacobo Arenas y Arturo Ruiz.

 

Solo para el año 2012 este departamento sumó catorce tomas guerrilleras, más de 400 hostigamientos y una lista incalculable de heridos, según cifras del entonces gobernador del cabildo de Toribío, Marcos Yule, lo que ha causado que existan tensiones entre la guerrilla y las organizaciones indígenas.

 

El 15 de julio 2012, según la investigación de Rudqvist y Anrup, la Acin mandó una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, en la cual explica sus "acciones de liberación y armonización" de los territorios indígenas y reitera que "no queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército" en nuestros territorios. La Acin demanda que la guerrilla se aleje de los sitios poblados y de vivienda, que no realice mas "ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública", que no use armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales, que no se atrinchere en las casas y que los milicianos no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.

 

Luego de reiteradas peticiones por parte de la comunidad indígena, los grupos armados siguen actuando sobre este territorio. El asesinato de dos de los guardias indígenas más queridos por la comunidad de Toribío propició, una vez más, el ahondamiento de la tensión entre esta guerrilla y las autoridades del norte del Cauca.

 

La disputa no termina. La Acin, a través de comunicados, sigue solicitando estrategias reales al Estado colombiano y el reconocimiento jurídico de la Guardia Indígena como un sujeto de reparación colectiva. Paralelo a esto también preparan para este año el "Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio", a celebrarse entre el 24 y 25 de noviembre, que agrupará líderes en contra del proyecto megaminero de La conga en Cajamarca, Perú, de La Colosa en Cajamarca, Colombia, y otros activistas en contra de las actividades extractivas que se adelantan en sus territorios.

 

Las iniciativas de los pueblos indígenas del Cauca cada día tienen más seguidores. Esto probablemente se deba a la concientización de la comunidad sobre su papel como actores políticos “luego de la negociación de San Vicente del Caguán, empiezan a hacer una propia lectura de la guerra y se dan cuenta que la estrategia que su comunidad ha elaborado es mucho mejor que la de los actores armados, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida, de formación de conciencia, de organización y control territorial. Además de tener mayor poder y credibilidad que ellos. La montonera indígena es más poderosa, la montonera indígena construye más lazos con la gente”, reflexionaHoughton.

 

En estas circunstancias, y mientras la comunidad indígena del norte del cauca continúe padeciendo violaciones a los derechos humanos, probablemente proseguirá su resistencia civil en búsqueda de su autonomía territorial, jurídica y administrativa; teniendo como objetivo la consecución de la paz y la armonía de sus territorios, alterada por la persistencia del latifundio, de los gamonales y de más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia.

 


Recuadro 1

 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)

Surge en 1971 en el municipio de Toribío, Cauca, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70,con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo. Proponen siete objetivos primordial es en su plataforma:

 

1. Recuperar las tierras de los resguardos
2. Ampliar los resguardos
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terraje
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con su situación particular y en su respectiva lengua.

 

Es una de las organizaciones indígenas más grandes de Colombia: "comprende 77 resguardos, más de 115 cabildos y alrededor de 246 mil miembros pertenecientes a siete pueblos diferentes, de los cuales los Nasas son el mayoritario, al constituir un 80 por ciento del total de los miembros de la organización".(Hernández Delgado, Resistencia civil artesana de paz, Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas).

 

Aparte del Cric, que tiene una cobertura departamental, hay importantes prácticas a nivel local y zonal tales como el Proyecto Nasa, el Proyecto Global, la Resistencia Indígena Comunitaria de Caldono y la experiencia de La María, entre otras.

 

Recuadro 2

 

Guardia Indígena, "agente internacional de paz"

 

Fue creada, de manera formal, a través de la resolución 003 del 28 de mayo de 2001, expedida por los cabildos indígenas de la zona norte en el municipio de Caloto, con el apoyo del Cric.

 

La Guardia Indígena está compuesta por indígenas nasas, guambianos, coconucos, totoroes y yanaconas y sus símbolos son un brazalete verde o rojo y un bastón de mando.

La misión de la Guardia Indígena es la de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono, hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar cualquier situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas. Sus actividades son principalmente las siguientes:


- Controlar el movimiento interno y externo de los comuneros.
- Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes.
- Acompañar a la comunidad y cabildos dentro del contexto de la población civil.
- Mantener informada a la comunidad y cabildos sobre el orden público y exigir respeto 
como organización social a los actores del conflicto.
- Investigar antecedentes y el destino de personas y vehículos que ingresan al territorio.
- Hacer decomisos, allanamientos y requisas, con previa autorización de la autoridad 
propia.
- Defender los derechos humanos, denunciando todos los actos que atenten contra el 
bienestar y la tranquilidad de la comunidad.
- Controlar los eventos importantes que se desarrollen en las comunidades como marchas, congresos, asambleas, etcétera.

 

"La Guardia Indígena está conformada por 10 representantes de cada una de las 320 veredas para un total de 3.200 personas, a las que se pueden sumar más, según las demandas del momento. Este es uno de los modos de resistencia en el cual participa voluntariamente un grupo de comuneros elegidos por los habitantes de cada vereda y luego ratificados por el cabildo de cada resguardo".(Minga en resistencia).

 

El servicio de guardia es por un periodo de uno o dos años y las guardias son además escuelas de formación donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades. Los guardias solamente van armados con bastones y radios transmisores.

Publicado enEdición 208
¿Por qué se niega la Consulta Previa al pueblo Inga de Mocoa?

Contra la Consulta Previa a las comunidades indígenas y a los grupos poblacionales afrodescendientes, existe una descomunal arremetida de poderosas empresas multinacionales asociadas al extractivismo, así como de sus agremiaciones y de altas esferas gubernamentales que los consideran un estorbo para su modelo depredador de "desarrollo" y explotación de los recursos naturales no renovables.

Es similar a la presión contra las licencias ambientales cuyas normas regulatorias recientemente han sido reformadas para establecer un mecanismo exprés que constituye una salvajada contra la naturaleza y el medio ambiente. Mediante el decreto 2041 de octubre de 2014 (http://bit.ly/10WLIon), el gobierno del señor Santos fijó un procedimiento sumario para que las Licencias se expidan en 150 días, cuando en otros gobiernos, como el de los Estados Unidos, dicho trámite demora, como mínimo, 6 años. Y eso que esa es la catedral del aterrador fracking.

Quiero responder la pregunta que encabeza esta columna colocando a consideración de quienes la lean dos planos que ilustran la situación concreta del ejercicio de este derecho fundamental de las comunidades étnicas nacionales. En primer lugar están los hechos ocurridos en el caso concreto del Cabildo Inga del municipio de Mocoa, Putumayo. De tales acontecimientos puede inferirse un sistemático sabotaje por parte de un poderoso grupo empresarial, propiedad de la familia Solarte de Pasto, contratistas del Estado en obras civiles, para impedir la realización de la Consulta Previa y el consentimiento tanto en lo relacionado con la expedición de la Licencia ambiental como con la ejecución de una obra vial que hace parte de un complejo de carreteras en construcción en la Amazonía. En segundo lugar, presento el panorama histórico, legal e institucional del reconocimiento y la garantía de esta institución en el periodo posterior a la expedición de la Constitución de 1991.

Los dos escenarios ilustran claramente cuál es la situación concreta de la Consulta Previa y su consentimiento en el Estado colombiano. Todos los datos y hechos nos demuestran que para las elites dominantes, para las multinacionales y para el modelo de acumulación extractivista y financiero neoliberal, la Consulta Previa a las comunidades indígenas y afros es un estorbo que debe ser doblegado, borrado y destruido.

Vamos por partes.

Los eventos en el Cabildo Ingá de Mocoa.

Sobre el territorio de la comunidad Inga (Cabildo de Mocoa) en la actualidad se adelanta el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de Mocoa, Putumayo (file:///C:/Users/usuario/Downloads/periodico.pdf).

Se trata del proyecto de "CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA", que comprende la construcción de una vía nueva entre las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa, la cual será una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte y demás.
El 60 por ciento del trazado de la Variante está ubicado en la Reserva Forestal de la cuenca alta del rio Mocoa (http://bit.ly/1pOtLUW).

Para la ejecución de este proyecto vial el presupuesto aproximado suma quinientos mil millones de pesos (260 millones de dólares), que serán ejecutados a los largo de 6 años, iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.

Este proyecto hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo es desarrollar obras para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (http://bit.ly/1EyOH56).

Se trata de un proyecto de interés para la región Ingá, el megaproyecto "Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará, el cuál involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor Intermodal: i) implementar el eje de desarrollo e integración del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas peruano y el norte de Brasil y ii) potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico.


Antecedentes

En septiembre 15 de 2009 fue publicado el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –Pmasis- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde, Corpoamazonia y el Invías, después de una evaluación técnica, económica y ambiental, seleccionan para la obtención de material de arrastre a utilizar en la construcción de la variante San Francisco/Mocoa, el río Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa)[1], se presenta como un lugar apto para su explotación. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m[2].

De acuerdo a lo indicado en el Pmasis (2009), estaba previsto comprar el material a las empresas mineras de la región que contaran con licencias y permisos ambientales y mineros vigentes para su explotación, así como con un plan de restauración de las áreas explotadas debidamente aprobado, o en caso de ser necesario, estuvieran en capacidad de tramitar las licencias y permisos ambientales y mineros exclusivos para la construcción de la Variante, ante las autoridades competentes.

En la margen derecha del río Mocoa para esa fecha se encontraba, y allí está actualmente el asentamiento "El Guadual", el cual ocupa territorios ancestrales, donde está viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, los usos y costumbres del Pueblo Inga.

El 5 de diciembre de 2011, Corpoamazonia emitió el Informe No. 1453 denominado "Informe de viabilidad de obras preventivas en un tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa"[3], en el que categorizaban el lugar del río Mocoa que abarca aproximadamente desde unos metros del puente metálico en la vía Mocoa- Pitalito (Vía Nacional 4503) y la desembocadura del río Mulato, como una zona de riesgo de inundación para el municipio de Mocoa, lo que coincidió "casualmente" con el lugar propuesto por el Pmasis (2009), para la obtención de material de arrastre.

Debido a lo anterior, el presidente del Consejo municipal para la atención de desastres del municipio de Mocoa, realizó acercamientos con el Invías y las empresas Sonacol S.A.S. y Consorcio Vial del Sur (de la familia Solarte), llegando a un acuerdo consistente en que autorizaban a la empresa Sonacol S.A.S., para que realizara obras de mitigación del riesgo y, como contraprestación, recibiría el aprovechamiento del material de arrastre del río para la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa.

Para los meses de octubre y noviembre de 2011 la empresa Sonacol S.A.S., realizó acercamientos con el asentamiento Indígena "El Guadual", enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningún momento les fue socializado el proyecto con todos sus componentes y alcances. Con engaños y maniobras fraudulentas se hizo firmar a la comunidad los informes sin que la misma tuviese pleno conocimiento de su contenido.

El 31 de enero de 2012 la empresa Sonacol S.A.S., se reúne con las familias del asentamiento "El Guadual", y sin las garantías del debido proceso, el consentimiento y la Consulta Previa, logran acuerdos verbales, como contraprestación al permiso para el paso del material del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un Acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el texto del documento, se percatan que aparecen compromisos a los que no había llegado, por lo que sus integrantes consideran que la empresa se aprovechó y abusó del escaso conocimiento que para la época tenía la comunidad sobre su derecho a ser consultada y al consentimiento, dispuesto por la ley.

El Consorcio Vial del Sur entregó a Corpoamazonia para el trámite de la Licencia Ambiental del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, entre otros documentos, copia del Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012[4], por medio del cual el Ministerio del Interior expidió la certificación de la no presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto, obteniendo la viabilidad técnica para el mismo en el trámite de la Licencia Ambiental con Corpoamazonia, viabilidad que debían presentar al Servicio Geológico Colombiano para acceder a una autorización temporal de explotación. Sin embargo, este Acto Administrativo indicaba en su artículo Quinto, que si la empresa identificaba afectaciones directas a alguna comunidad indígena, antes o durante la ejecución del proyecto, estaría en la obligación de informar de inmediato a la Dirección de Consulta Previa y solicitar que esta inicie el proceso de consulta.

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su Dirección del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual concede la autorización temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote, durante tres (3) años a partir de la inscripción de la resolución en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construcción ubicado en el río Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construcción de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta resolución queda sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010)[5] y que por tanto el Consorcio Vial del Sur, está obligado a acatar lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas, en lo referido a la obtención de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecución de esta Autorización Temporal.

A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, de que estaban en trámite la Licencia Ambiental, así como el permiso temporal otorgado por el Servicio Geológico Colombiano para la ejecución del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S. inició actividades de obra hacia el mes de febrero de 2012, con pleno conocimiento –y ocultando a las entidades– la presencia de la comunidad indígena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.

El día 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envió una solicitud al Incoder para le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e información, si en la zona de extracción de minerales río Mocoa, ubicada en el municipio del mismo nombre, proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, existían resguardos titulados y en trámite de titulación de las comunidades indígenas.

Para el día 9 de julio de 2013 el Incoder remitió un oficio como respuesta a la solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aunque las coordenadas del área de influencia directa del proyecto, CONTRATO No. 407 DE 2010, no coincidían con coordenadas de resguardos indígenas titulados registrados en el Sistema de Información Geográfica –SIG-, ni tampoco en la base de datos de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, podría no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulación a las comunidades indígenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indígenas, o de sus territorios, debería informar de manera inmediata a esta entidad.

La empresa Sonacol S.A.S, como ejecutora del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, conocía previamente (exactamente desde octubre de 2011) "la presencia" de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mención, pero omitió lo estipulado tanto en la resolución No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificación emitida por el Incoder el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la existencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades iniciaran el proceso de Consulta Previa y consentimiento, en cumplimiento del artículo 330 de la Constitución Política, del artículo 7 de la Ley 21 de 1991, del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.

El día 31 de julio de 2013, la comunidad Ingá de Mocoa, a través del el señor Álvaro Muchavisoy Buesaquillo, en calidad de Gobernador del Cabildo para el periodo 2013, solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que verificara y certificara la presencia de la Comunidad Indígena Inga de Mocoa en el área del mencionado proyecto y garantizara de esta manera el derecho a la Consulta Previa.

En respuesta a esta solicitud, el Ministerio del Interior certificó la presencia del Cabildo Inga en el área de influencia directa del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, por medio de una visita de verificación en campo llevada a cabo entre el 11 y el 14 de diciembre de 2013, con la cual concluyó que en el área de influencia de dicho proyecto había presencia del Cabildo Inga de Mocoa, reconocido por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y con base en la información aportada y recogida en esta visita de verificación, emitió la Resolución No. 20 del 6 de marzo de 2014 (http://bit.ly/1sz0Pe3) por medio de la cual revoca el Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012.

Pese a esta revocatoria, con la inocultable evidencia alegada, y con la entrada en vigencia del Acto Administrativo No. 20 del 6 marzo de 2014, y con pleno conocimiento de ello, la empresa Sonacol S.A.S. siguió ejecutando sin interrupción alguna el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010. Por tal motivo la comunidad, a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió hasta el 4 de abril de 2014 varios derechos de petición y oficios a distintas autoridades e instituciones para que intervengan y corrijan el desconocimiento de los derechos de la comunidad Indígena Ingá de Mocoa a ser consultados, consentidas y a un ambiente sano, solicitado reiteradamente la colaboración institucional para lograr el cese de actividades de dicho proyecto y el inicio de una Consulta Previa.


No obstante todos estos eventos la empresa Sonacol/Consorcio Vial del sur sigue bloqueando la realización de la Consulta Previa y la obtención del consentimiento del Cabildo Inga de Mocoa. La más reciente maniobra fue la decisión del Tribunal de Bogotá que admitió una acción de tutela de los Solarte para negar la Consulta porque, según los magistrados, los Inga violaron el debido proceso. Un absurdo. Tanto como si a una persona en estado grave de salud le es negada la atención médica de urgencia argumentando la alteración del debido proceso. Eso solo ocurre acá.

Desde luego, este aberrante atropello no es casual. El desconocimiento del derecho a la Consulta Previa, al consentimiento, a los derechos adicionales como el de las indemnizaciones por daños y afectaciones, los beneficios derivados de la ejecución de un proyecto o la anulación del mismo, ha sido una constante en las últimas dos décadas en que tal institución democrática ha hecho parte de los derechos de las minorías étnicas.

La Consulta Previa ha sido sometida al más feroz bloqueo por poderosos grupos minoritarios. Circunstancia que lleva a pensar en acudir a instancias judiciales internacionales para obtener su garantía.



La Consulta Previa, lectura histórica

Veamos cuál ha sido su desarrollo desde el año 1991 en que fue incorporada a la legislación nacional.

La noción [6].

La Consulta Previa es un derecho fundamental de las comunidades que se autoreconocen como indígenas y pueblos triviales que deben ser consultadas sobre actos legislativos, medidas administrativas y proyectos públicos o privados que pueden afectar directamente sus formas de vida. Los criterios señalados para la consulta son: la buena fe, la información (y comunicación), la adecuación cultural, el carácter previo y oportuno, la amplia participación y la consecución de acuerdos o consentimientos. La Consulta Previa es una obligación para los estados que la incorporan a sus bloques de constitucionalidad.

En Colombia ese derecho fue reconocido a través de la ley 21 de 1991 (http://bit.ly/1u8p0p9), la cual adopta el Convenio 169 de la OIT (http://bit.ly/1pJrOFL). El derecho a la Consulta Previa es reconocido dentro del bloque de constitucionalidad y tiene carácter obligatorio. La Consulta Previa procede para tratados de libre comercio, leyes de iniciativa parlamentaria y del gobierno, el Plan nacional de Desarrollo, la Licencia ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, los permisos de investigación y acceso a recursos genéticos, los proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios, entre otras materias.

Algunas de las disposiciones sobre la Consulta Previa son el Decreto 1320 de 1998 (http://bit.ly/1u8pg7D) que reglamenta la Consulta Previa a comunidades indígenas y negras sobre la explotación de recursos; la directiva presidencial 01 de 2010 (http://bit.ly/1ukmjR2) que reseña mecanismos de consulta; el decreto ley 4633 de 2011 (http://bit.ly/1xr1tiN) que dicta "medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas"; y la Directiva Presidencial No 10 de 2013 (http://bit.ly/14aDD1k) que ofrece unas guías para la realización de la Consulta y brinda herramientas de coordinación interinstitucional. La Corte Constitucional ha señalado que la omisión de la Consulta constituye un vicio de forma, y que por tanto, puede viciar la constitucionalidad de la medida.

Historia de su aplicación nacional.

No obstante que el Estado colombiano adoptó el derecho desde 1991, solo hasta 1994 fue realizada la primera Consulta Previa. En la administración César Gaviria (1990-1994) solo fueron realizados tres procesos de consulta. En el periodo de Ernesto Samper (1994-1998), tomaron forma dos consultas relacionadas con situaciones de intensa conflictividad, el caso U´Wa y el caso Urra. Andrés Pastrana (1998-2002) debió asumir demandas indígenas de eliminación del Decreto 1320. En la primera administración de Uribe Vélez (2002-2006) se adelantaron cuatro consultas y se incrementaron los procesos de judicialización de casos, lo que hizo que en su segundo gobierno (2006-2010) se ampliaran los procesos de Consulta Previa, al tiempo que los jueces defendieron el derecho. Por lo menos, tres leyes de importancia fueron declaradas inexequibles por vicios en el procedimiento al no haber sido sometidas a Consulta Previa: La Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y la reforma de Código de Minas (Ley 1382 de 2010).

Durante el primer periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014), por primera vez se consultó el Plan Nacional de Desarrollo, así como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía desatendieron y estigmatizaron la Consulta Previa como un obstáculo para el desarrollo de medidas legales, administrativas y proyectos.

De otro lado el Departamento de Planeación Nacional/DNP en el Conpes 3762 de 2014 (http://bit.ly/1zicAuW) estableció entre las mayores dificultades para agilizar el desarrollo de PINES la Consulta Previa y los permisos y tramites ambientales. En consecuencia planteo estrategias para solucionar los supuestos escollos mediante el recorte de tales herramientas sociales y ambientales.

Estas posturas gubernamentales son adversas a la Sentencia T-574 de 1996 (http://bit.ly/1EyVmfJ) que estableció que los derechos de los pueblos en condiciones de vulnerabilidad prevalecen sobre el interés particular del crecimiento económico.

La realidad hoy respecto de la Consulta Previa es que las esferas gubernamentales han omitido deliberadamente la aplicación de la consulta en la mayoría de los casos, y las poblaciones han tenido que recurrir sistemáticamente a la acción de tutela para la protección de de sus derechos fundamentales. El aumento en el número de consultas realizadas consolida esta percepción. El incremento del número de consultas desde el segundo gobierno de Uribe Vélez es el resultado del gran volumen de procesos judiciales por violación y vulneración del derecho a la consulta. Adicionalmente, el Informe de 2013 de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia hizo hincapié en la inexistencia de una sola buena práctica en la materia (http://bit.ly/1tErI0k).
Hay que resaltar que la Consulta Previa conlleva derechos adicionales como la reparación por daños (sociales, económicos, culturales y ambientales), los beneficios de la ejecución del proyecto o la suspensión del mismo si se determina que no es viable.

Por tal razón la violación y desconocimiento de este derecho da lugar a la reparación económica y simbólica a las comunidades que han sido afectadas. Entre estas medidas se encuentran la restitución a la situación anterior, la compensación o indemnización proporcional a la gravedad de la violación, la indemnización colectiva e individual, la rehabilitación física y psicológica, medidas dignificantes y garantías de no repetición.

La Consulta Previa en sectores urbanos y el consentimiento libre, informado y previo son oportunidades para avanzar en la garantía del derecho. Las consultas en sectores urbanos reconocen la contemporaneidad de los pueblos sin restringirla a contextos rurales. Y el consentimiento permite avanzar en el carácter vinculante de las decisiones durante el proceso.

El antecedente internacional más importante en materia de consentimiento es la sentencia del 28 de noviembre de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam. En ésta la Corte señala que los planes de desarrollo y las inversiones a gran escala, no solo deben ser consultados sino consentidos (http://bit.ly/TaBn48).

En Colombia, el consentimiento procede en los siguientes casos: si se requiere traslado o desplazamiento, si está en juego el vertimiento y almacenamiento de sustancias toxicas y se entra en riesgo la existencia misma de la comunidad étnica.

En el 2012 el gobierno de Santos organizó una propuesta de Ley Estatutaria para reglamentar y acotar la Consulta, en la que proponía la conformación de un Registro Único Nacional de etnias, la creación de una única instancia consultiva conformada por tres Cámaras y la restricción de la duración de la consulta a tres meses: la Organización Nacional Indígena/ONIC expreso abiertamente su inconformidad al juzgar que la Ley no era necesaria y que apuntaba a restringir y estandarizar los procedimientos. Es por tal razón que se puede inferir que dicha iniciativa de Estatuto es parte de la política minera explotadora y destructora de los recursos ambientales.

Como tal proyecto se hundió el gobierno expidió el decreto 2613 de 2013 o Protocolo de coordinación institucional para la Consulta Previa (http://bit.ly/1sz6YGZ).

Ese decreto asume que la función administrativa sirve a los intereses generales que el gobierno debe consultar a pueblos interesados en cumplimiento de la Ley 21 e 1991 y que la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior tiene competencia en la coordinación interinstitucional para la Consulta Previa. Con tales planteamientos, el decreto adopta un Protocolo de coordinación interinstitucional.

Dicho Protocolo es utilizado, entre otros, en los siguientes casos: en proyectos prioritarios presentados por el Gerente de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos/PINES (Conpes 3762); cuando lo solicite el gerente de los Pines en proyectos concretos con dificultades de gestión; y cuando el Comité técnico o el Gerente de los Pines considere indispensable el Protocolo para dinamizar la consulta. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la entidad competente en la certificación de la presencia de comunidades étnicas. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) tiene competencia para suministrar rápidamente a la Dirección de Consulta Previa la información actualizada sobre resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras, legalmente constituidos y en proceso de constitución. Asimismo, la Dirección de Consulta Previa puede solicitar a cualquier entidad pública o ejecutor del proyecto la información necesaria para la expedición de los certificados, por ejemplo, la descripción del proyecto y su área de influencia. Las autoridades públicas deben dar respuesta a estas solicitudes de manera explícita.

El Protocolo también señala los momentos específicos para la solicitud de certificados por entidades públicas o ejecutores de un proyecto, obra o actividad. Para la construcción de infraestructura, cuando se haga pública la contratación de estudios de los proyectos en el Portal Único de Contratación (Secop).

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es competente para convocar reuniones de coordinación entre entidades públicas para determinar el plan de trabajo y los recursos para la realización de la consulta. Igualmente, la dirección de Consulta Previa es competente para la suscripción de acuerdos entre las autoridades, los ejecutores de POA y las comunidades. La autoridad competente en la expedición de licencias ambientales debe participar en el proceso.

Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos asumidos en la consulta, el protocolo dispone un comité de seguimiento integrado por la dirección de Consulta Previa, el ejecutor del Proyecto, los organismos de control, las autoridades ambientales y los representantes de la comunidad. Solo hasta que el comité verifique el cumplimiento de los compromisos, la Dirección de Consulta Previa puede convocar a la reunión de cierre de la Consulta.

El Protocolo de coordinación interinstitucional para la Consulta Previa reproduce en su lenguaje una aproximación al derecho fundamental a la Consulta Previa como un problema de "gestión" y una postura de intervención estatal para la "dinamización" de medidas administrativas, legislativas y proyectos de interés nacional. Esta visión difiere del espíritu garantista del Convenio 169 y de la Ley 21 de 1991. Si bien el Protocolo determina competencias entre autoridades estatales, en particular en relación a la coordinación institucional, el mismo no prevé estrategias de fortalecimiento institucional tanto en personal como en presupuesto para hacer operativos y más rigurosos los procedimientos. La información se asume como una condición previa, pero no atienden las dificultades en términos de producción, disponibilidad y acceso a la información. Además, los momentos que establece el Protocolo son contrarios al carácter previo de la consulta. Según el protocolo, la consulta procede de manera posterior a la contratación de estudios para la construcción de infraestructura, en este caso específico.

En tal sentido, el Protocolo recoge una tendencia a la delimitación, restricción y estandarización del derecho, en lugar de avanzar en su garantía atendiendo a los procesos propios y la diversidad de las comunidades étnicas. Todavía se encuentran pendientes medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias por la multiple y sistemática vulneración del derecho, así como debates sobre el consentimiento de carácter vinculante y el reconocimiento del derecho en contextos urbanos.


Mi opinión

En vista de las dificultades y del sabotaje que las empresas, contratistas y funcionarios del Estado hacen de la Consulta Previa, del consentimiento de las comunidades indígenas y afro, de los derechos correspondientes y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas (http://bit.ly/1GMYhU5), no queda más alternativa que la movilización social y la denuncia que hagan las comunidades étnicas. Además, es necesario adelantar todos los procesos administrativos y judiciales para que el derecho sea reconocido efectivamente. En la situación de la comunidad Inga de Mocoa, con el Proyecto vial San Francisco-Mocoa, es necesario hacer la reposición y la apelación del pronunciamiento del Tribunal de Bogotá que negó la Consulta y acudir, con una Acción de Tutela ante la Corte Constitucional, y en el caso de persistir el bloqueo, dirigirse a instancias judiciales internacionales hasta que se haga efectivo el derecho fundamental, para lo cual es sustancial apoyarse en los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados desde el 2011 por las Naciones Unidas (http://bit.ly/1skBwx0).

Nota. Para cualquier gesto de apoyo y solidaridad con la comunidad Ingá del Putumayo, dirigirse al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Mocoa, 11nov2014.

[1] Se trata del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mocoa disponible en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/1GMScqA

[2] CORREDOR VIAL PASTO-MOCOA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (CO-L1019) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRADO Y SOSTENIBLE PMASIS. 15 de Septiembre de 2009. Consultado el 9 de septiembre de 2014, de la dirección: http://www.corpoamazonia.gov.co/files/otros/pmasis/pmasis.pdf

[3] Corpoamazonia (2011). Informe No.1453. "Informe viabilidad de obras preventivas en n tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa (http://bit.ly/1syXjjP).

[4] Acto Administrativo 949 del 30 de mayo de 2012. Ministerio del Interior. Obtenido de: http://mininterior.gov.co/sites/default/files/recursos/archivos/CONSUTA%20PREVIA/CERTIFICACIONES%20CONSULTA%20PREVIA%202012/CERTIFICACION%209497709.PDF
[5] Dicha norma que contenía el Código de Minas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1utFgg4

[6] La presentación de este contexto histórico, legal, político e institucional se apoya en el texto de Gloria Amparo Rodríguez sobre la Consulta Previa disponible en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1v0D0T6; igualmente en el Informe del Observatorio de las industrias extractivas correspondiente al año 2013, coordinado de manera excelente por el experto Fabio E. Velásquez, de donde he tomado gran parte de los planteamientos sobre la situación de la Consulta Previa y el consentimiento a las comunidades

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