Los Nasa: el dulce amargo de la caña de azúcar

Tanquetas, humo blanco, indígenas tapando su boca y nariz con pañuelos, ataques en su contra con armas de fuego y machete, todas estas acciones e imagenes hacen parte de la foto de la Liberación de la Madre Tierra que tiene como escenario el Cauca desde diciembre anterior, pero que ganó nuevos ribetes desde febrero.

Desde el 15 de diciembre de 2014, los comuneros Nasa decidieron recuperar lo que es suyo. Para eso ingresaron de manera pacífica a los predios de cuatro haciendas: Granadita, García Arriba, Miraflores y Quebrada Seca. Haciendas que suman 4.000 hectáreas llenas de cultivos de caña del ingenio Manuelita, empresa que hace parte del emporio económico de Carlos Ardila Lulle.

Allí sentaron sus fueros. Día a día, con su presencia silenciosa, dejaban constancia que habían llegado por lo que les pertenece. A su alrededor los trabajadores del ingenio proseguían sus labores: sembrar, limpiar y recoger caña. Todo era "normal". Así transcurrieron dos meses de toma pacífica de estas haciendas.

La violencia como lenguaje oficial

"Tápenlo con barro, tápenlo con barro [...] échenle agua", le gritaban comuneros a quienes intentaban apagar los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, mientras que otros cogían piedras para lanzarlas con sus caucheras y responderle de esa manera al conjunto de hombres que casi nunca tienen rostro. Así, quedaron registrados los enfrentamientos del 24 de febrero en Corinto Cauca en un video realizado por el Tejido de Comunicaciones del pueblo Nasa.

El 25, un guardia indígena fue herido de gravedad por parte del Esmad, según la Acin fue golpeado "en la cabeza hasta quedar inconsciente (...). En respuesta a la ofensiva policial los comuneros se vieron obligados a bloquear la vía panamericana y ocupar la hacienda El Japío en el municipio de Caloto".

Al día siguiente, en el mismo ambiente de enfrentamientos, tomaron forma los primeros acercamientos entre los indígenas, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas para iniciar conversaciones con el Gobierno Nacional.

Así, el 28 fue acordado un "tacho": un acuerdo de 72 horas en las que no se atacarían unos a otros, y con el cual, la comunidad podría curar a sus heridos. Pero, "El Esmad arremetió contra las comunidades violentando el acuerdo e ingresaron a la finca con seis tanquetas cerca de donde las comunidades estaban preparando sus alimentos. Sin mediar palabra, atacaron con gases dejando nuevos heridos y destruyendo los lugares adaptados por las comunidades para pernoctar en las fincas, los víveres y las cocinas. Esta situación los obligó a desplazarse a las partes altas para resguardarse del ataque", narran voceros de la Acín.

"Tenemos 78 heridos de los comuneros levantados en lo que hemos llamado la Minga de la Liberación de la Madre Tierra. Tenemos dos compañeros judicializados, cinco compañeros heridos con impactos de arma de fuego y afortunadamente, el que estaba más herido se está recuperando de manera satisfactoria. No tenemos muertos hasta el momento, no esperamos tenerlos, pero el balance en términos de atropellos y violación de derechos humanos es muy grave por parte de la Fuerza Pública", le dijo Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa a desdeabajo.

La deuda

"[...] Se llama liberación. Liberarla de aquellas personas que vinieron de afuera, que golpearon a nuestros mayores en ese tiempo, que los despojaron quitándoles el terreno que les pertenecía y hoy ustedes lo pueden ver, son extensiones de caña inmensas. Pero, no son de cualquier persona, son del rico. Por eso el rico ha mandado al Esmad; por eso el Gobierno no quiere conciliar; por eso hoy tenemos tantos heridos, pero lo que ha dicho la comunidad es que aquí se queda", le decía Edilia Campo, al Tejido de Comunicaciones.

La liberación surge por la deuda que el Estado tiene con el pueblo Nasa. Entregarles 15.663 hectáreas fue el compromiso que asumió el Estado para reparar a la comunidad por la masacre del Nilo del 16 de diciembre de 1991, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo declarara responsable por el asesinato de 21 indígenas a manos de la Policía.

James Larrea, asesor de la Cut Valle y quien también acompaña a los indígenas en asuntos de derechos humanos, le dijo a desdeabajo que un falló el Consejo de Estado estableció que el autor material del hecho fue "Fabio Alejandro Castañeda Matheus, para ese entonces, teniente de la policía, ascendido a capitán y comandante antinarcóticos del norte del Cauca. Y, el mayor Jorge Enrique Durán Argûelles, comandante de Policía de Santander de Quilichao fue el autor intelectual".

Según medios de comunicación, los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el caso se entregaron a la justicia a principios de febrero de este año. Pero, la deuda sigue siendo grande, sobre todo por la no repetición. El ocho de abril de 2001 se dio la masacre del Naya y el 18 de noviembre de 2012 la del Gualanday en Corinto, y otras más, que en definitiva han roto por completo la confianza de las comunidades indígenas con el Estado.

Sin embargo, sectores como la Sociedad de Agricultores y Ganaderos (Sag), y la presidenta ejecutiva de Cámara de Comercio del Cauca, le afirmaron al periódico El Tiempo, que el Gobierno les entregó a los indígenas "un cuarto del territorio del Cauca".

Un informe de la Contraloría del 2013 afirma lo contrario: En el tema de tierras no se ha cumplido ni el 50 por ciento de lo prometido. El informe que es citado por la Acin, explica: "revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto".

Además, para el mismo medio, Héctor Fabio Dicué, consejero de la Acin, dijo que donde viven son áreas de protección, "Estamos ubicados en partes altas de las montañas".

A la espera

Ante el evidente incumplimiento, los comuneros siguen en las haciendas. Pero ya no son cuatro, según Valencia tienen "[...] ocho haciendas ocupadas, dos en Corinto y dos más ocupadas en el municipio de Buenos Aires".

Y así como aumenta la posesión de los indígenas, también aumenta la tensión. "El 2 de marzo de 2015, en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao fue distribuido un panfleto [...], con un logo de quienes se autodenominan Rastrojos Comandos Urbanos, titulado 'JUSTICIA POR UN PAÍS QUE NO PUEDE SEGUIR DE RUANA'", cita la Acin.

En el panfleto amenazan a líderes de las comunidades indígenas, calificados como agitadores, recordándole que tienen deudas pendientes con ellos.

Pese a esto, y a los tensos procesos con el Gobierno Nacional, los indígenas continúan con su objetivo, dentro de lo cual recuerda Valencia: "Hemos llevado nueve reuniones con delegados del Gobierno que no nos han solucionado nada y nos han manifestado que ellos no tienen capacidad de decisión".

Proceso de negociación con altibajos. Para el nueve de marzo habían acordado otra reunión entre el Gobierno y los indígenas. Pero, a pesar de que la comunidad había confirmado su asistencia, no fue realizada. Lo que evitó el encuentro fue un ataque con arma de fuego efectuado en contra de los indígenas, accionada por parte de miembros de la seguridad privada.

Intimidación, amenazas, seguimientos, señalamientos, ataques directos, todo esto y mucho más no desanima a los indígenas, quienes tienen, de acuerdo a Feliciano, "[...] un mandato de las comunidades de no más mesas de negociación, no más comisiones en Bogotá. La gente está en los predios y la solución del Gobierno en términos de atender las exigencias es allá en el terreno [...], la decisión es no retirarse de los predios hasta que el Gobierno nos los entregue, porque han habido experiencias: se crean comisiones, venimos a Bogotá, pero todo queda en promesas".

Un pulso continúo y en el cual la comunidad no desfallece. El jueves 12 de marzo, en la finca La Milagrosa del resguardo de Canoas, se dio cita la Consejería de la Acin y la comunidad para escuchar y debatir dos propuestas: 1) continuar con las negociaciones, 2) seguir con la Liberación de la Madre Tierra a corto, mediano y largo plazo

Resaltan, como conclusiones del encuentro, que harán las dos cosas, y que el objetivo es que el Gobierno Nacional les entregue 20 mil hectáreas en cinco años. Ellos esperan recibir de manea formal las haciendas El Japío, La Emperatriz, La Margarita, Guayabal, Canaima 1, Canaima 2, García, San Vicente y Las Pirámides.

Según los indígenas, las tierras más difíciles de recibir serían las de Miraflores y las de Quebrada Seca, pues son propiedad de Ardila Lulle, y no están en oferta.

Una sesión entre las partes

El lunes 16 de marzo, dice un comunicado de la Acin, en la hacienda Gualanday del resguardo Munchipe los Tigres, se abrirá un espacio para que una delegación conformada por gobernadores de los cabildos del norte del Cauca le expliquen al Gobierno Nacional las propuestas y objetivos trazados por la comunidad.

Según el mismo comunicado, el Gobierno se comprometió a entregarles tres mil hectáreas hasta 2016, pero también tres mil millones de pesos para agricultura. Y enfatizan en este documento: "[...] lo que ha mandado ha sido la arremetida brutal de su fuerza armada para que desalojen a las comunidades que se encuentran en la vía La Panamericana y en las diferentes haciendas".

Violencia sin limite: al cierre de esta edición los indígenas resaltan la existencia de 100 comuneros heridos.

El pulso continúa. Todos los sectores involucrados están a la espera de cómo terminará esta nueva jornada por la Liberación de la Madre Tierra, el dulce amargo que por estos días permanece en los cultivos de caña. los cultivos de caña.

Publicado enEdición 211
Viernes, 05 Diciembre 2014 18:22

Amazonas, el paraíso olvidado.

Amazonas, el paraíso olvidado.

El Amazonas es un territorio que enamora. Desde que arriba a su territorio quien lo visita siente sorpresa por su inmensidad, la tranquilidad que transmite su selva, lo majestuoso del río de su mismo nombre. El departamento del Amazonas es un paraíso, un paraíso que contradictoriamente a lo pensado, vive desde hace mucho tiempo una situación de olvido y desinterés estatal que llega a límites alarmantes. En los últimos años está situación ha mejorado en algunos aspectos, pero todavía son visibles situaciones inexplicables en este tiempo ya que, además de la tecnología que actualme existe, el presupuesto del departamento da para solucionar muchos de los problemas que soportan sus pobladores.


La presente columna realizará un recorrido rápido sobre los principales problemas que afectan al departamento, explicará cómo el histórico desinterés del Estado colombiano con respecto a este territorio afecta la configuración del sistema político nacional, e intentará formular una salida a esta situación.


Geografía y transporte


De los treinta y dos departamentos que integran nuestro país, el Amazonas es el más extenso, además de estar compuesto totalmente por selva. Su bastedad limita con los departamentos del Caquetá, Vaupés y Putumayo, pero además, como región fronteriza, allí el país tiene fronteras con Brasil y al sur y sureste con Perú.


Este departamento que hasta 1991 era parte de los llamados "Territorios Nacionales", desde siempre ha estado aislado del "centro" del país y de la llamada "realidad nacional". Razones para ello hay muchas, por ejemplo las dificultades para acceder al mismo, casi limitadas a transporte aéreo A inicios del siglo XXI, para llegar en avión desde Bogotá había que pagar hasta 800.000 pesos por trayecto, lo que limitaba en gran medida el turismo y mucho más la posibilidad de que algún curioso llegara por accidente o descuido. Estos costos ahora son menores aunque igual siguen siendo inexequibles para muchas personas, rondan los 350.000 pesos en temporada alta y 200.000 en temporada baja.

La otra forma para llegar es por río, la cual no es fácil: hay que llegar a Puerto Asís, Putumayo, y después buscar un barco de carga, que muy pocas veces permite cupo para que las personas viajen; recorrer este trayecto exige un promedio de 15 a 29 días por el río Putumayo hasta desembocar al Amazonas. Pocas personas tienen el tiempo para encarar esta travesía.


Otra de las razones por las que en este territorio permaneció y todavía permanece aislado del centro político responde a la mirada hacia adentro o localista que carectizó desde siempre a las élites criollas, las cuales nunca entendieron ni potenciaron la realidad estratégica y la diversidad de nuestro país. Como es conocido, situado a la entrada –o salida– de Sur América, Colombia es el puente entre Centro y Sur América; país Caribe, Pacífico, Andino, Orinóco y amazónico, con diversidad de climas, reducido por la miopia de esas élites a país andino.
Es así como nunca entendieron ni miraron al Amazonas ni a la bastedad amazónica, menospreciada como territorio de "indios", negado en su potencial en todas y cada una de sus cualidades y características, mucho menos comprendieron el papel que podría jugar en la potenciación de unas relaciones de integración subregional con Brasil, Perú y Ecuador.


Sus suelos, distintos a los andinos, cargados de hierro, aluminio, ácidos, tampoco fueron ni estudiados ni valorados, cuando mucho, con su tradicional mirada antiecológica, lo único que vieron en ellos fue madera y caucho.


El aislamiento de un territorio tan grande como éste, ha afectado la configuración del sistema político colombiano, definido como Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con centralización política y descentralización administrativa, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, todo esto articulado en la Constitución Política de 1991, premisas que quedan sin fundamentos al observar el estado en que se encuentra el Amazonas, donde hasta hace muy poco tiempo la única presencia estatal evidente era la militar, y cuando empezó a llegar otro tipo de instituciones desde siempre quedaron manchadas por la ineficiencia, la corrupción y/o el sospechoso manejo de los presupuestos.

Derechos sociales

Por ejemplo, en muchos de los corregimientos que componen este territorio, para que a un paciente le apliquen una inyección no es extraño que tenga que llevar la jeringa, los guantes, el medicamento y una vela para que en el puesto de salud le puedan prestar el servicio. Realidad evidenciada en un artículo periodístico llamado "En el Amazonas el acceso a la salud se mide en kilómetros", de la periodista Natalia Gómez Carvajal. Su acompañamiento a una brigada de salud desarrollada en Puerto Nariño, segundo municipio del departamento, habitado por 8.000 habitantes , le permitió corroborar las carencias que tiene el departamento en temas como el de salud. En su nota la periodista también explica las dificultades y costos para el transporte, y ejemplifica que un desplazamiento desde Puerto Nariño y hasta Leticia cuesta 50.000 pesos ida y vuelta, el mismo que puede tomarse 3 horas, o puede conseguirse un transporte más barato en una embarcación de la zona llamada "peque-peque" pero el tiempo para el viaje se duplica a 6 horas e, incluso, puede llegar a 8. Otro ejemplo que da es cómo desde Mirití –al norte del departamento–, para buscar un vuelo hasta Leticia, debe hacerse un recorrido en lancha hasta el corregimiento de La Pedrera, viaje conocido como "el paseo de la muerte", el cual puede demandar hasta 700.000 pesos en gasolina.


La periodista recuerda en su escrito la sorpresa de uno de los médicos de la brigada ante la pobreza en que viven muchos de los habitantes de la región, los cuales no pueden ser atendidos por la falta de especialistas en la región.


La precaridad en el área de salud que padecen los habitantes del departamento queda evidente en el cuadro adjunto, donde puede observarse el porcentaje de personas con acceso médico por ubicación geográfica. El cuadro perrmite notar cómo en la región Orinoquía-Amazonía, que incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo y Amazonas, en el año 1997 se vivía una cobertura del 82,7 por ciento mientras en el 2012 está llega a un 69,0. Salta a la vista que aunque existan avances en esta área de los derechos sociales, el porcentaje de personas con acceso médico disminuyó. Por qué no llegan los pacientes, ¿Falta de dinero para el trasporte? ¿Falta de médicos, situación que conocen y los desestimula para viajar?

Vivencia


Cómo estudiante de primaria y secundaria en la capital del departamento conocí muchos aspectos que me decepcionaban de la educación y de mi colegio, que siempre fue público, donde tuve la misma clase de inglés, con los mismos temas de segundo a quinto de primaria, enseñando además una lengua que no requeriamos de inmediato, desconociendo nuestro sistema educativo las lenguas de más de dos docenas de pueblos indígenas con los cuales sí teníamos la necesidad inmediata de integrarnos y desarrollar convivencia; o donde el 80 por ciento de las compañeras de mi hermana –grado 11–, estaban embarazadas o habían tenido hijos al poco tiempo de su graduación.


Mediocridad, falta de apoyo estatal. Como estudiante, muchas veces desee ser brasilera, por qué los niños de las escuelas de Tabatinga, el pueblo vecino, les daban el uniforme, los útiles, tenían computadores que funcionaban y además les hacían parques o canchas. Ahora que conozco un poco más del mundo me doy cuenta que ni los colegios de Tabatinga tienen la calidad que necesitan los niños de la región, ya que buenas instalaciones sin un proceso de educación de calidad, y el trabajo por la no violencia en las sedes, de poco sirven.


Un término que puede ayudar a entender lo planteado es el explicado por Fernán González y Silvia Otero Bahamon, en el artículo "La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza", donde explican que en algunas regiones del país el Estado colombiano pudo consolidarse cómo el regulador del orden social, el detentador del monopolio de la violencia y de las administraciones. Pero en otras zonas esto no ha sucedido, recurriendo para ello al clientelismo, como sucede en el Amazonas, zonas que están en disputa con los actores armados.


Los autores explican cómo la violencia, la crisis de los mecanismos de representación política y la presencia creciente del narcotráfico en la sociedad colombiana, llevaron a que estos territorios quedaran aislados del desarrollo logrado en la zona andina del país.

Un reto


Es necesario que el Estado emprenda una campaña de reconocimiento de los territorios que no controla ni incluye de manera cabal, que adquiera un compromiso serio con los ciudadanos de los mismos para iniciar un proceso de articulación a la realidad nacional.
El Estado debe encontrar formas de romper con las tan arraigadas costumbres clientelistas dominantes en el departamento del Amazonas, todo esto apoyado directamente desde el gobierno central y la diversidad de instituciones que lo integran, que en un trabajo conjunto intenten generar este cambio, para que el Amazonas deje de ser uno de los departamentos más empobrecidos del país, donde la corrupción tiene más peso, aprovechando todo su potencial para no solo ser el paraíso natural que actualmente es sino, además, para que en su territorio se cumplan todas esas palabras que dan cuerpo a la Constitución Política de Colombia.

Bibliografía


• Cuadro 1, Ayala, García, Jhorland, La salud en Colombia: más cobertura pero menos acceso. Publicado por el Banco de la República – Sucursal Cartagena. Fuente secundaria: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 – 2012.
• GONZÁLEZ, Fernán, BAHAMON, Silvia O. La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Programa Análisis y evaluación de la gobernanza. 7 de julio de 2006. Sitio Web: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html. Revisado: 20 de octubre de 2014.
• Gómez C, Natalia. "En el Amazonas el acceso a la salud se mide en kilómetros". Periódico El Tiempo. 1 de septiembre de 2012. Ubicación online: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12184932

 

Por Natalia Soto González

Estudiante
Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

 

Publicado enColombia
Viernes, 28 Noviembre 2014 16:40

Sobre el valor de no tener armas

Sobre el valor de no tener armas


El departamento del Cauca sobresale en Colombia por su tradición de organización indígena y resistencia civil. Hechos como la condena decretada a los siete guerrilleros indígenas de las Farc que el pasado 4 de noviembre asesinaron a dos miembros de la comunidad Nasa, evidencian la contundencia de la justicia indígena que actúa de manera autónoma, y la firmeza de la acción sin armas de su Guardia que defiende, entre otros aspectos, el derecho a la soberanía de su territorio.

 

La resistencia civil se consagra en las

declaraciones universales de los derechos

humanos como uno de los derechos fundamentales y,

en el caso de que el Estado los viole o no los garantice,

los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse

a la resistencia civil para recuperarlos

Eugenio Guerrero

 

Sucedió el pasado cinco de noviembre. Un sonido seco y tajante rasga la piel cada vez que la contacta el cuero con que está hecho el perrero de arriar ganado. El dolor se prolonga 20 veces, número de fuetazos decidido por la comunidad indígena para remediar la desarmonía de Daniel Coicué y Manuel Tumiñá, tras el asesinato de otros dos de sus miembros.

 

Luz y sombra. Las piernas de los dos menores de edad encontrados culpables tratan de soportar la aguda vibración de los fuetazos; sombra. Pero el dolor causado por el castigo, según la tradición, ayudará a que los implicados retornen a su origen. El fuetazo como transmisor de energía ancestral, el fuetazo como rayo; luz. El rayo como padre de los Nasa, mediador entre lo claro y lo oscuro, elemento purificador que devolverá la armonía que rompieron los jóvenes de rasgos notoriamente indígenas.

 

Sin embargo, la condena no se reduce solo al fuetazo. De manera casi unánime la población elige 40 años de cárcel para cuatro de los milicianos indígenas; 60 años de cárcel para el autor de los asesinatos y para los dos restantes, por ser menores de edad, el envío a un centro de rehabilitación mientras cumplan la mayoría de edad.

 

La justicia de la comunidad indígena del Cauca ha sido elogiada por la agilidad y eficacia en el juicio celebrado alrededor del asesinato de dos de sus miembros, con funciones de Guardia, pero también criticada por no contar con un debido proceso en el que los milicianos farianos puedan acceder a la defensa, así como a una segunda instancia, como lo reprocharon el abogado y exprocurador Jaime Bernal Cuellar y el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien además agregó para Caracol Radio que a los siete guerrilleros condenados les violaron los derechos humanos.


Ante estas declaraciones, el activista y exconsejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Carlos Houghton, opina que a la justicia indígena la miran con vista occidentalizada, sin analizar que para ellos los derechos colectivos priman sobre los individuales. Por eso la importancia que le otorgan a la armonización de la comunidad: es el nivel de desarmonía causado lo que define la gravedad del hecho.

 

"Cuando la prioridad es otra, el debido proceso es para la comunidad, no para el individuo. No tuvieron un abogado pero sí miembros de las familias de los acusados, para señalar y controvertir a la comisión. Además, los responsables reconocieron su culpa. Es una justicia asamblearia y casuística, que no está escrita en ningún lado", añade Houghton.

 

Ley de origen

 

Así es como nombra a la justicia que aplican en las comunidades la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, debido a que su origen va mucho antes del Estado. "No vamos a renunciar nunca a ella, porque sería renunciar a vivir como somos y desaparecer. Pero se trata de dos derechos distintos, y en algunos casos enfrentados".

 

Sin embargo esto no quiere decir que los indígenas busquen sustituir por completo el Estado colombiano, sino asegurar un grado de autodeterminación para los suyos dentro de sus territorios ancestrales.

 

La ausencia del Estado en la comunidad, el crecimiento de la inequidad social y la problemática de la apropiación de tierra ayudó a que en 1971, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70 en el país, surgiera el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), "con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo", según un artículo realizado por Anders Rudqvist y Roland Anrup.

 

Para 1991 la Constitución Política de Colombia generó el ambiente legislativo propicio para que la resistencia civil surgida de las comunidades indígenas diera fruto. Es así como el artículo 246 consagra su jurisdicción especial, "Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales" documenta Castro Blanco en el libro Multiculturalismo y Constitución Política: el neocontractualismo de John Rawls, Charles Taylor y la Constitución Política de Colombia de 1991.En esa medida la ley estatal establece que esta jurisdicción especial deberá coordinarse con el sistema judicial nacional.

 

Para ese tiempo, surgen estructuras indígenas zonales, entre ellas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), organización creada en 1994, que luego de diez años sería merecedora del Premio Ecuatorial a "logros extraordinarios en el empeño por reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad", otorgado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, gracias a los avances de la Asociación en etnoeducación, tenencia de la tierra, cultivos y demás proyectos de desarrollo comunitario.

 

Para esa misma fecha, los delegados de los comuneros Nasa pidieron en Nueva York a la ONU que brigadas internacionales de paz los acompañaran como escudos humanos. Años después solicitarían que la Guardia Indígena, creada de manera formal en el 2001, fuera declarada "agente internacional de paz".

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad por mantener su autonomía en el territorio, el conflicto en el departamento del Cauca procede de varias décadas atrás.

 

Asiento insurgente

 

La presencia de grupos guerrilleros en este departamento es histórica. El latifundio, la discriminación, el sometimiento de los indígenas por los gamonales, pero también la posición geográfica y la presencia de megaproyectos mineros, son algunas de las razones por las que esta parte del país es uno de los mayores focos de conflicto en Colombia. Allí, en 16 de sus 42 municipios, sus habitantes han visto vulnerado, en numerosas ocasiones, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos.

 

Según un análisis realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, en la zona, y a través del tiempo, han tenido presencia diferentes organizaciones armadas: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), El Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y el Comando Pedro León Arboleda (Pla). Actualmente, las Farc despliegan allí los frentes sexto y octavo, y las columnas–móvil– Jacobo Arenas y Arturo Ruiz.

 

Solo para el año 2012 este departamento sumó catorce tomas guerrilleras, más de 400 hostigamientos y una lista incalculable de heridos, según cifras del entonces gobernador del cabildo de Toribío, Marcos Yule, lo que ha causado que existan tensiones entre la guerrilla y las organizaciones indígenas.

 

El 15 de julio 2012, según la investigación de Rudqvist y Anrup, la Acin mandó una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, en la cual explica sus "acciones de liberación y armonización" de los territorios indígenas y reitera que "no queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército" en nuestros territorios. La Acin demanda que la guerrilla se aleje de los sitios poblados y de vivienda, que no realice mas "ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública", que no use armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales, que no se atrinchere en las casas y que los milicianos no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.

 

Luego de reiteradas peticiones por parte de la comunidad indígena, los grupos armados siguen actuando sobre este territorio. El asesinato de dos de los guardias indígenas más queridos por la comunidad de Toribío propició, una vez más, el ahondamiento de la tensión entre esta guerrilla y las autoridades del norte del Cauca.

 

La disputa no termina. La Acin, a través de comunicados, sigue solicitando estrategias reales al Estado colombiano y el reconocimiento jurídico de la Guardia Indígena como un sujeto de reparación colectiva. Paralelo a esto también preparan para este año el "Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio", a celebrarse entre el 24 y 25 de noviembre, que agrupará líderes en contra del proyecto megaminero de La conga en Cajamarca, Perú, de La Colosa en Cajamarca, Colombia, y otros activistas en contra de las actividades extractivas que se adelantan en sus territorios.

 

Las iniciativas de los pueblos indígenas del Cauca cada día tienen más seguidores. Esto probablemente se deba a la concientización de la comunidad sobre su papel como actores políticos “luego de la negociación de San Vicente del Caguán, empiezan a hacer una propia lectura de la guerra y se dan cuenta que la estrategia que su comunidad ha elaborado es mucho mejor que la de los actores armados, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida, de formación de conciencia, de organización y control territorial. Además de tener mayor poder y credibilidad que ellos. La montonera indígena es más poderosa, la montonera indígena construye más lazos con la gente”, reflexionaHoughton.

 

En estas circunstancias, y mientras la comunidad indígena del norte del cauca continúe padeciendo violaciones a los derechos humanos, probablemente proseguirá su resistencia civil en búsqueda de su autonomía territorial, jurídica y administrativa; teniendo como objetivo la consecución de la paz y la armonía de sus territorios, alterada por la persistencia del latifundio, de los gamonales y de más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia.

 


Recuadro 1

 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)

Surge en 1971 en el municipio de Toribío, Cauca, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70,con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo. Proponen siete objetivos primordial es en su plataforma:

 

1. Recuperar las tierras de los resguardos
2. Ampliar los resguardos
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terraje
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con su situación particular y en su respectiva lengua.

 

Es una de las organizaciones indígenas más grandes de Colombia: "comprende 77 resguardos, más de 115 cabildos y alrededor de 246 mil miembros pertenecientes a siete pueblos diferentes, de los cuales los Nasas son el mayoritario, al constituir un 80 por ciento del total de los miembros de la organización".(Hernández Delgado, Resistencia civil artesana de paz, Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas).

 

Aparte del Cric, que tiene una cobertura departamental, hay importantes prácticas a nivel local y zonal tales como el Proyecto Nasa, el Proyecto Global, la Resistencia Indígena Comunitaria de Caldono y la experiencia de La María, entre otras.

 

Recuadro 2

 

Guardia Indígena, "agente internacional de paz"

 

Fue creada, de manera formal, a través de la resolución 003 del 28 de mayo de 2001, expedida por los cabildos indígenas de la zona norte en el municipio de Caloto, con el apoyo del Cric.

 

La Guardia Indígena está compuesta por indígenas nasas, guambianos, coconucos, totoroes y yanaconas y sus símbolos son un brazalete verde o rojo y un bastón de mando.

La misión de la Guardia Indígena es la de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono, hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar cualquier situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas. Sus actividades son principalmente las siguientes:


- Controlar el movimiento interno y externo de los comuneros.
- Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes.
- Acompañar a la comunidad y cabildos dentro del contexto de la población civil.
- Mantener informada a la comunidad y cabildos sobre el orden público y exigir respeto 
como organización social a los actores del conflicto.
- Investigar antecedentes y el destino de personas y vehículos que ingresan al territorio.
- Hacer decomisos, allanamientos y requisas, con previa autorización de la autoridad 
propia.
- Defender los derechos humanos, denunciando todos los actos que atenten contra el 
bienestar y la tranquilidad de la comunidad.
- Controlar los eventos importantes que se desarrollen en las comunidades como marchas, congresos, asambleas, etcétera.

 

"La Guardia Indígena está conformada por 10 representantes de cada una de las 320 veredas para un total de 3.200 personas, a las que se pueden sumar más, según las demandas del momento. Este es uno de los modos de resistencia en el cual participa voluntariamente un grupo de comuneros elegidos por los habitantes de cada vereda y luego ratificados por el cabildo de cada resguardo".(Minga en resistencia).

 

El servicio de guardia es por un periodo de uno o dos años y las guardias son además escuelas de formación donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades. Los guardias solamente van armados con bastones y radios transmisores.

Publicado enEdición 208
¿Por qué se niega la Consulta Previa al pueblo Inga de Mocoa?

Contra la Consulta Previa a las comunidades indígenas y a los grupos poblacionales afrodescendientes, existe una descomunal arremetida de poderosas empresas multinacionales asociadas al extractivismo, así como de sus agremiaciones y de altas esferas gubernamentales que los consideran un estorbo para su modelo depredador de "desarrollo" y explotación de los recursos naturales no renovables.

Es similar a la presión contra las licencias ambientales cuyas normas regulatorias recientemente han sido reformadas para establecer un mecanismo exprés que constituye una salvajada contra la naturaleza y el medio ambiente. Mediante el decreto 2041 de octubre de 2014 (http://bit.ly/10WLIon), el gobierno del señor Santos fijó un procedimiento sumario para que las Licencias se expidan en 150 días, cuando en otros gobiernos, como el de los Estados Unidos, dicho trámite demora, como mínimo, 6 años. Y eso que esa es la catedral del aterrador fracking.

Quiero responder la pregunta que encabeza esta columna colocando a consideración de quienes la lean dos planos que ilustran la situación concreta del ejercicio de este derecho fundamental de las comunidades étnicas nacionales. En primer lugar están los hechos ocurridos en el caso concreto del Cabildo Inga del municipio de Mocoa, Putumayo. De tales acontecimientos puede inferirse un sistemático sabotaje por parte de un poderoso grupo empresarial, propiedad de la familia Solarte de Pasto, contratistas del Estado en obras civiles, para impedir la realización de la Consulta Previa y el consentimiento tanto en lo relacionado con la expedición de la Licencia ambiental como con la ejecución de una obra vial que hace parte de un complejo de carreteras en construcción en la Amazonía. En segundo lugar, presento el panorama histórico, legal e institucional del reconocimiento y la garantía de esta institución en el periodo posterior a la expedición de la Constitución de 1991.

Los dos escenarios ilustran claramente cuál es la situación concreta de la Consulta Previa y su consentimiento en el Estado colombiano. Todos los datos y hechos nos demuestran que para las elites dominantes, para las multinacionales y para el modelo de acumulación extractivista y financiero neoliberal, la Consulta Previa a las comunidades indígenas y afros es un estorbo que debe ser doblegado, borrado y destruido.

Vamos por partes.

Los eventos en el Cabildo Ingá de Mocoa.

Sobre el territorio de la comunidad Inga (Cabildo de Mocoa) en la actualidad se adelanta el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de Mocoa, Putumayo (file:///C:/Users/usuario/Downloads/periodico.pdf).

Se trata del proyecto de "CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA", que comprende la construcción de una vía nueva entre las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa, la cual será una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte y demás.
El 60 por ciento del trazado de la Variante está ubicado en la Reserva Forestal de la cuenca alta del rio Mocoa (http://bit.ly/1pOtLUW).

Para la ejecución de este proyecto vial el presupuesto aproximado suma quinientos mil millones de pesos (260 millones de dólares), que serán ejecutados a los largo de 6 años, iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.

Este proyecto hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo es desarrollar obras para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (http://bit.ly/1EyOH56).

Se trata de un proyecto de interés para la región Ingá, el megaproyecto "Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará, el cuál involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor Intermodal: i) implementar el eje de desarrollo e integración del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas peruano y el norte de Brasil y ii) potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico.


Antecedentes

En septiembre 15 de 2009 fue publicado el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –Pmasis- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde, Corpoamazonia y el Invías, después de una evaluación técnica, económica y ambiental, seleccionan para la obtención de material de arrastre a utilizar en la construcción de la variante San Francisco/Mocoa, el río Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa)[1], se presenta como un lugar apto para su explotación. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m[2].

De acuerdo a lo indicado en el Pmasis (2009), estaba previsto comprar el material a las empresas mineras de la región que contaran con licencias y permisos ambientales y mineros vigentes para su explotación, así como con un plan de restauración de las áreas explotadas debidamente aprobado, o en caso de ser necesario, estuvieran en capacidad de tramitar las licencias y permisos ambientales y mineros exclusivos para la construcción de la Variante, ante las autoridades competentes.

En la margen derecha del río Mocoa para esa fecha se encontraba, y allí está actualmente el asentamiento "El Guadual", el cual ocupa territorios ancestrales, donde está viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, los usos y costumbres del Pueblo Inga.

El 5 de diciembre de 2011, Corpoamazonia emitió el Informe No. 1453 denominado "Informe de viabilidad de obras preventivas en un tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa"[3], en el que categorizaban el lugar del río Mocoa que abarca aproximadamente desde unos metros del puente metálico en la vía Mocoa- Pitalito (Vía Nacional 4503) y la desembocadura del río Mulato, como una zona de riesgo de inundación para el municipio de Mocoa, lo que coincidió "casualmente" con el lugar propuesto por el Pmasis (2009), para la obtención de material de arrastre.

Debido a lo anterior, el presidente del Consejo municipal para la atención de desastres del municipio de Mocoa, realizó acercamientos con el Invías y las empresas Sonacol S.A.S. y Consorcio Vial del Sur (de la familia Solarte), llegando a un acuerdo consistente en que autorizaban a la empresa Sonacol S.A.S., para que realizara obras de mitigación del riesgo y, como contraprestación, recibiría el aprovechamiento del material de arrastre del río para la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa.

Para los meses de octubre y noviembre de 2011 la empresa Sonacol S.A.S., realizó acercamientos con el asentamiento Indígena "El Guadual", enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningún momento les fue socializado el proyecto con todos sus componentes y alcances. Con engaños y maniobras fraudulentas se hizo firmar a la comunidad los informes sin que la misma tuviese pleno conocimiento de su contenido.

El 31 de enero de 2012 la empresa Sonacol S.A.S., se reúne con las familias del asentamiento "El Guadual", y sin las garantías del debido proceso, el consentimiento y la Consulta Previa, logran acuerdos verbales, como contraprestación al permiso para el paso del material del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un Acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el texto del documento, se percatan que aparecen compromisos a los que no había llegado, por lo que sus integrantes consideran que la empresa se aprovechó y abusó del escaso conocimiento que para la época tenía la comunidad sobre su derecho a ser consultada y al consentimiento, dispuesto por la ley.

El Consorcio Vial del Sur entregó a Corpoamazonia para el trámite de la Licencia Ambiental del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, entre otros documentos, copia del Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012[4], por medio del cual el Ministerio del Interior expidió la certificación de la no presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto, obteniendo la viabilidad técnica para el mismo en el trámite de la Licencia Ambiental con Corpoamazonia, viabilidad que debían presentar al Servicio Geológico Colombiano para acceder a una autorización temporal de explotación. Sin embargo, este Acto Administrativo indicaba en su artículo Quinto, que si la empresa identificaba afectaciones directas a alguna comunidad indígena, antes o durante la ejecución del proyecto, estaría en la obligación de informar de inmediato a la Dirección de Consulta Previa y solicitar que esta inicie el proceso de consulta.

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su Dirección del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual concede la autorización temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote, durante tres (3) años a partir de la inscripción de la resolución en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construcción ubicado en el río Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construcción de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta resolución queda sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010)[5] y que por tanto el Consorcio Vial del Sur, está obligado a acatar lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas, en lo referido a la obtención de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecución de esta Autorización Temporal.

A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, de que estaban en trámite la Licencia Ambiental, así como el permiso temporal otorgado por el Servicio Geológico Colombiano para la ejecución del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S. inició actividades de obra hacia el mes de febrero de 2012, con pleno conocimiento –y ocultando a las entidades– la presencia de la comunidad indígena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.

El día 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envió una solicitud al Incoder para le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e información, si en la zona de extracción de minerales río Mocoa, ubicada en el municipio del mismo nombre, proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, existían resguardos titulados y en trámite de titulación de las comunidades indígenas.

Para el día 9 de julio de 2013 el Incoder remitió un oficio como respuesta a la solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aunque las coordenadas del área de influencia directa del proyecto, CONTRATO No. 407 DE 2010, no coincidían con coordenadas de resguardos indígenas titulados registrados en el Sistema de Información Geográfica –SIG-, ni tampoco en la base de datos de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, podría no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulación a las comunidades indígenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indígenas, o de sus territorios, debería informar de manera inmediata a esta entidad.

La empresa Sonacol S.A.S, como ejecutora del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, conocía previamente (exactamente desde octubre de 2011) "la presencia" de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mención, pero omitió lo estipulado tanto en la resolución No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificación emitida por el Incoder el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la existencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades iniciaran el proceso de Consulta Previa y consentimiento, en cumplimiento del artículo 330 de la Constitución Política, del artículo 7 de la Ley 21 de 1991, del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.

El día 31 de julio de 2013, la comunidad Ingá de Mocoa, a través del el señor Álvaro Muchavisoy Buesaquillo, en calidad de Gobernador del Cabildo para el periodo 2013, solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que verificara y certificara la presencia de la Comunidad Indígena Inga de Mocoa en el área del mencionado proyecto y garantizara de esta manera el derecho a la Consulta Previa.

En respuesta a esta solicitud, el Ministerio del Interior certificó la presencia del Cabildo Inga en el área de influencia directa del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, por medio de una visita de verificación en campo llevada a cabo entre el 11 y el 14 de diciembre de 2013, con la cual concluyó que en el área de influencia de dicho proyecto había presencia del Cabildo Inga de Mocoa, reconocido por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y con base en la información aportada y recogida en esta visita de verificación, emitió la Resolución No. 20 del 6 de marzo de 2014 (http://bit.ly/1sz0Pe3) por medio de la cual revoca el Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012.

Pese a esta revocatoria, con la inocultable evidencia alegada, y con la entrada en vigencia del Acto Administrativo No. 20 del 6 marzo de 2014, y con pleno conocimiento de ello, la empresa Sonacol S.A.S. siguió ejecutando sin interrupción alguna el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010. Por tal motivo la comunidad, a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió hasta el 4 de abril de 2014 varios derechos de petición y oficios a distintas autoridades e instituciones para que intervengan y corrijan el desconocimiento de los derechos de la comunidad Indígena Ingá de Mocoa a ser consultados, consentidas y a un ambiente sano, solicitado reiteradamente la colaboración institucional para lograr el cese de actividades de dicho proyecto y el inicio de una Consulta Previa.


No obstante todos estos eventos la empresa Sonacol/Consorcio Vial del sur sigue bloqueando la realización de la Consulta Previa y la obtención del consentimiento del Cabildo Inga de Mocoa. La más reciente maniobra fue la decisión del Tribunal de Bogotá que admitió una acción de tutela de los Solarte para negar la Consulta porque, según los magistrados, los Inga violaron el debido proceso. Un absurdo. Tanto como si a una persona en estado grave de salud le es negada la atención médica de urgencia argumentando la alteración del debido proceso. Eso solo ocurre acá.

Desde luego, este aberrante atropello no es casual. El desconocimiento del derecho a la Consulta Previa, al consentimiento, a los derechos adicionales como el de las indemnizaciones por daños y afectaciones, los beneficios derivados de la ejecución de un proyecto o la anulación del mismo, ha sido una constante en las últimas dos décadas en que tal institución democrática ha hecho parte de los derechos de las minorías étnicas.

La Consulta Previa ha sido sometida al más feroz bloqueo por poderosos grupos minoritarios. Circunstancia que lleva a pensar en acudir a instancias judiciales internacionales para obtener su garantía.



La Consulta Previa, lectura histórica

Veamos cuál ha sido su desarrollo desde el año 1991 en que fue incorporada a la legislación nacional.

La noción [6].

La Consulta Previa es un derecho fundamental de las comunidades que se autoreconocen como indígenas y pueblos triviales que deben ser consultadas sobre actos legislativos, medidas administrativas y proyectos públicos o privados que pueden afectar directamente sus formas de vida. Los criterios señalados para la consulta son: la buena fe, la información (y comunicación), la adecuación cultural, el carácter previo y oportuno, la amplia participación y la consecución de acuerdos o consentimientos. La Consulta Previa es una obligación para los estados que la incorporan a sus bloques de constitucionalidad.

En Colombia ese derecho fue reconocido a través de la ley 21 de 1991 (http://bit.ly/1u8p0p9), la cual adopta el Convenio 169 de la OIT (http://bit.ly/1pJrOFL). El derecho a la Consulta Previa es reconocido dentro del bloque de constitucionalidad y tiene carácter obligatorio. La Consulta Previa procede para tratados de libre comercio, leyes de iniciativa parlamentaria y del gobierno, el Plan nacional de Desarrollo, la Licencia ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, los permisos de investigación y acceso a recursos genéticos, los proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios, entre otras materias.

Algunas de las disposiciones sobre la Consulta Previa son el Decreto 1320 de 1998 (http://bit.ly/1u8pg7D) que reglamenta la Consulta Previa a comunidades indígenas y negras sobre la explotación de recursos; la directiva presidencial 01 de 2010 (http://bit.ly/1ukmjR2) que reseña mecanismos de consulta; el decreto ley 4633 de 2011 (http://bit.ly/1xr1tiN) que dicta "medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas"; y la Directiva Presidencial No 10 de 2013 (http://bit.ly/14aDD1k) que ofrece unas guías para la realización de la Consulta y brinda herramientas de coordinación interinstitucional. La Corte Constitucional ha señalado que la omisión de la Consulta constituye un vicio de forma, y que por tanto, puede viciar la constitucionalidad de la medida.

Historia de su aplicación nacional.

No obstante que el Estado colombiano adoptó el derecho desde 1991, solo hasta 1994 fue realizada la primera Consulta Previa. En la administración César Gaviria (1990-1994) solo fueron realizados tres procesos de consulta. En el periodo de Ernesto Samper (1994-1998), tomaron forma dos consultas relacionadas con situaciones de intensa conflictividad, el caso U´Wa y el caso Urra. Andrés Pastrana (1998-2002) debió asumir demandas indígenas de eliminación del Decreto 1320. En la primera administración de Uribe Vélez (2002-2006) se adelantaron cuatro consultas y se incrementaron los procesos de judicialización de casos, lo que hizo que en su segundo gobierno (2006-2010) se ampliaran los procesos de Consulta Previa, al tiempo que los jueces defendieron el derecho. Por lo menos, tres leyes de importancia fueron declaradas inexequibles por vicios en el procedimiento al no haber sido sometidas a Consulta Previa: La Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y la reforma de Código de Minas (Ley 1382 de 2010).

Durante el primer periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014), por primera vez se consultó el Plan Nacional de Desarrollo, así como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía desatendieron y estigmatizaron la Consulta Previa como un obstáculo para el desarrollo de medidas legales, administrativas y proyectos.

De otro lado el Departamento de Planeación Nacional/DNP en el Conpes 3762 de 2014 (http://bit.ly/1zicAuW) estableció entre las mayores dificultades para agilizar el desarrollo de PINES la Consulta Previa y los permisos y tramites ambientales. En consecuencia planteo estrategias para solucionar los supuestos escollos mediante el recorte de tales herramientas sociales y ambientales.

Estas posturas gubernamentales son adversas a la Sentencia T-574 de 1996 (http://bit.ly/1EyVmfJ) que estableció que los derechos de los pueblos en condiciones de vulnerabilidad prevalecen sobre el interés particular del crecimiento económico.

La realidad hoy respecto de la Consulta Previa es que las esferas gubernamentales han omitido deliberadamente la aplicación de la consulta en la mayoría de los casos, y las poblaciones han tenido que recurrir sistemáticamente a la acción de tutela para la protección de de sus derechos fundamentales. El aumento en el número de consultas realizadas consolida esta percepción. El incremento del número de consultas desde el segundo gobierno de Uribe Vélez es el resultado del gran volumen de procesos judiciales por violación y vulneración del derecho a la consulta. Adicionalmente, el Informe de 2013 de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia hizo hincapié en la inexistencia de una sola buena práctica en la materia (http://bit.ly/1tErI0k).
Hay que resaltar que la Consulta Previa conlleva derechos adicionales como la reparación por daños (sociales, económicos, culturales y ambientales), los beneficios de la ejecución del proyecto o la suspensión del mismo si se determina que no es viable.

Por tal razón la violación y desconocimiento de este derecho da lugar a la reparación económica y simbólica a las comunidades que han sido afectadas. Entre estas medidas se encuentran la restitución a la situación anterior, la compensación o indemnización proporcional a la gravedad de la violación, la indemnización colectiva e individual, la rehabilitación física y psicológica, medidas dignificantes y garantías de no repetición.

La Consulta Previa en sectores urbanos y el consentimiento libre, informado y previo son oportunidades para avanzar en la garantía del derecho. Las consultas en sectores urbanos reconocen la contemporaneidad de los pueblos sin restringirla a contextos rurales. Y el consentimiento permite avanzar en el carácter vinculante de las decisiones durante el proceso.

El antecedente internacional más importante en materia de consentimiento es la sentencia del 28 de noviembre de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam. En ésta la Corte señala que los planes de desarrollo y las inversiones a gran escala, no solo deben ser consultados sino consentidos (http://bit.ly/TaBn48).

En Colombia, el consentimiento procede en los siguientes casos: si se requiere traslado o desplazamiento, si está en juego el vertimiento y almacenamiento de sustancias toxicas y se entra en riesgo la existencia misma de la comunidad étnica.

En el 2012 el gobierno de Santos organizó una propuesta de Ley Estatutaria para reglamentar y acotar la Consulta, en la que proponía la conformación de un Registro Único Nacional de etnias, la creación de una única instancia consultiva conformada por tres Cámaras y la restricción de la duración de la consulta a tres meses: la Organización Nacional Indígena/ONIC expreso abiertamente su inconformidad al juzgar que la Ley no era necesaria y que apuntaba a restringir y estandarizar los procedimientos. Es por tal razón que se puede inferir que dicha iniciativa de Estatuto es parte de la política minera explotadora y destructora de los recursos ambientales.

Como tal proyecto se hundió el gobierno expidió el decreto 2613 de 2013 o Protocolo de coordinación institucional para la Consulta Previa (http://bit.ly/1sz6YGZ).

Ese decreto asume que la función administrativa sirve a los intereses generales que el gobierno debe consultar a pueblos interesados en cumplimiento de la Ley 21 e 1991 y que la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior tiene competencia en la coordinación interinstitucional para la Consulta Previa. Con tales planteamientos, el decreto adopta un Protocolo de coordinación interinstitucional.

Dicho Protocolo es utilizado, entre otros, en los siguientes casos: en proyectos prioritarios presentados por el Gerente de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos/PINES (Conpes 3762); cuando lo solicite el gerente de los Pines en proyectos concretos con dificultades de gestión; y cuando el Comité técnico o el Gerente de los Pines considere indispensable el Protocolo para dinamizar la consulta. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la entidad competente en la certificación de la presencia de comunidades étnicas. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) tiene competencia para suministrar rápidamente a la Dirección de Consulta Previa la información actualizada sobre resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras, legalmente constituidos y en proceso de constitución. Asimismo, la Dirección de Consulta Previa puede solicitar a cualquier entidad pública o ejecutor del proyecto la información necesaria para la expedición de los certificados, por ejemplo, la descripción del proyecto y su área de influencia. Las autoridades públicas deben dar respuesta a estas solicitudes de manera explícita.

El Protocolo también señala los momentos específicos para la solicitud de certificados por entidades públicas o ejecutores de un proyecto, obra o actividad. Para la construcción de infraestructura, cuando se haga pública la contratación de estudios de los proyectos en el Portal Único de Contratación (Secop).

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es competente para convocar reuniones de coordinación entre entidades públicas para determinar el plan de trabajo y los recursos para la realización de la consulta. Igualmente, la dirección de Consulta Previa es competente para la suscripción de acuerdos entre las autoridades, los ejecutores de POA y las comunidades. La autoridad competente en la expedición de licencias ambientales debe participar en el proceso.

Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos asumidos en la consulta, el protocolo dispone un comité de seguimiento integrado por la dirección de Consulta Previa, el ejecutor del Proyecto, los organismos de control, las autoridades ambientales y los representantes de la comunidad. Solo hasta que el comité verifique el cumplimiento de los compromisos, la Dirección de Consulta Previa puede convocar a la reunión de cierre de la Consulta.

El Protocolo de coordinación interinstitucional para la Consulta Previa reproduce en su lenguaje una aproximación al derecho fundamental a la Consulta Previa como un problema de "gestión" y una postura de intervención estatal para la "dinamización" de medidas administrativas, legislativas y proyectos de interés nacional. Esta visión difiere del espíritu garantista del Convenio 169 y de la Ley 21 de 1991. Si bien el Protocolo determina competencias entre autoridades estatales, en particular en relación a la coordinación institucional, el mismo no prevé estrategias de fortalecimiento institucional tanto en personal como en presupuesto para hacer operativos y más rigurosos los procedimientos. La información se asume como una condición previa, pero no atienden las dificultades en términos de producción, disponibilidad y acceso a la información. Además, los momentos que establece el Protocolo son contrarios al carácter previo de la consulta. Según el protocolo, la consulta procede de manera posterior a la contratación de estudios para la construcción de infraestructura, en este caso específico.

En tal sentido, el Protocolo recoge una tendencia a la delimitación, restricción y estandarización del derecho, en lugar de avanzar en su garantía atendiendo a los procesos propios y la diversidad de las comunidades étnicas. Todavía se encuentran pendientes medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias por la multiple y sistemática vulneración del derecho, así como debates sobre el consentimiento de carácter vinculante y el reconocimiento del derecho en contextos urbanos.


Mi opinión

En vista de las dificultades y del sabotaje que las empresas, contratistas y funcionarios del Estado hacen de la Consulta Previa, del consentimiento de las comunidades indígenas y afro, de los derechos correspondientes y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas (http://bit.ly/1GMYhU5), no queda más alternativa que la movilización social y la denuncia que hagan las comunidades étnicas. Además, es necesario adelantar todos los procesos administrativos y judiciales para que el derecho sea reconocido efectivamente. En la situación de la comunidad Inga de Mocoa, con el Proyecto vial San Francisco-Mocoa, es necesario hacer la reposición y la apelación del pronunciamiento del Tribunal de Bogotá que negó la Consulta y acudir, con una Acción de Tutela ante la Corte Constitucional, y en el caso de persistir el bloqueo, dirigirse a instancias judiciales internacionales hasta que se haga efectivo el derecho fundamental, para lo cual es sustancial apoyarse en los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados desde el 2011 por las Naciones Unidas (http://bit.ly/1skBwx0).

Nota. Para cualquier gesto de apoyo y solidaridad con la comunidad Ingá del Putumayo, dirigirse al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Mocoa, 11nov2014.

[1] Se trata del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mocoa disponible en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/1GMScqA

[2] CORREDOR VIAL PASTO-MOCOA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (CO-L1019) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRADO Y SOSTENIBLE PMASIS. 15 de Septiembre de 2009. Consultado el 9 de septiembre de 2014, de la dirección: http://www.corpoamazonia.gov.co/files/otros/pmasis/pmasis.pdf

[3] Corpoamazonia (2011). Informe No.1453. "Informe viabilidad de obras preventivas en n tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa (http://bit.ly/1syXjjP).

[4] Acto Administrativo 949 del 30 de mayo de 2012. Ministerio del Interior. Obtenido de: http://mininterior.gov.co/sites/default/files/recursos/archivos/CONSUTA%20PREVIA/CERTIFICACIONES%20CONSULTA%20PREVIA%202012/CERTIFICACION%209497709.PDF
[5] Dicha norma que contenía el Código de Minas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1utFgg4

[6] La presentación de este contexto histórico, legal, político e institucional se apoya en el texto de Gloria Amparo Rodríguez sobre la Consulta Previa disponible en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1v0D0T6; igualmente en el Informe del Observatorio de las industrias extractivas correspondiente al año 2013, coordinado de manera excelente por el experto Fabio E. Velásquez, de donde he tomado gran parte de los planteamientos sobre la situación de la Consulta Previa y el consentimiento a las comunidades

Publicado enColombia
Jueves, 25 Septiembre 2014 06:20

La agenda originaria

La agenda originaria

Salud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de los ejes que los pueblos originarios llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas (ONU). El texto aprobado por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. "Es un paso más. Ahora todo dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente", afirmó Cayuqueo.


Más de 370 millones de personas en el mundo forman parte de pueblos indígenas. Representan a más de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países de Tercer Mundo. En América latina viven 45 millones de indígenas, distribuidos en 826 pueblos.
Tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas"(más conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante años de cientos de dirigentes indígenas.

Realizada en Nueva York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de 190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno de los objetivos de los pueblos indígenas: "Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado".


Nilo Cayuqueo forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz. "El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es el caso del consentimiento libre, previo e informado", resaltó Cayuqueo, pero también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo lo aplicarán los gobiernos. También recordó que (al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a categoría de "convención" (de cumplimiento vinculante)

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Cayuqueo y Díaz se reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. "Se mostró preocupada por la situación de los pueblos indígenas en Argentina", afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno de la Conferencia: "En algunos países es tan crítica la situación que la aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el cumplimiento de los derechos indígenas".

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la Declaración es también un logro del activismo indígena.


El apartado veinte del documento aprobado insiste: "Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios". El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla derechos indígenas: "Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables".


Una crítica común a las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un "plan de acción" para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure "aumentar la coherencia" para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.

 

Documento final de la reunión plenaria de Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

 

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La propiedad de la tierra, la deuda de Latinoamérica con los indígenas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha presentado este lunes un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el que reconoce algunos avances en la región en materia de educación y salud, pero apunta hacia un eterno desafío: el reconocimiento de los derechos territoriales, que incluye el control de los recursos naturales. Así, se detectaron entre 2010 y 2013, más de 200 conflictos en territorios ligados a actividades de extracción de hidrocarburos y minería.


El documento se presenta en el marco de la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, los días 22 y 23 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En ella, representantes indígenas y políticos se han reunido para discutir compromisos y medidas destinados a llevar a la práctica lo fijado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y ha arrancado con un llamamiento sobre la necesidad de tomar medidas para garantizar los derechos de estas comunidades y terminar con la discriminación y los altos niveles de pobreza que sufren en muchos países.


El estudio de la CEPAL señala que existen en América Latina cerca de 45 millones de indígenas, lo que supone un 8,3% de la población regional. Estos están integrados en 826 pueblos, casi 200 más respecto a los datos de los que disponía el organismo en 2006.


El documento apunta a una reducción de los fallecimientos de menores de cinco años y al aumento en las tasas de asistencia escolar. Aunque destaca aún "brechas significativas" en la culminación de la educación media y en el acceso a la superior. Se advierte también un ligero aumento de la participación política de los pueblos indígenas, pero sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado.


El texto recalca que si bien se observan algunos progresos en el derecho al consentimiento libre, previo e informado y en los sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, "estos resultan aún insuficientes en relación a los estándares internacionales que reconocen el derecho fundamental a la libre determinación de estos pueblos".


Una de las medidas acordadas este lunes por los Gobiernos en la conferencia fue la de cooperar más estrechamente con los representantes indígenas y facilitar su participación en el seno de Naciones Unidas. En las conclusiones de la cumbre de este primer día ha quedado recogido el compromiso de asegurar el respeto de las tradiciones indígenas y la igualdad de acceso de esos pueblos a servicios como la educación, la sanidad, la vivienda o el agua. "Es muy importante tener promesas de los Gobiernos, pero es aún más importante ver que actúan", subrayó en la apertura el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, premio nobel de la Paz, que intervino en el acto, destacó los "avances extraordinarios" logrados por los indígenas en las últimas tres décadas e hizo un llamamiento a los jóvenes para seguir construyendo sobre el "legado" que la cumbre les ha dejado. A su vez, el presidente de México, Enrique Peña Nieto pidió "unión a todo el mundo para terminar con la discriminación que sufren esas comunidades".


El mandatario de Bolivia, Evo Morales, del país con mayor proporción de población indígena (62,2%), manifestó que "es un imperativo para todos los gobiernos del mundo avanzar en la superación y erradicación de la discriminación que todavía sufren los pueblos indígenas para dar solución a los problemas estructurales de pobreza".


La cumbre proseguirá mañana con la participación de numerosos líderes políticos y representantes de la sociedad civil, que aprobarán un documento con compromisos y medidas para tratar de avanzar en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo.


 

Pueblos en peligro de extinción


En la actualidad es posible contabilizar 826 pueblos indígenas en América Latina. Esto supone un incremento respecto a la última cifra dada a conocer por la CEPAL en 2006, cuando se identificaron 642 pueblos. Esta alza se debe a la mejora de la información estadística en años recientes y a la incidencia de los propios pueblos en la lucha por su reconocimiento.


Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas (305), seguido por Colombia (102), Perú (85), México (78) y Bolivia (39). Muchos de ellos se encuentran el peligro de desaparición física o cultural, como se ha podido constatar en los casos de Brasil (70 pueblos en riesgo), Colombia (35) y Bolivia (13).


Además de ellos, se estima que existen otros 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

El potencial de crecimiento de la población indígena es mayor que el de la no indígena, ya que su estructura etaria es más joven y sus tasas de fecundidad son más elevadas, si bien se observa una reducción en este indicador en los cinco países con datos disponibles (Brasil, Ecuador, México, Panamá y Venezuela).


El documento también revela que la migración interna reciente es menor entre los pueblos indígenas que entre la población no indígena y que en cuatro de 10 países con información disponible (México, Perú, Uruguay y Venezuela), la mayoría de la población indígena vive en ciudades.

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Viernes, 13 Junio 2014 06:10

Doscientos mil doscientos nueve

Tramas y Mingas es el nombre del encuentro que esta semana mantuvieron indígenas, campesinos y afros en el Cauca, sur de Colombia. Se trataba de tejer realidades en minga, trabajo colectivo, horizontal, con base en la cooperación y la ayuda mutua. Indígenas misak, nasa y coconucos del Cauca, quechuas de Perú y Bolivia, campesinos de diversos países, afros de la costa Pacífico, profesores y estudiantes, compartimos saberes y problemas que nos afligen y necesitamos superar.


El Cauca es el departamento más diverso de Colombia. La mitad de la población son indígenas y afrodescendientes, la mayor parte campesinos que viven en aldeas o en pequeñas ciudades, siendo la colonial Popayán la única ciudad de mediano tamaño. Es también una de las regiones más violentas, donde la guerra ha provocado miles de muertos, desplazados y desaparecidos.


Un grupo de niños y niñas de una escuela del resguardo coconuco, a una hora de la ciudad, participaron en el encuentro, con sus bastones de mando. En las escuelas los niños indígenas también forman sus cabildos, en los que aprenden a gobernarse, replicar los modos de vivir de sus mayores y de cuidar la madre tierra.


Tramas y Mingas se organizó en torno a cuatro temas: la vida y la resistencia; las economías comunitarias; las autonomías y los poderes, y la educación y la comunicación. Mientras todo el país estaba pendiente de las elecciones del domingo (en las que se enfrentan dos versiones de la derecha) y del Mundial de Futbol, los de abajo dedicaron tres días a poner en común lo caminado y lo construido, los modos como lo hicieron, y los dolores que deben atravesar en medio de la guerra.

En el espacio dedicado a las autonomías, las palabras más fuertes fueron las de los fundadores del movimiento, cinco décadas atrás, quienes no sólo relataron todo lo andando sino que hicieron hincapié en lo que falta. Un miembro del resguardo coconuco destacó las divisiones que provocan los traspasos de fondos del gobierno en las comunidades y en los cabildos (autoridades que gobiernan los territorios o resguardos). Hubo acuerdo en el papel decisivo que jugaron las agendas (programas) de los pueblos, construidas desde abajo; así como los problemas que están generando los malos dirigentes, que utilizan esas demandas construidas colectivamente para beneficios personales.


Las organizaciones indígenas de Colombia, como las de buena parte del continente, están siendo acosadas (literalmente) por las políticas sociales, por esa mezcla perversa de agresiones paramilitares y militares, con los fondos estatales para educación y salud, librados con el objetivo de dividir y de sujetar a los movimientos a los fines de los estados.


Al hablarse de autonomías, fue inevitable referirse a la Guardia Indígena, una de las más notables creaciones de los indígenas del Cauca. Se trata de una vasta red de comuneros elegidos por las comunidades para defender los territorios y las autoridades, sin armas, sólo con bastones de mando y una estricta organización. Autonomía es que la Guardia no haya sido creada a imagen y semejanza de la policía del Estado, sino con criterios de rotación y de obedecer a los pueblos, para cuidar y educar, para intervenir no sólo cuando hay agresiones externas sino también cuando surgen problemas en las familias y las comunidades.


Uno de los momentos más fecundos giró en torno a la economía propia, o sea los modos de producir y reproducir la vida por fuera del capital y del Estado. Es notable constatar la existencia de infinidad de emprendimientos de base para producir alimentos, en general encabezados por mujeres, quienes no distinguen entre producción y reproducción porque, en realidad, son dos facetas de la vida.


Un veterano dirigente cocunuco explicó los intercambios entre los pueblos de tierras bajas y tierras altas, cada uno aportando los productos que crecen en sus territorios, desde cereales y tubérculos hasta frutas y hortalizas. No utilizan monedas, todo con base en el trueque, una práctica ancestral recuperada en el proceso de organización como pueblos, y verdadera alternativa a los mercados capitalistas.


Durante el encuentro circuló el comunicado del subcomandante insurgente Moisés en el cual el EZLN informa sobre la decisión de construir la escuela autónoma y la clínica destruidas por el ataque de la CIOAC-H, cuando se produjo el asesinato del compañero Galeano. El zapatismo es referente en estas tierras, en particular entre los jóvenes que integran el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que tejen puentes entre las resistencias locales y las luchas globales.


El tejido de las resistencias y las mingas para darle forma al tapiz multicolor del mundo nuevo se alimenta de todas las resistencias, aun de las más pequeñas, no importando cuántos y cuántas son, sino cómo hacen, con qué espíritu trabajan. Preguntan sobre el zapatismo los jóvenes luchadores de las comunidades, no así los dirigentes que negocian y los académicos que sólo piensan.


En los intercambios surgió la necesidad de juntar los 200 mil 209 pesos mexicanos necesarios para la reconstrucción de lo destruido en La Realidad. Hay dos posibilidades para hacerlo. Una, al estilo de los de arriba, recibiendo el dinero de las personas que pueden aportarlo, una a una con nombre y apellido. La otra es hacerlo en minga, con base en el trabajo colectivo, haciendo fiestas, empanadas, tortillas o lo que cada quien quiera o pueda. Al estilo indígena y campesino, del mismo modo como se hacen los eventos en las periferias de las ciudades.


Este modo de hacer no individualiza a los donantes, ya que los nombres se disuelven en el colectivo. Pero tiene otra enorme virtud. Es un modo de tejer tejidos, trozos pequeños que van formando el tapiz del mundo nuevo. Aquí no importa tanto cuánto dinero se recauda, sino cómo se lo consigue. En suma, el modo individualistas o el comunitario. Ojalá sean muchos los colectivos en el mundo que lo hagan de este modo.

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El despojo se cubre con mentiras como las mal llamadas reformas

El campo mexicano está completamente destrozado, como si un paquete de bombas atómicas lo hubiera arrasado, sostiene el subcomandante Marcos, del EZLN, en un comunicado donde se refiere a las recientes reformas constitucionales. Pasa ya "con la gasolina, la energía eléctrica, la educación, la justicia, todo será más caro, de peor calidad, más escaso.

"El despojo disfrazado de reforma constitucional empezó a formalizarse con Carlos Salinas de Gortari y su reforma al artículo 27. El despojo agrario fue entonces 'cubierto' por las mismas mentiras que ahora envuelven las mal llamadas reformas", agrega. Antes de eso y aun antes de las actuales reformas, los pueblos originarios eran y son despojados de sus territorios, que lo son también de la nación. El oro líquido moderno, el agua y no el petróleo, ha sido hurtado sin que eso llame la atención de los grandes medios. Para el vocero rebelde, el despojo es todos los días y en todas partes. Pero es hasta ahora que se dice que la patria fue traicionada.


El comunicado cuestiona la forma en que se dio la oposición a la reforma energética, y critica al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien, dice Marcos en una posdata, "ha declarado solemnemente que su administración 'se ha apretado el cinturón' con un programa de austeridad; y como muestra de su decisión se ha gastado más de 10 millones de dólares en una campaña publicitaria masiva y costosa". Ironiza que ya las agencias turísticas lanzan el turipaquete que incluye anteojeras para no ver a los grupos paramilitares ni la miseria y el crimen que pululan en las principales ciudades chiapanecas (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, Palenque), en una entidad donde se supone que los indígenas sean los pobres, no los mestizos.

Y si "el gran ladrón Juan Sabines Guerrero pagó millonadas a los medios para simular gobierno donde sólo hubo despojo, el actual 'júnior' de la política local paga más porque ha aprendido, del actual titular del Ejecutivo federal", que se puede pasar de una averiguación judicial a una lista de candidatos presidenciales para 2018 con sólo algunas decenas de millones de dólares, un buen photoshop y una telenovela rosa.


En otra posdata, Marcos se refiere a que pasó lo que pasó en cuanto a los cambios constitucionales, y como antes, algunos voltean a ver a quién culpar del fracaso, pues olvidan que los de arriba no aceptan abrazos sino genuflexiones. Alude a los opositores a las recientes reformas, que no es que no tengan ideas y banderas, es sólo que están desvencijadas.


El problema con los muertos


Ahora que los zapatistas vivos se aprestan a conmemorar 20 años de su alzamiento, Marcos encuentra en los muertos del zapatismo el sentido de su lucha. El problema con los muertos son los vivos, dice de quienes administran vidas y muertes. Pero, añade, el problema con los muertos es sobrevivirlos. Postula: lo que importa es el camino, no el caminante. Y se pregunta "del subPedro, del señor Ik, de la comandanta Ramona, ¿valen sus árboles genealógicos?, ¿sus ADN?, ¿sus actas de nacimiento con nombre y apellidos? ¿O lo que vale es el camino con los sin nombre y sin rostro?


Del subcomandante Pedro expresa que lo que vale es la memoria que de él hay en los pueblos que organizó. La decisión de luchar del subPedro, el comandante Hugo (o señor Ik), la comandanta Ramona, los insurgentes Álvaro, Fredy, Rafael, ¿vale porque alguien le pone nombre, calendario, geografía?, ¿o porque es colectiva y hay quien sigue?


Refiere: la cuenta que tengo que darle a nuestros muertos es qué se ha hecho, qué falta y qué se está haciendo para completar lo que motivó esa lucha. Reflexiona que fue el sentido del deber lo que nos colocó aquí; la necesidad de algo qué hacer "frente a la injusticia milenaria, esa indignación que sentimos como la característica más contundente de 'humanidad'". Así que "en el aliento postrero, una zapatista, un zapatista, nos preguntamos '¿se dio un paso en el camino?, ¿hay quien lo sigue andando?' Cuando vamos a la tumba de Pedro, ¿le decimos lo que hemos hecho para que lo recuerden o le contamos lo que se ha hecho en la lucha, lo que hace falta, lo pequeños que somos aún? Mas le podemos decir 'Oí Pedrín, aquí seguimos, no nos vendimos, no claudicamos, no nos rendimos'"


Comunicado completo

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Hace casi 20 años, despertamos con la rebeldía zapatista

Compañ[email protected]:


Hace casi 20 años, nos despertamos con la noticia de que los indígenas mayas del estado de Chiapas se habían levantado en armas en contra del mal gobierno del inefable Carlos Salinas de Gortari. A partir de ahí, grandes movilizaciones y un diálogo no siempre fácil se desarrolló con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

De manera fundamental, una nueva generación salió entonces a las calles y se identificó con la rebeldía zapatista. Fueron [email protected] los que marcaron una buena parte de las movilizaciones que se desarrollaron en esa primera fase de la lucha zapatista.


La insurrección zapatista del 1 de enero había cimbrado la conciencia nacional. Efectivamente, como dijo José Emilio Pacheco: "Cerramos los ojos para suponer que el otro México desaparecería al no verlo. El primero de enero de 1994 despertamos en otro país. El día que íbamos a celebrar nuestra entrada en el primer mundo retrocedimos un siglo hasta encontrarnos de nuevo con una rebelión como la de Tomochic. Creímos y quisimos ser norteamericanos y nos salió al paso nuestro destino centroamericano. La sangre derramada clama poner fin a la matanza. No se puede acabar con la violencia de los sublevados si no se acaba con la violencia de los opresores" (José Emilio Pacheco, La jornada, 5 de enero).


La izquierda mexicana y mundial se encontraba en ese momento en un aparente callejón sin salida. El 11 de noviembre de 1989, comenzaron a caer, como pinos de boliche, las llamadas "democracias populares" (República Democrática de Alemania, Checoeslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumania, Albania). En 1991, la Unión de República Socialistas Soviéticas se "desmerengó" y, más allá de lo que cada quien pensábamos de ese proceso, lo que no se puede negar es que, en la práctica, su derrumbe abrió paso a la llegada de un capitalismo salvaje dirigido por una mafia criminal.


En América Latina, el 25 de febrero de 1990, los sandinistas pierden las elecciones y se inicia no sólo el proceso de despojo en contra de los campesinos nicaragüenses, lo mismo que el final del cooperativismo, sino que también se desarrolla una dinámica de corrupción entre los dirigentes sandinistas. Todavía pesaba que uno de los fundadores del sandinismo y figura emblemática de la revolución, Tomás Borge, hubiera realizado un libro-alabanza-libelo —disfrazado de entrevista a Carlos Salinas de Gortari— titulado "Dilemas de la modernidad".


El 16 de enero de 1992, se firman los acuerdos de Chapultepec que ponen fin a la guerra en El Salvador, sin que una serie de demandas centrales del pueblo pobre se hayan conquistado, en especial, el derecho a la tierra. En medio de ese proceso, el señor Joaquín Villalobos ("dirigente" del FMLN), quien ya cargaba sobre sus hombros la terrible decisión de matar al gran poeta Roque Dalton, le entrega su AK-47 a Carlos Salinas de Gortari.


Después de esto, se buscó ubicar todo en el marco institucional, de la democracia representativa.Todos abogaban por una izquierda que se limitara a ser cliente respondón del Estado capitalista.


En medio de la euforia anticomunista y de los coloquios en los que se pregonaba el fin de la historia y la llegada de un nuevo orden mundial, alguien describió bien la época que vivíamos e hizo una afirmación que le dio sentido a nuestra necedad: Eduardo Galeano, quien escribió un texto memorable: "En Bucarest, una grúa se lleva la estatua de Lenin. En Moscú, una multitud ávida hace cola a las puertas de McDonald's. El abominable muro de Berlín se vende en pedacitos, y Berlín Este confirma que está ubicado a la derecha de Berlín Oeste. En Varsovia y en Budapest, los ministros de Economía hablan igualito que Margaret Thatcher. En Pekín también, mientras los carros de combate aplastan a los estudiantes. El Partido Comunista Italiano, el más numeroso de Occidente, anuncia su próximo suicidio. Se reduce la ayuda soviética a Etiopía y el coronel Mengistu descubre súbitamente que el capitalismo es bueno. Los sandinistas, protagonistas de la revolución más linda del mundo, pierden las elecciones: Cae la revolución en Nicaragua, titulan los diarios.Parece que ya no hay sitio para las revoluciones, como no sea en las vitrinas del Museo Arqueológico, ni hay lugar para la izquierda, salvo para la izquierda arrepentida que acepta sentarse a la diestra de los banqueros. Estamos todos invitados al entierro mundial del socialismo. El cortejo fúnebre abarca, según dicen, a la humanidad entera.


Yo confieso que no me lo creo. Estos funerales se han equivocado de muerto". (Eduardo Galeano: El niño perdido a la intemperie).


La insurrección zapatista del 1 de enero abrió un nuevo ciclo de confrontaciones sociales. La capacidad de trasmitir su mensaje, que era y es el de los condenados de la tierra, abrió una brecha para poder re-andar el camino en la búsqueda de una práctica emancipadora.


El pensamiento libertario zapatista abrió un gran hoyo en el aparentemente sólido edificio ideológico del poder del capital, y permitió que por ahí se expresaran viejas buenas ideas y nuevas buenas ideas.


En medio de la mayor euforia de la clase dominante; cuando se levantaban las copas de champagne para brindar por nuestro ingreso al primer mundo (el 1 de enero entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio); cuando el priísmo estaba más seguro, en tanto había logrado "destapar" a su candidato sin que se dieran grandes fisuras en su interior; cuando las 15 familias más ricas del país festejaban la capacidad que habían tenido los mecanismos de control para dominar a los "jodidos" (como le gusta decir de los pobres, al zar de la televisión privada: Emilio Azcárraga Milmo); se dio el levantamiento de los pueblos zapatistas. Escogieron esa fecha como para demostrar que la memoria no había sido derrotada por una modernidad excluyente.


Ni el gobierno y los partidos de derecha, ni la izquierda o los sectores democráticos, teníamos la menor idea de que algo semejante iba a suceder. Sabíamos del rencor que se venía agolpando en el pecho de una manera soterrada, pero no pensábamos que se podría expresar de esta manera.


Empezamos a tratar de comprender. Por supuesto, no sólo no siempre entendíamos a cabalidad el conjunto de la nueva gramática de la rebeldía zapatista, sino que muchas ideas nos eran ajenas y, muchas veces, las malinterpretamos.


Lo más importante es que el 1 de enero fue una bocanada de aire fresco. Salimos a las calles no sólo para exigirle al gobierno parar la guerra, sino para evidenciar que todos los cantos al fin de la historia eran, antes que nada, vacíos discursos ideológicos.


La idea de que NO todo estaba perdido fue clave para comprender que, al final, esa rebelión no era sino una grieta por donde podíamos ver que todavía había muchas luchas por delante. Que la historia no sólo no había terminado, sino que era, todavía, una-muchas páginas en blanco.
Ahora podemos agregar que, para nosotros, la insurrección zapatista no es una efeméride, un evento que corre el peligro de ser deglutido por el carácter omnívoro del capitalismo. Que, a pesar de los intentos llevados a cabo por los medios de comunicación, el zapatismo no forma parte de la sociedad del espectáculo.


El zapatismo ha sido un proceso, efectivamente, lleno de varios momentos luminosos pero, antes que nada, ha sido un proceso ininterrumpido de luchas, acciones, experiencias que, encadenadas entre sí, han constituido una nueva práctica de la izquierda de abajo.


Entonces, a pesar de las veces que los comentaristas y analistas —que confunden su ilusión con la realidad— han dado por muerto al zapatismo, éste no sólo ha continuado sino que ha ido generando nuevos procesos sociales.


A lo interno, con el desarrollo de la autonomía (auténtico proceso de auto-organización sin paralelo en la historia, por lo menos de manera tan profunda y prolongada) y la construcción de nuevas relaciones sociales, es decir, de nuevas formas de vida. Y hacia afuera, al no buscar hegemonizar u homogeneizar ni dirigir a otros movimientos sociales.


Ubicándose siempre al lado de los perseguidos, humillados y ofendidos, en especial, de los más perseguidos, más humillados y más ofendidos.
No en función de la defensa en abstracto de la patria o de la nación, sino en función de los seres humanos que,viviendo abajo y más abajo, son considerados como prescindibles o como simple carne de cañón que no merece ninguna otra cosa que ir atrás de sus dirigentes siempre tan dispuestos a decirles cuándo levantar la mano. Esos seres humanos que son la esencia fundamental de la patria o de la nación.


Si alguien le preguntara a un zapatista: ¿Cuáles han sido tus mejores años? Éste contestaría: "los que vendrán". Porque algunas de las cosas más importantes que nos ha mostrado el zapatismo es su permanente voluntad de lucha, su capacidad organizativa y su convicción —a prueba de todo, incluso de la incomprensión de [email protected]— de que vamos a ganar.


Si la rebeldía zapatista —de la cual queremos ser cómplices— no es una fecha, ni un cumpleaños, ni un acontecimiento, ni algo petrificado, dogmático o terminado, entonces, es algo que se arma, se construye, se cimienta todos los días.


Si otros quieren darse por derrotados porque consideran que ya se perdió "la madre de todas las batallas", ése es su derecho. [email protected] preferimos la visión de que, como decían los estudiantes franceses del mayo de 1968: "esto no es más que el inicio, el combate continúa".
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el 1 de enero de 1994. Y muchos los ataques de los señores del dinero, la clase política y sus palafreneros, "intelectuales" de pacotilla que desde el primer día fueron contratados para una misión imposible: denigrar con cierta credibilidad a los pueblos zapatistas y a su ejército. Las plumas verde olivo se ofrecieron al mejor postor, desde el líbelo Nexos hasta lo que hoy es su espejo: el diario La Razón. Todos ellos han acogido a varios tinterillos proclives a exhibirse como lo que son: mercenarios que escriben con la mano derecha y cobran con la izquierda

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El impulso vital que venía de abajo fue escuchado y entendido sólo por una parte de toda la izquierda mexicana. La que no sufre de esa enfermedad del cuello que es la tortícolis, producto de tener la cabeza y la mirada siempre volteando hacia arriba, suspirando por un poder que —aunque nadie de ellos se ha dado cuenta— ya no existe, que es un holograma.


Por nuestro lado, los que mantuvimos el planteamiento rebelde de la Otra Izquierda decidimos, con la ayuda del ejemplo de los pueblos zapatistas, mantenernos abajo y a la izquierda. Empeñados en construir otra realidad, donde los mecanismos comunitarios de auto-organización sean el motor de las transformaciones prácticas y teóricas. Al lado de quienes viven en los sótanos y la planta baja del edificio capitalista.
Para lograr esa construcción fue necesario estar [email protected] a reaprender muchas cosas, como lo veremos más adelante.

 

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En ese proceso en el que "el educador debe ser educado" reaprender ha sido fundamental.
Desde luego, el camino no ha sido fácil. Varios paradigmas teóricos del pensamiento de izquierda fueron puestos en cuestión:
La idea de una vanguardia que dirige desde el exterior al movimiento social.
La idea de que la teoría es algo exclusivo de los pensadores universitarios.
La idea de que la clase obrera es la única clase revolucionaria.
La idea de que lo que importa en el concepto lucha de clases, es el segundo elemento y no el primero.
La idea de que la diversidad y la diferencia es un estorbo para luchar juntos.
La idea de que el Estado es el único instrumento que se puede utilizar para cambiar de manera duradera las condiciones de vida y la organización social del pueblo

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La idea de que luchamos por una revolución socialista a la que se le debe firmar un cheque en blanco, dejando de lado las mal llamadas luchas minoritarias (indígenas, mujeres, homosexuales, lesbianas, otros amores, punks, etcétera).


La idea de la izquierda —que también tiene un pensamiento único— de que quien no cuadre en su visión es un enemigo.


Frente a esa crisis de paradigmas hemos comenzado a construir un pensamiento muy Otro. Lo primero ha sido romper con esa visión de que la política es una tarea que únicamente pueden acometer los especialistas. Que se trata de un discurso lleno de secretos arcanos no apto para la población en general.


Descubrimos poco a poco que existe otra teoría: la que nace del seno de los movimientos de verdad, aquéllos que no son golondrinas que no hacen verano. Que es ahí en las comunidades, los barrios, los ejidos, los pueblos, donde la gente comienza a reflexionar sobre el significado de tomar en sus manos el control de sus destinos y, a partir de ahí, a elaborar una teoría producida por ella misma.


Esa irrupción de los "peatones de la historia", como dicen los compañeros zapatistas, ha puesto en crisis a más de uno de los que se piensan a sí mismos como los poseedores del pensamiento político, de los que tienen "respuestas" para todo lo que pasa en el mundo, producto de una lectura profunda... de los periódicos. Desde luego, como siempre sucede, ningún pueblo les hace caso.

Las y los indocumentados de la política, los que no tienen papeles ni títulos universitarios son los que, desde hace ya varios años, están haciendo la verdadera teoría política.


La gran pregunta para los que se reivindican como organizaciones de vanguardia y para los que se consideran "formadores de opinión" es saber si van a tener la modestia de escuchar esas voces. Si van a ser capaces de bajar el volumen del estruendo que producen sus teorías, casi siempre producto de diseños analógicos, que son válidas para cualquier momento de la historia, es decir, para ninguno.


Aprender a escuchar solamente se logra cuando uno se calla. ¿Será posible que después de tantos años de hablar, la izquierda tenga la capacidad para callarse y escuchar? Las voces que vienen de abajo, aunque de pocos decibeles, son claras y nítidas. Solamente es indispensable inclinarse un poco y prestar atención.


Y, entonces, nos daremos cuenta que desde lo más profundo de la sociedad mexicana, cual torrente, están brotando tal nivel de ideas y pensamientos como los que hoy vemos en la Escuelita Zapatista. Si aguzamos el oído para mirar tendremos que reconocer que sí, es cierto, las nuevas generaciones de zapatistas son mucho más lúcidas y capaces que aquéllas que hicieron la insurrección. Las múltiples voces de las bases de apoyo zapatistas nos confirman que, a pesar del importante esfuerzo de su jefe militar y vocero, sólo logró trasmitirnos un pálido reflejo de lo que estaba pasando en territorio zapatista.


La riqueza de esa experiencia nos ha dado nuevas herramientas prácticas y teóricas. Es responsabilidad nuestra que su uso sea fructífero. Sabemos que no ha sido fácil, y estamos lejos de haberlo logrado, pero lo estamos intentando, realmente intentándolo. Y hoy podemos decir que aquí estamos.


Que no nos rendimos, que no nos vendemos, que no renegamos. Que, sin duda, nos hemos equivocado, pero hemos logrado preservar el fuego y separar la ceniza. Que ese fuego es hoy apenas un llama, a lo mejor una llamita, pero que todos los días es alimentado con dos cosas: las acciones destructivas de un poder neoliberal excluyente y rapaz que nos obliga a mantenernos en el imperativo categórico de eliminarlo, y la voluntad inquebrantable de lo que somos.


Todos los días con nuestra práctica y pensamiento velamos esa llama o llamita, que representa nuestra voluntad de luchar en contra de la explotación, el despojo, la represión y el desprecio, es decir, en contra de la esencia del capitalismo.


Que hacemos nuestras las siguientes palabras, que ustedes pronunciaron en el festival de la Digna Rabia:


"Permítanos contarles: El EZLN tuvo la tentación de la hegemonía y la homogeneidad. No sólo después del alzamiento, también antes. Hubo la tentación de imponer modos e identidades. De que el zapatismo fuera la única verdad. Y fueron los pueblos los que lo impidieron primero, y luego nos enseñaron que no es así, que no es por ahí. Que no podíamos suplir un dominio con otro y que debíamos convencer y no vencer a quienes eran y son como nosotros pero no son nosotros. Nos enseñaron que hay muchos mundos y que es posible y necesario el respeto mutuo...


"Y entonces lo que queremos decirles es que esta pluralidad tan la misma en la rabia, y tan diferente en sentirla, es el rumbo y el destino que nosotros queremos y les proponemos...


"No todos somos zapatistas (cosa que en algunos casos celebramos). Tampoco somos todos comunistas, socialistas, anarquistas, libertarios, punks, skatos, darks, y como cada quien nombre su diferencia..."
(Fragmentos del discurso del Subcomandante Insurgente Marcos: "Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo").
Esa concepción nos interpela para ir formulando una respuesta. A continuación daremos unas ideas, que desde luego solamente son una reflexión inicial.

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"En la Sexta no decimos que todos los pueblos indios se entren al EZLN, ni decimos que vamos a dirigir obreros, estudiantes, campesinos, jóvenes, mujeres, otros, otras, otroas. Decimos que cada quien tiene su espacio, su historia, su lucha, su sueño, su proporcionalidad. Y decimos que entonces echemos trato para luchar juntos por el todo y por lo de cada quien y cada cual. Por echar trato entre nuestras respectivas proporcionalidades y el país que resulte, el mundo que se logre esté formado por los sueños de todos y cada uno de los desposeídos.


"Que ese mundo sea tan abigarrado, que no quepan las pesadillas que vivimos ninguno, ninguna, ningunoa, de abajo.


"Nos preocupa que en ese mundo parido por tanta lucha y tanta rabia se siga viendo a la mujer con todas las variantes de desprecio que la sociedad patriarcal ha impuesto; que se siga viendo como raros o enfermos o enfermoas y raroas a las diversas preferencias sexuales; que se siga asumiendo que la juventud debe ser domesticada, es decir, obligada a "madurar"; que los indígenas sigamos siendo despreciados y humillados o, en el mejor de los casos, enfrentados como los buenos salvajes a los que hay que civilizar.


"Vaya, nos preocupa que ese nuevo mundo no vaya a ser un clon del actual, o un transgénico o una fotocopia del que hoy nos horroriza y repudiamos. Nos preocupa, pues, que en ese mundo no haya democracia, ni justicia, ni libertad".

"Entonces les queremos decir, pedir, que no hagamos de nuestra fuerza una debilidad. El ser tantos y tan diferentes nos permitirá sobrevivir a la catástrofe que se avecina, y nos permitirá levantar algo nuevo. Les queremos decir, pedir, que eso nuevo sea también diferente".


(Fragmentos del discurso del Subcomandante Insurgente Marcos: "Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo")

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¿Qué escribiríamos si hoy tuviéramos la pretensión de decir qué es lo que nos muestra la experiencia zapatista?


Cada vez que un hombre, una mujer, un niño o un anciano base de apoyo zapatista habla de su lucha, de su autonomía, de su resistencia hay una palabra que se repite con insistencia: organización. Pero ¿Cómo llegar a ella? El problema no se resuelve utilizando la palabra como una especie de "ábrete sésamo", buena para todo.


Tampoco se puede simplemente elevar a modelo lo que ellos mismos nos dicen que no es un modelo. Que ellos lo han hecho así, pero que otros modos habrá.


Si rechazamos el pensamiento único de la derecha, es imposible pensar que ahora vamos a implantar una especie de pensamiento único de la izquierda de abajo.


No, de lo que se trata es de aprender de las experiencias diarias que vamos trabajando. Y esas experiencias aunque semejantes no serán iguales. Pero, ¿habría algo que nos permitiera orientarnos en ese sinuoso camino?


Sí, hay varias cosas, por lo menos eso creemos [email protected]


Ubicarnos siempre al lado de los condenados de la tierra.


No mirar para arriba, pero tampoco para abajo. Buscar siempre echar miradas de complicidad a los lados, es decir adonde pertenecemos, a abajo.


Privilegiar la escucha al discurso. Dar oportunidad a que el abajo hable y nos diga lo que él sabe.


Entender que es inevitable que desde el poder y sus medios se van a realizar labores de linchamiento en contra de aquellos [email protected] que desentonan, que no se cuadran ni cuadran: en contra de los rebeldes.


Rehuir la tentación de dirigir los movimientos. Esto siempre provoca vértigo. Siempre surge la pregunta de cómo se van a expresar los que luchan, la población que abajo habita, si no hay quien les dirija. Pues la respuesta siendo sencilla tiene una gran complejidad aceptarla: por ellos mismos.


Respetar las formas organizativas que cada quien se dé, aunque nos parezcan tortuosas y desesperadamente lentas. Cada quien su modo.
No perseguir las coyunturas que de arriba nos imponen, sino trabajar para crear nuestras propias coyunturas. Mover el tablero de la política quiere decir no respetar las reglas de lo "políticamente correcto". Aspiramos a ser "políticamente incorrectos".


Trabajar y construir en la diferencia. Generando espacios habitables donde las mujeres no sean hostigadas por el simple hecho de ser mujeres. Donde se acepte las diversas preferencias sexuales. Donde no se imponga una religión pero tampoco el ateísmo. Donde se promueva el encuentro de los diversos, de los [email protected]


Donde no nos auto limitemos porque la polis es mucho más complicada que la selva. Muchos han dicho que los zapatistas pueden hacer lo que hacen porque su sociedad no es compleja. Pero que en las grandes urbes vivimos una sociedad compleja que impide la posibilidad de que la gente tome el control de su destino. Eso ha sido teorizado, tanto desde la derecha como en la izquierda. Este "argumento" contiene dos estupideces: pensar que los pueblos zapatistas conforman una sociedad simple. Quien dice eso nunca ha pisado territorio zapatista, donde casi cada compañ[email protected] es un municipio autónomo. Simplemente hay que recordar que en una Junta de Buen Gobierno conviven compañ[email protected] que hablan hasta cuatro idiomas diferentes. La otra estupidez es achicar a los pueblos de las grandes ciudades y expropiarles su capacidad de decisión, por un problema técnico: la dificultad en la comunicación. Digo, esos mismos son los que cantan las glorias del Internet y las redes sociales.


En fin, éstas son solamente algunas ideas. Ni son todas y muy probablemente no sean las mejores.


La cuestión es que si como dicen algunos: la historia nos muerde la nuca, debemos voltearnos y comerle la nuca a la historia. Claro, todo esto hecho con gran serenidad y paciencia.


En ese proceso surgirán muchas experiencias de las cuales aprender. Aquí sí que "florecerán cien flores", que representen cien o más formas de organización diversa. No hay límites más que los que nos pongamos nosotros mismos.


En las palabras que recordamos de [email protected] compañ[email protected] del EZLN durante el festival de la Digna Rabia, se ubica lo fundamental de lo que sería la nueva buena nueva: Sí, es verdad que el pueblo unido jamás será vencido, pero siempre y cuando se entienda que será en la diversidad que se construya el gran [email protected] que este país y el mundo necesita.


Por nuestro lado, finalmente, queremos decir que desde el 1 de enero de 1994 decidimos que nuestro futuro estaba al lado de [email protected] [email protected] y compañ[email protected] zapatistas. Que no fuimos de los que buscaron simplemente tomarse la foto en el momento en que los medios de comunicación, y los que siempre persiguen la moda, acechaban a los dirigentes zapatistas, en especial al Subcomandante Insurgente Marcos.
Y hoy, casi 20 años después de su gran insurrección y 20 años después de que supimos que su rebelión era también la de [email protected], les decimos compañ[email protected] zapatistas: aquí estamos, aquí seguiremos, buscando caminar con ustedes, hombro con hombro, como parte de la Sexta.

Les decimos que, efectivamente, [email protected] también tenemos un objetivo muy modesto: cambiar la vida, cambiar el mundo.


Por todo lo anterior y por muchas otras razones y sinrazones, un grupo de hombres, mujeres, niñ@s, [email protected], [email protected], hemos decidido organizarnos, porque hemos entendido que la rebeldía organizada es uno de los caminos, para [email protected] el más importante, que sí nos llevan a donde queremos ir.


No a construir un camino único y sin obstáculos, sino uno donde nos encontremos a [email protected] [email protected] y podamos trabajar [email protected] sin que eso quiera decir que les digamos: "vengan a éste, el bueno es éste". Porque después de veinte años estamos aprendiendo que los caminos se hacen andando, en la acción y no en debates teóricos sin raíces prácticas.


Desde las visiones zapatistas del mundo, de México y de la vida, buscamos generar un marco común, un refugio habitable a nuestra rebeldía, una casamata que sea un punto de apoyo para poder continuar con nuestra labor del viejo topo (o mejor: de un escarabajo llamado Don Durito de la Lacandona) que corroe los cimientos del capital.


Por eso, [email protected], rebeldes e [email protected], manifestamos nuestra voluntad de caminar junto a [email protected] zapatistas y nuestro deseo de ser sus compañ[email protected] Les decimos que vamos a poner todo el empeño en ello y que, efectivamente, en la larga noche que ha sido lo que algunos llaman día, tarde que temprano "noche será el día que será el día".


Afuera ya no es medianoche... ya se mira el horizonte.


México, diciembre de 2013.

Publicado enInternacional
Jueves, 28 Noviembre 2013 16:58

Paro y minga indígena

Con alrededor de 40 mil indígenas movilizados, 48 comunidades, 22 vías bloqueadas, y acciones en 18 departamentos, de los cuales por lo menos 7 resultaron colapsados, la Minga indígena nacional dejó cla roal país, el músculo del movimiento indígena que agrupa la ONIC. Como en ninguna otra protesta social, el gobierno Santos debilitado, reaccionó y accedió rapidito a la negociación. La casa de Nariño sabe que la reivindicación y confrontación que tiene raíz y corazón en el macizo colombiano, cuando asuma identidad y aparte politiquerías, posee un aire centenario con capacidad de extender ejemplo y solidaridad.

 

No son molinos de papel los que hace mover el movimiento indígena nacional. Con un menor cubrimiento noticioso y de televisión, pero con mayor contundencia, las comunidades indígenas a través de la convocatoria de su Minga, lograron un importante resultado en la defensa de sus reivindicaciones históricas.

 

Temor del Paro Nacional agrario y popular

 

Aunque el gobierno central no exhiba la aparente estabilidad de periodos anteriores, en su conjunto actúa como un estratégico jugador. Todas las trasformaciones en el mundo rural a las que obligado responde el ejecutivo –tras bloqueos y marchas tanto regionales como nacionales– esconden bajo el disfraz de "dialogo social" la agenda del capitalismo acaparador de tierras, así como, la afectación y acción en contra de las territorialidades que han hecho con su tradición las comunidades que confluyen en el campo. Un caso apenas, en última instancia, certificar la gran desposesión agraria del Catatumbo. Los considerandos del llamado "pacto agrario" y en últimas el acuerdo de la María Piendamó, como maniobra desde el gobierno, repiten este libreto.

 

 

Santos abona el camino, para el proyecto a fondo económico, de futuro y en el continente, con provecho, pauta y funcionalidad del capital financiero internacional, pero, como todo acuerdo, fueron dos quienes pactaron.

 

Del pliego a los acuerdos

 

Cinco fueron los temas gruesos que llevaron a convertir las carreteras nacionales en puntos de concentración de los indígenas para su lucha directa.

 

- Territorio y tierras; seguridad jurídica de los territorios indígenas; ejercicio pleno del derecho al territorio; constitución, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas.
- Consulta previa sobre proyectos minero-energéticos e hidrocarburos; revocatoria directa de las concesiones o contratos de explotación minera en territorios indígenas.
- Ejercicio de autonomía y gobierno propio; autonomía territorial; la cosmovisión y la autonomía en el ejercicio de gobierno propio.
- Tratados de Libre Comercio y política agraria; promoción del referendo para la derogatoria de los TLC o la renegociación de los mismos; derogatoria de todas las normas que afecten la soberanía alimentaria.
- Derechos humanos, conflicto armado y Paz; adopción integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; desmilitarización de los territorios indígenas; desmonte de los planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena.

 

El pliego en apariencia abarcó mucho, pero realmente, en el movimiento planearon apretar solo en lo necesario. Las direcciones de los pueblos ancestrales actúan y tienen certeza, tanto de cuál es el momento en el que se encuentran en el marco de la agenda estratégica del capital y la impronta que en correspondencia aplica el gobierno, como a la vez, asumen que en el aporte y la búsqueda de la paz, son estos los días de presión y de planear con anticipación y en medio de la contradicción, el post conflicto.

 

Las territorialidades de carácter colectivo, así como la existencia y los conocimientos de los pueblos ancestrales, no es en pocas regiones del país donde chocan con los planes y espacios de extracción, producción, y apropiación de conglomerados económicos trasnacionales y nacionales. Ejemplos sobran: Desde la usurpación de saberes ancestrales para su conversión en productos médicos o acumulados teóricos en propiedad privada por pare de empresas extranjeras como Pfyser en el Amazonas, hasta la lucha violenta en tierras indígenas con ejecución por la BP en Arauca ó la persecución de Muriel Mining Corp en el Alto Guayabero contra centenas de familias del pueblo Embera.

 

La Mesa de La Habana tiene sus bemoles

 

El diálogo tiene un especial sabor para las comunidades indígenas, sobre todo las caucanas. En la Isla, el gobierno no discute con cualquiera ni con un extraño para la región. Sino, en particular, con las farc-ep, organización insurgente que mucho desconoce o irrespeta la autonomía y la organización propia de las comunidades. El primer punto: el agrario, de la agenda de los diálogos de paz, puso sobre la mesa las figuras de reordenamiento territorial.

 

En su función, entreveros y declaraciones, De la Calle y Márquez no en pocas ocasiones, han polemizado incluso públicamente, sobre las Zonas de reserva campesina, las zonas de reserva forestal y los parques nacionales naturales. De fondo, para los indígenas existe una preocupación y un límite.

 

La preocupación de los indígenas y de decenas de agrupaciones campesinas, tiene punto en que el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, resulte y esté en detrimento de los derechos colectivos y las figuras de ordenamiento territorial existentes en Colombia que favorecen a estos pueblos, y el límite es: Que los fallos de La Habana, sin dejar dudas, no afecten ni a la propiedad terrateniente y su codicia ni limiten en un gran sentido, el acaparamiento de tierras por parte de transnacionales y empresarios nacionales. A su vez, que permita abrir brechas entre campesinos, indígenas y afros que terminarían divididos en disputas por ínfimas porciones de tierras. Es decir, los indígenas en su reivindicación se sienten entre la espada y la pared. Mejor dicho, entre los intereses del gobierno-farc por una parte, y las nuevas figuras de ordenamiento territorial que impone el capitalismo, por otra.

 

Entre La Habana por arriba y La María desde abajo

 

Autonomía, defensa de sus territorios, preservación de los pueblos y otorgamiento de nuevas espacialidades fueron los temas gruesos del acuerdo de la María. Defensivamente, el movimiento indígena no trato de profundizar sino de consolidar las conquistas existentes en el pulso y el acuerdo con el gobierno. Así como en La Habana se negocia con la burguesía la existencia de las zonas reserva campesina, sin atacar desde el terreno político la gran propiedad terrateniente ni al acaparamiento transnacional de tierras; en el Cauca no hubo más en el pacto, que defender y robustecer las conquistas alcanzadas, a través de siglos de resistencias.

 


 

 

Recuadro 1

 

El acuerdo de La María con la fuerza de la mirada encima

 

"En defensa de los territorios y otorgamiento de nuevas espacialidades: Se acuerda la aplicación de un estatuto especial que modifica el pacto agrario –decreto 1987 de 2013- y la ley de procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad –1465 de 2013– con el fin de construir mecanismos específicos en estos temas, que respeten las territorialidades indígenas...".

 

La complejidad que acarrea esta defensa está en que la ONIC es el único sector popular organizado, que acepta, revisa y "refrenda" de esta manera directa, el Pacto Agrario, aun pese a las críticas de sectores como la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA.

 

Además, en el "Acuerdo No. 4: Para la Constitución, Ampliación y Saneamiento, de Resguardos Indígenas el Gobierno Nacional se compromete a documentar, evacuar y presentar al Consejo Directivo del INCODER, como meta, 400 expedientes sobre ampliación, constitución, y saneamiento de Resguardos Indígenas."1 El ejecutivo se compromete en otorgar "recursos por valor de cincuenta (50) mil millones de pesos para la compra de tierras a pueblos indígenas de la vigencia 2014. Adicionalmente, se destinarán treinta (30) mil millones de pesos a través de vigencias futuras de 2015". Al respecto y contrario a otorgar espacios específicos para la expansión de territorialidades de los cabildos indígenas existentes, el gobierno opta por entregar dineros para la compra de tierras, de las cuales, algunas no estarían ubicadas en lugares ancestrales. De este modo, fomentan y obligan la migración y abandono de sitios milenarios de culturas con fuerte vinculación a sus espacios tradicionales. Santos ejecuta una estrategia de preparar conflictos internos entre indios, campesinos y afros, pues los primeros, terminarán fruto de este mecanismo, incrustándose en zonas ajenas que históricamente han sido recreadas por labriegos y negros.

 

En autonomía: La ONIC cristaliza el interés por ponerle cuerpo a logros de la Constitución del 91 que hoy no tienen ni pies ni cabeza. La puesta en práctica, por medio de un decreto del artículo 56 transitorio que consolida la relación entre autonomía y unidades territoriales indígenas; fue el logro. El movimiento indígena pretende así establecer "las disposiciones normativas relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas, sus autoridades y gobierno propio, respecto de los sistemas, tales como: el Sistema Educativo Indígena Propio, Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural y Sistema General de Participaciones –SGP, entre otros2".


El acuerdo de La María corrobora y confirma los derechos de consulta afirmativa previa, que poseen las comunidades indígenas, como mecanismo de preservación de sus territorios ancestrales ante los intereses económicos de los mega planes infraestructurales, el extractivismo y la agro industria.

 

Los vacíos y los menos del acuerdo

 

Temas relevantes como la mega minería y los TLCs quedaron por fuera de los acuerdos. Santos no está dispuesto a realizar negociación alguna con la propiedad estatal de los subsuelos y la agenda de libre comercio. Pilares estos, de subordinación al capitalismo financiero internacional. Sin embargo, el más nocivo de los bemoles está en el hecho de la realización de los acuerdos indígenas, sin dialogo alguno con el resto del campo popular. Especialmente, con los subalternos rurales. Justo en el momento cuando la movilización agraria nacional está en reactivación.

 

Al igual que en el Catatumbo, y en los acuerdos parciales con las organizaciones que hicieron parte del paro agrario nacional, cada organización sostiene su propuesta específica para el campo: algunos ZRC, otros ZRF, los cabildos indígenas, etcétera. Sin embargo, el grueso que está hoy en discusión pública, es el conjunto del futuro del país rural. Las figuras, movilizaciones y reivindicaciones de cada uno de los sectores, no alcanzan ni tienen un diálogo entre sí. Una incomunicación y parcelación que impide el acuerdo popular y la aprobación de un pliego o plataforma de emplazamiento nacional. Acción que en su realización y dinámica proyecte y salve a la nación indígena, a la identidad negra y a la reivindicación campesina, en vía a la construcción de la Colombia popular.

 

Algunos intelectuales y el ávido debate al interior del movimiento indígena, en cabeza de sus mas representativas organizaciones ACIN y CRIC, señalan y advierten del lugar que la élite y el poder quieren dar al movimiento indígena: no es otro que acabar su capacidad de acción directa y movilización beligerante, en el propósito de reducir su participación a un actor meramente 'gremial', reivindicativo, sin proyección histórica, con olvido de su identidad; y sujeto a los canales legales para ejercer su participación.

 

Desde luego, las comunidades ancestrales dan ejemplo de luchar y estar en las antípodas de este papel. Empero, vale preguntar en el marco de los planes del bloque dominante, por el reto que significa impedir que el acuerdo de la María sea una victoria en el presente y una derrota en el futuro.

 

1 Acta de Acuerdos logrados entre los Pueblos Indígenas que participaron en la Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional, 23 de octubre de 2013, La María, Piendamó, Cauca, Colombia.
2 ídem.

 


 

 

Recuadro 2

 

El mosaico del poder en el paro

 

Un lado de la "negociación acelerada" tuvo actores que no fueron cualquiera. Aurelio Iragorri Valencia nieto del ex presidente Guillermo León Valencia e hijo de su homónimo padre –político y senador desde hace mas de 20 años–, con ancestros y acusación popular de persecución y oposición a los resguardos indígenas del Cauca. Junto con la familia Chaux, son castas dominantes desde los años de la Independencia. Los dominios Irragorri tocan desde Popayán hasta el extenso macizo colombiano. El tamaño de su poder económico y social es difícil de calcular, sin embargo, es simbólico que son parte de las pocas oligarquías regionales con asiento en los escenarios de poder nacional.

Publicado enEdición N°197