Irak otra vez, Afganistán sin medio tiempo, Gaza, Centroamérica..., es como si todos los fantasmas de guerras e intervenciones militares recientes y anteriores hubieran regresado a Washington. Y Washington tiene la misma respuesta de siempre, aunque nunca funciona: más bombas.

Ante lo que llamó una (otra más) emergencia humanitaria, el presidente Barack Obama anunció al pueblo estadunidense y al mundo que, en esencia, para rescatar a Irak, Estados Unidos tendría que bombardearlo (otra vez). Un gran amigo de este periódico, testigo de las maniobras de Washington durante décadas, comentó que le recuerda una de las frases célebres de la guerra de Vietnam: se volvió necesario destruir ese pueblo para poder salvarlo (cita de un oficial militar estadunidense por el entonces reportero de Ap Peter Arnett, al escribir sobre la decisión militar estadunidense de bombardear Ben Tre, a pesar de las bajas civiles que eso implicaría).

Obama declaró que para salvar una región de Irak autorizó el inicio de bombardeos aéreos, al igual que misiones humanitarias para rescatar a miles de integrantes de una minoría cercados por las fuerzas fanáticas del ahora llamado Estado Islámico (antes ISIL e ISIS). Dijo que Estados Unidos tenía que actuar para evitar un genocidio, y habló de muertes de niños, de miles de desplazados en busca de refugio y otros actos bárbaros. Subrayó que esto no implicaba el retorno de tropas estadunidenses a Irak. Con ello, como señaló The New Yorker, se convirtió en el cuarto presidente que bombardea Irak. Obama ha advertido que no será una operación de semanas, sino de meses.

Todo esto provocó un inevitable dejà vu en Washington, donde se resucitó el mismo debate en la cúpula política: hubo consenso sobre la acción militar, pero legisladores republicanos criticaron que la respuesta es demasiado tibia, mientras demócratas indicaban que estaban nerviosos de que esto pudiera implicar el regreso a esa guerra que ya había sido proclamada como concluida cuando salieron las últimas tropas, en diciembre de 2011. Por otra parte, agrupaciones antiguerra sacaron de nuevo sus viejos guiones para denunciar la opción militar, mientras las instituciones llamadas tanques pensantes ofrecieron sus grandes análisis que, como antes, concluyen que Estados Unidos tiene que actuar como superpotencia; ni modo, esa es la misión divina que le tocó.

A la vez, la retórica para justificar la renovación de operaciones de combate en Irak reveló una vez más que algunos ataques crueles contra poblaciones civiles son diferentes de un lugar a otro. Poca de esta retórica oficial sobre defensa de civiles ante ataques brutales contra niños y mujeres en lugares como Irak y Siria se aplica igual a lo ocurrido en Gaza o Centroamérica, entre tantos otros.

Y es que Washington no acepta responsabilidad de las consecuencias de sus guerras e intervenciones. No menciona que se usan armas y asistencia militar estadunidense contra los niños palestinos, ni que Irak fue invadido y sufrió una masiva destrucción de vida, infraestructura, ni de que sus tenues tejidos sociales, étnicos y religiosos fueron desatados cuando su gobierno, baluarte secular frente a fuerzas fundamentalistas ultraderechistas, fue derrocado. Lo mismo, en términos muy generales, sucede en Siria (dejemos a gente que sabe de esto, como el extraordinario Robert Fisk, explicar las extremamente complejas dinámicas de esa región).

En torno a Afganistán –la guerra más larga en la historia de Estados Unidos–, pocos recuerdan algunos de los orígenes de esos enemigos Al Qaeda y el talibán, ni cómo el presidente Ronald Reagan los invitó a la Casa Blanca en 1985, donde los elogió en ese entonces como luchadores por la libertad cuando encabezaban los combates contra el ejército de la Unión Soviética con el apoyo de la CIA, y los ubicó como el equivalente moral a los padres fundadores, como documentó el gran Eqbal Ahmad. En 1998, un año antes de morir, el intelectual/activista Ahmad advirtió que Osama Bin Laden era indicador de lo que estaba por venir; explicó que "Estados Unidos ha sembrado en Medio Oriente y el sur de Asia semillas muy venenosas... están creciendo ahora. Se necesita examinar por qué fueron sembradas, qué es lo que ha crecido, y cómo deben ser cosechadas. Los misiles no resolverán el problema".

En el caso del éxodo de menores de edad y familias a la frontera estadunidense –otra situación calificada por Washington de problema humanitario y declarada asunto de seguridad nacional, donde entre las opciones estuvo enviar tropas a la frontera–, nadie desea recordar las guerras, intervenciones, golpes de Estado y represión aplicadas bajo supervisión, o a veces directamente encabezadas por Estados Unidos. Tampoco reconocen que las políticas estadunidenses bautizadas oficialmente como guerras, como la guerra contra las drogas (este país tiene un gran afán por esa palabra, que se aplica a varias cosas, entre ellas la guerra contra la pobreza, la guerra contra el crimen, etc.) han tenido consecuencias directamente relacionadas con los fenómenos actuales de migración.

George W. Bush celebró el fin del síndrome de Vietnam –la renuencia del pueblo estadunidense a apoyar otra guerra– cuando lanzó la guerra contra Irak declarando que el espectro de Vietnam ha sido enterrado para siempre en las arenas del desierto de la península árabe. Poco después fue criticado cuando declaró esa guerra como misión cumplida, sólo para tener que elevar de nuevo la presencia militar estadunidense poco después. Al parecer, ahora Obama también teme que su gran pronunciamiento de que la guerra en Irak había concluido fue ofrecido de manera prematura.

Los fantasmas de todo esto están aquí otra vez. Pero pocos desean escucharlos. Aquí la historia se borra constantemente. Tal vez por eso la guerra sigue siendo la respuesta, a pesar de tantas misiones incumplidas.

Sabido es: en el bogotazo (Colombia, abril de 1948), fusil en mano, Fidel Castro (21 años) recibió su bautismo de fuego. Acontecimiento toral de nuestra América que... ¿inexplicablemente?, continúa interpretándose con enfoques seudoliberales, o bien con las premisas ideológicas impuestas por la llamada guerra fría (1946-89).

Paradójicamente, con razonamientos más fecundos, tocó al propio Fidel explicar la trascendencia de un hecho que guarda vigencia plena con la ofensiva política que el imperio desata en nuestros días contra Venezuela y Argentina (entrevista con el historiador colombiano Arturo Alape, El bogotazo: memorias del olvido, Casa de las Américas, La Habana, 1983).

Cuba vivía entonces la etapa final del corrupto gobierno de Ramón Grau San Martín (1944-48) y el líder opositor del Partido del Pueblo (ortodoxo), Eduardo Chibás, arengaba al pueblo con la consigna que Jorge Eliécer Gaitán, el mítico líder liberal de Colombia, pronunciaba para sus discursos contra los conservadores: ¡A la carga!

No obstante, y así como hoy ante el chavismo y la revolución bolivariana, el imperio alucinaba frente a la prédica latinoamericanista que el gobierno de Juan Domingo Perón difundía a través de sus embajadas (1946-52). Algunos de los viejos, por ejemplo, recuerdan al agregado laboral Luis Priori, quien había invitado a Santiago Touriño y Emilio Carrillo Ruiz, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba (FEU), a los cursos de verano de la Universidad de Buenos Aires.

Simultáneamente, la ONU celebraba en La Habana la primera gran conferencia sobre comercio y empleo (diciembre/marzo 1947/48), ocasión en la que la FEU aplaudió las denuncias del embajador y escritor argentino Diego Luis Molinari (1889-1966), jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. "La política comercial de Estados Unidos –dijo– va dirigida a impedir la industrialización de América Latina".

Molinari calificó al capitalismo yanqui de telaraña de Shylock, apretando el corazón de las multitudes hambrientas. Y en nombre de la delegación, se negó a firmar el Acuerdo Internacional de Tarifas y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés precursora de la Organización Mundial de Comercio). Así como tampoco ratificó el ingreso de Argentina al FMI y al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.

Por su lado, los jóvenes de la FEU andaban con otros problemas. ¿Cómo financiar –se preguntaban– el primer congreso estudiantil de América Latina, tarea a la que el joven dirigente comunista Alfredo Guevara (1925-2013) se había comprometido en el primer encuentro mundial de estudiantes de Praga (1947)?

El presidente de la FEU Enrique Ovares, Guevara, Fidel Castro, Rafael del Pino (no confundir con el general traidor) y Santiago Touriño se reunieron con Molinari en la embajada argentina. Y allí coincidieron en varios puntos: democracia en la República Dominicana azotada por la tiranía de Trujillo, independencia de Puerto Rico, devolución del canal de Panamá, soberanía sobre las islas Malvinas y, por sobre todo, solidaridad antimperialista, independencia y espíritu político de unidad distante de los intereses de Washington y Moscú.

En Buenos Aires, Molinari expuso la iniciativa al canciller Juan Carlos Bramuglia (1903-62), ideólogo y artífice de la tercera posición. Días después, la FEU recibió el telegrama que esperaban: Perón asumía el financiamiento del Congreso estudiantil, con pasajes aéreos, hoteles y alimentos para los delegados.

En principio, el encuentro estudiantil tendría lugar en Buenos Aires. Pero luego, y para lograrse un marco propicio, Perón dispuso que tuviera lugar en Bogotá, donde Washington había convocado a la novena Reunión de cancilleres para constituir la Organización de Estados Americanos (OEA).

El dirigente estudiantil peronista Antonio Cafiero emprendió una gira para lograr la adhesión en otros países. En Lima, con gran entusiasmo, la misión se entrevistó con Laura Meneses (1894-73), esposa del líder independentista de Puerto Rico Pedro Albizú Campos (1891-1965).
En el hotel Nacional de La Habana, el grupo de Cafiero y la FEU coordinaron los aspectos del magno evento estudiantil. Que, a la postre, no pudo realizarse por el asesinato de Gaitán y el consecuente estallido social que en las calles de Bogotá dejó un millar de muertos y cinco mil heridos en tres días.

En su libro Últimas noticias de Fidel Castro y el Che (Ed. Vergara, 2007), el periodista argentino Rogelio García Lupo, uno de los fundadores de Prensa Latina y acucioso investigador de documentos desclasificados de la CIA, asegura que entre las policías de Estados Unidos y América Latina se subrayaba la peligrosidad de un joven agitador peronista (sic), nacido en Cuba.

Ya como senador nacional, Cafiero volvió a estar con Fidel en La Habana (1995). Escribe: Recordaba (Fidel) aquellos episodios hasta en sus mínimos detalles ( Clarín, 28/8/06). El político cuenta que charlaron durante horas, en las que expresó que como peronista discrepaba de la posición del gobierno de Carlos Menem, pero que nada podía hacer para cambiar esa situación. A lo que Fidel respondió: Se agradecen los gestos, no los resultados.

La confusión entre tareas policiales y militares comenzó en Colombia, siguió en México y en Centroamérica. La fomenta Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción mientras mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal resultado electoral previo en México o una elección próxima en El Salvador, como motivación política.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes extendió por otro año el despliegue de tropas del Ejército para apoyar a la policía en tareas de seguridad contra el delito y lo amplió de 19 a 29 zonas del país, citando las encuestas que reflejan "el impacto positivo de la presencia militar en las calles". En junio de 2014 habrá elecciones presidenciales allí.

El periodista Funes, quien llegó al gobierno en 2009 postulado por el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, explicó que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un año el entonces jefe del Pentágono, Leon Panetta, durante la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Punta del Este, donde expuso la nueva "Política de Defensa para el Hemisferio Occidental". Panetta dijo que algunos países que se sienten desbordados por "la difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos ilícitos, pandillas y terrorismo" recurren a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque ésta "no puede ser una solución a largo plazo", por el momento el Pentágono está dispuesto a cooperar para fortalecer "la capacidad de las autoridades civiles y las fuerzas del orden de los países amigos". Panetta no fijó plazos para la vigencia de esta excepción.

Haz lo que yo digo

En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos con la policía y ocupan posiciones en 62 "puntos ciegos" de la frontera, por los que "se filtra todo tipo de mercancía ilegal, contrabando, drogas, tráfico de personas e infinidad de negocios ilegales", según explicó Funes. Además, decidió estacionar soldados en las instituciones penales más peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de dos reclusos y heridas a otros 25. También en Venezuela, 3.000 soldados participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que tienen tasas más elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro dijo que la inseguridad era el mayor problema del país. El patrullaje militar de las calles se extenderá luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000. Una de esas organizaciones, PROVEA, alegó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para la aplicación de la ley en la lucha contra el delito. Ya en 2007, un funcionario que visitó Colombia junto con el entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que si bien en las últimas décadas se pensó que las Fuerzas Armadas deberían alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en Estados Unidos, algunos países latinoamericanos carecen de fuerzas policiales aptas, y llevaría años mejorarlas y convencer a la población de que hacen falta fuerzas policiales más poderosas.

Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos, ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono y su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre policías y militares latinoamericanos. En su trabajo "La transformación del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito", los académicos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la globalización esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora más en términos "de disuadir evasiones de la ley que invasiones militares". Esto va más allá de la teoría. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación Martillo, que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera, y las policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países participantes. La intervención estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional - Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se agregan organismos militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. En 2010 la revista Diálogo, que edita el Comando Sur, sostuvo que "los oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos, Perú, España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo, intercepción y detención" (http://www.dialogo-americas.com /es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística USS Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera, confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que era transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde la 4ª Flota realizaba "Operaciones contra el Crimen Transnacional Organizado".

Militares para compensar

Además de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene cuatro programas regionales en América Latina: la Iniciativa Mérida, en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en Centroamérica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estratégico. El programa centroamericano contiene metas que no guardan relación con las misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad. México es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisión fue adoptada en el primer año de su gobierno por el ex presidente Felipe Calderón, quien buscó compensar así la débil legitimidad política provocada por su estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la oposición. El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los 44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la cantidad de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado por Human Rights Watch, "Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura", según el cual miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado. Los propios militares dicen en su descargo que no están preparados para ese tipo de lucha y además se quejan por la ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán sobre ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico: la justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan por válidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupción carcomió a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre distintos bandos militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los carteles. A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y más muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, prometió revisar la estrategia y crear una Gendarmería de 40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensión de esa nueva fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido regreso de los militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún cómputo.

Tropas de elite

En la Operación Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete países centroamericanos, más Canadá, Colombia, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de Marina John Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales hondureñas realizaron cinco acciones conjuntas de interdicción. En tres de ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avión derribado cuando hizo "un gesto amenazante". En un tercer caso, la Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones que según los norteamericanos eran sospechosos de tráfico de drogas, y todos sus ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171 marines estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de "detección y monitoreo", según la propia información de la Marina. Como los militares de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados, identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los ríos de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En octubre del año pasado, mientras la delegación de Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoyó el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz.

Falsos positivos

Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta tendencia declinante alcanzó también a Colombia, ese país aún es el principal receptor regional en 2013, con 279 millones de dólares, seguido por México, con 154. Esto no reduce el involucramiento estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en América Latina, aunque cambia su naturaleza. Las organizaciones estadounidenses especializadas en el monitoreo (ver "Una política fallida") advierten que se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente, con acento en aviones no tripulados, por ahora sólo para vigilancia, pero con la promesa de asesinatos selectivos en una próxima etapa; ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas especiales que se están retirando de Irak y Afganistán podrán volcarse a tareas de entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles y recopilación de datos e información confidencial en América Latina. Esas misiones permiten que "se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales clave en países donde algún día podrían operar. Y que el personal de los Estados Unidos reúna información confidencial sobre sus países anfitriones", sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA, Oficina de Washington para Latinoamérica; Latin America Working Group y el Center for International Policy). Ese documento, titulado "Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe", cita un informe reciente del diario Washington Post según el cual la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, espera duplicar el número de efectivos clandestinos que envía por todo el mundo. También se incrementará el uso de aviones no tripulados y la robótica. Colombia, presentada por el general Kelly como el modelo exitoso de intervención militar en asuntos de seguridad, se ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitación de militares y policías de los demás países de la región. Desde 2005 ha entrenado a más de 13.000 personas provenientes de 40 países. La aceleración de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido el entrenamiento entre 2010 y 2012, según información oficial del ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los países que enviaron a sus oficiales militares y policiales a capacitarse: México encabeza la lista de América del Norte, con 2543 hombres; Panamá (2491) y Honduras (1008) la de Centroamérica; Ecuador (974), Perú (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudamérica. Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen organizado, interdicción de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que le atribuye a su fuerza pública el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como "falsos positivos". En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de oposición realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la oficina presidencial de inteligencia. "Resulta problemático que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas en una guerra de medio siglo de duración, y que han actuado en lugar de una fuerza policial en muchas áreas del país, se desempeñen como entrenadores para fuerzas de seguridad en América Central y en otros países que están experimentando la violencia relacionada a las drogas, pero no se encuentran en una situación de conflicto armado. De hecho, algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus fuerzas armadas después de los conflictos que tuvieron lugar en la década de 1980, y ahora están revirtiendo esta situación." Además, el entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados Unidos, lo cual plantea un tema crítico de transparencia. "La subcontratación de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben entrenamiento están libres de acusaciones de abusos", sostiene el informe.

Estados Unidos ha desplegado su arsenal de armas químicas y biológicas contra Filipinas, Puerto Rico, Vietnam, China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya, Cuba, Canadá y haitianos emigrantes, además de exponer a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses a una asombrosa variedad de agentes infecciosos y productos químicos tóxicos, matando a docenas de personas.

Los experimentos de EE.UU. con armas biológicas se remontan a la distribución de mantas infectadas con gérmenes del cólera entre pueblos indígenas de Norteamérica en la década de 1860. En 1900, médicos del ejército de EE.UU. infectaron en Filipinas a cinco prisioneros con una variedad de plagas y 29 prisioneros con Beriberi. Al menos cuatro de esas personas murieron. En 1915, un doctor cuyo trabajo estaba financiado por el gobierno, expuso a 12 prisioneros en Mississippi a la pelagra, una enfermedad que produce discapacidades al atacar el sistema nervioso central.

Después de la I Guerra Mundial, EE.UU. desarrolló un amplio abanico de armas químicas, produciendo millones de barriles de gas mostaza y lewisite. Miles de soldados estadounidenses fueron expuestos a estos agentes químicos para "probar la eficacia de las máscaras antigás y de los trajes protectores". La Agencia para Veteranos de Guerra se negó a reconocer los reclamos por discapacidad presentados por las víctimas de tales experimentos. El ejército también usó gas mostaza para reprimir manifestaciones anti-EE.UU. en Puerto Rico y las Filipinas en las décadas de 1920 y 1930.

En 1931, el Dr. Cornelius Rhoads, quien entonces trabajaba para el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas, inició sus espantosos experimentos con cáncer en Puerto Rico, inoculando células cancerígenas en docenas de personas -que desconocían por completo la naturaleza de los experimentos. Al menos trece de las víctimas murieron. Posteriormente, Rhoads dirigió la división de Armas Biológicas del Ejército de EE.UU. y formó parte de la Comisión de Energía Atómica, donde supervisó experimentos con radiaciones realizados con miles de ciudadanos estadounidenses. En memos al Ministerio de Defensa, Rhoads expresó su opinión de que los disidentes de Puerto Rico podrían ser "erradicados" con el oportuno uso de bombas bacteriológicas.

En 1942, médicos del ejército y de la armada de EE.UU. infectaron con malaria a 400 prisioneros en Chicago, un experimento diseñado para obtener "un perfil de la enfermedad y desarrollar un tratamiento contra ella". La mayoría de los presos eran afroamericanos y ninguno recibió información sobre los riesgos que corrían. Estos experimentos con la malaria en Chicago fueron invocados en la defensa de médicos nazis en el juicio de Nuremberg.

Al finalizar la II Guerra Mundial, el ejército de EE.UU. contrató al Dr. Shiro Ishii, jefe de la unidad de guerra biológica del Ejército Imperial de Japón. El Dr. Ishii había empleado una variedad de agentes químicos y biológicos contra tropas chinas y de los aliados. También manejaba un importante centro de investigación en Manchuria, donde se realizaban experimentos con armas biológicas usando a prisioneros de guerra chinos, rusos y estadounidenses. Ishii infectó a los prisioneros con tétanos; les dio tomates contaminados con tifoidea; infectó pulgas con plagas; inoculó la bacteria que produce sífilis en un grupo de mujeres; realizó disecciones en prisioneros vivos; e hizo explotar bombas bacteriológicas sobre docenas de hombres estaqueados. Como resultado de una negociación con el General Douglas MacArthur, Ishii le entregó al ejército de EE.UU. más de 10.000 páginas de sus "datos investigativos", eludió un juicio por crímenes de guerra y fue invitado a dar una conferencia en Fort Detrick, el centro de armas biológicas del ejército de EE.UU. en Frederick, Maryland.

En 1950, la armada de EE.UU. fumigó grandes cantidades de Serratia marcescens, un agente bacteriológico, sobre San Francisco, causando el brote de una enfermedad similar a la neumonía y provocando la muerte de, al menos una persona, Ed Nevins.

Un año después, el Primer Ministro de China, Chou En-lai denunció que los militares y la CIA de EE.UU. habían usado agentes biológicos contra Corea del Norte y China. Chou presentó declaraciones de 25 prisioneros de guerra estadounidenses que respaldaron su reclamo de que EE.UU. había lanzado plumas contaminadas con ántrax, mosquitos y pulgas portadores de fiebre amarilla y volantes contaminados con cólera sobre Manchuria y Corea del Norte.

De 1950 a 1953, el ejército de EE.UU. lanzó nubes químicas sobre seis ciudades de EE.UU. y Canadá. Las pruebas tenían la finalidad de hacer tests de patrones de dispersión de armas químicas. Los registros del ejército señalan que los componentes usados en Winnipeg, Canadá, donde se registraron numerosos casos de enfermedades respiratorias, incluían cadmio, un químico altamente tóxico.

En 1951, el ejército de EE.UU. contaminó de manera secreta el Centro de Abastecimiento Naval de Norfolk, en Virginia, con una bacteria infecciosa. Se escogió un tipo especial de bacteria a la que los afroamericanos eran más susceptibles que los blancos. Un experimento similar ocurrió un año más tarde en el Aeropuerto Nacional de Washington, DC. La bacteria, se determinó después, había estado conectada con envenenamientos del torrente sanguíneo y de alimentos, y con problemas respiratorios.

Savanna, Georgia, y Avon Park, Florida, fueron el foco de repetidos experimentos con armas biológicas en 1956 y 1957. Investigadores del ejército en armas químicas y biológicas lanzaron millones de mosquitos en dos pueblos para poner en prueba la habilidad de los insectos para transmitir la fiebre amarilla y el dengue. Causaron la enfermedad de cientos de residentes, que sufrieron episodios de fiebre, problemas respiratorios, encefalitis, muerte fetal y tifoidea. Los investigadores del ejército fingieron ser empleados de salud pública para fotografiar a las víctimas y hacer tests con ellos. Se reportaron varias víctimas fatales.

En 1965, el ejército de EE.UU. y la Dow Chemical Company inyectaron dioxina en 70 prisioneros (la mayoría afroamericanos) de la prisión estatal Holmesburg, en Pennsylvania. Los presos presentaron lesiones graves, y no recibieron tratamiento durante siete meses. Un año después, el ejército de EE.UU. lanzó la operación de guerra química más ambiciosa en la historia.

De 1966 a 1972, EE.UU. lanzó más de 12 millones de galones de Agente Naranja (un herbicida con dioxina) sobre aproximadamente 1,82 millones de hectáreas en Vietnam del Sur, Laos y Camboya. El gobierno de Vietnam estimó que el Agente Naranja causó la muerte de más de 500.000 civiles. El legado continúa con altos niveles de defectos congénitos en áreas que habían sido saturadas con químicos. Decenas de miles de soldados estadounidenses también se cuentan entre las víctimas del Agente Naranja.

En un experimento que continúa con la categoría de "clasificado" hasta hoy, el ejército de EE.UU. fumigó con un agente bacterial no identificado el sistema de transporte subterráneo de Nueva York en 1966. Se desconoce si el test causó algún tipo de enfermedad.

Un año después, la CIA colocó una sustancia química en las fuentes de agua potable de la sede central de la Agencia de Alimentos y Medicamentos en Washington, DC. El test había sido diseñado para comprobar si era posible envenenar el agua potable con LSD u otros alucinógenos.

En 1969, el Dr. D.M. McArtor, vicedirector de Investigación y Tecnología del Ministerio de Defensa, solicitó al Congreso $10 millones de dólares para desarrollar un agente biológico sintético que sea resistente "a los procesos inmunológicos y terapéuticos de los que dependemos para mantener una libertad relativa de las enfermedades infecciosas".

En 1971, los primeros casos documentados de gripe porcina en el hemisferio occidental ocurrieron en Cuba. Un agente de la CIA posteriormente (en marzo de 1991) admitió que había recibido instrucciones para entregar el virus a exiliados cubanos en Panamá, quienes luego lo transportaron hasta Cuba. Esta asombrosa admisión recibió escasa atención de la prensa estadounidense.

En 1980, cientos de hombres haitianos, que habían sido prisioneros en campos de detención en Miami y Puerto Rico, presentaron síntomas de ginecomastia después de haber sido inyectados con "hormonas" por médicos de EE.UU. Ginecomastia es una patología en la que el tejido del seno masculino se agranda.

En 1981, Fidel Castro acusó a la CIA de ser la responsable de un brote de dengue hemorrágico en Cuba. El dengue hemorrágico mató a 188 personas, incluyendo 88 niños. En 1988, un líder del exilio cubano llamado Eduardo Arocena admitió haber transportado "algunos gérmenes" a Cuba en 1980.

Cuatro años después, una epidemia de dengue hemorrágico azotó Managua, Nicaragua. Casi 50.000 personas se enfermaron y docenas murieron. Este fue el primer brote de dengue hemorrágico en Nicaragua. Ocurrió en el momento más álgido de la guerra contra el gobierno sandinista y después de una serie de vuelos bajos de "reconocimiento" sobre la ciudad capital.

En 1996, el gobierno de Cuba acusó nuevamente a EE.UU. de "agresión biológica". Esta vez por la presencia de un insecto que destruye los cultivos de papa, las palmeras y otras plantas. El insecto, Thrips palmi, apareció por primera vez en Cuba el 12 de diciembre de 1996, poco después de que vuelos rasantes de aviones fumigadores de EE.UU. sobrevolaran la isla. EE.UU. logró frenar una investigación de Naciones Unidas sobre el incidente.

Al finalizar la Guerra del Golfo, el ejército de EE.UU. hizo estallar un depósito de armas químicas iraquíes en Kamashiya. En 1966, el Ministerio de Defensa finalmente admitió que más de 20.000 militares de EE.UU. habían sido expuestos a gases VX y sarín a raíz de la operación realizada en Kamashiya. Eso podría ser una de las causas de la llamada "enfermedad de la Guerra del Golfo". Otra de las causas fue, sin duda, la inoculación experimental de vacunas en más de 100.000 militares.

JEFFREY ST. CLAIR es el editor de CounterPunch y autor de Been Brown So Long It Looked Like Green to Me: the Politics of Nature, Grand Theft Pentagon y Born Under a Bad Sky. Su último libro es Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion. Puede ser contactado en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Este ensayo es un fragmento de su libro Grand Theft Pentagon

Fuente: http://www.counterpunch.org/2013/09/03/germ-war-the-us-record-2/

El presidente Evo Morales anunció este miércoles la expulsión de Bolivia de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) para "nacionalizar la dignidad del pueblo boliviano". El anuncio se produjo durante las celebraciones del Día del Trabajo, fecha en la que Morales ha venido anunciando la nacionalización de diversas empresas de capital extranjero, entre ellas varias firmas españolas.

"[Estados Unidos] sigue conspirando; por eso, aprovechando esta concentración, hemos decidido expulsar a Usaid. Nunca más Usaid, que va manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes", declaró Morales ante una manifestación de funcionarios y representaciones de sindicatos campesinos y mineros, además de movimientos sociales afines a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en una plaza de La Paz.

"Hermano canciller, comunique la decisión a la Embajada de Estados Unidos", ordenó Morales a su ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, quien, junto al resto del Gabinete, acompañaba al jefe de Gobierno. Tras la información relativa a Usaid, el mandatario anunció el aumento de salarios en el sector público —y la subida del suyo a unos 2.000 euros mensuales—, además de otras leyes en beneficio de los cooperativistas mineros y los jubilados.

La salida de Bolivia de Usaid, que desarrolla programas de cooperación desde la década de los sesenta, culmina una serie de expulsiones iniciada en 2008, cuando Morales declaró persona no grata al embajador estadounidense, Philip Goldberg, y le expulsó acusado de conspirar contra su Gobierno. Como respuesta, Washington retiró al suyo.

La Embajada estadounidense en La Paz espera ahora recibir información oficial por vía diplomática para comunicar la expulsión de la agencia a su Gobierno en Washington, explicaron fuentes diplomáticas.

Usaid desarrolla en coordinación con el Ministerio de Salud boliviano programas para facilitar el acceso a la salud de los segmentos más desfavorecidos de la población, con una financiación aproximada de 20 millones de dólares en tres años. Otro programa aborda el desarrollo sostenible y se ejecuta en 106 municipios del país para incrementar el rendimiento económico de la producción agrícola, el uso sostenible de recursos naturales y el acceso a servicios de agua potable, saneamiento, salud, educación y mantenimiento de caminos rurales para la población de esos municipios.

La expulsión de Usaid es la plasmación de una amenaza esgrimida por Morales desde 2009; de hecho, ya ese año fue expulsado del país el Programa de Fortalecimiento de la Democracia de la agencia estadounidense, acusado de financiar a organizaciones no gubernamentales que conspiraban contra el Gobierno de Morales, recuerdan las citadas fuentes.

Además, en julio de 2010 los alcaldes de la región de Pando expulsaron también a la agencia por supuestas intromisiones políticas.

Cuando Morales llegó al poder, en 2006, Usaid destinaba anualmente a Bolivia unos 40 millones de dólares para programas de salud, medio ambiente y desarrollo económico, casi la mitad de ellos para las zonas de Los Yungas, en La Paz, y el Chapare, en Cochabamba, ambas productoras de hoja de coca (base para producir cocaína)

Durante las celebraciones del Primero de Mayo, por primera vez se ha entonado hoy en Bolivia La Internacional. La orden era aprenderse de memoria la letra, pero ante la imposibilidad de ello, tanto el presidente Morales como el vicepresidente, los ministros y la gran mayoría de trabajadores concentrados sacaron el texto de la letra del himno para entonarlo junto a un coro.

Los servicios especiales de EE.UU. están acabando un informe que va a precisar los ciberataques desde el extranjero. El documento va a detallar las pérdidas que causaron las infiltraciones.
 

Es el primer informe de este tipo solicitado por el Pentágono el año pasado, según los medios, con referencia a fuentes dentro de las agencias especiales.

 
El informe estimará la escala de la participación de China en los ataques contra EE.UU. Los empleados de inteligencia han denunciado que los ‘hackers’ chinos roban de manera constante los datos de la propiedad intelectual. Recientemente, el secretario de Defensa estadounidense, León Panetta, también expresó su preocupación sobre el desarrollo de las actividades de China y Rusia en la esfera del ciberespacio.

 
El experto en tecnologías informáticas Santiago Do Rego cree que el texto se elabora para que después el Pentágono tenga excusa para nuevas ofensivas digitales contra otros países: “Con este informe que pretende contabilizar cuántas son las pérdidas de los norteamericanos en cuestiones económicas por parte de ataques cibernéticos, ahí es cuando va a haber una excusa para desplegar un ataque contra vaya a saber uno qué país, puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Irán donde ya han hecho ataques cibernéticos”.
 

Cuando uno despliega un arma, cibernética o de verdad, opina Do Rego, corre el riesgo de que estas armas terminen en manos de otros grupos. “Las principales empresas que se dedican a detectar virus, se dan cuenta de que hay algo en el ambiente cibernético que no es común y que puede tener ramificaciones con ciertas oficinas del Estado o con ciertas agencias de seguridad y particularmente norteamericanas y sí hay un peligro real de que esas armas se den vuelta y terminen afectando no solo al mismo Gobierno norteamericano o a empresas norteamericanas, sino a empresas privadas de otros lados del mundo y a usuarios privados de otros lados del mundo”, explica Do Rego.

8 Diciembre 2012

 
(Tomado de RT: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/80560-eeuu-buscando-excusa-ciberataque-rusia-china)

En este artículo presentamos los resultados preliminares de un trabajo de investigación en marcha sobre las relaciones comerciales y las posibilidades de complementación industrial entre los países de América del Sur.

Aún falta mucho para que los pueblos de nuestra América se beneficien de la existencia de diversidad de gobiernos progesistas, de los mecanismos de complementación construidos hasta ahora, y de las potencialidades de ampliar la integración de las cadenas productivas. Las cifras del comercio realmente en curso no mienten.

Para llegar a estas conclusiones, recurrimos al Banco de Datos Estadísticos de Comercio Exterior (Badecel), de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), con resultados del año 2008, los más recientes disponibles. Con base en esos números, generalmente se encuentran matrices del comercio regional, de todos los países entre sí. Sin embargo, optamos por profundizar el análisis y elaboramos tablas y matrices del comercio entre todos los países para cada uno de los sectores productivos: Productos alimenticios y animales vivos; bebidas y tabaco; materiales crudos no comestibles, excepto combustibles; combustibles y lubricantes minerales y productos conexos; aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal; productos químicos y productos conexos; artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material; maquinarias y equipos, y material de transporte; y artículos manufacturados.

Tales cuadros, de exportaciones e importaciones, expresan las relaciones de los países del Sur entre ellos mismos y con el mundo, por sector. Observando el comercio total de cada país, se nota, por ejemplo, que Bolivia fue el que, en proporción, importó más de los vecinos de América del Sur (un 55,8% del total). En orden decreciente, siguen Uruguay (51,7%) y Paraguay (48,6%). Después, vienen Argentina (37,5), Ecuador (37,1%), Venezuela (35,6%), Perú (30,4%) y Chile (29,4%). Por último, quienes menos compraron de la región fueron Colombia (17,6%) y Brasil (14%).

En números absolutos, Brasil figura como el mayor importador de la región, con US$ 25,6 mil millones, seguido por Argentina, con US$ 21,5 mil millones, y por Venezuela con US$ 16,5 mil millones. En el otro extremo está Bolivia, que importó solamente US$ 2,8 mil millones de los vecinos.

En este punto queda clara la necesidad de una participación más activa y planificada de Brasil para que se avance en el proceso de integración. A pesar de ser la principal economía de la región, el 86 por ciento de las compras brasileñas tienen origen fuera de América del Sur. Este resultado está bastante por debajo del promedio regional, que es del 25,3. Las importaciones de Brasil son inferiores incluso a las de Colombia, país cuyo comercio es históricamente mucho más volcado para otros destinos, como Estados Unidos y Asia.

Analizando las importaciones de los países sudamericanos entre ellos, por sectores, destaca que sus principales compras se concentraron en bienes de menor valor agregado. En el caso de Brasil, prevalecen las importaciones de productos alimenticios y animales vivos; bebidas y tabaco, y materiales crudos no comestibles, como minerales, semillas, abonos, cueros, pieles, caucho, madera, papel y fibras textiles. Resulta paradójico que un país como Brasil importe minerales y alimentos, pero si lo hace debiera estimular las compras desde América del Sur.

Otra importante mirada es sobre el saldo total de los 10 países analizados, en su comercio con el mundo, en cada uno de los sectores. América del Sur tuvo superávit en US$ 85,6 mil millones: sus exportaciones fueron de US$ 537,8 mil millones y sus importaciones de US$ 452,0 mil millones. Los únicos déficits comerciales totales fueron de Paraguay (US$ 4 mil millones), Uruguay (US$ 2,7 mil millones) y Colombia (US$ 1,9 mil millón). Por otro lado, los mayores superávits fueron alcanzados por Venezuela (US$ 48,9 mil millones), Brasil (US$ 15,5 mil millones), Argentina y Chile (ambos alrededor de US$ 13 mil millones).

Llama la atención que Argentina, Uruguay y Brasil dependen inmensamente de las ventas de productos alimenticios y animales vivos. Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia obtienen amplios superávits en el sector de combustibles, lubricantes y minerales, y productos conexos. De los materiales crudos no comestibles dependen Chile, Perú, Paraguay y otra vez Brasil. Argentina y Paraguay también se destacan en la exportación de aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal.

En ese sentido, deben ser ampliados los esfuerzos por identificar áreas potenciales para la inversión productiva y el estímulo a la industrialización regional. La responsabilidad por pensar, comprender el cuadro actual y planificar las acciones futuras es de las universidades sudamericanas, que deben volcarse cada vez más hacia esas interpretaciones.

Al mismo tiempo, ganan especial importancia los nuevos fondos, instituciones e instrumentos de fomento a la actividad industrial y comercial, como el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (Sucre), el Banco del Sur y otras medidas en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Pocas veces hubo un momento tan oportuno y tan favorable para acelerar el proceso de acercamiento y complementación de nuestras economías. Es hora de intensificar el trabajo y acelerar la integración.

Después de por lo menos un cuarto de siglo de políticas neoliberales, los pueblos del Sur demandan resultados concretos y mejoras visibles en sus condiciones de vida. Si bien es cierto que actualmente hay una fuerte presencia de gobiernos populares y progresistas en la región, todavía hay mucho poder concentrado en las manos de las burguesías mercantiles y las oligarquías terratenientes, asociadas al poder hegemónico mundial. Por esto, hay que convertir esa actual superioridad del pensamiento emancipador en América del Sur en resultados concretos.

Por Luciano Wexell Severo, profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila), Brasil.

La intervención de las potencias en Libia se ganó el rechazo de un importante abanico de países. Venezuela y Bolivia la repudiaron y dijeron que estaba motivada por la sed de petróleo. La Unión Africana dijo que con un ataque no se logrará nada en el país norafricano. Mientras que Rusia lamentó la determinación de los países que ayer se reunieron en París.

Hugo Chávez criticó fuertemente lo que él denominó como una intervención extranjera “a punta de bombas”, que sería empujada por Washington para adueñarse del petróleo. “Es muy lamentable porque se viene más muerte, más guerra. Son los señores de la guerra”, señaló. Para el presidente venezolano, el bombardeo de los occidentales es una irresponsabilidad. “Detrás de esto está la mano de los Estados Unidos y de sus aliados europeos, que no tomaron el camino que nosotros modestamente venimos proponiendo y por el que hemos hecho el esfuerzo con los países de Africa, con los árabes y con otros de Europa y de Latinoamérica. Pero no, la mano del imperio se impone al final con la guerra. Ellos quieren adueñarse del petróleo libio”, denunció una vez más el líder bolivariano, que semanas atrás había propuesto que se conformara una comisión para mediar entre el régimen de Muammar Khadafi y los opositores.

Las críticas de Chávez a la intervención auspiciada por la resolución del jueves de la Organización de Naciones Unidas se dieron durante un acto en Caracas. “¿Cuánto le importa la vida de los pueblos al imperio? Siguen bombardeando en Afganistán, en Gaza, y mataron con bombas a miles de seres humanos. Lo que quiere es adueñarse del petróleo libio, como quiere adueñarse del petróleo venezolano, pero aquí somos libres y ningún imperio podrá mandar nunca”, disparó. “Es lamentable que se imponga de nuevo la política de la guerra, del imperio y sus aliados, y es lamentable que la ONU se preste para avalar la guerra”, remató.

El presidente Evo Morales coincidió con Chávez. “En Irak, el problema no era Saddam Hussein. Ahora le inventan un problema a Khadafi. El interés que tienen es adueñarse del petróleo”, dijo el mandatario boliviano al inaugurar una reunión de funcionarios de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Morales remarcó que no se puede aceptar que se violen los derechos humanos en Libia y que quienes cometen esos crímenes deben ser investigados y sancionados. Pero, según el mandatario, la penosa situación humanitaria no debe servir de pretexto para intervenir militarmente.

Desde Africa, el rechazo a la ofensiva de las potencias fue tajante. La comisión designada por la Unión Africana para hallar una solución a la crisis en el país norafricano rechazó “toda intervención militar extranjera, cualquiera sea su forma”. El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, hizo pública esta posición al comienzo del encuentro en Nuakchot de los cinco jefes de Estado africanos, Mauritania, Mali, Sudáfrica, Uganda y República Democrática del Congo.