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Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

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La “cuestión indígena” y los derechos originarios en América

Los días 4 y 5 de setiembre de 2019, se realizó en Iquique, al norte de Chile, el “VI Congreso Internacional de Derecho Indígena”, organizado por la Universidad de Tarapacá y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile (Conadi).

Fue un evento muy concurrido, con un auditorio mayoritariamente andino, en especial Aymara, cuya experiencia puede conducirnos a reflexionar sobre el presente y futuro de los pueblos originarios de América.

El evento resaltó como “cuestión indígena” los conflictos socio-ambientales o socio-culturales. En Chile, como en el Perú, existen cientos de estos conflictos que confrontan los derechos de las comunidades o pueblos originarios con los intereses de los gobernantes del Estado y de las empresas nacionales o transnacionales capitalistas.

Son conflictos sin resolución o con resoluciones parciales que tienen como cuestión la explotación de los recursos naturales que se encuentran en territorio de las comunidades o pueblos originarios.

Se presentaron interesantes ponencias de docentes universitarios buscando explicar en tiempos actuales esa “cuestión indígena”: el derecho internacional de los derechos humanos focalizado en el derecho indígena, el análisis de la eficacia de los tribunales ambientales focalizado en los reclamos indígenas, y temas específicos como el genocidio cultural, los derechos al territorio, la jurisprudencia ambiental, la biodiversidad originaria, la justicia comunal, la consulta previa frente a decisiones técnicas, entre otros.

Al evento también se sumaron ponencias de líderes de comunidades o pueblos originarios participantes. Estos líderes destacaron temas relacionados al valor de sus comunidades, incluyendo su cosmovisión y filosofía, y temas sobre sus conflictos. Entre estos últimos se presentó el conflicto de una comunidad con una gran empresa minera por el uso del suelo y la contaminación de actividades agrícolas, y el conflicto de una histórica comunidad con una empresa embotelladora por el uso del agua.

En realidad, se tratan de temas comunes no solo para Chile y el Perú, sino para cada país que cuenta con una población pre-colonial u originaria. La “cuestión indígena” del siglo XXI pone en debate en cada uno de estos países los pedidos de respeto de derechos ancestrales y colectivos de su población originaria sobre los recursos naturales, frente a los intereses económicos de empresarios nacionales y transnacionales sobre los mismos recursos naturales. ¿Hay alguna perspectiva de solución?

Las comunidades o pueblos originarios tienen muchas quejas concretas: la insensibilidad de la burocracia estatal que accede fácilmente a los pedidos de los empresarios, los engaños en el uso de las leyes que encubren sus derechos, la falta de recursos para participar en condiciones de igualdad en los procesos de consulta previa, la arbitrariedad de la autoridad estatal cuando define la consulta previa a falta de acuerdo, y la incomprensión sobre sus necesidades por parte de las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas privadas. Estos reclamos reflejan que las comunidades o pueblos originarios siguen siendo los más vulnerables en el actual contexto global (que promociona una economía liberal con consumo masivo). La segregación étnica y segregación socio-económica reaparecen como un efecto directo y una tarea urgente.

En estas circunstancias, una solución que brota tras el encuentro de docentes y líderes en eventos como el de Iquique es la consolidación y unidad de las comunidades o pueblos originarios.

La consolidación de estas comunidades o pueblos supone mostrar, a los otros, el valor de su cosmovisión, justicia, economía, cultura y organización comunal. Es este carácter transversal de lo comunal que ha hecho posible la preservación de la biodiversidad del planeta, sin un aporte estatal o privado, lo que aún no comprendemos.

Es este carácter transversal de lo comunal que ha hecho posible la preservación de la biodiversidad del planeta, sin un aporte estatal o privado, lo que aún no comprendemos.

La unidad, a su vez, supone intentar la unificación de las comunidades o pueblos originarios del mundo o, al menos, en América. Sus demandas y frustraciones son las mismas en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, México, Estados Unidos, Canadá; lo que hace indispensable una unificación de gremios o reivindicaciones comunes.

Con esta consolidación y unidad de las comunidades y pueblos originarios se puede conducir en corto tiempo a resultados de bienestar. La Organización de Naciones Unidas y los organismos internacionales reconocerían plenamente los derechos de las comunidades o pueblos originarios e inducirían a los Estados y entidades privadas a que hagan lo mismo.

Las normas internacionales o nacionales aprobadas se cumplirían, sumándose así la creación de organismos mundiales y estatales dirigidos por las propias comunidades o

10 septiembre 2019


Antonio Peña Juma es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Abogado, Magister en CCSS y PhD. in Laws.

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Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

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Jueves, 15 Agosto 2019 10:56

“Cuelguen a esos h.p."

Rafael Barrios Mendivil

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

Corría el año 2007 cuando el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel llegó a la Escuela de Caballería durante una diligencia que adelantaba la fiscal Angela María Buitrago Ruíz en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Villamizar le dijo la verdad a la fiscal, que había visto en dicha guarnición militar a varios desaparecidos del Palacio y le escuchó decir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega: “cuelguen a esos hijueputas”.

Tres años después, el señor Plazas Vega denunció a la fiscal Angela Buitrago por falsedad ideológica en instrumento público y prevaricato por acción, porque el nombre del testigo no coincidía, ya que en la declaración aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar y porque tampoco concordaba el lugar de nacimiento del testigo. Además, sostuvo el coronel, que Edgar Villamizar se “retractó” en el 2009, dos años depués, al negar haber declarado ante la fiscal y al afirmar que no estuvo en la Escuela de Caballería en el 2007.

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

La misma Corte Suprema el 16 de diciembre de 2015 absolvió a Plazas Vega al otorgarle el beneficio de la duda, aseguró que la declaración de Édgar Villamizar Espinel de 2007, evidentemente sí se practicó, pero no le confirió crédito alguno a la declaración por no encontrar medios de convicción que permitieran corroborarla. Sobre este último aspecto, consideramos que en el expediente si existen medios de pueba que concuerdan y confirman lo dicho por Villamizar.

Primero. El agente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera le dijo a las autoridades que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dio la siguiente orden a subalternos: “me los llevan, me los trabajan, ya cada dos horas me dan informes”, refiriéndose los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. En el argot militar de la época, “me los trabajan” significaba “me los torturan”.

Segundo. Los militares sí sabían el día y la hora en que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, ya que hubo acuartelamiento de primer grado el 5 de noviembre de 1985 en Comando Especial, el Ciaes en Villavicencio al que pertenecía Villamizar y en las horas de la mañana del 6 de noviembre se trasladaron en helicóptero a Bogotá, desde la base militar de Apiay, Meta. Por otro lado, el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, miembros de inteligencia del batallón Charry Solano llevaron álbumes fotográficos a la Casa del Florero para identicar a los integrantes del M-19 que participaron de la toma.

Tercero. Las torturas eran un modus operandi en la Escuela de Caballería. Ejemplo de ello fueron los choques eléctricos y ahogamiento a José Vicente Rubiano Galvis, y en otras instalaciones militares como el Charry Solano donde fueron torturados Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y en la propia Casa del Florero, puesto avanzado de la Brigada XIII, a Orlando Quijano.

Cuarto. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como las del magistrado Carlos Horacio Urán, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco hacen parte de un patrón de comportamiento del ejército durante la retoma y luego de finalizada esta.

Quinto. La declaración de Villamizar concuerda, entre otras, con las de José Vicente Rubiano, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Ricardo Gámez, Tirso Saénz y Marlio Quintero.

Sexto. Las “retractaciones” fueron una práctica sistemática de los militares en el caso Palacio de Justicia. Fueron obligados a cambiar su testimonio el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, el conductor del taxi del ejército Marlio Quintero Pastrana, -quien hacía parte de una fachada del batallón Charry Solano- y el cabo Edgar Villlamizar Espinel.

Séptimo. Los testigos falsos Alonso Vásquez López y Ariel Guillermo Valdés Gil, trataron de desvirtuar para restarle credibilidad a la declaración de Edgar Villamizar, lo cual obligó a la jueza que condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a compulsar de copias por falso testimonio a la Fiscalía para investigar la conducta de los testigos.

Octavo. la fiscal Ángela Buitrago así como distintas autoridades judiciales colombianas y la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, otorgaron plena credibilidad a lo descrito por Villamizar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A propósito de la decisión de la Suprema del 16 de diciembre de 2015 que absolvió a Plazas, afirmamos en el libro El Pacto del Silencio, publicado en agosto de 2017: “Que no saque mucho pecho el coronel porque tiene rabo de paja. Que no ande señalando con un dedo a la fiscal Ángela María Buitrago porque tres de ellos apuntan hacia él. La Corte reconoció que no hubo suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel, tampoco la Suprema negó los hechos ni las desapariciones ni las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Reconoció la Corte que son crímenes de lesa humanidad y ordenó que investiguen a Plazas Vega por exceso de uso de fuerza.”

Nos alegramos por la decisión inhibitoria de la Corte de agosto de 2019 en favor de la fiscal Angela María Buitrago Ruíz. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación “desengavete” el caso a fin de superar la impunidad en que lo mantiene, luego de entregar restos incompletos de algunas víctimas a sus familiares. Esperamos que se supere el silencio y el miedo, con el fin de que la verdad y la justicia salgan adelante pronto, porque el paso del tiempo juega en su contra. Las víctimas tienen derechos que se deben satisfacer plenamente.

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De la economía del socialismo a la planificación ecológica

La reflexión sobre un cálculo económico que permita tener en cuenta las restricciones ambientales podría alimentarse ventajosamente de debates ya antiguos sobre la economía del socialismo.

El libro de Eugène Préobrajensky, La nueva economía, va a ser objeto de una nueva edición. La redacción de una nueva introducción a esta obra ha revelado una posible continuidad entre las antiguas teorías del socialismo y la elaboración de un ecosocialismo.

En su libro, publicado en 1926, Preobrazhensky buscó plantear en términos teóricos los principios operativos de una economía socialista. Plantea esta hermosa fórmula: "en el campo de la ciencia, la economía política da paso a la tecnología social, es decir, a la ciencia de la producción socialmente organizada". Preobrazhensky se refiere a los pocos pasajes en los que Engels, en el Anti-Dühring, y Marx, en El Capital, esbozan una organización social en los que "los productores asociados regulan racionalmente sus intercambios con la naturaleza, la controlan conjuntamente en lugar de ser dominados por su potencia ciega y logran estos intercambios gastando el mínimo de fuerza y ​​ en las condiciones más dignas, más en conformidad con su naturaleza humana" 1/ .

Pero en una economía en transición al socialismo, como sobre la que reflexiona Preobrazhensky, todavía se está en el "imperio de la necesidad". Las "leyes de la actividad social" no se suprimen, sino que se transforman en el sentido de un control de la sociedad sobre sus objetivos y prioridades.

Un ejemplo un poco reductor de Preobrazhensky

Sin embargo, el ejemplo concreto que da Preobrazhensky para contrastar el funcionamiento diferente de estas leyes es probablemente un poco limitado. Se inicia a partir de un aumento de la demanda de zapatos de cuero. En el régimen capitalista, explica, el ajuste entre la oferta y la demanda se hace posteriormente, pero afortunadamente, "la desproporción en una dirección u otra es la regla". Por otro lado, en una economía planificada, este aumento de la demanda se registrará "previamente", no a través del mercado, sino gracias a las "columnas de cifras de la contabilidad socialista (...) que se han elevado al conocimiento de los centros planificadores". 

Esta presentación es bastante insuficiente, y se estaría casi tentado de burlarse de tales ilusiones al evocar los puestos vacíos de las tiendas soviéticas. Obviamente, esta sería una lectura anacrónica, bastante estéril e injusta porque el libro de Preobrazhensky es, por otra parte, de gran riqueza.

Aquí es mejor hacer un bosquejo de la discusión a partir de las deficiencias reveladas por esta demostración de Preobrazhensky, aprovechando los debates posteriores sobre el socialismo. La debilidad de su razonamiento radica principalmente en la elección de un bien de consumo. Que su precio pueda fluctuar en el mercado es fundamentalmente un aspecto secundario de la crítica que puede dirigirse al capitalismo. La crítica esencial debe ser más fundamental y estar relacionada con el hecho de que una clase social tiene el privilegio, conferido por la apropiación del excedente, de definir las prioridades sociales. Al optar por invertir en esta o aquella área, los capitalistas deciden sobre la trayectoria de la sociedad y la modelan de acuerdo con sus propios intereses. La otra característica fundamental del capitalismo es, obviamente, transformar a las y los trabajadores en proletarios y someterlos a los deseos de los patrones. Pero, en cualquier caso, es curioso que la prueba de Preobrazhensky se limite al equilibrio entre la oferta y la demanda a corto plazo, mientras que la diferencia real entre capitalismo y socialismo se encuentra potencialmente en su diferente dinámica.

Precio y mercado: ¿qué cálculo económico?

Sin embargo, podemos continuar la reflexión sobre los bienes de consumo. Preobrazhensky plantea una pregunta teórica exigente al preguntarse si los precios y los mercados aún deben existir en una economía socialista plenamente desarrollada. Para él, esta pregunta parece ser equivalente a otra, que consiste en preguntar si la ley del valor continuará prevaleciendo o debería desaparecer.

Esta doble pregunta plantea la cuestión de qué significa exactamente la "ley del valor". La respuesta más básica es que la ley del valor, tal como la entiende Marx, establece que el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Por extensión, implica, como corolario, que la acumulación de capital está orientada por la búsqueda de su valorización máxima.

La conclusión lógica es que la ley del valor solo puede decaer "en una atmósfera de abundancia", por usar la expresión de Mandel en su introducción al libro de Preobrazhensky. En la medida en que la elaboración de un modelo de socialismo no puede basarse en la hipótesis de la abundancia, significa que la ley del valor no está abolida, y que la necesidad de un cálculo económico permanece, pero basada en otro modo de definición de las opciones sociales.

Preobrazhensky podría haber citado otro pasaje del Anti-Dühring, donde Engels da algunas indicaciones: "Por supuesto, la sociedad estará obligada a saber incluso cuánto trabajo se necesita para producir cada objeto de uso. Tendrá que elaborar el plan de producción de acuerdo con los medios de producción, de los cuales las fuerzas de trabajo son especialmente parte. Estos son, a fin de cuentas, los efectos útiles de los diversos objetos de uso, medidos ​​ entre sí y en relación con las cantidades de t rabajo necesarias para su producción, que determinarán el plan. La gente resolverá todo muy simplemente sin la intervención del famoso valor" 2/ .

La "ponderación de los efectos útiles" permitirá, por lo tanto, prescindir del “famoso valor", pero seguirá siendo necesario saber "cuánto trabajo es necesario para producir cada objeto de uso". El cálculo económico no desaparece pues, y el "famoso valor" en cuestión aquí se refiere a la forma en que el capitalismo asigna los recursos de acuerdo con sus intereses privados.

Así pues es obligado compartir la posición del economista polaco, Wlodzimierz Brus, quien propuso "rechazar resueltamente" la asimilación entre categorías mercantiles y monetarias y la ley del valor: "cuando el Estado modela, por medio del plan, las proporciones de la producción social y los precios, el hecho de que se manifiesten las categorías monetarias y de mercado ya no puede definirse como un "uso de la ley del valor", particularmente si las relaciones de precios se desvían de las relaciones de valor no como un fenómeno accidental y momentáneo, sino como el efecto de una política consciente" 3/ .

Kantorovich y la maximización del bienestar

Leonid Vitalievich Kantorovich (1912-1986) fue un matemático y economista ruso (el único que recibió el "Premio Nobel" de economía en 1975). Formalizó en términos matemáticos las modalidades de este nuevo cálculo económico: el "programa" de una economía socialista apunta a producir, con los recursos disponibles, la mayor cantidad posible de una variedad de productos de acuerdo con proporciones fijadas directamente por la sociedad y que expresan sus preferencias. El principio de "rentabilidad", y por lo tanto el cálculo económico, no desaparece, pero su papel está subordinado: "en la sociedad socialista, una rentabilidad elevada no debe ser un objetivo en sí mismo (como en el capitalismo) sino un medio de lograr el mejor resultado o el mínimo de gastos, para el conjunto de la sociedad. En consecuencia, las aplicaciones de este principio [la] subordinación a las exigencias de la mejor realización de los objetivos del plan general” 4/ .  

Este proceso de maximización lleva al cálculo de pseudoprecios que Kantorovich llama "valoraciones objetivamente determinadas" que juegan un papel diferente que los precios en el capitalismo. En el capitalismo, la "señal del precio" es un indicador de rentabilidad; en el socialismo es un indicador de utilidad social. La diferencia esencial entre capitalismo y socialismo, por lo tanto, reside en el modo de asignación de recursos, y principalmente en la asignación del excedente. Esta diferencia no se ha entendido, y Kantorovich ha sido presentado erróneamente como una especie de teórico del óptimo soviético, por ejemplo, por Pierre Naville5/ .

No son solo las modalidades de cálculo económico las que cambian, sino su función misma. Bajo el capitalismo, es el requisito de la maximización del beneficio lo que determina hacia qué sectores la economía va a dirigir el esfuerzo de inversión: las prioridades de desarrollo social son limitaciones para el cálculo económico (aunque sigue siendo necesario que las mercancías producidas correspondan a una demanda social). Por el contrario, el socialismo se define como el control ejercido por el conjunto de la sociedad sobre sus propias prioridades, a las que el cálculo económico ahora está subordinado.

En una sociedad racional, la necesidad ya no sería una condición vacía de contenido que garantice la realización del valor: la intensidad de la necesidad define una jerarquía en línea con las prioridades de la sociedad. En el capitalismo, por el contrario, el objetivo es la maximización del beneficio, y la proporción en que se ofrecen los diferentes bienes es un subproducto, y no una restricción, del proceso de maximización.

La democracia social, principio de regulación de la economía socialista.

A pesar de su formalismo, la presentación de Kantorovich tiene la ventaja de resaltar la disociación que presupone el modo de funcionamiento de la economía socialista. Sus objetivos están determinados de alguna manera extraeconómicamente, en oposición a las leyes del mercado capitalista que, al mismo tiempo que aseguran la regulación, modelan sus propios fines en un proceso que no está controlado socialmente.

La posibilidad misma de esta disociación se basa en lo que podría llamarse la hipótesis de la democracia socialista: para funcionar de acuerdo con esta lógica superior, la sociedad debe haber tenido los medios para objetivar sus propias elecciones colectivas a través de un plan aprobado democráticamente, ya que de lo contrario el cálculo económico funcionará en base a datos falsos. Incluso sin mencionar la dictadura burocrática, el fracaso económico de los países de Europa del Este se debe fundamentalmente al hecho de que se suprimieron los mecanismos que permiten al capitalismo funcionar, sin poner en marcha lo que es la condiciones necesaria de existencia del socialismo, es decir, la democracia social6/ .

La razón por la que la economía desempeña un papel desmesurado en el sistema capitalista es porque que no se limita a seleccionar los medios, sino que contribuye centralmente a revelar, seleccionar y calibrar los fines, mientras que el socialismo correspondería a una reducción de la esfera de la economía, rigurosamente limitada a una función de ajuste de los medios a los fines determinados en otros lugares. Preobrazhensky había insistido particularmente en este cambio, cuando explica: "Con la desaparición de la ley del valor en el ámbito de la realidad económica, también desaparece la vieja economía política. Una nueva ciencia ocupa ahora su lugar, la ciencia de pronosticar la necesidad económica en economía organizada, la ciencia de obtener lo que se necesita de la manera más racional. Es una ciencia muy diferente, es la tecnología social, la ciencia de la producción organizada, del trabajo organizado, la ciencia de un sistema de las relaciones de producción en el que las regulaciones de la vida económica se manifiestan bajo nuevas formas, donde ya no hay objetivación de las necesidades humanas, donde el fetichismo de la mercancía desparece con la mercancía” 7/ .

El problema de la eficacia de una economía socialista no es, por lo tanto, técnico-económico, sino eminente y directamente político. Las prioridades que la sociedad se establece a sí misma se determinan de forma extraeconómica y se imponen como objetivos a las leyes de la técnica económica, mientras que, por el contrario, los fines sociales del capitalismo solo aparecen después posteriormente, como un subproducto de las transacciones mercantiles. La democracia es, por lo tanto, la condición misma del funcionamiento de una organización social de este tipo, y esta concepción conduce a plantear de forma diferente la articulación entre plan y mercado.

Por la planificación ecológica

Este enfoque adquiere hoy una legitimidad adicional, cuando se introducen las restricciones ecológicas. Se podrían retomar aquí los términos de la programación lineal para decir que el criterio de maximización del beneficio conduce a valores que no garantizan el cumplimiento de ciertos estándares ecológicos. El capitalismo pretende tenerlos en cuenta formando pseudomercados o modificando las señales de precios.

Los modelos económicos, incluso los modelos "climáticos", razonan en términos de coste-eficacia 8/ . Ellos "estiman los beneficios sociales netos del dinero gastado en la acción climática, y luego comparan estos beneficios con los que la humanidad podría haber obtenido invirtiendo ese dinero en otro instrumento financiero de bajo riesgo, como los bonos del Estado 9/ ". Ese tipo de cálculo lleva a valoraciones como ésta: "La pérdida económica neta de un calentamiento de 3 grados es del orden del 0,25% del ingreso nacional para los Estados Unidos". Es cierto que esta evaluación aberrante se remonta a 1992 10/ , pero su autor, William Nordhaus, nunca cuestionó su deficiente metodología y, sin embargo, recibió el "Premio Nobel" de economía en 2018.

Esta pseudomonetarización del medio ambiente puede modular en el margen el principio de la maximización del beneficio, pero fuera de toda proporción con la escala de las reducciones de emisiones a realizar. Es por eso que Servaas Storm tiene doblemente razón: primero cuando acusa a los economistas de bloquear el progreso en el cambio climático, pero también cuando afirma que el crecimiento verde es una ilusión, en un artículo que es una síntesis notable sobre este tema 11/ .

El propósito de esta revisión rápida ha sido el de mostrar que los debates sobre la planificación socialista, que casi han desaparecido hoy, deben reanudarse, ya que el desafío climático les otorga una nueva relevancia. A nivel teórico, ciertamente muy abstracto, la necesidad de luchar contra el calentamiento global plantea la cuestión de otro cálculo económico susceptible de incorporar correctamente las restricciones ambientales. Puede ser el momento de abrir los viejos dossiers y darse cuenta de que el subdimensionamiento de las políticas actuales reenvía directamente a la negativa ideológica a una planificación que alteraría la lógica del beneficio.  

 

Por Michel Husson

Viento Sur

 

Notas:

1/ Karl Marx, El Capital, Libro, capítulo 48.

2/ Friedrich Engels, Anti-Düring, [1878], Editions sociales, 1963, p. 349 [disponible en https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_antiduhring_interior.pdf ]

3/ W?odzimierz Brus, Problèmes généraux du fonctionnement de l’économie socialiste , 1968 [1964]; The Market in a Socialist Economy , 1972. Citado por Catherine Samary, Plan, marché et démocratie. L’expérience des pays dits socialistes , IIRF, Cahiers d’études et de recherche n°7/8, 1988.

4/ Leonid Kantorovitch, Calcul économique et utilisation des ressources , Dunod, 1963, p.20.

5/ Pierre Naville, “Kantorovitch et le retour à Pareto”, en Le nouveau Léviathan, tome 3 , 1970.

6/ Catherine Samary, Plan, marché et démocratie. L’expérience des pays dits socialistes , Cahiers d’études et de recherche, IIRF, 1988. De forma menos teórica, Francis Spufford describe dans Red Plenty (Faber & Faber, 2010) como las estructuras burocráticas impidieron que las construcciones teóricas de Kantorovitch – uno de los personajes de esa novela – se hiciesen reales.

7/ Eugène Préobrajensky, La nouvelle économique , EDI, 1966, p.98 [La nueva economía, Ediciones Ariel, 1970, disponible en https://elsudamericano.wordpress.com/2017/09/18/la-nueva-economia-por-eugeny-preobrazhenski/ ].

8/ Alain Grandjean, Gaël Giraud, “ Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques : quelles capacités, quelles limites, quels usages ?”, mayo 2017.

9/ Servaas Storm, “ Are Economists Blocking Progress on Climate Change ?”, INET, June 24, 2019.

10/ William D. Nordhaus, “ An optimal transition path for controlling greenhouses gases ”, Science , 20 november 1992.

11/ Enno Schröder & Servaas Storm, “ Why “Green Growth” Is an Illusion ”, INET, Dec 5, 2018. resumen de: “ Economic Growth and Carbon Emissions: The Road to ‘Hothouse Earth’ is Paved with Good Intentions ”, Science and Engineering Ethics n°23, 2017.

Texto original en francés: http://alencontre.org/ecologie/de-leconomie-du-socialisme-a-la-planification-ecologique.html

Traducción: viento sur

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La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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La figura de El Chapo todavía gravita en Sinaloa.   Imagen: AFP

"Puede comprar uno o dos dobles... El verdadero Joaquín Guzmán debe andar paseando ahorita por aquí", dice sonriente un campesino sobre el jefe narco. 

 

Un aire de sarcasmo recorre Sinaloa, cuna del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, ante la sentencia de cadena perpetua que recibió en Estados Unidos. En esta árida región aseguran con sonrisa de resignación que ni la violencia ni el tráfico de drogas disminuirán.

En el imaginario popular de Sinaloa, un cártel que surgió en la década de 1980 y que lleva el nombre de ese estado del noroeste mexicano, todavía gravita la figura de "El Chapo" y su exsocio Ismael "El Mayo" Zambada, aún prófugo.

Pese a los escalofriantes testimonios expuestos durante el histórico juicio y la sentencia de por vida más 30 años adicionales impuesta este miércoles por un juez en Nueva York, algunos en Sinaloa siguen creyendo que "El Chapo" hizo construir escuelas, iglesias, caminos y que en suma fue un benefactor. Incluso le restan responsabilidad en asesinatos y secuestros.

"Yo pienso que no (fue justo). También fue una buena persona, que ayudó a personas necesitadas", dijo Lupita Ramos, un ama de casa de 46 años, tras conocer la noticia. La mujer habla frente al altar del mítico Jesús Malverde, conocido coloquialmente como "El Santo de los Narcos", un lugar saturado de fotografías y notas de agradecimientos, en el centro de la capital estatal, Culiacán.

Al lado de un busto de Malverde, quien según la leyenda era un bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres al estilo de Robin Hood, una mujer limpiaba una estatuilla de yeso de Guzmán: la cara en alto, un rifle AK47 en rieste, vestido con camisa rosa y pantalones azules.

Para el ferrocarrilero Juan Antonio Orozco, de 39 años, el tráfico de drogas no va a terminar con el perpetuo encarcelamiento de Guzmán. "Veo difícil que se termine... cae uno y sale otro, son cosas de nunca acabar", dice mientras aguarda afuera de la capilla.

"Se veía”, que esa sería la sentencia, “por todo el tráfico que ha habido, y las muertes y todo eso y era de esperarse que Estados Unidos” quería ese fallo, dice cabizbajo, pero luego levanta un poco la voz para decir que en Culiacán “lo respetan porque ayuda a la gente".

 Tumbas con aire acondicionado 

Pero a pesar de las supuestas obras públicas en Sinaloa impulsadas por el capo, quien según la justicia estadounidense debería tener por lo menos unos 12.000 millones de dólares en sus arcas, la brecha de desigualdad es impactante.

Cerca de caseríos hechos con tablas de madera, se encuentra el cementerio Jardines de Humaya donde muchos narcotraficantes están enterrados. Es famoso por sus mausoleos extravagantes que llegan a tener hasta tres pisos, aire acondicionado y hasta puertas de vidrio blindado.

Ahí una fachada de piedra beige decora el sepulcro de Ernesto Guzmán, uno de los hermanos de "El Chapo", cuyo interior está repleto de globos y flores. Dos pequeños autos de piedra adornan las esquinas de las cornisas.

Según Miguel Ángel Vega, periodista del diario semanal local Ríodoce, con la captura y extradición del narcotraficante que protagonizó dos espectaculares fugas de cárceles mexicanas, la violencia y el tráfico de drogas "no se acabó" y su muy probable sentencia de cadena perpetua no cambiará eso.

Dos cadáveres con el tiro de gracia aparecieron este miércoles al lado del Río Culiacán, muy cerca de una avenida rápida de esta ciudad de cerca de 700.000 habitantes.

 Hay "20 Chapos" 

"El cartel de Sinaloa no es 'El Chapo', el cartel de Sinaloa no es 'El Mayo', el cartel de Sinaloa es un grupo de por lo menos 20 líderes", asesta Vega, experto en narcotráfico.

"En Culiacán existen 20 Chapos, y hay uno que está allá [preso en Estados Unidos], pero es como la cereza en el pastel, como el que está allá es el que se infló o el que se dijo en los medios de comunicación que es el responsable de todo esto, que es el responsable de que los jóvenes en Estados Unidos consuman drogas", su proceso ha sido el más explotado mediáticamente, dice.

Joaquín "El Chapo" Guzmán se forjó una leyenda alimentada por "narcocorridos" que relatan sus hazañas, y riquezas reseñadas en la revista Forbes, que en 2011 lo incluyó en su lista de las mayores fortunas del mundo, con más de 11.000 millones de dólares.

Dos años después, la Comisión Anticrimen de Chicago lo nombró enemigo público número uno de la ciudad y lo comparó con Al Capone, mientras que se convirtió en el narcotraficante más buscado por la DEA.

Y el mito sigue creciendo. En la víspera de la audiencia de sentencia, al lado de la catedral, un hombre que calzaba unos huaraches (sandalias) con pies callosos y quemados por el sol, aseguró que el hombre que fue extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos no es "El Chapo".

"Tiene mucho dinero, puede hacer lo que sea, incluso puede comprar uno o dos dobles... El que tienen allá no es, el verdadero Joaquín Guzmán debe andar paseando ahorita por aquí", dice sonriente el campesino antes de alejarse sin dar su nombre.

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Miércoles, 17 Julio 2019 07:49

Arrestan a Toledo en Estados Unidos

Arrestan a Toledo en Estados Unidos

El ex presidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en Estados Unidos. Su detención se encuadra dentro del pedido de extradición requerido para poder cumplir con su procesamiento por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, según informó el Ministerio Público peruano.

"El ex mandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país", señaló la Fiscalía en un mensaje vía Twitter.

La fuente oficial señaló que la información fue recibida a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que indicó que Toledo "fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos".

Presidente de Perú entre 2001 y 2006, su detención está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaran haber pagado 20 millones de dólares al ex mandatario para obtener licitaciones en obras públicas.

En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció un acuerdo de colaboración eficaz (un equivalente a la figura del arrepentido) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales. Maiman sostuvo el pasado 27 de junio ante fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas casi 35 millones de dólares en sobornos destinados al ex presidente Toledo.

Toledo es investigado desde que el ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declarara que le fueron entregados sobornos para obtener la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur durante su gestión.

Barata, ingeniero brasileño, afirmó frente a los fiscales peruanos que el dinero fue entregado por partes entre 2004 y 2010, en cuentas de Maiman, quien en sus declaraciones a la Fiscalía peruana también señaló que los fondos procedentes de Odebrecht eran derivados a Ecoteva, una empresa creada junto a la suegra del ex presidente Toledo, Eva Fernenbug.

Ecoteva fue fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug. El Poder Judicial inició un proceso penal contra él y otras cinco personas por presunto lavado de activos. Sobre su esposa, Eliane Karp, también pesa una orden de arresto por el mismo caso. Ambos se han encargado sistemáticamente de negar vínculos con la corrupción y se han esforzado en definirse como víctimas de una persecución política.

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La justicia de Colombia ordena la captura del exjefe de las FARC Jesús Santrich

El exguerrillero, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, había incumplido una citación judicial

 

Jesús Santrich, quien hizo parte del equipo negociador de la extinta guerrilla de las FARC, ya es un prófugo de la justicia. La Corte Suprema de Colombia emitió este martes una orden de captura contra el todavía congresista que ha tensado durante meses la implementación de los acuerdos de paz, y pidió a Interpol una circular roja para su detención tras no presentarse a declarar en un proceso de narcotráfico. Debido a su “inasistencia injustificada”, el alto tribunal resolvió “dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes”.

Hace menos de dos meses Seuxis Paucias Hernández Solarte —el nombre legal de Santrich— salió de la cárcel, donde permaneció más de un año por un presunto delito de narcotráfico. Desde entonces, asumió su escaño en el Congreso –uno de los diez que el acuerdo garantiza a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los diálogos–, agitó permanentemente la tensión política en un país profundamente polarizado y hace poco más de una semana, el 30 de junio, abandonó su esquema de seguridad y desapareció en un espacio de reincorporación en el norte del país. Desde entonces se desconoce oficialmente su paradero, por lo cual había gran expectativa por la citación judicial de la mañana de este martes.

La anticipada inasistencia del exguerrillero, quien sufre una aguda deficiencia visual, había generado todo tipo de reacciones a lo largo de la jornada. “Jesús Santrich se ha burlado de la justicia”, reaccionó en Twitter el procurador Fernando Carrillo, jefe del organismo que sanciona a funcionarios públicos, quien ya había solicitado el arresto en espera de la decisión de los jueces. “Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y ordenar su captura”, había señalado Humberto de La Calle, exjefe negociador del Gobierno.

La FARC, por su parte, tomó distancia de los excomandantes que se encuentran en paradero desconocido y no han comparecido ante los llamados de la justicia, entre los que también se encuentra Iván Márquez, el jefe negociador de la insurgencia durante los diálogos de La Habana. “Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente”, señaló la fuerza política en una declaración pública. “Su no presentación a la diligencia citada el día de hoy, desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido”.

Santrich también está citado el próximo 29 de julio ante la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), encargada de investigar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado, por el caso por secuestro contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De incumplir esa cita, puede perder los beneficios jurídicos derivados del acuerdo que cobija a unos 13.000 exguerrilleros en tránsito a la vida civil. Su caso ha dado sobrada munición a los críticos del pacto, incluido el presidente Iván Duque. "Es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justica", declaró el mandatario luego de conocer el fallo de la Corte Suprema.

Por Santiago Torrado

Bogotá 10 JUL 2019 - 02:18 COT

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Condenan a perpetua a 24 represores sudamericanos en Italia por el Cóndor

El Tribunal de Apelaciones de Roma impuso penas a militares uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos

 

Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados, y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.

Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.

“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.

Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.

Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.

Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.

Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.

Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.

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