El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

Publicado enColombia
Detenido Michel Platini por la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

El expresidente de la UEFA ha sido detenido en París "por actos de soborno activo y pasivo".

 

 

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, informaron medios franceses.

Platini está bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, junto a París, según el diario digital Médiapart.

Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años —que expira en octubre— por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Además de quien fuera la estrella de la selección francesa ha sido detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según el diario Le Monde.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Catar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017.

La investigación se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades cataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.

PARÍS

18/06/2019 11:12 Actualizado: 18/06/2019 11:33

Publicado enInternacional
El Gobierno de Hong Kong anuncia la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición

La ministra jefa, Carrie Lam, hace pública la decisión en una rueda de prensa

 

 

El Gobierno autónomo de Hong Kong ha anunciado este sábado la suspensión, sin fecha para retomarlo, del polémico proyecto de ley de extradición que permitiría por primera vez entregar sospechosos a China. El aplazamiento sine die representa una espectacular marcha atrás de la ministra jefa, Carrie Lam, que tras la manifestación de protesta hace una semana, en la que participaron un millón de personas, insistió en que seguiría adelante con los planes. Pero los opositores de la ley no lo interpretan como una victoria, sino una maniobra de Lam para ganar tiempo. E insisten en que mantendrán la presión y la nueva gran manifestación convocada para este domingo hasta que el proyecto de ley acabe definitivamente en la papelera.

“Tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, anuncio que el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad”, indicó Lam, en una acalorada rueda de prensa en la sede de las oficinas del Gobierno de Pekín en Hong Kong.

El proyecto de ley tiene su origen en un caso de asesinato en Taiwán, del que es principal sospechoso un individuo actualmente preso en Hong Kong por otros delitos. El territorio autónomo solo puede entregar fugitivos a la veintena de países con los que mantiene un acuerdo de extradición. Es “un obvio vacío legal”, sostenía ministra jefa, al defender aún este sábado, tras el abandono al menos temporal del proyecto de ley, la necesidad de la medida.

Pero, en lugar de pactar un acuerdo con Taiwán, el Gobierno autónomo hongkonés planteó una reforma a la ley para permitir la extradición, siempre caso por caso, de sospechosos, tanto locales como extranjeros, a países con los que no mantuviera acuerdos. Incluido China.

Macarena Vidal Liy

Hong Kong 15 JUN 2019 - 09:36 COT

Publicado enInternacional
El juez Fux, parte de la campaña para apresar y callar a Lula.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Luiz Fux, fue salpicado en el “Morogate” luego de que el portal The Intercept Brasil publicara nuevas conversaciones. El material revelado por Leandro Demori, editor ejecutivo del diario web, alumbra sobre mensajes que intercambió el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con el fiscal encargado de la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol. En estas nuevas conversaciones Moro habría dicho que confiaba en el mencionado juez de la Corte Suprema, con la frase en inglés “In Fux we trust” (Confío en Fux). Tanto estos mensajes como los que fueron difundidos el domingo pasado datan de 2016 cuando Moro, en su calidad de juez responsable en la primera instancia, lideró la causa y posterior condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Desde el inicio del Morogate, el ahora ministro está señalado de no haber sido imparcial en el proceso. 

Según las nuevas revelaciones, el magistrado Fux habría brindado su apoyo al fiscal Dallagnol y a Moro para el desarrollo de las investigaciones en la causa. No así lo habría hecho el magistrado relator del Lava Jato, Teori Zavascki, quien apercibió a Moro por una escucha telefónica que consideró ilegal. 

En una parte de la conversación, el fiscal Dallagnol señala: “Dijo que contáramos con él para lo que necesitemos, una vez más”, a lo que Moro contestó: “Excelente. En Fux we trust”. Con las nuevas revelaciones de las supuestas conversaciones el magistrado Fux entra a formar parte del escándalo en la que ya están inmersos el ministro Moro y algunos fiscales que actuaron a su lado. Según The Intercept Brasil, Moro sugirió a sus colegas del Lava Jato cambiar el orden de las fases de la operación y otros procedimientos que según juristas estarían prohibidos por ley. La revelación de los mensajes, transmitidos por Telegram y que llegaron a The Intercept gracias a un “hacker” anónimo que intervino los teléfonos de los involucrados, causó un inmediato revuelo en Brasil y llevó a la defensa de Lula a reiterar que el exmandatario fue víctima de una “persecución política” y que el juicio en su contra estaba “viciado” y debería ser declarado nulo.

En una entrevista al periodista Reinaldo Azevedo, el editor del sitio brasileño afirmó que los mensajes son verídicos y forman parte del material que el sitio obtuvo gracias a una fuente no revelada. 

Mientras tanto, Moro anunció en la víspera que comparecerá ante el Senado el próximo miércoles para esclarecer las acusaciones. El ministro enfrenta además un pedido de renuncia que hizo la Orden de Abogados de Brasil. Sin embargo insistió, por su parte, en que las conversaciones divulgadas en ningún momento muestran que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso. Una visión que comparte con el jefe de estado, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Así lo explicitó ayer el presidente de Brasil en declaraciones que ofreció a los medios en el Palacio del Planalto donde minimizó los efectos del Morogate. “Lo que hizo Moro no tiene precio. El realmente sacó para afuera y mostró las vísceras del poder y la promiscuidad del poder en temas de corrupción”, dijo ayer el mandatario. En sus declaraciones no sólo cuestionó el intercambio de mensajes sino que también afirmó que si sus conversaciones privadas tomaran estado público, él también sería criticado.

Pero Bolsonaro no sólo ofreció apoyo explícito a su ministro, también se mostró con él. El lunes asistieron juntos a una condecoración que la Orden de la Marina le ofreció a Moro. Y ayer fueron juntos a ver un partido del club Flamengo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. 

Publicado enInternacional
Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias.

Sergio Moro mantiene una estrecha relación con el país del Norte

 Del ministro de Justicia de Brasil, hoy en el centro de un escándalo, se dice que fue entrenado por el FBI. Moro queda expuesto por su propio pasado.

 

Hay una segunda Escuela de las Américas en Estados Unidos pero no forma ni necesita militares para cumplir sus propósitos. Es el Departamento de Justicia, dicta la doctrina a seguir para muchos funcionarios judiciales del continente y Sergio Moro es uno de sus mejores alumnos. La estrecha relación entre el ministro vedette de Jair Bolsonaro y EE.UU. explica en buena medida por qué el Lava Jato dejó en evidencia que su objetivo político era la proscripción de Lula. Las revelaciones del sitio The Intercept sobre cómo el ex juez de Curitiba direccionó su investigación para detener al ex presidente y sacarlo de competencia en las últimas elecciones lo dejaron desnudo. Pero además confirmaron lo que se sospechaba. Que Moro es un peón en el juego de la geopolítica norteamericana y de sus negocios, donde Washington jamás se queda de brazos cruzados. El ministro de Justicia brasileño también quedó expuesto por su propio pasado, además de por los chats cifrados de Telegram que filtró el periodista estadounidense Glenn Greenwald. 

Documentos de Wikileaks –como uno del 30 de octubre de 2009– prueban la influencia de   Estados Unidos sobre el Ministerio Público brasileño. Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias. Ya en julio de 1998 participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces no paró. En una de sus últimas incursiones en julio de 2016, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales. Algo que en Brasil cumplió con creces el grupo Globo, clave en la construcción de sentido que se hizo sobre el Lava Jato direccionada casi en exclusividad contra el PT.

Los antecedentes académicos del ministro de Justicia no dirían demasiado si no se relacionaran con otros de conocimiento público. La prestigiosa filósofa brasileña de la Universidad de San Pablo, Marilena de Souza Chauí, declaró hace tres años que Moro había sido “entrenado por el FBI” para atender los intereses de EE.UU. en el Lava Jato. El ex juez nunca la desmintió. Tampoco a los periodistas Daniel Giovanaz y Lourdes Nassif quienes en junio de 2017 escribieron un artículo titulado: “¿Agente de la CIA? ¿Entrenado por el FBI? Un rayo X en la relación de Moro-EE.UU.”

El 18 de marzo pasado Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad visitaron la sede de la CIA en Langley, Virginia, en un acto no oficial. Por la Agencia Central de Inteligencia pasó William P. Barr entre 1973 y 1977, el actual secretario de Justicia estadounidense. Un duro contra la inmigración que asumió el cargo en febrero de este año y que ya en 1992 planteaba levantar una barrera en la frontera con México. Moro se reunió con él durante el viaje a EE.UU., aunque era previsible por su condición de ministros de la misma área. 

El prestigioso historiador brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, experto en Estados Unidos, también alertaba sobre la estrecha relación del ministro con ese país en una entrevista de PáginaI12 del 20 de junio de 2016: “Moro realizó cursos en el Departamento de Estado en 2007. En 2008 pasó un mes en un programa especial de entrenamiento en la Escuela de Derecho de Harvard, acompañado por su colega Gisele Lemk. Y en octubre de 2009 participó de la conferencia regional sobre ‘Illicit Financial Crimes’ promovida en Rio de Janeiro por la Embajada de los Estados Unidos”. 

El ministro también se desempeña en la Red Internacional Laureate, una de las instituciones educativas y privadas más influyentes en Estados Unidos que compró varias universidades en Brasil. Moro es profesor de la que está ubicada en Curitiba. Desde ahí solía defender hasta hoy las prisiones preventivas como las que aplicó en el marco del Lava Jato. 

El ex juez se queja ahora de que The Intercept violó su privacidad o de que le pincharon el teléfono, pero en plena campaña electoral en Brasil filtró el contenido de la delación premiada al ex ministro de Justicia de Lula, Antonio Palocci, para favorecer las chances electorales de Bolsonaro. Pasó una semana antes de los comicios. Los fiscales que se complotaron con Moro para condenar al ex presidente con pruebas escuálidas también marcharon contra el PT en algunas movilizaciones. La Justicia contaminaba así el Lava Jato

Pero hay más sobre el ministro que llegó a ser elegido por la revista Time como uno de los cien personajes más influyentes del mundo en 2016. Según el portal Jornalistas Libres de Brasil, el juez creyó que podía tomar ciertas medidas desde su juzgado sin respetar cuestiones básicas del derecho: “Moro determinó en 2007 la creación de documentos de identidad falsos y la apertura de una cuenta bancaria secreta para uso de un agente policial estadounidense en Brasil, en una investigación conjunta con la Policía Federal. Especialistas en Derecho Penal apuntaron ilegalidad en la acción determinada por el juez paranaense. Recuerde el caso”, señaló en un artículo el sitio Brasil de Fato el 5 de junio de 2017.

La influencia de los fallos firmados por Moro en Brasil ha sido tal que de alguna manera quedó blanqueada en un fallo del Tribunal Federal de Porto Alegre (TF4) sobre el escándalo de los sobornos: “La operación Lava Jato no debía seguir las leyes del país por ser excepcional”. La justicia extraterritorial busca favorecer los intereses económicos de las compañías de Estados Unidos y sacar del medio a sus competidoras de otros países.

Publicado enInternacional
Lunes, 10 Junio 2019 06:41

​​​​​​​Brasilgate

El presidente Jair Bolsonaro y su ministro y ex juez Sergio Moro.

Un prestigioso investigador norteamericano ganador del Premio Pulitzer difundió intercambios comprometedores por Telegram entre Sergio Moro, el juez que condenó a Lula y actual ministro de Bolsonaro, y los fiscales de la fuerza de tareas que diseñaron las falsedades que llevaron a prisión al ex presidente.

 

La rama brasileña de la revista web The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Las conversaciones fueron mantenidas por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, y el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas del Ministerio Público Fiscal. 

El artículo fue escrito por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano que trabajó para el diario inglés The Guardian y posibilitó que un equipo de ese diario y del The Washington Post ganaran un premio Pulitzer en 2014 por una investigación sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Fue uno de los temas que reveló el ex miembro de la NSA Edward Snowden. Greenwald vive en los Estados Unidos y en Brasil, donde reside su pareja. 

The Intercept dijo que sus textos se basan en chats privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que definió como “una fuente anónima”. También el caso más famoso de revelaciones que llevaron a la caída de un presidente, Richard Nixon en los Estados Unidos, tuvo una única fuente, y también anónima, que la historia conoció como “Garganta profunda”. Su identidad se supo recién a su muerte: era Mark Felt, fallecido en 2008 después de una larga carrera en el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Sus informaciones fueron claves para que los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, pudieran develar la trama que se escondía detrás del espionaje a Watergate, el edificio que albergaba la sede del Partido Demócrata, de oposición a Nixon. 

The Intercept Brasil publicó tres artículos con el material en portugués y elaboró una traducción al inglés para la difusión global del escándalo que sacude a Brasil y al mundo entero: anoche los tuits sobre este verdadero Moro Gate estaban entre las primeras cuatro tendencias mundiales de Twitter. 

La web decidió publicar el material porque entendió que la significación de las revelaciones “podría tener consecuencias enormes sobre los indicios y supuestas pruebas de la Operación Lava Jato”. Recuerda The Intercept que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma sino también el argumento para que Bolsonaro le fabricara a Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña. 

Si hasta ahora Moro y Dallagnol pudieron mantener el secreto sobre cómo armaron el complot judicial, ese secreto comienza a agrietarse con los datos revelados por The Intercept.

“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió anoche a las 21.30 Dilma Rousseff.  

 

Anti PT

 

Dallagnol es el funcionario judicial al que Lula acusó de haber armado un Power Point sin pruebas para incriminarlo. Sobre Moro, Lula suele recordar que el juez dijo haber actuado sobre la base de su convicción íntima. 

Los materiales contienen pistas de que los fiscales de la fuerza de tareas hablaban abiertamente de su objetivo de frenar un triunfo del PT en las elecciones de octubre de 2018. 

The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que, como es de práctica en otros países, “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”. Sin embargo, la web difundió que en la noche de ayer una comunicación pública de la fuerza de tareas no desmintió el contenido. Solo dijo que había actuado con respeto de la legalidad. 

Antes de acusar a Lula por la supuesta posesión de un triplex en el balneario de Guarujá, que según la fuerza de tareas fue producto de un soborno empresario, Dallagnol se franqueó de esta manera: “Van a decir que estamos acusando sobre la base de una noticia de un diario y con indicios débiles… Entonces hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua”. 

Se refería a un artículo publicado por el diario O Globo en 2010, que atribuía el triplex en un balneario popular a Lula. 

Cuando Dallagnol fue criticado, Moro lo confortó: “Definitivamente las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme”. 

Después de la decisión de la Corte Suprema de otorgarle la libertad a Alexandrino Alencar, que ocupaba la dirección de relaciones institucionales de Odebrecht, Dallagnol le preguntó a Moro que resolviera el tema en el mismo día y pusiera al directivo de la constructora otra vez en prisión. En sus mensajes con los fiscales, Dallagnol llamaba “russo” a Moro. 

En otro momento, el 21 de febrero de 2016, Moro sugirió invertir el orden de las operaciones planificadas por los fiscales. 

Dallagnol y su fuerza de tareas de 13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas de la solidez de la prueba. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás. 

En los intercambios con sus funcionarios no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de OAS ya estaban bajo la lupa. Los fiscales de San Pablo reclamaban la competencia sobre el tema. Los paulistas ya investigaban el caso Bancoop. El grupo de fiscales de San Pablo había establecido, sin embargo, que el caso Bancoop había comenzado cuando nadie hablaba de una presunta corrupción en Petrobrás, conocido en Brasil como “petrolao”. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionarlo con OAS y con los escándalos de Petrobras. 

En uno de los mensajes de Telegram Dallagnol dio instrucciones de cómo debía ser presentada la denuncia: “Las imágenes tienen que ser claras. Un circulo central y otros círculos alrededor, o sea evidencias de que Lula era el dueño”. Ese fue el origen del famoso Power Point que pocos días después presentaría a los periodistas.

 

“Chiste” 

 

Los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista del ex presidente Lula a la columnista de la Folha de Sao Paulo Mónica Bergamo. La entrevista había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski porque esa entrevista podría “hacer que elijan a Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno. 

Haddad es Fernando Haddad, ex ministro de Educación y candidato del PT contra Bolsonaro. Perdió en segunda vuelta a pesar de haber obtenido 47 millones de votos. 

La entrevista a Lula se realizaría menos de dos semanas antes de la primera vuelta de las elecciones.

En los diálogos entre los fiscales queda en evidencia, según The Intercept, que “los procuradores no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no vuelva al poder”. 

Convencida, en apariencia, de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo el año pasado: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.

Otra fiscal, Isabel Groba, puso esto en la conversación: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. 

Tessler dijo que una rueda de prensa de Lula “antes de la segunda vuelta puede hacer que lo elijan a Haddad”.

En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. PGR significa Procuración General de la República, el organismo supremo de los fiscales. 

Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR envió varios mensajes a Dallagnol:

  • “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”.
  • “La única certeza es que estaremos juntos”.
  • “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.

Cuando era evidente que la entrevista se haría igual, los fiscales hasta discutieron qué le ofrecería menos ventajas a Lula. Si una entrevista con Bergamo o una rueda con varios periodistas. 

El magistrado Januário Paludo incluso sugirió un plan: “Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”.

Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.

En ningún momento Dallagnol se mostró molesto con el tono de las opiniones de los integrantes de su fuerza de tareas que se comunicaba dentro de un grupo de Telegram. 

En alusión a Raquel Dodge, procuradora general de la República, que no quería apelar la autorización de la entrevista, dijeron: “Ella piensa que si Haddad gana la va a nombrar en el Supremo Tribunal Federal”. Y otro comentario fue éste: “Qué payasada... Adora jugar para la platea. Quiere ganar el apoyo de la prensa”. 

Los indicios sobre el complot recién empiezan. La sombra de Nixon parece proyectarse sobre Moro y Bolsonaro.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Trump declara la guerra a las joyas tecnológicas de Silicon Valley

Unas guerras de Trump son de puro bluff. Otras son vulgarmente electoreras. Y otras son verdaderas.

En la taxonomía de las "guerras de Trump" se puede categorizar que la guerra que libra contra las joyas tecnológicas de Silicon Valley es verdadera.

WSJ, muy cercano a Trump, reportó que el Departamento de Justicia –el mismo que abrió el pestilente asunto de Odebrecht en toda Latinoamérica– inició una investigación antimonopolio ( anti-trust) contra Alphabet/Google, susceptible de "presentar una nueva línea de escrutinio regulatorio" (https://on.wsj.com/2IerSMR).

La hasta ahora indolente Comisión Federal Comercial (FTC, por sus siglas en inglés) –la autoridad antimonopolio dentro del Departamento de Justicia– se alista a un choque con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y ha creado una nueva comisión para desmantelar las adquisiciones del tipo de las que realizó Facebook con Instagram.

El mundo legal en EU es de los más caros y complejos del planeta y FTC ha contratado abogados que manejan "nuevas teorías antimonopolio" que pueden facilitar la atomización de empresas pantagruélicas como Amazon que llegó a un valor de "capitalización de mercado" de un billón de dólares –como Apple–, equivalente al PIB de México, la quinceava economía global.

La FTC había iniciado en 2013 una amplia investigación de Google, pero Obama se rajó.

A un año y medio de la crucial elección presidencial, el tema monopólico del GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter) es de alto impacto.

La senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial del Partido Demócrata, ha lanzado una vigorosa campaña para la atomización de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

Steve Bannon, estratega de Trump, declaró la guerra contra el "globalista" monopolio del GAFAT y arremetió contra la “destructiva presidencia de Baby Bush” a quien despreció de “instrumento de los globalistas (https://politi.co/2QGRRk4), al unísono de los "malignos" jerarcas de Silicon Valley: "2/3 partes o 3/4 partes de sus administradores provienen de Asia" y "roban los empleos de los estadunidenses" (https://bit.ly/2Wlg8C7).

The Washington Post reveló que su matriz Amazon será escrudiñada por antimonopolio ahora que ha pasado bajo la jurisdicción de FTC (https://wapo.st/2WaU0FV).
Uno de los peores pecados capitales que cometió GAFAT, en particular, el maligno Twitter, es haber censurado en forma selectiva la sacrosanta libertad de expresión para favorecer sus intereses neofascistas/neoliberales/neopinochetistas en Latinoamérica, debido a su "manejo" por el español Pepe López de Ayala, aliado del cadavérico Partido Popular (https://bit.ly/2vmxf6V).

En EU, donde Twitter cuenta con otra gerencia, ha sido imputada de perseguir la agenda de la "derecha": Trump y varios pesos pesados del Partido Republicano se han quejado que "Facebook, Google y Twitter inc, suprimen las posturas conservadoras".

Silicon Valley apoyó a Hillary Clinton contra Trump. Quizá esa fue la razón por la que Obama se rajó de perseguir al monopolio del GAFAT.

El cofundador Chris Hughes había fustigado a Facebook, en la fase de su único patrón Mark Zuckerberg –quien detenta 60 por ciento de las acciones–, como una "amenaza a la democracia" (https://bit.ly/2LCGzOU) al "controlar tres plataformas esenciales de la comunicación: Facebook/Instagram/WhatsApp".

También WhatsApp ha sido denunciada desde Brasil hasta India de manipular las tendencias electorales (https://bit.ly/2vXbwm1).

FTC se dispone a investigar a Facebook por prácticas monopólicas (https://on.wsj.com/2Kp5aob) y Bloomberg, muy hostil a Trump, enuncia que el escrutinio antimonopólico de Google, Apple y Facebook, afectó sus cotizaciones bursátiles (https://bloom.bg/2XmGIrh).

Según Shira Ovide, "Google debería estar muy temerosa. Pero muy temerosa" (https://bloom.bg/2XptvxB).

Desde hace mucho que GAFAT ha sido colocada en la picota bipartidista en EU y, en especial, en Europa, donde ha empezado a ser aplacado el máximo Leviatán tecnológico de todos los tiempos que ha sometido al género humano a una esclavitud invisible.

AlfredoJalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalife

 

Publicado enInternacional
Jueves, 30 Mayo 2019 09:25

La JEP, con vida. Hasta ahora

La JEP, con vida. Hasta ahora

El 29 de mayo no fue un buen día para el gobierno Duque ni para su partido. Sin duda. Dos fallos judiciales obligaron, a quienes pretenden un total entierro de tercera para los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farc, a pasar tragos amargos. Uno de los fallos da al traste con la pretendida reforma de la Justicia Especial de Paz (JEP), y el otro le otorga la libertad a Jesús Santrich, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como congresista electo y, por lo tanto, con fuero, lo que remite su caso ante esta Corte.


En el primero de los fallos, la Corte Constitucional ratificó que en debate surtido en el Congreso semanas atrás, las pretensiones reformistas del Ejecutivo habían sido derrotadas y que las sumas de su Mesa Directiva, que alegaba que el quórum era de 96 no corresponde a la realidad pues el mismo se ajusta en 94 ya que Iván Márquez y Aida Merlano, elegidos pero no posicionados por diferentes circunstancias, no pueden ser sumados.


El fallo llevará al Centro Democrático, seguramente, a buscar otras vías para persistir en su propósito de explosionar la JEP, una instancia que teme el uribismo, amedrantado ante el posible ventilador que prenda alguno de los cientos de militares y paramilitares que tomarán asiento ante esta instancia del proceso de paz. Pretensiones de este partido unipersonal que también ayudarán a crispar la coyuntura nacional en la medida que los días pasen y se acerquen las elecciones territoriales. Atizar el odio contra las Farc, reclamar su total sometimiento –más allá de lo firmado en La Habana–, situarlos como narcotraficantes, maniobrar con denuncias de todo tenor, algunas seguramente ciertas pero en su gran mayoría fake news. Toda una estrategia electoral a la que no renunciarán. Aquí no se trata de divide y reinarás sino de miente, manipula, confunde, potencia odios y vencerás.


En todo caso, toca esperar el desarrollo de esta coyuntura para ver si al final logran su cometido.


Se abre la jaula


Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base lo ya fallado por el Consejo de Estado, al revisar el caso de Jesús Santrich, reconoció de manera unánime su fuero como congresista, y ordenó su inmediata libertad.


Las reacciones no se hicieron esperar, y el presidente Iván Duque, sin poder ocultar el odio que profesa contra los miembros de la otrora Farc, sin reparar en la división de poderes que dice respetar, ladró: “Santrich es un narcotraficante”.


El fallo de la Corte regresa el proceso de este mando fariano a una instancia inicial, toda vez que ahora los magistrados revisarán las denuncias, pruebas y demás, para tomar una decisión ante el supuesto delito del que le acusan, y la solicitud de extradición que ahora los Estados Unidos deberá tramitar ante esta instancia judicial.


El fallo, de otro lado, desnuda todas las arbitrariedades cometidas por la fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, jurista que dicen que es y que por lo tanto debía ser consciente que sus procedimientos no se compadecían con la legalidad que siempre reclaman para la “democracia” colombiana. De acuerdo con esto, Santrich no podía ser detenido como lo fue, ni mantenido preso durante todos estos meses. “Justicia” al servicio del poder. Justicia para someter.


En este caso, como en la mal contenida rabia del Presidente colombiano, queda al desnudo que la única paz que buscan en el alto gobierno y por parte de los círculos de poder que lo rodean, es el del sometimiento y humillación de sus enemigos, ojalá su muerte, eso sí, hay que lograr que pase como un “falso positivo”.


En ambas decisiones de los jueces, el establecimiento descansará cuando logre revertir los fallos, en el primer caso extirpando la JEP, en el segundo depositando al mando fariano en un ataúd norteamericano, perdón, en una cárcel gringa.

Publicado enColombia
Se cae la acusación de que Lula es dueño de una propiedad en Sao Paulo entregada como soborno

Brasilia. La aceptación de solicitud de venta de una propiedad atribuida a Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por presuntos favores políticos, echó por tierra ayer acusaciones contra el ex presidente brasileño.

El ministerio público federal fue favorable a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, quien es el dueño del inmueble, para venderlo.

Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el ex dirigente izquierdista, "sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas".

Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero, sin haber probado ninguna acusación. El proceso ahora está en el tribunal federal de la cuarta región para juicio en segunda instancia.

El sitio de noticia señala que la condena fue dictada por la juez Gabriela Hardt, en una "sentencia inmoral por ser una literal copia y pega" de las acusaciones del caso del departamento de Guarujá, con extractos del fallo emitido por el cuestionado ex juez Sérgio Moro, incluidas las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el inmueble de sus amigos.

Pero los fiscales alegan que el ex gobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

Dicha constructora brasileña está envuelta en una ola de escándalos por corrupción en casi toda América Latina.

La anomalía está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el ministerio público reconoce al aceptar su pedido de venta.

Por otra parte, Lula, quien ayer cumplio 416 días en prisión, envió una carta al Salón del Libro Político en Sao Paulo. "Leer es un acto político. No es casualidad que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber, el conocimiento. Quieren más armas y menos libros", escribió Lula en la misiva leída por el actor Sérgio Mamberti.

Publicado enInternacional
Espionaje de Monsanto y nueva sentencia millonaria

Dos mil millones de dólares por daños. Es la cifra que un tribunal de Oakland, California, sentenció a Monsanto (ahora propiedad de Bayer) a pagar al matrimonio Alberta y Alva Pilliod, más 55 millones de dólares por costos médicos y de juicio, por haberles causado cáncer con su herbicida RoundUp. Al mismo tiempo, en Europa, el diario francés Le Monde reveló extensas operaciones de espionaje de Monsanto a periodistas y funcionarios públicos.

El abogado de los Pilliod –que tienen actualmente 70 años y han tenido cáncer linfoma no-Hodgkin por más de una década– pidió compensación por daños punitivos por mil millones de dólares, pero el juez, siguiendo las declaraciones unánimes del jurado, decidió doblar la suma. Esto, según explicó el jurado, para sentar ejemplo, porque de acuerdo con las evidencias presentadas Monsanto actuó a sabiendas de los efectos que tendría sobre los afectados y ocultando información intencionalmente. Según la agencia Bloomberg, es la octava suma más alta en Estados Unidos de compensación por daños debido a un "producto defectuoso".

Sin embargo, no se trata de un "producto defectuoso". Es un agrotóxico herbicida que cumple el objetivo biocida para el que fue diseñado. Además de matar plantas y otras formas de vida en los cultivos, también es cancerígeno para animales y humanos. Monsanto lo sabía desde la década de 1980, pero en lugar de advertir sobre el riesgo se dedicó a ocultarlo, tanto en el etiquetado como a través de manipulaciones mediáticas, pagando a académicos para escribir artículos "científicos" falseados y corrompiendo o engañando funcionarios en agencias regulatorias (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

El principal ingrediente de RoundUp es glifosato, inventado por Monsanto y por el que tuvo una patente monopólica por 20 años que le rindió cuantiosas ganancias. Cuando la patente estaba por vencer inventó los cultivos transgénicos tolerantes a su propio herbicida RoundUp, con lo que siguió dominando el mercado con la venta casada de la semilla y el agrotóxico.

Un elemento importante que quedó claro en este juicio es que además de la toxicidad propia del glifosato, los surfactantes y otros ingredientes del RoundUp –agregados para enfrentar la resistencia de malezas al glifosato– son también altamente tóxicos. Esto es muy relevante, porque las regulaciones sobre agrotóxicos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, no exigen a las empresas evaluaciones de inocuidad de estos componentes secundarios, cuyo uso ha aumentado vertiginosamente debido a la resistencia por la expansión de cultivos transgénicos tolerantes al herbicida.

Como refiero en un artículo anterior (El veneno que nos legó Monsanto, La Jornada, 11/05/19), este es el tercer juicio contra Monsanto-Bayer ganado por las víctimas. Bayer apelará esta sentencia, pero hay otros 13 mil 400 juicios en proceso y siguen creciendo (https://tinyurl.com/y6y5xaor).

Poco antes de esta sentencia, el diario francés Le Monde denunció que Monsanto había contratado en 2016 a la firma de relaciones públicas FleishmanHillard, que realizó un fichaje de 200 personas que consideraba relevantes en la regulación de glifosato, agrotóxicos y transgénicos. El expediente se conformó mientras la Unión Europea estaba discutiendo si suspendía la autorización de uso de glifosato, que finalmente decidió prolongar cinco años más, debido justamente al masivo cabildeo empresarial.

El fichaje confidencial realizado por FleishmanHillard para Monsanto en Francia abarcó periodistas de Le Monde y otros medios, funcionarios públicos, parlamentarios, dirigentes de organizaciones civiles, ambientalistas y de agricultores, académicos y científicos. En la lista figura también Ségolène Royal, ex candidata a presidenta. Más de la mitad de los espiados son periodistas. La empresa seleccionó y agrupó en una tabla a 74 "objetivos prioritarios", dividos en cuatro grupos: personas a vigilar, personas a educar, aliados y potenciales aliados a reclutar. Además de nombre y lugar de trabajo incluyeron sus direcciones y actividades personales, gustos, preferencias y opiniones políticas. Registrar este tipo de información sin consentimiento es ilegal en Francia, por lo que la justicia francesa inició una investigación a partir de la demanda de Le Monde. Podría ocasionar multas de 300,000 euros y hasta cinco años de prisión.

Bayer dijo desconocer las actividades de espionaje de Monsanto, pese a que tenía hasta ese momento un contrato con la misma firma, pero luego de encargar una investigación, el 21 de mayo, se disculpó por el espionaje. Informó además que "partían de la base" de que FleishmanHillard había realizado actividades similares en Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España y Reino Unido, además de Francia.

Tanto Monsanto-Bayer como FleishmanHillard son empresas trasnacionales, por lo cual es lógico pensar que las actividades de espionaje y fichaje de opositores no se restringen solamente a estos países, ni solamente a Monsanto y Bayer. Todas las empresas de transgénicos, DuPont, Dow, Syngenta, además de Monsanto y Bayer, han contratado firmas, como FleishmanHillard, para campañas encubiertas en favor de transgénicos y agrotóxicos. No tienen argumentos para dar un debate abierto y honesto.

Por Silvia Ribeiro *

 Investigadora del Grupo ETC

 

Página 1 de 75