Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

Publicado enInternacional
Viernes, 14 Agosto 2020 06:07

Despojo a los mapuches

Despojo a los mapuches

Desde que el pinochetista Víctor Pérez asumió el Ministerio de Interior, la guerra contra el pueblo mapuche ganó en intensidad y brutalidad. Con su nombramiento como jefe de gabinete, el presidente Sebastián Piñera volcó su gobierno hacia la extrema derecha que utiliza el racismo y la violencia para amedrentar a los pueblos.

Uno de los hechos más graves sucedió la noche del primero de agosto, cuando civiles armados apoyados por Carabineros atacaron a los mapuche que ocupaban los municipios de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén, con violencia y gritos racistas. Las bandas armadas se activaron horas después de la visita del ministro Pérez a Wallmapu, donde esgrimió el clásico discurso de odio y represión.

La actual ofensiva responde a dos situaciones: por un lado, la crisis del gobierno de Chile, debilitado por la revuelta social activada en noviembre y que nunca se detuvo, pese a la pandemia, los estados de emergencia decretados y la militarización impuesta. La base social y política de Piñera se venía desmoronando, lo cual permitió que el Parlamento votara una medida a contrapelo de la privatización de los fondos previsionales, que permite a los ahorradores retirar 10 por ciento de sus fondos.

Para recomponer sus apoyos, Piñera decidió hacer lo que la publicación El Mostrador califica como "un guiño al sector más duro de la derecha" para enfrentar la doble revuelta chilena y mapuche, y defender la Constitución pinochetista de 1980 (https://bit.ly/3iDdLBz). El nuevo ministro se rodeó de un "círculo de hierro" con personajes que tienen fluidas relaciones con empresarios agrícolas cuyas tierras, usurpadas en la llamada Guerra de la Araucanía (1861-1883), están en disputa con comunidades autónomas en la región de Ercilla.

La segunda y decisiva es la am-plia movilización mapuche en el sur, en apoyo a la huelga de hambre indefinida del machi (autoridadreligiosa) Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay durante un incendio en su hacienda, en 2013. La huelga de hambre exige que se cumpla con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT que permite continuar la pena en su comunidad.

La solidaridad con Celestino está movilizando a decenas de organizaciones y comunidades, desafiando la pandemia y la militarización. Durante los 100 días de huelga de Celestino, a la que se sumaron 27 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, se formó una red de apoyo liderada principalmente por mujeres, que se erigieron en sus voceras y en convocantes de las manifestaciones que sufrieron agresiones y violencia de los Carabineros (https://bit.ly/3fOiiPF).

El Estado, denuncia un editorial del medio digital Mapuexpress, ha actuado con indolencia frente a la pandemia en tierras mapuches y ante a la huelga de hambre. La represión llegó al extremo de impedir, en mayo, que las hortaliceras mapuches vendieran sus productos, pese a vivir momentos de extrema necesidad (https://bit.ly/3ah4LPm).

Mientras reprimía a las vendedoras de hortalizas, con la otra mano el gobierno promovía "el ingreso masivo de proyectos extractivos al Servicio de Evaluación Ambiental", en momentos en que la principal preocupación de las comunidades y organizaciones mapuches está puesta en contener el avance del Covid-19 (https://bit.ly/3gWxDze).

Lo hace, como denunciara Mapuexpress, en momentos en que están suspendidos los procesos de participación ciudadana y cuando las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado habían solicitado la suspensión de los plazos de las evaluaciones ambientales, por la imposibilidad de evaluar los megaproyectos y socializarlos con las comunidades.

En pocas palabras, aprovechan la pandemia para intensificar el despojo, algo que sucede en toda América Latina, como lo atestigua la aceleración de las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México.

Dos consideraciones más: la guerra contra el pueblo mapuche es una guerra colonial de despojo, en línea con la conquista europea y la mal llamada Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, rematada por Pinochet cuando traspasó a privados las seis forestales estatales entre 1976 y 1979. El pueblo mapuche demanda la devolución de 3 millones de hectáreas robadas durante este largo ciclo de despojo, hoy en manos de empresarios y multinacionales. El racismo es un instrumento de la neocolonización.

En años recientes emergió un conjunto de organizaciones con fuerte presencia juvenil y femenina, que retoman y profundizan la importante lucha de la Coordinadora Arauco Malleko en la década de los 90. Se trata de la Alianza Territorial Mapuche, Parlamento de Koz Koz, Identidad Territorial Lafkenche (pueblos costeros), cooperativas, asociaciones de mujeres, hogares estudiantiles, comunidades autónomas y medios de comunicación que se reafirman en el camino de la autonomía y la autodeterminación (https://bit.ly/3kBKSr6).

Publicado enInternacional
"El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial"

Lidera el Movimiento sin Techo del Centro 

Habla de la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia en la población indígena.

 

A Janice Ferreira se la conoce mucho más por su apodo, Preta. Acusada de extorsión en la toma de viviendas, pasó 108 días detenida en la prisión de Santana, en San Pablo. “No vino contra mí el Estado y su poder judicial, fue el Estado en tanto especulador inmobiliario”, comenta. Orgullosa de su condición de mujer negra con formación universitaria y luchadora social, lidera el Movimiento sin Techo del Centro (MSTC). A los 35 años ya tiene unas cuantas cicatrices por la vida que lleva en constante pelea contra las injusticias. Su perfil viene de familia. Carmen, su madre, también es referente de las personas sin vivienda que viven en las calles o alternan entre un alquiler imposible de pagar y el riesgo latente de ser desalojadas. Las dos fueron encarceladas aunque con una diferencia. El proceso contra la mamá de Preta terminó con su absolución y su hija  en libertad. Desde la capital paulista dialogó con Página/12 sobre la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia sobre la población de las comunidades quilombolas e indígenas. La clase más sumergida de su país.

-¿Nos puede explicar cómo ha sido su militancia en el Movimiento sin Techo?

- Soy militante de la lucha por la moradia (en portugués hogar, vivienda, una palabra que repetirá a lo largo de toda la entrevista) y del MSTC. Me formé en Publicidad y trabajo en la cultura con música, cine, arte… soy cantora, actriz y ahora escritora. Acabo de terminar un libro que saldrá antes de fin de año y se llama Mi carne, diario de una prisión. Todas son cosas que veo con naturalidad. Yo fui criada en hacer lo que me gusta.

-¿Desde qué edad comenzó a involucrarse en las luchas sociales?

-Milito desde los 14 años, tengo 35 y me comprometí con el Movimiento sin Techo. Soy una persona excluida de la sociedad y entonces milité por eso. Y lo hice para que otras personas no pasaran lo que yo pasé, cuando se me negó el derecho a la moradía y ahora soy una negra que lucho por los derechos constitucionales. Porque acá en Brasil estamos en las mismas condiciones que en la década del ’60, en 1964, cuando se produjo el golpe de la dictadura militar.

-¿Cómo se compone su familia?

-Nosotros somos ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Yo vivo en el centro y todos viven acá en San Pablo y todos están unidos a esta causa donde ocupamos viviendas por necesidades. Solo mi padre y la parte de su familia siguen en San Salvador de Bahía.

-¿El Movimiento que usted integra es social y políticamente amplio o está identificado con algún sector en especial?

-Es un movimiento amplio que cuida de las personas que necesitan su casa independientemente de su condición social y de su credo. Es un movimiento muy diverso que lucha por las garantías constitucionales. No nos ocupamos solamente de conseguir una casa; también de la salud, la educación y de temas judiciales de quienes están dentro del MSTC.

-¿Cuántas personas estiman ustedes que no tienen techo en San hablo o en todo Brasil?

- (NdelaR: en 2018 un estudio señalaba que había 6,9 millones de familias sin techo y 6 millones de inmuebles vacíos en todo Brasil). Acá en San Pablo no sé cuántas son las personas sin techo porque aumentan gradualmente como los predios deshabitados. No tengo ninguna referencia. Pero así como hay 86 mil predios vacios, la cantidad de gente en las calles es bien mayor. Falta voluntad política para resolver el problema de la vivienda, para hacer un programa sobre el tema. Más esto pasa también por la especulación inmobiliaria. Porque si tú no tienes el dinerinho para pagar el alquiler vas a la calle y el problema de la especulación inmobiliaria es un problema del mundo todo, no es solo de San Pablo. El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial. Las personas se quedan sin casa porque la especulación inmobiliaria se está comprando todo.

-¿Se identifican ustedes con el movimiento Okupa que surgió a mediados de la década del ‘80?

-Sabía sobre ese movimiento pero la verdad es que nosotros tomamos predios desocupados, cien por ciento vacíos hace más de veinte años, ociosos, donde no se cumple la función social de la propiedad y donde unos derechos dejan de estar garantidos. Los movimientos sociales quieren pagar por un hogar pero no existen políticas públicas que, es importante recordar, deben hacerse efectivas para que la población pueda tener esas viviendas a un precio justo. Queremos que se den años de gracia para pagar pero parece que no es interesante liberar esos predios para los trabajadores populares o de baja renta porque existen grandes empresas que quieren comprarlos para transformarlos en apartamentos lujosos o minúculos para vender por un precio que un trabajador pobre o de baja renta no consiga comprar. Por eso el movimiento tiene la obligación de denunciar esta especulación inmobiliaria y por eso se nos criminaliza. Prueba de eso es que yo fui presa 108 días sin haber cometido crimen alguno.

-¿Cómo es afectada la población negra de Brasil en esta problemática? ¿Tiene más dificultades por cuestiones raciales que la población blanca o mestiza?

-Ahí ve la gente el problema racial, cuando se afecta el derecho a la moradia. Desde la época de la esclavitud que se está arrastrando y al Estado no le interesa que una mujer negra tenga estudios superiores, un diploma, porque ese acceso es negado y lo señalan las estadísticas. A mí me pasó esa discriminación cuando un empresario me pagó mi pasaje de avión y GOL no me dejó viajar porque la tarjeta de crédito no era la mía. Porque era de un hombre blanco, de Bélgica, hicieron especulaciones sobre dónde había comprado ese pasaje y no conseguí viajar y tuve que comprar otro con mi dinero, porque una mujer negra no puede viajar en Brasil si adquirió el pasaje con una tarjeta que no es de ella. Eso es el racismo en este país. Es un cáncer.

-¿Le hizo juicio por eso a la compañía?

-No, no quise gastar energía en eso, tengo muchas cosas a qué dedicarme.

-¿Las condiciones de movimientos como el MSTC empeoraron con el gobierno de Bolsonaro?

-Es un gobierno dictatorial, totalitario, fascista, racista, machista, que excluye y gobierna para una torcida organizada. Usted ve ahí la ayuda a la población índígena siendo negada por el presidente con un veto. Las personas de esas poblaciones indígenas y de las quilombolas no son gente para él. No es el presidente de la república, el presidente debe gobernar para todos, para toda la población del país. Bolsonaro gobierna para los ricos, ellos están muy bien. El hijo de él se vio envuelto en el asesinato de Marielle Franco. Bolsonaro nos mandó la Policía Federal para aprehendernos a nosotros, Bolsonaro junto al gobernador de San Pablo Joao Doria. Bolsonaro, Doria y Witzel el gobernador de Río de Janeiro, son tres asesinos, tres genocidas y hoy que estamos viviendo la pandemia el presidente le niega derechos a una parte de la población.

-¿Adhiere a la denuncia internacional contra Bolsonaro por genocidio?

-Sí. Absolutamente. Un presidente que no obliga a las personas a usar tapabocas es justamente para matar a esas personas, a la población carcelaria. Un presidente que firma un veto para que la población indígena y quilombola no tenga atención médica durante una pandemia mundial es un asesino. Un presidente de la República que sabe que está infectado con Covid-19 y está en la calles conversando con las personas, es un asesino. No son opiniones, son hechos.

-¿Cómo siguió lo que pasó en EEUU con el asesinato de George Floyd y la respuesta que generó en la población?

-Yo creo que en Brasil debemos valorizar nuestras luchas porque acá, cada 23 minutos, muere un George Floyd. Cada 23 minutos un joven negro es asesinado.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Viernes, 24 Julio 2020 06:15

Los tres ejes del feminismo

Los tres ejes del feminismo

Empiezo por matizar el énfasis unilateral en la pugna cultural, derivado de la prioridad por el tema de la sexualidad, como tarea central y eje principal de diferenciación entre corrientes feministas. Esta temática de la libertad sexual es fundamental para los colectivos LGTBI y el propio feminismo. El problema es su encaje en el conjunto de tareas y discursos feministas. Así, al priorizarlo de forma permanente y casi exclusiva, se infravalora la acción colectiva por la igualdad relacional efectiva y contra la violencia machista, cuestiones apoyadas por más de la mitad de la población adulta, unos veinte millones, especialmente de las mujeres. Son dos aspectos sustantivos de la activación feminista que, sin embargo, al situarlos en un segundo plano en los discursos y la acción colectiva de algunas élites, se dificulta la capacidad transformadora del conjunto de la realidad discriminatoria de las mujeres. Y esa unilateralidad no les permiten un mayor arraigo entre ellas.

La importancia de la liberación y la diversidad sexual

La sexualidad placentera, consentida y sin riesgos ha sido y es un objetivo central de la última etapa del feminismo, desde hace más de cuarenta años, con la demanda de legalización del uso de los anticonceptivos y la posterior despenalización del aborto, así como con la separación de las relaciones sexuales, especialmente juveniles, del estricto marco del matrimonio. La libertad y la igualdad en las relaciones sexuales, la diversidad de formas familiares y la autonomía personal para definir sus preferencias, sin discriminaciones, son conquistas feministas importantes, asociadas también al impacto de los colectivos LGTBI.

Podemos decir que durante el primer gobierno socialista de Zapatero (2004/2008) hubo algunos avances significativos. En particular, la legislación sobre el matrimonio igualitario, venciendo la gran resistencia conservadora y de la jerarquía católica, ha tenido bastante operatividad. Incluso la ley sobre la identidad de género, corta en varios aspectos, supuso un paso positivo. Sin embargo, sus otras dos leyes, con temas de gran trascendencia práctica y cultural para las mayorías sociales, la de igualdad de las mujeres (social, laboral, de cuidados y de estatus) y la de protección contra la violencia de género, han tenido efectos aplicativos muy limitados. La primera, con apenas medidas simbólicas o retóricas, ha sido incapaz de superar la presión de las estructuras económicas, empresariales y políticas dominantes que siguen consolidando la fuerte desigualdad. La segunda, con elementos contraproducentes adicionales, derivados del punitivismo penal y las tendencias autoritarias y conservadoras, no ha abordado con firmeza las causas y su tratamiento integral.

El esplendor simbólico y mediático de esa fase del feminismo institucional socialista ha decaído, junto con la percepción social de los límites de esas normativas transcurridos tres lustros. La gravedad de la condición femenina permanece y, sobre todo, la valoración cívica de su injusticia. Las políticas públicas necesitan un nuevo impulso transformador igualitario, tal como han venido reclamando las grandes movilizaciones feministas estos últimos años.

La nueva ley sobre libertad sexual que se está tramitando pretende ampliar y consolidar los derechos en ese campo. Además, permite una ampliación de la alianza entre el movimiento feminista y los colectivos LGTBI, que comparten esa temática común liberadora, así como hacer frente a la reacción puritana y restrictiva.

Desde hace décadas, y muy agudizada en los últimos tiempos ante el avance feminista y de la liberación sexual, se ha producido una gran contraofensiva conservadora, no solo cultural, sino socioeconómica, jurídica, religiosa, institucional, educativa y familiar. El feminismo crítico, democrático-igualitario, la ha contrarrestado mediante la exigencia de derechos, condiciones y libertades, que necesitan su consolidación. Es una pugna sociocultural, en sentido amplio, no solo de la subjetividad y el cambio de mentalidades, sino también social, de modificación de hábitos y costumbres. Afecta a la transformación de los privilegios y la dominación de una parte ventajosa de la sociedad frente a la discriminación de otra parte subordinada o en desventaja. Supone un cambio hacia relaciones sociales más igualitarias y libres, una apertura a una mayor diversidad de opciones sexuales y de género.

Se trata de superar la idea convencional de la existencia de dos sexos o dos géneros rígidos y excluyentes y reconocer una pluralidad heterogénea de opciones intermedias, mixtas e indiferenciadas, así como sus derechos igualitarios y su legitimidad como proyecto vital decidido libremente. No por ello se necesita diluir el peso de los dos sexos dominantes (mujer y varón) o los dos géneros principales (masculino y femenino). La dimensión de esas terceras opciones es minoritaria (la ONU fija en menos del 0,5% el porcentaje de personas transexuales). Esas personas suelen estar en una posición vulnerable y demandan reconocimiento e igualdad de estatus. Regular los derechos de las personas trans, al igual que en su día el matrimonio igualitario, no cuestiona los procesos identificadores feministas o las estructuras interpersonales y familiares; solo modifica su rigidez conservadora. Es complementario con el necesario fortalecimiento de la igualdad y la emancipación de las mujeres.

 La reacción distorsionadora del feminismo socioliberal y puritano

Desde feministas del ámbito socialista (y grupos afines) se ha generado una agria disputa en torno a la libertad sexual y la identidad de género. Defienden sus esencias doctrinales y sus privilegios de estatus que se debilitan. Intentan reforzarse manipulando hechos limitados aunque simbólicos, como el avance en los derechos de las personas trans, para afianzar su representación de las ‘mujeres’, hasta hace poco casi monopólica en los planos institucional, académico y mediático.

Así, tras la nueva ola de activación feminista y la nueva acción institucional en manos de Unidas Podemos, estarían temerosas de perder esa prevalencia ideológica y su función corporativa. Pretenden legitimarse envolviéndose en la bandera esencialista de las ‘mujeres’, que serían víctimas ahora de una dilución desde dentro del feminismo. Utilizan las críticas más favorables y adaptables a una mentalidad conservadora y una alianza con las derechas. Expresan discursos gruesos, con posiciones esencialistas, que buscan mantener sus privilegios representativos de un feminismo determinista biológico bajo la identidad mujer, convenientemente interpretada desde su cómodo estatus académico y mediático.

Pero su particular feminismo socioliberal, por su escaso impacto transformador, ha quedado agotado por su retórica formalista sin un cambio efectivo de la desigualdad estructural. En vez de reconocerlo e incorporarse al nuevo empuje de cambio real feminista, contraatacan desde sus posiciones todavía significativas en los ámbitos institucionales, académicos y mediáticos para frenar un avance significativo y real de las condiciones de igualdad de las mujeres concretas. Pretenden imponer un marco interpretativo y discursivo que consideran favorable, dado el puritanismo existente, y dejar en un segundo plano su responsabilidad por la cortedad aplicativa durante tres lustros de la normativa para la igualdad de las mujeres y contra la violencia de género, circunstancia puesta en evidencia ante la masiva activación feminista y que constituye el actual reto para las fuerzas de progreso.

Está fuera de lugar el tremendismo victimista del desdibujamiento de las mujeres y el feminismo, expresado por algunas personas del ámbito socialista y grupos afines. Lo que sí se ve cuestionado es la confortabilidad de una posición esencialista y retórica sobre la que se ha construido una representación hegemonista (política, institucional y académica), con los correspondientes privilegios corporativos de una élite acostumbrada a posiciones de ventaja. Y esa es la fuente de la crispación, de gran influencia mediática: la pugna por la hegemonía representativa e ideológica del movimiento feminista, con una amplia y heterogénea corriente social crítica de gran impacto sociopolítico que ha desbordado al feminismo socioliberal y formalista en decadencia.

La reacción agresiva en torno a la normativa sobre la libertad sexual y los derechos de las personas trans expresa el agotamiento del feminismo socioliberal y formalista y su retórica esencialista; pretende esconder su responsabilidad en el bloqueo de la situación discriminatoria de las mujeres; constituye un freno a las demandas feministas en los tres campos: igualdad relacional real, evitar la violencia machista con medidas efectivas y no del simple punitivismo legal y desarrollar los derechos sexuales.

La dificultad a los procesos emancipadores en ese ámbito de la sexualidad no proviene exclusivamente de las derechas y los grupos reaccionarios. El desconcierto, la desorientación o, simplemente, la discrepancia, atraviesan a los propios feminismos. Son objeto de duras polémicas, a veces poco democráticas, aunque habitual en todas las grandes luchas políticas e ideológicas en los últimos siglos. Se echa en falta un debate más sereno, respetuoso y argumentado.

Los límites de la polarización sobre la libertad sexual y la identidad trans

De la importancia ineludible de ese campo y su trascendencia mediática, especialmente en estos momentos de avance de derechos y contraofensiva derechista, no se debería deducir la desatención de, al menos, esos otros dos ámbitos que afectan a la igualdad y la libertad real de las mujeres (y otros grupos discriminados); su gravedad persiste y son motivo de la activación cívica de la nueva ola feminista. Infravalorarlos sería caer en la trampa que persiguen algunas feministas socioliberales y puritanas. Las estrategias del poder establecido y las medidas institucionales, hasta hace poco, han sido continuistas o retóricas y prolongan el malestar, la indignación y la exigencia de cambios reales. Las tres áreas temáticas están entrelazadas y se refuerzan mutuamente en un feminismo multidimensional, masivo e inclusivo, particularmente, respecto de su alianza (al decir de J. Butler) con las demandas de los colectivos LGTBI.

Por tanto, al bascular la prioridad de la actividad feminista crítica hacia lo cultural y lo sexual se produce un reduccionismo y una doble unilateralidad. Por una parte, se desconsidera la gravedad de los problemas de desigualdad social, económica y de estatus cívico, así como la precarización y subalternidad en los campos sociales, familiares y reproductivos, laborales, institucionales, educativo-culturales y de estatus sociopolítico, asociados a esa discriminación y desventaja de las mujeres. Por otra parte, se infravaloran la experiencia relacional, la práctica sociopolítica y cultural, así como la actividad común respecto de esas problemáticas que afectan a la mayoría de las mujeres de capas populares.

Se trata de reforzar una acción igualitaria-emancipadora feminista, que supere la simple identificación de género como reproducción de un papel social subalterno asignado. O sea, la experiencia, el enfoque y el proyecto liberador feministas son más multidimensionales que el tema de la opción sexual o de género. Expresan una articulación transformadora multilateral, común e interseccional.

Aludo aquí a otro riesgo para el feminismo crítico: adaptarse a ese escenario impuesto de la pugna por la libertad sexual y dejar en un nivel secundario la problemática de la igualdad relacional efectiva de las mujeres y la acción contra la violencia machista. Con ello se reduciría la influencia feminista respecto de los cambios estructurales, institucionales y subjetivos necesarios en esos dos campos y, por tanto, se debilitaría la conexión de su acción con las preocupaciones suscitadas en una mayoría de mujeres, especialmente jóvenes.

Dicho de otra forma, el refuerzo de la libertad sexual y de género y la colaboración entre movimiento feminista y colectivos LGTBI no debiera hacerse a costa de la difuminación de la acción contra la discriminación femenina en esos otros dos campos de la igualdad relacional y contra la violencia machista. Sería caer en la trampa de las derechas y esos sectores puritanos y punitivistas, así como neutralizar o distorsionar las demandas masivas de las movilizaciones feministas.

Al mismo tiempo, el desplazamiento hacia la pugna cultural relativizaría la capacidad transformadora sustantiva del feminismo. Esta es todavía más imperiosa, en esos espacios de fuerte desigualdad de poder e imbricación con la dominación en densas estructuras socioeconómicas y empresariales. Y está necesitada de arraigo de base y articulación práctica y masiva junto con un cambio institucional y jurídico efectivo, aspecto sustantivo para el nuevo Gobierno progresista de coalición.

Por ANTONIO ANTÓN

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor del libro Identidades feministas y teoría crítica

Publicado enSociedad
Domingo, 28 Junio 2020 07:17

A vueltas con las revueltas

Las personas que frecuentaban el Stonewall Inn, mayoritariamente mujeres transexuales y travestis, se enfrentaron a la policía tras una redada en 1969.

Hoy, 28 de junio, todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo. ¿Es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento?

 

Algunas historias de nuestra Historia, además de haber sido deliberadamente invisibilizadas, están marcadas por la persecución. Así, la trayectoria vital de esas personas que hoy llamamos lesbianas, gais, bisexuales y trans ha estado marcada durante siglos por una constante amenaza que, con apariencia religiosa, legal o médica, o con un extraño disfraz de todas ellas, ha convertido en inhabitables cientos de miles de vidas.

Pero llegó un día en que empezó a producirse un cambio, un día en que algunas personas comenzaron a defenderse de ese continuo hostigamiento. Y en esa fecha nació todo un movimiento, una reivindicación que a lo largo de los años ha conseguido transformar un mundo hostil en otro que parece que empieza a dejar de serlo. Hoy, 28 de junio, prácticamente todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo, pero ¿es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento? Amicus Plato, sed magis amica veritas, y creo que es hora ya de desmontar algunos mitos para seguir acercándonos a la verdad.

Del mismo modo que estudiamos Historia centrándonos —quizá demasiado— en algunas grandes batallas, construimos nuestra memoria activista poniendo el foco en una gran revuelta. Pero sucesos como aquel de Stonewall los hubo antes en Estados Unidos. En agosto de 1966, en San Francisco, tuvo lugar uno similar en la cafetería Compton’s, de igual manera que ocurrió en Los Ángeles, en la Black Cat Tavern, durante la Nochevieja de 1967. Son dos los elementos comunes a estos tres hitos históricos: redada y revuelta; y es necesario preguntarse qué hace especial aquella de Stonewall sobre la que pesa hoy una leyenda tan elaborada, y tan repetida, tanto que es difícil bucear en ella intentando precisar cuál es su mérito y cuál es la verdad en torno a lo que ocurrió en aquellos disturbios.

Se sabe, aunque se ignora, que las célebres Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson no fueron las iniciadoras de la respuesta a la redada policial. Ellas mismas lo confesaron: Sylvia explicando que se sumó a las acciones de otras personas y Marsha reconociendo que llegó tarde aquella noche a la calle Christopher. Es imposible saber quién arrojó la primera piedra, y quizá no sea necesario saber más que conocer el hecho de que todo nació a partir del grito de Stormé DeLarverie, la mujer lesbiana que consideró injusta su detención y preguntó a la gente que observaba: “¿Es que no pensáis hacer nada?”. Por su parte, el mérito activista de Sylvia y Marsha, que lo tienen y mucho, debe encontrarse en la fundación de STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), que en los años siguientes sirvió de ayuda a muchas personas que vivían en una situación crítica. Y, de igual manera, el mérito de Stonewall ha de hallarse en el año siguiente, 1970, cuanto tuvo lugar la primera manifestación que recordaba esos disturbios, la primera manifestación de lo que hoy llamamos nuestro Orgullo.

El resto forma parte del mito fundacional de nuestro movimiento que, como buen mito, no es más que una explicación marcadamente fantástica de la realidad. Y la realidad es que, antes de todas aquellas revueltas, existía ya un movimiento reivindicativo centenario que precisamente gracias a los disturbios del Stonewall comprendió al fin la necesidad de actualizar su discurso, de adaptarse a una nueva época, de adecuar su visión del mundo a los ojos con los que había aprendido a mirar una nueva generación de activistas jóvenes.

Como bien indica mi querido Ignacio Elpidio, la persona que más y mejor ha investigado en castellano las manifestaciones del Orgullo, la importancia de un suceso histórico no es nunca el suceso en sí mismo, sino su trascendencia. El movimiento LGTB, de este modo, no nace —renace, más bien— con Stonewall, sino con esa primera convocatoria de 1970.

Pero ese es el caso concreto de los Estados Unidos, que no por mucha globalización debe considerarse el único suceso que podemos tener en cuenta. ¿Qué sucedió en el territorio español? ¿Sobre qué acontecimiento trascendente es posible fundar la historia de nuestro propio movimiento? Suele aceptarse que en nuestro estado este activismo que reivindica la liberación sexual comienza con la respuesta al debate sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que en 1970 organizaron dos activistas, Armand de Fluvià y Francesc Francino.

Ante la pretensión del Gobierno de la dictadura de aprobar un texto legal que, entre otras cuestiones, perseguía con mayor dureza la homosexualidad, nace gracias a la iniciativa de esos dos primeros héroes una campaña que solicita ayuda internacional a través de cartas condenatorias que acabarían llegando a las Cortes franquistas. El éxito del proyecto se limitó a una pequeña modificación en la propuesta de ley, que pasó de condenar la homosexualidad en sí misma a perseguir los actos, en plural, de homosexualidad; pero sirvió como impulso para la creación poco después del MELH, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que en 1972 comienza incluso a publicar una revista, AGHOIS, difundida en la clandestinidad durante los últimos años de la dictadura. Fue aquella, por lo tanto, una campaña trascendente, que provocó la aparición de una organización activista. Puede servirnos como verdadero punto de inicio, y así ha venido siendo considerada durante años.

Con todo, en los últimos años, gracias a la investigación y a algunas iniciativas particulares, se han venido descubriendo nuevos hitos históricos que se empiezan a reivindicar. Quizá el más conocido hoy, gracias a la reciente campaña de Correos, sea el Pasaje Begoña, la cada vez más conocida callejuela de Torremolinos en la que en su día existieron varios locales de ambiente y donde, el 24 de junio de 1971, se produjo una redada que acabó con 114 personas arrestadas. La asociación que trabaja para recuperar la memoria del lugar ha conseguido ya el reconocimiento de aquel espacio histórico en diferentes ámbitos. Tanto el hermanamiento con el Stonewall Inn como sendas proposiciones no de ley defendidas en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, que instaban a Gobierno estatal y autonómico a impulsar la protección del lugar, han servido para que el Pasaje Begoña comience a ser reconocido como “lugar de memoria histórica” y “cuna de los derechos LGTBI” en el Estado español.

Grandilocuencia aparte, y dejando clara la importancia de reconstruir la memoria colectiva que nos ha sido negada durante tanto tiempo, parece evidente, parafraseando el refrán, que una redada no hace verano. Como dijimos antes, para considerar un suceso como punto de partida del nacimiento o renacimiento de un movimiento social es imprescindible que resulte verdaderamente trascendente, que dé pie a una respuesta social, mejor cuanto más organizada esté y más se mantenga en el tiempo. El caso del Pasaje Begoña carece de esas características y, además, es posible encontrar otras muchas actuaciones policiales contra locales de ambiente que tuvieron lugar años antes.

Si para designar un suceso histórico como “cuna de los derechos LGTBI” fuera necesaria sencillamente una redada, podríamos recordar las muchas que tuvieron lugar durante los años de la dictadura en ciudades como Madrid o Barcelona. E, incluso, sería posible remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Existen varios testimonios de las últimas décadas del siglo XIX en los que encontramos ejemplos interesantísimos de fiestas que fueron interrumpidas por agentes externos, para sorpresa colectiva.

Así, en 1884 Teodoro Yáñez, en sus Elementos de medicina legal, nos refiere —con la terminología propia de la época— un escándalo acaecido años antes cuando nos habla de una reunión que realmente “era un club de pederastas; entraban aquellos individuos, se desnudaban, poniéndose otras ropas parecidas a las de las mujeres, y se dedicaban a su ejercicio”; y donde se realizaba incluso una suerte de rito iniciático con los neófitos: “Después de acreditar que no habían conocido varón con dos testigos, se les ponía una túnica blanca y una corona de azahar, y se les paseaba por el recinto, haciendo luego uno de ellos la primera introducción”.

De igual manera nos dice Rodríguez Solís, en su Historia de la prostitución, que en el Martes de Carnaval de 1879 fueron sorprendidos “más de cien sodomitas con elegantes trajes y ricas joyas” en el salón de baile El Ramillete de la madrileña calle de la Alameda. Aquella “grey de Urania”, como nos designaron entonces los autores de La mala vida en Madrid, convocaba “las fiestas en que se celebraban los bautizos de un homosexual; los bailes escandalosísimos; las fiestas sardanapálicas” de las que nos habla Max Bembo en La mala vida en Barcelona a través de sociedades secretas. Una de ellas fue retratada en la novela La Condesita, de Francisco de Sales Mayo, publicada en 1870: la Sociedad de San Guiñolé, con diferentes festejos convocados, una red de ayuda mutua y no pocos ‘guiños’ entre personas del mismo sexo.

Pero es posible, incluso, retrotraernos aún más en el tiempo. Rictor Norton ha estudiado las Molly houses británicas del siglo XVIII, que debieron tener como correspondientes en nuestro país muchas ‘casas de placer’ que quedan por investigar. Además, y antes aún, tras el asesinato del Conde de Villamediana el 21 de agosto de 1622, sabemos que al realizar el registro de su palacio fue descubierta toda una red de contactos entre sodomitas.

Con cada nueva investigación, con cada nueva lectura, será factible seguir viajando hacia atrás en el tiempo en busca de un pequeño espacio donde personas que deseaban a otras de su mismo sexo, o que deseaban vestirse, adornarse y nombrarse cuestionando los roles de género de la época podían encontrar un mínimo reducto de libertad frente a la persecución legal, médica y religiosa.

La clave para encontrar un punto de inicio a nuestra reivindicación debe ir, como decimos, más allá de la simple redada. Es necesario buscar la reacción, el levantamiento, aunque sutil, frente al acoso constante de quienes defienden una forma de sexualidad exclusivamente normativa. El primer caso del que tenemos constancia en nuestro país y que podría valorarse de este modo se produjo en la Barcelona de los años treinta, tal y como nos cuenta Jean Genet en su Diario del ladrón.

Una importante revuelta anarquista tuvo como consecuencia la destrucción de un urinario, una “vespasiana”, se llamaba entonces, que frecuentaban quienes buscaban contacto con personas de su mismo sexo. Dice Genet que “al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa”. Hoy suele considerarse esa curiosa procesión de las Carolinas, seres inclasificables según nuestra taxonomía actual basada en las siglas LGTB, la primera manifestación de algo similar a nuestro Orgullo. Fue una respuesta, sí, pero realmente no se respondió a la injusticia de una sociedad que nos perseguía, sino como forma de conmemoración de un espacio de libertad desaparecido que, además, no tuvo trascendencia más allá de aquel suceso concreto. 

Como decíamos más arriba, una redada no hace un movimiento. Ni siquiera lo hace una revuelta. Los movimientos sociales se fundamentan en un trabajo continuado a través del tiempo, realizado de una forma mínimamente organizada. Pueden tener, o pueden inventar incluso, un nacimiento mítico, una épica que ennoblezca aún más su ya noble trabajo. Pero, más allá de la poesía, la Historia debe ocuparse de la verdad. De esta suerte, el movimiento LGTB actual puede nacer, en Estados Unidos, en aquella primera manifestación de 1970 y la “cuna de los derechos LGTBI” en nuestro país es sin duda alguna aquel Movimiento Español de Liberación Homosexual cuya primera acción cumple ahora cincuenta años. Y, con todo, no hemos de olvidarnos de que, cuando se trata de una reivindicación, no importa tanto el punto de partida como la meta final, el objetivo que perseguimos y los caminos que recorreremos hasta alcanzarlo. Mientras tanto podemos y debemos seguir investigando y reconstruyendo nuestra memoria, que es tan nuestra como ha de serlo de todo el mundo, pero sin olvidarnos nunca de que nuestra historia no se limita a un solo pasaje.

Por Ramón Martínez

@ramonmartz

28 jun 2020 05:54

Publicado enSociedad
Domingo, 26 Abril 2020 07:36

Fuerza feminista

Fuerza feminista

Son tiempos agitados en América Latina. Eso ya era verdad antes de la emergencia de la pandemia global.

En octubre, un levantamiento de 11 días paralizó a Ecuador y una protesta estudiantil se convirtió en un estallido social prolongando en Chile. En noviembre la derecha tomó el poder en Bolivia, en diciembre Argentina volvió a ser gobernado por el kirchnerismo. Este año ya, asumieron nuevos presidentes en Guatemala y Uruguay. Y luego, vino la pandemia.

Pero en todo el continente, mientras cambiaban las caras de los gobernantes, ha habido una constante: las mujeres han tomado y han vuelto a tomar las calles de forma masiva, repudiando la deuda, el capital y la violencia. El 8-9 de marzo las mujeres mostraron que tienen una capacidad inmensa de lucha y despliegue de múltiples estrategias feministas en todo el continente.

En México, desde Ciudad Juárez hasta Tapachula, fuimos nosotras las que, de forma masiva, rechazamos la violencia y desafiamos el gobierno de la Cuarta Transformación.

En Santiago de Chile, salieron dos millones de mujeres y hombres a las calles el 8 de marzo en una huelga general, en apoyo a un programa feminista.

En Montevideo, fueron 350 mil mujeres en la calle, casi la mitad de las que viven en la capital uruguaya. Miles también tomaron las vías en la ciudad de Guatemala, denunciando el machismo, rememorando las víctimas de violencia, y clamando contra políticas de despojo.

El 9 de marzo, las mujeres armaron un paro en toda Argentina, con medio millón tan sólo en Buenos Aires. “La deuda es con nosotras y con nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias”. Ese fue el lema bajo el cual cientos de miles mujeres se movilizaron allá. Fue el cuarto año de huelga feminista, un día de rebelión en medio de un año repleto de encuentros, asambleas y articulaciones entre mujeres.

En las ciudades más grandes de Bolivia, miles de mujeres se manifestaron el 8 de marzo, a pesar de una coyuntura polarizada y violenta. En Cochabamba, las mujeres salieron a las calles con el eslogan "no tenemos miedo, tenemos fuego".

A pocas semanas de las masivas concentraciones, marchas y juntas del 8-9 de marzo, vino lo que ahora vivimos: órdenes de cuarentena, toques de queda, distanciamiento social y estados de emergencia, a raíz de la llegada al continente de un nuevo virus sumamente contagioso y con efectos complicados y a veces letales en el cuerpo humano.

Las contradicciones, las tensiones y las injusticias se han ahondado en tiempos de pandemia. Hoy día, los temas al centro de la revolución feminista nunca han sido más relevantes.

"Nosotras en general con el movimiento feminista y el movimiento social dijimos no al pago de la deuda directamente, por ser deuda ilegítima por que la toma de deuda no pasó por el parlamento cuando es un requirimiento constitucional", me dijo Verónica Gago en una entrevista por Zoom desde Buenos Aires. La mayor parte de la deuda fue tomada por Maurico Macri durante los pasados cuatro años.

"Al escala global ahora hay una posibilidad de suspender la deuda, y además hay una necesidad acá de derivar fondos para el gasto social y público que hace actualmente imposible pensar a los términos de negociación anterior a la pandemia" dijo Gago, miembro del colectivo Ni Una Menos y autora del libro La potencia feminista.

Mientras que cuerpos envueltos en plástico se pudren en las calles de Guayaquil y los barrios marginados se militarizan, las redes de mujeres en Ecuador se siguen organizando. El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas ha surgido como resultado de la revuelta de octubre y ahora es un nodo para coordinar mujeres en todo el país.

Las ollas populares, forma de protesta pública que a la vez es estrategia alimenticia, han vuelto a ser parte de la cotidianidad en Argentina y Uruguay, debido a la profunda crisis alimentaria actual.

A principios de la llegada de la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou decretó alzas en las tarifas de luz, agua y telefonía. "Después de 15 años de progresismo, regresaron las ollas en 15 días", me comentó Mariana Menendez, feminista uruguaya e integrante del colectivo Minervas en la ciudad de Montevideo.

En Chile, el movimiento feminista ha sido central en el sostenimiento del estallido social.

"Lo que abre la revuelta en Chile desde el 18 de octubre, marca de manera muy radical una idea, que es que la vida en su conjunto es la que estaba en cuestión, la forma en la que se organizaba la vida en Chile" me comentó Javiera Manzi de la Coordinadora Feminista 8m desde Santiago. "Y eso es precisamente lo que nosotras veníamos hablando cuando nos referíamos a la reorganización de la vida".

No queda duda que las ideas sobre el cuidado y la reproducción de la vida se han vuelto todavía más centrales con la pandemia. La historia de la lucha abierta en América Latina durante los pasados años nos deja en claro que serán las mujeres, algunas feministas pero todas movilizadas, las que marquen el paso y las formas de seguir transformando la sociedad y la economía.

Por Dawn Marie Paley, periodista canadiense y autora de Capitalismo antidrogas: Una guerra contra el pueblo (Libertad Bajo Palabra, 2018).

Publicado enSociedad
Coronavirus. La infinita solidaridad entre los de abajo

Huelgas obreras, solidaridad popular en los barrios y cacerolazos, son algunas de las manifestaciones del pueblo italiano contra el modo como el gobierno impuso la cuarenta a todo un país, que los grandes medios silencian y ocultan para seguir inoculando miedo y subordinación.

El diario del izquierda Il Manifesto informa en su edición del viernes 13: “El mundo obrero ha vuelto a hablar con una sola voz. Es la incredulidad y la rabia de los que piden ser tratados como todos los demás trabajadores. Una rabia, obrera, por la decisión del gobierno de no detener la producción en las fábricas que se ha materializado el jueves cuando se abrieron las puertas: huelgas espontáneas, asambleas, el cese temporal de la producción”(Il Manfesto, 13 de marzo de 2020).

Huelgas en Milán, Mantua, Brescia, Terni, Marghera, Génova, en grandes empresas como continuará hoy en Electrolux, Iveco, Tenaris, Beretta y el Grupo Arcelor Mittal entre otras. Un crecimiento de la desobediencia obrera que obligó al presidente Conde a convocar una videoconferencia con los sindicatos y llevó al presidente de la Confindustria a decir que las huelgas son “irresponsables”.

No son huelgas por el salario sino por la dignidad, porque los obreros de la industria quieren ser tratados como los demás trabajadores. Demandan parar la producción para “higienizar, asegurar y reorganizar los lugares de trabajo”, como exigieron los sindicatos metalúrgicos.

Los obreros del metal de la fábrica Bitron Cormano cerca de Milán, declararon a la Radio Popolare que trabajar en esas condiciones es muy duro. “En febrero pedimos guantes, máscaras y antisépticos y no hicieron nada, por eso fuimos a la huelga”. Agregan: “Es muy duro trabajar así. Nos miramos como si fuésemos extraños”.

En estos días tremendos de soledad y miedo, fomentados por los grandes medios de forma histérica pero calculada, nos sobre-informan sobre los riesgos de salir de casa, de relacionarse con otros, sobre cómo avanza la epidemia/pandemia, y todos aquellos datos que nos paralizan.

Hay mucho más, que merece ser destacado. Los obreros de la fabrica recuperada Rimaflow en Milán, libraron un comunicado: “Creemos que una reducción real de los riesgos no puede recaer en los sectores más frágiles y económicamente precarios. Para contener realmente la epidemia, ninguna persona debe verse obligada a ir a trabajar, todos deben tener acceso a un ingreso de cuarentena y la posibilidad de recibir servicios, tratamientos y necesidades básicas en el hogar”.

Luego dicen que en esta situación tan difícil, “queremos seguir construyendo lazos de solidaridad”, y ofrecen sus servicios a quienes lo necesiten para cuidar niños, comprar alimentos y llevarlos a las casas de quienes lo pidan, aportando sus teléfonos y disponiéndose a cualquier consulta legal y sindical.

Lo que sucede en los barrios, donde existen más de mil centros sociales, merece mención aparte. Los jugadores e hinchas del club de “fútbol popular” Borgata Gordiani, de la periferia obrera de Roma, se han puesto a disposición de “los ancianos y cualquier persona que se encuentre en dificultades” (ver Pigneto Today).

Colgaron volantes en las puertas de los edificios ofreciendo, solidariamente, hacer las compras y llevarlas los martes y jueves a las familias. En ese barrio donde Passolini rodó alguna de sus películas, decenas de personas dispuestas a trabajar para los demás, como sucede también en el centro social del barrio, y de muchos otros de las ciudades italianas. Esos ancianos que están siendo abandonados por el Estado y los empresarios, son atendidos por la solidaridad de clase.

En varias ciudades, particularmente en Nápoles, decenas de familias realizaron cacerolazos en sus balcones. Para el viernes 13 se convocó un cacelorazo nacional. “Abrimos las ventanas, salimos al balcón y hacemos ruido”, dice la convocatoria que espera convertirse en “un concierto gratuito gigante” (https://bit.ly/2WlzHJF).

Los grandes medios que se empeñan en meter miedo, ocultan la inmensa solidaridad entre los abajos. Seguramente porque le temen, porque allí anida otro mundo. Una prueba de ello, es que pese a las restricciones, siguen adelante con las mayores maniobras militares de la OTAN desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de las maniobras “Defender Europa 2020”, planeadas antes de la epidemia pero que no han sido aplazadas. “Muchos han interpretado el despliegue de 30.000 soldados en Europa, de los cuales 20.000 estadounidenses (el mayor despliegue de tropas estadounidenses en Europa desde finales de la Guerra Fría) para una serie de ejercicios militares, como el preludio de algo más grande” (https://bit.ly/39ZqL0x).

Según las declaraciones oficiales, las maniobras están destinadas a proteger al continente de una “invasión rusa”. Sin embargo, llama la atención el amplio despliegue militar de la OTAN en carreteras y ciudades, mientras la población debe estar confinada en sus casas.

De la descripción anterior, necesariamente recortada, surgen algunos elementos que quiero compartir.

El primero es la solidaridad de clase, de los diversos abajos, porque en ese ser solidario hay varias generaciones que en la vida cotidiana no se relacionan, jóvenes y ancianos, por ejemplo. Pero también hay migrantes, mujeres, negros, gais, musulmanes, y la enorme diversidad del mundo de abajo. Es la única esperanza que tenemos en este momento de locura de la humanidad.

La segunda es la racionalidad egoísta de los de arriba, de esos empresarios que no gastan en proteger a los obreros porque quieren seguir acumulando riquezas. Los hacen trabajar, lo que ya es discutible cuando hay cuarentena, pero además no les dan los mínimos elementos de protección.

La tercera, la más temible, es la militarización en marcha. Policías y militares son los encargados de vigilarnos, cada vez de forma más sofisticada, con millones de cámaras y ahora también con aplicaciones que nos siguen a todas partes, como en China, donde la identificación facial hace imposible saltarse las normas más absurdas.

Si hubiera que agregar algo más, diría: sólo la solidaridad de clase, de género, de color de piel, puede dar forma a ese gigantesco paraguas multicolor que salve la vida en el planeta.

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enInternacional
 Multitudinaria marcha en Santigo de Chile por el 8 de marzo. Foto: ATON

La Coordinadora 8M de Chile hizo un positivo balance de las multitudinarias marchas que se realizaron en Santiago y en otras ciudades del país por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo a la organización, alrededor de 3,5 millones de mujeres marcharon en todo el país, dos millones de las cuales lo hicieron en Santiago, expresó la vocera Alondra Carrillo.

"Calculamos que dos millones de mujeres marcharon por la Alameda el día de hoy, llegaron desde distintos puntos de Santiago a movilizarse en este espacio y durante toda la jornada se han desarrollado movilizaciones en otras regiones que nos hacen estimar la cifra en aproximadamente en tres millones y medio de mujeres que han estado en la calle en esta jornada en todo Chile", dijo la vocera.

Además, cuestionó los datos de Carabineros que cifró en apenas 150 mil las personas que participaron de la protesta y dijo que, a su juicio, no se trata de un error.

"Es absurdo y todo el mundo lo ha hecho notar, pero no es un error, Carabineros no lo dice a modo de equivocación, lo dice para intentar negar lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que la revuelta popular sigue su curso y sigue su curso con la potencia del movimiento feminista. Este 8 de marzo lo que hace es reabrir la revuelta popular que se inauguró el 18 de octubre y que ha puesto en tela de juicio la forma en que se organiza Chile, la vida cotidiana", planteó Carrillo.

Críticas por la represión de Carabineros

La dirigenta además cuestionó el actuar de la Policía, acusando que hubo represión en diversos puntos de la marcha que se desarrolló por Alameda durante la jornada.

"Hubo represión en la Plaza de la Dignidad, hubo represión en Universidad Católica, donde se gaseó con gas pimienta a las manifestantes. El INDH declaró que estaban gravemente afectadas por el uso de este mecanismo disuasivo", aseveró.

"Además, se intentó cortar la marcha a la altura de U. de Chile y de La Moneda y en Los Héroes, o sea, Carabineros intervino en múltiples puntos con gas lacrimógeno, con gas pimienta, con agua del 'guanaco'. La represión fue tan brutal como lo ha sido todos estos meses", agregó.

Asimismo la Coordinadora reiteró el llamado a la huelga general feminista para este lunes 9 de marzo.

"Hemos compartido más de 100 formas de adherir a la huelga, la idea es que todas podamos mostrar nuestra adhesión de la forma que podamos con toda la radicalidad que sea posible. Si es posible para, paramos; si es posible organizarnos en los territorios para socializar este trabajo no remunerado que hacemos en la casa, la idea es que lo hagamos", aseveró.

Publicado enInternacional
La furia mundial del 8M reivindicando los derechos de las mujeres 


Colombia, país de contrastes, entre ricos y pobres, gobernantes y gobernados, empleados y desempleados, integrados a la sociedad y excluidos de la misma, llega al 8 de marzo de 2020 con hondos contrastes entre hombres y mujeres, los que desdicen de un país en democracia y justicia real.


No hay duda de ello. La violencia contra la mujer no para, y en el caso de los asesinatos machistas, el Observatorio de feminicidios Colombia dedicado a hacerle seguimiento, en su estudio comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, arrojó la cifra de 571 muertes violentas. El 34 por ciento de las mujeres víctimas de esta violencia estaban en el rango de 0 a 29 años y, el 25 por ciento de los victimarios, en el mismo año, fueron hombres pertenecientes a estructuras armadas (1). ¿Qué medidas efectivas implementa el Estado colombiano para erradicar esta realidad? ¿Existen procesos educativos –escolares– que expliquen a las nuevas generaciones el origen y desarrollo de las prácticas machistas y los mecanismos y acciones sociales por emprender para erradicarlas? Y los victimarios, ¿son aislados y sobrellevan pena alguna por los exabruptos cometidos? Sabemos que la base social de este tipo de violencia radica en causas socio-económicas y que es necesario romper la estructura que la soporta para también transformar sus manifestaciones, ¿cómo hacer para caminar en tal dirección?

En el campo laboral la desigualdad es otro mal que afecta a la mujer, como lo deja ver el Dane a través de la Gran encuesta (2) integrada de hogares, mercado laboral –históricos– del mes de febrero anterior, en la cual queda claro que la desigualdad no sólo está en los salarios que perciben las mujeres (que para 2017 mantenía una brecha del 17 por ciento con respecto a los hombres), sino también en la tasa de desempleo que afrontan. De acuerdo con tal encuesta, la tasa de desempleo de los hombres fue 10,4 por ciento mientras que para las mujeres, en igual periodo de tiempo, ascendió al 16,5 por ciento.


¿Existen políticas efectivas por parte del Estado colombiano para quebrar esta realidad? El paso del tiempo parece señalar en dirección contraria, pues al afectar a las mujeres, cabeza de hogar en 4 de cada 10 hogares existentes en nuestro país, también lo hace sobre su prole y todos aquellos que están bajo su manutención y cuidado.


Es una evidencia que en el diario vivir desconoce el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo que indica que no deben establecerse diferencias en salario por edad o género.


Son realidades, injusticias, a las que se suma la ausencia de garantía al derecho pleno al aborto, sin por ello ser señaladas ni criminalizadas –en las distintas formas que pueden serlo–. Pero también garantía para que accedan a los estudios universitarios, a gozar de políticas que les reconozcan su trabajo en el hogar (trabajo invisible) y con éste a la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, reconocer su labor esencial para la conservación de la sociedad toda, tanto por la gestión y crianza, como por la alimentación de la prole y de todos los miembros de un hogar en particular y más allá del mismo.


Son reivindicaciones extendidas al reclamo justo y perentorio de poder salir por cualquier calle o territorio, abordar un transporte cualquiera, sin temor a ser agredida o violentada, pudiendo vestirse como se sienta cómoda y sin por ello ser acusadas de “provocadoras”, o cómplices de la violencia machista, como una vez más las acusan desde el poder, en esta ocasión por boca del presidente de Chile Sebastián Piñera, quien no se sonrojó al sentenciar: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la de las mujeres de ser abusadas”.

 

Fotografía: Sebastián Navarrete Aldana
 

En el mundo

Estas reivindicaciones, similares para multitud de sociedades, también tiene particularidades, y en este 8 de marzo miles de mujeres alzan su voz para dejar testimonio de ello, para recordarle al poder que soportamos un modelo social que debe llegar a su final, ojalá más pronto que tarde.


En España, por ejemplo, reclaman que “La prostitución debe ser reconocida como violencia machista. La industria sexual es hoy una multinacional del crimen. La verdadera “teoría del porno” es la misoginia. El alquiler de mujeres (para gestación) para la compra venta de seres humanos es un atentado a la igualdad y a los derechos de filiación de madres e hijos”, como lo deja en claro el Movimiento Feminista de Madrid en manifiesto que leerá en esta fecha histórica


Manifiesto en el que también asientan: “Todas las violencias machistas son expresiones de una misma ideología de odio. El aumento de las denuncias por violación (en España) en un 49% en el último trienio obliga a dar respuestas. En las 177 agresiones sexuales múltiples registradas desde 2016, se han identificado, al menos, 141 menores entre los agresores. Casi un 40% de las víctimas era menor de edad”, anota su manifiesto.


Por su parte, las Comandantas y Coordinadoras de Mujeres Zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln), se unirán el 9M a un paro nacional de mujeres en México; en su comunicado del 1 de marzo de 2020, escribieron:


“Lo que dicen (machitos y machitas patriarcales) es que para todo hay que pedirle permiso al mal gobierno o al patrón, hasta para sobrevivir. Porque así está de cabrona la cosa, compañera y hermana, que las mujeres en México y en el mundo están sobreviviendo. O sea, viviendo con miedo. Y eso no es vivir, sino apenas es no morirse […] hasta que nos asesinen o nos desaparezcan, y todo con una violencia terrorista”.


Las altísimas cifras de feminicidios en México es sobrecogedora, unas 10 mujeres asesinadas al día, estadística arrojada por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) ha sido otro de los motivos que ha prendido la mecha para el paro nacional de mujeres que tomará forma este 9M.


En relación con esto el comunicado de las mujeres indígenas del Ezln precisa: “La lucha por la vida es esencial a toda la humanidad, y no necesita el permiso de nadie porque lo traemos en la sangre. Y si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte. Si se enteran de otra asesinada, primero preguntan de qué color es su piel, su partido, su religión: y según si es su contrario pues entonces mal hablan, pero no de los asesinos, sino de la mujer víctima”.

Memoria

El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, como se recordará, fue declarado como tal en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas en memoria de los incendios de las fábricas textiles desatados a principios del siglo XX, uno de ellos –fábrica Triangle, en la ciudad de Nueva York– donde murieron más de 140 mujeres trabajadores . Además de costarles la vida, esa tragedia permitió que se vieran muchas de las desigualdades laborales en las que trabajaban aquellas mujeres, en su mayoría inmigrantes. Algo no muy distinto a lo que vive el mundo hoy, cuando el mundo está sacudido por miles de miles, en su mayoría mujeres, que migran en busca de un mejor presente y futuro para ellas y para los suyos, siendo detenidas en las fronteras, separadas de sus hijos, violentadas, y cuando logran cruzar las fronteras obligadas a trabajar de manera ilegal, con sueldo aún más inferiores, sin garantías laborales, sometidas a jornadas de más de 8 horas de labor diaria, intimidades con ser denunciadas a la policía si se quejan o reclaman, sin derecho, por tanto, a sindicalizarse y luchar contra el patrón. Una realidad no superada y, por tanto, otro de los motivos que ondea las banderas feministas por todo el mundo.

Si bien un momento clave de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia fue, como lo anotó Miguel Concha en reciente artículo sobre el 8M, que: “en 1791, cuando Olympe de Gouges cuestionó el triunfo de la "igualdad" de la Revolución Francesa, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. La feminista francesa exigió la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso a la igualdad fiscal, así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico.  Como dijera ella, si somos iguales ante la guillotina –es decir, ante la muerte– ¿por qué no lo somos en los demás temas de la vida?


Las luchas feministas han conquistado muchos de los derechos que llevan peleando desde la época de Olympe de Gouges, pero muchos otros que reclamó la francesa todavía quedan por lograrse en los terrenos políticos, laborales y sexuales. Así como la francesa murió en la guillotina por pelear por sus derechos, otras miles de mujeres valientes, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos también mueren en la actualidad al rebelarse contra la injusticia social, la segregación, la violencia, etcétera. Pero este 8M se convierte en otro día más donde se fortalecen y unen más guerreras para seguir el legado de quienes han brindado su vida por algo que la sociedad patriarcal aún les adeuda: la igualdad en todos los planos y en todos los momentos.

Es una lucha que viene desde siglos atrás y que tiene a su haber triunfos pero también muchos objetivos por concretar, transformando por su conducto la cultura patriarcal dominante y, con ello, uno de los soportes del sistema socio-económico hoyimperante. Una lucha en la cual el poder deberá reconocer que la mujer ya no es "fábrica" de hijos, que para ellas el sexo no es procreación, como por tantos años lo impuso la Iglesia católica, y como ahora lo pretende Nicolás Maduro para una sociedad como la venezolana, un presidente que se dice de izquierda y sin embargo asume a la mujer como un instumento del Estado, cosificándola, borrando de un plumaso años de lucha y conquistas, con su espantoso llamado "a procrear", a que cada una tenga "6 hijos para la patria"!

Esta es una realidad que recuerda que el Día Internacional de la Mujer tiene un doble carácter: el enfoque como un problema de género, que involucra a todas las mujeres sin excepción alguna, y como un problema de clase, de las mujeres trabajadoras, que involucra a todas las mujeres asalariadas, oprimidas y explotadas por el capitalismo y sus gobiernos, como lo recuerda Edgar Ospina Duque en su artículo “Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora”.

El encuentro de la mujer trabajadora, doblemente explotada, con el resto de su género, debe ser un reto y meta para ahondar la lucha que hoy sobrecoge al mundo, en especial en América Latina, donde las mujeres están constituidas en cabeza de la lucha contra el Estado capitalista y contra la sociedad patriarcal. Una lucha en la cual buscan y deberán encontrar el brazo solidario de los hombres, sin enajenación de ningún tipo, para entre ambos, como un solo cuerpo, darle paso a la justicia total en la sociedad toda.

 

 

1. Leer informe Observatorio de Feminicidios Colombia: http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/412-571-feminicidios-en-colombia-en-el-ano-2019

2. Leer Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral - Históricos- en el mes de febrero 2020: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_rueda_prensa_ene_20.pdf

 

Publicado enColombia
Seguidoras de Bernie Sanders en Arizona.Caitlin O'Hara / AFP

A pesar de sus intentos de indentificarse con Obama, Sanders ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones

Pocos movimientos políticos han sufrido un batacazo tan rápido y drástico como el que ha experimentado la campaña de Bernie Sanders entre los caucus de Nevada y el Supermartes. En el transcurso de 10 días, este aspirante ha pasado de ser el probable candidato demócrata a estar muy lejos de conseguirlo.

De hecho, las cosas se le han puesto tan mal que Sanders ha presentado un anuncio que intenta retratarlo como gran amigo del expresidente Barack Obama.

Los verificadores de datos han señalado que el anuncio es muy engañoso. Embarulla cosas que Obama ha dicho a lo largo de una década y deja fuera un contexto esencial. Pero el análisis fotograma a fotograma subestima de hecho lo hipócrita que es que Sanders intente identificarse con Obama. Porque el sandersismo, como filosofía, consiste precisamente en rechazar el obamaísmo. Es decir, se basa en negarse a aceptar la idea de una política gradual, de que medio pan es mejor que nada, y exige el maximalismo del todo o nada.

Lo cierto es que existen razones fundadas para las críticas de Sanders a Obama. Pero Sanders debería asumir esas críticas en lugar de pretender que nunca las ha hecho. Entonces, ¿de qué trata el debate? De valores, no, aunque Sanders y su círculo tienen la mala costumbre de insinuar que cualquiera que cuestione su estrategia política es un instrumento corrupto de la oligarquía. Obama estaba, y Joe Biden está, claramente a favor de objetivos progresistas como la cobertura sanitaria universal y la reducción de la desigualdad de rentas.

Pero Obama perseguía esos objetivos mediante cambios graduales. El Obamacare estaba diseñado para ampliar la cobertura sanitaria y al mismo tiempo trastornar lo menos posible la vida de quienes ya tenían un seguro médico. Obama subió los impuestos a los ricos más de lo que la mayoría de la gente imagina —en 2016, el tipo impositivo medio aplicado por el Gobierno federal al 1% era casi tan alto como antes de Reagan—, pero lo hizo con discreción, sin mucha retórica populista.

Desde el punto de vista de Sanders, este método gradual y discreto reflejaba falta de osadía (o quizá corrupción por parte de la “clase dominante”). Obama debería haber ido a por todas y (de alguna manera) haber implantado la sanidad pública para todos. Debería haber atacado frontalmente la desigualdad, con subidas de impuestos mucho mayores para “millonarios y multimillonarios”.

Y para ser justos, yo coincido de hecho en que Obama fue demasiado precavido en algunos frentes. En 2009 me tiré de los pelos públicamente por la clara parvedad del estimulo económico aplicado por Obama, y predije (correctamente) que sería un desastre político, porque la incapacidad de alcanzar resultados llamativos favorecería a los republicanos. Y creo que Obama podría haber conseguido mucho más si hubiera estado dispuesto a usar el proceso de conciliación —que permite utilizar la mayoría simple— para esquivar las tácticas obstruccionistas, como hicieron los republicanos para aprobar las rebajas fiscales de 2017.

También me disgustó mucho, en tiempo real, que Obama empezara a hacerse eco de los argumentos republicanos a favor de la austeridad presupuestaria, a pesar de que seguía habiendo un elevado desempleo. Y todavía creo que Obama podía y debería haber sometido un par de grandes bancos a la administración judicial temporal como precio por haberlos rescatado. Sin duda, Obama mostró demasiado respeto por los banqueros que habían sido los que en un principio nos llevaron a la crisis financiera.

Pero Sanders no está presentando un argumento selectivo y sosteniendo que Obama debería haber sido más decidido en algunos frentes. Defiende una agenda maximalista en todos ellos: eliminación total de los seguros de salud privados y una ampliación enorme de programas públicos que exigirían grandes subidas de impuestos tanto a la clase media como a los ricos.

La teoría política que respalda este maximalismo es la afirmación de que un programa populista audaz transformaría el paisaje electoral, atrayendo a más votantes blancos de clase obrera y aumentando el número de votantes, todo ello a una escala suficiente como para obtener una victoria aplastante en noviembre e intimidar a los miembros centristas del Congreso para que acepten propuestas radicales.

Por desgracia, no hay pruebas que respalden esta teoría política; en concreto, el prometido aumento de votantes jóvenes no se materializó el Supermartes. Por consiguiente, el sandersismo se parece bastante al linternismo verde, por su fe en que los milagros políticos pueden alcanzarse por pura fuerza de voluntad.

Como es natural, muchos seguidores de Sanders dirán que esto solo lo digo porque estoy a sueldo de los multimillonarios, o algo por el estilo.

En todo caso, necesitamos tener clara la naturaleza del debate en lo que queda de contienda demócrata. Insisto, no se trata de valores: los demócratas como grupo se han vuelto mucho más progresistas de lo que eran, y hasta un “centrista” como Biden defiende políticas —como una gran ampliación del Obamacare— que no hace mucho se habrían considerado demasiado izquierdistas.

Dicho esto, me preocupa que si Biden llega a ser presidente ceda con demasiada facilidad; los progresistas tendrán que presionarle al máximo y asegurarse de que el gradualismo no se convierte en rendición preventiva.

Sin embargo, Sanders, a pesar de sus intentos de última hora para identificarse con Obama, ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones. Entiendo el atractivo emocional de dicha estrategia, sobre todo para sus seguidores jóvenes. Pero todo lo que sabemos da a entender que un progresista que insista en jugársela al todo o nada, acabará, pues eso, en nada.

 

06 Mar 2020 - 18:30COT

Por Paul Krugman, premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

Publicado enPolítica
Página 1 de 10