“A través de la víctima se viola a toda la sociedad”
Dice que le duele que su libro Las estructuras elementales de la violencia, una obra fundamental para desentrañar la violencia machista en América latina, siga teniendo vigencia plena trece años después. Aquí, su mirada sobre un fenómeno que crece a pesar de la mayor visibilización y denuncia.

 

 

 
Es una de las voces más lúcidas de la región a la hora de pensar la violencia machista y sus consecuencias más extremas. Su libro, Las estructuras elementales de la violencia, publicado en 2003, es material ineludible para entender el fenómeno que desangra Latinoamérica. Lo más triste y doloroso, dice ella, es que no ha perdido vigencia con el paso de los años porque la violencia contra las mujeres no solo no se detiene –a pesar de que cada vez se visibiliza y denuncia más–, sino que se expresa con una crueldad inusitada, por ejemplo, al descartar los cuerpos de las mujeres asesinadas por ser mujeres como basura, en territorios deteriorados del ambiente. En una entrevista de Página/12, la antropóloga Rita Segato, reflexiona sobre las violaciones colectivas que conmocionaron a Brasil semanas atrás, y los femicidios, que no cesan en el país.

 


“Cuando comencé a trabajar primero con los presos condenados por violación en la penitenciaria de Brasilia, pensé que sería una situación excepcional y pronto abandonaría el tema. Cuando fui invitada, luego del libro Las estructuras... para aplicar mi modelo de la fatria masculina, del club de hombres, al caso de las mafias de Ciudad Juárez, pensé también que estaba ante un caso excepcional, raro, que rápidamente ese tema iba a desaparecer de la historia. Y siento una tremenda frustración porque no consigo abandonarlo. Es de una fatiga y de una amargura extraordinaria saber que desde entonces solamente el tema crece”, dice Segato.

 


Piensa la relación de género como una relación de poder fundante, la primera elección de todas las otras formas de poder, todas, en la larga historia de la Humanidad, y también en la vida de cada persona. Es profesora de la Universidad de Brasilia, de los programa de posgrado en Bioética y en Derechos Humanos. Cuando puede, se escapa a Tilcara, Jujuy, de donde es su compañero de vida, aunque transita por toda América Latina, invitada a dar conferencias, entre otras actividades. Este año fue perita en el histórico juicio de Guatemala, en el que se juzgó y condenó por primera vez a miembros del Ejército por los delito de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres mayas de la etnia q’eqchi de una aldea en Senur Zaco, en el conflicto armado ocurridos en los años ‘80. Hubo 14 peritajes; Segato hizo el antropológico y de género.

 


La entrevista transcurre vía Skype. Conversa desde su casa en Brasil, donde vive gran parte del año. Por detrás la abraza una biblioteca repleta de libros. “Fuera de Brasil es muy difícil de creer. Pero el momento político que está viviendo este país está vinculado profundamente a un retroceso moral del país”, empieza Segato, cuando se le pregunta cómo entender las violaciones colectivas que sacudieron a ese país y han desencadenado nutridas movilizaciones de repudio en diversas ciudades y un gran activismo virtual. El primero de los casos se conoció el 25 de mayo, a través de un video difundido en las redes sociales en el que aparece una joven desnuda e inconsciente mientras el autor de la grabación comenta que “unos 30 chicos han pasado por ella”. La víctima tiene 16 años y es de Río de Janeiro. Pero no fue el único hecho que se conoció. Otro tuvo lugar en el municipio de Bom Jesús, del estado de Piauí, en el norte del país. Allí, una chica de 17 años denunció haber sido violada por cinco jóvenes pocos días antes que el episodio de Río. En Piauí, destaca Segato, hubo un caso similar un año antes.

 


Como ejemplo de ese “retroceso moral”, instalado –según su visión– tras la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, Segato menciona que el ministro de Educación del nuevo gobierno, en la primera semana de gestión, a una de las primeras personas que recibió en su despacho fue a un actor porno y de televisión, Alexandre Frota, quien se había jactado en una entrevista en un programa de audiencia masiva, “Agora é tarde”, de cómo redujo y le apretó el cuello hasta dormirla para violarla a una “mãe de santo”, una sacerdotisa, de una religión local. “El ahí está expresando de forma perfecta la dominación sexual y racial que, evidentemente, después de que el ministro nada menos que de Educación lo recibe, cuenta con la aprobación de las nuevas autoridades. Esta sintonía explícita y, yo diría, exhibicionista, entre la toma de las instituciones por parte de un grupo en que la mayoría de sus miembros están involucrados en hechos de corrupción y son empresarios o pastores evangélicos, y el proyecto misógino y racista queda de esta forma demostrada. Es un grupo que pretende substituir la ley por la moral. Y no nos olvidemos que no hay sujeto más moralista que el sujeto violador. Eso lo demuestro en mi libro Las estructuras..., pero muchas estudiosas de la violación lo dicen también”, argumenta Segato.

 


Para la antropóloga, hay “una enorme convergencia” entre la reacción política y las violaciones colectivas. “La Nación golpista es también la Nación violadora. Estamos frente a un proceso político, de derecha, donde la riqueza entró a gobernar directamente, sin intermediarios, para apropiarse del Estado, como se está viendo en otros países de la región, pero aquí en Brasil con un ingrediente más que es el de la violencia sexual, que está dentro de este proyecto”. Da otro ejemplo, para abonar su hipótesis: cuenta que se presentó una catarata de proyectos en el Congreso, en las cámaras estaduales, en los municipios, para criminalizar a todos aquellos profesores que hablen de género en sus clases. Se llaman “Escuelas sin partido”. “Pero “escuelas sin partido” quiere decir que cualquier persona que lleve a las escuelas y a las universidades lo que ese grupo llama la ideología de género, será punido y puede terminar en la cárcel. Hay una golpiza enorme a la mujer, una golpiza patriarcal. El patriarcado golpea y pretende instalarse en la máquina estatal, al mismo tiempo que se instala este nuevo empresariado. Es un momento realmente increíble. Es una barbarie sin ley. Está en la calle. Está en la política también”, afirma Segato.

 


–Entonces...¿cómo hay que leer esas violaciones colectivas?

 


–Siempre sostuve que lo que pasa con las mujeres es un síntoma de los tiempos. No se trata de crímenes de la intimidad. Se trata de crímenes que expresan el estado de arbitrio, que es el estado del presente. Deben ser leídos como un termómetro de la época histórica en la sociedad. Son crímenes que desafían a la autoridad legítima, y el legítimo control de la violencia por parte del Estado. Pero también son crímenes en los que el comportamiento de las agencias estatales –policiales y jurídicas– son cómplices. Son crímenes en los que el poder se confirma y se espectaculariza, en tiempos en que la espectacularización y el exhibicionismo son las formas en que el poder se impone como tal.

 


–No es la primera vez que ocurren violaciones colectivas... ¿por qué pensarlas de una forma distinta?

 


–Han sucedido en secuencia, varias. En relación comunicativa. Se ha iniciado el proceso en Piauí que es un estado del norte, considerado y visto en el Brasil como uno de los más atrasados de la Nación, campesino. No es que lo sea, no creo que lo sea, porque al mismo tiempo es el primer estado en el que hubo un prefecto transexual, y que personas trans alcanzaron puestos con representación política y tienen respeto en sus comunidades. Estos avancen contradicen los preconceptos que tenemos también sobre la modernidad en las grandes urbes. En el estado de San Pablo, que es considerado el más adelantado del país, ha habido asesinato de concejales por ser gay. Entonces tenemos prejuicios positivos y equivocados sobre San Pablo y prejuicios negativos y equivocados sobre Piauí, que serían los dos extremos de Brasil.

 


–¿Estas violaciones, las dos ocurridas en Piauí y la de Río, tienen una estructura semejante?

 


–Sí, las tres son viralizadas en Internet y dan origen primero a una confraternización masculina, en el poder dominador, violador, de los hombres que materialmente realizaron el acto y luego se agrega a través de la viralización digital una cantidad de otros hombres que se cofraternizan también. Es un festín masculino sobre la víctima sacrificial: infelizmente, realiza mi modelo de interpretación del libro Las estructuras..., donde enfatizo que hay un eje fundamental en la violencia contra las mujeres, que es el eje de comunicación entre los hombres mediante el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer es un resto de un festín donde el poder se constituye y se consolida mediante esa rapiña compartida.

 


–En uno de sus textos más recientes, Frente al espejo de la reina mala, dice que a Brasil le falta espejo de reina mala...

 


–Países que sufren tremenda violencia como México, Colombia, e incluso, Argentina –donde hay menos eventos de tanta violencia, la mafialización ha ingresado hace poco tiempo y se mantiene en bolsones, en Rosario, en la provincia de Buenos Aires–, tienen un espejo, saben que tienen dentro de sí esa plaga, esa peste, que es el control paraestatal mafioso de sectores vulnerables de la población. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 21 son brasileñas, pero Brasil no lo ve, no consigue verse a sí mismo como teniendo este problema. Yo veo una analogía y una sincronicidad significativa entre este brote de violaciones colectivas y confraternización de hombres que se sienten empoderados, frente a lo que les es posible sentirse empoderados: una víctima dormida, niña, joven, sola. Esa escena de la espectacularización va en paralelo con la escena del Presidente en ejercicio, Temer, con su gabinete integrado totalmente por hombres y las figuras que fueron centrales en el proceso de impeachment, planteando en el Congreso y en los medios masivos de comunicación, su posición antifemenina, diciendo cómo la mujer no debe empoderarse, como la mujer tiene que permanecer en su lugar de mujer, como es imposible aceptar el aborto. Hay una sincronicidad de varias escenas que son conspicuas.

 


–En paralelo, se conoció en el país el caso de una niña wichi violada por ocho criollos, en una población rural del norte de Salta, donde la Justicia actuó para darles impunidad a los perpetradores...

 


–Las niñas wichis han sido violadas a lo largo de toda la historia. Es una costumbre de los criollos salteños y jujeños con las niñas indígenas. Este caso trascendió pero hay otros que no se llegan a conocer. La conquista nunca terminó en nuestro continente, es un proceso abierto y en expansión, que ya tiene 500 años. Cuando un hombre indígena tiene acceso carnal con una niña wichi, aun cuando no haya denuncia, el Estado se apropia del caso y condena al hombre indígena. Pero cuando es al revés, cuando la joven wichi es violada, aunque sea menor de edad, por un grupo de blancos, cuando la niña va por justicia, el Estado dice que se ofreció por prostituta. Es terrible el doble estándar, particularmente en las provincias del norte. La mayoría de los jueces pertenecen a la elite violadora, que ven al indio como un residuo de la sociedad. El racismo no se ha tocado en la Argentina. No hemos hablado nunca. La masculinidad para constituirse, para titularse, necesita de esas víctimas. Son prácticas repetidas.

 


–En el imaginario persiste la idea de que quienes perpetran las violaciones colectivas son varones monstruosos. Así los suelen retratar los medios de comunicación. ¿Cómo los define usted?

 


–Los que perpetran este tipo de hechos son varones normales. Si fuera como a veces la prensa los retrata, como seres solitarios, psicópatas, animales, monstruos solitarios, no podrían actuar en grupo. Es un crimen hecho en sociedad. Estas son las imágenes del subdesarrollo. Y quienes producen esas imágenes del subdesarrollo son los criollos.

 


–Me impactó mucho una frase de la adolescente violada en Río: en una entrevista dijo “no me duele el útero, me duele el alma”.

 


–Las personas que trabajan con estadísticas están absolutamente seguras de que hay una subnotificación de gran magnitud de este tipo de hechos, porque la niña no lo había denunciado. Y recién lo hace cuando se viraliza el video y personas que lo ven van a su casa con un abogado, la acompañan y la invitan a denunciar. El daño es un asesinato moral. Es una persona muerta para el ejercicio de su sexualidad: ha muerto algo en ella. Lo importante es que a través de esa víctima se viola a toda la sociedad.

 


–Las organizaciones feministas en Brasil denuncian una cultura de la violación. ¿Usted qué piensa de esa postura?

 


–Siempre tengo una gran desconfianza de los clichés, de las fórmulas fáciles. El culturalismo siempre es extremamente peligroso, porque estabiliza, lo costumbriza, lo transforma en un hábito prácticamente. Más interesante es hablar de manuales de poder: yo les llamo pedagogías de la crueldad, contra las cuales tenemos que construir estrategias eficaces. Son crímenes, eventos que representan un momento que es excepcional, que van a ser próximamente controlados, dominados por la legalidad, por las normas que permiten a hombres y mujeres vivir todas juntas. Porque en el fondo lo que está habiendo es un proceso de división, igual que en Argentina, con ese proyecto de la diputada (Graciela Ocaña) para crear vagones exclusivos para mujeres en el subte. En México ya es así, en Brasil en algunos lugares. Pero eso es una barbarie. Es aceptar lo que ellos están proponiendo como sociedad.

 


–En Argentina la sociedad está muy movilizada frente a la sucesión de femicidios. El 60 por ciento ocurre a manos de la pareja o ex pareja de la víctima.

 

¿Qué aspectos en común encuentra con las violaciones colectivas? ¿En que se unen y en qué se distancian estas otras formas de violencias machistas?
–La proporción es de uno a uno. No estamos frente a estos actos colectivos como el de la violación. Todos tienen por detrás la estructura de género como la primera y fundacional estructura de poder. Pero necesitamos ver la diferencia. Lo que vemos en Argentina en los últimos casos, es bastante interesante: crímenes domésticos que se perpetran con características de crueldad de un ambiente bélico.

 


–¿A qué se refiere?

 


–Aunque la víctima ya está muerta, hay más crueldad en la manera en que se arrojan esos cuerpos, haciendo una equivalencia entre el deterioro del cuerpo y los lugares deteriorados del ambiente, zanjas, basurales, que se eligen para depositarlos. Eso es también parte de la crueldad. Ese cuerpo está absolutamente desprovisto de valor: es un mensaje a todas las mujeres y a la sociedad entera, y al propio Estado y a la legalidad, a todas las personas que todavía tienen una fe cívica, alguna esperanza en la ley, todo ese conjunto de personas son agredidas por esos actos. Hay un lenguaje de poder y una dimensión de lo relacional entre el agresor y la víctima, la venganza, la afirmación de propiedad sobre su persona, hay variantes, pero por detrás se encuentra siempre una estructura donde el hombre tiene que actuar, espectacularizar su poder. En esa relación él está disciplinando a todas las mujeres de la sociedad.

 


–¿Cómo seguimos hacia adelante?

 


–Cerrar filas en el ambiento comunitario, colectivista. Salir del individualismo, a entregar tiempo y energía a consolidar la amistad, que no es la fraternidad, que es muy abstracta. Salir del universo de la ciudadanía como masa, y entrar en el universo de las relaciones cuerpo a cuerpo, cara a cara. Entre conocidos. Esa atmósfera comunitaria, localizada, arraigada, es lo único capaz de proteger a las personas.

Publicado enSociedad
Parafernalia de una Ley que poco tiene de nuevo y que poco solucionará.

El pasado lunes 18 de enero se socializó la Ley que castiga a quienes usen agentes quñimicos para agredir a otras personas. Este tipo de conducta dejó de ser considerado como una simple agresión personal, ahora será procesada como un delito que acarrea penas hasta de 30 años de prisión.

 

Natalia Ponce de León, acompañada de otras víctimas de ataques con ácido sulfúrico, encabezó la comitiva que estaba junto al presidente Juan Manuel Santos al momento de presentar ante el país la Ley que lleva el nombre de esta mujer, atacada con ácido y desfigurada en su rostro, transformada ahora en Colombia en el icono de la violencia contra la mujer.


Natalia Ponce, estaba en el parqueadero de su lugar de residencia cuando el 27 de marzo de 2015 fue atacada de manera sorpresiva y aleve por Jonathan Vega, quien rebosante de machismo se "vengó" de la negativa recibida de parte de Natalia ante su deseo de sostener una relación sentimental.


No todo lo que brilla es oro


Retomando un sentir punitivo nacional, la nueva normatividad presentada ante el país por el Presidente tipifica este tipo de ataque con penas fuertes impuestas según su gravedad. La ley sancionada sube las penas por ataques con ácido de 12 años y 5 meses de prisión a 20 años para los casos donde las víctimas resultan con daños reversibles. Cuando los ataques causen daño permanente en la víctima, como el caso de Natalia Ponce de León, las penas se incrementan hasta en 30 o más años según el perjuicio, y si la víctima es una mujer o un menor de edad, la pena puede alcanzar hasta los 50 años. Antes eran de 20 años y 9 meses. Adicional al encierro, los agresores tendrán que pagar multas entre los 644 y los 1.932 millones de pesos, es decir, un imposible.


Además los sancionados por estos delitos no podrán gozar de ningún tipo de beneficio judicial, por lo que deberán padecer en encierro el total de la pena impuesta. Es decir, y contrario a lo pretendido con el castigo carcelario, acá no hay pretensión de resocialización sino, y con toda claridad, de venganza. ¿Será declarada inconstitucional por esto la nueva Ley, evidenciando sin tapujos que con ella lo que pretendió el Presidente fue, simplemente, valerse del sentimiento punitivo nacional, siempre a flor de piel, y cabalgar sobre él con pretensión de ganar algo de opinión pública?
Otro de los puntos trascendentales de la norma son las sanciones de entre 4 y 12 años para quienes comercialicen ilegalmente estas sustancias. El Gobierno deberá formular una política pública para la asistencia a las víctimas. Aspecto que suena más a un simple eufemismo ya que el ácido sulfúrico lo puede sacar el victimario de una batería de carro, es decir, la opción de la tienda de químicos no es única ni indispensable. Pero, además, como es conocido en el país, este ácido está restringido en su venta pues también lo usan los narcotraficantes para procesar la hoja de coca.


Impunidad multiplicada


Según Medicina Legal, en Colombia los casos de ataque con ácido en contra de mujeres, y no denunciados, suman mil en los últimos diez años, mientras el número de ataques reportados ante las autoridades alcanza los 628 en seis años, de los cuales más del 90 por ciento permanecen impunes.


Lo que se logra con esta ley es que "una persona lo piense dos veces antes cometer un ataque, y que se controle la venta de los químicos empleados", dice Natalia quien se convirtió en la vocera de las víctimas de este tipo de ataques y precursora de la fundación que lleva su nombre. "No sé cuántos casos como estos llevamos en Colombia, pero casi todos están en la impunidad y los agresores siguen por ahí sueltos. El Estado no ha hecho el más mínimo esfuerzo de buscarlos. Cuando a mí me atacaron el 27 de marzo de 2014, se ofrecieron $75 millones por encontrar a Jonathan Vega y lo encontraron en ocho días. ¿Por qué conmigo sí lo hacen y con el resto no?". Aunque la ley responde a una problemática que no puede ignorarse más, el problema de fondo es mucho más complejo, imposible de solucionar simplemente con el aumento de las penas a los delitos. Colombia es un país de tradición machista en el que la violencia contra la mujer es un crimen repetido a diario, llevado a cabo por machos victimarios, pero también invisibilizado por las mujeres que en muchas ocasiones, aún hoy, tal vez por miedo u otras circunstancias, guardan silencio.


Colombia se encuentra dentro de los países que más casos de ataques con ácido son reportados al año. Al nuestro se le unen Pakistán, India, Bangladesh, Irán y otros países de Asia y África.


Es evidente que este tipo de agresiones se torna en una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres, pues no solo deja marcas corporales imborrables sino que el daño emocional es casi que irreparable. La razón por la que el agresor decide atacar de esta manera está ligada al machismo, yugo que padecen las mujeres de gran cantidad de países.


Increíble pero evidente. Estos atroces ataques toman forma por sucesos en los que la violentada rechaza una propuesta de matrimonio, o porque no accede a algún requerimiento sexual, por celos, por venganza, o circunstancias similares.


Y a pesar del elevado número de víctimas de ataques con ácido, solo hasta el 27 de marzo de 2014, cuando ocurrió el doloroso caso que afectó a Natalia Ponce de León, fue que esta problemática se tornó en un tema de indignación nacional, a tal punto que se libró una batalla jurídica para que este caso en particular y ningún otro de este tipo, quedara impune, y que aquellas personas que cometieran actos de esta calaña, recibieran castigos mucho más severos. De por sí la causa es justa, lo cuestionable es ¿por qué hasta ahora, por qué –con un claro trasfondo de clase– cuando la victima es una persona adinerada?


Es ante esta realidad y la presión suscitada, por la creciente sensación de inseguridad cotidiana de las mujeres colombianas, y ante la presión de varios sectores sociales, entre ellos los movimientos feministas, defensorías de la mujer y en general de la sociedad colombiana, es que surge el proyecto de ley ahora transformado en tal, una norma eminentemente represiva y que, en últimas, no previene de manera efectiva este tipo de delitos, pues a pesar de las altas condenas aún continúan cometiéndose estos ataques, sin olvidar que esta es solo una expresión de la violencia a la que la mujer colombiana se enfrenta.


Si bien esta medida expresa un pequeño avance en cuanto al reconocimiento de los crímenes de género, no sobra enfatizar que mientras en nuestra sociedad se reproduzca el modelo machista, reflejado en la disparidad de oportunidades laborales, la inequidad en los salarios, la falta de oportunidades de educación para nuestros hijos e hijas –para una formación incluyente e igualitaria– la cotidianidad familiar signada por el dominio del hombre sobre la mujer, la valoración y reproducción y legitimidad social de infinidad de conductas machistas –a través de canciones, chistes, concursos de "belleza", publicidad y mercadeo difundida de manera masiva y cotidiana por los grandes medios que luego exigen elevadas penas de presión para todo tipo de infractor de uno o de otro tipo– difícilmente los crímenes en contra de la mujer dejarán de tener ese trasfondo de violencia de género.

Publicado enColombia
Página 3 de 3