El Banco Mundial alteró la calificación de Chile durante el Gobierno de Bachelet

El economista jefe del organismo, Paul Romer, pide disculpas al país sudamericano por las manipulaciones que habrían respondido a objetivos políticos
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Un profundo impacto en el mundo de la política y la economía chilena ha causado la publicación de Wall Street Journal (WSJ) de este sábado, en la que el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, reconoce que la organización financiera dependiente de Naciones Unidas alteró su ranking de competitividad empresarial en desmedro de Chile y, específicamente, de Michelle Bachelet. Se trata de la medición Doing Business, donde Chile bajó constantemente en el mandato de la socialista (2006-2010), subió en el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014) y volvió a bajar cuando la médico volvió al poder (2014-2018). En estos 12 años, Chile ha fluctuado entre el puesto 25 y el 57.


Las variaciones se habrían producido “debido a motivos políticos", según las palabras de Romer al WSJ. “Quiero disculparme personalmente con Chile y cualquier otro país donde hayamos transmitido una mala impresión”, indicó el economista.


La presidenta Bachelet, que en marzo próximo termina su segundo mandato, reaccionó de inmediato a través de Twitter. “Muy preocupante lo ocurrido con el ranking de competitividad del Banco Mundial. Más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional”, escribió la socialista.


“Dada la gravedad de lo sucedido, como Gobierno solicitaremos formalmente al Banco Mundial una completa investigación. Los rankings que administran las instituciones internacionales deben ser confiables, ya que impactan en la inversión y el desarrollo de los países”, indicó Bachelet, que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Entre 2010 y 2013 lideró ONU Mujeres desde Nueva York y a partir de junio liderará el programa Alianza para la Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño de la Organización Mundial de la Salud, en reemplazo de Graca Machel, viuda de Nelson Mandela. Además, desde hace unos meses se conoce que participará en un nuevo organismo mediador de conflictos internacionales de la ONU, para la que fue convocada por su presidente, António Guterres.


El economista jefe del Banco Mundial indicó que se corregirán y recalcularán los índices chilenos de competitividad empresarial. En los últimos cuatro años, por ejemplo, la caída de Chile fue provocada casi en su totalidad porque se cambió la metodología de análisis y no por cambios en las medidas permanentes del entorno comercial del país. “Sobre la base en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones comerciales no empeoraron en Chile bajo la Administración de Bachelet”, agregó Romer.


El ministro de Economía chileno, Jorge Rodríguez, indicó que la alternación del ranking “es de una inmoralidad pocas veces vista”. “Es un escándalo de proporciones, porque lo que señala es que habría sido manipulada por el economista a cargo de su construcción (Augusto López-Claros), para hacer ver un deterioro económico durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con intenciones básicamente políticas”.


Después de la entrevista de Romer en el WSJ, el Banco Mundial anunció a través de un comunicado que realizará una investigación para aclarar los hechos. “En vista de las preocupaciones expresadas por nuestro economista jefe Paul Romer en los medios y nuestro compromiso con la integridad y la transparencia, llevaremos a cabo una revisión externa de los indicadores correspondientes a Chile en el informe Doing Business”. El organismo, sin embargo, defendió la imparcialidad de esta medición en sus 15 años de existencia y la calificó como “una herramienta invaluable para los países que buscan mejorar su clima de negocios, dando seguimiento a miles de reformas”.


López-Claros, el experto del Banco Mundial acusado de manipular el ranking de Chile, respondió a través de un correo electrónico a Bloomberg y señaló que las acusaciones de manipulación política “no tienen mérito alguno” y que el cambio de metodología fue “totalmente justificado y transparente”.


El segundo Gobierno de Bachelet, que finaliza en marzo próximo, estuvo marcado por las transformaciones estructurales y, a su vez, por un crecimiento económico discreto, de 1,8% en promedio. Sus críticos acusan a la socialista de haber generado inestabilidad con reformas mal implementadas, como la tributaria, y de haber dejado de lado el crecimiento económico, una de las banderas con la que fue electo Piñera para el período 2018-2022.

Por Rocío Montes

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Lunes, 25 Diciembre 2017 16:48

Fujimori indultado

Fujimori indultado

El espejo peruano ha terminado por reflejar que la corrupción política y desintegración nacional ha llegado a su máxima expresión. Después de hacer un esfuerzo por no vacar a un presidente que ganó “por un pelo”, y haberlo rescatado por “otro pelo” con el retiro de 10 votos de la izquierda, se ha sabido que en realidad había una maquina en marcha al menos desde octubre del 2017 para liberar a Fujimori. Es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa maquinaria. Pedro Francke ha circulado un texto dando precisiones procesales y el Ministerio de Justicia, donde el Ministro es el Fujimorista Enrique Mendoza, negó el 22 de diciembre la existencia del informe de la junta médica que estaba circulando en las redes. Mientras Mercedes Araoz salió a la prensa a decir, el mismo 21 de diciembre, que en el gobierno de PPK “los indultos no se negocian”. Lo cierto es que bajo el premierato de Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo. Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el congreso, y el cambio de gabinete se entendió que iba en esa dirección.

El ministro de Justicia Enrique Mendoza, asumió el cargo el 11 de setiembre y entonces se dijo que eso era para liberar a Fujimori. Se escribió entonces que “Una de las razones por las que la designación de Enrique Mendoza ha sido cuestionada es porque algunos especulan que el reemplazo de Marisol Pérez Tello se debe a la oposición de la ex ministra de Justicia a un eventual indulto a Alberto Fujimori.

Según Pérez Tello, al expresidente peruano no le correspondería un indulto común ya que fue condenado por crímenes considerados de lesa humanidad. La única posibilidad para que Fujimori salga de prisión, de acuerdo a la exministra, sería otorgarle un indulto humanitario si es que se comprueba que tiene una enfermedad que lo amerite.” http://altavoz.pe/2017/09/18/27551/perfil-quien-es-enrique-mendoza-el-nu...

Con el Ministro de Justicia adecuado para la liberación de Fujimori, éste cambió la Comisión de Gracias Presidenciales un mes después de llegado al cargo. La Comisión de Gracias Presidenciales fue cambiada el 12 de octubre del 2017 cuando se nombraron nuevos presidente y miembros liderado por Orlando Franchini Orsi de 92 años. Franchini renunció seis días después y fue sustituido por el vice ministro de Justicia Juan Falconi Gálvez el 7 de noviembre. El Ministerio de Justicia estaba listo para firmar el indulto.

En paralelo, el 11 de setiembre asumió el ministerio de Salud el Vice Almirante (r) Fernando D’Alessio. Igualmente el 11 de octubre, en simultáneo con el Ministerio de Justicia, cambiaron al Director de redes integrales de salud Lima Este. Lima Este es la zona donde se encuentra el penal donde estaba Fujimori. Puso en el cargo a Luis Champin Loli, un ex – marino que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro para tener un informe favorable al indulto por razones humanitarias sin consultar al Colegio Médico o a alguna de las sociedades de especialistas médicos en los temas que afligen a Fujimori.

El Ministro D’Alessio tuvo un recorrido como director de Centrum de la Católica donde dejó un reguero de juicios y de problemas con numerosos profesores por arbitrariedad. Así, con la misma arbitrariedad la junta médica penitenciaria estuvo conformada por el médico de Alberto Fujimori. La Junta Médica Penitenciara dijo en el 2013 que Fujimori no tenía cáncer terminal. Ahora el informe dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente por más o menos todo lo que se le controla a la gente mayor. Ese es el argumento humanitario. Liberado por viejo.

Esta trama que involucra dos ministros y dos cargos de tercer nivel cambiados en la misma fecha y que colocó al médico de Fujimori dentro de la Junta Médica Penitenciaria, invalidándola, fue algo coordinado. Ocurrió bajo dos ministros del gabinete Araoz, así es que cuando ella dijo que este gobierno no negocia indultos, es posible que ya supiera como iba este indulto desde antes. En todo caso ella es la responsable política directa y ya renunció debido a eso. Los operadores de Salud y Justicia deberían irse de una vez y el fallo debe ser rectificado y Fujimori regresado a la cárcel. ¿Quién coordinó la trama?

PPK, si tuviera sangre en la cara, renunciaría, pero ya se sabe que su única motivación es el dinero y el poder. Los que votamos por él en la segunda vuelta fuimos engañados. De qué importa un buen profesional que nunca dice la verdad. De qué importa un Presidente (otro más) que solo miente para tener más poder. Dijo que siempre fue honesto. Esta acción lo ha confirmado como mentiroso y tramposo, arrogante y vano. Es una basura.

25/12/2017

- Oscar Ugarteche, economista peruano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM (México), SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto Obela www.obela.org.

https://www.alainet.org/es/articulo/190063

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Viernes, 15 Diciembre 2017 07:03

Escrito en piedra, o en el agua

Escrito en piedra, o en el agua

En el año de 1982, la Asamblea Constituyente de Honduras aprobó una nueva carta magna en la que se prohibía la relección presidencial de manera terminante e inconmovible. Ni por medio de una reforma constitucional, ni aún por un plebiscito podía cambiarse el artículo que impedía a un Presidente de la República continuar en el mando. Esta prohibición entraba entre las disposiciones llamadas pétreas, escritas en piedra. Y el código penal pasó a considerar el solo intento de promover la relección como un delito de traición a la patria.


La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las instituciones, someterlas, y corromperlas.


En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular mediante lo que llamó una cuarta urna en busca de abrir la vía para llamar a una nueva Asamblea Constituyente, y fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía relegirse.


Como remate de la grave crisis que se desató, el ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del Partido Nacional, lo derrocó. Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, Zelaya fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión y expulsado a Costa Rica.


En 2014 fue electo presidente Juan Manuel Hernández, del Partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados suyos recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que las disposiciones escritas en piedra que prohibían la relección fueran derogadas. El solo hecho de formular la petición, ya facultaba a las mismas autoridades judiciales para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aún la ciudadanía, por incitar, promover o apoyar el continuismo o la relección del Presidente de la República, según la letra de la misma Constitución.


La Corte Suprema, dominada por magistrados del Partido Nacional, por el contrario, fue en todo complaciente con el recurso. Lo admitió, y dio la razón a quienes lo interpusieron. Y así sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la relección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.


Estas son las raíces del drama que hoy está viviendo Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre de este año, cuando un cuestionado Tribunal Supremo Electoral se ha visto impedido de poder declarar a un ganador frente a una votación estrechamente dividida entre el propio presidente Hernández, convertido en candidato gracias a una sentencia espuria, y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla, respaldado por el ex presidente depuesto Manuel Zelaya.


El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras interrupciones intermitentes del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital.


Lo esencial de unos resultados electorales aceptados por todas las partes es establecer la gobernabilidad, algo que parece difícil de conseguir ahora, cuando el Tribunal Electoral ha concluido un nuevo recuento parcial de los votos sin la presencia de la oposición, y mantiene el escaso margen de ventaja en favor del presidente Hernández.


La oposición no acepta los resultados y demanda un nuevo recuento total, o la anulación de las elecciones para celebrar unas nuevas, algo que luce más que improbable; y aunque los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaran el escrutinio oficial, la sombra del fraude no podrá ser desterrada, y por tanto no se conseguirá la legitimidad de la relección de Hernández, lo que viene a representar un grave retroceso para la credibilidad del sistema democrático que, de una u otra manera, y entre tropiezos, ha logrado avanzar en más de tres décadas en Centroamérica, y en general en América Latina.


En países donde la fortaleza institucional no termina de conseguirse, la relección presidencial viene a ser un mal de consecuencias perniciosas, porque fortalece ese vicio de poder que hemos padecido de manera endémica, no otro que el caudillismo autoritario.


No tengo que regresar a las aulas de la facultad para que mi profesor de derecho constitucional vuelva a explicarme la inconmovible pirámide de Kelsen: en la jerarquía legal no hay nada por encima de la Constitución, situada en la cúspide, en tanto todas las leyes y demás actos institucionales se le subordinan y, por tanto, una sentencia judicial no puede borrar ni enmendar lo que la Constitución establece desde arriba.


Pero es lo que hizo desgraciadamente la Corte Suprema de Costa Rica, cuando en 2003 ordenó anular la prohibición de relección establecida por una reforma constitucional en 1969. Esta sentencia, proveniente de un país de reconocida tradición democrática creó un precedente nefasto que ha sido seguido después en Nicaragua, en Honduras y últimamente en Bolivia.


En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dominada por magistrados del partido del comandante Daniel Ortega, declaró inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la relección, y así pudo presentarse como candidato a un segundo periodo en las elecciones del año siguiente, que por supuesto ganó, como ha seguido ganando las demás, amparado por las razones filosóficas de sus correligionarios del tribunal, expresadas así, en mayúsculas: el derecho a Elegir y Ser Electo, no puede ser alterado... por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano.


Evo Morales, que lleva ya varios periodos como presidente de Bolivia, buscó seguir religiéndose y para ello convocó un plebiscito, que perdió. No dejó de insistir. Ahora, el Tribunal Constitucional lo autoriza a seguir presentándose como candidato de manera indefinida. La prohibición constitucional, dice la sentencia, violenta sus derechos políticos.


Lo escrito en piedra, está más bien escrito en el agua.


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Lunes, 27 Noviembre 2017 07:08

Honduras amanece con dos presidentes

Honduras amanece con dos presidentes

Los primeros datos oficiales dan la victoria a Nasralla en Honduras pero Hernández se resiste a darse por vencido


Tanto el candidato opositor, Salvador Nasralla, como el actual presidente, Juan Orlando Hernández, se presentan como vencedores en las elecciones de Honduras. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano encargado de monitorear los comicios y dar los resultados, ha avanzado sus datos preliminares que dan la victoria al aspirante de la Alianza Opositora contra la Dictadura. Pasadas las 2 de la madrugada, desde el hotel Plaza San Carlos, en Tegucigalpa, los magistrados dan un 45,17% a Nasralla, por un 40,21% al líder del Partido Nacional. Este, sin embargo, no tira la toalla y afirma que en los votos que todavía quedan por contar está su victoria. La tendencia apunta al triunfo de la coalición entre Libre (partido del expresidente José Manuel Zelaya, depuesto en un golpe de Estado en 2009) y el Partido Innovación y Unidad-Social Demócratas (PINU). El candidato opositor llama a sus partidarios a concentrarse frente al TSE a las 14.00 horas (las 21.00 horas en España).


Durante varias horas, Honduras vive en bicefalia retórica. Por un lado, el presidente, Juan Orlando Hernández, se había declarado ganador para las 8 de la tarde. Poco después comparecía su rival, el cabeza de lista de la Alianza Opositora contra la Dictadura, que aseguraba estar a la cabeza. Los cómputos eran diferentes. El jefe de Gobierno se basaba en los sondeos a pie de urna, que es la fórmula que habitualmente sirve para que un candidato se declare vencedor. El opositor, sin embargo, había anunciado que hasta que no tuviese datos de las actas físicas no se pronunciaría. De esa primera pugna, aún en el terreno de lo simbólico, salió vencedor Nasralla. Aún sin que el Tribunal Supremo Electoral se pronunciase, el representante del Partido Nacional saldría en otra ocasión para proclamar su victoria, en esta ocasión en base al escrutinio. Sin embargo, no nos adelantemos.


Pasan de las 20.00 horas y en el Hotel Aurora, el cuartel general de la Alianza, se aguarda la llegada del candidato. Previamente, José Manuel Zelaya, desde la sede de Libre, calienta el terreno asegurando que las primeras actas les dan la victoria. A tener en cuenta: los opositores no se fían de las encuestas a pie de urna y tampoco de los recuentos del Tribunal Supremo Electoral, al que acusan de estar al servicio del Ejecutivo. Previamente sus líderes ya habían avanzado que solo asumirían los datos que sus propios activistas recogiesen en los colegios electorales.


Entra Nasralla, acompañado por su plana mayor, entre los que se encuentran Zelaya y Xiomara Castro, su pareja y candidata en 2013, y se presenta triunfal. Afirma que los primeros datos de los que disponen le ponen diez puntos por encima de su rival. Este, media hora antes, había comparecido dándose por ganador. O pecó de excesiva confianza en sus fuerzas o alguien le pasó mal los datos porque en ese momento, a pesar de que el TSE no había abierto la boca, daba la sensación de que pensaba ir a celebrarlo sin esperar a los datos oficiales.


Nasralla, por su parte, anunció que plantaría batalla. Convocó a dos ruedas de prensa más y dejó un mensaje claro: si en la última comparecencia admitía su derrota era que nada se podía hacer. Si seguía presentándose como presidente, habría que “defender el voto”. Por eso convocó ante la sede del Tribunal Supremo Electoral una protesta para la jornada siguiente. Una jugada arriesgada. Hay que tomar en cuenta que Honduras ha aprobado recientemente una ley antiterrorista que castiga duramente las protestas. Durante la jornada, muchos de los partidarios de la Alianza, como Norman Giovanni Estrada, coordinador en el barrio del Pedregal, se mostraban dispuestos a salir a la calle en caso de que su partido cantase fraude. Otros, como Ricardo Martínez, miembro de la mesa en el colegio Francisco Morazán, en la colonia Bellavista, uno de los feudos del PAN, reconocía tener miedo. “No saldré. No quiero que me macaneen (golpeen) o acabar en el mamo (cárcel)”.


Pasan las horas y no hay movimientos. Habitualmente, el TSE ha dado sus resultados antes de la medianoche. Y, previamente, iba emitiendo estimaciones, generalmente desde las 20.00 horas. En esta ocasión, nada. El silencio da lugar a muchas especulaciones. Especialmente en un país como este, marcado por un golpe de Estado hace ocho años, con una fuerte influencia de EEUU y con un Gobierno que, progresivamente, se ha hecho con todos los espacios de poder.


La tranquilidad se rompe pasada la medianoche. Ya en la sede de la Alianza, Nasralla vuelve a presentarse ante la prensa. Esta vez, más arropado por seguidores. En esta ocasión, con mayor contundencia. Asegura que la victoria no tiene vuelta atrás, que las tendencias son irreversibles. Y demuestra más convencimiento. Lo que cuatro horas antes era una movilización ahora se presenta como una fiesta. “Hay que salir a celebrar pacíficamente”, proclama, instando a los hondureños a desplazarse a Tegucigalpa. El lunes es festivo para los empleados públicos. Estos, tradicionalmente, se han vinculado al oficialismo. Aunque algo tiene que ver el sistema clientelar organizado por el Partido Nacional, que vinculaba la continuidad en el puesto a que Hernández ganase las elecciones.


La comparecencia de Nasrala ha desatado la euforia. Mientras el ya presidente atendía a los medios de forma desordenada, a su alrededor comenzaba la fiesta. “Por primera vez vamos a tener democracia, gente que nos representa, que no se haga rica con el erario público, gente que no tiene pasado y nos va a valorar de verdad”, decía Jorge, un joven que se había quedado pegado a la valla que le separaba de la cúpula del partido con una bandera roja de Libre. En la zona destinada a los periodistas, “Mel” Zelaya bailaba mostrando un cartel con un gráfico en el que podía verse la victoria de la Alianza sobre el PAN y los liberales.


Mientras tanto, el TSE seguía mudo. Y su página web, donde estaba previsto que ofreciesen los conteos, permanecía caída.


“No hay salud, educación ni garantías vitales. Nos robaron el seguro social (en referencia al desfalco de 300 millones de dólares), nos hicieron tomar pastillas de harina (un escándalo desatado en la sanidad hondureña, en el que se descubrió que se había dado a pacientes pastillas de harina en lugar de medicamentos, lo que provocó varios muertos). Estamos cansados de tanto abuso”. A Perla Rivera, de 21 años, casi se le quiebra la voz de alegría. “Hoy hacemos historia, hemos roto con el bipartidismo”, añade. Durante décadas, en Honduras ha existido un turnismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ambos tienen más de un siglo de historia. De hecho, el propio Zelaya fue presidente tras presentarse por la segunda formación y únicamente dio el salto a fundar Libre tras el golpe de Estado y su posterior exilio.


La incertidumbre seguía siendo la misma. Juan Orlando Hernández mantiene el control sobre los militares y todavía podría tener a bien reclamar una victoria de la que aún no ha abdicado. Además, los magistrados se mantenían callados, lo que puede ser interpretado como signo de que las cosas no van como al presidente le gustaría.
“¡Vamos al Tribunal Electoral!” Crecidos, los partidarios de Nasralla montan una improvisada caravana de pick-ups. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Es decir, si no se anuncian los resultados (un anuncio al que, por cierto, la oposición no daba credibilidad), marcharán al lugar del conteo para presionar.


Por el camino, entre bocinas y canciones (al margen de los hits de la temporada, Quilapayún se mantiene como clásico imprescindible), llegaba la segunda comparecencia del todavía presidente. Atrincherado en el hotel Honduras Maya, el jefe de Gobierno insistía en que él era el ganador de las elecciones. Y recurría al argumento que sus rivales esgrimieron durante toda la campaña: el de dar validez a las actas físicas. “Con el 50% de actas que tenemos, soy el ganador”, clamaba. Para ese momento había perdido la iniciativa. La comparecencia sonaba a respuesta, a tratar de mantener el control en medio de la euforia opositora.


Mientras tanto, el TSE seguía mudo.


Frente al hotel convertido en sede, cada vez se concentraba más gente. En la puerta, un destacamento de antidisturbios impedía el paso, aunque de forma relajada. No parecía que fuesen a cargar, como así fue. Pasadas las 2 de la madrugada (las 9 en España), el TSE ofrece sus primeros resultados: Nasralla va por delante. Se desata la euforia entre los pick-ups, que hacen las veces de plataforma de discoteca donde bailar y ondear la bandera roja. Durante dos horas, los opositores se han mantenido frente al hotel. Hasta que han decidido retirarse, preparados para la jornada de mañana. Aunque hay quien no las tenía todas consigo. Raúl Rodríguez, maestro, consideraba que “aún pueden decir que en los votos que quedan ha dado la vuelta y JOH ha ganado”. La desconfianza hacia la administración es absoluta. Aunque, progresivamente, crece la sensación de que la oposición vence “a pesar del fraude”, como asegura Rodríguez. Durante la jornada se han registrado irregularidades como compras de votos. No obstante, este era un trámite que los fieles a la Alianza daban por seguro.

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Estalló el submarino argentino; se sabía desde hace 9 días

Dolor y furia fue la reacción de los desesperados familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que desapareció en el Atlántico sur el pasado 15 de noviembre, cuando un jefe de la Marina utilizando un lenguaje científico les comunicó sobre un "evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión", lo que sonó a burla, ya que la tragedia se resumía en una corta frase: el sumergible explotó.

Por eso los gritos y los insultos que no dejaron que se acabara de leer el informe en la base naval de Mar del Plata revelaron un profundo descontento que iba mucho más allá de esta tragedia. "Nos engañaron", "lo sabían porque fue el mismo día 15 que esto sucedió", "fueron perversos, mataron a los nuestros", gritaron. Jesica Gopar, esposa del tripulante Fernando Santilli, dijo que hablando con personal de la Armada les dijeron directamente que la nave podría haber estallado y nos aconsejaron "llevar flores al mar". Añadió que cuando fue a la base a recibir apoyo sicológico sólo le ofrecieron "un vaso de agua y una pastilla".

No había consuelo ni contención al saber que el informe marcaba el 15 de noviembre en la mañana cuando sucedió este hecho; nadie creyó que las autoridades no lo sabían desde hace días y denunciaron que fue un acto perverso haberlos mantenido con esperanza. El trágico anuncio cerraba las puertas a toda posibilidad de encontrar con vida a los 44 marinos del San Juan.

"Están todos muertos, nos confirmaron que están todos muertos", dijo entre sollozos el padre de uno de los tripulantes, al referirse al informe de la Armada de que el ARA San Juan sufrió una explosión a las 10:31, justo tres horas después del último contacto.

Otro padre declaró a la estación de radio La Red: “no puedo hablar mucho. Me llamaron hace 15 minutos y me dijeron que hubo una explosión a 200 metros de profundidad y que todos están muertos (...) Es básico, no hay mucha vuelta qué darle. Explotó a 200 metros de profundidad y no hay humano que sobreviva a eso”.

Los familiares de los 44 marinos, entre quienes figuraba la teniente Eliana María Krawczyk, de 35 años, la única mujer submarinista en el país, estaban muy indignados por el hecho de que "apenas ahora detectaron la señal (de la explosión)".

Itatí Leguizamón, esposa de otro tripulante, replicó: ¿Quién es tan estúpido como para creer eso? Si antes habían dicho que hubo una falla leve –un incendio–, ¿por qué después dicen que fue una explosión?”

Otro familiar describió que tras el anuncio "hubo destrozos, rompieron todo".

Al retirarse de la base naval, uno de los deudos gritó: "Mataron a mi hermano porque los sacan a navegar con alambre, hijos de puta", al asegurar que la tragedia ocurrió "porque los jefes se roban la plata" y exigió al presidente Mauricio "Macri: hacelos mierda".

La esposa de otro marino aseguró: "mandaron una mierda a navegar", y atribuyó el desastre al "abandono que tiene la Armada; desde la década de los 70 nadie invierte un peso".

En esta capital el parte lo dio el capitán Enrique Balbi, quien interrogado por la prensa debió resumir el científico comunicado ratificando que el informe entregado en Austria al embajador argentino en ese país, Rafael Grossi, coincidía con el de Estados Unidos. Mientras, se sigue operando ya en un radio mejor demarcado, la desconfianza y la falta de credibilidad de buena parte de la población y de analistas sobre la verdad, es hoy la segunda noticia.

Presencia estadunidense

En primer lugar el gobierno del presidente Macri deberá explicar a la población y al Congreso por qué estaban militares y científicos de la estadunidense Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) desde la segunda quincena de octubre y por qué llegaron a Ushuaia buques el 31 de ese mes, lo que es absolutamente ilegal.

También debe explicar si ya estaban haciendo maniobras naves estadunidenses de la Cuarta Flota y otras que habían participado recientemente en Chile de un simulacro de desaparición y hundimiento de un submarino. Si en función de la búsqueda del ARA San Juan, Estados Unidos, que envió aviones Galaxy, estaría instalando una base militar y otra de control de ensayos nucleares en Tierra del Fuego, la llamada isla del fin del mundo, despoblada ahora al cerrarse en los pasados dos años las fuentes de trabajo.

El dato trascendental acercado a la Armada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares confirmó las peores presunciones: el ARA San Juan sufrió un evento cataclísmico en plena navegación hacia Mar del Plata, a unas 30 millas náuticas al nornoreste de su último punto de contacto radiofónico, a más de 400 kilómetros de la costa patagónica, frente al golfo San Jorge.

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, sostuvo que "las fuerzas internacionales que se unieron a las argentinas para la búsqueda y rescate del submarino argentino se concentrarán en tratar de ubicar dónde está el TR-1700 (modelo del submarino). En caso de que haya ido a fondo más allá del talud de la plataforma continental, no se puede descartar que el casco resistente del sumergible haya colapsado irremediablemente. Hasta que no haya una certeza y una evidencia, la búsqueda continúa con todos los medios", dijo.

Confirmó que científicamente se habla de una implosión, pero no se descarta que se puedan hallar materiales en la superficie, por eso aprovechamos las embarcaciones que están en la zona para seguir buscando rastros.

La desconfianza sobre estos hechos ha generado una fuerte tensión entre la sociedad civil, así como sectores políticos y científicos. Y se cruzan hipótesis de todo tipo. El analista Daniel do Campo Spada sostuvo que "el régimen" de Macri autorizó el ingreso de cientos de soldados y material bélico (incluidas naves y armamentos) estadunidenses a territorio argentino sin acuerdo del Congreso, como ordena la Constitución.

Esto aumentó con la excusa de colaborar en la búsqueda del submarino argentino, que desde su punto de vista habrían hundido "por error" en maniobras conjuntas que tampoco fueron autorizadas por el Congreso. En este caso recordó que la propia embajada estadunidense en Buenos Aires se ufanó de la presencia militar que están logrando por primera vez en la historia de nuestro país, en reciente entrevista con el diario Clarín.

Denunció que se están instalando también en la base de Comodoro Rivadavia. "Aunque se denominan Comando de Rescate son unidades de ataque y ocupación que están ingresando con aviones de gran porte como se ha comprobado en días recientes", expuso. Recordó que el Congreso ni autorizó ni debatió esta ocupación de personal "especializado" usando como pretexto la desesperación en la búsqueda de sobrevivientes en el sumergible hundido. Resaltó que unidades submarinas de alta sofisticación no tripulada y aviones con conexión satelital de la NASA ya ocupan gran parte de la base de la marina en la zona.

Por su parte, el periodista y escritor Juan Salinas afirma que el gran dolor ante tamaña tragedia lo obliga a hacer preguntas porque se impone saber una verdad que “no reconocerá las barreras de una prensa amordazada.

“¿Cómo y por qué sucedió este grave hecho? ¿Cuál era la misión secreta del ARA San Juan como reconoce una juez federal? ¿Quiénes eran los tripulantes supernumerarios? ¿Tuvieron algo que ver Estados Unidos o Gran Bretaña? Si había una misión secreta, ¿la autorizó el presidente?”

Y añade: ¿aprovechará Macri para barrer con la cúpula militar consensuada en periodo kirchnerista para remplazarla por una aliada, estilo Corte Suprema? También comenta Salinas que si ocurrió una explosión desde hace una semana, esto era sabido y fue ocultado por el almirantazgo, y posiblemente también por altas instancias del poder político.

Dice tener conocimiento de que el ARA San Juan pudo haberse colado a la zona de exclusión dispuesta unilateralmente por Reino Unido en torno a las Malvinas, y según otros observadores estaba haciendo maniobras conjuntas con la Marina de Estados Unidos a espaldas del Congreso, lo que abre la posibilidad de que se haya producido un "accidente". Además, se analiza que un corto circuito puede provocar un incendio, pero difícilmente deriva en una explosión. En este caso los expertos deben decir si un incendio puede hacer detonar los torpedos. De lo contrario se agigantará la sospecha de que pudo haber sido torpedeado por error. Este es el tenor de lo que surge en estos momentos en que la sombra de una tragedia de esta naturaleza invade el país y la incredulidad sigue creciendo.

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The Economist declara la guerra a la libertad de expresión en Internet/redes sociales

La revista británica The Economist, portavoz del neoliberalismo global controlada por los banqueros Rothschild, arremete contra Internet/redes sociales: "¿Amenazan las redes sociales a la democracia?" (https://goo.gl/eGbNZw).

En forma sesgada, por dañar los intereses plutocráticos del neoliberalismo global, The Economist fustiga a "Facebook, Google y Twitter", que supuestamente fueron diseñados para salvar a la política con una "buena (sic) información que elimine prejuicios y falsedades".

¿A poco la maniqueísta The Economist carece de prejuicios israelí-anglosajones?

¿A poco la pugnaz The Economist no se ha consagrado a desinformar para llevar agua a su molino neoliberal?

La polémica revista, biblia de cabecera de la globalización financierista, comenta que "algo muy malo (sic) sucedió" y reclama que "sin una información decente (sic) sin civilidad (sic) y conciliación (sic), las sociedades resuelven sus diferencias recurriendo a la coerción".

Sucede que los mendaces multimedia israelí-anglosajones, que impusieron su "pensamiento único" y su propaganda unilateral, se encontraron súbitamente con que en Internet/redes sociales –específicamente en el masivo GAFAT (Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter)– existen otros "puntos de vista", para no decir "verdades", donde el plutocrático neoliberalismo global que beneficia a sólo 1% del mundo occidental, ha quedado en minoría frente al restante 99% que expresa su sentir sin tapujos by the time being...

Suena a perogrullada que la mayor parte de los multimedia israelí-anglosajones en Occidente sean controlados por ese 1% vilipendiado en forma implacable en Internet/redes sociales cuando 99% exorcizado hoy tiene a su alcance expresarse libremente para "bien" o para "mal", según la cosmogonía maniquea del The Economist (ellos son los "buenos"; los otros son los "malos": ja ja ja).

En medio del caos global –provocado por el declive de EU, el ascenso irresistible de China y la resurrección militar de Rusia, como expuse en mi conferencia magistral en el IIEc/UNAM (https://goo.gl/p31mmd-, la revista evoca que "no hace mucho las redes sociales sostuvieron la promesa de una política más ilustrada (sic), conforme la precisa (sic) información y la comunicación sin esfuerzo (sic) ayudaban a la buena (sic) gente a eliminar corrupción (sic), fanatismo y las mentiras(sic)".

¿A poco The Economist colaboró en la erradicación de la "corrupción" que alcanzó niveles estratosféricos bajo su modelo monetarista/especulativo?

Son tiempos aciagos de la “post-verdad (https://goo.gl/sWmqxe)” y de la "guerra de propaganda" del Deep State de EU mediante su etéreo russiagate de presunto intervencionismo del Kremlin en sus elecciones –¡y hasta del “México neoliberal itamita”, como si necesitase de hackers exógenos donde el IFE/INE rompería el récord de fraudes a escala global con su legendaria manipulación algorítmica!

Las plataformas Internet/redes sociales de EU son producto del deslumbrante invento primigenio del Pentágono: DARPA (https://goo.gl/VYYTG8).

¿Es creíble que Rusia controle ahora los productos del invento DARPA del Pentágono? (https://goo.gl/Mve8rT).

Dejo de lado la teoría más creíble que detrás del russiagate, el Deep State de EU busca impedir un acercamiento entre Trump y el zar Vlady Putin.

A juicio del The Economist, Internet/redes sociales "propagan veneno" ya que se han vuelto catalizadores de la "desinformación rusa".

Según The Economist, resulta y resalta que desde Sudáfrica hasta España (sic) – "¡The russians are coming!", el obsesivo y compulsivo adagio de la guerra fría, hasta en Cataluña–, "propalan la mentira y el ultraje (sic)" y "corroen (sic) el juicio de los votantes y agravan el faccionalismo", cuando Internet/redes sociales "erosionan" las condiciones libertarias.

The Economist alega que Internet/redes sociales "no provocan la división, sino que la amplifican".

No tiene más remedio la revista de admitir que "la crisis financiera de 2007/2008, alimentó la furia (sic) popular contra una élite pudiente que dejó atrás al restante".

Enjuicia que ahora las "guerras culturales" han dividido a los votantes por "identidad" que dan pie a nativismo y populismo cuando antes lo hacían por "clases sociales".

Admite que Tv por cable, Fox News y la radio también ostentan "su poder a polarizar", pero la característica de las plataformas Internet/redes sociales radica en su "novedad" cuando es poco entendido su funcionamiento, pero cuya realidad es que "producen una influencia extraordinaria (¡súper-sic!)".

El error garrafal de The Economist es que confunde los intereses de la oligárquica plutocracia, que representa como nadie, con la "democracia" tout court que constituye su verdadero antídoto.

Las masivas plataformas de Internet/redes sociales tienden a ser más "democráticas" por el simple número de usuarios que detestan el neoliberalismo global que los ha perjudicado. ¡As simple as that!

Lo grave es que el GAFAT recurre ya a la selectiva censura de opiniones que colisionan con los intereses de identidad y/o clase de sus dueños, quienes anhelan modular y modelar a los usuarios a imagen y semejanza de sus alianzas políticas.

The Economist incita, como su sola "verdad", la exposición de la ideología neoliberal global ya que "diferentes lados ven diferentes hechos" por lo que "no comparten una base empírica para alcanzar un compromiso".

Se percibe que The Economist no ha tenido que digerir los noticieros de Televisa, que son verdaderas telenovelas totalitarias, donde sólo exponen el único y absoluto "lado del sistema imperante" sin oposición real.

Al sentir perdida la partida "democrática", los epígonos (padre e hijo) de George Soros en Televisa y Univisión exigen la censura de las redes sociales.

¿El hoy vilipendiado "abuso" de Internet/redes sociales tiene como objetivo controlar la naciente libertad individual/colectiva de expresión?

El geoestratega Andrew Korybko aduce que el russiagate, en el marco de la "guerra de propaganda" de EU contra Rusia, está encaminado a regular Internet/redes sociales (https://goo.gl/8LNiWj).

Es impactante que el ex presidente de EU, James Carter, deseche toda la parafernalia del russiagate que no tuvo influencia en el electorado (https://goo.gl/7S1vDr).

La periodista estadunidense Eva Golinger destaca las "redes de guerra", con su ejército de "bots", y la "militarización de twitter" que censura en forma antidemocrática y aberrante a Russia Today (https://goo.gl/RVVzhq).

Armin Mahler, del Der Spiegel, comenta que en medio del "darwinismo digitálico" son necesarias "nuevas reglas para la economía del Internet" –que no produce nada, salvo servicios– dominada por "los gigantes de Silicon Valley" (https://goo.gl/pnPu95).

En una genuina sociedad libre, civilizada, decente y conciliadora, para emplear los términos eviscerados de todo contenido por The Economist, debe florecer la obligada réplica –yo he sufrido su censura en varios multimedia "mexicanos"– y, sobre todo, la obligatoriedad dialéctica con su tesis/antítesis/síntesis que inició Heráclito desde el siglo 6 AC.

AlfredoJalife.com

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Publicado enInternacional
Sábado, 30 Septiembre 2017 16:04

¡Putrefacto!

¡Putrefacto!

El hedor es insoportable, lo cubre todo: el lugar de donde procede (Casa de Nariño), sus alrededores (Congreso de la República), el país como un todo. El aroma avinagrado penetra por doquier, aire descompuesto desprendido de la mezcla amasada entre manos privadas y públicas: el gobierno de Juan Manuel Santos, varios de sus funcionarios, representantes de su partido, familiares de estos, amigos, y Odebrecht, empresa constructora de origen brasileño (ver infografía).

 

Dicen que la empresa carioca colocó el ingrediente que despertó el siempre abierto e insaciable apetito de quienes controlan el poder, y que los funcionarios oficiales, sus aliados, familiares y amigos amasaron sin cesar, con decretos, órdenes presupuestales, y otros ingredientes, lo indispensable para que las “licitaciones” tuvieran ganador seguro. Toda una conjunción de ilegalidades que pasó hasta por la expedición del Compes 3817 del 2 de octubre del 2014 por fuera de tiempo.

 

“El estiércol del diablo” le dicen algunos al dinero, ese por el que roban y matan los de cuello curtido pero también los de cuello blanco, aquellos que cada cuatro años hacen lo posible e imposible por ganar la presidencia, acceder al Congreso de la República o triunfar en otras instancias de poder tradicional, el mismo que requieren para operativizar con toda facilidad lo que realmente alimenta su “vocación pública”: la riqueza, y de su mano la concentración de tierra y otros bienes muebles e inmuebles, lo que les abre el camino para acceder y ganar el poder real en diferentes municipios. (Ver “Un caso que refleja...).

 

Riqueza, poder, para ostentar y para mandar. Ese es el proyecto de país que los alienta a disputar el gobierno, para lo cual hacen todo lo que las circunstancias demanden: lo legal y lo ilegal, lo puro y lo podrido. Como procedieron en las campañas electorales del 2010 y del 2014, según lo denuncian ahora organismos de control. En esos dos periodos, la campaña liderada por Juan Manuel Santos, vía su equipo electoral, recibió de parte de Odebrecht millones de pesos de origen ilegal; en el 2014 el dinero también aceitó la campaña de Óscar Iván Zuluaga, su oponente.

 

Toda una manguala corrupta. De ser así, el gobierno de 8 años de Santos está signado por la ilegalidad, es espurio, y así terminará por pasar a la historia pues en el presente difícilmente lo vencerán en juicio; tampoco renunciará a sus funciones para darle vía libre a la justicia.

 

Una multinacional sin reparos ideológicos

 

Odebrecht es la marca de la que ninguna de las tres ramas del establecimiento pudo escapar, cada una de ellas obró para beneficiar a la multinacional brasilera, la que de igual manera favoreció las carteras de empresarios y negociantes particulares. Lo llamativo de lo sucedido es que los tintes de la salpicadura manchan de igual manera a quienes dicen ser opuestos –Partido de la U y Centro Democrático–. Mientras así procedían, no se imaginaban que estaban bajo constante espionaje de los agencias correspondientes de los Estados Unidos, preocupados por el avance de Brasil en toda la región suramericana, lo que no podía prosperar. Ya llegaría el momento de su descarrilamiento.

 

Mientras tanto, por las manos y bolsillos de diversidad de personajes, fluían los dólares por montones –más de 80 millones, como es hoy conocido–. Para acercarnos a este “conjuro del diablo” en Colombia, para particularizar en funcionarios, debemos partir, igual que el funcionamiento de la política tradicional, de arriba hacia abajo:

 

De la presidencia hacia abajo

 

En el mes de marzo de 2017 se supo que la campaña presidencial del actual presidente de Colombia fue financiada por esta multinacional, de igual manera en julio el país conoció que las campañas presidenciales de 2010 también recibieron financiamiento de la misma empresa. En el 2014 los cariocas le apostaron a los dos candidatos finalistas: Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, aceitándolos con alrededor de 10 millones de dólares en total. La investigación, dicen, está en curso, pero muchos temen que la impunidad mantenga su manto todo protector.

 

Con antelación a esta denuncia ya se conocía que la constructora brasileña había ganado la ejecución de la Ruta del Sol II. Si miramos hacia al escalón de abajo nos encontraremos con algunas conexiones que cada quien debe deducir por sí mismo/a.

 

Bajando, por una escalera, nos encontramos a los implicados de recibir, realizar y fomentar los chanchullos de Odebrecht –debe recordarse que según se dice este escalón no tiene conexión con el de arriba–. Aquí encontramos implicados a los senadores de la U Plinio Edilberto Olano Becerra, Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías Vidal (Ñoño), así mismo están untados el senador Antonio Guerra del partido Cambio Radical, el exsenador Otto Nicolás Bula –investigado por parapolítica– y el representante a la Cámara Ciro Rodríguez –Partido Conservador.

 

En otra grada, más abajo, están las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade y el asesor Juan Sebastián Correa –también de la ANI–; el exministro de transporte Miguel Esteban Peñaloza Morales y el exviceministro de transporte Gabriel García Morales; como también aparece el prófugo Andrés Felipe Arias.

 

En una escalera diferente, privada, nos encontramos a los empresarios: Federico Gaviria –contacto principal con la empresa Odebrecht; Mauricio Vergara –representante del consorcio Sion; José Elías Melo –representante Corficolombiana; Eduardo José Zambrano –dueño de la empresa Consultores Unidos; Eder Paolo Ferracuti –presidente Concesionaria Ruta del Sol; Eleuberto Martorelli –presidente Odebrecht Colombia; Luis Bueno –expresidente Odebrecht en Colombia; Gustavo Adolfo Torres Forero –representante legal de Profesionales de Bolsa; Eduardo Ghisays –empresario y creador de la sociedad Lurion Trading Inc. Todos estos eran quienes hacían los trabajos para fomentar a la empresa Odebrecht en el país, para luego beneficiarse de las licitaciones ganadas.

 

La Ruta del Sol II

 

El funcionamiento del contrato de Odebrecht en Colombia operó de la siguiente manera: en primer lugar, Federico Gaviria amigo de Plinio Olano –quien hacía parte de la Comisión Sexta– buscaba el contrato de la Ruta del Sol tramo II Ocaña-Gamarra, proyecto del interés del presidente de Odebrecht Luis Bueno. Para lograr el contrato Gaviria debía tener vistos buenos del Ministerio de Hacienda, es en ese momento cuando debe hacer el contacto con el exministro de transporte Miguel Peñaloza quien sería el apoyo para consolidar reuniones políticas para el visto bueno.

 

Además de esto, Gaviria le comenta las intenciones de Odebrecht a Otto Bula, quien comienza a tramitar reuniones con su amigo Ñoño Elías quien, para acercarse al presidente de la ANI Luis Fernando Andrade, pide una cuota del 4 por ciento del valor del posible contrato. Gaviria consulta con Eleuberto Martorelli –nuevo presidente de Odebrecht en Colombia– quien autoriza el 2 por ciento para Ñoño Elías, el 1 para Gaviria y Otto Bula, además da visto bueno del otro 1 por ciento para los políticos que maneje Gaviria, es decir Plinio Olano y Miguel Peñaloza. Al final se cuadra todo el negocio con Luis Fernando Andrade.

 

Así queda todo acordado para que el proyecto se vaya con los cariocas. Ñoño Elías arma acuerdos al interior de la Comisión de presupuesto y la subcomisión de crédito público, donde cuadra con Antonio Guerra. Además de esto, Elías tiene relación con Fernando Jiménez Rodríguez –director nacional de presupuesto– que, junto a una funcionaria del Ministerio de Hacienda –que aún no tiene nombre– hacen el enlace concreto con la Comisión de presupuesto del Congreso. De esta manera se aprobó y concretó el proyecto.

 

Vale la pena recordar que las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody también tienen relación en el contrato de la obra, pues tenían familiares interesados en ejecutar parte de la misma, sin embargo la investigación en curso aún no falla sobre este particular; lo que sí puede deducirse es que su renuncia a los ministerios que encabezaban se da por la posible presión que esta denuncia podría generar sobre el gobierno Santos.

 

Por otro lado, la ejecución del proyecto también implica a funcionarios de menor rango, como abogados y familiares de los implicados en el caso que, obviamente, hacen parte de la corrupción, cada quien saca la tajada que puede. Del lado de los empresarios el proceder es diferente, todo se maneja a través de firmas y empresas fachadas que pertenecen a grandes millonarios del país. Allí queda en investigación Luis Carlos Sarmiento Angulo –bajo la firma Corficolombiana– y Federico Gaviria. Su poder sobre congresistas, magistrados, fiscales, y otros funcionarios públicos facilitaría, obviamente, la concreción de los acuerdos requeridos por Odebrecht. También el aval para préstamos, como el concedido por la Caja Agraria por más de cien mil millones de pesos, hasta ahora perdidos para el país, es decir, para nuestros bolsillos.

 

El factor Brasil

 

Los negociados, intrigas, compra de conciencias, ensanchamiento de cuentas corrientes en el exterior, financiación de campañas electorales, silencios cómplices, etcétera, todo ello, ocurrido a lo largo de varios años, había pasado como si no hubiera sucedido, de ello, se suponía, solamente sabían quiénes habían participado de tales ilícitos.

 

Lo que, quizás por triunfalismo o por ingenuidad, no se imaginaban unos y otros, era que desde años atrás, tal vez desde el 2005 cuando la alianza de gobiernos progresistas de América Latina había quebrado la pretensión de los Estados Unidos de implantar un Área de Libre Comercio (Alca) para toda la región, la potencia del Norte había tomado la decisión de proteger sus intereses y acceder a sus propósitos por otras vías, definiendo a Brasil, como prioridad por desestabilizar.

 

Y así procedió. La filtración que su Departamento de Justicia realizó, a finales del 2016, de las andanzas de Odebrecht, es parte de la estrategia urdida para quebrar un poder naciente que cada vez ganaba más espacio en la subregión, aliándose con poderes extraterritoriales (Rusia, China, Irán) –abriéndoles estos territorios para que ganaran espacio–.

 

Es decir, la llamada “justicia” gringa no es más que la consumación de una operación de inteligencia, con proyecciones geopolíticas, que debe tener como objetivo a todas las multinacionales brasileñas, así como a su gobierno en pleno, una operación para desequilibrar a un enemigo regional. La destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el juicio contra Lula, así como la desestructuración de toda su institucionalidad, llevando al país a un verdadero caos, no es más que parte del mismo entramado. Por ahora han logrado su propósito.

 

Efectos colaterales

 

Lo que no podían imaginarse los corruptos criollos de todos los colores, ufanados en todo espacio de éticos y pulcros, es que terminarían enjuiciados como efecto colateral de un propósito mayor. Tampoco lo podrían haber previsto varios expresidentes de Perú y Panamá, y otros en ejercicio como el mismísimo Juan Manuel Santos, como otros tantos funcionarios de alto vuelo involucrados en negociaciones poco puras con la multinacional carioca, ahora caídos en desgracia o bajo investigación..

 

La historia es clara y una vez más queda refrendada por los hechos comentados: los Estados Unidos no tienen amigos, solo intereses.

 


 

Recuadro 1

 

Un caso que desnuda el poder oficial

 

No es nuevo. Lo que deja en evidencia lo aquí comentado, es el actuar de los políticos, empresarios y funcionarios, siempre trabajando para sus propios intereses o bolsillos. Cualquier campaña electoral trae consigo el espíritu pirata de saquear y amarrar la mayor cantidad de riquezas económicas para los particulares, es decir, la privatización o usufructo de la cosa pública. Esta es la razón para que las financiaciones de las contiendas electorales reúnan miles de millones de pesos, dinero que una vez logrado el control del aparato estatal, será recuperado con creces.

 

Los senadores Ñoño Elías y Musa Besaile del partido de la U son el ejemplo concreto de cómo funciona la política tradicional en Colombia, estos dos caciques electorales del santismo, consolidaron un poder regional tan fuerte que se convirtieron en los consentidos del partido (control de ministerios y de empleados, acceso a información privilegiada, etcétera), si miramos las sufragios conquistados podemos comprender su cauldal territorial.

 

Musa Besaile Fayad, ingeniero de 43 años llegó con el partido Liberal a la cámara de representantes en el año 2002, tiempo después saltaría de partido y se uniría al partido de la U donde conseguiría la curul en el senado con 62.059 votos. Para las contiendas de 2014 Fayad duplicaría sus votos, alcanzando una total de 145.402. Las cuentas declaradas ante el Consejo Nacional Electoral en sus campañas son de $651.500.000 de los cuales dice haber gastado $648.481.793.

 

Honorable senador. Este cordobés se consolidó como un cacique en su región, tenía control político con votos asegurados para cada contienda electoral pero también concretó un poder de control territorial, pues se le investiga por parapolítica y tener grandes negocios de donde sacaba millonarias partidas por garantizar la construcción de vías terciarias que estaban a cargo de Invias en diferentes departamentos como Bolívar, Magdalena, Sucre, Tolima y Antioquia.

 

El político Bernardo Miguel Elías Vidal también proveniente de Sahagún –Córdoba– se caracterizaba por su carisma, a tal punto que en su región lo conocían con el apodo de Ñoño, como si se tratara de una persona más, del común. Este joven senador desarrolló una carrera política que lo llevó a la Cámara de Representantes con 40.000 votos en el año 2006, al siguiente periodo se volvió senador con 74.000 votos, y en las elecciones de 2014 tuvo un total de 140.000 votos.

 

Político de tradición. Ñoño proviene de una familia ligada al Estado –corruptos de por si–, su tío Jorge Ramón Elías, fue condenado por en el proceso 8.000. Estrella política. Es familiar de empresarios como Alejandro Lyons –su cuñado– y diferentes cantantes de vallenato lo aclaman en sus conciertos –Silvestre Dangond y Peter Manjarrés–, un significativo segmento poblacional de su región reconoce que importantes obras de infraestructura se construyeron gracias a su papel en la política, consolidó la liga Ñ de fútbol y creó un estadio para 9.000 personas. En el partido de la U era el consentido de Santos y se perfilaba una carrera política importante.

 

Sin embargo este querido y amigable senador demostró que aprendió bastante de sus maestros, pues fue tan audaz que unto de mermelada a funcionarios y políticos de todas las ramas del Estado para finalmente quedarse con 32.000 millones de pesos de la empresa Odebrechtt.

 

Recuadro 2

 

Otra política es urgente

 

Estamos ante profesionales del Estado, políticos ilegítimos, que actúan de acuerdo a sus intereses y siguen la tradición de sus partidos, utilizando la aceitada maquinaria de la corrupción como parte de su cotidianidad. Desde el inicio financian sus campañas con miles de millones de pesos, llegando a corregimientos, veredas y pueblos que dan sus votos por falsas promesas (plata, tamales, tejas, bazares, licor). Utilizando las necesidades y angustias de las gentes del común, estos políticos, motivan la venta del voto de muchos a cambio de “regalos” que por un día calman parte de sus angustias diarias.

 

Esta es la política que funciona en el país, la que se ve como un negocio, a la que cientos desean llegar para lograr encontrar riquezas y poder. Esta es la misma política conoce la mayoría de nuestra población, la que de por si es corrupta, “la única existente”, la que promete y desilusiona cada cuatro años, la que no le interesa el bienestar de la mayoría nacional, la que no es posible cambiar jugando en sus mismas lógicas y procederes.

 

Política tradicional de la que ya se escuchan los motores de sus maquinarias electorales para el 2018. En tal perspectiva, de nuevo, se avecinan discursos y propaganda de todo tipo, con la cual prometen esta vida y la otra; ya se alistan los políticos con sus caras de yo no fui, que abrazan pobres por votos; ya deben estar aceitando las maquinarias de la corrupción que ayudan a recuperar los millones invertidos en campaña.

 

¿Un mal sin remedio? No. Ante la realidad de la democracia realmente existente en Colombia, es necesario abrir una discusión sobre su funcionamiento, deliberando cómo proceder para replantearla. Y a la par del intercambio de ideas, hay que liderar acciones que dejen claros que estamos mamados/as de estos políticos, de estas instituciones al servicio de unos pocos. De igual manera, es necesario empezar a concretar ese mundo otro tan urgente, que debe nacer desde otras lógicas, desde la consolidación de espacios autónomos, asamblearios, que sean el fundamento para tomar las decisiones públicas; espacios donde quienes manden lo hagan obedeciendo ¿Es posible concretar algo así? ¿Cuáles serían algunas rutas a seguir? ¿Cómo proponer estas discusiones a la mayoría nacional? El debate está abierto, concretarlo depende de la práctica concreta.

Publicado enColombia
Martes, 26 Septiembre 2017 15:47

¡Putrefacto!

¡Putrefacto!

El hedor es insoportable, lo cubre todo: el lugar de donde procede (Casa de Nariño), sus alrededores (Congreso de la República), el país como un todo. El aroma avinagrado penetra por doquier, aire descompuesto desprendido de la mezcla amasada entre manos privadas y públicas: el gobierno de Juan Manuel Santos, varios de sus funcionarios, representantes de su partido, familiares de estos, amigos, y Odebrecht, empresa constructora de origen brasileño (ver infografía).

 

Dicen que la empresa carioca colocó el ingrediente que despertó el siempre abierto e insaciable apetito de quienes controlan el poder, y que los funcionarios oficiales, sus aliados, familiares y amigos amasaron sin cesar, con decretos, órdenes presupuestales, y otros ingredientes, lo indispensable para que las “licitaciones” tuvieran ganador seguro. Toda una conjunción de ilegalidades que pasó hasta por la expedición del Compes 3817 del 2 de octubre del 2014 por fuera de tiempo.

 

“El estiércol del diablo” le dicen algunos al dinero, ese por el que roban y matan los de cuello curtido pero también los de cuello blanco, aquellos que cada cuatro años hacen lo posible e imposible por ganar la presidencia, acceder al Congreso de la República o triunfar en otras instancias de poder tradicional, el mismo que requieren para operativizar con toda facilidad lo que realmente alimenta su “vocación pública”: la riqueza, y de su mano la concentración de tierra y otros bienes muebles e inmuebles, lo que les abre el camino para acceder y ganar el poder real en diferentes municipios. (Ver “Un caso que refleja...).

 

Riqueza, poder, para ostentar y para mandar. Ese es el proyecto de país que los alienta a disputar el gobierno, para lo cual hacen todo lo que las circunstancias demanden: lo legal y lo ilegal, lo puro y lo podrido. Como procedieron en las campañas electorales del 2010 y del 2014, según lo denuncian ahora organismos de control. En esos dos periodos, la campaña liderada por Juan Manuel Santos, vía su equipo electoral, recibió de parte de Odebrecht millones de pesos de origen ilegal; en el 2014 el dinero también aceitó la campaña de Óscar Iván Zuluaga, su oponente.

 

Toda una manguala corrupta. De ser así, el gobierno de 8 años de Santos está signado por la ilegalidad, es espurio, y así terminará por pasar a la historia pues en el presente difícilmente lo vencerán en juicio; tampoco renunciará a sus funciones para darle vía libre a la justicia.

 

Una multinacional sin reparos ideológicos

 

Odebrecht es la marca de la que ninguna de las tres ramas del establecimiento pudo escapar, cada una de ellas obró para beneficiar a la multinacional brasilera, la que de igual manera favoreció las carteras de empresarios y negociantes particulares. Lo llamativo de lo sucedido es que los tintes de la salpicadura manchan de igual manera a quienes dicen ser opuestos –Partido de la U y Centro Democrático–. Mientras así procedían, no se imaginaban que estaban bajo constante espionaje de los agencias correspondientes de los Estados Unidos, preocupados por el avance de Brasil en toda la región suramericana, lo que no podía prosperar. Ya llegaría el momento de su descarrilamiento.

 

Mientras tanto, por las manos y bolsillos de diversidad de personajes, fluían los dólares por montones –más de 80 millones, como es hoy conocido–. Para acercarnos a este “conjuro del diablo” en Colombia, para particularizar en funcionarios, debemos partir, igual que el funcionamiento de la política tradicional, de arriba hacia abajo:

 

De la presidencia hacia abajo

 

En el mes de marzo de 2017 se supo que la campaña presidencial del actual presidente de Colombia fue financiada por esta multinacional, de igual manera en julio el país conoció que las campañas presidenciales de 2010 también recibieron financiamiento de la misma empresa. En el 2014 los cariocas le apostaron a los dos candidatos finalistas: Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, aceitándolos con alrededor de 10 millones de dólares en total. La investigación, dicen, está en curso, pero muchos temen que la impunidad mantenga su manto todo protector.

 

Con antelación a esta denuncia ya se conocía que la constructora brasileña había ganado la ejecución de la Ruta del Sol II. Si miramos hacia al escalón de abajo nos encontraremos con algunas conexiones que cada quien debe deducir por sí mismo/a.

 

Bajando, por una escalera, nos encontramos a los implicados de recibir, realizar y fomentar los chanchullos de Odebrecht –debe recordarse que según se dice este escalón no tiene conexión con el de arriba–. Aquí encontramos implicados a los senadores de la U Plinio Edilberto Olano Becerra, Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías Vidal (Ñoño), así mismo están untados el senador Antonio Guerra del partido Cambio Radical, el exsenador Otto Nicolás Bula –investigado por parapolítica– y el representante a la Cámara Ciro Rodríguez –Partido Conservador.

 

En otra grada, más abajo, están las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade y el asesor Juan Sebastián Correa –también de la ANI–; el exministro de transporte Miguel Esteban Peñaloza Morales y el exviceministro de transporte Gabriel García Morales; como también aparece el prófugo Andrés Felipe Arias.

 

En una escalera diferente, privada, nos encontramos a los empresarios: Federico Gaviria –contacto principal con la empresa Odebrecht; Mauricio Vergara –representante del consorcio Sion; José Elías Melo –representante Corficolombiana; Eduardo José Zambrano –dueño de la empresa Consultores Unidos; Eder Paolo Ferracuti –presidente Concesionaria Ruta del Sol; Eleuberto Martorelli –presidente Odebrecht Colombia; Luis Bueno –expresidente Odebrecht en Colombia; Gustavo Adolfo Torres Forero –representante legal de Profesionales de Bolsa; Eduardo Ghisays –empresario y creador de la sociedad Lurion Trading Inc. Todos estos eran quienes hacían los trabajos para fomentar a la empresa Odebrecht en el país, para luego beneficiarse de las licitaciones ganadas.

 

La Ruta del Sol II

 

El funcionamiento del contrato de Odebrecht en Colombia operó de la siguiente manera: en primer lugar, Federico Gaviria amigo de Plinio Olano –quien hacía parte de la Comisión Sexta– buscaba el contrato de la Ruta del Sol tramo II Ocaña-Gamarra, proyecto del interés del presidente de Odebrecht Luis Bueno. Para lograr el contrato Gaviria debía tener vistos buenos del Ministerio de Hacienda, es en ese momento cuando debe hacer el contacto con el exministro de transporte Miguel Peñaloza quien sería el apoyo para consolidar reuniones políticas para el visto bueno.

 

Además de esto, Gaviria le comenta las intenciones de Odebrecht a Otto Bula, quien comienza a tramitar reuniones con su amigo Ñoño Elías quien, para acercarse al presidente de la ANI Luis Fernando Andrade, pide una cuota del 4 por ciento del valor del posible contrato. Gaviria consulta con Eleuberto Martorelli –nuevo presidente de Odebrecht en Colombia– quien autoriza el 2 por ciento para Ñoño Elías, el 1 para Gaviria y Otto Bula, además da visto bueno del otro 1 por ciento para los políticos que maneje Gaviria, es decir Plinio Olano y Miguel Peñaloza. Al final se cuadra todo el negocio con Luis Fernando Andrade.

 

Así queda todo acordado para que el proyecto se vaya con los cariocas. Ñoño Elías arma acuerdos al interior de la Comisión de presupuesto y la subcomisión de crédito público, donde cuadra con Antonio Guerra. Además de esto, Elías tiene relación con Fernando Jiménez Rodríguez –director nacional de presupuesto– que, junto a una funcionaria del Ministerio de Hacienda –que aún no tiene nombre– hacen el enlace concreto con la Comisión de presupuesto del Congreso. De esta manera se aprobó y concretó el proyecto.

 

Vale la pena recordar que las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody también tienen relación en el contrato de la obra, pues tenían familiares interesados en ejecutar parte de la misma, sin embargo la investigación en curso aún no falla sobre este particular; lo que sí puede deducirse es que su renuncia a los ministerios que encabezaban se da por la posible presión que esta denuncia podría generar sobre el gobierno Santos.

 

Por otro lado, la ejecución del proyecto también implica a funcionarios de menor rango, como abogados y familiares de los implicados en el caso que, obviamente, hacen parte de la corrupción, cada quien saca la tajada que puede. Del lado de los empresarios el proceder es diferente, todo se maneja a través de firmas y empresas fachadas que pertenecen a grandes millonarios del país. Allí queda en investigación Luis Carlos Sarmiento Angulo –bajo la firma Corficolombiana– y Federico Gaviria. Su poder sobre congresistas, magistrados, fiscales, y otros funcionarios públicos facilitaría, obviamente, la concreción de los acuerdos requeridos por Odebrecht. También el aval para préstamos, como el concedido por la Caja Agraria por más de cien mil millones de pesos, hasta ahora perdidos para el país, es decir, para nuestros bolsillos.

 

El factor Brasil

 

Los negociados, intrigas, compra de conciencias, ensanchamiento de cuentas corrientes en el exterior, financiación de campañas electorales, silencios cómplices, etcétera, todo ello, ocurrido a lo largo de varios años, había pasado como si no hubiera sucedido, de ello, se suponía, solamente sabían quiénes habían participado de tales ilícitos.

 

Lo que, quizás por triunfalismo o por ingenuidad, no se imaginaban unos y otros, era que desde años atrás, tal vez desde el 2005 cuando la alianza de gobiernos progresistas de América Latina había quebrado la pretensión de los Estados Unidos de implantar un Área de Libre Comercio (Alca) para toda la región, la potencia del Norte había tomado la decisión de proteger sus intereses y acceder a sus propósitos por otras vías, definiendo a Brasil, como prioridad por desestabilizar.

 

Y así procedió. La filtración que su Departamento de Justicia realizó, a finales del 2016, de las andanzas de Odebrecht, es parte de la estrategia urdida para quebrar un poder naciente que cada vez ganaba más espacio en la subregión, aliándose con poderes extraterritoriales (Rusia, China, Irán) –abriéndoles estos territorios para que ganaran espacio–.

 

Es decir, la llamada “justicia” gringa no es más que la consumación de una operación de inteligencia, con proyecciones geopolíticas, que debe tener como objetivo a todas las multinacionales brasileñas, así como a su gobierno en pleno, una operación para desequilibrar a un enemigo regional. La destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el juicio contra Lula, así como la desestructuración de toda su institucionalidad, llevando al país a un verdadero caos, no es más que parte del mismo entramado. Por ahora han logrado su propósito.

 

Efectos colaterales

 

Lo que no podían imaginarse los corruptos criollos de todos los colores, ufanados en todo espacio de éticos y pulcros, es que terminarían enjuiciados como efecto colateral de un propósito mayor. Tampoco lo podrían haber previsto varios expresidentes de Perú y Panamá, y otros en ejercicio como el mismísimo Juan Manuel Santos, como otros tantos funcionarios de alto vuelo involucrados en negociaciones poco puras con la multinacional carioca, ahora caídos en desgracia o bajo investigación..

 

La historia es clara y una vez más queda refrendada por los hechos comentados: los Estados Unidos no tienen amigos, solo intereses.

 


 

Recuadro 1

 

Un caso que desnuda el poder oficial

 

No es nuevo. Lo que deja en evidencia lo aquí comentado, es el actuar de los políticos, empresarios y funcionarios, siempre trabajando para sus propios intereses o bolsillos. Cualquier campaña electoral trae consigo el espíritu pirata de saquear y amarrar la mayor cantidad de riquezas económicas para los particulares, es decir, la privatización o usufructo de la cosa pública. Esta es la razón para que las financiaciones de las contiendas electorales reúnan miles de millones de pesos, dinero que una vez logrado el control del aparato estatal, será recuperado con creces.

 

Los senadores Ñoño Elías y Musa Besaile del partido de la U son el ejemplo concreto de cómo funciona la política tradicional en Colombia, estos dos caciques electorales del santismo, consolidaron un poder regional tan fuerte que se convirtieron en los consentidos del partido (control de ministerios y de empleados, acceso a información privilegiada, etcétera), si miramos las sufragios conquistados podemos comprender su cauldal territorial.

 

Musa Besaile Fayad, ingeniero de 43 años llegó con el partido Liberal a la cámara de representantes en el año 2002, tiempo después saltaría de partido y se uniría al partido de la U donde conseguiría la curul en el senado con 62.059 votos. Para las contiendas de 2014 Fayad duplicaría sus votos, alcanzando una total de 145.402. Las cuentas declaradas ante el Consejo Nacional Electoral en sus campañas son de $651.500.000 de los cuales dice haber gastado $648.481.793.

 

Honorable senador. Este cordobés se consolidó como un cacique en su región, tenía control político con votos asegurados para cada contienda electoral pero también concretó un poder de control territorial, pues se le investiga por parapolítica y tener grandes negocios de donde sacaba millonarias partidas por garantizar la construcción de vías terciarias que estaban a cargo de Invias en diferentes departamentos como Bolívar, Magdalena, Sucre, Tolima y Antioquia.

 

El político Bernardo Miguel Elías Vidal también proveniente de Sahagún –Córdoba– se caracterizaba por su carisma, a tal punto que en su región lo conocían con el apodo de Ñoño, como si se tratara de una persona más, del común. Este joven senador desarrolló una carrera política que lo llevó a la Cámara de Representantes con 40.000 votos en el año 2006, al siguiente periodo se volvió senador con 74.000 votos, y en las elecciones de 2014 tuvo un total de 140.000 votos.

 

Político de tradición. Ñoño proviene de una familia ligada al Estado –corruptos de por si–, su tío Jorge Ramón Elías, fue condenado por en el proceso 8.000. Estrella política. Es familiar de empresarios como Alejandro Lyons –su cuñado– y diferentes cantantes de vallenato lo aclaman en sus conciertos –Silvestre Dangond y Peter Manjarrés–, un significativo segmento poblacional de su región reconoce que importantes obras de infraestructura se construyeron gracias a su papel en la política, consolidó la liga Ñ de fútbol y creó un estadio para 9.000 personas. En el partido de la U era el consentido de Santos y se perfilaba una carrera política importante.

 

Sin embargo este querido y amigable senador demostró que aprendió bastante de sus maestros, pues fue tan audaz que unto de mermelada a funcionarios y políticos de todas las ramas del Estado para finalmente quedarse con 32.000 millones de pesos de la empresa Odebrechtt.

 

Recuadro 2

 

Otra política es urgente

 

Estamos ante profesionales del Estado, políticos ilegítimos, que actúan de acuerdo a sus intereses y siguen la tradición de sus partidos, utilizando la aceitada maquinaria de la corrupción como parte de su cotidianidad. Desde el inicio financian sus campañas con miles de millones de pesos, llegando a corregimientos, veredas y pueblos que dan sus votos por falsas promesas (plata, tamales, tejas, bazares, licor). Utilizando las necesidades y angustias de las gentes del común, estos políticos, motivan la venta del voto de muchos a cambio de “regalos” que por un día calman parte de sus angustias diarias.

 

Esta es la política que funciona en el país, la que se ve como un negocio, a la que cientos desean llegar para lograr encontrar riquezas y poder. Esta es la misma política conoce la mayoría de nuestra población, la que de por si es corrupta, “la única existente”, la que promete y desilusiona cada cuatro años, la que no le interesa el bienestar de la mayoría nacional, la que no es posible cambiar jugando en sus mismas lógicas y procederes.

 

Política tradicional de la que ya se escuchan los motores de sus maquinarias electorales para el 2018. En tal perspectiva, de nuevo, se avecinan discursos y propaganda de todo tipo, con la cual prometen esta vida y la otra; ya se alistan los políticos con sus caras de yo no fui, que abrazan pobres por votos; ya deben estar aceitando las maquinarias de la corrupción que ayudan a recuperar los millones invertidos en campaña.

 

¿Un mal sin remedio? No. Ante la realidad de la democracia realmente existente en Colombia, es necesario abrir una discusión sobre su funcionamiento, deliberando cómo proceder para replantearla. Y a la par del intercambio de ideas, hay que liderar acciones que dejen claros que estamos mamados/as de estos políticos, de estas instituciones al servicio de unos pocos. De igual manera, es necesario empezar a concretar ese mundo otro tan urgente, que debe nacer desde otras lógicas, desde la consolidación de espacios autónomos, asamblearios, que sean el fundamento para tomar las decisiones públicas; espacios donde quienes manden lo hagan obedeciendo ¿Es posible concretar algo así? ¿Cuáles serían algunas rutas a seguir? ¿Cómo proponer estas discusiones a la mayoría nacional? El debate está abierto, concretarlo depende de la práctica concreta.

Publicado enEdición Nº239
Correa dejó una cámara oculta activa en el despacho presidencial

El presidente Lenín Moreno denuncia el hallazgo y se declara “extremadamente molesto” por no haber sido informado


Lenín Moreno ha comparecido este viernes ante los medios visiblemente enojado. Su rostro y su voz, inusualmente contrariados, acompañaban una denuncia contra Rafael Correa por haber dejado en el despacho presidencial una cámara oculta, que monitoreaba desde su teléfono móvil, sin haberle informado. "Sucede que el día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando, porque fue por casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó, sintió algo caliente la pared y se dio cuenta de que la cámara estaba encendida", ha explicado Moreno.


La cámara oculta, según la denuncia presidencial, fue instalada hace siete u ocho años por orden del entonces presidente Rafael Correa y "todo el Servicio de Protección Presidencial (anterior) sabía de su existencia". Por eso, Moreno reclamó explícitamente a los miembros del cuerpo de seguridad de Correa y al exmandatario por no haber tenido "la delicadeza" de informarle de que había cámaras instaladas en su despacho en el Palacio de Carondelet, en Quito.


El hallazgo, denunciado públicamente, no solo evidenció una vez más el distanciamiento entre Lenín Moreno y su predecesor en el Gobierno de Ecuador, sino que levantó las suspicacias del mandatario. "Lo gracioso es que todo el mundo sabe que todos los días a las 8.00 se hace un barrido a las cámaras", ha explicado dando a entender que de forma intencionada se evitaba el control rutinario de los equipos, manteniendo en ese momento la cámara apagada para después poder "encenderla cuando quieran", según la sospecha del presidente que lleva en el cargo desde el 24 de mayo.


Ya en redes sociales, Moreno ha etiquetado de "delito de violación a la intimidad" lo descubierto y, según aseguró en la comparecencia, iniciará una investigación "bastante fuerte" para saber por qué "el general que dirigía el Servicio de Protección Presidencial en tiempo del señor Correa —que además viajó a dejar en Bélgica al señor Correa— no informó al Servicio de Protección Presidencial que empezó a dirigir el general Mosquera".


El expresidente Correa no ha dejado espacio para el silencio y pasado un par de horas desde la acusación pública de Moreno ha repetido con ironía, a través de su cuenta de Twitter, la denuncia de Moreno: "¡Cámara oculta manejada desde mi celular!". Y después le ha pedido que presente pruebas. "Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!", publicó el líder de la autodenominada Revolución Ciudadana.


No es la primera vez que los dos dirigentes del movimiento Alianza PAIS evidencian su distanciamiento públicamente. En los 100 primeros días de su Gobierno, Lenín Moreno ha querido enterrar la crispación heredada de Correa con el sector privado y con la oposición a cambio de ofrecer diálogo. Además, ha señalado explícitamente los errores de gestión, la deuda acumulada y las irregularidades cometidas durante la Administración de Correa. El expresidente, además de explotar las redes sociales como vociferador de críticas, ha liderado a control remoto una espontánea oposición a Lenín Moreno dentro de su partido. En el último gran gesto de ruptura, tres asesores presidenciales —siendo del ala dura del correísmo— renunciaron a sus cargos para poder centrarse en la recuperación ideológica del movimiento Alianza PAIS

Publicado enInternacional
La historia de la periodista colombiana que pagó para que un venezolano hablara mal de su país

Las supuestas denuncias de un exagente de inteligencia, destinadas a enlodar al Gobierno de Maduro, no generaron tanta polémica y rechazo cómo los métodos utilizados para 'crear' sus declaraciones.

El audio de una conversación 'fuera de cámara' entre una periodista colombiana y un entrevistado venezolano ha dejado al descubierto lo que parece ser un método -inusual en el periodismo- para obtener, sin escatimar en gastos ni cuidar veracidad, una información en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.


La grabación pone en entredicho un trabajo audiovisual transmitido el pasado 2 de septiembre por el 'Canal 1' de Colombia, en el que un supuesto exagente de inteligencia venezolano, con risa nerviosa y sin mirar a la cámara, acusaba al Gobierno de su país de torturas y narcotráfico.


Vestido con una chaqueta con los colores de la bandera venezolana, el joven Edgar Jesús Villanueva, quien formó parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), le hablaba a una periodista -cuyo rostro no apareció en la pantalla- sobre presuntas irregularidades de las que fue testigo.


Sin especificar su rango ni mostrar documento alguno que respaldara sus acusaciones, el joven -de menos de 30 años- aseguró que "el primer corrupto" es el director del Sebin, con referencia a Gustavo González López, quien fuera sancionado por el Gobierno de EE.UU. en 2015 por supuesta "violación de los Derechos Humanos".


Villanueva, según el relato de Claudia Cano, la reportera de 'Canal 1' que lo entrevistó, "tiene cómo demostrar que son ciertos los señalamientos contra el denominado 'Cartel de los Soles', organización narcotraficante conformada por militares venezolanos, en cabeza del diputado Diosdado Cabello"

.
Sostiene allí igualmente la periodista que el joven venezolano, que se propone llegar a EE.UU., "logró acumular información secreta que está dispuesto a revelar ante las agencias de seguridad y justicia" estadounidenses.


El lado B


Poco antes de esa entrevista, se producía entre Cano y Villanueva una suerte de 'conversación de negocios' que, al ser ahora conocida, ha suscitado mucho mayor interés que las supuestas denuncias del exagente.


El canal informativo Telesur publicó en su página web extractos del audio de la charla telefónica que presuntamente sostuvieron ambos.
"Cuéntame, ¿pensaste lo que te dije por teléfono ayer?", le pregunta la periodista.


El futuro entrevistado responde que le preocupa "decir mentiras", a lo que la reportera rápidamente ataja: "No es decir mentiras", sino que "para que la noticia tenga énfasis" hay que "ponerle picante".


"No lo veas como mentiras, velo como una forma de ayudar a tus hermanos venezolanos", agrega la voz de la mujer.


No deja de ser de interés el hecho de que 'Canal 1' es parte de un consorcio propiedad del expresidente colombiano César Gaviria, el empresario Yamit Amad y el periodista Daniel Coronell, los tres públicamente adversarios del gobierno de Maduro, a los que se suman Patricio Wills y HMTV, según el portal 'Kien y ke'.
Mentiras por dinero


Con respuestas confusas y titubeantes, el supuesto exagente venezolano cede y dice que va a presentar las informaciones por el pago acordado de ocho millones de pesos (2.700 dólares).


"Lo voy a hacer por la necesidad que tengo del billete, pero no me gusta mentir así en cámara", afirma.


La reportera insiste para convencerlo y le explica que "es un oportunidad inmensa que no se le da a todo el mundo y tú tienes que aprovecharla".


Ante la negativa de Villanueva a decir en cámara que está "vendiendo arepas" -alimento a base de maíz, típico de algunos países andinos y caribeños-, Cano le replica que debe hacerlo para presentar esa realidad, pues otros venezolanos sí lo están haciendo.


"Queremos reunir en ti toda la problemática del venezolano", apunta.


La periodista de 'Canal 1' le propone entonces la agenda de informaciones falsas y le dice que hable del director de Sebin, del presidente Nicolás Maduro y del Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotráfico, nunca develada, cuya conducción han atribuido al Alto Mando Militar algunos exmiembros del Gobierno devenidos en adversarios, en lo que Caracas ha calificado como parte de la campaña mediática en su contra.


Cano le indica, además, que tendrán que tocar "el tema de los presos políticos", a lo que el joven le responde que en su país "hay políticos presos, que es distinto".
Un poco fuera de sí, la mujer corta diciendo: "Esto es lo que me tienes que contestar tú, no es lo que tú pienses"
Reacciones


Tras conocerse el audio con el supuesto acuerdo de venta de información falsa, los usuarios de las redes rechazaron la campaña mediática contra Venezuela y posicionaron la etiqueta #Canal1NoticiaComprada.


El ministro venezolano de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, publicó en su cuenta de Twitter que habían pagado al exfuncionario para "mentir sobre Venezuela".

 

Publicado: 5 sep 2017 23:44 GMT | Última actualización: 6 sep 2017 10:20 GMT

Publicado enColombia