Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen

Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

Publicado enEdición Nº261
“En mi unidad del Ejército se presentaron desapariciones forzadas”

El testimonio del excomandante de un grupo de élite describe el mecanismo de los 'falsos positivos' que se dieron en Colombia

Primero, los ejecutaban. Después, hacían desaparecer los documentos de las víctimas para entorpecer la investigación. Este era uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", esto es, miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron distintas unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de guerrilleros en combate. Tras este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Fiscalía, que fueron cometidos principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente a esa época se remonta el testimonio de un mayor retirado dado a conocer este martes por la Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado al esclarecimiento de las causas del conflicto armado.

La declaración en vídeo del exoficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, supone un reconocimiento sin apenas precedentes y un relato valioso para entender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó a la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), un equipo de élite que actuaba bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el exmilitar, que pasó una década en prisión y que ahora, tras demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas ante la JEP, ha denunciado amenazas. "Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas", continúa Soto antes de incidir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la verdad difundió también las de José Éver Veloza, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de José Benito Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy distintas, al tratarse por un lado de dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y por otro de un representante del Ejército, cuya misión es precisamente velar por la legalidad.

"Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor", explica el exoficial.

Encabezar la clasificación era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcionara, se falseaban las pruebas. "Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad", describe Soto, que promete aportar "las actas de levantamiento de cadáver" y sobre "diferentes misiones tácticas". Ya han pasado 12 años de aquellos crímenes y este militar, como otra decena de oficiales del Ejército retirados, decidió denunciar lo que ocurrió. "Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé".

Por Francesco Manetto

Bogotá 25 SEP 2019 - 02:26 COT

Publicado enColombia
 La cúpula de la extinta guerrilla de las FARC, este lunes en Bogotá tras la comparecencia. Iván Valencia AP

La cúpula de la antigua guerrilla responde por el delito de secuestro sistemático. "Todos y todas perdimos", asegura Timochenko

El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana, durante más de cuatro años de conversaciones, y sigue pasando, cada día, en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso su función, que en última instancia es cristalizar la historia, es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció este lunes la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.

"Asumimos, como hombres y mujeres que formaron parte del último Estado Mayor Central que sobrevivió a la confrontación, nuestra responsabilidad ética y política", afirmó el exjefe guerrillero, acompañado de una decena de comandantes. Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido nacido de la organización insurgente, reiteró además el compromiso con la paz de su dirección. "Honraremos nuestra palabra empeñada, porque así nos lo impone nuestra ética nos debemos como revolucionarios y ciudadanos", dijo, en lo que supone la enésima declaración de intenciones que se desmarca de la deriva de un grupo de disidentes encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, que a finales de agosto anunciaron su regreso a las armas.

- Todos y todas perdimos.

Este es uno de los mensajes centrales del escrito que acompaña el documento entregado al tribunal, una versión colectiva sobre los miles de secuestros perpetrados durante el conflicto, que son objeto de investigación del caso 001, abierto en julio de 2018.  Es decir, Timochenko mantiene que la violencia fue una derrota, el fracaso de todos, aunque la atribuye a las dinámicas propias de una confrontación bélica. "Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor. Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenadas a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones", concede la declaración de las FARC. "Ello no puede volver a suceder nunca jamás. Nuestra historia, la de Colombia, tendrá que escribirse de ahora en adelante desde la voz de quienes proscriban la guerra y otorguen un lugar protagónico a quienes la padecieron".

El excomandante aseguró que no pretende "justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario". "Nos haremos cargo de responder por el papel que jugamos", prometió. Sin embargo, se escudó en que la guerrilla nació "en defensa de la vida y la reforma agraria y así seguirá siendo", ahora sí, desde la contienda política o el banquillo. La presidenta de la sala, la magistrada Julieta Lemaitre, explicó que el tribunal estudiará de forma exhaustiva el documento entregado: "Esta versión colectiva que nos entregaron nos permite agilizar el proceso de investigación".

El escrito, presentado en una breve vista de menos de una hora, describe someramente la práctica criminal del secuestro, que a menudo acababa en asesinato de las víctimas. Timochenko viene a decir que las atrocidades de la guerra impidieron que "las normas de las FARC-EP pudieran ser cumplidas a cabalidad, lo que llevó a que ocurrieran hechos lamentables, como lo son las retenciones a civiles". La guerrilla, explica, tenía dos leyes, llamadas 002 y 003, que fueron "disposiciones que dieron forma a la política de retenciones". "Cabe aclarar que estas buscaban minimizar las retenciones realizadas", continúa la introducción al documento, que no hace hincapié en los casos individuales pero promete detallar "cómo se llegó a la decisión de retener a otras personas con el fin de obtener un canje humanitario" o a "tomar la decisión de detener figuras políticas". "De igual manera, se explica cómo se llevaron a cabo las retenciones con fines económicos".

"Detener, detenidos, retenciones...". Estas son las palabras empleadas por el antiguo mando de las FARC, que evita referirse abiertamente al secuestro. Porque además del relato sobre lo sucedido, en la JEP se asiste también a una disputa semántica entre las partes. Así las cosas, la meta del tribunal será también la de fijar las palabras que escriban al fin la historia de Colombia.

Por Francesco Manetto

Bogotá 23 SEP 2019 - 15:37 COT

Publicado enColombia
Viernes, 20 Septiembre 2019 06:45

"Ribbentrop-Molotov": coctel histórico

"Ribbentrop-Molotov": coctel histórico
  1. A 80 años de su firma (23/8/39), el pacto Ribbentrop-Molotov (bit.ly/1kcYUP8), tratado de no-agresión entre Alemania nazi y la URSS sigue dividiendo Europa, haciendo ruido en la izquierda y sirviendo a Rusia como palanca de la política regional. Su infame apartado secreto delimitaba las "zonas de influencia" y repartía Europa central. Tras la invasión conjunta de Polonia (1 y 17/9/39) −dividida en parte occidental incorporada a la Tercer Reich, central controlada por los nazis ( Generalgouvernement) y oriental incorporada a la URSS− Stalin anexó también partes de Rumania, Finlandia y los tres países bálticos. Así, no extraña la declaración conjunta de gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania según la cual "el pacto detonó la Segunda Guerra y condenó a la mitad del continente a décadas de miseria" (bit.ly/2lT16SY). Igualmente no extrañan intentos de la izquierda neoestalinista de defenderlo –"fue el Occidente que al negarse a formar un bloque antifascista propuesto por Moscú la empujó a firmarlo" y “el pacto fue fruto del ‘genio geopolítico’ de Stalin y ayudó a ganar la guerra” (bit.ly/2lV7sBi, bit.ly/2kmFBcN)− contrastadas con críticas de izquierda más sensata que apuntan, igual que en la década de los 30, a la esterilidad del análisis geopolítico sin enfoque de clase, maquiavelismo del régimen burocrático estalinista, sus afanes colonialistas y desastrosos efectos para el movimiento comunista internacional (bit.ly/2m0LufW). Allí está también Rusia cuya progresiva rehabilitación del pacto oscila entre verlo como "mal necesario" y "gran logro de la diplomacia".
  1. Si bien Putin inicialmente lo condenó por "inmoral" ( Gazeta Wyborcza, 29/8/09), conforme se acentuaban conflictos con naciones de su "zona de influencia" −Estonia, Ucrania et al.− trasladándose también al campo histórico, aumentaba su defensa ("ustedes de por sí eran colaboracionistas nazis, así que nosotros no tenemos nada de qué pedir perdón"). La reciente exhibición en Moscú, a pesar de que incluye el apartado secreto cuya existencia ha sido negada por la URSS hasta 1989, sigue este camino “contextualizándolo en nefasto clima de la realpolitik de los 30 (Múnich, etcétera)” y arguyendo que "la URSS estaba forzada a firmarlo por el malOccidente" (bit.ly/2kGhAxB). Es la misma línea que tiró... Stalin en un panfleto Los falsificadores de la historia –sic– (1948), escrito en reacción a la revelación del texto del pacto, donde subrayaba –torciendo él mismo la historia callando p.ej. sobre el apartado secreto– que “ningún falsificador –sic– logrará borrar de la historia el hecho que o aceptábamos la propuesta alemana para ganar tiempo o dejábamos que el Occidente nos involucrase en guerra en situación desfavorable” (bit.ly/2maFxNE).
  1. De una apología neoestalinista del pacto es fácil caer en otro extremo y verlo como una encarnación de la "equivalencia Hitler-Stalin", tal como lo hace −aunque de modo light− T. Snyder (bit.ly/2lVfNoq). Frente a su afán de ver en el "origen de la Segunda Guerra" –el meollo de su re-lectura de la historia de la región en Bloodlands, (2010)–, E. Zuroff apunta que esto "exculpa a los alemanes" y "disminuye intentos genocidas nazis" (bit.ly/2mkW2qD). Si bien, correctamente subraya que esta argumentación acaba en peligrosas teorías revisionistas de "dos totalitarismos" y "doble genocidio" en boga en el mundo possoviético –"mientras Stalin no era Hitler y la URSS no era la Tercer Reich"−, al enfatizar "razones prácticas" de la URSS (también reales), deja de lado sus motivaciones coloniales.
  1. Si Katyn –por décadas negada masacre a manos de NKVD de unos 22 mil oficiales de ejército, policía y otros miembros de la intelligenstia polaca en 1940 aprisionados durante la invasión el 17/9 (bit.ly/29VL6UX)− no se explica sólo con razones "defensivas", se entiende muy bien con el chovinismo e imperialismo gran-ruso y la naturaleza colonial de la invasión. La "seguridad" no requería eliminación de las élites, deportación de más de un millón de polacos a Siberia y Kazakstán, ni previa casi total liquidación física del Partido Comunista Polaco (KPP) –lo mismo aplicaba a los comunistas de Ucrania−, pero el afán de colonizar y anexar a Polonia –y Ucrania et al.−, sí (según P. Broué las purgas en KPP “estaban motivadas en buena parte por la necesidad de Stalin de abrirse el camino al deal con los nazis y la partición de Polonia”, Histoire de l’Internationale communiste: 1919-1943, 1997, p. 687).
  1. Para W. Benjamin, el pacto Ribbentrop-Molotov era la última prueba –tras la experiencia del Frente Popular y la derrota de la República Española− de que "ninguna esperanza podría venir de la URSS", llevándolo a tildar a los políticos estalinistas como "traidores de su propia causa" ( Tesis de filosofía de la historia, 1940). Los efectos del pacto para la izquierda eran terribles exponiendo la naturaleza contrarrevolucionaria del régimen de Stalin que desde Comintern ordenó suprimir la crítica del nazismo/fascismo y enfocarla en "el imperialismo franco-británico". Mientras los comunistas en el mundo seguían en un estado de choque, Moscú le pasaba a Berlín camaradas alemanes refugiados en la URSS. Trotsky ya en 1937 predijo el pacto documentando los acercamientos nazi-soviéticos (Broué, p. 716). Después de la invasión a Polonia, escribió que Stalin simplemente actuó "como un agente de Hitler al conquistar a 3 millones polacos" (bit.ly/2kIjVIn).

*Periodista polaco

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Viernes, 20 Septiembre 2019 06:40

El poder de Netanyahu disminuye

El poder de Netanyahu disminuye

Existe una extraordinaria ironía en el destino de Netanyahu y el de Irán. El primero ha sido el capitán del Titanic, como lo llamó hace un par de días un académico israelí. El segundo –que se puede decir es mejor capitán– encabeza un par de buques tanque que salen y entran al Mediterráneo y al Golfo.

Irán también es el objetivo de la retórica del premier y su partido, Likud, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Recuerdan esas pruebas de caricatura que Netanyahu mostró ante la ONU, que supuestamente demostraba el tiempo que le llevaría a la república islámica fabricar un arma nuclear? Afirmó que a Irán "debían arrancársele los colmillos", con lo que quiso decir que el tirano nuclear islamita debía ser desarmado.

Y aquí estuvimos esta semana, con la bestia iraní, en efecto, disparándole a las plantas petroleras de Arabia Saudita, si bien recalco que los sauditas afirmaron que el ataque fue "incuestionablemente patrocinado" (aquí va un sic muy grande) por Irán. En otras palabras: fueron los hutíes quienes lo hicieron, pero los iraníes quienes están detrás del hecho.

Sin embargo, el hombre que encabezó el gran ataque antiraní en la ONU parece haber hundido su barco, y el hombre que una vez nos dijo en la conferencia de Herzeliya, hace muchos años, que Beirut era "el centro del terror", el entonces jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, podría ser ahora quien dirija al Estado de Israel hacia el futuro.

¿Y el ganador? Irán, por supuesto.

Es extraña la frecuencia con que esto sucede. Los británicos pierden un buque petrolero al tiempo que un navío iraní aparece en el puerto sirio de Banias. ¿Y qué dijo Trump? Ni siquiera hizo su habitual alharaca para informar que más sanciones contra Irán serían reveladas "dentro de las próximas 48 horas" –tiempo suficiente para que a sus colaboradores se les ocurriera algo– y añadió que "hay muchas opciones".

Una opción para Trump, ahora que sabe el destino de Netanyahu, sería volverse en contra de los sauditas, cuyos hombres de inteligencia decapitaron al pobre Jamal Khashoggi hace un año. Le hicieron cosas inauditas antes de, seamos francos, tirarlo por un desagüe, a una fuente o a un lavabo del consulado. ¿Qué sabía el príncipe heredero saudita de este abismal y vergonzoso asunto?

Permítanme agregar otra otra pregunta: ¿habrán colocado el rostro de Khashoggi hacia la Meca, si es que lo sepultaron? Quizá Mike Pompeo pudo preguntar a Mohamed bin Salmán, con una amplia sonrisa, cuando se reunió con él miércoles pasado, qué es lo que sabe del espantoso asesinato de un viejo amigo mío.

Eso no fue amable. Los sauditas son nuestros aliados –recordemos que los británicos seguimos patrocinándolos– y ellos nos dicen que los ataques con drones de los hutíes/iraníes fue "poner a prueba la voluntad global". ¿Nuestra respuesta al asesinato de Khashoggi también fue una prueba para la voluntad global?

No que yo quiera apaciguar a Irán con sus ahorcamientos, torturas e injusticias, pero me sorprendió que en estos acalorados días en Medio Oriente nadie –ni Irán, ni Estados Unidos, ni los israelíes– recordaran que esta semana marcó el 37 aniversario de la matanza de Sabra y Chatila: una atrocidad creada por las milicias cristianas israelíes que Tel Aviv tenía en Líbano, y que asesinaron a mil 700 personas, en su mayoría palestinos en campos de refugiados a los que fueron enviados por un ministro derechista de Likud en 1982. Sí, el mismo partido Likud para el cual Netanyahu probablemente ya perdió la elección israelí.

Siempre me sorprenden estos aniversarios y cómo los olvidamos. Cómo ni un solo presidente o primer ministro o rey llegó al desolado cementerio lleno de maleza enredada donde yacen esos hombres, mujeres y niños muertos en el oeste de Beirut. Aún recuerdo sus semblantes, el olor, la vileza de las fosas comunes entre las que caminé.

Hace unos días pasé por ahí en taxi y me sorprendí al darme cuenta de que yo mismo ya los había olvidado.

En 1982 Beirut era conocida como "la capital del terror". En 1983 un pequeño ejército de atacantes suicidas se lanzó contra la embajada estadunidense, los marines y paracaidistas franceses.

¿El ataque contra Arabia Saudita fue ordenado por Irán? ¿Inspirado por Irán? ¿Ese país con el que estadunidenses, europeos y rusos, en su momento, lograron un acuerdo nuclear? El cielo nos guarde de los enemigos que se convierten en nuestros amigos, para luego volverse enemigos de nuevo, y del aliado que decapita a uno de mis colegas.

Hay muchas opciones, nos dice ahora el presidente estadunidense.

En efecto, las hay.

Traducción: Gabriela Fonseca

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Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

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Jueves, 12 Septiembre 2019 06:40

China prepara a sus mandos para “la lucha”

China prepara a sus mandos para “la lucha”

Hong Kong y la guerra comercial amenazan con empañar el 70º aniversario de la República Popular

Douzheng (“lucha”). Esa va a ser la palabra clave en el vocabulario político de China en el futuro próximo, según ha dejado claro el presidente chino, Xi Jinping. Un futuro marcado en las próximas semanas por una fecha clave: El 1 de octubre se celebrará el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China, una efeméride que Pekín lleva planificando al milímetro desde hace años. No quiere que nada empañe un homenaje por todo lo alto a los logros desde 1949. Pero la conmemoración llega en momentos complicados: las protestas en Hong Kong y la guerra comercial en Estados Unidos son dos grandes nubarrones en el horizonte.

El panorama para lo que queda de año y el próximo, al menos, es de dificultades, a los ojos de Pekín. El Gobierno acaba de aprobar una veintena de medidas para estimular el consumo. La guerra comercial con EE UU pesa en el crecimiento económico, que el FMI calcula que será del 6,2% —una décima de punto menos que su pronóstico inicial—, el más débil en tres décadas. Aumentan las tensiones geopolíticas. Varios Gobiernos occidentales siguen la estela de Washington y se muestran cada vez más escépticos hacia China. El propio Xi ha estrenado el curso político con un sombrío discurso.

En una alocución la semana pasada desde la Academia Nacional de Gobierno, donde se forman los mandos del Partido Comunista de China, el presidente chino ha advertido: “El desarrollo de nuestro país ha entrado en una etapa en la que todo tipo de riesgos y desafíos se acumulan y concentran”, en áreas desde la economía al medioambiente, pasando por la Defensa. Xi ha mencionado también específicamente “Hong Kong, Macao y Taiwán”.

Hasta 60 veces llegó el presidente a mencionar la palabra douzheng en su discurso. Un término con muchas connotaciones en China: habitual durante la Revolución Cultural y los tiempos de Mao Zedong, había caído en desuso durante la época de reformas de Deng Xiaoping. Xi la empleó muy conscientemente: para motivar a los cuadros más jóvenes y para cerrar las filas del partido en torno a él. “Intenta utilizar esos desafíos en beneficio propio, tanto para aumentar su poder como para impulsar su programa político”, opina la consultora Trivium.

"Una orden de movilización"

“Este discurso es como una orden de movilización, una especie de pequeña ‘Revolución Cultural’ que en vez de movilizar a la gente corriente se centra en movilizar a los mandos, pidiéndoles que estén listos para la lucha y sean valientes en ella. Así, está marcando el camino por el que irá el Partido en el futuro: una ‘filosofía de lucha’, en vez de la ‘sociedad armoniosa’ (el lema del previo presidente, Hu Jintao) que aliviaba los conflictos sociales y buscaba el compromiso”, opina en una entrevista telefónica el comentarista político independiente Wu Qiang en Pekín.

Las palabras de Xi también preparan, opina Wu, la respuesta a los dos grandes desafíos inmediatos que afronta China: la guerra comercial y Hong Kong. El presidente ha usado ambos para fortalecer su liderazgo, según el analista, pero lograr avances requerirá —considera— algún tipo de compromiso. Xi “tiene que compaginar el papel de líder duro y de negociador. Este llamamiento a la lucha es para curarse en salud ante un futuro compromiso. En cierto modo, es una preparación estratégica para compromisos que puedan llegar en la disputa con Estados Unidos y en las protestas en Hong Kong”, subraya el experto.

Desde la semana pasada, el Gobierno chino ha dado sendos pasos para intentar suavizar ambos problemas, o al menos ponerles sordina hasta después de los festejos del aniversario. En una llamada telefónica, el equipo negociador chino ha acordado una reunión a primeros de octubre con su contraparte estadounidense en Washington, pese a la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses el 1 de septiembre. Pekín también ha eximido de aranceles suplementarios a varios productos de EE.UU, en un gesto de buena voluntad este miércoles.

Y en una comparecencia junto a la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro chino, Li Keqiang, dejó claro el viernes pasado que —al menos de momento, y ante el público— la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, cuenta el apoyo de Pekín en su anuncio de retirar oficialmente el proyecto de ley de extradición que originó las protestas. Una rama de olivo a los manifestantes, aunque para ellos no es suficiente y las movilizaciones continúan. Preguntado sobre esa medida, Li puso de manifiesto que su Gobierno respalda los esfuerzos de Lam para “poner fin a la violencia y el caos de acuerdo con la ley, para restablecer el orden”.

Con todo, la opción de esperar y ver puede resultar solo un parche temporal en ambas crisis. Hong Kong se prepara para un nuevo fin de semana de protestas, el décimo quinto, tras los destrozos del anterior. El gobierno autónomo no descarta declarar la ley de emergencia para acabar con las movilizaciones, según confirmaba la secretaria de Justicia hongkonesa, Teresa Cheng, a los medios de la excolonia británica este martes.

En el frente comercial, pocos analistas esperan que las negociaciones en Washington vayan a arrojar resultados concretos; es probable que el tira y afloja continúe hasta el año próximo, cuando Estados Unidos celebrará elecciones. El periódico China Daily subrayaba la semana pasada que “bajo ninguna circunstancia China sacrificará sus intereses nacionales para satisfacer las exigencias de EE UU”.

Tras los festejos del 1 de octubre, asoma un calendario delicado. En octubre también se celebrará la primera reunión del pleno del Comité Central del Partido en más de un año; en noviembre, elecciones de distrito en Hong Kong; un mes más tarde se conmemora el 20 aniversario del regreso de Macao a la soberanía china, un evento al que está previsto que acuda Xi y que puede movilizar a los manifestantes hongkoneses. En enero llegará otro momento al que China no quita ojo: las elecciones en Taiwán, la isla independiente de facto que Pekín considera parte de su territorio, y en la que se siguen muy de cerca los acontecimientos en Hong Kong. La douzheng, la “lucha”, acaba de empezar.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 11 SEP 2019 - 14:29 COT

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 Imagen del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York la mañana del 11 de septiembre de 2001.Foto Ap

Nueva York. Ayer se conmemoró el 18 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero aunque los ritos solemnes anuales procedieron aquí y en el Pentágono, imperó la sombra de una Casa Blanca disfuncional que, además de las mentiras cotidianas, ha expulsado ya a un número sin precedente de sus más altos funcionarios desde que Donald Trump empezó su estancia.

El despido, según Trump, o renuncia, según John Bolton, de su asesor de Seguridad Nacional, es el tercero en ese puesto en menos de tres años. También han sido cesados –o huyeron– dos previos asesores de seguridad, dos jefes de gabinete, un secretario de Estado, otro del Tesoro, uno de Defensa, uno de Seguridad Interna, otro de Trabajo, una más de Salud, otro del Interior, un procurador general y un director de la FBI, y otros más de segundo y tercer niveles; por lo menos 51 altos funcionarios en total.

El fin de Bolton no fue sorpresa, y la forma en que se hizo, por tuit, ya no es novedad. Se sabía, como lo declaró el presidente, que había marcadas diferencias de opinión entre los dos, y de la guerra cada vez más abierta entre el famoso bigote blanco y el secretario de Estado Mike Pompeo (quien ayer no lograba ocultar su sonrisa al hablar de su ex contrincante).

Aunque los analistas y observadores se han enfocado mucho en estas diferencias "ideológicas", con Bolton como un halcón tan extremo que el propio Trump bromeaba acerca de que si fuera por decisión de su asesor, "estaríamos en cuatro guerras más" y que él era quien tenía que moderar a Bolton, todo indica que el fin fue por algo más sencillo y común en este régimen: el presidente se hartó de alguien que no estaba de acuerdo en todo lo que el jefe quería.

Ahora el debate es si la ausencia de Bolton cambiará la política exterior de Trump. Se sabía que Bolton favorecía estrategias de “cambio de régimen –incluso a través de invasiones y guerras– en Irán, Venezuela, Cuba, Siria, Corea del Norte y otros lugares. Por su parte, Trump minaba esto con frecuencia, indicando que estaba dispuesto a reunirse con el liderazgo de Irán, por ejemplo, y mantener una relación amistosa con el líder norcoreano.

Trump comentó ayer que "estaba en desacuerdo con la actitud de Bolton sobre Venezuela. Pensé que estaba muy fuera de lugar", reportó Eli Stokols, de Los Angeles Times.

También se sabía anteriormente que Trump estaba irritado y frustrado con el tema de Venezuela porque Bolton y otros le habían asegurado que el gobierno de Nicolás Maduro estaba por caer ante un levantamiento popular y militar interno que nunca se produjo.

Pero estas disputas y desacuerdos sobre política no necesariamente son lo que determinan las decisiones internas de este régimen bajo el manejo errático de Trump. Con un presidente que se proclama como el más inteligente –"un genio muy estable"– que su gabinete, sus asesores, sus generales y los jefes de inteligencia, el fin de Bolton parece ser sólo otra decisión de una percepción de insuficiente lealtad y elogio o por razones de vanidad.

De hecho, esa vanidad se expresa sin falta cada día. Al ofrecer un discurso referente al 11 de septiembre, Trump repitió ayer una afirmación que carece de evidencia y parece ser otra exageración, engaño o mentira, entre las ya más de 10 mil que ha dicho desde que llegó a la Casa Blanca (según conteo del Washington Post). Insistió en que después de que vio el ataque contra las Torres Gemelas desde un edificio en Nueva York, pocos días despues “fui a la zona cero con hombres que trabajan para mí para intentar ayudar de cualquier manera que pudiéramos”. Sin embargo, nadie recuerda su presencia ni que haya ofrecido apoyo alguno.

En este aniversario tampoco se habló mucho de la guerra en Afganistán que se lanzó como "respuesta" a los atentados y que ahora es la más larga de la historia estadunidense, y menos sobre la de Irak y sus secuelas en la región. Más bien, los últimos días han estado repletos de disputas sobre realidades alternativas inventadas por el presidente, o por afirmaciones que preocupan por falta de coherencia.

Tal vez lo más increíble es que los temas que imperan en Washington no fueron el 11 de septiembre ni las guerras o política exterior –hasta lo de Bolton se está desvaneciendo– sino cómo Trump, con un plumón y una serie de declaraciones, insistió en encubrir un error que cometió al afirmar en un tuit que el huracán Dorian podría impactar al estado de Alabama.

Por más de una semana esto ha sido un gran debate, y continúa con la revelación del New York Times, de que el secretario de Comercio Wilbur Ross, bajo instrucciones del jefe del gabinete Mick Mulvaney, amenazó con despedir a funcionarios del Servicio Nacional Meteorológico –el cual está dentro de su secretaría– si no apoyaban la falsa afirmación del presidente.

Ayer, Trump, después de ofrecer su discurso por el 11 de septiembre en el Pentágono, donde recordó con toda la retórica patriótica y superpoderosa a los casi 3 mil que fallecieron ese día y advirtió que su país respondería a un nuevo intento parecido con una fuerza militar "nunca antes utilizada", retomó el tema del huracán.

De regreso en la Casa Blanca, a una pregunta sobre la versión del Times, Trump declaró que él nunca giró instrucciones para amenazar a los encargados del servicio meteorológico y que eso era otro ejemplo de fake news.

Una encuesta de CNN registró ayer que seis de cada 10 estadunidenses opinan que Trump no merece un segundo periodo y 71 por ciento no confía y en la información oficial difundida por la Casa Blanca.

Todo esto marca lo que el propio presidente ha empezado a bautizar como "la Edad de Trump".

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Los catalanes se movilizaron por la independencia

Las autoridades catalanas pidieron poder ejercer su “derecho a la autodeterminación”, durante la marcha a la que asistieron unas 600.000 personas.

Las autoridades de Cataluña pidieron “recuperar el diálogo” con el gobierno español para poder ejercer su “derecho a la autodeterminación”. Fue durante la celebración de la Diada, nombre que recibe el día nacional de esta región que aspira a su independencia de España. El acto se dio en un momento de incertidumbre política para el gobierno regional catalán, en manos de secesionistas, por las altas probabilidades de que se celebren nuevas elecciones generales en España. También en octubre se conocerá la sentencia judicial contra 12 de los líderes implicados en el intento de separación de 2017. Unas 600.000 personas asistieron a la movilización en el centro de Barcelona.

Con motivo de la festividad nacional, el presidente catalán, Quim Torra, insistió en que el derecho a decidir es la única posibilidad de resolver el conflicto político con España. "Si aún no somos libres es porque no hemos acabado el camino", aseguró Torra, quien próximamente será juzgado por desobediencia al haberse negado a retirar de edificios públicos los lazos amarillos con los que el movimiento independentista se solidariza con sus dirigentes presos. "Los pueblos forman parte de los Estados por dos vías: por voluntad o por imposición; por adhesión o por represión. Solo hay una forma de resolver esta disyuntiva, que es ejerciendo el derecho de autodeterminación", remarcó. La festividad de la Diada recuerda la caída de Barcelona ocurrida el 11 de septiembre de 1714 ante las tropas del rey borbón Felipe V, durante la guerra de Sucesión española. La fecha se transformó en el mito fundador de la nación catalana que reclaman los secesionistas.

La participación, estimada en 600.000 personas por la policía barcelonesa, es la más baja desde que la Diada expresa el deseo de separación catalana, siete años atrás. Tanto en 2018 como en 2017 participaron alrededor de un millón de personas, según fuentes policiales. "Volvemos a ser centenares de miles de personas que llenan las calles de Barcelona", celebró Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizadora del acto. "Ésta es la Diada más difícil de las que hemos organizado. No sólo no hemos avanzado sino que se dan pasos atrás", reconoció la dirigente, en relación a la búsqueda de la independencia.

El ánimo fue muy distinto al de octubre de 2017, cuando impulsaron un referéndum de autodeterminación y proclamaron una efímera república en esta región de 7,5 millones de habitantes. Algunos de sus líderes llevan casi dos años en prisión preventiva por presunta rebelión y se arriesgan a duras penas de cárcel. En el caso del principal acusado, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, la fiscalía pide 25 años. "Hoy volveremos a enseñar al mundo que persistimos a pesar de la represión”, escribió en Twitter el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica. Los retratos de los presos se hicieron presentes en la manifestación que tuvo como lema: "objetivo independencia". En octubre se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo contra los doce dirigentes juzgados por el intento de secesión de 2017.

Las discrepancias se multiplican entre los dos partidos separatistas que comparten el gobierno regional sobre cómo impulsar nuevamente la secesión. Juntos por Cataluña (JxC), de Puigdemont y su sucesor Quim Torra, llama a la "confrontación" con Madrid si el Supremo emite una sentencia condenatoria. En cambio, el partido de Junqueras, Izquierda Republicana (ERC), apuesta por el diálogo con el gobierno socialista español.

La vocera del gobierno regional, Meritxell Budó, defendió el diálogo e instó a una movilización "masiva y cívica" para recuperar la democracia y los derechos y libertades nacionales de Cataluña. En un momento del acto irrumpió el himno de España, procedente de una habitación de un hotel próximo al acto, que provocó malestar entre los asistentes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien también participó de la conmemoración, volvió a reclamar "acuerdos" y "entendimiento". Y reiteró su solidaridad con los líderes sociales y políticos presos.

Desde el Congreso en Madrid también se manifestaron sobre el tema. "Creemos que la represión es el peor de los caminos para solucionar conflictos políticos", dijo la vocera del grupo independentista JxC, Laura Borras. Aprovechó su intervención en la sesión para pedir al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que escuche a los catalanes, y se lamentó por que los dirigentes presos puedan ser condenados. "Ni la represión ni el exilio pueden acabar con las ansias de independencia”, subrayó. “Deseó que llegue un día en que la Diada sea la fiesta de todos los catalanes y no de una parte", expresó, a su vez, Sánchez que lleve adelante negociones con Unidas Podemos en la búsqueda de formar gobierno y evitar nuevas elecciones

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Martes, 10 Septiembre 2019 08:01

Los riesgos de los “acuerdos de paz”

Los riesgos de los “acuerdos de paz”
 

Casi tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, entre el FMLN y el Estado, la situación del movimiento popular y de la izquierda puede definirse como una profunda derrota agravada por la crisis ética de una parte de las dirigencias.

Como suele suceder, las cosas se ven más claras abajo y a la izquierda, donde la gente común organizada es capaz de comprender las realidades con mayor profundidad que los intelectuales. La visita a San Francisco Echeverría (Cabañas, El Salvador), durante ocho días en los que convivimos con familias y combatientes que repoblaron este sitio de mil y pico de habitantes, fue la ocasión para repasar en largas veladas y en talleres de formación lo sucedido desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

En las décadas de 1960 y 1970, un potente movimiento campesino y estudiantil avanzó sobre el poder de la oligarquía terrateniente y los militares que gobernaron el país durante décadas. La respuesta a las ocupaciones de tierras y a las movilizaciones urbanas fueron balaceras y masacres. Como muestra vale el asesinato de una decena de religiosos, entre ellos el obispo de San Salvador, monseñor Romero, recientemente canonizado por el papa Francisco.

La única alternativa posible para los sectores populares fue integrarse a las guerrillas que crecieron de modo exponencial hacia fines de la década de 1970, al punto que pudieron lanzar una potente ofensiva militar en 1981del recién formado Frente Farabundo Martí ara la Liberación Nacional (FMLN).

Doce años de guerra tuvieron un resultado esperable: como en Vietnam, los militares asesorados por Estados Unidos y apoyados por Israel, Taiwán, Reino Unido, Argentina y Brasil, entre otros, se dedicaron al exterminio de la población civil, ensañándose especialmente con las mujeres, niñas y niños campesinos que debieron abandonar sus pueblos para deambular por los montes durante años.

Como resultado, hacia el final de la guerra había sólo dos fuerzas sobre el terreno: unos 70 mil militares apoyados por una fuerza aérea que bombardeaba las zonas guerrilleras día y noche, y las guerrillas, con un número quizá ocho veces menor, pero con gran movilidad y heroísmo, que los llevaron cerca de la conquista de la capital en la ofensiva de 1989.

El empate militar se resolvió con la negociación de la paz, en la cual el FMLN entregó las armas, desmovilizó a sus combatientes y se limitó a hacer política dentro de las instituciones estatales. Aunque consiguió dos veces hacerse con el gobierno (en 2009 con Mauricio Funes y en 2014 con Salvador Sánchez Cerén), hubo cambios apenas cosméticos en la dominación y en el despliegue de la acumulación capitalista.

Campesinos y campesinas de San Francisco Echeverría, donde el FMLN cosecha el 80% de los votos, coinciden en criticar a las direcciones. “Nos abandonaron”, dicen algunos. Otros enfatizan que hubo traiciones mayores (como la de Joaquín Villalobos) y otras no tan evidente pero no menos destructivas, ya que no pocos cuadros de la ex guerrilla se volvieron empresarios exitosos dando la espalda a quienes dieron sus vidas.

Ahora que el FMLN sufrió una dura derrota (cayendo del 50 al 14% de los votos) y es poco probable que retorne al gobierno en un plazo breve, los sectores populares exigen una mirada a más largo plazo que incluye un balance desde la firma de los acuerdos de paz hace 27 años.

Las preguntas se acumulan: ¿Por qué entregaron las armas mientras un ejército de asesinos las conserva? ¿Por qué confiaron en un Estado oligárquico? ¿Por qué abandonaron, de forma simultánea, a los movimientos de abajo y llegaron hasta rehusar manifestarse para evitar “provocaciones” que pusieran en cuestión la supuesta paz conseguida? En suma, porqué dejaron de luchar.

Con algo más de profundidad, y desde quien acompaña sin interpretar, quisiera preguntar: ¿Porqué no intentamos transitar otros caminos que no pasen por la guerra o las elecciones, como si fueron dos opciones únicas y excluyentes? ¿Porqué se abandonó la práctica de la crítica y la autocrítica, siendo la única que permite corregir errores?

Lo más indignante es que las llamadas izquierdas siguen transitando los mismos caminos que mostraron nula efectividad y, peor aún, daños irreparables a los movimientos anti-sistémicos y a los sectores populares.

9 septiembre 2019 0

 
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