Domingo, 11 Noviembre 2018 05:39

Una ópera de tres centavos

Una ópera de tres centavos

En 1978, Robert DeNiro fue a visitar a Martin Scorsese a una clínica de desintoxicación en las afuera de Nueva York. DeNiro y Scorsese eran como hermanos. Habían filmado juntos Calles Peligrosas cuando nadie los conocía, habían alcanzado fama y gloria con Taxi Driver y venían de ser despedazados por hacer New York, New York. DeNiro no había padecido tanto porque él era el actor nomás, y New York New York era evidentemente una película de director, pero Scorsese había padecido un colapso triple: el fracaso de su película, la intempestiva partida a Europa de Isabella Rosellini, su novia de entonces, y su adicción a la cocaína. DeNiro no sabía con qué iba a encontrarse pero igual fue con un libro bajo el brazo. Scorsese lo esperaba con otro libro para regalarle. Los dos pensaban lo mismo: en el traslado al cine de ese libro que tenían entre las manos estaba la oportunidad de ambos para volver a la buena senda, a los buenos tiempos. El libro que Scorsese tenía para DeNiro era La última tentación de Cristo, de Kazantzakis. El que DeNiro le dio a Scorsese era la autobiografía del boxeador Jake LaMotta. 

Dos días después DeNiro volvió a la clínica y le dijo a Scorsese que el libro de Kazantzakis no le decía absolutamente nada. Scorsese le contestó que a él le pasaba exactamente lo mismo con el de Jake LaMotta. Scorsese quería que Travis Bickle hiciera de Cristo, era una idea potentísima pero él estaba demasiado débil para defenderla. Y DeNiro tenía miedo de colapsarlo si le decía lo que realmente pensaba: porque, sin decirle nada, ya había pagado de su bolsillo los derechos para llevar al cine la vida de Jake LaMotta y no se le ocurría ningún otro director que pudiera filmarla.


“Pero yo no sé nada de box, nunca me interesó”, le decía Scorsese con un hilo de voz. DeNiro insistía, apelando al corazoncito itálico de su amigo: “Imagínalo como un gladiador que sale a la arena. Imagina toda esa gente que quiere verlo devorado por los leones”. Y le describía la capacidad sobrehumana de LaMotta para asimilar el castigo sin caer a la lona, las veces que había remontado con un KO providencial peleas que estaba perdiendo alevosamente por puntos. “Marty, sólo tú puedes transmitir lo que significaba LaMotta para nuestra gente. Te estoy hablando de un tipo que perdió cinco veces contra Ray Sugar Robinson y al final de cada pelea, con la cara tumefacta y sangrante, iba a abrazarlo y le decía al oído: Tampoco esta vez pudiste noquearme, Ray. Imagina un boxeador que pelea como si no mereciera vivir. Imagina lo que puedes hacer con la cámara cuando filmes cada golpe, las gotas de sudor y de sangre volando por el aire y salpicando los tapados de piel y los smokings de la gente en el ringside. Te estoy hablando de una ópera, Marty. Las peleas serán como las arias. Sólo tú puedes convertir esta historia en una ópera del Bronx”.


Hoy es difícil imaginar un DeNiro así, pero en aquel tiempo estaba prendido fuego: venía de hacer Taxi Driver y El Padrino, y mientras convencía a Scorsese hizo El Francotirador. A mí no me parece casualidad que, en El Francotirador, eligiera mal su papel y dejara que Christopher Walken se robase la película. Tenía toda la libido puesta en convencer a su hermano Marty para hacer juntos esa ópera del Bronx. Las palabras “ópera” y “Bronx” tocaron un punto neurálgico en la vapuleada humanidad de Scorsese. En New York New York había intentado que confluyeran sus ambiciones contrapuestas de ser un grande de Holywood a la manera de Vincente Minelli o John Ford y un trangresor a la manera de Fassbinder o Godard. La crítica le había hecho saber de mala manera que no se podía ser las dos cosas al mismo tiempo, pero él seguía creyendo que sí se podía, si el vehículo elegido era el correcto.
Recordemos aquellos tiempos: Bob Fosse acababa de de filmar Lenny en blanco y negro, con Dustin Hoffman haciendo un Lenny Bruce monumental, y el gran éxito del año anterior había sido Rocky, una película de boxeo, una película de losers. En cuanto le dieron el alta a a Scorsese, DeNiro lo arrastró a un burlesque de la calle 47 donde La Motta hacía de patovica a cambio de que lo dejaran subir un rato al escenario, donde recitaba trozos de Shakespeare con su dantesco acento del Bronx, para las risotadas del público. DeNiro miró a su amigo. Scorsese ya estaba imaginando la película. Esa misma noche decidieron que había que filmar en blanco y negro, porque así era el box para el inconsciente colectivo norteamericano: como lo habíantodos visto por primera vez, por televisión, en aquellas míticas peleas de sábado a la noche en blanco y negro.


Scorsese sabía que no cotizaba nada bien después de la catástrofe de New York, New York y de su internación para desintoxicarse. Pero tenía una película de boxeadores. Y tenía a DeNiro. Y tenía también a Paul Schrader, que era una garantía: venía de una racha de guiones exitosos desde Taxi Driver. Es decir que ya tenía su ópera de tres centavos. Schrader lograría sacar, de la tosca acumulación de confesiones que era el libro de La Motta, un guión que era un directo al plexo. Empezaba con un plano negro, ruido de gritos y muebles rotos y por encima un vozarrón que decía: “¡Acábenla de una vez! ¿Son animales o qué?” (El batifondo era La Motta fajando a su mujer embarazada). Y la última escena era en un calabozo, La Motta preso en Miami por chulear pibas de catorce, en su momento de mayor degradación, solo en aquel calabozo, donde procedía a masturbarse mientras murmuraba con la cabeza gacha: “No soy un animal, no soy un animal”.


Por supuesto, en el imaginario mundial, El Toro Salvaje es la película con la que DeNiro ganó un Oscar por engordar un millón de kilos para encarnar un LaMotta crepuscular, después de haber hecho todas las escenas del LaMotta boxeador con un cuerpo que era más fibroso y eléctrico que un cable de alta tensión corcoveando. La leyenda dice que DeNiro entrenó un año entero bajo la supervisión directa del propio LaMotta, que hizo más de mil rounds de guantes con sparrings que le bajaron varios dientes y a los que él les rompió una que otra costilla, que filmó contra reloj todas las escenas de LaMotta joven y a continuación se fue cuarenta días de caravana por trattorias de pueblo del norte de Italia, comiendo siete y a veces ocho veces al día hasta agregarle treinta kilos a su fibrosa osamenta de sesenta y cinco.


El Toro Salvaje es la última gran película de DeNiro y su último Oscar. Es también la última gran película americana de los años 70, además de ser la mejor película de box de todos los tiempos y la gran derrotada de los Oscar de1980, donde perdió contra Gente como uno, y Scorsese cayó como mejor director contra Robert Redford. La leyenda dice que El Toro Salvaje perdió toda chance de Oscar cuando el loco John Hinckley quiso asesinar a Ronald Reagan bajo la influencia de Taxi Driver. Scorsese no quería ni ir a la entrega de los Oscars, finalmente asistió escoltado por agentes del FBI disfrazados de invitados, y se lo llevaron antes de que terminara la ceremonia. Había sido, una vez más, el gran derrotado de la noche. En el avión que se lo llevó de Los Angeles esa misma noche encontró consuelo releyendo por enésima vez su ejemplar recontrasubrayado de La última tentación de Cristo, sin saber que lo esperaban nueve años de penuria hasta plasmar en la pantalla grande esa preproducción mental que lo distrajo del fracaso en aquel vuelo nocturno de Los Angeles a Nueva York.

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Ibn al-Sheikh al-Libi: La historia de tortura más importante jamás contada

Es triste decirlo, pero Estados Unidos nos ha enseñado varias cosas sobre el abuso a los detenidos en Abu Ghraib y más allá. Aprendimos también otra lección lamentable en las revelaciones de Ian Cobain y Clara Usiskin del martes, con las que nos pusieron al día de algunos detalles importantes de la historia de tortura más grande que nunca llegó del todo a contarse: la de Ibn al-Sheikh al-Libi.

Desafortunadamente, los disparates motivados por la tortura tienen consecuencias a varios niveles. Una cosa es que la CIA torture a uno de mis clientes para que confiese falsamente un crimen. Pero esa persona sufre en doble sentido: primero por el maltrato, y después por estar encerrado en un agujero negro legal como es la Bahía de Guantánamo, al igual que los 40 hombres que continúan pudriéndose en esa infame prisión estadounidense sobre territorio cubano.

Sin embargo, hay un lado aún más oscuro en tales secretos, y ahí es donde radica la importancia de la investigación de Middle East Eye: porque determinada “inteligencia” conseguida mediante torturas se utiliza para cambiar políticas gubernamentales, incluso para iniciar una guerra.

Hace algunos años, Shaker Aamer, uno de mis clientes de Guantánamo, me contó lo que sabía sobre Libi. Shaker estaba detenido en una jaula en la base aérea de Bagram en Afganistán cuando le trasladaron a la misma celda que Libi. Allí, dijo, creyó ver a un agente británico que estuvo presente durante el tormento.

Poco después, a principios de 2002, vio cómo se llevaban un ataúd. Se supo que Libi iba allí dentro, bien vivo, camino de Egipto, donde a Estados Unidos no le fue difícil conseguir que los secuaces del presidente Hosni Mubarak le hicieran el trabajo sucio aplicándole una picana eléctrica.

Como era de esperar, Libi dijo lo que Estados Unidos quería escuchar: que Sadam Husein era un aliado de Al Qaida. Tiempo después pude presentar pruebas desclasificadas de Guantánamo, donde un detenido allí torturado declaró también que la gente de Sadam estaba desarrollando armas de destrucción masiva.

Cuando Libi dijo todo esto por primera vez, algunos agentes de la CIA expresaron sus dudas, pero eso no impidió que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, echara mano de esa información para su discurso de octubre de 2002, o que el secretario de Estado Colin Powell presentara, en febrero de 2003, su infame discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así pues, la falsa inteligencia extraída por la tortura no solo mantuvo a Libi en prisión, sino que también tuvo un gran peso en la decisión de invadir Iraq poco tiempo después ese mismo año.

Conocemos bien el desastre que siguió, pero ¿qué pasó con la víctima de la tortura? En los primeros cinco años después del 11 de septiembre, puse en marcha un proyecto con el que intenté hacer un seguimiento de lo que sucedía con algunas de las personas más conocidas capturadas en la llamada “Guerra contra el Terror”.

Las prisiones secretas de Estados Unidos

Aunque a la Bahía de Guantánamo se enviaron a 760 prisioneros, durante mucho tiempo no apareció ninguno de los nombres importantes. Escuchábamos rumores confusos de que se encontraban en prisiones secretas estadounidenses dispersas desde Marruecos a Polonia.

Posteriormente, en septiembre de 2006, aparecieron en Guantánamo varios de los “detenidos de alto valor” más famosos, entre ellos Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual del ataque al World Trade Center. Sin embargo, Ibn al-Sheikh al-Libi no figuraba entre los recién llegados.

Más tarde supimos lo que había sucedido: lo habían devuelto a Libia. Ya en marzo de 2004, el primer ministro británico Tony Blair se había reunido en el desierto con Muammar Gaddafi. Y fue a ese país al que entregaron a Libi, donde tuvo que enfrentarse a nuevos abusos. Por un golpe de suerte, pudimos encontrar una manera de enviar y recibir mensajes de él, pero tan pronto como esa puerta de su historia se entreabrió, según Gaddafi, Libi “se suicidó”.

Solo el observador más crédulo podría tragarse eso, pero fue cierto que al pobre hombre le habían metido antes en un ataúd y de allí, en esa ocasión, había pasado a una tumba real. Libi planteaba un problema: si alguna vez se hubiera encontrado con el imperio de la ley, su presencia hubiera sido demasiado embarazosa para personajes poderosos. Y nos habríamos enterado de que Estados Unidos se equivocó en los hechos más básicos: lejos de dirigir un campo de entrenamiento de Al Qaida en Afganistán, Libi ni siquiera había apoyado la campaña mundial de terror de Osama Bin Laden, ya que su objetivo era liberar a su propio país.

Pero lo más importante es que su tortura no solo había llevado (como en otros casos) a un juicio falso en una corte-canguro en la Bahía de Guantánamo, sino a una guerra catastrófica que costó cientos de miles de vidas y hundió más en el caos a Oriente Medio. Tenía que desaparecer y Gaddafi estaba dispuesto a hacer que tal cosa sucediera.

Es verdad que no podemos aprender las lecciones de la historia a menos que sepamos lo que realmente sucedió. Cuando se trata una de mala conducta del gobierno, la luz solar es el desinfectante más grande; sin embargo, hay fuerzas poderosas que desean mantener sus sucios secretos bien escondidos, desde Blair hasta Bush y más allá. De hecho, aunque los británicos manifestaron en ocasiones cierta incomodidad y sugirieron que los semicivilizados estadounidenses se habían salido un poco fuera de madre con sus torturas y entregas extraordinarias, las últimas revelaciones sobre el tratamiento de Libi agregan otro clavo en el ataúd de esa mentira en particular: los británicos sabían exactamente lo que estaba pasando, e incluso trataron de “beneficiarse” enviando sus propias preguntas a la celda de sufrimiento de Libi.

Al final, solo con una investigación judicial completa y transparente, prometida desde hace tanto tiempo, la verdad saldrá a la luz. En cambio, Blair ha dicho que la libertad de información fue lo peor a la hora de enjuiciar de su mandato, porque a él le hubiera gustado que los funcionarios tomaran decisiones en secreto.

Tal vez cuando tengamos todas las revelaciones, puede que incluso él comprenda que suscribirse a la tortura y utilizar la “inteligencia” obtenida por esa vía para iniciar una guerra desastrosa fue un error muchísimo más grave.

Por Clive Stafford Smith
Middle East Eye

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Clive Stafford Smith es abogado internacional de los derechos humanos. Ha representado a más de 300 personas que se enfrentan a la pena de muerte en EE. UU. Y aseguró la liberación de 69 prisioneros del campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

 

 

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Jueves, 08 Noviembre 2018 05:31

Wilde y Lorca, en la búsqueda

Wilde y Lorca, en la búsqueda

Oscar Wilde se pierde en la esquina, cruza a la otra vereda y relojea el cine. Si es como le dijo el mucamo del hotel, que apenas si le dio tiempo a abrir las maletas, allí está la felicidad. Se arregla el mechón de pelo detrás de la oreja y avanza resuelto. Entra al jol y nadie lo reconoce. Paga y allá va. La película porno no lo parece pero seguramente porque es de las antiguas, largas y con argumentos. Olfatea el lugar, y le huele bien. La platea apenas si se ve, sólo cuando los interiores de la pantalla rebotan reflejos. Sí, por allá puede ser, piensa. Y se anima a unas butacas de respetuosa cercanía. Pero nada. El otro se va al tiempo que ingresa un cuerpito enclenque, en continuado como las generaciones en la vida. Y se decide, Wilde, a una butaca de-casi-ya-cerquita-pero-hasta- ahí, por si las dudas. El recién llegado es un alfeñique apenas, un peor es nada. Poco que ver con él, don Oscar, que urgente más que rápido debe aceptar alguna dieta mágica porque si no las pilchas reventarán. Optimista, el poeta percibe posibilidad de arreglo… Acercan butacas… ¿Será que Dios se acuerda de los desheredados...? Oh, sí, bienaventurados los santos y todos los que carezcan de la santa piedad del Señor… Se sueltan los papeles y las palabras evaden su función. Chamuyan. Bien. Bajito. Y exquisitos, luego del conocimiento básico, deciden salir para un futuro mejor e inmediato, aún ya con los ardores saciados. En la vereda es el gordo el primero en mirar con asombro al muchachito; pero antes de que diga algo, es el otro el exaltado: –¡Albricias, sos Oscar Wilde, mi maestro querido! A Wilde se le descuelga la quijada: –Y vos sos Lorquita sin la ere… ¡Querido García Lorca del carajo! ¡Gran discípulo! Es una maravilla encontrarnos gracias a Dios, que mueve los hilos con sabiduría ejemplar. ¿Qué hacés en esta tierra de locos? –Rajando de Franco para que no me cojan y me fusilen como dicen que harán. Me hice revolucionario, pero tío, ahora todo es ¡una gilipollada!… Así que vine a poner La Malparida en un teatro de Avenida de Mayo y voy tirando más o menos bien… ¿Y vos?... –¿No era La Malquerida? –Sí, claro, pero en estos tiempos quien no se aggiorna, perece… Le agregué unas escenas bien polentas y sí, vamos tirando… ¿Y vos?... –Y…, ya conocés mi historia, un quilombo tras otro, y encima toda Inglaterra tirando mierda contra los inmigrantes. Mirá, estuve de pareja con un anarquista-loco que me obligaba a escribir en las calles: “¡Paquistaníes, iraníes, árabes de todo pelaje, go home!”... Y una noche mientras le daba al aerosol apareció una bandita de estos ratonzuelos y ni te cuento, me cagaron a palos, como dicen aquí. –¡Te cojieron feo! –¡Ojalá!, pero ni eso, simplemente me mandaron al hospital por una semana… –¿Y anarquista-loco? ¿Por qué no escribía en las paredes?... –Era analfabeto y manco, pero, como, en fin, lo que debía hacer, lo hacía rebien, ¿por qué no darle una mano a quien la carece?… ¿Y si bebemos un té en tu hotel?... Porque en el mío no te puedo invitar debido a que me hice amigo de un mucamo muy celoso… Me pidió un libro apenas entramos a la habitación y tardé una hora en terminar…, de firmarle mi autógrafo… –Debería ser tarde, porque mi cuarto en el Hotel Castelar lo usan como recinto histórico y hay tours con gente que hace cola para afanarse la lapicera-cucharita con la que, según un cartelito que pusieron, escribí mis mejores obras. Pero eso está bien porque a la única fábrica de hipodérmicas que había en el país la reventaron permitiendo la importación, y ahora se salvan produciendo estas lapiceras. También las venden con frasquito de tinta en un lindo estuche para regalo. Y me dan unos mangos extra… Desolado, Wilde, ve que el bello encuentro deberá recalar en un bar cualunquen y se lo dice al andaluz-profesional, como lo llamaba Borges. Pero Lorca lo reconforta ubicándolo en la realidad: –¡Pero no, che!... Por eso hemos hecho la revolución. Ahora no es como antes, todo escondido y en clandestinidad, no, ahora podemos ir a cualquier hotel, no sólo tenemos derechos sino además organismos que nos defienden, tenemos la prensa a favor, la televisión a favor, el gobierno a favor, fijate que no hace mucho cuando se hizo un concurso para ver quién era la “mujer del año”, salió elegido un travesti, y ni una mujer dijo esta boca es mía, todas se la tragaron doblada. Hoy somos poder. Cuando empezó la liberación, las calles estaban llenas de gays, pero hoy ya no hace falta el levante callejero porque hay millones de sitios donde ir. Somos poder. Somos el orgullo gay, ¡es como tener título nobiliario!... –Ay, madre de Dios… ¿O sea que ya no somos putos, ahora somos alegres?, mirá a lo que se llega… Lo que es el avance de la humanidad, quién lo hubiera dicho… –No te entiendo… En lugar de ponerte contento, te… ¿Estás triste?... –Y… No es como antes... Hay que darse cuenta que antes era una aventura, un atrevimiento de transgresores… Uno se sentía distinto… ¡Era distinto!... Diferente… Y eso nos hacía vanidosos, ¿no?... Éramos únicos, en cambio hoy, me parece, somos comparsa ¿o no?... –Bueno... Vos ves la cosa desde la melancolía… Y sí, ahora es distinto, pero por eso hemos luchado… Los gobiernos nos defienden… La Argentina deberá tener un presidente gay. –¿Deberá tener?... No sé, yo nunca mostré la escupidera ni quise luchar ni imponerme… Aunque, por eso fui a parar a la cárcel… –Querido maestro, debés entender que al tener poder perdimos el miedo y la vergüenza de que nos miren mal y hablen a nuestras espaldas… ¡Y da gracias a Dios que estuviste preso! Allí pudiste escribir “De Profundis” y “la Balada de la Cárcel de Reading”, qué dos golazos, maestro… –Ay, Lorquita, me parece que estás patinando mal… Yo nunca tuve vergüenza, ni pretendí custodia moral de nadie y cuando me pregunto bajo qué tipo de gobierno yo, como artista viviría mejor, sólo tengo una respuesta: en ninguno… –Pero no podés negar los beneficios: podemos casarnos, escribir con libertad y sin… –Mi libertad siempre fui yo mismo, cuando dependo del permiso o de la autorización de algo o alguien, es cuando empiezo a perder mi dignidad… Mirá, escribí cuando desconocía la vida; ahora que la conozco y entiendo su significado, ya no necesito escribir. La vida no puede escribirse, sólo puede vivirse… ¿Qué te parece aquél bar de donde vuelan melodías tangueras?... –Estupendo. Vayamos. Luego te llevaré a un nuevo “Tronío” acabado de abrir, es medio clandestino y poco recomendable, como los de antes, ja… Iremos de culo, ¡joder!... –¡Vale, Lorquita!... Pensemos qué significa hoy ser “revolucionario”… Si ahora estamos con el poder, ello indica cambio de posiciones, quizás hoy ser revolucionario sea otra cosa, ¿no?… Por eso aquél que vive más de una vida y más de una muerte, también debe morir… –Entremos. –¡Y exigiré que a la malparida la represente un travesti!, como siempre lo soñé...

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La extrema derecha en Brasil: aprendiendo y desaprendiendo desde la izquierda*

Cual círculos concéntricos se difunden en América Latina los impactos de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Colombia no es la excepción. Más allá de que en este país han prevalecido los gobiernos conservadores, el triunfo de una derecha extrema en Brasil debe ser analizado. Las izquierdas del continente están conminadas a aprender de lo que allí sucedió.

Los agrupamientos políticos que apuestan por cambios, y que lograron sustantivos crecimientos electorales en Colombia, enfrentan el desafío de no repetir las contradicciones observadas en Brasil. Esto también es indispensable para los movimientos ciudadanos que siguen enfrentando estrategias como las extractivistas, ya que un estilo político como el propuesto por Bolsonaro solo augura una acentuación de la violencia. No puede obviarse que Brasil, por ejemplo, lidera los indicadores mundiales en asesinatos de defensores de la tierra, pero Colombia le sigue en tercer lugar (57 en el primer caso y 24 en el segundo, según Global Witness) (1).

En este texto presentamos algunas reflexiones preliminares a partir de lo sucedido en Brasil. No pretendemos ofrecer un análisis detallado de su política interna, sino que nuestro propósito es otro: rescatar algunos aprendizajes de lo que allí sucedió, útiles para una izquierda que está ubicada en los demás países (y por ello aquí intercalamos algunas apreciaciones enfocadas en Colombia). No repetiremos la nutrida información circulante en estos días ni apelaremos a análisis simplistas, tales como achacar toda la culpa sea a la derecha o al progresismo. Compartimos este ejercicio desde una perspectiva de izquierda, con el propósito de alentar su renovación y de evitar que otros Bolsonaro se instalen en los países vecinos.

Progresismos e izquierdas: son diferentes

En todo el continente, los agrupamientos políticos conservadores realizan un activo entrevero de hechos para desacreditar las opciones de cambio hacia la izquierda. Se mezclan las severas crisis de Venezuela y Nicaragua con la caída del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, para insistir en que las opciones de cambio hacia la izquierda son imposibles, fatalmente están teñidas por la corrupción, y así sucesivamente. Pero justamente la crisis brasileña muestra la necesidad de insistir en las diferencias entre progresismos e izquierdas.

Es que muchos de los problemas observados en Brasil resultan, como se verá más adelante, de programas y una gestión de gobierno del PT y sus aliados donde poco a poco olvidaron sus metas iniciales de izquierda para transformarse paulatinamente en progresismos. Esto nunca lo ocultaron, sino que hicieron de ello uno de sus atributos.Por lo tanto, una primera lección a tener en cuenta es que la distinción entre izquierdas y progresismos sigue siendo clave (2).

Humildad para entender los humores del pueblo

El Partido de los Trabajadores y el liderazgo de Lula da Silva fue repetidamente presentado como ejemplo de viraje exitoso hacia las llamadas “nuevas izquierdas” en toda América Latina y a nivel mundial, lo que es comprensible al haber ganado cuatro elecciones consecutivas. No fueron pocos los grupos políticos que en distintas naciones lo tomaron como inspiración. Es más, se insistía en que el “pueblo” en su mayoría había adherido a la izquierda y eso explicaba victorias electorales como las de DilmaRousseff.

Sin embargo, en un proceso relativamente veloz, incluyendo los abusos de la oposición de las disposiciones jurídicas, el PT perdió el control del gobierno, Rousseff fue removida de su cargo, y se terminó eligiendo presidente a un político poco conocido y de derecha: Temer, quien había sido vicepresidente de la misma Rousseff. Los escándalos de corrupción no cedieron, y Lula da Silva terminó encarcelado.

Esas y otras circunstancias desembocaron en un cambio político extremo. No sólo triunfó Bolsanaro, sino que se hizo evidente que la sociedad brasileña es mucho más conservadora de lo pensado. Aquel mismo “pueblo” que años atrás apoyaba al PT, en unos casos lo rechazaba intensamente, y en otros, festejó a un candidato prolífico en discursos de tono fascista.

Estamos aquí ante una otra lección que impone precaución en usar categorías como “pueblo”, y que nos demanda humildad en aseverar cuáles son los pensamientos o sensibilidades prevalecientes. Quedan en evidencia las limitaciones de un “triunfalismo facilista” ante una sociedad que no era tan izquierdista como parecía y un conservadurismo que estaba mucho más extendido de lo que se suponía. Esta es una cuestión de mucho cuidado viendo cómo avanzan las creencias en una prosperidad que supuestamente descansa en el individualismo, el consumismo, y que entienden como normal y hasta necesaria la existencia de profundas diferencias sociales, y aceptan la violencia.

Derechas sin disimulos y progresismos disimulando ser izquierda

Seguidamente queda en evidencia otro aprendizaje: los riesgos de un programa que se recuesta sobre sectores y prácticas conservadoras para poder ganar la próxima elección. Una postura que asume que primero se debe “ganar” la elección presidencial, y que una vez en el palacio de gobierno se podrá “cambiar” al Estado y la sociedad. Esto se ejemplifica en Brasil con acciones que van desde la adhesión a un orden financiero (en la muy conocida “Carta al Pueblo Brasileño” firmada por Lula en plena campaña electoral) hasta su articulación política con el PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasileño) de centro-derecha para lograr gobernabilidad. Le siguieron otras concesiones clave en las estrategias de desarrollo, cerrando la puerta a transformaciones estructurales del aparato productivo y así repitiendo el estilo primario exportadora (3). Este es justamente uno de los aspectos que sirven para caracterizarlos como progresistas y diferenciarlos con las izquierdas.

Se cae en una situación donde el progresismo una y otra vez intenta disimular que es una izquierda, mientras que la nueva derecha nada disimula ni oculta. Bolsonaro critica abiertamente a negros o indígenas, es homofóbico y misógino, ironiza con fusilar a militantes de izquierda, defiende la tortura y la dictadura, y apuesta a reformas económicas regresivas. Es ese tipo de discurso el que es apoyado por una proporción significativa de la sociedad brasileña.

Desarrollo nada nuevo sino senil

La necesidad de distinguir entre progresismos e izquierda también queda en evidencia al analizar las estrategias sobre desarrollo seguidas por el PT. El camino de esos gobiernos, el “nuevo desarrollismo”, descansó otra vez en las exportaciones de materias primas. Para lograrlo se ampliaron las fronteras extractivistas y la captación de inversión extranjera, alejándose así de muchos reclamos de la izquierda.

De ese modo Brasil devino en el mayor extractivista del continente, tanto minero como agropecuario (por ejemplo, el volumen de comercialización sumados hasta triplicó al de todos los demás países sudamericanos mineros). Esto sólo es posible aceptando una inserción subordinada en el comercio global y una acción limitada del Estado en algunos sectores como el industrial, justamente al contrario de las aspiraciones de la izquierda de sacar a nuestros países de esa dependencia.

La esencia de esa estrategia de desarrollo no es diferente a la que siguió, por ejemplo, la administración Santos en Colombia. Sin duda hay diferencias, en especial por una mayor presencia estatal en Brasil, evidente en enormes empresas como Petrobras (hidrocarburos) o Vale (minería) que son en parte estatales o estaban controladas y financiadas por el gobierno. Pero persistió el componente extractivista y primario exportador, que vienen de la mano de procesos desindsutrializantes y que obliga a prácticas de imposición territorial y control de movimientos sociales.

Las limitaciones de esas estrategias se disimularon en Brasil con los jugosos excedentes de la fase de altos precios de las materias primas. Aunque se publicitó la asistencia social, el grueso de la bonanza se centró en otras áreas, tales como el consumismo popular, subsidios y asistencias a sectores extractivos o el apoyo a algunas grandes corporaciones (las llamadas campeões nacionales).

Esto explica que el “nuevo desarrollismo” fuese apoyado tanto por trabajadores, que disfrutaban de créditos accesibles, como por la elite empresarial que conseguía dinero estatal para internacionalizarse. Lula da Silva era aplaudido, por razones distintas, tanto en barrios pobres como en el Foro Económico de Davos.

El PT contribuyó sustantivamente a la defensa cultural de esas estrategias, y por ello en Brasil no ocurrieron debates como los que se escucharon en Colombia con“petróleo versus aguacates” (o sea, comenzar a pensar alternativas para el futuro inminente del agotamiento de los hidrocarburos). Por lo tanto, aquí se encuentra un flanco que una renovación de izquierda en Colombia debería considerar, promoviendo desde ya las reflexiones sobre cómo salir de los extractivismos.

La caída de los precios internacionales de las materias primas dejó en claro que las ayudas mensuales otorgadas en Brasil a los sectores marginados sin duda eran importantes, pero no sacaban realmente a la gente de la pobreza, ni resolvía la excesiva concentración de la riqueza, ni impedía que mucho dinero se perdiera en redes de corrupción.

La izquierda debe aprender de esa incapacidad de los progresismos para transformar la esencia de sus estrategias de desarrollo. Se profundizó la dependencia de las materias primas, con China como nuevo referente, con graves efectos en la desindustrialización y fragilidad económica y financiera. El “nuevo desarrollismo” que quiso construir el progresismo no es “nuevo”, y en verdad es tan viejo como las colonias, pues en aquel entonces arrancó el extractivismo.

La lección para las izquierdas en el resto del continente es que la reflexión sobre las alternativas al desarrollo sigue siendo clave. Se podrá tener un discurso radical, pero si las prácticas de desarrollo repiten los conocidos estilos, se quiera o no, eso desemboca en políticas públicas convencionales, y es esa convencionalidad otro componente que apartó a los progresismos de las izquierdas.

Clientelismo versus justicia social

El PT aprovechó distintas circunstancias logrando reducir la pobreza, junto a otras mejoras (como incrementos en el salario mínimo, formalización del empleo, salud, etc.), todo lo cual debe ser aplaudido (4). Por medio de políticas sociales se puede paliar la pobreza, pero cuando prevalece el clientelismo eso se vuelve acotado. No se consigue construir ciudadanías sólidas que reclamen desde los derechos, lo que va mucho más allá de un bono mensual en dinero. El consumismo se acentúo, confundiéndolo con mejoras en la calidad de vida. La bancarización y el crédito explotaron (el crédito privado trepó del 22% del PBI en 2001 al 60% en 2017). De este modo prevaleció el asistencialismo y se reforzó la mercantilización de la sociedad y la Naturaleza.

No se quiso entender que esas estrategias obligaban a usar ciertos instrumentos económicos, sociales y políticos nada neutros, y más bien contrarios de buena parte de la esencia de izquierda. Como resultado, se generaron condiciones para el retorno de la derecha dejándo servido un Estado y normas que lo harán todavía más fácil.

Además, la fragilidad del “nuevo desarrollo” lleva a que los progresismos no puedan resolver sus crisis desde una perspectiva de izquierda y deriven hacia políticas públicas más conservadoras. El PT erosionó la calidad política y aplicó, por ejemplo, flexibilizaciones ambientales y laborales para atraer a inversores. Paradojalmente, esos cambios en Brasil antecedieron, por ejemplo, a las “licencias ambientales express” de Colombia.

En el campo de la justicia social se priorizaron instrumentos de redistribución económica, mientras que los derechos ciudadanos y de las diversas comunidades, sobre todo indígenas, seguían siendo frágiles. No se puede marginar en este breve análisis la brutal militarización de la política gubernamental para intentar frenar la delincuencia común, sobre todo en las grandes urbes de ese país: acción que provocó una creciente ola de violencia e inseguridad.

Bajo estas y otras dinámicas, el énfasis en ayudas y compensaciones económicas acentuó la mercantilización de la sociedad y la Naturaleza. Con ello, el progresismo olvidó aquel principio de la izquierda de desmercantilizar la vida, justamente una de sus reacciones contra el neoliberalismo prevaleciente desde el siglo pasado. Esa meta sigue totalmente vigente en Colombia, donde el actual gobierno Duque expresa una perspectiva neoliberal.

La insistencia del progresismo brasileño en el crecimiento económico como fundamento del desarrollo reforzó un mito que ahora aprovechó Bolsonaro, presentándose como el mejor mediador para alcanzar esa meta. Lo mismo ocurre en Colombia y otros países, donde los gobiernos insisten en el crecimiento económico como la gran meta a perseguir. En cambio, la crítica de izquierda debe, en el siglo XXI, poner ese reduccionismo en discusión.

Las izquierdas no deberían entramparse en esos reduccionismos. Es hora de aceptar que la justicia social es mucho más que la redistribución, así como que la calidad de vida es también más que el crecimiento económico. La criminalización de los movimientos ciudadanos y sociales no puede ser tolerada por una renovación de la izquierda. Estos y otros aspectos apuntan a entender que una verdadera izquierda debe promover y fortalecer el marco de los derechos humanos en todo momento y en todo lugar, más aún desde el gobierno, aún si ello le significa perder una elección, ya que es su única garantía no sólo de su esencia democrática sino de retornar al gobierno.

Ruralidades conservadoras

Las cuestiones alrededor de las ruralidades y el desarrollo agrícola, ganadero y forestal, también están repletas de lecciones a considerar. Bolsonaro llega a la presidencia apoyado entre otros por un ruralismo ultraconservador que festeja sus discursos contra los indígenas, los campesinos y los sin tierra, y que reclama el uso de las armas y la violencia. Podría argumentarse que apunta a ideas y prácticas como las que ya ocurren en muchas zonas de Colombia, donde está muy instalada esa problemática.

Bolsonaro se apoya en la llamada “bancada ruralista”, un sector que ya había llegado al parlamento con el progresismo, en tanto Dilma Rousseff colocó a una de sus líderes en su gabinete (Kátia Abreu). Este ejemplo debe alertar a la izquierda, pues distintos actores conservadores y ultraconservadores se aprovechan de los progresismos para enquistarse en esos gobiernos.

Paralelamente, el progresismo fue incapaz de promover una real reforma agraria o en transformar la esencia del desarrollo agropecuario brasileño. Recordemos que bajo el primer gobierno de Lula da Silva se difundió la soja transgénica y se multiplicaron los monocultivos y la agroindustria de exportación, y no se apoyó de la misma manera a los pequeños y medianos agricultores. Otras administraciones progresistas, en especial las de Argentina, Ecuador y Uruguay, apostaron al mismo tipo de política agropecuaria.

Todos estos son temas sensibles en Colombia, y si bien esquivarlos podría mejorar algunas chances electorales, una real izquierda no tendrá más remedio que abordarlos. El caso brasileño muestra las consecuencias en no explorar alternativas para el mundo rural, insistiendo en el simplismo de apoyar los monocultivos de exportación, sostener al empresariado del campo, y si hay dinero, distribuir asistencias financieras al campesinado.

Las izquierdas, en cambio, deben innovar en propuestas por una nueva ruralidad, abordando en serio no solo la tenencia de la tierra, sino los usos que de ella se hacen, el papel de proveedores de alimentos no sólo para el comercio global sino sobre todo para el propio país. Las izquierdas deben, inclusive, dar un salto fundamental como es entender el territorio como espacio de vida y no simplemente como un factor de producción.

Radicalizar la democracia

La debacle política brasileña también confirma la enorme importancia de una radicalización de la democracia, una de las metas del empuje de izquierda de años atrás y que precisamente el progresismo abandonó. Aquella incluía, por ejemplo, hacer efectiva la participación ciudadana en la política y mejorar la institucionalidad partidaria. Sin embargo, el PT de Brasil concentró cada vez más el poder en el gobierno federal, tuvo un desempeño confuso y hasta perverso: en unos casos volvieron a usar los sobornos a los legisladores (recordemos el primer gobierno de Lula da Silva con el mensalão); persistió el verticalismo partidario (por ejemplo, con Lula eligiendo a su “sucesora”); poco a poco se desmontaron experimentos vigorosos (como los presupuestos participativos); y se usaron las obras públicas en una enorme red de corrupción al servicio de los partidos políticos. El caudillismo partidario se repitió en otros progresismos (como en Ecuador, donde Rafael Correa eligió a su sucesor, o en Argentina donde lo mismo hizo Cristina F. de Kirchner).

Es evidente que una renovación de las izquierdas necesita aprender de esa dinámica, y no puede renunciar a democratizar tanto la sociedad como sus propias estructuras y prácticas partidarias. Si no lo hace, solo facilita el surgimiento de oportunistas. Las estructuras políticas de izquierda deben, de una vez por todas, ser dignas representantes de sus bases y no meros trampolines desde los que ascienden figuras individuales, con claros rasgos caudillescos.

Otra lección surge de comprender que la obsesión electoralista lleva a prácticas que impiden esa democratización. En efecto, el “miedo a perder la próxima elección” hace que el núcleo gobernante (tanto sus políticos como tecnócratas) se abroquelen, rechacen los reclamos de cambio y apertura, y se inmovilicen. Un temor de ese tipo se evidencia en el progresismo boliviano con su intento de imponer una nueva reelección de dudosa legalidad. Un extremo que en parte se debe a la incapacidad de fortalecer al propio partido político cobijando sucesores y renovaciones, lo cual es otra muestra de debilidad democrática.

Un reto aún mayor para las izquierdas, sobre todo luego de las experiencias progresistas, es reconocer el papel político de los pueblos indígenas en una democratización real.

Renovación de las izquierdas

El triunfo de la extrema derecha en Brasil debe ser denunciado y enfrentado en ese país, como también deben fortalecerse las barreras que impidan otro tanto en los países vecinos. El caso brasileño además muestra que debe analizarse lo realizado por los gobiernos del PT, por sus aspectos positivos, por su duración (recordemos otra vez que ganaron cuatro elecciones), pero también por sus contradicciones. Las alertas sobre la deriva de ese partido y algunos aliados hacia un progresismo que se alejaba de la izquierda fueron desoídas.

Cuestionamientos sobre temas fundamentales como los impactos del “nuevo desarrollismo” primarizado fueron no sólo desatendidos, sino que además activamente se combatieron los debates y se marginaron los ensayos que buscaban las alternativas al desarrollo. Persistían problemas como el debilitamiento en la cobertura de derechos, la violencia en el campo y la ciudades, el maltrato de los pueblos indígenas, y todo tipo de impactos ambientales. Pero distintos actores, tanto dentro de esos países como desde el exterior, aplaudían complacientes incapaces de escuchar las voces de alarma con el pretexto perverso de no hacerle el juego a la derecha.

A pesar de todo, en Brasil como en el resto del continente, se encuentran múltiples resistencias y alternativas que se construyen cotidianamente, especialmente desde espacios comunitarios. Ellas ofrecen inspiraciones para una recuperación de la izquierda, desde la crítica al desarrollismo, los empeños para abandonar la dependencia extractivista o los esfuerzos para salvaguardar los derechos ciudadanos. Allí están los insumos para una nueva izquierda comprometida con horizontes emancipatorios.

Es una izquierda que tiene que ser renovada, para no caer en sus viejas contradicciones, como negar la problemática ambiental, asumir que todo se solucionará con estatizar los recursos naturales o los medios de producción, esconder sus vicios patriarcales o ser indiferente a la multiplicidad cultural expresada por los pueblos indígenas y afro.

La renovación de las izquierdas debe asumir la crítica y la autocrítica, cueste lo que cueste, para aprender, desaprender y reaprender de las experiencias recientes. Se mantienen conocidos desafíos y se suman nuevas urgencias. La izquierda latinoamericana debe avanzar en alternativas al desarrollo, debe ser ambientalista en tanto busca una convivencia armónica con la Naturaleza, y feminista para enfrentar el patriarcado, persistir en el compromiso socialista con remontar la inequidad social, y decolonial para superar el racismo, la exclusión y la marginación. Todo esto demanda siempre más democracia.

Notas

1. Los reportes están disponibles en www.globalwitness.org
2. Sobre la distinción entre izquierdas y progresismos, ver por ejemplo, La identidad del progresismo, su agotamiento y los relanzamientos de las izquierdas, E. Gudynas, ALAI, 7 octubre 2015, https://www.alainet.org/es/articulo/172855
3. Sobre algunos balances realizados dentro de Brasil sobre el desempeño del PT, véase entre otros a A. Singer e I. Loureiro (orgs), As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, Boi Tempo, São Paulo, 2016; también a Francisco de Oliveira, Brasil: umabiografianão autorizada, Boi Tempo, São Paulo, 2018.
4. Véanse por ejemplo los detallados análisis de Lena Lavinas, tales como Thetakeover of social policybyfinancialization. TheBrazilianparadox, PalgraveMcMillan, 2017; y en colaboración con D.L. Gentil, Brasil anos 2000. A política social sob regencia da financierização, Novos Estudos Cebrap, 2018.

 

Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social en Uruguay.

*El texto es parte de una serie de análisis sobre las implicancias de los cambios políticos en Brasil en distintos países, iniciada con publicaciones en el semanario Voces (Uruguay) y el suplemento Ideas de Página Siete (Bolivia).

 

 

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“Me acuerdo bien del fascismo, por eso me da miedo”

“En julio decidí volver a Italia, apremiada por la necesidad de entender. Seguía a Salvini en la televisión desde París, donde vivía desde hace doce años, y sentía vergüenza por lo que veía". 

"'También es culpa mía, culpa de los nuestros’, me repetía a mí misma. Había pasado mi vida dedicándome a la política y consideraba mi lejanía como un abandono de la lucha".

Rossana Rossanda, 94 años, periodista, escritora, partisana, “la muchacha del siglo pasado”, como tituló su famosa autobiografía, hojea los primeros números de la colección de Il Manifesto, el periódico fundado por ella en 1969. “Quiero volver a leer las crónicas de las luchas obreras de entonces, los trabajadores lucharon por sus derechos y ganaron”.


¿Qué Italia ha encontrado?


Un país irreconocible, sin espina dorsal. Me da miedo ver en qué se está convirtiendo.


¿Le da más miedo Salvini o Di Maio?


Salvini, porque sabe lo que quiere. Di Maio es el que está siempre ahí riéndose.


¿Qué le asusta de Salvini?


La prepotencia. He estudiado a fondo el decreto sobre Seguridad y no entiendo cómo Mattarella [el presidente de la República] ha podido firmarlo.


¿Le parece racista?


Lo es. Al migrante lo ve solamente como a un criminal potencial.


¿Qué tipo de poder tenemos en el Gobierno?


Es la deriva racista del populismo. Di Maio y Salvini son los dos populistas, pero de forma distinta, porque en el Gobierno prevalecen las ideas del leghista. A los Cinco Estrellas no logro tomarlos en serio.


Han obtenido el 32%, de los votos ¿cómo puede decir que no hay que tomárselos en serio?


Quizá lo he expresado de forma equivocada. Lo que quiero decir es que no consigo entenderlos. Me dicen que mucha gente de izquierda les ha votado, pero los Cinquestelle no tienen nada de izquierdas.


Muchos exmiembros de la izquierda extraparlamentaria han votado al Movimiento 5 Estrellas. ¿Cómo lo explica? ¿Por una propuesta radical que la izquierda reformista ya no ofrecía?


Parece evidente. Han buscado un cambio de protesta, al ver que sus esperanzas fueron echadas por la borda.


¿Que nos dice esto de la izquierda italiana?


Millones de personas votaban a la izquierda porque en su ADN estaba la defensa de los más débiles. Esto ya no lo defiende nadie.


¿Cuándo tuvo lugar esa mutación?


Diría que comienza con el cambio de nombre decidido por Achille Occhetto [último secretario general del Partido Comunista italiano]. Cambiar de nombre significa cambiar de identidad. Desde entonces han cambiado de nombre tres o cuatro veces y, en cada cambio, iban alejándose un poco más de sus bases. Veltroni llegó a decir que nunca había sido comunista.


¿Usted sigue siendo comunista?


Yo sí.


Y hoy, ¿a quién votaría?


No lo sé. Mire los candidatos para liderar el PD: Zingaretti, Minniti, Martina, Boccia, Richetti. No los distingo. Me dicen que Delrio es capaz. No lo discuto. ¿Pero cuál es su visión del mundo? Cuando era joven, en Milán conocí bien a la izquierda democristiana, la de Marcora y Granelli: sus voces se distinguían netamente de las opiniones de las otras corrientes. Como la del democristiano Fiorentino Sullo, sus batallas contra la especulación inmobiliaria se recuerdan todavía.


¿Le sorprende que los obreros voten a la Lega?


Esto es otra historia, más vieja. Ocurría ya hace 15 años. Carné de la CGIL (sindicato comunista) y voto a la Liga.


¿Por qué sucedió?


La Liga ofrecía argumentos simples. ‘Si pierdes el trabajo, te lo ha quitado un inmigrante, o mejor uno del sur, el terun. No es culpa tuya. No es culpa del sistema’. Eso ofrece al mismo tiempo un enemigo y un consuelo.


¿Le preocupa la prima de riesgo?


No creo que sea una indicación de ruina en sí, me parece más grave hacer unos Presupuestos que no traigan crecimiento ni trabajo.


¿Está a favor de la renta ciudadana?


En principio sí, está bien mantener a los pobres pero luego, ¿qué nos quedará? Hay que crear trabajo. Y en esto estoy de acuerdo con ese proverbio chino que dice: dale un pez a un hombre y comerá hoy. Dale una caña y enséñale a pescar y comerá siempre.


¿Por quién se decantará en las europeas?


Votaré a favor de Europa, contra el peligro fascista que veo alrededor. Me acuerdo bien del fascismo, así que me da miedo.


¿Qué caminos le quedan a la izquierda acorralada entre el populismo y la austeridad?


A los que dicen que no hay alternativas les digo que miren a Sánchez y a Podemos en España o al pequeño Portugal: hagan como ellos.


¿Está sorprendida por la simplificación del debate político?


Estoy sorprendida por la vulgaridad. El otro día vi en la televisión un programa donde todos decían “no me importa una mierda”; si yo le hubiese hablado así a mi padre, como mínimo me hubiera dado una bofetada.


¿Se arrepiente de no haber tenido hijos?


Sí. Ahora estaría menos sola y, sobre todo, tendría la percepción de haber dejado un legado.


¿Por qué no los tuvo?


Tenía muchas cosas que hacer.


¿Cómo fueron sus dos matrimonios?


Grandes amores. Eran los dos muy simpáticos. Siempre teníamos ganas de estar juntos, no hay nada más bonito que eso, ¿no cree?


¿Cómo mira al futuro?


Se que no me queda mucho, y en el fondo no me da pena. He tenido una vida muy afortunada, y he conocido a gente interesante.


¿Los personajes más importantes?


Mi suegro, el maestro Antonio Banfi, Sartre.
¿Cómo era Sartre?


Un raro caso de francés atento, abierto. Venía a Roma todos los años, amaba Italia, era curioso. De Beauvoir era más rígida.


¿Cuál es el último libro que ha leído?


Le assaggiatrici, de Rossella Postorino, interesante. Me gustaría leer Scurati sobre Mussolini.


¿Frecuenta las redes sociales?


Las detesto. Quiero pasar al otro mundo sin haber dado un solo euro a Zuckerberg.


Haciendo un balance de su vida, ¿tienen más peso los aciertos o los errores?


He intentado que prevalezcan los aciertos, pero he cometido grandes errores. Al fin y al cabo, ¿quién puede negar haberlos cometido?


¿Cuál fue el error más grande?


No se lo voy a decir. Me cuesta decírmelo incluso a mí misma.
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Concetto Vecchio (LA REPUBBLICA)

4 de Noviembre de 2018


Traducción: Elisa Mora.
Este artículo se publicó originalmente en La Repubblica, que ha cedido a CTXT los derechos para la traducción al español.

Publicado enSociedad
Una foto, 30 años y miles de muertos después: "Es una pena que nos hayamos insensibilizado ante la muerte de migrantes"

El periodista gaditano Ildefonso Sena retrató hace tres décadas la primera tragedia de la inmigración en el Estrecho. En esta entrevista, el reportero repasa lo que supuso aquella foto que enseñó a España y a Europa la primera imagen de un drama que no había hecho más que empezar.


El 1 de noviembre de hace 30 años a Ildefonso Sena (Tarifa, 1951) se le atragantó el desayuno. Recuerda que eran las 9 de la mañana cuando snó el teléfono de su casa. Aún con las galletas mojadas en el café, un contacto de la Guardia Civil le avisaba de que había aparecido un cadáver en la playa de los Lances, en Tarifa. “Salí zumbando, masticando las galletas escaleras abajo, cogí una cámara compacta que me había comprado pocos días antes y me encaminé al lugar”, rememora. Al día siguiente, la portada a cinco columnas de El Diario de Cádiz, con su crónica y su foto, hizo que se le atragantara el desayuno a la región y a las redacciones de los medios de todo el país, incluso de alguno del extranjero. El joven reportero gaditano había captado la primera imagen y reconstruido la primera historia trágica de un drama que todavía era muy incipiente: las migraciones a través de la frontera sur de España.


“Cuando llegué había un coche de la Guardia Civil y un agente custodiando la escena”, repite Ildefonso a todos los medios que, estos días, le bombardean a llamadas. “Cómo no voy a atender a los compañeros. Sé que es una semana, luego nadie se acuerda de esto hasta que se cumple otra vez una cifra redonda de años”, confiesa. Además del agente, lo que Sena se encontró y mostró al mundo fue un cadáver en la orilla, “totalmente vestido, cubierto de algas y de arena, con los brazos extendidos y rasgos magrebíes”. A pocos metros había una pequeña embarcación de madera, también varada en la arena. “Nadie sabía qué había pasado. El guardia civil me dijo que el capitán estaba en camino, así que, mientras, me puse a hacer fotos desde distintos ángulos. Siempre con la misma escena: el muerto en la arena, la barca detrás y el cielo gris que había esa mañana”. Hizo diez o veinte fotos, no lo recuerda con exactitud ni tiene forma de comprobarlo. “Los negativos se perdieron en una mudanza de la redacción. Sólo conservo esa imagen y a duras penas gracias a una copia que tenía en papel y que he digitalizado”, afirma nostálgico.


Cuando Ildefonso tenía la instantánea hizo aparición el capitán Manuel Prado. “Llevaba tres días destinado en la compañía”, apunta Sena. Con él iban otras cuatro personas, también de rasgos magrebíes. “¿Hablas francés?”, preguntó el capitán. “Me defiendo”, respondió el periodista. “Pregúntales si tienen alguna relación con la barca y con el muerto”, le pidió Prado. “Me costó un rato hacerles entender que yo no era policía, que era periodista. A estos cuatro marroquíes los habían localizado andando por la carretera en dirección a Cádiz y estaban asustados”, apunta. No era para menos, ya que habían esquivado la muerte hacía pocas horas.


Eran reacios, pero al final, uno de los marroquíes le contó a Sena una historia que califica de “escalofriante”, pero matiza: “Escalofriante en ese tiempo. Después me tocó cubrir muchas más y mucho peores”. En efecto, aquellos cuatro hombres que traía el capitán no eran braceros del tráfico de hachís, como normalmente pensaba la Guardia Civil cuando encontraba a magrebíes andando por las cunetas de Campo de Gibraltar. Eran inmigrantes, “migrantes, como se les llama ahora en los medios”, puntualiza Ildefonso. “El chico me contó que inicialmente eran 23 los hombres que habían zarpado a la media noche desde una playa de Tánger”, añade. Sena estaba ante el primer naufragio de un patera que se documentó en España.


No eran narcos, eran migrantes


A los migrantes les sorprendió un fuerte e inesperado viento de Levante justo a la mitad de ese mortal trayecto de apenas 14 kilómetros donde acaba el océano Atlántico y comienza el mar Mediterráneo. “Se pusieron nerviosos, vieron luces cuando ya estaban a pocos metros de la orilla. Creían que iban a hacer pie y algunos empezaron a saltar al agua. El chico me dijo que todos se tiraron por el mismo lado de la barca y el balanceo la hizo volcar. Todos cayeron al mar”, recuerda.


La de Los Lances no es un playa cualquiera, ilustra el periodista. “A tres metros de la orilla, el agua ya te cubre entero”, ilustra. Entonces comenzaron los gritos de auxilio de los que no sabían nadar. Gritos que “se apagaban cada vez que uno se hundía hasta que se hizo el silencio total”, afirma Sena. “El inmigrante me lo dijo de forma clara: sólo quedamos nosotros cuatro y el muerto. Somos los únicos que sabíamos nadar. Los otros 18 no sabemos dónde están. Seguramente habrán muerto ahogados”, relata el ya jubilado reportero.
Eso mismo escribió aquella mañana del 1 de noviembre de 1988. Metió la crónica mecanografiada en un sobre junto a algunas imágenes que había revelado en el laboratorio que improvisó en su casa y lo mandó todo a Cádiz en un autobús. “Esa era la tecnología de entonces”, comenta.


Las corrientes del Estrecho se encargaron de confirmar la tragedia. “En los días siguientes empezaron a aparecer cadáveres por un tubo. Contamos ocho y otro más que llegó a una playa de Ceuta. El resto no apareció nunca”, relata.


Casi 8.000 migrantes muertos en 30 años en el Estrecho


Desde entonces, las aguas del Estrecho no han dejado de escupir los cuerpos de aquellos que no lo lograron y, a veces, de los que lo consiguieron pero tuvieron que volver a jugársela en el mar porque fueron devueltos al lugar del que querían escapar. En ocasiones, como ésta, conocemos sólo una parte de la historia. En otras, alguien se preocupa de poner nombre y apellido a los muertos, de localizar y avisar a sus madres, hijas o hermanos que les vieron partir. A veces pasan sin más en la rueda de titulares del día. Otras veces desatan una tímida reacción de los Gobiernos, como la muerte de Aylán. Otras, sólo un clamor social de rechazo sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, como el caso del niño Samuel.
Ningún organismo oficial lleva la cuenta. Al menos desde hace tanto tiempo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía habla de 8.000 migrantes muertos o desaparecidos intentando llegar a España en los últimos 30 años. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia dependiente de la ONU, lleva su propia cuenta desde el 2014 y cifra en 964 las víctimas desde entonces. Más de la mitad, 564, sólo en lo que va de 2018.


“Esto se ha disparatado y es una pena que nos hayamos insensibilizado. No los periodistas, sino la sociedad en general”, opina el cronista de la primera tragedia documentada en nuestra ruta migratoria. Reconoce que aquella foto, aquella historia, no le impactó. “No sentí pena, trabajé automáticamente. Hasta que poco después lo piensas mejor y te dices que aquel muerto no era el único. Había 18 más, coño, sólo por intentar buscarse una vida mejor”.


La historia conmocionó a la opinión pública, también en Europa, y Tarifa se llenó de periodistas al día siguiente. “Ni España ni Europa habían prestado la menor atención a la inmigración irregular que aún era incipiente en el Estrecho. Apenas se contaban historias de migrantes y no tenían ningún impacto”, recuerda el periodista. Pero tras aquella fotografía, Tarifa se llenó de periodistas, españoles y extranjeros. Sena recuerda al primer corresponsal en llegar. “Coincidí con él en el cuartel de la Guardia Civil, al día siguiente. Era Arturo Pérez Reverte, que entonces trabajaba en Informe Semanal”.


Pocos meses después, la historia se repitió. Varias veces. Y así hasta el día de hoy. “Hasta que me retiré en 2005, he contado muchas historias peores que ésta, cientos de naufragios en estos 30 años, algunos con más muertos. Con mujeres, hombres y niños ahogados aparecidos en la playa. Tantas muertes nos sobrecogen al principio, pero la verdad es que hacemos poco por evitarlas. Los ciudadanos poco podemos hacer y los poderes públicos o no quieren o no pueden. Tampoco parece que haya en Europa voluntad política para atajarlo”, opina Ildefonso, que en su momento viajó a Marruecos para entender el fenómeno estaba gestándose. “Los subsaharianos no empezaron a llegar hasta entrados los años 90. Al principio eran casi todos marroquíes, había algunos argelinos. Todos querían llegar a Francia o a Bélgica”, recuerda.


Pocos cambios


Sena cree que las cosas han cambiado muy poco desde entonces. “Siguen llegando, siguen huyendo y siguen muriendo muchos”, resume. Ildefonso recuerda cómo, tras la foto, muchos vecinos de Algeciras y Tarifa esperaban en las orillas del mar a los que llegaban en patera. "Llevaban mantas, ropa, comida, agua. Algunos los ocultaban en su casas y hubo algunos vecinos que fueron detenidos por esto", rememora. Después hubo un "cambio radical" que Sena no sabe explicar. "Cambió la percepción ciudadana", apunta."


Sí que se alegra de que aquella foto, y todas las que llegaron después, dieron lugar a la creación de equipos de rescate como Salvamento Marítimo o la unidad marítima de Guardia Civil, “que ayudan a salvar mucha vidas”, aunque incide en que también se han puesto en marcha mecanismos e infraestructuras de control de fronteras que antes de esa tragedia no existían. “No van a resolver el problema”, aventura el periodista, que opina lo mismo de los acuerdos bilaterales de devolución que España ha ido firmado con algunos países africanos. “No ha servido para nada y Marruecos utiliza ahora la inmigración para exigir prestaciones económicas a España y a la Unión Europea, pero tampoco tiene la varita mágica. La mayor parte de los que llegan no son marroquíes, sólo pasan por allí”, recuerda.


Ildefonso también incide en que muchos migrantes murieron antes de ver el mar, “en el desierto, donde muy pocos periodistas se han preocupado de investigar”.


Quizás, opina Sena humildemente, la mejor forma de evitar estas situaciones pase por poner la mirada mucho más allá de la frontera y los puertos españoles. “Los que migran no quieren abandonar sus casas, pero África es un continente que los europeos hemos ido esquilmando durante muchos años. Y, ahora que están huyendo de guerras, del hambre y de la pobreza que Europa ha contribuido a generar, no tenemos voluntad de ayudarles”, lamenta. Reflexiones como ésta le hacen ser “escéptico para con la especie humana”. “No somos nada solidarios como especie ante un problema que no va a parar nunca”, aventura. “La historia de la humanidad es una historia de migraciones, de movimientos de personas en masa durante muchas épocas. Mientras tanto, asistimos a un resurgir de posiciones xenófobas, de extrema derecha, cada vez más numerosas”, opina. “Si no hay voluntad política seguiremos viendo muchas más muertes en todo el Mediterráneo”, concluye.

01/11/2018 11:09 Actualizado: 01/11/2018 11:09


Por JAIRO VARGAS
@JairoExtre

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“Seguimos desenterrando la barbarie de la guerra en Colombia”

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, próximo a dejar su cargo, afirma que sus investigaciones han contribuido a sacudir a la sociedad

Gonzalo Sánchez (Líbano, Tolima, 1945), autor de libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, forma parte de la camada de investigadores que se llegó a conocer como los “violentólogos”. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional, con un máster de la universidad de Essex y un doctorado en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, dirige desde el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que pasó a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado. En decenas de informes, el CNMH, surgido de la ley de víctimas de 2011, ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia por más de medio siglo.

Sánchez ya ha anunciado su retiro del cargo. “La memoria se convirtió en un patrimonio público, de los colombianos pero también de la humanidad”, dice a EL PAÍS en su estudio, en el tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, al repasar su labor. El nombramiento de su sucesor ha despertado intensos debates en un momento delicado para la implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que el pasado 7 de agosto relevó a Juan Manuel Santos. Advierte que “lo que estamos viendo en relación con la tareas del centro es la puesta en marcha, en vivo, en escena, del relato como un nuevo campo de batalla”.


Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


Respuesta. Es un momento muy extraño. Es un cruce de algo que se vivió en los últimos cuatro o cinco años, que era un horizonte de esperanza, con el cambio generado por las elecciones, que se traduce en un momento de incertidumbre. Parecería haber todavía alientos para la esperanza, pero eso se ve más desde afuera que desde adentro. La gente que está mirando desde fuera, con la experiencia de análisis de los conflictos armados, hace una invitación permanente a la paciencia, a que a los cambios sobrevinientes a un proceso de negociaciones hay que darles unos tiempos.


Hay signos muy complejos. Un proceso de paz exige muchísima definición, compromiso, decisión sobre lo que hay que apoyar. Los mensajes que se mandan desde toda la institucionalidad suenan todavía ambiguos. Los signos sobre la consolidación de lo que supuestamente debía estar en marcha no son tan alentadores. No hay unas líneas claras que permitan mantener muy firmemente el optimismo. A todo esto se agrega un contexto internacional muy poco favorable, por lo menos en el vecindario. El proceso va a sobrevivir por la inercia de lo que es, pero vamos a estar en aguas procelosas un largo rato.

P. En su momento, en Colombia se usó mucho la expresión de que los astros estaban alineados para alcanzar el acuerdo con las FARC.


R. Los astros se desalinearon demasiado rápido. Si se hubieran desalineado con cuatro o cinco años del proceso andando en forma, el barco resiste bien, pero es que aquí la tempestad le madrugó al embarque. Estamos en una situación difícil.


P. Parecería que Colombia no quiso ver la barbarie de la guerra mientras ocurría. ¿Los informes del CNMH le han abierto los ojos?


R. Sí. Cuando lanzamos el primer informe sobre la masacre de Trujillo con mucha fuerza, en 2008, el impacto fue tremendo. Y seguimos desenterrando esa barbarie: las masacres de El Salado, de La Rochela, de El Tigre, de Bahía Portete (…). Y seguimos año tras año mostrando los múltiples rostros de la masacre, las enormes cifras de la tragedia que el país había vivido, cuando comenzamos a mirar procesos ya no locales o regionales sino temas globales como el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento forzado. Las cifras escandalizan al país, pero por momentos. La toma de consciencia del impacto de la guerra es de grandes relámpagos. Es una lucha de la memoria y de la verdad permanente por ser reconocida, de lo que se ha ido mostrando paso a paso. Parecería como si se necesitara otra vez que se prendiera la guerra para que la sociedad volviera a descubrir qué tanto se había ganado con la paz.


P. Hay cifras difíciles de entender, como la de 4.000 masacres o más de 80.000 desaparecidos. ¿Alguno de los informes lo impactó particularmente?


R. El de la desaparición forzada, que vimos crecer como fenómeno en el proceso investigativo. Cuando empezamos, las cifras que se manejaban eran de cinco, siete mil desaparecidos en el país. Esas cifras se nos van creciendo gradualmente, y ahora llegamos por el proceso mismo de esclarecimiento a esta cifra escandalosa de más de 80.000 desapariciones en la democracia colombiana. Las dimensiones fueron superiores a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur, y no habíamos visto eso.


P. ¿Algún otro?


R. Todos los informes fueron terribles, esto fue un proceso de conmoción repetida. Cuando se descubre Trujillo, con esas formas de la violencia asociadas a la motosierra, eso sacudió al país. Escuchar la violencia de El Salado, ejercida sobre una población inerme recogida en una pequeña plaza, y cómo comenzaron en un acto ceremonial, ritual, a ejercer las formas más perversas de tortura a los ojos de todos los que quedan vivos, de niños y mujeres, hasta llegar a liquidar a esa población… Sí, yo creo que el centro ha contribuido enormemente a través de este trabajo a sacudir a la sociedad colombiana.


P. ¿Qué le diría a su sucesor o sucesora en el cargo?


R. Que la confianza que se ha construido con las comunidades hay que protegerla, guardarla y proyectarla. Segundo, que debe tener una mirada muy abierta, muy integral del conflicto, para que el centro siga manteniendo su legitimidad, el reconocimiento de todas las víctimas, de todos los actores, de todos los responsables y de todos los territorios. Es decir, esa vocación globalizante del conflicto es la que le da la legitimidad que se está defendiendo ahora. Y el tercer punto, el trabajo del centro se convirtió en un referente político muy importante en el país, y hay que continuar abriendo los actores que entran a la conversación de la memoria. Nosotros la iniciamos y quisiéramos que se protegiera, no solamente para las víctimas, para la sociedad.


P. Algunas organizaciones han hecho un llamado a defender la visión amplía y pluralista del CNMH. ¿Siente que su legado en este momento de cambio de gobierno está bajo riesgo?


R. Los mensajes no han sido muy claros. Yo confiaría en que después de esta movilización que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la memoria, de los archivos, de la apertura a escuchar las diferentes voces que han vivido la guerra en el país, la nueva dirección que sea dé cuenta de esa diversidad enorme que es la diversidad del conflicto. El peor mensaje que se le puede mandar a la sociedad es que el centro se va a convertir en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas.

Por Santiago Torrado
Bogotá 27 OCT 2018 - 11:09 COT

Publicado enColombia
Domingo, 28 Octubre 2018 05:32

La ceremonia de los miércoles

La ceremonia de los miércoles

Cada miércoles por la tarde, delante de la embajada japonesa en Seúl, un puñado de mujeres coreanas de más de noventa años reclama en vano que Japón reconozca lo que hizo con ellas. Cada vez son menos porque, desde que empezó el reclamo, en el año 1991, han ido muriendo casi todas: hoy sólo quedan treinta y cinco sobrevivientes. Por esa razón, desde el año 2011 se han ido erigiendo estatuas de esas mujeres frente a las embajadas japonesas, no sólo en Seúl, sino también en Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, para que su reclamo no cese cuando ellas no estén. ¿Qué hizo Japón, el Japón imperial, con esas mujeres? Las convirtió en esclavas sexuales para su ejército, cuando todas ellas eran menores de edad, entre 1937 y 1945. 

La historia empezó después de la tristemente célebre masacre de Nanking. En diciembre de 1937, luego de que las tropas japonesas arrasaran la capital china, mataran más de trescientos mil civiles y violaran ochenta mil mujeres, el emperador Hirohito se escandalizó con sus altos mandos y ordenó que no se repitieran más “semejantes estigmas para la imagen del Imperio” (cito textualmente). Los altos mandos inventaron entonces las “estaciones de consuelo”, unos burdeles militares que debían cumplir tres funciones: dar satisfacción sexual a las tropas, evitar las violaciones de mujeres locales y reducir la transmisión de enfermedades venéreas, ya que las integrantes de estas “estaciones de consuelo” eran sometidas a revisaciones médicas semanales.


El reclutamiento de “voluntarias” comenzó en 1941, principalmente en Corea. Fueron pueblo por pueblo y aldea por aldea. Amparados en la Ley de Movilización General que regía en todo el imperio, se llevaban las hijas mujeres de todas las familias. Se les decía que viajarían a Japón a colaborar con el ejército imperial cocinando para las tropas, o remendando uniformes, o trabajando de enfermeras. Pero no se las enviaba a Japón sino al frente, donde eran sometidas a un régimen inhumano: vivían apiñadas en las “estaciones de consuelo” sin permiso para salir, mal alimentadas, sometidas a castigos constantes y obligadas a satisfacer las demandas de las tropas, que se incrementaban antes de cada batalla (podían llegar a ser hasta sesenta soldados por noche) porque los japoneses creían que tener sexo antes de combatir los fortificaba y protegía.


El asunto quedó convenientemente silenciado después de la guerra porque los japoneses quemaron todos los registros y, además,porque la gran mayoría de las víctimas murieron (durante la guerra o inmediatamente después, por suicidio o por enfermedades consecuencia de su internación)o no se atrevieron a volver a sus pueblos natales, por falta de recursos o por vergüenza. Recién en 1991, cuatro años después de que se estableciera la democracia en la República de Corea del Sur algunas de las sobrevivientes se atrevieron a contar por primera vez su historia. Una de ellas llamada Kim Hak-sun aceptó relatar su experiencia para un diario coreano: dijo que el calvario no había terminado con el fin de la guerra, que callarlo era casi igual de malo que habérselo confesado a sus familiares porque la escarnecían cada vez que tomaban unas copas. La única solución que veía era unirse, contarlo públicamente. Logró que doscientos cincuenta de sus compañeras se sumaran y comenzaron a juntarse cada miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl, al principio con casi nula repercusión.
El debate acerca de la esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo” gira en torno al modo en que fueron reclutadas sus integrantes. El gobierno japonés sostuvo durante años que no había habido reclutamiento forzoso, que se trataba de “trabajadoras sexuales con licencia para ejercer y cobrar”, una forma de prostitución legal, como la que regía en su propio territorio. Las sobrevivientes no tenían ningún documento que sostuviera su acusación: sólo podían ofrecer el relato de su atroz experiencia. Pero reuniendo uno a uno esos testimonios se pudo establecer que las “mujeres de consuelo” fueron no menos de veinte mil (y se estima que pueden haber llegado hasta ochenta mil). Luego de que la legendaria jurista argentina Carmen Argibay presidiera el Tribunal Internacional de Mujeres para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenó en diciembre de 2000 al ejército nipón por los crímenes cometidos en las “estaciones de consuelo” durante la Segunda Guerra (Argibay publicó poco después un formidable trabajo sobre el tema en el Berkeley Journal of International Law) se creó en Japón el Fondo de Reparación de Mujeres Asiáticas.


Era una iniciativa privada, orquestada por Yoshiko Yamaguchi, ex actriz chino-japonesa devenida diputada en el Parlamento nipón (hablé de ella en otra contratapa: “La Orquídea de Manchuria”). El resarcimiento sólo fue aceptado por 285 de las víctimas en Corea, China, Filipinas y Taiwan: se le entregó a cada una la suma de dos millones de yens (diecisiete mil dólares). Mientras tanto siguieron las marchas de los miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl y de a poco empezaron a repetirse en otras ciudades del sudeste asiático, hasta que en el año 2015 el gobierno japonés aceptó presentar disculpas públicas a las ya ancianas víctimas sobrevivientes, en forma de un nuevo Fondo de Reparación. Lo hicieron a la manera japonesa: con reticencia, afirmando que no habían logrado hallar en los archivos oficiales ninguna prueba concreta de esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo”. El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas decretó este año que la respuesta de Japón no es suficiente.


Según encuestas recientes, el 70 porciento de la población coreana cree que el asunto de las “estaciones de consuelo” sigue sin resolución, mientras que el 50 porciento de la población japonesa considera que quedó finiquitado en 2015. Lo que hace falta, sostienen mientras tanto las últimas sobrevivientes, es un museo y un centro de investigaciones que nuclee todos los testimonios y documentos posibles antes de que ellas mueran: para que sea el mundo y no sólo ellas quienes pidan explicaciones al Japón. Así las cosas, en los últimos meses sucedió un hecho minúsculo que quizá tenga enormes consecuencias en esa dirección: la coreana-canadiense Emily Jungmin Yoon publicó un extraordinario libro de poemas en inglés, titulado A Cruelty Special to Our Species (“Una crueldad especial para nuestra especie”), en el que utiliza las voces de las sobrevivientes, sus testimonios, para dar a conocer al mundo los detalles y los alcances de aquella aberración.


Ya en el primer poema, titulado “Una desgracia habitual”, Yoon dice: “Han pasado setenta años ya y nadie sabe / nadie dice que éramos niñas / y esclavas / y cuán habitual era esa desgracia”. Cuenta Yoon que, cuando llegó a América, descubrió que nadie conocía la historia de las “estaciones de consuelo” y que muchas veces, hablando con canadienses y norteamericanos, le preguntaban qué pasaba entre Japón y Corea, ¿tan diferentes eran? Ella contesta así en su libro:”Hace muchos muchos años que en Japón / usan la frase jûgoen gojissen para decir coreanos / Una crueldad especial con nuestra especie / porque jûgo suena a morir en coreano / y goji suena a mentir en coreano”. Yoon dice que se decidió a terminar y publicar su libro cuando leyó que, de aquellas cuarenta mil o doscientas mil esclavas sexuales, sólo quedaban treinta y cinco sobrevivientes. Sus poemas, como esas estatuas que hay frente a las embajadas japonesas en Seúl, Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, seguirán hablándole al mundo cuando ya no quede ni una sola de esas ancianas para asistir a la ceremonia de los miércoles.

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

Publicado enEdición Nº251