Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

A las peculiaridades más notorias del espíritu humano pertenece…
junto a tanto egoísmo en lo particular, una falta de envidia
general de todo presente respecto de su futuro”.
R.H. Lotze, citado por Walter Benjamin en la
 segunda de las “tesis sobre el concepto de Historia”



Las breves y profundísimas diecinueve tesis sobre la Historia de Benjamin son tan agudas –y a veces, tan enigmáticas– que pueden leerse en clave de la historia de la nación colombiana con sorprendentes resultados. Cualquiera que se acerque a ellas, bien para releerlas o conocerlas por primera vez, constatará cómo explican la visión de Historia desde la perspectiva de lo acontecido en el país. Entre las más citadas, la novena, habla del “ángel de la historia”, quien, con ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas, su rostro se vuelve hacia atrás para contemplar el pasado del que quiere escapar. “Lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar”. El ángel está a punto de ser devastado por un huracán “que sopla desde el paraíso” y “se arremolina en sus alas”. Un huracán tan fuerte que no le permite al maltrecho ángel plegar sus alas. Benjamin afirma, con perspicaz ironía, que ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.


¿Para qué celebrar el Bicentenario? Examinar los primeros siglos de la historia del país, con visión de grandes períodos, como lo sugiere Braudel, sirve para aclarar qué se requiere de cara a una Segunda República. Los doscientos años de la Primera República estuvieron marcados por fuerzas heredadas de la Colonia que, transformadas, adaptadas o renovadas, están arraigadas en el presente de Colombia: dominio económico, político y social de las élites criollas; el reparto y la rapiña de la cosa pública entre políticos tradicionales; el señorío del cacicazgo o gamonalismo en la provincia; la desigualdad social; la concentración de la tierra en poquísimos; la ilegalidad a lo largo y ancho, hacia arriba y hacia abajo; el contrabando en doble vía; la falta de presencia del Estado en la periferia; el uso de la violencia para definir diferencias políticas sociales o económicas, en otras palabras, la incapacidad para vivir en paz; la criminalización de la protesta social; la aculturación y despojo de tierras de las poblaciones originarias; el predominio de la Iglesia y de las ideas religiosas y morales en la vida cotidiana; la injerencia de las potencias extranjeras en los designios locales; el monopolio de los grupos económicos, principalmente, pero no exclusivamente, extranjeros en las actividades esenciales del país; la ausencia o precariedad de industria nacional sólida, acompañada de un desarrollo propio científico y tecnológico precario o inexistente; el saqueo sistemático de los recursos del país; la dependencia económica en pocas fuentes, según la época, como el tabaco, la quina, el café, el carbón y petróleo, una sociedad con una clase media inexistente o apenas incipiente, una educación dominada en gran parte por intereses confesionales y económicos, una país que no hace responsables a sus líderes y gobernantes de sus acciones, la impunidad generalizada desde la menor contravención hasta delitos de lesa humanidad, la corrupción rampante; una cultura ciudadana donde predomina lo informal, la avivatada (herencia de la irónica máxima colonial “se obedece pero no se cumple”), la malicia y el desprecio por la norma y la correspondiente incapacidad de hacerla cumplir; una enorme dependencia en lo foráneo, desde lo material hasta lo inmaterial y, para no alargar la lista, la progresiva pérdida de soberanía sobre el territorio original de la Gran Colombia. La lista parece no agotarse y el panorama no puede ser más desolador.


Todo lo anterior suele enmascararse o minimizarse bajo el atenuante de cuánto el país ha “progresado” –ese huracán que amenaza con arrasar al “ángel de la historia”– en dos siglos de vida y en todos los órdenes. Allí están las cifras e indicadores que citan orgullosamente quienes se benefician de ellos, en educación, en salubridad pública, en infraestructura, en bancarización, en institucionalidad, en acceso a las Tic, en urbanización, en movilidad social, en reconocimiento internacional en el deporte y la cultura y hasta en los llamados indicadores de felicidad donde el país aparece, sospechosamente, en los puestos más altos del mundo. Pero lo cierto es que el lastre que se arrastra desde la Colonia se ha exacerbado, cuando no llegado a un límite insostenible, que amerita cerrar la página de la Primera República y abrirle la puerta a una Segunda República.

¿Mejorar a Colombia o refundarla? ¿Continuidad o discontinuidad?


Desde distintos espacios se clama por un cambio profundo. Es urgente, dicen algunos, “reparar el futuro”. La pregunta es cómo hacerlo: ¿a través de continuidades o discontinuidades?, como preguntaría Foucault. Un ejemplo, sólido y sensato, desde las continuidades, lo establece el investigador Mauricio García Villegas, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, quien publicó en el 2018, precedido de una introducción propia, la compilación de 25 “ideas para reparar el futuro”. Allí recoge opiniones de igual números de personajes de la vida nacional que señalan cómo es posible “mejorar” el país. Del análisis comparativo de las propuestas, García sintetiza siete ideas básicas:


1. Consolidar la paz con las guerrillas y pasar la página amarga de la violencia política;
2. Proteger el medio ambiente;
3. Mejorar el talante moral de la sociedad colombiana; es decir darle la importancia que se merece a la cultura, a los valores éticos y a los sentimientos morales;
4. Colmar el territorio nacional con un Estado legitimo y con capacidad para controlar a los actores armados, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la participación política;
5. Adoptar una política económica centrada en la igualdad social y la ampliación de la clase media;
6. Fortalecer la educación pública;
7. Rescatar la memoria de tal manera que ella nos ayude a superar el pasado y a enfrentar el futuro.


La sabiduría existente sobre desarrollo de los países, anota García, coincide en tres ideas de cómo mejorar los países: crecimiento económico acompañado de igualdad social y aumento de clase media; diseños institucionales que sean vistos como legítimos y respaldados por acuerdos básicos entre las fuerzas sociales y políticas, y, por último, cohesión ciudadana que tenga la capacidad de controlar a las élites en el poder y de difundir una cultura de cumplimiento de reglas, todo ello en medio de un contexto social de paz. No sorprende ni son novedosas las siete conclusiones y tres recomendaciones. Son de sentido común; todo esto, como admite García Villegas, “parece ridículamente elemental, como sacado de un manual de autoayuda para países. Pero a veces las verdades que requieren las naciones para empezar a reparar su futuro son de una simpleza pasmosa”.


Lo que debe resaltarse es que estas ideas atraviesan el espacio común de la cultura que un país tiene o debe tener. El concepto de cultura es inmanente a todo intento de formular una alternativa a la Primera República. Pufendorf, en el siglo XVII afirmaba que cultura es todo lo que se opone al status naturalis o barbaries. Luego, los iluministas franceses Turgot, Montesquieu y Voltaire constataron que la cultura no es solo la formación humana sino, por el contrario, algo esencialmente objetivo sometido a sus propias leyes. Por su parte, los alemanes Herder, Jenisch y Burckhardt le dieron la forma final al concepto de cultura, tanto en el sentido subjetivo, el de la cultura de un pueblo, como el objetivo, la de la humanidad. Herder considera que la cultura de un pueblo es el “florecimiento de la existencia, con la que él se manifiesta de manera grata, pero frágil”.


Sin embargo, para regresar a la opinión de veinticinco sabios, este aspecto no es suficiente para movilizar a un país en la dirección correcta, así ellos demuestren un alto grado de sensatez. Es necesario algo más profundo, una discontinuidad que busque, más allá de mejorar lo existente, una refundación de la nación colombiana. Dicho en palabras de Benjamin en su tesis decimocuarta: “la historia es objeto de construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de ‘tiempo del ahora’. Así para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de ‘tiempo del ahora’, que él hacía saltar del continuum de la historia”. Y luego, de manera más explícita, en la tesis decimoquinta: “La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción”.


Bases para la fundación de una Segunda república. El Acuerdo Final



Otra fuente para usar como hoja de ruta para fundar la Segunda República, a diferencia de las ideas anteriores que, a pesar de lo juiciosas que son, no pasan de ser opiniones de un sector de la intelectualidad del país, es una que tiene el sustento jurídico de la legalidad, un Acto Legislativo incorporado a la Constitución de Colombia: el Tratado Final de Paz firmado en el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá. Más allá de los ataques que ha sufrido el Acuerdo por sus opositores, y su mismo rechazo en el referendo convocado para su refrendación, principalmente en el gobierno Duque y su partido el Centro Democrático, es preciso resaltar que tiene fuerza de ley y que desconocerlo es equivalente a violar la Constitución Política del país.


No más revisarlo es encontrar cómo están dadas allí las bases para una Segunda República. Hay un aire, un vientecillo fresco, que permea, sin nombrarlo, todo el Acuerdo de Paz: la necesidad de abrirle las puertas al país de una visión intercultural. Esta implica, según Fornet-Betancourt, creador de la filosofía intercultural –una de las vertientes más importantes de la filosofía latinoamericana–, varios aspectos: en primer lugar, crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz propia; segundo, fundar una nueva dinámica de inclusión del otro, con el reconocimiento, respeto y solidaridad; tercero, pasar de un modelo de «totalidad» y que fija cierta «verdad» a una verdad como proceso, no como condición ni situación, y cuarto, uno de carácter epistemológico, como es crear las condiciones tanto para la comprensibilidad, como para el discernimiento de lo que es culturalmente extraño. En otras palabras, el pensamiento intercultural es uno que huye de lo hegemónico, de lo etnocéntrico, del desconocimiento del otro y va a contrapelo de lo que ha sido el pensamiento filosófico occidental tradicional, aquél que se retroalimenta a sí mismo sobre las bases de una filosofía antigua griega, primero, y luego centroeuropea, principalmente alemana, francesa e inglesa.


La interculturalidad, como su nombre lo indica parte del contraste y diálogo entre culturas, de buscar espacios de encuentro donde se pueda permitir la convivencia, no solo de ideas sino de seres humanos. Por ello, en el Tratado de Paz se insiste, una y otra vez, que es necesario un país que se abra a nuevas culturas que permitan cerrar para siempre lo que caracterizó a la Colonia y la Primera República: la intolerancia a la diferencia y la violencia como medio de expresar esa intolerancia.


Universales y principios para una Segunda República


De los Diálogos de Paz emergen «universales» no solo en forma de Principios rectores de cada uno de los puntos del Acuerdo Final, sino también, en la decisión de ir «modelando» nuevas «culturas» en el país, culturas entendidas en el sentido que sostiene Bastide, que lo cultural no puede estudiarse aisladamente de lo social. Las relaciones culturales deben ser estudiadas, «en el interior de los diferentes marcos de relaciones sociales, que pueden favorecer relaciones de integración, de competencia, de conflicto, etc».


En este sentido, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, nombrada por la mesa de La Habana, resalta en su informe (2015) de qué manera en Colombia ha imperado una cultura de violencia en su sociedad desde hace más de cincuenta años; una cultura de violencia acompañada de otra cultura de intolerancia por la diferencia política (liberal-conservador; derecha-izquierda); una cultura de estigmatización por las inclinaciones políticos de los adversarios; y en simultánea, una cultura de autoritarismo por parte de grupos y opositores, incluyendo el mismo Estado, una cultura de fuerza, del uso de las armas para hacerse justicia, una cultura de privatización de la seguridad particular, pero también una cultura de no participación política, por indiferencia o por miedo, una cultura de represión a la expresión de la protesta social y popular, y una cultura de irrespeto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, por sólo mencionar algunas de estas «culturas» que han imperado, prosperado y se han enquistado en el país.


De allí que el Acuerdo Final insista en la necesidad de cambiar esas «culturas» y hacer emerger unas nuevas, sustitutivas de las ya mencionadas. Es decir, la sociedad colombiana que emerge de los Diálogos de Paz, debe asegurar, entre muchos aspectos, la ampliación democrática, el fortalecer el pluralismo, el tener más representación de las diferentes visiones políticas, el promover la convivencia, la tolerancia, la no estigmatización, el proveer de garantías para ejercer la oposición y para que los movimientos sociales de protesta tengan también las garantías necesarias.


Aspectos que, a propósito, identifican los principios de la filosofía intercultural. En primer lugar, las partes reconocen, en una manifestación de convergencia y respeto intercultural, que «la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz», cuya construcción «es un asunto de la sociedad» que en su conjunto requiere de la participación de todos sin distinción, «y por eso es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz».


Se dice en el punto 2.1.1. del Acuerdo Final que «el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales». Luego se establecen garantías para la oposición en su legítimo derecho de disenso.


Las partes acuerdan así la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como «parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales» (2.1.6). Y a continuación viene la enunciación de la «nueva cultura»:


«Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición» (8.12.2013:3).


Por ello, se declara, a nivel de principios o de «universales»:


«Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social» (2.2.1).


En un nuevo despliegue de interculturalidad, la partes acuerdan reconocer «que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica».


Y, con el objetivo de garantizar el ejercicio de estos derechos, las partes acuerdan que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en unos criterios; entre los que se destacan:


- garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades;
- garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos;
- garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta;
- garantías para la revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social;
- garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general;
- garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta incluyendo la revisión del marco normativo (2.1.2.2)

Acompañamiento del Ministerio Público en las movilizaciones y protestas como garante del respeto de las libertades democráticas, cuando sea pertinente o a solicitud de quienes protestan o de quienes se vean afectados o afectadas. (2.2.2)
Más adelante se insiste sobre la nueva cultura que debe imperar en el país: «En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.» (2.2.4) Y en cuanto a la participación ciudadana en política, se dice también:

«Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política» (2.3.5).


El tema de género tampoco queda por fuera en el punto de Participación Policía y en ese sentido se establece que «se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer» (2.3.7).


También se asegura que «los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular, tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación del valor de la política» (2.2.2).


Y en cuanto a los medios de comunicación «deberán contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios de comunicación contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad, y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con los lazos de vecindad o colaboración mutuos» (2.2.3). Y luego insiste, en el mismo acápite, en que «adicionalmente, en un escenario de fin de conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación». De nuevo en la sección 2.2.4, titulada: “Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad”, se establece que «en un escenario de fin de conflicto, todos, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social…» (2.2.4).


Se acuerda, también la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que establece entre otros mecanismos y acciones la «creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz» .


Dentro del punto 2.3 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, se establece un acápite (2.3.5) dedicado a la Promoción de una cultura política democrática y participativa en la que se sostiene que «avanzar hacia una cultura política democrática y participativa implica promover y garantizar el valor y el significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la mayor integración de los sectores sociales más vulnerables, así como de los campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI» (2.3.5).

Búsqueda de una nueva cultura y trabas de sus adversarios


Es claro que del Acuerdo Final y de sus documentos preparatorios surge la búsqueda de una nueva cultura en el país, que se aleje de la violencia, de la estigmatización, de la no tolerancia al disenso y se remplace, con el apoyo colaborativo de todos, en una sociedad que a través de una transformación estructural (como lo exige la filosofía intercultural) que evidencia una cultura (o unas culturas), plural, tolerante, democrática, de reconciliación, participativa, de convivencia pacífica, de paz con justicia social, de solidaridad.


Tras este análisis, no sorprende cierta convergencia que existe entre las citadas veinticinco ideas para reparar el futuro compiladas y analizadas por García Villegas y la esencia de lo planteado el Acuerdo Final (incluso con las modificaciones que sufrió tras el revés sufrido con el No, en el plebiscito de octubre del 2016). Tras las revisiones que sufrió el Acuerdo, el énfasis en lo cultural quedó intacto.


 El cumplimiento del Acuerdo Final, que es integral a la Constitución Política de Colombia puede ser (y lo está siendo), atacado, ignorado y desestimado, pero no por ello deja de ser de obligatorio cumplimiento para los gobiernos de turno, la sociedad colombiana y las instituciones del Estado colombiano, así como de los tres poderes que lo conforman.


A casi tres años de su firma, puede parecer desalentador para muchos, que creyeron en él desde un comienzo y que vieron con ilusión la firma como el umbral del camino para alcanzar finalmente el fin de la guerra, ver que poco o nada ha cambiado gracias al Acuerdo y comprobar cada día como surgen nuevas trabas mientras la violencia regresa, se recrudece y los lideres sociales siguen siendo asesinados en muchos lugares la geografía nacional, especialmente en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y como, incluso una de las partes firmantes, las Farc, se ha fracturado y en muchos casos ha dado la espalda al Acuerdo tan arduamente trabajado. El Acuerdo de Paz ha estado bajo ataque desde su misma gestación en el año 2012, y con certeza seguirá siendo objeto de hostigamiento con miras de hacerlo inoperante.


De nuevo, Benjamin, en su tesis octava, nos recuerda, como si desde su lugar en la eternidad tuviera puesto un ojo en la realidad nacional, que:


“La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el estado de excepción se nos presentará como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que este tiene está, en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. El asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean “aun” posibles […] no tiene nada de filosófico…”


Sin embargo, dicha tarea no parece tan fácil. Se requiere de una inmensa voluntad política y de la ciudadanía en general, para que recoja las bases establecidas en el Acuerdo y lo use para fundar la Segunda República, aquella que todo el país, que al menos admite que quiere, en verdad la paz, así haya divergencias de la manera en lograrla, puede emprender el camino de ese profundo cambio cultural que se requiere para erigir un nuevo país, después de doscientos años de tropiezos, errores, caídas. No porque en la Constitución se haya dicho (a través del Acuerdo Final incorporado a ella) que el país requiere nuevas culturas estas aparecen ya consolidadas de la noche a la mañana, sobre todo cuando las culturas a renovar son proactivas inveteradas que provienen desde épocas de la Colonia, como soporte y liento de un poder autoritario y excluyente. Es grande el esfuerzo requeerido para echar a andar esas nuevas culturas, y por lo visto, el Gobierno actual tiene poco o ningún interés de liderar esas banderas.


Pese a todo ello, una ventana queda abierta: debe venir un proyecto político de largo aliento, con aires de renovación que provea el “impulso de articulación o unidad” entre fuerzas progresistas como el que defiende, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que lejos de tratar de alcanzar el poder en corto plazo (para perderlo al poco tiempo como sucedió con la mayoría de los gobiernos progresistas latinoamericanos de comienzo del siglo) aspira a sentar unas bases sociales para que verdaderamente pueda calar el llamado a establecer en el país la Segunda República. Benjamin cita a su maestro Nietzsche, en el epígrafe de la tesis decimosegunda, aquella donde nos recuerda que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida: “Necesitamos de la historia, pero de otra manera de como la necesita el ocioso exquisito en los jardines del saber”. No necesitanos recreaciones históricas de batallas y cabalgatas de las rutas libertadoras, ni listados inocuos de las 200 mejores canciones, novelas o personalidades del bicentenario. La labor es más grandiosa. No todos los días se funda una república.

"Mi delirio en el Chimborazo", Tito Salas, 1929, Óleo sobre tela.

Quizás se piensa que vivimos actualmente en Nuestra América el tiempo del agotamiento de las ideas políticas de Simón Bolívar. O más propiamente: el fin de un proceso de estructuración conflictiva del Estado nacional y de su legitimación moderna entre un poder casi absoluto y la utopía de un orden democrático-popular. Esto implicaría también un cuestionamiento sobre doscientos años de procesos históricos que le dieron sentido político a la época moderna en América Latina. De ser así, cabría preguntarse: ¿serán posibles revoluciones emancipatorias en el siglo XXI? ¿América Latina está destinada a un orden global de subordinación y dependencia “suave” de un capitalismo cada vez más agresivo y recargado de elementos fascistas? ¿Toda transformación popular implica la instauración de un orden autoritario?

Al parecer –y siempre desde una perspectiva inmediatista y conservadora– vivimos un tiempo sin perspectiva histórica, es decir, con un frágil nexo entre los presentes abiertos y los pasados ya inmovilizados por una franja de la ideología del pensamiento único y del neoliberalismo; es ésta y no otra manera de proceder la que nos deja en el abismo de la repetición del pasado como una historia ya concluida.

Sin embargo, habrá que romper estos círculos cerrados del tiempo, así como la idealización de ese mismo pasado, y qué mejor figura para emprender esto que la de Simón Bolívar: libertador contradictorio y perturbador, criollo atrapado también en las contradicciones de su época; estratega militar que pensó la política no sólo como una táctica de guerra sino como una articulación entre el poder de la sociedad y su formalización en las leyes; pensador político que irrumpió en el horizonte de nuestras repúblicas con la convicción de construir Estados nacionales fuertes, pero también con la tentación del poder absoluto. Bolívar está implicado en nuestro tiempo histórico por una exigencia del presente de esclarecer y usar nuestros legados políticos en los momentos de mayor peligro: sus acciones y pensamientos constituyen una singular referencia de nuestra identidad política; la Patria grande como la utopía de una soberanía nacional y regional que sólo era posible mediante Estados nacionales fuertes; su batalla contra las oligarquías europeas y contra el intervencionismo estadunidense.

 Además, Bolívar se pronuncia con toda claridad en lo que concierne al problema de la propiedad de la tierra, quizás el más importante generado por el capitalismo en América Latina: “Ya, pues, no habrá mendigos en Venezuela, todos serán propietarios, todos tendrán un interés en la conservación no sólo de su existencia sino de la de su propiedad.” Con el Reglamento Ejecutivo del 20 de mayo de 1820 deja consignada la concepción de un reparto de tierras con una perspectiva étnica y de justicia: “se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que deformaban los resguardos según los títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores”. A estas acciones jurídicas corresponde la declaración de “libertad absoluta” de los esclavos, de 1816. A pesar de que la abolición de la esclavitud se ha interpretado como parte del proceso de liberación de mano de obra moderna necesaria para el nuevo ciclo de acumulación de capital en América Latina, no puede soslayarse el contexto libertario y emancipador en el que se dio.

Más que la imagen de su espada como un ideal militar que recorre la historia de América Latina, Simón Bolívar podría ser redefinido como la tinta derramada que buscaba romper el vínculo colonial de servidumbre y dependencia. Por lo anterior –y también porque la figura de Bolívar exige otro “uso” de ese pasado, emancipador pero contradictorio– es urgente recuperar y reconceptualizar –¿acaso no será lo mismo?– su legado como una acción política del presente.

 

Bolívar entre el poder absoluto y la ley

 

Se cumplen doscientos años del célebre Discurso de Angostura (1819), dado por Simón Bolívar al instalarse, en esa ciudad, un Congreso que tenía como objetivo debatir y aprobar un conjunto de leyes que le darían certeza a la república de la Nueva Granada, la Gran Colombia.

 

Uno de los rasgos de este discurso y de su relación con el momento en el cual Bolívar lo pronuncia es su tránsito entre dos tiempos: el de la fractura del orden colonial por los ejércitos independentistas y que deja también un poder casi absoluto en manos de Bolívar, y el de la búsqueda de la legitimidad institucional que el mismo poder popular había conquistado para fundar un nuevo orden. Afirma Bolívar: “¡dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la Soberanía Nacional para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación”.

En este discurso, Bolívar manifiesta su abierta renuncia al poder absoluto que le han dado las armas y la lucha militar y política por la independencia, lo que implica trasferir ese poder al Estado, a los legisladores, al Poder Legislativo. Bolívar busca la legitimidad de la independencia no sólo en las armas, sino en el proceso de formalización jurídica de las nuevas instituciones:

¡Legisladores! Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República: en vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria; ellas sellarán los decretos que fijen nuestra Libertad. En este momento el Jefe Supremo de la República no es más que un simple ciudadano; y tal quiere quedar hasta la muerte.

 Lo anterior refuerza la idea del maestro de Bolívar, Simón Rodríguez: Bolívar no es ningún Napoleón americano; por el contrario, fue siempre un fundador de repúblicas y la tentación del poder absoluto no culminó en la traición a ese espíritu republicano, como ocurrió con Napoleón al transformarse en emperador. Bolívar construyó una sólida “filosofía social”, sentenció Rodríguez. Y añadiríamos: una sólida filosofía política en la que prevalece la figura del jefe de un ejército popular, que declina su espada ante los poderes institucionalizados de las nuevas repúblicas que él mismo ayudó a crear, sobre la de un “criollo separatista” que defiende los intereses económicos de esa clase criolla que ya emerge como la nueva oligarquía del siglo XIX.

 Simón Rodríguez, precursor del socialismo utópico latinoamericano, no fue un ingenuo defensor de Bolívar. Como instructor intelectual del Libertador, Rodríguez advierte que el destino titánico que debe cumplir Bolívar está lejos del destino del socialismo y de su propia labor como maestro de América. Sin embargo, la idea que tiene Rodríguez de Bolívar es siempre la de un Libertador: un defensor irrestricto de las libertades y del proceso de emancipación de las repúblicas americanas.

 En el Discurso de Angostura también encontramos enunciadas las consecuencias de esa ausencia de educación popular en nuestras repúblicas: “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”. El mismo Simón Rodríguez ve a Bolívar como un estadista que tiene claridad en los fundamentos jurídicos que darán lugar a repúblicas con ciudadanos con igualdad de derechos; pero ésta no es una igualdad abstracta, es una respuesta radical a una desigualdad histórica y se expresa como la urgente necesidad republicana de una igualdad social y política.

 En el Discurso de Angostura es posible leer toda la potencia del pensamiento de Bolívar, un despliegue de recursos retóricos, pero también, diríamos hoy, interdisciplinarios: derecho, filosofía, educación, política, economía… son algunos de los saberes que Bolívar empuña y articula para fundamentar la creación de las repúblicas americanas. Bolívar se pregunta:

 ¿No dice El Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!

 Es evidente que para Bolívar el proceso legislativo y jurídico de la formación de las repúblicas pasa por una reflexión sobre la pertinencia de otros modelos constitucionales en las sociedades americanas; es decir, el punto de partida para establecer un marco normativo puede ser otra ley de otro país –Estados Unidos o Francia, por ejemplo–, en circunstancias muy distintas, pero el punto de llegada es, inevitablemente, la propia historia que se expresa en el presente, el proceso propio de lucha de emancipación que exige leyes acordes con esas libertades conquistadas.

El célebre Discurso de Angostura de Bolívar es solamente una muestra del amplio corpus de textos e intervenciones que conforman su pensamiento, pero también un paradigma de la fecundidad y actualidad de ese pensamiento. Quizás también conviene reflexionar sobre algunos tópicos que se desprenden de este discurso de Bolívar y, sobre todo, ampliar las reflexiones de Bolívar en el marco actual de la crisis neoliberal de nuestras repúblicas y del desafío para pensar un Estado nacional no homogéneo, ya sea como crisis en la que los Estados latinoamericanos se han vuelto violentamente contra sus propias sociedades, de los cuales ya no esperamos procesos de equidad y justicia, o como Estados que se resisten a volverse plurales, con pluralidad de naciones y de lenguas.

 A partir del pensamiento de Bolívar podemos afirmar que las revoluciones de independencia del siglo xix se comprenden como la primera ruptura moderna con el orden colonial. Sin embargo, habría que pensarlas también como parte de un proceso político que tiene como antecedentes varias rebeliones indígenas, como la del Túpac Amaru y que, por supuesto, marcó, como afirma Horacio Cerutti, “las luchas por la independencia en el área andina. Y aquí surgiría claramente una dimensión ineludible de todos estos procesos: el miedo, el pavor frente al descontrol de los subordinados. No era posible aceptar que negros e indígenas se sublevaran. Carne de cañón sí podían ser, pero nunca protagonistas de estos procesos”. Por lo que una interpretación criolla de las independencias no sólo es insuficiente, sino abiertamente parcial. A esas repúblicas, en su proceso actual de descomposición, sería necesario fortalecerlas con una concepción de justicia ampliada, no solamente liberal sino comunitaria e indígena, y habría que exigirles, en su proceso de recomposición actual, que dejen de identificar al Estado con una sola nación: quizás eso no soñado por Bolívar, pero ineludiblemente equitativo, sería imaginar que las naciones americanas, indígenas y no indígenas, deberían tener plena correspondencia jurídica, lingüística, cultural y política, con Estados ampliados, plurales, populares y democráticos.

 

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Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

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Eduardo Esparza, de la serie “Desentierros” (Cortesía del autor)

“Aquí viene el árbol, el árbol
de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia,
y el viento estrella los follajes
de muchedumbre rumorosa,
hasta que cae la semilla
del pan otra vez a la tierra (1).



Hace ya dos siglos, en medio de condiciones adversas, algunos de quienes acometieron el reto de enfrentar al rey de España y sus designados en estas tierras, virreyes y otros burócratas, terratenientes rodeados de sus ejércitos opresores, usurpadores del trabajo de indígenas y otros pobres, así como de los miles de miles de esclavizados traídos en contra de su voluntad desde África, recorrieron este territorio, observaron, discutieron, estudiaron a los eruditos de su época como de otras, meditaron y se atrevieron.


No fue fácil. En medio de persecuciones, ataques de todo tipo (terroristas, dirían de ellos hoy), destierro, cárcel, lograron por un tiempo materializar sus sueños, no para ellos sino para el conjunto de quienes habitaban estos territorios, cuyas descendencias, indígenas, cholas, campesinas, mestizas, blancas, hombres y mujeres, aún hoy requieren la concreción plena de la utopía de un territorio integrado, forjado en justicia y garante de soberanía popular, una patria que haga posible el “Supremo sueño de Bolívar”, como diría Augusto César Sandino, general rebelde que proyectó una alianza de todos los Estados hispanoparlantes de la región para oponerse y superar la Doctrina Monroe, una alianza que pasados los años debería dar paso a una federación, sin perder de vista que el mundo sea nuestra patria (2).


En los escritos de Miranda, Nariño y Bolívar están plasmadas sus visiones con extensión en el tiempo. En sus acciones fundieron con marca indeleble el ejemplo de que la palabra con la acción impide que el polvo de la historia oculte la vitalidad de lo proyectado, entre ello, sueños de una región integrada, en libertad, en soberanía plena, con igualdad y bienestar para el conjunto humano que la habita.


Sueño de un país-región integrado de manera propositiva al mundo. País-región donde los Derechos Humanos, los de ayer (civiles y políticos), sean una realidad, pero también lo sean otros reconocidos décadas después, producto de las luchas de varias generaciones de trabajadores, de mujeres en pugna por la igualdad, de pueblos resueltos a defender su libertad, derechos conocidos como económicos y sociales. Suma de reconocimientos que también integran los derechos ambientales, culturales y otro conjunto de los que han quedado integrados en los convenios de la ONU y sus organismos adjuntos.


Así lo hicieron quienes movilizaron todas sus energías tras una América como patria común, regida con independencia y plena de libertad y justicia, proyectando como Patria Grande el territorio inmediato donde habitaron (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, además de Panamá, república producto de las maniobras de los Estados Unidos por controlar y dominar nuestro destino). Al celebrar el Segundo Bicentenario de la Independencia (1819) y la aprobación dos años después, de la Primera República, es necesario, en perspectiva del país de hoy y del soñado para regir bajo una Segunda República, proyectar el país del futuro y con los pies bien asentados en la tierra pero sin amarrarlos con cadenas de realismo político.


Ha de ser este el proyecto de un país otro, para los tiempos que ya llegarán –que construiremos entre todos–, y que en un primer ejercicio parte del territorio que hoy integra Colombia y lo cubre. Pero que en un segundo ejercicio deberá repasar y resumir el territorio integrado como región, ojalá producto de la común deliberación de las organizaciones sociales y políticas que se sienten hijas y prolongación de un legado histórico que está por forjarse como cuerpo.


En perspectiva de la Segunda República, la necesaria de configurar si de verdad pretendemos garantizar en algún momento paz, justicia, libertad, soberanía popular, democracia –más allá de las formalidades que han terminado por hacer de la misma una palabra vacía–, redistribución de la riqueza en beneficio del conjunto social, así como garantía plena de la totalidad de Derechos Humanos, etcétera, que para el caso de nuestro país son retos y guías:



[…]
“Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave extraña
una gota de sangre voladora,
y hoy nacerás de nuevo duramente
desde donde el traidor y el carcelero
te creen para siempre sumergida.

Hoy nacerás del pueblo como entonces.
[…]” (3).



Horizonte luminoso. Que en el 2060 Colombia sea el mejor vividero y el país más pacífico de la región.


Referente territorial. Hacer realidad el sueño de Francisco Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar, y de nuestras montañas, valles, ríos, mares, desiertos, altillanuras, con su población toda, sin distingos de procedencia, raíces, memoria, cultura, poder económico, sabidurías, etcétera; un solo territorio integrado por su conciencia de tiempo, presente y futuro, para erigir en su interior un modelo social de bienestar y alegría, y, en su exterior, entrega permanente de solidaridad y amor genuino a la humanidad global, aportes que eviten que nuestra especie, más las otras con que compartimos el planeta, así como la naturaleza toda, prosigan por el rumbo que hoy padecen de explotación, opresiones, imposiciones, unilateralismo, desunión, injusticias, colapso ambiental.


Debe ser un objetivo indeclinable poner en marcha una geopolítica plural de puertas abiertas con todos los países que aspiren y dispongan una relación entre iguales con Colombia.
“[…] pregunta Bolívar al caballero isleño: ¿Quiere saber usted cuál es nuestro destino […] los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganado, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro […] (4).

Colombia, reserva ambiental del mundo. La naturaleza que habitamos es nuestra principal ventaja comparativa frente a otros países, y nuestro principal potencial, protegerla en su equilibrio dinámico, es la garantía de futuro armónico y luminoso para las generaciones del presente y las venideras.


Con esa conciencia de nuestro ser natural e histórico, deberá emprenderse la recuperación de mares, ríos, lagos, humedales, manglares, corales, y todos los ecosistemas hídricos, cuencas y microcuencas, destruidos para ‘sembrar’ cemento, como parte de un prometido desarrollo cuyo resultado hasta hoy es contrario a lo ofertado. En fin, protección y recuperación –donde sea necesario– de bosques, selvas, así como de todos los parques nacionales hoy delimitados, más otros que pudieran serlo en el futuro.
Conseguir que nos reconozcamos en los páramos que encumbran nuestras cordilleras, y protegerlos como nuestras más importantes fuentes de agua y cuna de biodiversidad. Igualmente, denegar todo proyecto de minería industrial en su interior, así como de siembra o ganadería de carácter comercial.


Estructurar un plan especial en todas las áreas para proteger, recuperar, y potenciar la cuenca del Amazonas.


Renunciar al desastre que significaría construir el Canal Atrato-Truandó o Canal del Darién, optando por la recuperación y la protección de todo el territorio que integra esa parte del país, frontera con Panamá.


Revertir, asimismo, la deforestación como la siembra de selvas con monocultivos de palma o cualquier otro vegetal, elemento destructor del equilibro ambiental de esas tierras, cuyos impulsores –a sangre y fuego– implementan una política de persecución, exclusión, despojo y desintegración de quienes allí han habitado siempre o quienes llegaron a esos terruños en años o décadas recientes en procura de tierra para un mejor vivir.


Matriz energética. Explorar otras fuentes de energía, más allá del petróleo, con menor impacto sobre el conjunto de la naturaleza, así como sobre la economía de nuestra población, partiendo para ello de lo ya avanzado y encontrado por la humanidad, así como de la diversidad y la potencialidad de nuestro territorio, en sus desiertos, llanuras, páramos, protegiendo en todo momento su integridad.


Mar–Islas. Sembrar conciencia en el conjunto nacional de que, más allá de las ciudades y los campos, contamos con mares e islas, plenos de diversidad en la vida que contienen y en ellos se reproduce. Por tanto, tomar conciencia acerca de que los ríos llegan a los mares, llevando muerte o vida, según la noción que sobre nuestra huella ecológica tenga cada uno de nosotros, así como el conjunto que integramos, y el modelo económico imperante. Si respetamos esta parte de nuestro ser territorial, podremos desarrollar allí ciencia, así como industria de alimentos, y realizar otras iniciativas que favorezcan nuestro bienestar. También, implementar planes especiales para recuperar a San Andrés y sus alrededores del desastre a que los ha llevado la falta de una política económica y ambiental que responda de verdad a su fragilidad natural.


Reorganización-descentralización de los grandes núcleos urbanos con que cuenta el país. Para ganar eficiencia urbana y calidad de vida, es inaplazable encarar su imparable crecimiento. Promover la salida y el traslado de varios millones de los habitantes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, para que se ubiquen en nuevos asentamientos, construidos o ampliados según el caso y con no más de un millón quinientos mil o dos millones de pobladores, centros donde se encare la realidad del equilibro ambiental, diseñando espacios totalmente integrados entre vivienda, estudio, trabajo, recreación, lo que reduzca a lo mínimo indispensable la utilización del transporte con base en gasolina, y estimule el traslado a pie o en bicicleta, así como en un eficiente transporte urbano, con tarifa mínima o gratuita, entendiendo que este es uno de los mecanismos más expeditos para garantizar igualdad y redistribuir la renta pública.


Para ampliar ciudades, se deben identificar aquellas que cuenten con, máximo 300 o 400 mil personas y que en su entorno reúnan ventajas comparativas, como ríos y terrenos para la siembra de alimentos. En tales espacios se construirán universidades y centros de investigación estatales, que funcionen con un potenciado criterio público, centrados en las bondades del territorio.


A su vez, para construir nuevos poblados, se debe plasmar una amplia variedad de estudios que destaquen las bondades de diversas zonas del país donde es posible encarar este propósito sin destruir su ecosistema. Trabajo seguro, estudio con financiación a cargo del Estado, construcción de potentes centros de investigación, grandes espacios para esparcimiento y recreación, serán cualidades y bondades de estos proyectos a partir de los cuales no haya que transarse en disputa con quienes deben habitarlos.
Potenciar la economía nacional a partir de retomar e integrar lo público con lo privado, y en esto lo solidario, cooperativo y colectivo como primera instancia. Proteger como bien colectivo todo aquello que tenga valor estratégico y de utilidad común.


Reforma agraria integral. La condición insoslayable para que Colombia llegue a ser una sociedad otra descansa en la implementación de una reforma agraria integral, baluarte para la paz efectiva como para un amplio e intenso proyecto que garantice soberanía alimentaria para los millones que somos y además produzca en segundo renglón para el mercado externo.


Proyectando un transporte eficiente en medianas y largas distancias, mecanismos para movilizar la producción del campo a la ciudad, así como entre estas, e incluso entre países, abordar como Estado la recuperación del transporte férreo y acuático –flota naviera–, tanto de buques como de cabotaje.


Trabajo para todos(as). Plan de choque para acometer diversidad de obras civiles, cuidado de bosques, construcción y mejoramiento de vías en todos los órdenes. Poner en marcha una política salarial, de planeación colectiva y de incentivos en todo nivel, de manera que el trabajo deje de ser una carga y se transforme en proyecto de vida de las mayorías.


Educación y salud, derechos universales y gratuitos.


Recuperación de bienes estratégicos de la nación: telefonía y comunicaciones, empresas que tengan que ver con la prestación de servicios públicos –hospitales, represas, acueducto, etcétera.


Reducir al mínimo posible la concentración de la riqueza y la desigualdad social.


Política tributaria: quien tiene más paga más.


Democracia plena, deliberativa, participativa, directa, refrendataria, política, económica, social, cultural, ambiental.


Sistema punitivo y cárcel. Asumir que la cárcel no corrige y, por el contrario, deforma a quien la padece. Dejarla como último recurso para tratar personas no adaptadas a las leyes discutidas y aprobadas en el conjunto social. A mayor justicia e igualdad, y mejor convivencia social, menor debe ser el número de las contravenciones.


Espacio aéreo. Aprovechar nuestra ubicación en la zona ecuatorial para la investigación y el aprovechamiento del espacio aéreo. Establecer alianzas con terceros países que nos ahorren en investigación y nos desatrasen en todo lo concerniente a soberanía informática y similares.


Ciencia. Investigación y desarrollo del conocimiento en procura de un mejor bienestar para los nuestros y para el resto de la humanidad. Es imperioso retomar el mejor conocimiento producido en otros países en todas las áreas, a fin de lograr una mejor vida para nuestra sociedad. Asimismo, reconocer nuestras tierras en procura de una botánica útil para potenciar una farmacéutica de preevención y cura de enfermedades. En el mismo orden de ideas, rescatar los saberes ancestrales –en plantas y energías– con el permiso de sus poseedores, para superar una industria que en este campo hoy no se preocupa por curar sino por especular con la salud y la vida de la humanidad.

[…] “Sobre esta claridad irá naciendo
la granja, la ciudad, la minería,
y sobre esta unidad como la tierra
firme y germinadora se ha dispuesto
la creadora permanencia, el germen
de la nueva ciudad para las vidas” […] (5).


1. Neruda, Pablo, “Los libertadores”, en Canto general, 1950.
2. Augusto César Sandino, “Plan de realización del supremo sueño de Bolívar” (1929), en Pensamiento bolivariano. Origen, desarrollo, vigencia. Ediciones Desde Abajo, 2005, Bogotá, pp. 101-120.
3. Neruda, Pablo, “América insurrecta”, op. cit.
4. Bolívar en: Gómez, García, Juan Guillermo, Hacia la independencia latinoamericana: de Bolívar a González Prada, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2010, p. 51.
5. Neruda, Pablo, “Letra”, op. cit.

Lunes, 15 Julio 2019 08:43

La Bastilla

Las legisladoras federales demócratas Alexandra Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña, e Ilhan Omar, de Minnesota nacida en Somalia, fueron señaladas por Donald Trump, quien les dijo que deberían regresar a sus países y ayudar a reparar esos lugares, cuando en realidad ellas son estadunidenses y electas por estadunidenses.Foto Afp

En este Día de la Bastilla, con un líder con tintes fascistas que gusta burlarse de libertades civiles y otros supuestos componentes de una democracia en la Casa Blanca poniendo en riesgo a todo el mundo (por la mala suerte de que Estados Unidos sigue como la última superpotencia mundial), algunos ven con una nostalgia triste el aniversario que marcó el inicio de una revolución por la igualdad, libertad y fraternidad.

 

Emitiendo ordenes para realizar redadas de familias migrantes indocumentadas alrededor del país, provocando con gran gusto terror entre los más vulnerables de este país, mientras se fue a jugar golf, quien juega con ser presidente vitalicio está dejando de usar máscaras o disfraces para aparentar que respeta los principios de la democracia.

 

Este domingo Trump se atrevió a comentar en referencia a cuatro legisladoras federales demócratas que han sido críticas feroces de su gobierno y todas, como dicen aquí, "de color", que “es interesante ver a representantes demócratas ‘progresistas’, quienes originalmente vienen de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos en cualquier parte del mundo (si es que tienen gobiernos funcionales de algún tipo), ahora ruidosa y viciosamente decirle al pueblo de Estados Unidos, la nación más grandiosa y poderosa sobre la tierra, cómo debería gobernarse”.

 

Agregó: "¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de crimen de donde vienen? Después que regresen y nos enseñen cómo se hace. Esos lugares necesitan su ayuda y mucho, no se pueden ir demasiado pronto".

 

El presidente, en esta ocasión, tiene toda la razón. Esas legisladores son de un país con un gobierno "catastrófico", "corrupto" e "inepto". Se llama Estados Unidos. Todas, las cuatro, son ciudadanas, legisladores federales (o sea, fueron electas por ciudadanos estadunidenses para representarlos en Washington) y tres de las cuatro nacieron en este país.

 

La corrupción, el manejo inepto, y las catástrofes de este gobierno son tema de las casi 30 investigaciones en curso sobre diversos aspectos y comportamiento del presidente, su familia y su circulo. También queda claro en las expulsiones y éxodos de personal de su gobierno que ha alcanzado niveles sin precedente. La Institución Brookings registra una tasa de cambio de 74 por ciento entre los principales integrantes del ejecutivo (excluyendo secretarios de gabinete); nueve de los ocupantes de los 21 puestos principales de gabinete y Casa Blanca han cambiado. Las razones por este cambio constante de personal tiene que ver con casos de corrupción, mentiras y actos posiblemente ilegales, muchos de los cuales están bajo investigación.

 

Al mismo tiempo, el ataque contra todo crítico, incluso con todo reportero ("enemigos del pueblo") sigue siendo efectivo, sobre todo usando técnicas macartistas al calificarlos de "antiestadunidenses", o sea, "otros". Con ello, el enemigo de la patria son los opositores del comandante en jefe.

 

Una de las cuatro representante –las cuales incluyen a Alexandra Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña; Ilhan Omar, de Minnesota nacida en Somalia; la afroestadunidense Ayanna Pressley, y Rashida Tlaib, de Michigan, hija de inmigrantes palestinos nacida aquí–, respondió a Trump este domingo alertando, una vez más, que "él es la crisis, su ideología peligrosa es la crisis. Necesita ser destituido".

 

No tranquiliza cuando él comenta, como hizo el jueves, que no entendía cómo alguien podría votar por un demócrata ante "lo que tienen ahora, tan guapo, tan inteligente, un verdadero genio estable". Poco después habló de cómo las redes sociales son claves para evadir al filtro de los medios y difundir sus propias noticias con sólo tocar un botón y con ello crear "una explosión".

 

Nada de esto sorprende ya. Y eso, en sí, es tal vez el problema más grave de todos. Pero aún se pueden escuchar gritos y susurros, en diferentes barrios y barricadas (y hasta a veces en francés), expresando la urgente necesidad de retomar la bastilla estadunidense a nombre de la libertad, igualdad y fraternidad.

 

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Condenan a perpetua a 24 represores sudamericanos en Italia por el Cóndor

El Tribunal de Apelaciones de Roma impuso penas a militares uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos

 

Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados, y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.

Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.

“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.

Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.

Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.

Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.

Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.

Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.

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“Aunque se revive el dolor, le están devolviendo la dignidad a mi hermano”

Una víctima participa por primera vez en una declaración por un caso de ejecuciones extrajudiciales ante el tribunal de paz de Colombia

 

"Aunque se revive el dolor, y uno vuelve y recuerda, hay paz porque le están devolviendo la dignidad a mi hermano. Ellos antes lo habían enlodado y ahora le devuelven su buen nombre". El hermano era un civil que, en medio del conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC, fue asesinado por un miembro del Ejército y después presentado como guerrillero, según la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y esas palabras son el testimonio de una mujer, la primera familiar de una víctima de ejecución extrajudicial que participa en la declaración de un compareciente ante ese sistema de justicia, encargado de juzgar los crímenes más grave de la guerra.

El relato, ofrecido el pasado miércoles, encierra uno de los objetivos del tribunal. "Estar ahí me ayudó a sanar un poco porque, aunque él dijo no haber conocido todo, y quedan algunas inquietudes", manifestó en referencia a la versión del hombre señalado por el crimen, "poco a poco va saliendo la verdad, la que he buscado toda la vida". "Me alegra que la historia se esté contando de otra manera porque hubo muchas cosas que ellos habían tergiversado", continuó esta víctima de los llamados falsos positivos, cuya identidad está protegida por la JEP.

Ese procedimiento ilegal, que de facto consistía en el asesinato sistemático de campesinos y civiles contabilizados en los partes de las fuerzas armadas como combatientes de las FARC, manchó durante casi dos décadas el trabajo del Ejército. Según un informe publicado por la Fiscalía publicado en mayo, se registraron al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014. Sin embargo, más del 95% de los casos probados se remontan a una época concreta, de 2002 a 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz, nacida de los acuerdos con la antigua guerrilla, ha dado prioridad en su primer año de funcionamiento a siete grandes casos. Entre esos juicios figuran la investigación de los secuestros perpetrados por la organización insurgente; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización de los dirigentes y militantes del partido Unión Patriótica; y el caso 003, conocido como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate".

Fue en el marco de ese proceso -en el que alrededor de 100 comparecientes de la fuerza pública ya han ofrecido su versión- que las víctimas comenzaron a participar en las audiencias del tribunal, cuya misión es, en palabras de su presidenta, Patricia Linares, aplicar justicia restaurativa. "Esto es un inicio y, si Dios quiere, seguiremos hasta lograr la verdad completa, para nosotros y para todas las demás víctimas que buscan tanto encontrar esa verdad", manifestó la hermana del asesinado. "Yo me voy con un poco de paz interior [...] Al menos hay un reconocimiento, entonces este proceso es una gran oportunidad”.

La JEP explica que la mujer presenció la declaración desde otra sala. Tras escuchar una primera versión sobre el asesinato de su hermano, transmitió sus preguntas a través de su abogado. Según esta jurisdicción, se trata de "un acto de valentía y coraje". "Ellas recorren nuevamente su historia de victimización y los recuerdos del dolor para destinarlos a la contrastación de la verdad que es narrada por los comparecientes", señala el tribunal. "Las versiones con presencia de las víctimas obligan a los comparecientes a adquirir altura moral para responder a sus necesidades y así clarificar los pendientes que ha dejado el conflicto armado".

En concreto, en esta vista el compareciente se enfrentó a la pregunta sobre cómo pensaba resarcir el daño causado, lo que, según la JEP, "abrió la posibilidad de explorar posibilidades conjuntamente". A partir de las próximas semanas, el sistema de justicia recibirá decenas nuevas versiones presenciales y escritas.

Francesco Manetto

Bogotá 5 JUL 2019 - 21:24 COT

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Trump se viene arriba y celebra el 4 de julio más militarizado que se recuerda

Rodeado de tanques y con un discurso con pausas para presenciar el sobrevuelo de diferentes tipos de aviones militares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió del potencial militar en la celebración del Día de la Independencia del país en Washington.

"Durante más de 65 años, ninguna fuerza aérea enemiga ha logrado matar a un solo soldado estadounidense. Porque el cielo pertenece a Estados Unidos", se jactó Trump en un discurso frente al Monumento al expresidente Abraham Lincoln. También aseguró que el Ejército estadounidense está formado por "los mejores soldados de la Tierra".

"Al reunirnos este atardecer en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos un patrimonio extraordinario. Juntos, somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de Estados Unidos", apuntó.

Pese a que se había especulado con que Trump politizaría su discurso, el mandatario no se salió prácticamente de un guión centrado en ensalzar episodios y logros históricos de las Fuerzas Armadas del país.

El acto Saludo a Estados Unidos organizado por la Casa Blanca contó con la presencia de varios aviones y helicópteros militares que sobrevolaron la explanada del National Mall, uno de los lugares más emblemáticos de Washington.

Trump alabó también el "espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores", el grupo que lideró la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y participó en la fundación de Estados Unidos en 1776. "Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de vosotros", señaló.

"Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer", continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.

Y entre esas cosas que Estados Unidos puede hacer está la de volver a la Luna y llegar a Marte, según anunció, a su estilo, Trump: "Vamos a ir otra vez a la Luna pronto, y plantaremos la bandera de Estados Unidos en Marte pronto", dijo. Trump no ofreció más detalles al respecto, pero aseguró que para los estadounidenses "no hay nada imposible", una frase que provocó un fuerte aplauso de los asistentes

Trump ya pidió en abril de 2017, tres meses después de asumir el cargo, que la NASA acelerara "un poco" sus planes de exploración espacial, cuya meta es enviar humanos a Marte en la década de 2030, para que un estadounidense pise el planeta rojo durante su primer mandato o, "en el peor de los casos", en un eventual segundo. 

El acto quedó empañado por la alta seguridad del Servicio Secreto y las vallas metálicas instaladas alrededor del icónico monumento a Lincoln, que fueron el centro de las críticas en las redes sociales, donde se recordó que hasta este año era posible sentarse en sus escaleras el 4 de julio para presenciar los fuegos artificiales.

Como cada año, miles de familias se congregaron en la explanada del National Mall de Washington a lo largo del día vistiendo todo tipo de piezas de ropa con los colores de la bandera estadounidense —rojo, azul y blanco—, aunque la intermitente lluvia alejó a muchas personas, según medios locales. 

Uno de los episodios más tensos de la jornada se vivió hoy enfrente de la Casa Blanca, cuando un hombre quemó una bandera estadounidense y fue detenido por el Servicio Secreto estadounidense, de acuerdo a medios locales.

washington

05/07/2019 09:48 Actualizado: 05/07/2019 09:50

Público | efe

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Alumnos sensibles, murales cuestionadores

La escuela secundaria George Washington de la muy progresista ciudad de San Francisco acaba de votar gastar una pequeña fortuna, 600.000 dólares, para destruir una de las grandes obras de arte público de Estados Unidos. Es una serie de trece murales que cubren 150 metros cuadrados en las áreas de circulación y cuentan la historia del padre de la patria desde una perspectiva poco común. Es que el autor de los murales, Victor Arnautoff, era un comunista ruso que había emigrado a Estados Unidos y que en los años treinta pintó mucho arte público para la Administración de Trabajos del gobierno, un inolvidable invento de Franklin Roosevelt para darle trabajo a artistas desempleados por la Gran Depresión. En los murales de Arnautoff, Washington le da órdenes a sus esclavos, los exploradores matan indios y el prócer aparece rodeado de sirvientes.

La escuela quiere borrar los murales no porque defienda la idea de un prócer impoluto sino porque “la presentación de minorías sólo como víctimas es una agresión a parte de nuestro alumnado”. Los administradores del colegio votaron unánimemente destruir las pinturas para poder darle a sus alumnos “un ambiente seguro”. Y hasta se negaron a taparlos con, por ejemplo, cortinados, ya que eso permitiría “que en el futuro se volvieran a exhibir”. Hasta votaron gastar buena parte de los escasos fondos de la escuela para arrasar las pinturas con lija y pintura blanca.

La idea fue atacada desde varios ángulos, por artistas y por muchos padres que observan que este caso de censura parte de una idea exagerada de cómo y hasta dónde hay que proteger a los chicos. Y los alumnos tampoco están de acuerdo: apenas un uno por ciento dijo estar de acuerdo con destruir los magníficos murales que hace más de ochenta años cubren su escuela.

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¿Estado de opinión o dictadura neo paramilitar?

 

 Duque tiene hoy un 63% de desaprobación ciudadana y el desgaste crece después de un año de haberse posesionado en la Casa de Nariño como Presidente de la Republica, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe político, el caudillo asesino del Ubérrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrático uribista sobre la opinión pública debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de líderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacería por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Velez y Santos. A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento económico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopolítico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una “paz liberal” y “neocolonial”, que en nuestro caso contó con la entusiasta colaboración de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores históricos antisistemicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto políticos como económicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupción para despojar los dineros públicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilización del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y periódicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesía liberal parasita del Estado.

En vísperas de iniciarse a fondo la “guerra contra las drogas” con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del próximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un “Estado de opinión” en el que según este genio de la política neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinión, que en realidad es la del caudillo mesiánico, protector de la masa, guía supremo y dueño absoluto de la nación y el Estado, a la manera como lo hacían Hitler y Mussolini.

Ese “Estado de opinión” ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamaño del Congreso y crear una Corte única de justicia.

En la retórica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los años 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gómez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector más violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la “tentación totalitaria y despótica” de los núcleos mas retardatarios del país, alérgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democráticas y opositores cerrados del socialismo.

El “Estado de opinión” se propuso en los dos gobiernos de Uribe Velez (2002-2010) y en plena retaliación contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefónicas para propiciar los montajes judiciales y la implantación de la parapolítica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Policía, el Ministerio de Hacienda y en múltiples órganos del Estado en todos los niveles. Fue la época del auge de la arbitrariedad, la persecución y los montajes judiciales como el que se me orquesto desde la Secretaria General de la Presidencia en el año 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Raúl Reyes.

Todo eso ocurrió en el momento en que se desplego la mayor presión para cambiar la Constitución del 91 y facilitar la reelección perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el “Estado de opinión” es una especie de significante vacío planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones mas violentas de la oligarquía, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldías y las 34 gobernaciones, mediante la configuración de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignación ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupción mas emblemáticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por cárcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibición al consumo mínimo y de la oferta de una demagógica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de “mermelada”, al amaño del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepción en el que se extirpe la verdad sobre los crímenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las últimas tres décadas, más de 8 millones de colombianos despojándolos de casi 7 millones de hectáreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que añora la dictadura y la eliminación de la democracia y las libertades políticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los líderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cúpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravió autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histórico en los últimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indígena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposición de expresarse con mayores bríos multitudinarios.

Acudir a al régimen de conmoción se contempló recientemente para la extradición exprés de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposición, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del régimen de excepción parece ser la única ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando vía libre a un devastador régimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrática y popular aupada por el clima creado con los diálogos y acuerdos de paz.

El “Estado de opinión” de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaña electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El “estado de opinión” es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, sub oficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los “falsos positivos”, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadería, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposición, la prensa independiente y los lideres sociales.

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