Lunes, 05 Marzo 2012 06:40

Los cobardes y el pasado

Los cobardes y el pasado

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.
 

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?
 

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.
 

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?
 

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.
 

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.
 

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.
 

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.
 

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.
 

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.
 

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?
 

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.
 

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.
 

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Que se investiguen crímenes del franquismo: ONU

Ginebra, 10 de febrero. La oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró hoy que España debe investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la época del dictador Francisco Franco y debe revocar su amnistía a los autores, ya que no hay un estatuto que limite los procesamientos.
 

Rupert Colville, vocero de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, rehusó comentar la sentencia del jueves del Tribunal Supremo español en la que fue inhabilitado por 11 años el juez Baltasar Garzón por autorizar espionaje en prisión de los abogados defensores de los inculpados.
 

"España está obligada bajo el derecho internacional a investigar las graves violaciones contra los derechos humanos del pasado, incluidas aquellas cometidas durante el régimen de Franco y perseguir y castigar a los responsables, si es que alguno vive aún", indicó Colville en una comparecencia ante la prensa.
 

La justicia española debe hacer que se respete "el derecho de las víctimas y de sus familias a pedir reparación", dijo.
 

Abolir la ley de amnistía

"Según la recomendación del Comité de Derechos Humanos 2009, España debería abolir la ley de amnistía, que no está en conformidad con la ley internacional sobre derechos humanos", indicó. Colville se refería a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 19 expertos independientes que supervisan el acatamiento del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ratificado por España.
 

Los expertos recomendaron específicamente que España debe considerar la derogación de la ley de amnistía y reformar normas para garantizar que los tribunales nacionales reconocen que el estatuto de las limitaciones no se aplica en los crímenes contra la humanidad, señaló.
 

Sobre la situación de Garzón indicó: "también creemos que los jueces no deberían ser objeto de persecución judicial por hacer su trabajo, por ejemplo en este caso en particular, apoyar la norma del derecho internacional que dice que no se deben conceder amnistías para los delitos internacionales graves, dado que esto podría violar el principio de independencia judicial".
 

La oficina de Pillay pidió el mes pasado que se procese al ex dictador haitiano Jean-Claude Baby Doc Duvalier por crímenes que incluyen tortura, violación y asesinato.
 

"Es el mismo principio del que hemos estado hablando para Yemen, para Jean-Claude Duvalier en Haití; es el mismo principio", comentó Colville.
 

En tanto, una de cada 10 personas consideró que Garzón "es víctima de una persecución", según una encuesta realizada por el Instituto Metroscopía, tras conocerse la sentencia en su contra.
 

Además, un grupo de escritores e intelectuales hicieron público un manifiesto en el que expresaron su desacuerdo con la sentencia.
 

Entre los firmantes están los literatos y pensadores más lúcidos del país, como Juan Goytisolo, Antonio Saura, Manuel Rico, Manuel Rivas, Juana Vázquez y Manuel Penella, entre otros.
 

En el escrito explican que "conocedores de la situación creada al ser encausado el juez Baltasar Garzón, en incesante búsqueda de la verdad, por sus investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista y otros delitos posteriores cometidos por tramas corruptas, manifestamos nuestro desacuerdo con las gravísimas sanciones solicitadas por sus acusadores."
 

Y advierten que "como creadores de palabras, no podemos aceptar en silencio el ensañamiento múltiple al que está siendo sometido en nuestro país, así como la imagen que se está proyectando al exterior con el procesamiento de este juez ejemplar".
 

Señalaron que "la sociedad española en su conjunto merece nombrarse con el trabajo de este juez en su desvelamiento de la verdad y de la memoria, con la correspondiente reparación de las víctimas de la dictadura, resolviendo así, sin traumas pendientes, los retos difíciles a los que ha de enfrentarse".
 

Las reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar.

La titular de la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, firmó este viernes un hábeas corpus que pide "el cese de la persecución penal" contra Baltasar Garzón, para presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 

El ex presidente colombiano Ernesto Samper expresó también hoy su rechazo a la condena, y afirmó que "la decisión tiene más de política que de justicia. Golpe a Garzón es golpe a vida dedicada a los derechos humanos".
 

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Viernes, 10 Febrero 2012 06:18

Aniversarios de la “nohistoria”

Aniversarios de la “nohistoria”

George Orwell acuñó el útil término “nopersona” para personas a las que se niega el estatuto de personas  porque no acatan la doctrina estatal. Podemos agregar el término “nohistoria” para referirnos a la suerte de nopersonas, expurgadas de la historia por motivos semejantes.
 

La nohistoria de las nopersonas se recuerda a lo largo de los los aniversarios. Los importantes generalmente se conmemoran con la debida solemnidad cuando resulta apropiado, como por ejemplo Pearl Harbor. Pero otros no se conmemoran y podríamos aprender mucho de nosotros si los sacamos de la nohistoria.
 

Ahora mismo no conmemoramos un evento de gran significación humana: el 50 aniversario de la decisión del presidente Kennedy de lanzar la invasión directa de Vietnam del Sur, que pronto se convirtió en el crimen más extremo de agresión desde la Segunda Guerra Mundial.
 

Kennedy ordenó que la Fuerza Aérea de EE.UU. bombardeara Vietnam del Sur (en febrero de 1952, se habían realizado cientos de misiones); autorizó la guerra química para destruir cultivos con el fin de hambrear hasta la sumisión a la población rebelde; y activó programas que acabaron llevando a millones de aldeanos a tugurios urbanos y a campos virtuales de concentración, o “Aldeas Estratégicas”. Allí los aldeanos serían “protegidos” contra las guerrillas indígenas a las cuales, como sabía el gobierno, apoyaban voluntariamente.
 

Los esfuerzos oficiales para justificar los ataques eran escasos y la mayor parte fantasiosos. Uni típico fue el apasionado discurso del presidente ante la Asociación Estadounidense de Editores de Periódicos el 27 de abril de 1961, cuando señaló que “en todo el mundo se nos opone una conspiración monolítica e implacable que se basa primordialmente en medios clandestinos para expandir su esfera de influencia”. En las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 1961, Kennedy dijo que si esa conspiración lograba sus objetivos en Laos y Vietnam “las puertas quedarán abiertas”.
 

Los efectos a corto plazo fueron mencionados por el altamente respetado especialista en Indochina e historiador militar Bernard Fall, que no era pacifista, pero se preocupaba por la gente de los países atormentados.
 

A principios de 1965 calculó que unos 66.000 sudvietnamitas murieron entre 1957 y 1961; y otros 89.000 entre 1961 y abril de 1965, en su mayoría víctimas del régimen cliente de EE.UU. o “del peso aplastante de los blindados, napalm, bombarderos jet y finalmente gases vomitivos estadounidenses”.
 

Las decisiones se mantuvieron ocultas, así como las espantosas consecuencias que persisten. Para mencionar solo una ilustración: Scorched Earth de Fred Wilcox, el primer estudio serio del horripilante y continuo impacto de la guerra química en los vietnamitas, apareció hace algunos meses –y probablemente se sumará a otras obras de la nohistoria. El núcleo de la historia es lo que sucedió. El núcleo de la nohistoria es “borrar" lo que sucedió.
 

En 1967, la oposición a los crímenes en Vietnam del Sur había llegado a un grado importante. Cientos de miles de soldados de EE.UU. causaban estragos en Vietnam del Sur y se sometían las áreas pobladas a intensos bombardeos. La invasión se había propagado al resto de Indochina.
 

Las consecuencias habían llegado a ser tan horrendas que Bernard Fall predijo que “Vietnam como entidad cultural e histórica… está amenazado de extinción… (mientras)… el campo literalmente muere bajo los golpes de la mayor maquinaria militar jamás desatada contra un área de ese tamaño”.
 

Cuando la guerra terminó ocho devastadores años más tarde, la opinión dominante estaba dividida entre los que la llamaban una “causa noble” que podría haberse ganado con más dedicación y en el otro extremo, los críticos, para quienes había sido “un error” que resultó demasiado costoso.
 

Faltaban todavía los bombardeos de la remota sociedad campesina del norte de Laos, con tal magnitud que las víctimas vivieron en cuevas durante años para tratar de sobrevivir; y poco después el bombardeo de Camboya rural, sobrepasando el nivel de todos los bombardeos aliados en el escenario del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.
 

En 1970, el consejero nacional de seguridad de EE.UU., Henry Kissinger, ordenó “una masiva campaña de bombardeo en Camboya. Cualquier cosa que vuele sobre cualquier cosa que se mueva” –un llamado al genocidio de un tipo raramente encontrado en los archivos conocidos.
 

Laos y Camboya fueron “guerras secretas”, porque la información fue poca y los hechos todavía son poco conocidos por el público en general o incluso por elites educadas, quienes sin embargo pueden recitar de memoria cada crimen real o supuesto de los enemigos oficiales.
 

Otro capítulo en los anales desbordantes de la nohistoria

Dentro de tres años podremos –o no podremos– conmemorar otro evento de gran relevancia contemporánea: el octavo centenario de la Carta Magna.
 

Ese documento es el fundamento de lo que la historiadora Margaret E. McGuiness, refiriéndose a los Juicios de Núremberg, aclamó como un “tipo particularmente estadounidense de legalismo: castigo solo para quienes se pueda demostrar que son culpables, por medio de un juicio justo, con una panoplia de protecciones de procedimiento”.
 

La Carta Magna declara que “ningún hombre libre” será privado de derechos “excepto por el juicio legal de sus pares y por la ley del país”. Los principios se ampliaron posteriormente para aplicarlos a todas las personas en general. Cruzaron el Atlántico y entraron en la Constitución y en la Declaración de Derechos de EE.UU., señalando que no se puede privar de derechos a ninguna "persona" sin el debido proceso y un juicio rápido.
 

Los fundadores, claro está, no querían que el término “persona” se aplicara a todas las personas. Los americanos nativos no eran personas. Tampoco los esclavos. Las mujeres apenas eran personas. Sin embargo, concentrémonos en la noción central de la presunción de inocencia, que se ha arrojado al olvido de la nohistoria.
 

Otro paso del debilitamiento de los principios de la Carta Magna fue cuando el presidente Obama firmó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que define la práctica Bush-Obama de detención indefinida sin juicio bajo custodia militar.
 

En la actualidad ese tipo de tratamiento es obligatorio en el caso de los acusados de ayudar a fuerzas enemigas durante la “guerra contra el terror”, u opcional si los acusados son ciudadanos estadounidenses.
 

El alcance es ilustrado por el primer caso de Guantánamo que llegó a proceso bajo el presidente Obama: el de Omar Khadr, un ex niño soldado acusado del horrendo crimen de tratar de defender su aldea afgana cuando fue atacada por fuerzas de EE.UU. Capturado a los 15 años, Khadr fue encarcelado durante ocho años en Bagram y Guantánamo, luego llevado ante un tribunal militar en octubre de 2010, donde se le dio la alternativa de declararse inocente y permanecer en Guantánamo para siempre, o de declararse culpable y permanecer solo 8 años más. Khadr prefirió esto último.
 

Muchos otros casos iluminan el concepto de “terrorista”. Uno es Nelson Mandela, sacado de la lista de terroristas solo en 2008. Otro fue Sadam Hussein. En 1982 Irán salió de la lista de Estados que apoyaban el terrorismo para que el gobierno de Reagan pudiera suministrar ayuda a Hussein después de que invadió Irán.
 

La acusación es caprichosa, sin revisión o recurso, y refleja comúnmente objetivos políticos, en el caso de Mandela para justificar el apoyo del presidente Reagan a los crímenes del Estado del apartheid en su defensa contra uno de los “grupos terroristas más notorios” del mundo: el Congreso Nacional Africano de Mandela.
 

Lo más importante está consignado en la nohistoria.
 

Por Noam Chomsky
NYT/Truthout


Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Distributed by The New York Times Syndicate.

2011 The New York Times Company

 

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Jueves, 09 Febrero 2012 18:17

Eloy Alfaro y el liberalismo ecuatoriano

Ecuador surgió en 1830 con la separación del departamento del Sur de la Gran Colombia, patria por la que luchó Simón Bolívar. En Ecuador y Colombia la historiografía de mediados del siglo XX destacaba al tirano conservador García Moreno pero hacía borrón de Eloy Alfaro frente a las comunidades indígenas y la Revolución Liberal que da contexto para ver hoy la actual disputa de Rafael Correa en la Presidencia. Alfaro, primero como Jefe Supremo y luego como Presidente Constitucional, gobernó entre 1895-1901 y entre 1906-1911. Cayó víctima de la hoguera bárbara.

En sus primeros años, Ecuador era un país pequeño con dos regiones socioeconómicas claramente diferenciadas y al mismo tiempo geográficas: la Costa o Litoral, bordeando el Pacífico, y la Sierra, cruzada de norte a sur por la cordillera de los Andes. Cerca del 80 por ciento de una población cercana al millón de habitantes estaba en la Sierra, y su enorme mayoría era indígena, sujeta al sistema de las haciendas coloniales. Si bien en esta región había una cadena de ciudades fundadas en el siglo XVI, se destacaba Quito, la capital, como eje para la actividad de los poderosos terratenientes de la Sierra centro-norte. En la Costa descollaba Guayaquil, comercial, con poderosos agroexportadores cacaoteros. De otra parte, la amazonia no contaba en la vida política del país, reducida a la Costa y la Sierra, que lucían casi como dos repúblicas autónomas, con poderes oligárquicos específicos.

Junto a esta localización, a las confrontaciones regionalistas, progresivamente sobrevino el desarrollo de las luchas políticas entre liberales y conservadores, expresadas a través de caudillos y partidos. Los liberales respondían mejor a las condiciones de la Costa, mientras los conservadores tenían una identificación mayor con la Sierra, señorial y rentista. Sin embargo, los más importantes ideólogos liberales despuntarían en la Sierra.

Precisamente uno de esos ideólogos serranos, Abelardo Moncayo (1847-1917), consideró que el régimen del tirano conservador Gabriel García Moreno (1860-1865 y 1869-1875) interrumpió el progreso de las libertades que inició la Independencia y el que debía ser el “siglo de Bolívar” resultó trunco con el garcianismo. Un reflejo del sentir de los liberales.

Para entonces, el joven Eloy Alfaro Delgado (1842-1912) también se había unido a las fuerzas liberales que combatían a García Moreno. Aunque años después radicado en Panamá, Alfaro nunca dejó de tratar con grandes figuras liberales americanas, se unió a la masonería, apoyó a la causa liberal común de los distintos países, y en forma intermitente regresó a Ecuador para levantar montoneras (guerrillas) contra los gobiernos conservadores. Por su constancia revolucionaria y sus compromisos liberales, con un primer alzamiento en 1864, Alfaro alcanzó prestigio nacional e internacional, así sus opositores le calificaran de “general de las derrotas”.

Tras los fusilamientos de Nicolás Díaz Infante y el coronel Luis Vargas Torres en 1885 y 1887, cuando en Guayaquil brotó el pronunciamiento popular del 5 de junio de 1895, con el que se inició la Revolución Liberal Ecuatoriana, Alfaro estaba en Nicaragua –en León, ciudad que le dio el grado de General de División– y fue llamado para encabezarla. Las multitudes le aclamaron y se puso al frente del ejército montonero, que en su ascenso a la Sierra recibió el respaldo de la población y las comunidades indígenas. “Ya viene el indio Alfaro”, era el grito de terror y combate con que terratenientes, conservadores e Iglesia se resistían en los Andes.

Liberalismo radical


Alfaro entró a Quito con el aplauso del pueblo. Primero como Jefe Supremo y luego como Presidente Constitucional, gobernó entre 1895-1901. La sucesión presidencial demostró que la familia liberal no era monolítica y que otros caudillos disputaban el nuevo poder. De modo que, ejerciendo como presidente Lizardo García (1905-1906), tras el período de Leonidas Plaza (1901-1905), los liberales radicales lo consideraron alejado del liberalismo auténtico. Entonces, Alfaro levantó una nueva revolución y así llegó a la segunda presidencia (1906-1911).

Los gobiernos alfaristas, que representaban el ala radical del liberalismo, transformaron al Ecuador en diversos órdenes. La economía agroexportadora del cacao despegó y sus rentas consolidaron a la oligarquía regional costeña, enriquecida en las haciendas y los comercios, los bancos privados y las primeras manufacturas. En virtud de la ideología que movilizaba, el alfarismo en el poder promovió el crecimiento empresarial, favoreció la urbanización, impulsó una industria nacional protegida y generalizó las relaciones salariales, mediante las cuales, era un supuesto, poder superar las condiciones de la servidumbre indígena, campesina y montubia. Significaba un proyecto modernizador y capitalista para un país rural y atrasado en la época.

El gran esfuerzo de Alfaro se concentró en la institucionalidad del Estado nacional. En esa perspectiva, inaugura la educación pública laica y crea los institutos normales para formar el magisterio al servicio del país; además, la separación entre Estado e Iglesia, la nacionalización de los cementerios y los bienes eclesiásticos, y la creación del registro civil y la iniciativa para las leyes de matrimonio civil y divorcio; pero también, el enorme esfuerzo de integración nacional mediante la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil, que acercó a la Costa y la Sierra. A ello hay que sumarle la reorganización del Ejército, la creación del Colegio Militar, y la fundación de la Academia de Guerra y de la Escuela de Clases y Cadetes.

Las transformaciones están inscritas en el marco de las dos Constituciones expedidas en 1897 y 1906, ésta última considerada la Carta Magna del liberalismo. Con su enunciado, se consagraron las más amplias libertades y los derechos individuales de carácter civil y político, como la libertad de cultos, de imprenta y de prensa, que bajo el régimen conservador anterior no tenían ejercicio. Fue abolida la pena de muerte para toda clase de delitos, incluso los políticos. Si bien la propiedad privada y la iniciativa individual tuvieron garantía, bajo el nuevo régimen constitucional el Estado era el dueño de los recursos mineros.

Gracias a sus viajes por América –Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Centroamérica–, como promotor de las ideas liberales, Alfaro cultivó amistades y entendió la lucha liberal como parte de las luchas latinoamericanas por una nueva sociedad. Aún antes de llegar al poder, soñaba con revivir la Gran Colombia y lograr una Confederación de Países Sudamericanos, idea que tenía pares en el general Andrés Avelino Cáceres del Perú –también dos veces Presidente–; del alzado Cipriano Castro en Venezuela, luego en la silla presidencial; y Rafael Uribe Uribe en Colombia. Como gobernante, Alfaro gestionó su proyecto grancolombiano, se solidarizó con Venezuela en sus reclamos por la Guayana Esequiba, abogó por la independencia de Cuba y movilizó recursos y acciones por la causa liberal en otros países. En 1896 convocó a un Congreso Continental que debía crear un Derecho Público Americano para sujetar la manipulación que Estados Unidos hacía de la Doctrina Monroe (América para los americanos, sic). Ese congreso resultó boicoteado por la diplomacia norteamericana, lo que no impidió que los ocho países finalmente reunidos acordaran una concluyente declaración antiimperialista.

El cuadro de realizaciones de Alfaro como gobernante tuvo la visión social, que distinguió al alfarismo como sector radical del liberalismo, distinto del moderado o del orden, que, carente de esa opción social, respondió mejor a los intereses de las élites del poder terrateniente y de las burguesías emergentes. En efecto, promovió la pequeña y la mediana propiedad, abolió el trabajo subsidiario y alivio las cargas del concertaje, que hacía de los indígenas serranos y los peones costeños verdaderos esclavos, tal como denunció en un Mensaje al Congreso. Además, con la colaboración de Miguel Alburquerque, sastre cubano, respaldó la organización de los primeros sindicatos liberales. Sus gobiernos promovieron a las capas medias, con trabajo en el Estado, incorporación al magisterio e incluso al Ejército. Y por primera vez atendieron a la mujer ecuatoriana, que encontró trabajo en oficinas públicas, fue capacitada y recibió becas.

En la ojeriza de los terratenientes


Esas políticas sociales del radicalismo despertaron la reacción de las oligarquías regionales, no dispuestas a permitir reformas capaces de afectar su dominio y la explotación a los trabajadores del campo, que eran las bases de la riqueza que distinguía a las familias poderosas de la Costa y la Sierra, y que no consentían la alteración de un ‘orden’ tradicionalista. De manera que, a pesar del clima económico favorable a los propietarios terratenientes y a los empresarios en franca ampliación, Alfaro resultaba una figura capaz de despertar recelos. Y los liberales radicales aparecían como políticos desconfiables en potencia. Por eso, finalmente los sectores oligárquicos que incluso habían sustentado al liberalismo triunfante advirtieron que los liberales moderados coincidían mejor con la preservación de sus intereses. Así se configuraba el cuadro histórico de las resistencias al alfarismo. Las otras expresiones crecieron con el tiempo.

Los conservadores nunca dejaron de combatir a Eloy Alfaro. Tampoco las jerarquías de la Iglesia y los sacerdotes fanáticos, que desde los púlpitos condenaban a los liberales como masones, impíos, herejes y demonios. Algunos obispos, como Schumacher en Portoviejo y Massiá en Loja, encabezaron verdaderas guerrillas orientadas a liquidar a quienes acusaban de atentar contra la religión y contra Dios. Entonces, 1911 resultó fatal para el liberalismo radical. Los acontecimientos se precipitaron con motivo de la sucesión presidencial de Alfaro. Así, aparecieron caudillos que pretendían ganar las elecciones en oposición a los alfaristas. Los partidarios del general Leonidas Plaza Gutiérrez, es decir, los liberales placistas, del ala moderada de la familia liberal, ansiaban derrotar definitivamente al alfarismo.

Don Eloy, el “Viejo Luchador”, apoyó a Emilio Estrada, quien resultó electo. Pero éste dio muestras posteriores de inclinarse hacia los liberales moderados, una razón para que Alfaro exigiera su renuncia, conocedor además de la grave enfermedad que aquejaba al nuevo presidente electo. Eloy Alfaro pretendió influir en su propia sucesión. Se habló de intento dictatorial. Y el 11 de agosto de 1911 un movimiento ciudadano en Quito le obligó a refugiarse en la legación de Chile y, en seguida, a salir del país rumbo a Panamá. Pero en diciembre fallecía Emilio Estrada y se cumplían así las previsiones políticas que Alfaro intuía. Carlos Freile Zaldumbide quedó como Encargado del Ejecutivo.

Irrumpe y fracasa alzamiento en la Costa


Fue entonces cuando una nueva revolución en la Costa, en el norte, proclamó a Flavio Alfaro, sobrino del Viejo Luchador; y en el sur a Pedro Montero. En Guayaquil unieron sus fuerzas, aunque las iniciales batallas ocasionaron las primeras pérdidas humanas. El gobierno de Freile Zaldumbide dispuso enfrentar a los revolucionarios, enviando tropas que triunfaron en Huigra, Naranjito y Yaguachi. Esta breve guerra civil produjo como mil muertos y más víctimas.

Eloy Alfaro, que había llegado para intermediar en el conflicto, sin ánimo de conducir la revolución, resultó involucrado. A consecuencia de la derrota, fueron apresados los ‘cabecillas’ y también las personalidades alfaristas inculpadas por el gobierno. Un juicio sumario contra Pedro Montero en Guayaquil terminó en plena sala de la Corte con el asesinato de este general alfarista. Se temió, entonces, por la vida de los otros prisioneros. Y aunque fue convenido, con la intervención de los cónsules de Inglaterra y de Estados Unidos, que se respetaría su integridad y el justo juicio al que tenían derecho, el gobierno de Carlos Freile Zaldumbide no hizo caso del tratado y ordenó el traslado de los prisioneros a Quito, aún a sabiendas de que el riesgo era mayor por el clima de odio que calentaba la capital en alimento de venganza, pues había familias que perdieron sus seres queridos en la reciente guerra.

Los prisioneros llegaron a Quito en el ferrocarril. En seguida fueron trasladados al Panóptico. Al llegar al lugar donde guardarían prisión, les esperaba una turba que, con la complicidad de los soldados, penetró a cada una de las celdas, asesinó en forma cruel y terrible a los prisioneros y luego arrastró sus cuerpos por las calles de Quito hasta las afueras de la ciudad, en El Ejido, donde los cadáveres fueron incinerados. Con razón el historiador Alfredo Pareja Diezcanseco calificó al hecho como “hoguera bárbara”. Era el 28 de enero de 1912, día trágico para Quito y el país, en el que, bajo los gritos de ¡Viva la religión!, ¡Mueran los herejes!, ¡Mueran los masones!, perdieron la vida los generales Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano, y el periodista y coronel Luciano Coral.

Desde una perspectiva histórica, no hay dudas de que los gobiernos de Eloy Alfaro representaron un período de acciones revolucionarias liberales y radicales para impulsar una nueva sociedad. Tampoco se puede desconocer el sentido de continuidad con la gesta independentista asumida por el propio Eloy Alfaro. Cabe entender, además, que las reacciones antialfaristas giraron en el ámbito de la alianza que siempre tuvieron los conservadores con la iglesia católica. Y es necesario comprender que la época del predominio liberal radical entre 1895 y 1912 concluyó con la “hoguera bárbara”. Ecuador conmemora este año el centenario del asesinato de Eloy Alfaro y el gobierno nacional busca mantener la memoria viva de la Revolución Liberal y el recuerdo de aquél y de los radicales en la historia del presente.




¿Quién mató a Alfaro y sus principales lugartenientes?


Obras escritas en la misma época de los sucesos, de los liberales José Peralta en Eloy Alfaro y sus victimarios, y de Roberto Andrade en Sangre ¿Quién la derramó? y Vida y muerte de Eloy Alfaro dejaron el testimonio de los hechos y señalaron responsabilidades. También cuenta, para aclarar, la acusación que hizo el fiscal Pío Jaramillo Alvarado en 1919.

Jaramillo aseguró: “Quien examine el proceso con la atención y el ánimo sereno que es preciso, encontrará que no existe el deseo de esclarecer la verdad; que un soplo de cobardes condescendientes conmueve todas sus páginas”. Pero tuvo la entereza de señalar que el crimen no se reducía a los autores materiales de la espantosa escena. Tras ellos habían actuado varios sectores: conservadores intolerantes, clero fanático, liberales enemigos de los radicales alfaristas y hasta la prensa de oposición. Responsabilizó, ante todo, al gobierno de Carlos Freile Zaldumbide. Y acusó como autores directos a personas que habían servido de instrumentos de esa política de odios y revanchismos cultivada en los púlpitos, las conversaciones, los discursos, los editoriales, las caricaturas, las burlas y los deseos de venganza.

Con la muerte de los alfaristas concluyó el período de un tipo de liberalismo con orientación por los intereses populares, porque el liberalismo moderado que le sucedió se convirtió pronto en liberalismo plutocrático, identificado con la poderosa banca privada, particularmente guayaquileña, cuya hegemonía concluyó con la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925.



*Juan J. Paz y Miño Cepeda, ecuatoriano. Doctor en Historia. Cronista de la Ciudad de Quito. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia. Vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC).
Miércoles, 18 Enero 2012 07:00

Eloy Alfaro (1842-1912)

Eloy Alfaro (1842-1912)

“Y así estaba, recogido, los nervios finos por saber, cuando su puerta se abrió de golpe. Él se incorporó, tieso y veraz.
 

“–¡Silencio! ¿Qué quieren de mí?
 

“Un tiro en la cabeza le hizo caer suavemente, como un desvanecer de piel y huesos… Desnudo ya, descolgado de su aventura, le llevaron hasta el filo del corredor, alto, alto, alto y de allí le aventaron contra el patio” (La hoguera bárbara, Alfredo Pareja Diez-Canseco, 1944).
 

Hace cien años, el 12 de enero de 1912, la vida de Eloy Alfaro, prócer del Ecuador moderno, llegó a su fin. En la abyección y el ultraje digitado por los liberales de levita y conservadores chupacirios que hoy continúan acechando, como buitres de la historia, la revolución ciudadana del presidente bolivariano Rafael Correa.
 

Alfaro nació en Montecristi, pueblo caliente ubicado en la combativa provincia de Manabí, cuna del "liberalismo machetero". Desde los 24 años, en la fragua militar contra los gobiernos conservadores llegó a general en jefe de la revolución liberal (1895), siendo elegido dos veces presidente de la república (1896-1901/1907-11).
 

Las derrotas del Viejo Luchador fueron amargas cuanto fructíferos sus muchos exilios en Panamá, donde fue acogido por el líder liberal Belisario Porras y en Nicaragua por el presidente José Santos Zelaya, quien le confirió el grado de general.
 

Melodía que Alfaro conocía por los relatos de las luchas independentistas que de niño le contaban su madre, y de joven Francisco Calderón, viejo cubano vinculado al primer grito emancipador de América Latina (Quito, 1809). Calderón había emigrado a la ciudad ecuatoriana de Cuenca y fue padre del capitán Abdón Calderón, muerto a los 18 años a causa de las heridas recibidas en la batalla de Pichincha (1822).
 

Según el historiador cubano Regino Sánchez Landrián, sería en Panamá donde Alfaro amplió sus horizontes. Allí entabló amistad con el colombiano Vargas Vila, el dominicano Máximo Gómez, José María Merchán, Antonio Maceo y otros ilustres patriotas antillanos y jefes mambises que se hallaban exiliados en el istmo cuando en la manigua cubana concluyeron las primeras acciones bélicas contra España, a finales de 1870.
 

En octubre de 1890 se entrevistó en Buenos Aires con el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, quien enterado de su inminente partida a Estados Unidos le entregó una suma importante para su corresponsal en Nueva York, José Martí. Alfaro andaba sin un peso, pero el dinero llegó intacto a manos del destinatario. En carta al ideólogo alfarista José Peralta le confiesa: "Recuerdo que la fortuna premió mis desdichas cuando conocí a Martí en aquel frío octubre por encomienda del señor Bartolomé Mitre".
 

En Vida y muerte de Eloy Alfaro, el biógrafo Roberto Andrade asegura que fue en Lima donde Máximo Gómez y Eloy Alfaro sostuvieron varias entrevistas, acordando la solidaridad y fraternidad cuando nada predecía el triunfo político de ambos. Alfaro cumplió, y así lo expresa Maceo, El Titán de Bronce, en carta fechada en Pinar del Río el 12 de junio de 1896:
 

"Por la prensa española he sabido que usted, en cumplimiento de lo que un día me ofreció, ha trazado en pro de la causa cubana. Reciba, por tan señalada prueba de amistad y de consecuencia, mis más expresivas gracias y las de este ejército." En efecto, no bien Alfaro alcanzó el poder, se dirigió a la reina de España y le solicitó la independencia de Cuba.
 

En ese mismo año de 1896, el gobierno alfarista convocó a un Congreso Nacional Americano, que debía reunirse en México para discutir la doctrina Monroe. Encuentro que fue boicoteado por el Departamento de Estado. Apoyándose en una circular de Miguel Covarrubias (encargado de negocios mexicano en Washington), el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño recuerda que para el secretario Richard Olney “…el Ecuador no tenía el prestigio bastante para acometer ni para llevar a cabo una empresa de la importancia que debía tener un Congreso americano”.
 

El guión de los enemigos de América Latina no ha variado. En 1900, durante la agresión y boicot de Alemania y Francia a los puertos de Venezuela por deudas impagas, el periódico británico Herald atribuía a "un diplomático europeo" lo siguiente:
 

“Hay muchas razones para creer que Cipriano Castro ha entrado en una conspiración con los presidentes del Ecuador y Nicaragua y los jefes revolucionarios de Colombia, animados por el propósito de unir cuatro países en una sola confederación… el presidente Castro ha estado fraguando aquel plan y que ha dado poderosos y frecuentes auxilios a los revolucionarios de Colombia, con absoluto menosprecio de todo principio de neutralidad, y aún de decencia…”
 

No satisfechos, quienes asesinaron a Alfaro en el penal García Moreno de Quito (donde el prócer se hallaba preso junto con sus lugartenientes), descuartizaron su cadáver.
 

¡Mueran los masones! ¡Mueran los herejes! ¡Viva la religión! Arrastrados por las calles céntricas, los pedazos del Viejo Luchador y el resto de las víctimas fueron quemados en el parque El Ejido.
 
Eloy Alfaro: internacionalista

Pareja Diez-Canseco evoca: "En la punta de una bayoneta, la barba de don Eloy viajaba iluminada por las llamas".

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Martes, 17 Enero 2012 10:36

Eloy Alfaro: internacionalista

Eloy Alfaro: internacionalista
El 28 de enero se recordará en Ecuador a Eloy Alfaro (1847-1912), en el centenario de su escandalosa muerte.
 
Alfaro encabezó la revolución liberal, la más importante transformación del país después de la revolución independentista, porque consolidó el Estado Nacional, separó Iglesia y Estado, introdujo la educación pública laica, secularizó la cultura, proclamó los más amplios derechos individuales, profesionalizó al Ejército, promovió la modernización “proto-capitalista” y trató de mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población.
 
Alfaro también fue un consecuente latinoamericanista. No solo trató con prestantes liberales de la región para afirmar solidaridades y recursos por la causa común del liberalismo, sino que tuvo acciones específicas a favor de Venezuela por la Guayana Esequiva y de Cuba por su independencia.

  
No fue “enemigo” de los Estados Unidos, pero advirtió su expansión imperialista sobre el continente. Precisamente con el propósito de crear un Derecho Público Americano que frene la manipulación de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) por parte de los EEUU, Alfaro convocó a un congreso continental que debía reunirse en México, el 10 de agosto de 1896, fecha que recordaría al Primer Grito de Independencia proclamado en Quito, el 10 de agosto de 1809.
 
Ese congreso fue boicoteado por los EEUU. Su Secretario de Estado, Mr. Olney, exigía que el Congreso se realizara en Washington y bajo la condición de que asistieran todas las repúblicas americanas. El Ministro mexicano Matías Romero informaba a su gobierno la "ninguna disposición" de Washington para la celebración del Congreso. Y el Encargado de Negocios de México, Miguel Covarruvias, informaba que Olney sostenía que “el Ecuador no tenía el prestigio bastante para acometer ni para llevar a cabo una empresa de la importancia que debía tener un Congreso americano”.
 
Como resultado de las presiones ocultas o las influencias directas, el día fijado solo se reunieron en el Palacio de Chapultepec de México los representantes de ocho países. Sin embargo, ellos aprobaron una contundente Declaración, reconociendo que la Doctrina Monroe era una simple regla de conducta internacional aplicada a conveniencia de los EEUU. Y que, por tanto, era necesario someterla a un verdadero Derecho Público continental.
 
Pero la declaración quedó en el aire y el “americanismo” continuó largamente
como norma al servicio de los intereses norteamericanos. 
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Una década del argentinazo: impunidad en democracia
Días antes del décimo aniversario de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre, que abrieron una nueva etapa política en Argentina, se realizó en la ciudad de Rosario el primer Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Diciembre de 2001. Esos días fueron asesinadas 37 personas, incluyendo niños y niñas de 13 y 14 años. Crímenes de la democracia que permanecen impunes.

Debieron pasar 10 años para que los familiares se reunieran, se reconocieran en un dolor común ensanchado por la impunidad, volvieran a llorar a sus muertos y denunciaran que buena parte de los responsables políticos de la masacre perpetrada por el gobierno democrático de Fernando de la Rúa, o sea gobernadores e intendentes (alcaldes), pero también diputados y senadores, siguen ostentando cargos institucionales. Muchos se han travestido adoptando los modales propios de los nuevos tiempos.

En el encuentro que duró tres días, del 8 al 10 de diciembre, confluyeron el padre y la madre del motoquero Gastón Riva, asesinado cuando enfrentaba con su moto las balas policiales; los familiares del niño cordobés David Moreno, de 13 años, muerto por capricho policial; el tío de la niña Eloísa Paniagua, asesinada en Paraná, y decenas de familiares y personas que fueron heridas de gravedad en los días en que la banca se llevó miles de millones del país. Hubo más rabia que congoja y muchas ganas de seguir adelante.

La familia de Claudio Lepratti, Pocho, un militante social que tejía solidaridades territoriales desde su bicicleta, recordó que fue asesinado cuando se paró en el techo de la escuela donde trabajaba como cocinero para decirles a los policías que dejaran de disparar, que allí sólo había niños y niñas. Una bala le perforó la garganta.

Jesús, el tío de Eloísa, un trabajador sencillo, puso el dedo en la llaga cuando dijo con ingenua sinceridad: "No entiendo por qué en todos estos años los derechos humanos no se ocuparon de nosotros". Un chico muy joven, integrante de una banda de rock, se animó con una frase que resume un tiempo histórico: "El 20 de diciembre, en el centro las clases medias y los sindicatos protestaban y no había policía. Pero en los barrios disparaban a matar". En esos barrios, pobres y periféricos, se produjeron los nueve muertos que hubo esos días en la provincia de Santa Fe, la más castigada por la represión.

Frases sencillas que desnudan un modelo de dominación. En esta década el Estado adoptó la defensa de los derechos humanos como una de sus más destacadas políticas. Se focaliza en los crímenes de la dictadura, lo que supone un reconocimiento a las víctimas y el señalamiento de los victimarios. Quedan en la sombra los 3 mil 93 muertos de la democracia (1983-2010) denunciados por la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), asesinados por las fuerzas de seguridad bajo la modalidad del "gatillo fácil".

Esto, por no hablar de la represión masiva contra los pobres. En la ciudad de Córdoba se detiene a más de 54 mil personas todos los años por la aplicación del Código de Faltas, que permite arrestar y maltratar a los jóvenes pobres cuando salen de sus barrios usando gorros, acusados de "merodeo" porque incomodan a las clases medias. Miles de personas participan desde hace cinco años, en esa ciudad, en la Marcha de las Gorras para exigir la derogación de un código que convierte el paseo en delito por "portación de rostro".

Prácticas de las dictaduras que ahora están focalizadas hacia los barrios periféricos donde se amontonan los ni-nis, chicos que ni trabajan ni estudian y que no tienen futuro en este sistema. Son desechables, números sin rostro.

Recordar los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 sin incluir a los asesinados y los heridos, dejando de lado a los desechables de ayer y de hoy, sería un vano ejercicio de macropolítica, de una sociología que sólo analiza lo que le sucede a otros y nunca incluye a los de debajo de carne y hueso. Ellos pusieron buena parte de los muertos de aquellas jornadas y los siguen poniendo diez años después.

Por eso, no tiene sentido conmemorar el ayer sin traerlo hasta el hoy, sin denunciar un modelo minero-soyero que convierte la naturaleza en mercancía y condena a los pobres a vivir en campos de concentración, allá lejos, en las periferias inundables y contaminadas que por ahora no interesan a la especulación inmobiliaria. Si se atreven a salir, son detenidos a razón de uno cada 10 minutos (sólo en Córdoba) o son asesinados, a razón de uno cada 28 horas en todo el país, según los últimos datos de la Correpi.

Es hora de sincerarse y dejarnos de dobles discursos. Eso que llamamos democracia y derechos humanos tiene vigencia para una parte de la sociedad, quizá menos de la mitad. Un solo ejemplo: en 2009 un vigilante privado que asesinó a un joven discapacitado física y mentalmente en el conurbano de Buenos Aires fue condenado días atrás a dos años y 10 meses, ya que el juez le aplicó la figura de "homicidio cometido en situación de error en el ejercicio de la legítima defensa" (Página 12, 19 de noviembre). Creatividad jurídica para avalar la impunidad.

Los familiares de las víctimas del argentinazo constataron, en sus testimonios durante el encuentro en Rosario, que la impunidad no es una anomalía sino un patrón común. En el mejor de los casos, los que dispararon a sus hijos fueron condenados a unos años de prisión y ya están en libertad. En 2004 el gobierno de Néstor Kirchner les ofreció reparaciones materiales que la mayor parte rechazaron.

La reflexión sobre la impunidad, sobre todo la de los responsables políticos, impone reflexiones más profundas. ¿Podemos pensar a los policías y a los políticos como guardianes del campo de concentración? Si así fuera, los que gozamos de ciertas libertades estamos ante un dilema ético que supone elegir de qué lado de las alambradas nos vamos a colocar, aun sabiendo que esa elección no tiene marcha atrás, porque el sistema no perdona a los que están abajo ni a los que se colocan a la izquierda.
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Jueves, 24 Noviembre 2011 19:55

Discurso de (des)orden (Segmento)

Discurso de (des)orden (Segmento)
La cultura es una pasión sin freno. Está entre los hombres para sembrar la discordia.

Nélida Piñon

 
¿Existe vida más allá de la revolución ciudadana y del socialismo del siglo XXI? Formulo esta interrogante porque los organizadores, los autores, los participantes y el público estudiantil y ciudadano de este XI Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana “Alfonso Carrasco Vintimilla” cohabitamos en una red concreta de relaciones familiares, comunitarias y sociales de la cual no podemos escapar; menos aún, hacernos los desentendidos. La reestructuración del Estado ecuatoriano, iniciada en 2007 por lo que entonces se llamó Acuerdo PAIS y hoy Alianza PAIS, es algo que nos implica a todos de distinta manera en nuestras actividades cotidianas, productivas y familiares, pues la política se relaciona con nuestro futuro inmediato y mediato. Está en nuestras casas; los hermanos se pelean. Y es tan central que incluso compromete a seres que no han nacido todavía, pero que enfrentarán las consecuencias de nuestras acciones, o inacciones, sin ni siquiera nosotros haberlos consultado.

En una reunión de personas que se las ven a diario con la creación y la lectura de textos literarios –que son universos verbales que resisten o que asimilan una realidad material que determina nuestras conciencias–, no podemos soslayar la pregunta por la manera en que los escritores, los estudiosos de las letras, los profesores de lengua y los intelectuales conectamos los paisajes imaginarios que leemos con el mundo duro, real, palpable, del entorno social. ¿Y cuál es la gran afirmación por fuera de las paredes de este auditorio? El gobierno nacional ha desplegado una extendidísima obra pública – ese es su deber– pero también, y esto nos concierne a quienes trabajamos con las palabras, una grandísima maquinaria proselitista que, en televisión, radio y prensa, pretende dotarle al país de una realidad de la que no estamos seguros si es completamente cierta o si constituye una especie de realidad virtual. Se trata de la creencia de que avanza la marcha hacia la revolución y el socialismo donde la patria es de todos.

Frente a este eslógan, se recicla una de las inquietudes más firmes del siglo XX en el XXI: ¿Tienen qué decir los escritores, los intelectuales, la gente de pensamiento, los universitarios, los hombres y las mujeres que leen y que se instruyen? ¿Hemos de dar por válidas, sin análisis y sin razonamientos, las conclusiones que el poder político propone –daría la impresión– casi a la fuerza? ¿No estamos viviendo una época en la que, paradójicamente se va dificultando la posibilidad de expresar lo que se piensa? Para mí, este es un verdadero drama, pues, en nuestras aulas, ¿no señalamos que la literatura es un arte con el que es posible decirlo todo para desmontar aquellas verdades que las distintas clases de poderes quieren hacer pasar como edictos inmutables y eternos? ¿No insistimos en que la palabra de la literatura no puede ser contenida por ninguna cortapisa?

¿Por qué, entonces, ahora, sin más, los escritores –y las escritoras– tendrían que concederle todo el crédito a las aseveraciones de los políticos profesionales? ¿A cuenta de qué los escritores, entrenados para escudriñar los rincones de la paradoja y la contradicción humanas, en aras de un nueva época construida al parecer en el idealismo, tendrían que entregar toda su confianza a los dirigentes de este anunciado cambio social? Una mayor inversión en infraestructura pública en escuelas, hospitales, vialidad y prevención de riesgos no le da a nadie el derecho para constituirse en una nueva deidad que reclame adoración ciega e incondicional. No veo razones para que los escritores dejen a un lado el escepticismo si, con Albert Camus (1), todavía pensamos en las dos tareas que dan grandeza al oficio de escritor: “el servicio a la verdad y el servicio a la libertad”. La literatura y todas las actividades posibles alrededor de ella pueden ser entendidas también como un servicio público, que tendría el propósito de posibilitar la revelación de la interioridad de un sujeto, por medio de un ejercicio responsable y cuidadoso con la lengua, e instalarla en la mente y en los corazones de los lectores, a través de los tiempos, las culturas y las civilizaciones.

Por tanto, quienes estudian, resguardan y atesoran el bien decir y la elegancia y fortaleza de las palabras, ¿no debemos solicitar al gobernante que no desdibuje el significado ya conocido de los vocablos? ¿Es que el contenido de los significantes revolución y socialismo, semánticamente hablando, se compadece con la realidad que moramos? De otra parte, ¿no nos han mostrado los historiadores sobre el destino trágico que han tenido las revoluciones –sólo para hacer un recorte cercano– en el siglo XX? Casi todos los procesos políticos destinados a redimir a las masas, ¿no terminaron en situaciones que nos parecen indignantes y penosas? ¿Dónde ponemos a la Revolución mexicana del relato Los de abajo o de La región más transparente? ¿Dónde a la Revolución rusa de las observaciones y escritos de Máximo Gorki? ¿Dónde a la Revolución china –Revolución cultural incluida– de las novelas Gao Xingjian? ¿Dónde a la Revolución cubana de las novelas detectivescas de Leonardo Padura? ¿No sería revolucionario, más bien, extraer una meditada lección de esos pasados y tratar de vivir el presente con los cambios que sean posibles, sabiendo de que se trata de una tarea en la que se involucrarán también las generaciones futuras? ¿Es que basta con endilgarle un nuevo nombre a la misma realidad para que esta empiece a transformarse? ¿Cuál es la garantía de que la Revolución ecuatoriana sí será triunfante a lo largo de 300 años?

No estoy dudando de la dimensión performativa de la palabra, que produce efectos en los humanos, aunque también instala el malentendido y la dificultad en las relaciones; pero los políticos profesionales –los primeros educadores del país, dada su continua exposición en los medios– deben retornar a la responsable pero sencilla sensatez por medio de la cual deben asumir que no es cuestión de un líder, ni siquiera de una generación, peor aún de un solo movimiento político o de una ideología, cambiar y levantar el Ecuador que nos hace falta.

¿No nos ha enseñado la historia que es imposible cambiarlo todo? Los escritores, que se nutren de referencias de libros, viajes y de otras manifestaciones culturales, sí queremos un país mejor, sin inequidad, con claras oportunidades para la mayoría; anhelamos una ciudadanía con talento, educada, culta; una sociedad que erradique su miseria y que le dé a todos la dignidad que se merezcan. Sí estamos junto a esta visión; sí somos conscientes de la urgencia de las transformaciones que pueda emprender un buen gobierno. Dado que el valor de las palabras constituye un elemento crucial de nuestros modos de ser –Felipe Aguilar ha recordado la delicadeza con la cual Maria Eugenia Moscoso, presidenta de este Encuentro, escoge su vocabulario–, bien nos merecemos un poder político decente que no tergiversara el contenido y el alcance de sus palabras. Este uso inopinado de la lengua es tan contagioso que hoy podemos ver un spot de la Alcaldía de Guayaquil que reclama: “En Guayaquil todos los días vivimos la revolución del bienestar”. La revolución deviene, pues, en cualquier cosa.

* * *


No hay ninguna ordenanza ni decreto alguno que autorice a los escritores para erigirse en vigilantes de la sociedad (aunque P. Shelley dijo que “los poetas son los legisladores no oficiales del mundo”). Lo que sí existe –ya que los escritores pulen y fortalecen las palabras para darles un brillo que en el lenguaje corriente o en el diccionario no tienen– es una necesidad existencial de defender los usos de la lengua. ¿No es un relato un dispositivo que desmonta los mecanismos del poder al intentar una explicación distinta, al proponer entrar en la otra escena para entender los actos humanos? ¿No se le ha concedido al poema, en la teoría literaria, el lugar de la reinvención no sólo de un lenguaje sino de novedosas realidades?

¿Por qué, entonces, los escritores y todo el circuito que se desarrolla alrededor de la producción literaria tendrían que acoger sin más la existencia supuestamente primorosa y primaveral de una realidad política y social que, como país, nos está lacerando y fracturando porque se enseñorea con una incapacidad para ampliar los espacios para la democracia? Hasta escribirán por nosotros si el poder continúa concentrando tanto poder en un solo vértice. Ya el gobierno nacional es el más potente emisor de mensajes. Como autor, me angustia el desajuste basto entre la palabra gubernamental y la realidad; brecha que es salvada, es de lamentar, llamando a las cosas con otros nombres. Acá la revolución no es la revolución, el socialismo no es el socialismo. Y lo peor que nos puede suceder como comunidad es que las palabras se vacíen de sus significados para adquirir usos irresponsables, ligeros o ahistóricos. No podemos aceptar que el político profesional ecuatoriano tergiverse la lengua para ajustarla a dimensiones utilitarias y triunfalistas.

También debemos grabar en nuestra mente, como señala Martha Nussbaum, la idea de que “los artistas no son los servidores incondicionales de ninguna ideología, salvo cuando están sujetos a la intimidación o a la corrupción” (46).2 Por eso la enseñanza que proporciona la literatura puede ser peligrosa ya que “Un ser humano capacitado para seguir los argumentos en lugar de seguir al rebaño es un ser valioso para la democracia” (79). La cultura política que nos ayudará a crecer es la del disenso individual, que favorece la responsabilidad personal, que nos ayuda a tener voz propia; aquella de “un ser activo, crítico, curioso y capaz de oponer resistencia a la autoridad y a la presión de los pares” (105). Insisto: no hay mejor escuela para la democracia que la imaginación literaria, que nos brinda la posibilidad de ponernos en el lugar de otra persona y, así, entender sus sentimientos.

* * *


Es difícil que el poder político –cuyo objetivo más que el bien común parecería ser el de obtener más victorias en las urnas– considere la necesidad de reflexionar a partir de otras lógicas que no sean las del poder mismo. Es una lástima, porque otras lógicas son básicas para preservar la rica diversidad social y mental en la que estamos sostenidos.

Pero, por ejemplo, ¿no sería una transformación –esta sí radical– que los ministerios de Educación y de Cultura ya no obedezcan al Ejecutivo y que actúen bajo unas políticas independientes del poder de turno? ¿No son estas carteras de Estado, que tienen que ver con el saber, las cunas más sensibles a partir de las cuales se darán (o no) los cambios trascendentes en el Ecuador? ¿No son la mejor educación y la mejor cultura, educación para la crítica y cultura para la crítica? ¿Educación para no servir al poder, cultura para no servir al poder? Si los políticos profesionales no modifican la lógica del poder con que somos gobernados, mediante la cual una nueva ideología utiliza exactamente las mismas prácticas de ejercicio de autoritarismo que hemos visto desde siempre, no nacerá una cultura política esperanzadora, necesaria para impulsar, con otra dinámica, las modificaciones imaginadas. Al acaparar cada vez más espacios y funciones, el poder revolucionario corre el riesgo de quedarse atascado en los argumentos del pasado que dice combatir. Necesitamos asegurar un cambio real de las mentalidades y de las prácticas sociales cotidianas. Esta es la revolución, y debería empezar por asignarle al poder funciones más tolerantes, más creativas y más silenciosas.

Así, ¿qué papel han jugado –y jugarán– los escritores que están ahora haciendo uso del poder en secretarías de Estado, embajadas, y organismos de comunicación y asesorías del Estado? ¿Podemos pedirles que sean consecuentes con el espíritu de las artes que antes practicaron, con las que anhelaban conquistar una libertad y una verdad distintas a las del poder político? ¿No es tarea de la gente pensante, pero especialmente de esos escritores que tienen una figuración pública, impedir que la llamada revolución se convierta en el nuevo statu quo? ¿Por qué ellos se han sometido calladamente al poder? José Saramago nos ha alertado: “Lo primero que se le dice al poder es no. No un no porque sí, sino porque el poder debe ser vigilado permanentemente. El poder siempre tiende a abusar, a excederse” (15 marzo 1990: 421).3 Además: “Quien piensa sabe decir no y esa palabra consituye una revolución, pero ese no tiene un sentido cuando se trata de un no colectivo, de una voluntad colectiva. No obstante, todos sabemos que también el no se corrompe, se acomoda y se convierte poco a poco en un sí. Cuando eso ocurre, no hay más remedio que volver a decir otra vez no” (22 nov. 2001: 423). Con Saramago, lo revolucionario consiste en un examen autocrítico permanente e interminable.

* * *


Lo grato y aleccionador de las reuniones sobre literatura –ya lo han comunicado otros– es que no están obligadas a concluir con consensos absolutos; sólo nos es suficiente que en la escucha surja algo diferente de lo que pensamos y salgamos de la reunión algo distintos de cómo entramos. Mauricio Wiesenthal, al estudiar la obra de León Tolstoi, un escritor que procuraba una autoridad moral, nos ha recordado la obligación de interrogarnos, para empezar, a nosotros mismos: “Ahí estamos los escritores, orgullosos de nuestros premios y nuestras cifras de venta. ¿Qué ideas aportamos? ¿Qué significamos para la Fe de los hombres? ¿Qué valores proponemos a la sociedad? ¿Qué somos más que vendedores de historias de papel?”.4 Considero que ninguno de los que estamos aquí, atraídos por la estética de las palabras, cree que la práctica literaria se manifiesta como un simple adorno o una decoración para simplemente sentirnos más cultos. Nosotros, que dudamos de la noción de progreso en la historia, que hemos leído que no hay épocas mejores, que no hay creencias más avanzadas, ¿qué intervenciones estamos compelidos a realizar en la perspectiva de ofrecer una visión de la realidad que se compadezca con las esperanzas del presente?

A diferencia de la política, que únicamente ve la elección de mañana, la mirada analítica de los escritores es realmente profunda. La sociedad de los lectores debe demandar más calidad y más responsabilidad en los políticos. La literatura nos enseña esto: a ser insumisos. Los escritores estamos llamados a intervenir, ciertamente no comprometiendo el arte de nuestras ficciones –en el sentido de que tienen su propia dimensión y autonomía–, sino con el conocimiento de la libertad que nos otorgan esas ficciones, que son formas de conocimiento, indagación y transformación de la realidad. ¿Existe vida, pues, más allá de la revolución ciudadana y del siglo XXI? Yo diría que sí.

1. Albert Camus, citado en Roberto Saviano, La belleza y el infierno [2009], trad. Juan Vivanco, Barcelona, DeBols!llo, 2011, p.186.
2. Martha C. Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades [2010], trad. MaríaVictoria Rodil, Buenos Aires, Katz, 2010.
3 José Saramago, En sus palabras, ed. Fernando Gómez Aguilera, Madrid, Alfaguara, 2010.
4 El viejo León: Tolstoi, un retrato literario, Barcelona, Edhasa, 2010: p. 162.
5 Damián Tabarovsky, Literatura de izquierda [2004], Cáceres, Periférica, 2010.
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Historia viva. El llegar del bicentenario es una bella oportunidad para que todos aquellos que cargan con la responsabilidad de llevar luces a las nuevas generaciones propicien una reflexión permanente entre ellas, motivándolas para que asuman el reto de concretar una gesta por la Independencia, que, a pesar de haber recorrido buena parte del continente dos siglos atrás, aún está por llevarse a buen término. Es a los docentes, con sus estudiantes, a quienes corresponde en primerísimo lugar asumir y liderar este proceso.
 
Pasado y presente. Ayer que extiende sus raíces hasta nuestros días. Así es la vida: nada se destruye, sólo se transforma. El bicentenario nos abre el balcón para otear con ojos vivos una libertad que supuestamente fue, y el ideal y sueño de la Gran Colombia frustrado por una parte de la oligarquía o mantuanos, liderados entonces en Colombia, Venezuela y Ecuador, respectivamente por Santander, Páez y Flórez.
 
¿Cómo surgió Colombia? Es una respuesta que durante este año gana noticia y lugar. El bicentenario de la Independencia es tema de actualidad. Han transcurrido 200 años desde cuando las ascendentes élites criollas o mantuanas reclamaron a la Corona española mayor espacio político y económico para sus intereses. Pero es en unos cuantos años menos el momento en el cual una parte del pueblo se sumó a la gesta que en sus inicios no fue más que una pugna entre poderes: el tradicional –monárquico– y el ascendente –criollo–, lucha que en sus primeros soplos no pretendió cambios sociales.

 
 
Bicentenario, tiempo de memoria. Y no es un propósito menor. Más aún en un país como el nuestro, determinado por una cruenta guerra que trata de borrar su origen y sus causas reales, y de este modo la memoria de la trágica confrontación en curso, de sus actores económicos, políticos, militares, sociales e internacionales que impulsan, sostienen y determinan esta larga beligerancia que expulsa millones de humildes del agro a la ciudad, llena el campo –y ahora, a no pocos barrios– de fosas comunes, concentra la tierra en cada vez menos manos; dispone el Estado, al servicio de una capa cada vez menor de la sociedad; militariza y extrema el control social por doquier y hace que la sociedad renuncie a un proyecto de desarrollo nacional. Llega al extremo de enajenar la soberanía misma, precisamente bandera heredada de varios de los levantamientos nacionales (así se les puede catalogar pasados estos dos siglos) que antecedieron y estimularon los “gritos de independencia” que llamamos hoy.
 
Bicentenario, tiempo para reencontrarnos con nuestro propio ser. Tiempo para la relectura de nuestra historia nacional y para precisar la conformación de nuestro ser igualmente nacional. ¿Qué y quiénes somos? ¿Cómo se constituyeron la Nación y el Estado entre nosotros? ¿A qué se deben las particularidades que nos hacen diferentes de los estadounidenses o los europeos? ¿Por qué, después de 200 años, aún no podemos crear el necesario clima económico, social, político e internacional para consolidarnos como nación viable?
 

Bicentenario, tiempo de oportunidad para el movimiento social. Ese protagonista histórico es negado y excluido siempre como factor fundamental de la nación. ¿Cuál es la historia real que acontece y aconteció en nuestras tierras durante estas dos centurias? ¿Por qué en la historia oficial no aparecen con la fuerza merecida los hombres y mujeres, miles, millones, que forjaron la nación? ¿Dónde están los pueblos indios y su agricultura intensiva que, como hijos de la tierra y sus culturas y civilizaciones urbanas en México y el altiplano andino, con su cosmovisión, su dignidad y sus flecheros resistieron a todo tipo de negación y violencia, hasta llegar al presente con reclamo de todas sus reivindicaciones negadas insistentemente por los poderes de turno, pero también con aporte a la humanidad de su visión sobre la vida en toda su implicación? ¿Dónde los negros esclavos, arrancados de su África, humillados y considerados “sin alma” –ya mambíes o con sus palenques, cumbes, patucos y rochelas–, tratados como mercancía por un poder fundado y sostenido en una sola visión del mundo: los valores oligárquicos del blanco, y el poder religioso en Roma y sus diezmos? ¿Dónde están los campesinos y arrieros, que con su tesón abrieron y contribuyeron a sembrar el país cordilleras abajo y de cumbre en cumbre? En fin, donde están esas manos, esos vientres, esos ojos, esos cuerpos, que por miles, por millones, han hecho posible –a pesar de todos los designios predeterminados allá, en la aristocracia y el poder– que haya Patria, así sea adolorida, riqueza en la Nación, y que la vida en este país sea un tanto más llevadera.
 

Ayer, dos centurias atrás, éramos colonia de la metrópoli española –que con invasión, despiadada conquista y comercio de esclavos imponía el saqueo del oro, los minerales y las riquezas, la mita y las encomiendas, y se daba ínfulas de cristianización; con su Armada y su ejército que llegó a nombrarse ‘pacificador’–, estancada entre reinos de poderes vitalicios. Una potencia arrollada por los ritmos de la economía y el tiempo con las características que le impregnaban otros vecinos o imperios en declive o en gestación: Inglaterra, Portugal, Francia, Austria, sus competidores, sus enemigos y patronos de piratas, corsarios y filibusteros que a sangre y fuego asaltaron puertos y ciudades. Reino que ante los desafíos comerciales, de deudas con banqueros alemanes y del control de sus nuevas rutas, para sostener la supremacía marítima, sin acomodarse a las demandas y retos de su tiempo, cayó arrollado por las nuevas prácticas sociales e históricas que supuso la doble Revolución (la Industrial y la Francesa) con triunfo y ascenso de la burguesía con sus banderas de Libertad, Igualdad y Fraternidad sobre la nobleza terrateniente, y la independencia y la Constitución de Estados Unidos y sus primeros 13 estados frente al reino de la Gran Bretaña, la disputa y ampliación de los mercados, los contrabandos, el anquilosamiento feudal barrido por las nuevas comprensiones de una ciencia cambiante, por la economía emergente y por las novísimas clases que emergían por doquier.
 
Tiempos y ritmos emergentes. Para entones, 40 años antes del Grito de Independencia, y obligado por los afanes de su menguado fisco, el Imperio afligió aún más a los habitantes de estas sus colonias. La respuesta no se dejó esperar y, en contra de su cálculo, en aprendizaje y continuidad de las sublevaciones indígenas de motilones y guajiros, y negras que en nuestro país recuerdan a Biohó y al negro Miguel y “su república de mulatos y zambos de Nirgua” en Venezuela, en la tercera década de 1600, la muchedumbre comunera se alzó en las tierras de Santander y del Táchira y Mérida. Tiró abajo los nuevos impuestos y reclamó buen gobierno. Sin embargo, la traición impidió que sus objetivos se concretaran, y Zipaquirá y otros pueblos del oriente colombiano vieron cómo el poder destrozó y puso en picota la cabeza y las extremidades de los voceros de una causa de justicia, sin impedir por esto su repercusión con levantamientos en Pasto, Neiva, Guarne, Tumaco, Casanare y Mérida, en San Antonio del Táchira y La Grita, Lobatera y Bailadores andinos en el occidente de Venezuela, sin alcanzar un avance hasta Trujillo; embrionaria manifestación de los novísimos movimientos sociales que tomarían cuerpo con el capitalismo. Poder. Violencia. Venganza. Ésta, que en sus más viles métodos tomó posición en nuestro país y aún mancha con su marca a centenares de comunidades, infinidad de pueblos, dejando tirados y destrozados por caminos y comarcas los restos de infinidad de líderes que, como José Antonio Galán y sus compañeros de lucha, no han pretendido más que justicia y buen gobierno.
 
Esa causa, igual que la liderada por Túpac Amaru en Perú, Tiradentes en Brasil y Eugenio Espejo Chusig en Ecuador, por los comuneros del oriente o del sur en Colombia, marca el comienzo de una lucha que sólo se vería parcialmente realizada pasadas cuatro décadas. Sin este antecedente, como los ya enunciados y sin la inmensa gesta de negros libertos que en 1804 le hicieron morder el barro al ejército francés en Haití, la libertad no habría esparcido su fresco halo de fuerza y decisión entre nosotros, ni logrado posicionarse –así haya sido sin todos sus atributos– entre cordilleras y valles orinocos, andinos, caribes, pacíficos, amazónicos, y en las pampas y el río de la Plata.
 
Bajando por uno de los valles que bañan las aguas del río Magdalena, para luego vadear otras aguas y surcar otros cerros –con sorpresa para el enemigo–, caserío tras caserío, hasta Caracas llegaron Simón Bolívar y su improvisado primer ejército. Llegaba cargado de las nuevas técnicas apropiadas de los ejércitos napoleónicos, hijos de una nueva era. La rigidez de las formaciones, a imagen de los sistemas sociales donde habían surgido, daban paso a la flexibilidad, la rapidez, el envolvimiento, la sorpresa, la iniciativa individual, a semejanza del nuevo sistema político que ya arrollaba con sus vapores y sus nuevas tecnologías todo lo que encontraba a su paso. La I, y luego la II República venezolana, y sus respectivas derrotas tras las atrocidades de los militares españoles Juan Domingo Monteverde, nombrado Capitán General, y Boves, el asesinato de casi toda la inteligencia neogranadina, la ocupación de Cartagena tras su heroica defensa, fueron el precio que se debió pagar para poder comprender que vencer al Imperio español requería una revolución social.

 
 

Alejandro Petión en Haití dio la clave. Su desprendimiento y su ayuda económica, con embarcaciones, armas y una imprenta, así como conocer por parte de Bolívar aquella revolución, y entender y rectificar frente a la necesidad de la libertad de los negros, así como presenciar los logros de un pueblo de esclavos que no condicionaba la libertad y los derechos al poder económico de cada uno de sus integrantes, fue condición sine qua non para cumplir su juramento del Monte Aventino y trastocar el curso de los sucesos en la Venezuela que lo vio nacer y en todas las demás patrias que lo adoptaron.
 
Era un tiempo de contradicción en el cual el blanco criollo y el mantuano luchaban por más poder y más fortuna, el indio y los mestizos por la igualdad y su identidad, y el esclavo por su libertad. Sólo el genio de Bolívar pudo comprender esa condición fundamental para vencer en la guerra. Renunciar a la esclavitud, avanzar hacia la hermandad de todos y todas, brindaron a la guerra de independencia la masa, la fuerza y el carácter y la marca social, necesarias para sobreponerse a los Boves y Morillos que, a nombre del rey, el orden y la tradición asolaban el virreinato de la Nueva Granada, su Capitanía en Caracas y la Real Audiencia de Quito en el territorio que es hoy de Colombia y Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, y Alto Perú o Bolivia.
 
Entonces, ya se hacía evidente que no sólo la fuerza es necesaria para derrotar al contrario. Ya en aquellos años se hacía axioma que la legitimidad procede de la justeza de la causa defendida, pero también de la manera como ésta se irradia entre todos aquellos a quienes pretende reivindicar. El sujeto se hace llama y con su energía transforma el entorno que lo rodea. Fue así como un pueblo se levantó, no sólo para dejar atrás al Rey –representación de Dios en la Tierra– sino asimismo para abrazar la igualdad, la libertad y la fraternidad, propósito sobre el cual sembraron las bases de la nación que aún pretendemos ser.
 
Son ellos, campesinos, indios y negros, zambos, mulatos y mestizos, y una porción de criollos con vergüenza ante el poder injusto, hombres y mujeres, quienes hacen posible el sueño bolivariano. Son sus brazos los que acopian abastos y cabildos, portan las lanzas o disparan los arcabuces y cañones que rompen la tradición y la sumisión. Es su energía, insuflada por el proyecto bolivariano, y el brío que derrotó unos ejércitos mejor dotados y formados.
 
Debemos preguntarnos hoy, transcurrido este doble centenar de años: ¿Qué impidió que finalmente se concretara ese anhelo de igualdad, de fraternidad, de justicia? ¿Por qué, a pesar de la derrota de las tropas monárquicas, la libertad no cubre a los negros, la mita no se elimina, y la tierra no se entrega a manos llenas a quienes con su dedicación propician que la misma brinde sus frutos?
 
Todos conocemos las respuestas. Y precisamente son esos intereses económicos y políticos dominantes, conservados, enconchados, enquistados desde entonces, lo que no permite que, 200 años después, el proyecto bolivariano se haga realidad, pero además, y muy por el contrario, la “República señorial” que emanó de esa lucha libertaria se extienda con graves consecuencias para las mayorías sociales, hasta nuestros días.
 
Son esos intereses lo que ha propiciado y permitido que se prolongue hasta nuestros días y se ahonde la concentración de la tierra, la desigualdad social, el clientelismo, la violencia como factor de control social; que sobreviva la desintegración de la región andina, y se abandone y renuncie, incluso, el ‘santo’ y obligado derecho de la soberanía nacional.
 
Razones, causas, sucesos, intereses, realidad, que deben ser examinadas, conocidas, reinterpretadas, para poder comprender a cabalidad el porqué de nuestro ser social, el porqué de la incapacidad para poner en marcha un proyecto de desarrollo propio pero también el porqué de nuestro signo trágico en la región que integramos.
 
La descolonización del continente americano, y con él de nuestro país, encontró soporte en la muerte de un sistema político a manos de la revolución industrial. La novísima revolución de la electrónica y las comunicaciones –con todas las transformaciones en la producción y las relaciones sociales que propicia– crea hoy los factores para la muerte del sistema político que ha impedido, a pesar de la abundancia creada, la realización plena del ser humano.
 
Bolívar no alcanzó, quiso llevar su bandera contra el español a Cuba y Puerto Rico que aún espera su derecho de nación. En la mayor de las Antillas tras la caída de José Martí, su independencia condicionada, intervenida, por una Enmienda Platt del senado de los Estados Unidos junto con la intromisión militar, tardó hasta 1902, o mejor hasta 1932, cuando la enmienda con excepción de la Base de Guantánamo se derogó. Hoy todavía, la deuda colonial y de sometimientos del reino español tiene ancestrales y actuales saldos: en el Sahara Oriental –donde con una resolución de la Onu, bregan el Frente Polisario y la República Árabe Saharahui–, en Canarias; y en el País Vasco, Galicia y Cataluña con sus lenguas que no mueren y su lucha por la Independencia uno y la Autonomía verdadera, nacional, las otras.
 
El Bicentenario es oportunidad para reencauzar la práctica de la juventud y los actores sociales, que, abrumados por la institucionalización de muchas de las expresiones comunitarias y los efectos de las transformaciones sociales, propiciadas por la revolución técnico-científica en marcha, pierden el faro de su potencial.
 
A todos ellos, hombres y mujeres, les extendemos la invitación para que a través de una amena y participativa labor en el centro de estudio, en su sitio de vivienda, en los lugares de trabajo o en los espacios para el parche y la diversión, comparta con sus iguales estas reflexiones acercándose con dedicación a lo que es su país, su continente y el mundo, imaginando lo que cada uno de estos territorios deberían ser. 

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Publicado enBicentenario
Miércoles, 06 Julio 2011 08:51

Hallan una fosa en España

Con el descubrimiento en Burgos se puso en evidencia a los historiadores franquistas, quienes informaron sobre menores cifras de cuerpos de los que efectivamente se encontraron, dijo la ONG que condujo la búsqueda.

Sesenta cuerpos de un grupo de trabajadores fusilados durante la Guerra Civil Española fueron exhumados ayer de una fosa en la ciudad de Burgos.

El hallazgo en la localidad norteña es muy significativo, destacó ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Con el descubrimiento se puso en evidencia a los historiadores franquistas, que informaron sobre menores cifras de cuerpos de los que efectivamente se encontraron, señaló la ARMH en un comunicado. Entre lunes y martes, los arqueólogos y forenses de la Sociedad de Ciencias de Aranzadí dieron con los cerca de sesenta cuerpos durante los trabajos para intentar encontrar la llamada fosa de los ferroviarios, agregó el comunicado.

Por la ubicación y la cantidad de restos humanos encontrados, los investigadores manejan la hipótesis de que se trataría de La Legua, la fosa con los cuerpos de un grupo de trabajadores sindicalizados del ferrocarril asesinados a comienzos de la Guerra Civil Española (1936-1939). Los trabajos en esta fosa, situada cerca de la población de Gumiel de Izán, incluyen la identificación de los cuerpos y la búsqueda de familiares.

Para la ARMH, las víctimas en esta región fueron más de 700 personas. El investigador José Ignacio Casado también habla de 700 muertos no identificados en Burgos en 1936. El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista. Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para asesinar de forma masiva y organizada a cientos de civiles desde el verano de 1936, afirmó José María Rojas, autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que colabora en los trabajos de exhumación de la fosa en las proximidades del monte.

La cercanía de este espacio natural con la cárcel de Aranda de Duero facilitó las llamadas sacas, en las que las autoridades franquistas sacaban a los presos del penal y, amparados en la impunidad del anonimato, fusilaban a los civiles detenidos sin dejar constancia.

Pero algunos vecinos de los pueblos de esta zona de la ribera burgalesa recuerdan estos episodios y pueden indicar el lugar de las fosas comunes. “Es una fosa muy conocida en la zona pero hay poca información sobre ella”, explicó Rojas. “Un vecino me indicó el punto exacto y comenzamos la investigación”, recuerda. Rojas participó en varios de los trabajos de exhumación que, desde 2003, recuperaron centenares de cuerpos en la provincia de Burgos. “Sabemos que asesinaron en la zona a un grupo el 18 de agosto de 1936, tras una detención masiva de trabajadores del gremio”, dijo Rojas.

La fosa tiene 40 metros de largo y se encuentra junto a la antigua Ruta Nacional. Los ferroviarios eran en su mayoría militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de España. El próximo paso será buscar señales que brinden pistas para identificar a los restos, tales como uniformes u objetos relacionados a la profesión de los fusilados. En otras fosas encontradas en los alrededores de Aranda de Duero se descubrieron cuerpos uniformados con insignias y distintivos de ferroviarios pero no en número tan masivo, informó la ARMH. Luego, la tarea de localizar a las familias es el paso más difícil, ya que en su mayoría no eran vecinos de Aranda, sino trabajadores trasladados a ese pueblo por razones laborales. Muchas de esas familias abandonaron la zona cuando terminó la guerra.

A 500 metros de la fosa abierta ayer, en 2003 fueron exhumados los restos de 83 civiles fusilados hace 75 años. “Esta fue una zona de excesos”, explicó Rojas. Desde entonces, el equipo de la ARMH ha localizado a 429 cuerpos en una veintena de entierros clandestinos y exhumado a más de 800 en toda la provincia de Burgos.

La ARMH, formada por familiares de víctimas y voluntarios, comenzó hace 10 años la apertura de fosas comunes en toda España para buscar e identificar a desaparecidos de la Guerra Civil, principalmente del bando perdedor, y desde entonces ha abierto unas 150 y exhumado más de 1500 cadáveres con muy poca ayuda pública y del Estado.

El Parlamento español aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas, pero la ARMH y otras asociaciones reclaman al gobierno una participación más activa para la búsqueda de los desaparecidos, 114.000 personas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo según datos de una investigación iniciada por el juez español Baltasar Garzón en 2008.

El gobierno español publicó en mayo un mapa con más fosas comunes que contabilizaron con víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior, de las cuales sólo se han abierto 329. Ese mapa identifica 2246 fosas comunes en toda España, donde podrían hallarse los restos de unas 100 mil personas. La mayoría se ubica en las regiones de Aragón y Andalucía, aunque también en Asturias, Castillas y León, Cataluña, Galicia y Madrid, entre otras. En el sitio de Internet del gobierno español, Memoria Histórica, pueden distinguirse según una clave entre distintos colores las fosas exhumadas, las exhumadas de manera parcial, las que desaparecieron bajo alguna infraestructura o las que aún no fueron halladas. Para la ARMH estos cuerpos de Gumién de Izán –que se suman a los 84 hallados en 2003 en el cercano monte de Costaján– desmienten las cifras reveladas por historiadores franquistas, que indicaban que en la provincia de Burgos se habían producido 761 asesinatos. Con la exhumación de ayer, ya se superaron los 800 cuerpos encontrados en la provincia.
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