Una mujer con mil vidas debe tener al menos tres nombres. Marcia Scantlebury (La Serena, Chile, 1945) fue también Natacha y 400. Natacha combatió el pinochetismo. 400 lo sufrió en varios centros de tortura y detención. Un día fueron a su casa, le cubrieron la cabeza y la llevaron a Villa Grimaldi, una fábrica de desaparecidos de la que pocos salían vivos. Marcia lo hizo dos veces. También sobrevivió Michelle Bachelet, la actual presidenta de Chile, que le ha encomendado que monte el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para explicar el pasado a los del futuro y difundir valores cívicos.

–¿Nunca deseó vengarse?
–No estoy preparada ni para eso. Ni para perdonar. Tengo un odio abstracto hacia lo que pasó, pero no hacia una persona en particular. Los desprecio. No quisiera que me llenaran la cabeza ni el corazón.
Scantlebury participó en Salamanca en un encuentro sobre centros de memoria histórica, recién operada y con limitaciones dietéticas. “Es casi terrorismo que no me deje comer”, le espetó a su médico. Obedeció, sin embargo. Resume alguna de sus numerosas vidas: la pelea contra la dictadura, el periodismo, el exilio en Colombia, los años de Roma, la dirección general de Cultura, sus dos matrimonios con el mismo hombre. Habla torrencialmente. Y salpica esa lluvia de chisporroteos.

“Soy muy latinoamericana, soy de izquierda pero colecciono medallitas, me peleé con Dios pero después dejé que exista no más. Los de acuario creemos en todo. Por si acaso.” Con la astrología salta otra chispa: “El día que me hicieron la carta astral me di cuenta de que me había pasado la vida leyendo el horóscopo equivocado y calzando zapatos pequeños. Pero creía que la vida era así, que apretaba un poco”. En Cuatro Alamos, uno de los centros donde permaneció detenida en 1975, leyó el nombre de Michelle Bachelet. Las presas de Pinochet dejaban huellas. Sus sucesoras las memorizaban, por eso Marcia Scantlebury recuerda a la actual presidenta. Las técnicas de resistencia de las detenidas fueron refinadas, a la altura del sadismo de sus captores. Las bombardeaban con Julio Iglesias y Nino Bravo para acallar los gritos del suplicio. Ellas contraatacaban: “Palabras para Julia” se convirtió en su himno. Se autoprohibieron la comunicación verbal con sus carceleros –delegaban el contacto en tres representantes–, colectivizaron la comida y los cigarrillos y socializaron el dolor. “El momento más completo de mi vida lo pasé ahí. Y el peor también. Tú eres una y eres otra después de la tortura.”

Un día le arrancaron la venda adhesiva de los ojos y protestó por temor a perder las pestañas. “Te van a matar y te preocupas por las pestañas”, le espetó anonadada otra presa. Pues sí, porque también era presa de la cotidianidad del horror. Y porque Marcia Scantlebury no gasta nunca pólvora en chimangos. “Concentro el estrés en las cosas inevitables, el resto dejo que fluya.”

 Por Tereixa Constenla *
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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En artículos anteriores se ha señalado que el movimiento estudiantil de 1971 comenzó en solidaridad con una huelga en la Universidad del Valle. No fue un hecho circunstancial. La política que allí se desarrollaba era manifestación de un programa de transformación que, con sus diferencias y especificidades según los establecimientos, se pretendía imponer en toda la educación superior.

Aún siendo pública –de carácter regional–, era la consentida de las multinacionales. Y del imperialismo. No era ni es un cliché mamerto. Había sido escogida, por ejemplo, en 1968, como plataforma para la formación acelerada de los “cuerpos de paz”, estos cuerpos, brigadas de jóvenes gringos que, en el marco de la “Alianza para el Progreso”, eran enviadas a diversos países de América Latina a desarrollar tareas de promoción social. Era el complemento ‘cívico’ de la estrategia de control político-militar del imperialismo en respuesta al peligro de la influencia cubana.

La beligerante respuesta estudiantil, oportuna y eficaz, consiguió en ese momento derrotar el programa. Fue el antecedente más importante de las luchas que vendrían luego. Pero la iniciativa de las multinacionales tenía mayor profundidad. Para entenderlo, es preciso recordar el significado que tenían entonces el Valle del Cauca, su economía, sus clases dominantes, sus condiciones políticas y, por supuesto, su principal universidad.

Se trataba de una región de economía abierta como la que más. Sobre todo después de la culminación, en 1915, de la obra del Ferrocarril del Pacífico. Importaciones, inversión extranjera e influencias culturales de Estados Unidos ya hacían parte del paisaje cotidiano de una región que en 1970 tenía una tasa de urbanización de más del 70 por ciento. La agroindustria azucarera –revitalizada por la reasignación de la cuota azucarera de Cuba que Estados Unidos había impuesto como resultado del bloqueo– devoraba con rapidez lo poco que iba quedando de economía campesina. Sobra decir que esta agroindustria incorporaba tecnología proveniente del Imperio. Incluso en el ordenamiento del territorio y la adecuación de tierras y aguas.

Desde 1954 se había creado la CVC (antecedente de todas las corporaciones regionales), a semejanza de la Corporación del Valle del Tennessee, en Estados Unidos, para llevar adelante proyectos como el de Anchicayá y después el de Salvajina, supuestamente para ‘regular’ caudales y sobre todo para la generación eléctrica. En el momento, además, surgían ilusiones de diversificación de cultivos también en perspectiva agroindustrial y bajo los parámetros de la “revolución verde”. Ya funcionaba en Palmira la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, pero téngase en cuenta adicionalmente la fundación del Centro de Investigación en Agricultura Tropical, con proyección internacional. La denominación de “agricultura tropical” es de por sí reveladora de la orientación.

De otra parte, llama la atención la importancia de la inversión extranjera (estadounidense), con algunas particularidades que la diferencian de la registrada en otras regiones. En primer lugar, porque se destina a la industria manufacturera. Se configura el eje Cali-Yumbo, pero avanza igualmente el eje Palmira-Buga-Tuluá. En segundo lugar, porque, además de los tradicionales de alimentos, bebidas y confecciones, privilegia los sectores de bienes intermedios y de capital, en especial productos químicos, cartón y papel, productos de caucho y algo de maquinaria. Finalmente, porque la destinación de esos productos es el mercado nacional. Corresponde, pues, a la estrategia de las multinacionales de sortear algunas de las medidas de protección comercial entonces vigentes, por la vía de colonizar la producción industrial interna.

Se habían transformado así las clases dominantes. La vieja oligarquía terrateniente había dado lugar a una burguesía agroindustrial. Tomaron entonces fuerza las fracciones comerciales y financieras. Y, lo que es más importante: ya su existencia era inseparable de la diaria connivencia con los representantes de las multinacionales. Esta burguesía, que no abandonaba su filiación oligárquica, particularmente conservadora y oscurantista, disfrazaba su servilismo dándose aires de “modernismo americano”.

Hubiera querido esa oligarquía hacer de Cali el Miami del Pacífico. Contaba con algunos ingredientes, comenzando por la conexión con el Puerto. Y aunque no le gustara mucho el predominio de la población afrodescendiente que culturalmente había permitido que la ciudad fuese, desde los años 40, el lugar por excelencia de la música antillana, y en ese momento la capital de la salsa. Le faltaba un ingrediente: la inmigración cubana. Pero le bastaba con uno: el periodista ‘gusano’ José Pardo Llada, que le enseñaba a practicar la frivolidad en los medios escritos y radiales, revistiendo de falsa modernidad sus contenidos arcaicos. Sin pasar siquiera por el liberalismo. Era la modernidad de la ponzoña anticomunista que no sólo era alharaca sino que además tenía efectos prácticos, políticos y militares.

Desde su fundación, la Universidad del Valle había servido a las necesidades del proyecto económico descrito. De ahí la importancia de la participación directa del ‘empresariado’ en sus órganos de dirección. Sin embargo, originalmente destinada a los hijos de la burguesía y de las clases medias acomodadas del Valle y del Cauca, estaba creciendo demasiado, y tanta democracia podía hacerle perder su utilidad. Fue así como se concibió la ingeniosa estrategia. En efecto, aparentemente para resolver los problemas de financiación que ya escaseaba, se crea una organización “sin ánimo de lucro”, la Fundación para la Educación Superior (FES).

A través de la FES comienzan a recibirse fondos adicionales que provenían de donaciones de las fundaciones empresariales norteamericanas Ford y Rockefeller, o de préstamos del BID. Estos fondos ‘especiales’ se destinan, como es lógico, a un programa en particular, también ‘especial’ (y casi secreto) dentro de la Universidad, al servicio fundamentalmente de la proyección de las empresas multinacionales. Era un programa que significaba formación de profesionales (posgrados) y líneas de investigación en áreas rigurosamente seleccionadas. Se trataba, pues, de una modalidad sui generis de privatización. La infraestructura material y humana de la Universidad en su conjunto, que continuaba recibiendo menguados recursos públicos, se ponía al servicio directo de intereses empresariales nacionales y extranjeros mediante el ‘soborno’ de la financiación especial.

Esta tentativa, que logró avanzar en alguna medida, produjo una fragmentación de la Universidad. A través de este programa se creaba una categoría de profesores e investigadores –mejor pagados–, y un grupo de estudiantes seleccionados con cuidado, eventualmente porque podían pagar onerosos cursos adicionales. Como se decía entonces, era prácticamente un enclave privado y extranjero dentro de la Universidad, que por lo demás seguía funcionando para pobres1. Tal dualismo, que todos los días alimentaba el descontento y la rabia, no podía menos que resquebrajar los mecanismos regulares de administración y dirección.

Por eso, la mejor forma de gobernarla terminó siendo el autoritarismo, en cabeza de un típico y muy conservador representante de la oligarquía y de entera confianza de las corporaciones extranjeras, Alfonso Ocampo Londoño. Y fue por eso también que la reacción airada, no sólo de los estudiantes sino también de los profesores y los empleados y trabajadores, estalló inicialmente en contra de las medidas arbitrarias y abusivas del rector, para exigir alguna forma de democratización de la dirección universitaria. No obstante, se orientó en seguida hacia el cuestionamiento completo del modelo de Universidad que se quería imponer.

No es fácil concluir que era éste exactamente el modelo que se quería para todos los establecimientos públicos de educación superior. Seguro correspondía a las características específicas de la región (y en una época determinada); tal vez se hubiera podido replicar en Antioquia y Santander. En ese sentido, es claro que la situación y la posición de la Universidad Nacional, dado su carácter justamente nacional, reclamaba otro tipo de propuestas específicas2. Sin embargo, formaba parte de una concepción general que, como se ha repetido tantas veces en Colombia, se inspiraba en el Informe Atcon y el famoso Plan Básico. Una idea central que ya se agitaba desde entonces, bajo el predominio del desarrollismo y que toma fuerza ahora, en tiempos de neoliberalismo y reprimarización de la economía, es la de privilegiar en la educación pública ‘superior’ la formación técnica y tecnológica. En todo caso, el análisis de aquel histórico y de esta experiencia resulta de la mayor importancia para las discusiones y las luchas de hoy.

El viejo Marx acostumbraba citar expresiones latinas para advertir al lector sobre detalles de especial significación. Una de ellas era: De te fabula narratur, que, en versión libre significa “de ti también estamos hablando”. Lo que hoy contamos no es sólo pasado, historia antigua. Y ahora nos cae como anillo al dedo.

1    Esta idea de la universidad pública, ‘estorbo’ al que obliga la democracia, ha sido y sigue siendo característica de la mentalidad de la burguesía colombiana. En los años siguientes y hasta hoy se abandonó la idea del enclave y se ha desarrollado más bien dentro de una forma claramente privatista. Siguiendo la experiencia de la creación de la Universidad de los Andes en Bogotá, en todas las regiones se han abierto instituciones elitistas que supuestamente ofrecen la mejor formación, a tono con los más sofisticados desarrollos de la tecnología contemporánea. En Cali, el ICESI, en Medellín EAFIT, en Barranquilla la U del Norte, etcétera, para no mencionar el fortalecimiento de otras privadas, generalmente confesionales. Ya había sucedido con los colegios de secundaria. Se consagró la idea de lo público como “lo pobre para pobres”. Y aunque aquello de la alta calidad y la excelencia educativa es, por lo menos, discutible, en el imaginario social funciona de manera implacable. Sin contar con que la estrechez presupuestal, y a veces la corrupción (hasta paramilitar) han terminado por volver realidad la minusvalía de la universidad pública.
2    Algunas referencias al respecto se encuentran en la crónica que escribí para la colección de memorias publicada por la Universidad Nacional. Ver: “Miradas a la Universidad Nacional de Colombia” Nº 3. Bogotá, 2006.
Publicado enEdición 168
Con grande palpitación cogía el lápiz en la mano;/
si no se da tierra al campesino colombiano,/ tendremos una revolución,/
es tanta la preocupación/ que ya no
se puede esperar/ unidos tendremos que marchar,/
 porque ya llegó la hora/
y si no nos acompaña Incora/
rezagado se va a quedar2.


Bajo el lema “La tierra para el que la trabaja”, el movimiento campesino de los años 70 en Colombia logró alcances significativos en sus luchas sociales y políticas. Cansados de las políticas del Estado sobre el campo, y en especial de la transformación que le dio al proyecto de Reforma Social Agraria (Ley 135 de 1961) la llegada al poder en 1970 de Misael Pastrana Borrero, los campesinos colombianos organizados mediante la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) emprendieron un duro trasegar hacia la toma y la recuperación de tierras en gran parte del territorio nacional.

La Anuc se caracterizó por tener una dinámica organizativa que partía desde sus bases. En efecto, las primeras asociaciones de usuarios campesinos nacieron en veredas y municipios, y así se logró que los distintos trabajadores del campo, arrendatarios, jornaleros, pequeños propietarios y mujeres tuvieran una participación activa frente al problema del latifundismo en Colombia, pero más importante aún, que no quedaran sujetos a los intereses de un partido político o del Estado mismo. “Fue la política de Carlos Lleras, quien lanzó la organización campesina, no sólo con fines partidistas sino para presionar con la acción del campesino el gran latifundio ganadero”3. Sin embargo, el movimiento logró rápidamente salirse de las pretensiones partidistas y conseguir una autonomía ideológica en lo social y lo político que lo llevaría a enfrentar de manera directa a terratenientes y latifundistas.

Con la llegada al poder de Pastrana y su Frente Social, el problema de la tierra en Colombia comenzó a definirse por las dinámicas propias del capitalismo mundial. Los grandes terratenientes y los ganaderos del país, junto con el Estado colombiano, firmaron en 1972 lo que se conoce como Pacto de Chicoral, el cual promovió el avance de una gran economía agraria. Por fuera de ella, el campesino vagaba en forma errante, como jornalero sin tierra y sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Pero, además, se frenó definitivamente todo intento por una reforma social agraria que respondiera a las necesidades de los sectores campesinos, reforma que todavía en nuestros días parece una utopía.

Dilación que potencia acción

Motivada por la traición del Estado y el desmonte de las políticas agrarias, la Anuc decide emprender su lucha popular mediante el mecanismo de la toma o recuperación de tierras, presionando al gobierno de Pastrana para que transforme su visión sobre el campo y el desarrollo del mismo. Es así como “en diciembre de 1970, la Anuc fija una posición radical frente a la vacilante reforma agraria del Gobierno. Justifica las ocupaciones de tierra, exige las expropiaciones sin pago y denuncia la persecución desatada contra líderes agrarios del país”4.

La toma de tierras, programada en un principio para el 28 de febrero de 1971, tuvo que ser adelantada para el 21 del mismo mes debido a algunas informaciones que se filtraron al Ministerio de Agricultura. A pesar de esto, el 21 de febrero, la dirección de la Anuc emitía el siguiente comunicado, explicando el porqué de la toma de predios: “Las tomas de tierras no son sino una protesta consciente de los campesinos por la situación inhumana de miseria y pobreza que han tenido que vivir por culpa de la injusta distribución de la propiedad de la tierra. Los campesinos sin tierra hemos sido explotados durante siglos, engañados con promesas electorales y llevados a pelear entre nosotros mismos en nombre de banderas azules o rojas. […] La tierra que hoy ha sido recuperada por nuestros compañeros es del pueblo, jamás la devolveremos a la oligarquía”5.

Según la revista Alternativa, “el año de 1971 se inicia con una gran ofensiva campesina sobre latifundios del Tolima y la costa atlántica, que denota el grado de combatividad y organización que han adquirido las movilizaciones dirigidas por la Anuc”6. Lo anterior se tradujo en un total de 645 predios invadidos, como lo recuerda el líder campesino sucreño Jesús María Pérez en sus memorias7; y, aunque la movilización no alcanzó a permear a la totalidad de la nación, sí tuvo gran incidencia en puntos críticos como aquellos donde imperaba el latifundio ganadero, en especial el litoral atlántico, y en las zonas donde se promovía un crecimiento de la hacienda agroexportadora, como lo fue en los departamentos del Valle y el Tolima. Despojados de sus tierras, los campesinos de Colombia iniciaron un retorno a la misma entre 1971 y 1974, logrando ocupar más de 984 predios, un avance que no fue fácil. En general, los campesinos no sólo tenían que luchar en contra de los terratenientes sino también en contra del Estado mismo y sus instituciones de control, como la Policía, que en la mayoría de los casos respondía a las órdenes de las oligarquías locales.

El Frente Social de Pastrana Borrero terminó siendo caótico para el campo colombiano y dilapidó las esperanzas de una reforma agraria seria. La toma de tierras fue cada día más generalizada y se convirtió en la respuesta de un campesinado que se sintió burlado y engañado por el Estado, el que a su vez lo reprimió de modo violento.

Para finales del cuatrienio de Pastrana y con la victoria de López Michelsen, en la revista Alternativa se hacía el siguiente balance sobre la situación del campo colombiano a partir de los discursos de los gobiernos saliente y entrante. “Sí con elevar el ‘nivel de vida' se entiende mandar a los campesinos al otro mundo, estamos de acuerdo. No pasó un solo mes de Frente Social sin un muerto en el campo. Dirigentes de Usuarios y de otras organizaciones populares fueron enviados al más allá, sistemáticamente, durante los cuatro años del señor Pastrana. Así, pues, ni el Presidente que sale ni el que entra se atrevieron a tocar el meollo del asunto: la liquidación del gamonalismo y el establecimiento de relaciones sociales justas en el campo”8.

El 21 de febrero se convirtió así en un hito para la memoria colectiva del campesinado colombiano. Su significado no sólo es importante por la gran cantidad de tierras recuperadas en aquella fecha sino también por que representa los inicios de la lucha campesina y la entrada como organización independiente de la Anuc al escenario político nacional.

Reforma necesaria

Entre 1971 y 1974, el territorio colombiano fue regado con las semillas de la lucha por la tierra, una lucha modificada con los años y que ha encontrado nuevos enemigos. Pero, a la vez, 40 años después de los acontecimientos, la fecha debiera servirnos para reflexionar nuevamente sobre el problema agrario en Colombia. Hoy, cuando las víctimas de nuestro pasado más reciente se enfrentan a una restitución de tierras y paradójicamente emergen nuevas bandas criminales que se pelean el control de gran parte de los territorios rurales del país, es necesario preguntarles a nuestros gobernantes si de verdad se han atrevido a tocar el verdadero núcleo del asunto, a saber, la relación entre terratenientes, clase política y nuevas formas de violencia. Pero, más allá de eso, cabe preguntarles también: ¿Por qué hoy día ya no es necesaria una reforma social agraria? ¿Por qué el tema desapareció de las agendas políticas de nuestros gobernantes?
1    Filósofo de la Universidad Javeriana. Candidato a la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
2    Pérez, Jesús María, Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la Anuc en la costa caribe. Puntoaparte Editores. 2010. p. 114.
3    Tomado de revista Alternativa Nº 3, 16-31 de marzo de 1974. El dilema del campesino: Hambre o plomo.
4    Revista Alternativa Nº 10, 24 de junio de 1974. La tierra y el Frente Social: El capitalismo la invade y el campesino la recupera.
5    Anuc 1971, reproducido en Meertens, Donny, Ensayos sobre tierra, violencia y género, Universidad Nacional, 2000, pp. 237-238.
6    Revista Alternativa, op. cit.
7    Pérez, Jesús María, op. cit., p. 39.
8    Revista Alternativa Nº 9, 10-24 de junio de 1974. Sucedió en la quincena: El día del campesino.

Anuc: memoria de una gesta por concluir



Ramón Eduardo Agudelo M.


Desde 1970 cuando la acción campesina recuperó con centenares de invasiones más tierra que la acción legal del Incora, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Anuc quedó en la mira de las fuerzas retardatarias terratenientes. Primero, con la división. Una vez debilitada, el paramilitarismo, el narcotráfico y el poder, despojan de la tierra al campesinado. Agudizan su desplazamiento y crean las condiciones para que una reforma agraria tenga más obstáculos, sea más difícil que nunca.

Antes del 1962 que vio surgir la Anuc, las organizaciones con dominio conservador y liberal contrarias a una reforma agraria, asumían como esperanza para los sin tierra, los programas de colonización como destino natural de sus vidas: ir a morir a las selvas más apartadas del país. Con ausencia de voceros campesinos, la Ley 135 de reforma agraria del 13 de diciembre de 1961 se logró aprobar después de largas discusiones entre los dirigentes del partido liberal y del partido conservador, que acordaron el Frente Nacional para “acabar” con la violencia que ellos mismos desataron contra el pueblo, e imponer la impunidad sobre los 300.000 asesinatos cometidos desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Luego, tras la autorización para organizarse en la Anuc, que provino de Lleras Restrepo en 1963, desde un primer momento, los campesinos tuvieron que enfrentar, entre otros, a los terratenientes propietarios de los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Y ante el prolongado papeleo de adquisición de tierras, en especial en la Costa Atlántica, la acción campesina recuperó más propiedades privadas que el Incora.

Sin duda, no les da espera, a quienes tienen la necesidad inmediata de la tierra para vivir. Sin embargo, insensibles, las organizaciones campesinas existentes en la década de 1960 eran dirigidas por el partido conservador y por la jerarquía eclesiástica, y los campesinos recibían la orientación política a través de Radio Sutatenza. El partido conservador tenía en el campo su mayor respaldo político. Fanal, organización agraria nacional que era la más representativa, en ningún momento dio muestras a favor de que en alguna forma fuera afectada la propiedad privada sobre la tenencia de la tierra, incluso y a pesar de que la ley no estableciera la expropiación sin indemnización.

Dada esta influencia, y sólo un ejemplo, en 1965 durante la ejecución de los programas de reforma agraria entre Montería y Cereté, hubo campesinos negados a recibir su Unidad Agrícola Familiar por lealtad al propietario que era un “gran patrón”. Que al amanecer llevaba a su mujer a parir en Montería. Y hubo campesinos que no aceptaban conformar una cooperativa agrícola con fundamento en la propiedad colectiva de la tierra.

Revoluciones y lucha por la tierra en el continente

Con los antecedentes de Emiliano Zapata y la Revolución mexicana que en mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, y dos décadas después del presidente Lázaro Cárdenas que armó a los campesinos para su reclamo, como también, de la revolución campesina-minera en Bolivia de 1952 y las medidas en 1954 contra la United Fruit Company de Jacobo Arbenz en Guatemala, que costó una invasión con apoyo estadounidense para derrocarlo, y tras la revolución cubana, todos los gobernantes de América Latina bajo la imposición colonial imperialista aprobaron a las carreras sus leyes de ‘reforma agraria'.

Demagogia aparte, y como parte de la Alianza para el Progreso, fueron unos conatos marcados por los acuerdos entre políticos latifundistas con asiento en los congresos, sin más que una tímida afectación sobre la propiedad rural concentrada en pocas manos. Ninguna ley definió la expropiación sin indemnización. Toda propiedad debía pagarla y adquirirla el estado. Un trámite imposible, pues ningún estado tiene la capacidad económica de comprar toda la tierra para entregarla en forma inmediata a los campesinos, cuando de verdad el propósito es construir una sociedad justa, equilibrada. Sociedad en la cual, «la tierra sea de quien la trabaja» y la producción de alimentos y de materias primas pueda ser planificada y la paz recuperada.
¿Cómo surgió la Anuc?

Como la política encarna en gobierno, poder y presidentes, la Ley dio tumbos en 1962 con Guillermo León Valencia, enemigo de la reforma, en 1964 con Carlos Lleras Restrepo impulsor principal de la ley 135 y en 1970 con Misael Pastrana Borrero, enemigo de la reforma. Por tanto, no es extraño el resultado, el fracaso total de la reforma Agraria en Colombia. Los intereses de la alternación en el poder, determinaron qué importancia y qué urgencia daban a la ejecución de una reforma agraria, qué apoyo y qué eficacia podía recibir el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

Previo a la aprobación de la ley 135, la ausencia del campesinado fue notoria, casi inexistente, en las discusiones políticas entre los más connotados dirigentes de los partidos. Asimismo, durante los primeros años de su ejecución entre 1962 y 1966, además de todas las trabas que tuvo el Incora para aplicarla, provenientes del sector latifundista y de los senadores y representantes que defendían la propiedad privada sobre la tierra en manos de unos pocos.

Bajo un entorno de legitimación para los liberales, Carlos Lleras Restrepo como presidente de Colombia olió que la reforma agraria institucional no avanzaría sin el respaldo político de una fuerte organización campesina. Sin tardar, decretó su organización dentro de la cual se podían sumar los Usuarios de las entidades públicas relacionadas con el sector rural, el Incora en primer término, la Caja de Crédito Agrario, el Ica, el Inderena. Fue una tarea que el Incora emprendió en solitario, con sus funcionarios de las Direcciones Regionales de Reforma Agraria regados por el país.

En pocos años, el poder y la influencia política de la Anuc creció vertiginosamente y como la ley les permitía ser miembros de las Juntas Directivas de la entidades del Estado responsables del sector rural, su influencia pudo incidir en la reforma agraria, en el crédito, en el mercadeo, en las Cooperativas Agrícolas, en las políticas ambientales y en la participación electoral. Fue paradigmático que el primer gobernador elegido por votación popular campesina fuera Apolinar Díaz Callejas, además primer gobernador del Departamento de Sucre. Carlos Lleras Restrepo fue elegido Presidente de la República en 1966 por una voluminosa votación campesina.

La presencia de los dirigentes de la Anuc en las juntas directivas amplió el conocimiento político de los campesinos. En su nuevo lugar, pudieron ver cómo los miembros de esas juntas –representantes de los intereses contrarios a los intereses del campesinado– se oponían a la reforma agraria y a toda decisión encaminada al desarrollo económico del sector rural y al intento de que la tierra fuera de quien la trabaja. Así, dedujeron que la reforma agraria por medios legales era un propósito imposible.

Los campesinos no tuvieron otra que su acción directa

La invasión de tierras fue el acto político revolucionario que guardadas proporciones podría significar síntomas de la influencia de la revolución agraria cubana y tuvo como consecuencia la división de la Anuc entre sectores campesinos que todavía creían en la acción del Incora y sectores campesinos que comprendieron que sólo la acción directa de la organización campesina podría ejecutar una verdadera y acelerada reforma agraria.

En este marco, llegó el año de 1970, durante el cual se inició el desmonte del Incora y se agudizó la división de la Anuc. No es para olvidar, que unas elecciones presidenciales signadas por el fraude electoral llevaron a la presidencia a Misael Pastrana Borrero reconocido enemigo de la reforma agraria y de la organización campesina. Fueron dos hechos que mostraron de inmediato cuáles eran sus verdaderas intenciones políticas para revertir los tímidos avances de la reforma agraria y matar en sus orígenes la radicalización de las luchas campesinas.

Pastrana padre impulsó el Pacto de Chicoral, un conciliábulo de terratenientes y políticos enemigos de la reforma agraria del cual salieron propuestas para debilitar más la ley 135 de 1961 y agudizar la división de la Anuc que había mostrado sus intenciones de comprometerse en el impulso de una reforma agraria radical durante las deliberaciones del Tercer Congreso de Usuarios Campesinos realizado en Bogotá en medio de las mayores medidas de seguridad represiva. Otra vez, con la herramienta de dividir para reinar y desde el Estado se fortaleció la Anuc-Linea Armenia de pura extracción conservadora y se combatió la Anuc-Linea Sincelejo, pues en esta capital se había realizado un congreso campesino que denunció ante el país las intenciones del Estado de dejar que el paso del tiempo diluyera la necesidad de una reforma agraria y debilitara hasta su desaparición todo intento de la organización campesina para conseguir la tierra para quien la trabaja.

Los gobiernos posteriores al de Misael Pastrana desconocieron la necesidad de una reforma agraria y apenas ahora, ante la crisis alimentaria, ante la agudización de la violencia en las ciudades, el actual gobierno presentó al Congreso de la República una iniciativa legislativa con la que pretende la recuperación de una parte de las tierras despojadas a los campesinos, las comunidades negras y los resguardos indígenas, tierras en manos de sectores violentos de extrema derecha que harán todo para no entregarlas. Así lo indican los hechos, Colombia sabe que han sido asesinados dirigentes campesinos organizados para recuperarlas. Algunas héctareas de tierra retornarán a sus verdaderos propietarios, pero el tema de la reforma agraria sigue aplazado. Así vuelve el refrán de que “el que tiene tierras tiene guerras”.
Publicado enEdición 166
En medio de un agitado clima social, el movimiento estudiantil colombiano consigue en 1971 que se ponga en marcha en las universidades de todo el país el cogobierno. Una experiencia corta pero significativa. Marcelo Torres, dirigente de los educandos en la Universidad Nacional revive esa lucha y algunas lecciones.

Yo llegué a estudiar sociología a la Universidad Nacional en una época muy especial, con muchos cambios en el mundo, en particular con muchos cambios entre la juventud. El movimiento del 71 fue el pico de esa ola, de esa secuencia de sucesos de los años 60, un tiempo de movilización, lucha y organización estudiantil que tuvieron en aquel año su gran concreción. De otro lado, sociología era un hervidero de ideas, epicentro de las actividades de la izquierda y el movimiento estudiantil. Allí estudiábamos Juan José Arango Londoño y Uriel Ramírez, miembros del Consejo Superior Universitario, que se ganó en la Nacional con las luchas del estudiantado.

El programa mínimo

Las luchas estudiantiles de finales de los años 60 y comienzos de los 70 tienen que ver con varias solicitudes de los estudiantes, problemas que no han cambiado mucho, excepto que se han agravado, como los déficits presupuestales de las universidades públicas. O la democracia dentro de las universidades. En esa época los consejos superiores eran instituciones visiblemente antidemocráticas, donde participaban sectores que no tenían que ver con las universidades, como los gremios (Fenalco, Andi, SAC, etcétera), la Iglesia y el Ministerio de Defensa, que sólo aparecían en los centros educativos para reprimir a los estudiantes.

Otra reivindicación que motivó la lucha de ese año tiene que ver con la exigencia del retiro de las agencias de cooperación norteamericanas que influían en forma directa en la Universidad: la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, la Rockefeller, se hacían presentes y controlaban actividades de todo índole, y se inmiscuían directamente en la dirección de la Nacional. Se pedía que salieran estas fundaciones de las universidades, y yo lo documenté muy bien en ese famoso discurso a los rectores universitarios2. También recogimos reclamos por la libertad de cátedra, para acabar con la orientación confesional que campeaba en las universidades, y otras reivindicaciones más particulares; por ejemplo, en la Universidad Javeriana habían sido expulsados varios líderes de un grupo estudiantil que se llamaba Movimiento Cataluña y se pedía su reintegro.

Lo que mueve al movimiento no son sólo los sucesos de Cali. El 26 de febrero es realmente una circunstancia que le da una ampliación al problema; pongo el problema en el primer plano de la opinión pública. El gobierno de Misael Pastrana comete una masacre porque reacciona de manera violenta contra una manifestación de estudiantes y declara el Estado de sitio. Desde este momento, el Gobierno empieza a cerrar las universidades una tras otra, pensando detener así el movimiento estudiantil. Pero los estudiantes seguían yendo a las universidades a pesar de estar cerradas; no se movían de allí. Es frecuente que cuando se cierra una universidad lo muchachos se vayan para sus casas y el problema se acabe, pero aquí no ocurrió eso: las universidades estaban cerradas pero los universitarios seguían movilizados. Se hacían foros y asambleas; se realizaron siete congresos estudiantiles, un récord que no se ha vuelto a repetir, algunos de ellos en la clandestinidad. El Gobierno acuñó la idea de que éste era un movimiento anárquico, que los líderes no éramos estudiantes sino infiltrados. De esta manera, presentamos un “programa mínimo” que recogía los problemas y presentaba soluciones, y el país se dio cuenta de que no era un problema de dos o tres agitadores.

La forma organizativa que asumen los estudiantes son los “comités de base”, que elegían representes de los estudiantes de cada curso, de cada facultad y de cada universidad; y se suman en el Comité Nacional de Solidaridad Estudiantil, que en general representaba las diversas tendencias políticas con presencia en la Universidad. En la UN no se tenía un consejo estudiantil y por tanto funcionaban muy bien esos comités de base. Por otro lado, en la Universidad de Antioquia había una organización estudiantil, y en la Universidad del Valle la dirección la tenía la Federación Universitaria de Estudiantes del Valle. Fue entonces cuando el Gobierno arreció la persecución estudiantil, y en una reunión que se hizo en Barranquilla fueron detenidos varios dirigentes. Posteriormente, yo fui detenido en las afueras de la Nacional, y, pese a que una parte del movimiento estaba detenido y muchos dirigentes en la clandestinidad, el movimiento seguía, la agitación no se detenía. Entonces el Gobierno llamó a negociar y ahí logramos el cogobierno (es decir, que en la dirección de las universidades Nacional y de Antioquia los estudiantes, profesores y trabajadores teníamos representación).

Organización variopinta

La Juventud Patriótica (Jupa), perteneciente al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir), organización a la cual yo pertenecía, tuvo una presencia preponderante, como lo muestra el hecho de que en las elecciones de la UN obtiene el 70 por ciento de los votos. Decían los diarios que la participación iba a ser baja porque a los estudiantes no les interesaba el tema del cogobierno, pero la participación de los estudiantes desbordó todos los cálculos.

Desafortunadamente, había incongruencia entre algunos sectores políticos con presencia en la Universidad. Cuando se consigue esta conquista del cogobierno en Bogotá y Medellín, sectores de la izquierda les declaran un boicot a estos consejos, en una actitud muy inconsecuente porque el estudiantado había luchado todo el año para lograrlo. Entonces el Gobierno aprovecha esto y echa reversa en las conquistas estudiantiles. La izquierda fue inconsecuente en este momento. El cogobierno hubiera podido cambiar la historia de la Universidad en Colombia. Sin embargo, en el poco tiempo que duró, mostró resultados, pues se consiguió el reintegro de los expulsados, se aportaron recursos para investigación, se vigiló el presupuesto de la Universidad y se avanzó en la democratización de los claustros.

Otro hecho significativo de la lucha del año 71 tiene que ver con que la izquierda político-militar, la izquierda armada, no tiene mayor peso en el movimiento estudiantil, tal como sucedía en los 60 con la Federación Universitaria Nacional (FUN), en que varios de sus dirigentes ingresaron a las filas del Ejército de Liberación Nacional. Para 1971, hacen presencia organizaciones como el Moir y la Juventud Patriótica, la Juventud Comunista, los trotskistas del Valle, Prensa Obrera, el Bloque Socialista, los camilistas y los grupos maoístas cercanos al Partido Comunista Marxista Leninista (ML). En los 80, las organizaciones armadas vuelven a tomar fuerza dentro del movimiento estudiantil.

Es ésta la razón por la cual aquel movimiento es muy importante; no tenía como meta procesos externos al estudiantado sino que se trataba de reivindicar lo estudiantil. La izquierda veía tradicionalmente al movimiento estudiantil como una cantera de cuadros y buscaba que los estudiantes pasaran a otros sectores, como el obrero y el campesino, o que se vincularan con las organizaciones armadas. Lo estudiantil se despreciaba. Nosotros tuvimos una discusión interna en la cual repasamos la teoría y la experiencia revolucionaria de otros países, llegando a la conclusión de que la Universidad era un eslabón fundamental del sistema y se requerían reformas que posibilitaran transformarla, pues toda revolución social necesita una revolución cultural. Por tanto, defendimos las reivindicaciones estudiantiles como justas.

Ahora bien, 1971 es un año fundamental en las luchas sociales en Colombia. Para ese año, el campesinado acomete una serie de tomas de tierra en todo el país, y los trabajadores de Ecopetrol, agrupados en la Unión Sindical Obrera (USO), realizan una gran huelga donde es asesinado el sindicalista Fermín Amaya.

1    El texto completo de esta entrevista y otras sobre el movimiento estudiantil de 1971 forman parte de un trabajo más amplio que adelanta el autor y espera publicar bajo el nombre ¿Y cómo ha sido la vuelta?, breve historia del movimiento estudiantil en Bogotá.
2    Marcelo Torres intervino ante el Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades el 27 de abril de 1971, en representación de los estudiantes agrupados en el Comité Nacional de Solidaridad Estudiantil.
Publicado enEdición 166
A cuarenta años del más importante movimiento estudiantil que haya conocido el país, una mirada en retrospectiva de sus principales hitos.

El 26 de febrero prendimos
la ciudad de la quince
para arriba, la tropa en todas partes,
vi matar muchachos a bala,
niñas a bolillo, a Guillermito
Tejada lo mataron a culata,
eso no se me olvida.
Que dí piedra y me contestaron
con metralleta.

El atravesado, Andrés Caicedo

Al empezar la década de los 70, los hijos de los miles de desplazados que arribaron a las ciudades colombianas en los años 50 y 60 habían copado el sistema educativo básico, y muchos de ellos ya demandaban educación superior. La sociedad colombiana cambiaba vertiginosamente, y nuevos juicios y criterios estaban al orden del día. Miles de jóvenes recién urbanizados reclamaban un espacio en la sociedad y el derecho a participar en las decisiones de la nación. Es ésta la razón por la cual la universidad será el campo de confrontación entre el país conservador, feudal y mojigato, y quienes exigen una nueva sociedad.

El movimiento estudiantil de 1971 se inicia con una marcha de protesta en la Universidad del Valle el 26 de febrero. Hacia la mitad de estos sucesos, la policía intenta tomarse la Universidad y allí muere un dirigente estudiantil. Los disturbios se riegan por toda la ciudad de Cali y al final de la jornada se tiene un saldo de más de 30 ciudadanos asesinados. A partir de este momento se desarrolla una agitación que lleva al paro a 35 universidades, prácticamente todas públicas y algunas privadas, como la Javeriana, los Andes, la Tadeo, la Libre, la Santo Tomas, la Incca y la Gran Colombia. En reuniones y congresos clandestinos, los universitarios construyen un “programa mínimo” que compendia sus exigencias.

¿Qué reclamaban estos jóvenes del 71? 1. Salida de las universidades por parte de los organismos estadounidenses (Fundación Ford, Fundación Kellogg, USAID, cuerpos de paz, etcétera). 2. Reforma de los Consejos Superiores Universitarios (de los cuales formaban parte la Iglesia, la Andi, Fenalco, el Ministerio de Defensa y otras entidades que no representaban a la comunidad universitaria). 3. Mayor presupuesto para la educación superior. 4. Cogobierno en las universidades públicas (administración conjunta de gobierno, estudiantes, profesores y trabajadores de los centros educativos)1. Fue un año de grandes movilizaciones que permitió ganar este espacio en las Universidades de Antioquia y Nacional de Bogotá. En la corta primavera del cogobierno, los estudiantes lograron elevar el presupuesto de investigación, ampliar cupos, reincorporar expulsados, defender la libertad de cátedra y fortalecer financieramente la universidad pública.
1.    Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle (FEUV). 1971-1972, Desarrollo político del movimiento estudiantil, Editado por FEUV, Cali, 1973, y revista Deslinde, año 1, Nº 1, junio de 1971, Medellín.

1971, año de los jóvenes

Autores como Jesús Martín-Barbero y Carlos Mario Perea insisten en asegurar que sólo en 1984, con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, “el país pareció darse cuenta de la presencia entre nosotros de un nuevo actor social, la juventud”*. Por el contrario, considero que 1971 es el año de la emergencia juvenil en Colombia. De febrero a diciembre de este año, miles de estudiantes universitarios y de secundaria paralizan 35 universidades y un centenar de colegios, desarrollando así el movimiento estudiantil más vasto de que tenga memoria el país. El resultado es una reforma al sistema educativo que un año después cae, cuando el estudiantado se desmoviliza. El Ministro de Educación que debió estar al frente de las negociaciones con los estudiantes fue otro joven, Luis Carlos Galán, que para ese momento tenía 27 años.

Otro evento que nos confirma esto es la realización del Festival de Rock de Ancón, organizado en La Estrella (Antioquia), municipio próximo a Medellín, entre el 18 y el 20 de junio de 1971, bajo el lema “Es cuestión de fe y nos unimos todos con música”. Participaron las bandas Columna de Fuego, La Planta (con Augusto Martelo y Chucho Merchán), Terrón de Sueños, La Banda del Marciano, Gran Sociedad del Estado, Carne Dura, Los Monsters, Conspiración del Zodiaco, La Banda Universal del Amor, Los Láser, Johnny Richard, Fernando Zuncho y Free Stone. El festival mostró un sólido movimiento juvenil en torno al rock al congregar más de 30.000 asistentes que permanecieron los tres días.

Es 1971 también el año en que se consolida el llamado Grupo de Cali, dirigido por Andrés Caicedo, el mayor icono literario de la juventud en Colombia. Formaban parte de esta tropa juvenil: Caicedo, Hernando Guerrero, Luis Ospina, Carlos Mayolo y Sandro Romero. Igualmente, en este año Caicedo y sus amigos abren Ciudad Solar, centro cultural que permite visibilizar los novísimas expresiones culturales que tenía la capital del Valle. En 1971, Andrés escribe cuentos tan importantes como El atravesado, Destinitos fatales, Calibanismo, Patricialinda, Angelita y Miguel Ángel, y le da cuerpo a una aviesa obra de teatro basada en Mario Vargas Llosa y Harold Pinter. Asimismo, se realizan allí los VI Juegos Panamericanos, entre el 30 de julio y 13 de agosto, con la presencia de 2.935 atletas de 32 países. El evento fue calificado por los medios como “la gran fiesta de la juventud”.

*    Martín-Barbero, Jesús, Jóvenes: des-orden cultural y palimpsesto de identidad, Viviendo a toda, Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Siglo del Hombre Editores, DIUC, Bogotá, 1998.
Publicado enEdición 166
Viernes, 28 Mayo 2010 15:23

Johnny Silva A. Asesinato impune

El 22 de septiembre de 2005 fue asesinado
el estudiante de 5º semestre de Química Johnny Silva Aranguren.
El asesinato se ejecutó dentro del campus de la Universidad del Valle,
a manos de policías del Esmad, bajo órdenes del coronel Jesús Antonio Gómez Méndez.
El operativo contó con la autorización del secretario de gobierno Miguel Yusti para que ingresaran al establecimiento estudiantil.

Recordar. No olvidar. Aquel día arremetieron contra los estudiantes, y en un hecho de terrorismo estatal los policías, ni cortos ni perezosos, armados y camuflados desde tempranas horas, ubicados en sitios estratégicos, podían asesinar a cualquier persona dentro del establecimiento.

El asesinato fue premeditado, pues la luz eléctrica la apagaron a las 6: 30 p.m., para de inmediato disparar contra la humanidad del indefenso –que, con problemas motrices, no pudo correr. Todo esto con el beneplácito del presidente Álvaro Uribe Vélez: “pues el TLC hay que firmarlo cueste lo que cueste”, así lo hizo saber a la opinión pública (“Primer muerto por el TLC”, tituló la revista Semana).

Lo más preocupante es la posición de la Fiscalía especializada en derechos humanos, la número 41 de Cali. Cuando les pregunté por las medidas de aseguramiento a tales asesinos y cínicamente me respondieron que en una previa reunión habían decidido no dictar aseguramiento, porque no les iban a tirar la carrera a esos policías porque ellos van en ascenso, que los perdone y espere a la justicia divina. Y entonces, ¿qué pasa con las 38 pruebas que tiene la Fiscalía? ¿Para qué se hizo este trabajo? Y uno de los interrogantes que todos queremos despejar. ¿Quién apagó la luz? Ni la Universidad del Valle ni la Fiscalía responden. Exigimos una respuesta.

Wilman Silva,
Padre de Johnny Silva Aranguren
Publicado enEdición 157
Martes, 24 Noviembre 2009 14:47

Memoria Canalla

En un país en el que la memoria ha sido perseguida para eliminarla se adelanta una estrategia dirigida a mostrarle al mundo una imagen de pasión edulcolorada que nada tiene que ver con las miserias de la mafia imperante, y la industria del entretenimiento y la confusión local funcionan con pavorosa eficacia cotidiana. La realización de Memoria Canalla en Bogotá, entre julio y octubre de 2009, significó un formidable acontecimiento cultural (ver: www.memoriacanalla.tk).

Memoria Canalla recogió la expresión de los muros y las paredes en un momento en que la comunicación en las calles se ha multiplicado frente al cierre hermético de los medios masivos ante cualquier expresión disidente de orden imperante. Jóvenes de todas las edades se volcaron sobre las exposiciones, los videos, los murales y las conferencias de Memoria Canalla, evidenciando la ardiente necesidad de una memoria que ayude a reconstruir identidades, y de una comunicación vital que escape de la modulación del deseo y las ideas ejercida por los grupos que controlan la televisión, la radio y la gran prensa.

Bastardilla (www.bastardilla.org) y Stink Fish conforman el Grupo Hogar que concibió y realizó el itinerario de Memoria Canalla. La belleza de Bastardilla y la magia de sus manos que ahora revelan el dolor y el abandono, o ahora enseñan un mundo anhelado, armonizan con la hermosura deslumbrante del universo ético que guía su extraordinaria labor artística. Le preguntamos por Memoria Canalla y, enfundada en su overol negro de infatigable hacedora, que ya le ha suscitado un creciente prestigio nacional e internacional, nos dijo: “Fue una exposición que recogió parte de la historia grafiti en Bogotá; grafiti sentimental, estético, grafiti político, y político con propuesta estética. Con base en ese material se posibilitó también hacerse una idea del panorama político y cultural de Colombia, porque a través de las propuestas que se ven en la calle es posible igualmente captar las influencias culturales y los tópicos que incitan la expresión en las paredes. Acompañando la exposición elaboramos un video sobre el grafiti, y convocamos un extraordinario conjunto de artistas y editores internacionales que conocieron con sus propios ojos lo que acontece en nuestras calles: Onesto de Brasil, Blu de Italia (www.blublu.org), Tristan Manco de Inglaterra, Marcos Sueño y Fumaca de Perú, Vexta de Australia, Naza de Argentina, Juan Canales de Valencia (España) y Martha Cooper, excepcional fotógrafa de Estados Unidos”.

Mientras disfrutaba una hamburguesa de quinua, que forma parte de un modo de alimentarse que respeta la dignidad de la vida de las otras especies, Bastardilla nos permitió conocer su génesis: “Nací de ser una callejera, andando a cualquier hora en compañía o sola en los espacios que conocemos como públicos; movida por el deseo de mudar algunos pensamientos en imágenes, tomé el impulso de modificar y personalizar esos recorridos de espacios dinámicos, expuestos y diversos. Me llena más la necesidad de compartir e intercambiar simbólicamente ese lenguaje de manera libre, sin sentirlo, al contrario, imagen muerta, enterrado en cuadernos o espacios de [email protected]”1.

Después de encender un tabaco y tomar una hoja que ayuda a la palabra dulce, Bastardilla continuó narrándonos la forma como el Grupo Hogar logró construir una atmósfera que, además de enriquecer las ideas, las técnicas y las iniciativas en torno a la comunicación no editada por los controladores de la opinión –más allá de las tachas y las borraduras ordenadas cada día a los jóvenes militarizados por el poder que no resiste la expresión de la verdad en las calles–, sirvió para crear nuevas redes de comunicación y cooperación entre quienes experimentan insalvable repugnancia frente a los atropellos y las mentiras en que el poder sustenta su permanencia.

“El grafiti es otro modo de tradición visual y escrita; una comunicación que admite muchas maneras de ver. Es una posibilidad de expresión que nos permite no caer y permanecer en el abatimiento que resulta de contemplar el horror expandido y la impunidad que aún cobija a los responsables de tanta injusticia y tanta barbarie contra la Tierra, los pueblos ancestrales, los mayores, los niños… Podemos sentir lo que está ocurriendo y no ser reflejo de la miseria y la violencia. Conmovernos y no quedar prisioneros de un estado de ánimo incapaz de reaccionar.

“Memoria Canalla se hizo gracias a que resultamos seleccionados en una convocatoria pública del Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá. Contamos con el apoyo del Museo de Bogotá, la Facultad de Diseño de la Universidad de los Andes, la Academia Superior de Artes de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, el Restaurante Urbano, Cafecito el Hostal y el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Como los recursos no alcanzaron a cubrir los gastos que género el emprendimiento, nos endeudamos para sacar adelante el proceso. Pero este trayecto nos enseñó que las cosas, más que con dinero, se hacen con las ganas y con un tejido solidario”.

En el relato de los pormenores de Memoria Canalla es posible apreciar los resplandores de un movimiento ético y creador que está aflorando en el mundo. Un movimiento que encarna valores posmaterialistas y que prefiere la gratificación que genera el perfeccionamiento de las aptitudes y el cumplimiento de las vocaciones, a la consecución despiadada de un dinero nunca suficiente para comprar la oferta incesante de mercancías cuya codicia es estampada por los medios de manipulación. Un movimiento que utiliza con fluidez las posibilidades que arrojan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, reivindica las potencias expresivas del arte y la fuerza incontenible del tejido de cooperación no jerárquico que se mantiene alejado de vanidades y soberbias. Un movimiento que se resiste a la militarización y es consciente –e incorpora en su práctica cotidiana– sobre la revolución de fondo que estremece al mundo en torno al cese de la violencia y la discriminación expresa o encubierta sobre las mujeres, y la finalización del poder patriarcal destructivo y suicida. Un movimiento que reconoce el valor de la sencillez en el talento que no se deja obnubilar por las luces del prestigio. Un movimiento que recupera el valor del estudio sin caer en las trampas de una academia tan prepotente como alejada del clamor de las comunidades y de la Tierra. Un movimiento sensible a los saberes de los pueblos nativos, el respeto a las plantas de conocimiento, el cuidado de las semillas, y además a una espiritualidad que contempla a la Tierra como madre viva que precisa curación.

1     Ver Agitación Feminista. Versión
2    Espacio de comunicación independiente. Mujeres Habitando-NOS. agitacióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado enEdición 152
Miércoles, 26 Agosto 2009 20:07

Mapiripán, entre la memoria y la impunidad

Entre el 18 y el 20 de julio, se conmemoraron 12 años de la masacre de Mapiripán. Impunidad. Decenas de personas rompiendo el miedo y el silencio que los impulsores y protectores de la muerte quieren se imponga y se prolongue por siempre en nuestro país, encabezaron una caravana para que el olvido tenga fin y la justicia llegue.

En la Caravana de la Memoria, que viajó hasta el municipio de Mapiripán, ubicado entre los departamentos del Meta y el Guaviare, con base en los testimonios de quienes se atrevieron a hablar, percibimos que los habitantes del pueblo aún están traumatizados.

Afrontar, confrontar, aclarar y hacer justicia en este caso, no ha sido fácil, porque los autores intelectuales y quienes financiaron el operativo criminal siguen protegidos, y en la parte militar no se ha llegado hasta el momento a los altos mandos que desde Bogotá dieron las órdenes para la masacre, mientras a quienes facilitaron el operativo y los pertrechos para el mismo los sacaron del país, aduciendo que son testigos a los que deben protegerles sus vidas. Sin embargo, queda la duda sobre si realmente, cuando sea necesario que declaren, estén dispuestos a abrir la Caja de Pandora que tantos secretos de Estado oculta.

El tiempo pasa…

Transcurridos 12 años, la población de Mapiripán vive bajo el régimen del miedo y los paramilitares se pasean por sus destapadas calles con la ‘seguridad democrática’ que ofrece la fuerza pública, lo cual corrobora las palabras del mayor Hernán Orozco (oficial al mando del batallón Joaquín París por los días en que ocurre la masacre) cuando dijo: “Los paramilitares son para el militar como la amante que nunca se puede llevar a casa”. Sus razones tendrá este oficial al hacer tal afirmación, porque él estaba al mando del mencionado batallón, lugar al que llegaron los paramilitares vestidos de civil tres días antes de la masacre. Según testimonio de monseñor Correa Yepes, obispo por entonces del Guaviare, del batallón salieron con uniformes militares y armas; unos agarraron por una trocha hasta la inspección de Charras y otros por el río Guaviare, pasando por Barrancón, estratégica base de entrenamiento con fuerzas especiales de Estados Unidos.

Durante los últimos años y desde cuando ocurrió la masacre, a los campesinos de Mapiripán los obligan a vender al precio que quieran pagarles, luego de un constante hostigamiento, amenazas y fumigaciones a los cultivos que les proporcionan alimentos. Ya no se trata de fumigar plantaciones de coca sino de sacarlos de la región porque la requieren para megaproyectos como cultivo de palma africana y para completar el rendimiento de los biocombustibles. Ahora, en la zona encontraron importantes pozos petrolíferos, y por tanto el desplazamiento es requerido. De lo contrario, ya saben la suerte que les espera.

Con el antecedente de la masacre que motivó la Caravana de la Memoria, “para que no se olvide ni se repita”, se encuentra que los habitantes del municipio no han podido superar el miedo con el que han sobrevivido estos años, de tal manera que muy pocos se atrevieron a salir de sus casas y acompañar la Caravana. Dos días antes que ésta llegara, las Águilas Negras repartieron panfletos amenazantes en el casco urbano y en las fincas cercanas, advirtiendo que quien se atreviera a recibir la Caravana correría la misma suerte de sus vecinos 12 años atrás.

Es éste un pueblo donde no hay agua potable ni luz eléctrica. Hay un puesto de salud con un equipo de médicos, pero sin elementos ni medicamentos para curar a los enfermos, tal como lo denunció uno de los organizadores de la Caravana, y que pudieron comprobar los acompañantes internacionales que iban en ella, cuando, al querer ducharse en un colegio que les facilitaron para montar las tiendas de campaña, se encontraron con que no había agua. La mayoría de la población estaba asustada por lo que pudiera ocurrir; en medio del pánico que no desaparece del todo, y no hay derecho a la libre expresión.

Pero no sólo Mapiripán está amenazada: una situación similar se vive en Calamar, un pueblo a tres horas de distancia, al igual que otros pueblos de Meta y Guaviare, separados por un río que recibe el nombre de dos de sus afluentes, el Guayabero y el Ariari.

Germán Duarte, ex alcalde de Calamar exiliado en Brasil, viajó para sumarse a la Caravana. En el acto de inauguración de un monumento conmemorativo del maestro Castañeda, refiriéndose a lo que está ocurriendo, dijo: “Vengo de Brasil, andando cinco días para estar acá. La verdad, me siento contento de poder rendirles homenaje a las víctimas de Mapiripán, comparado con la noche cuando brillaron los machetes allá en el Vichada, como en la obra de Rómulo Gallegos, cuando la época del caucho y sometían la gente; porque esto tiene proyectos transnacionales que están interesados en sacar la gente masivamente, para apoderarse de estas tierras que tienen mucha riqueza. Ya vienen las petroleras, ya llegan los palmicultores con grandes extensiones, y ahí está el pueblo para esclavizarlo. Había que pagarle el precio de la tierra a lo mínimo y por eso vienen las masacres. Eso pasó cuando brillaron los machetes allá en el río Vichada. Creo yo, que habrá que caminar mucho, y por mucho que caminemos no vamos a andar más de 200 kilómetros. Y aquí volveremos, y estaremos pendientes, porque este es un símbolo de toda la resistencia del pueblo colombiano, y nosotros como habitantes de la selva que amamos para defender nuestro ecosistema, en compañía de los indígenas, de los colonos, de los ambientalistas, nosotros no podemos seguir dejando llevar cadáveres hacia el Delta Amacuro, donde desemboca el río Orinoco. Institucionalizar la venida y rendir homenaje y que ojalá el monumento del maestro Castañeda sea respetado, que haya conciencia en este pueblo, que los que tienen miedo despierten del letargo y que la paranoia desaparezca, y empiece a florecer la semilla que los mismos que han derramado sangre sembraron con su muerte. Son mártires que no van a olvidarse, y vamos a estar vigilantes. El Orinoco nace en los Andes, desemboca en el Caribe, y nosotros estamos aquí en el centro, donde se dividen la Amazonia y la Orinoquia, y clamamos justicia. Así como muchos van a los carnavales de grandes ciudades, vengamos aquí a presentar un resumen anual de lo que es la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la defensa del derecho a la vida”.

Si algo logró la Caravana de la Memoria fue darles confianza a los habitantes que salieron de sus casas a saludar a los caminantes de la paz. Incluso algunos fueron más osados y llegaron hasta el polideportivo donde se realizó el acto cultural; marcharon con la Caravana hasta los lugares donde ocurrieron los hechos; a la inauguración del monumento y, aunque con temor, hablaron, rompieron el silencio los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. La nota por destacar es la ausencia de las autoridades en cabeza de la alcaldesa, y de los grandes medios informativos que minimizaron la caravana humanitaria, venida desde distintos sitios de Colombia y el mundo.
Publicado enEdición 149
“El historiador no sólo debe conocer el camino sino también recorrerlo”. (Georg Luckács)
Diciembre de 1928. La protesta de cerca de 20 mil trabajadores agrícolas del banano y el plátano, que demandaban de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, contratación directa, acabar con el comisariato, atención médica, en fin, mejores condiciones laborales, es acallada y liquidada con una masacre a campo abierto, según el embajador de los Estados Unidos de la época, de no menos de 1000 de sus obreros. Crimen cometido bajo la orden de un militar, general, miserable, “con rodilla en tierra’’, sometido a los mandatos de la compañía extranjera. Los heridos fueron cientos, perseguidos por entre los platanales, de municipio en municipio, decenas de ellos encarcelados y condenados en juicios sumarios.

¿Quién fue el militar que dio la orden? el general Carlos Cortés Vargas, sometido a una interpelación en la Cámara de Representantes, pero en esencia a ningún juicio ni condena por su atroz delito. Miguel Abadía Méndez, el presidente de la época y verdadero y real responsable de lo sucedido terminó sus días con disfrute de la impunidad, sin responder por sus crímenes, entre ellos, traición a la patria. Impunidad. Una constante que parece ser insuperable en Colombia. Así se deduce de innumerables sucesos y tragedias con violencia y sangre.

¿Cuántos asesinados antes del 9 de abril bajo el hostigamiento de la oligarquía conservadora? ¿Cuántos masacrados el 9 de abril por los militares, bajo las órdenes del presidente de entonces, Mariano Ospina Pérez y la complicidad de la Dirección Liberal? ¿Cuándo fue juzgado el responsable de los hechos? ¿Quién fue, cómo se llama el autor o autores intelectuales del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán?

Impunidad y muerte dulce la de esos criminales, seguro, cubiertos de los goces de la abundancia y del silencio cómplice de quienes ordenaron y coordinaron los hechos.

¿Cuántos perseguidos, entre 1948–1953, macheteados, hostigados, amenazados, asesinados, bajo la premisa de la conservación del orden y la propiedad privada? ¿Quién, desde el poder de siempre, respondió por estos crímenes? ¿Quién fue juzgado por el actuar del ejército y la policía? ¿Cuándo se ha intentado aclarar la procedencia de inmensas fortunas en manos de las familias “más tradicionales de Colombia”? Y los pobres, los desplazados, los perseguidos que tuvieron que construir y habitar en las barriadas de las nuevas ciudades, ¿quién les hará justicia, a ellos y a sus familias?

Silencio, es la respuesta. Aquí no ha pasado nada. Impunidad. Poder que cubre poder. Tradición, status quo que se ahoga en la sangre, el terror y la injusticia.

Pero hay mucho más. Por los valles, campos y ciudades de Colombia, caminan los descendientes o se conserva la memoria de los derrotados y expropiados de toda propiedad por el poder que tiene a sus órdenes, las armas que han perseguido a quienes tenían que proteger.

Horror de horrores. Por entre bosques y matorrales se refugian decenas de familias que huyen de los bombardeos contra quienes habitaban Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Marquetalia y otros nombres imborrables en la larga lista de terror y sangre que describe la geografía de la interminable guerra interna que pareciera no tener fin en Colombia.

En medio de ella, antes y después, allí en sus puestos de trabajo, los trabajadores del cemento en Santa Bárbara a principios de los años 60 del siglo XX, padecieron el terror. Pero también los de los ferrocarriles nacionales que fueron reprimidos sin clemencia en innumerables ocasiones, los estibadores, los obreros de Fabricato, los de Coltejer, los médicos en huelga en la década de los 70, los estudiantes asesinados a sangre fría en pleno centro de Bogotá en los años 50, con el signo trágico del disparo aleve persiguiéndolos cada 8 y 9 de junio, pero también cada uno de los 2.265 sindicalistas asesinados por toda Colombia entre 1986 y 2008  ¿Dónde los responsables por tanta ignominia?

¿Acaso, fueron juzgados los autores intelectuales y materiales por los hechos de la plaza de toros de Bogotá, en 1954? Silencio profundo. Las voces que gritan justicia aún esperan ser escuchadas. Esperan para romper la impunidad, el encubrimiento, la masacre y la persecución como política de Estado. Entre 1980 y 2008 se ha hecho casi inenarrable el constante horror y dolor que ha destrozado miles de familias. Disparo a sangre fría; persecución; despojo; violación; descuartizamiento. Decenas de municipios sometidos a terror, todos gobernados por las correspondientes autoridades civiles, y protegidos por destacamentos policiales o militares, sin embargo nadie vio ni escuchó nada.

Silencio. Horror. Impunidad.

¿Quiénes dieron la orden para que el luto se apoderara de toda una sociedad? ¿Cómo se definió esa política de Estado? ¿Cómo cuajó, creció y se multiplicó el paramilitarismo? ¿Quién se benefició, y continúa beneficiándose, de esa política del disparo aleve?

Silencio… Aquí no se puede decir nada. Las tropas pasan de norte a sur, en aviones especialmente fletados para ello, para consumar masacres. Pese a la evidencia, a la magnitud de los operativos, desde el alto Gobierno nadie vio nada.

Pero el silencio es roto por voces que vienen, que surgen, desde lo más profundo. Por entre las raíces de los campos y los adoquines de los barrios urbanos, pese a toda la persecución, y a la reedición de la política ya implementada en el siglo XIX por el pacificador Pablo Morillo surgen las voces campesinas, indígenas o ciudadanas que señalan y conservan la memoria.

El miedo cede espacio al testimonio, al valor civil y a la decencia. Poco a poco brota la verdad. La misma que fue enterrada con los cientos de asesinados en los campos de Ciénaga en aquel 1928.

Ochenta años de mentiras y ocultamiento. Décadas de injusticia y desgobierno. Décadas de tergiversaciones y concentración de la riqueza. Persecuciones sin límite contra sindicalistas y otros activistas sociales. El pasado que se hace presente y el dolor que prosigue imponiéndose por toda Colombia.

Sesenta años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, aniversario que nos sirve para avistar con pavor el cúmulo ininterrumpido de violaciones a los derechos humanos a que estamos sometidos en Colombia, nos sirve para reencontrarnos y precisar con toda certeza que requerimos el signo popular y colectivo en el Estado y en el Régimen político, para ponerle fin a tanta violencia e injusticia social. La resistencia de los trabajadores de la justicia, de los ingenios y la oleada indígena recientemente vividas brindan confianza en los cambios que se están encubando en Colombia.

¿Cuándo la verdad derrotará a la mentira como política de Estado en Colombia?
¿Cuándo serán llevados ante los tribunales los culpables?
¿Cuándo se le hará honor a todos los que han luchado por la justicia y ofrendado su tranquilidad y vida por ella?

Aquí estamos, ochenta años después, hermanos y hermanas que se batieron con dignidad por sus derechos, recordándolos. Su rebeldía de esos días, su ejemplo es nuestra luz. ¡A la impunidad le llegará su día!

Justicia, verdad y gobierno de unidad nacional contra la oligarquía para hacer honor a los hombres y mujeres, que desde su dignidad, no renunciaron a sus derechos ni a sus sueños.


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Miércoles, 17 Mayo 2006 19:00

¿Quién mató a Jaime Gómez?

«De parte de mi padre asesinado un saludo a todos y todas las trabajadoras. Les pido que por favor escuchen un momento. No más indiferencia. ¿Quién mató a Jaime Gómez? ¿Quiénes son los autores materiales de este crimen? ¿Por qué mataron al hombre que ha caminado estas mismas calles, el mismo día con ustedes, por 32 años? ¿Por qué fue tratado así el dirigente social y político? Sindicalista como muchos de ustedes; militante de izquierda como otros que están acá; intelectual como otros tantos; ciudadano activo y comprometido con este país.

 

Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, máximo responsable de los designios de esta Nación, garante de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Le pregunto a grito entero: ¿Quién mató a mi padre, opositor  del gobierno y quién debía contar con garantías para su ejercicio deliberativo, como corresponde ocurrir en la democracia menos democrática del planeta?

 

Jaime Gómez no es un desaparecido ni un asesinado más, tiene que ser el último desaparecido y de quién además de recibir sus restos, conoceremos la verdad. Se aplicará justicia y habrá reparación.

Esta coyuntura es un reto histórico para decidir colectivamente el futuro del país, para despertar del adormecimiento, para dejar la indiferencia, para soltarnos de esas pesadas cadenas del miedo, para dejar posiciones cómodas, para dejar de ser aguas tibias, para poner por encima los intereses colectivos, los de una Nación. Para dejar de ser sectarios y expresarnos como una, unas singular y plurales corrientes alternativas.

 

No más apoyo a la profundización  de la guerra, a las desigualdades y las inequidades sociales, no más a los unanimismos, a los odios, al borramiento a fuego con golpes, torturas, asesinatos salvajes, terrorismos y calumnias a las diferencias. No más olvido, ese rostro que está allá es la constatación de lo fatal de nuestra historia violenta, lo patético y trágico que resulta sentirse condenado a repetir la historia.

 

De nuevo pregunto ¿de qué le ha servido vivir a Colombia lo que ha vivido? ¿Cuánto le ha costado y de qué le a servido a nuestro país la muerte de tanta gente, las privaciones de la libertad, las torturas, tanto dinero empleado en armamento y tantas membranas quemadas en planeación estratégica de guerra? El reto está en mostrar la debilidad de este país, el reto está en ustedes y nosotros para mostrar que hay alternativas. El reto está también en esa ciudadanía indiferente presa de fanatismos, desorientada, parte de ella cansada de la misma mierda de siempre, y otra empeñada y engolosinada con los privilegios del poder y la concentración de la riqueza.

 

Señor Presidente, de nuevo me dirijo a usted, espero que estando más cerca del Palacio sí me escuche: mi padre Jaime Gómez, un ciudadano con derecho a la vida, la libertad y la expresión en la actual coyuntura, quizás con más derecho que cualquiera por ejercer la oposición, debería estar marchando en el día del trabajo y el día nítido para las elecciones, eso fue lo que le pedí en cada uno de los correos que le envié.

 

Como líder ciudadana me duele constatar lo ineficiente de este Estado, ya no habrá que acompañar a mi padre a votar. Nos lo arrebataron unos salvajes que ahora le muestran al país y al mundo  que Colombia no ofrece garantías para el ejercicio de la democracia, y  que las elecciones que vienen –con toda la envergadura que tienen–, no parecen más que una farsa.

 

Ya no será Jaime Goméz quien el 28 de mayo, cédula en mano, deposite el voto por la oposición, pero seremos sus hijos y el resto de la ciudadanía que sea conciente y que se haya sensibilizado con lo sucedido a mi padre, los que responderemos frente a las urnas la siguiente pregunta ¿Con quién y cómo vamos a profundizar  la democracia, a construir país en el que el ejercicio político se resignifique y su práctica se llene de contenido ético desde la vida misma?

 

Un día podremos escribir historia no con terror, torturas, no con privaciones, no con olvido, no con mentiras, no sin justicia. Quiero y queremos ejercer nuestros derechos, deseaba desde mis entrañas que mi padre nos viera para hacerlo pero ahora nos corresponde hacerlo a todos los que estamos acá,  y vencer con argumentos a quienes nos rodean. Por Jaime seguiremos en la lucha. Por él reconstruiremos  el país, y por él buscaremos que las desigualdades desaparezcan. Por él y toda Colombia aparecerán los desaparecidos, no habrán más  privaciones a la libertad y se hará más radical la democracia.

 

Recordando a Jaime, que nunca se perdió un Primero de Mayo, y sin obligarme solo con su ejemplo que me  dejó su compromiso, invito a gritar ¡Viva el primero de Mayo! ¡Jaime vivirá por siempre! ¡Abajo el TLC! ¡Abajo la seguridad  democrática! ¡Abajo la reelección! ¡Abajo el neoliberalismo!

 

Por una patria soberana, ¡Jaime vive por siempre!»

Publicado enEdición 112