MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

En toda Sudamérica hay enormes exportaciones en volumen (toneladas de petróleo, carbón, mineral de hierro, soya, madera, cobre...) y sin embargo varios países (Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador) no logran apenas pagar sus importaciones. Argentina está entre caer o no en déficit comercial. Colombia, Brasil, Perú, Ecuador ya lo hicieron en 2013 y principios de 2014. Sus exportaciones no pagan sus importaciones. Un ejemplo: Colombia vende al exterior unas cinco veces más toneladas que lo que compra de él, y sin embargo no puede pagar sus importaciones con las exportaciones que, en este caso, son en buena parte de carbón.


Persiste una estructura desfavorable en el comercio exterior, se exportan más toneladas que se importan, y se vende mucho más barato por tonelada que lo que se compra. Y esa gran exportación física no consigue ya pagar las importaciones o lo consigue apenas. Las balanzas comerciales de estos países medidas en dinero están ya en déficit, excepto en Argentina, que tiene todavía con un pequeño superávit.
Un reciente artículo publicado por la Flacso-Ecuador (de Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo y yo mismo) con el título Déficits comerciales y déficits físicos en América del Sur llama la atención sobre esos hechos, fruto de una equivocada política extractivista. Nuestro artículo va a contracorriente de los entusiasmos generados por la evolución favorable en los términos de intercambio en los inicios del siglo XXI en América del Sur. Al analizar en detalle tres países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) comprobamos que ciertamente existió una mejora en los términos de intercambio, pero que en 2012-2014 toca a su fin.


Da lo mismo que los gobiernos sean nacional-populares o neoliberales. En Brasil y Argentina, al igual que en esos otros países y en Venezuela, las exportaciones son persistentemente mayores que las importaciones (en toneladas). Sin embargo, Brasil ya entró en déficit comercial entre enero y marzo de 2014 de 6.072 millones de dólares, el mayor para un trimestre en 21 años, mientras Argentina ha visto casi desaparecer su superávit comercial entre 2012 y el primer trimestre de 2014. Y eso a pesar que la moneda de ambos países se ha estado devaluando, en un intento por exportar todavía más cantidades y de frenar importaciones.


Existe estructuralmente una relación de intercambio desfavorable que se observa en dos ámbitos: por una parte, se registran persistentes déficits físicos, es decir, se exportan más toneladas de materiales que se importan. Lo llamamos déficit porque se pierden recursos naturales, se agotan los recursos. En años muy recientes esta trayectoria se acompaña en países grandes y chicos por un contraproducente déficit en la balanza comercial monetaria, que compone el segundo ámbito de deterioro estructural en el comercio exterior de estas economías. ¿Por qué contraproducente? Porque en principio conduce a un endeudamiento mayor y a una presión por exportar más y más, causando mayores daños ambientales y más conflictos sociales. Los déficits comerciales exigen otros ingresos en el balance de cuenta corriente o en el balance de capitales. La afluencia de inversión extranjera directa puede compensar el déficit comercial, pero va a generar rentas que se escapan después del país.


Un ligero resfriado en China se convierte en pulmonía en América del Sur, aunque uno pueda pensar que la demanda de materias primas que no se reciclan (como los combustibles fósiles) o que se reciclan sólo en parte (como los metales) tenderá a ser firme, incluso sin crecimiento económico mundial. Si el mundo hoy quema 90 millones de barriles, mañana va a quemar otros 90 millones, un poco más o un poco menos. La energía no se recicla. La demanda se mantiene, pero los costos económicos, sociales y ambientales de la extracción son crecientes al disminuir la ley de los minerales metálicos y extraer petróleo o gas de lugares más recónditos, como sucede también en la extracción de madera, soya, palma de aceite. Al mismo tiempo, con ofertas abundantes, los precios pueden bajar mucho a causa de pequeñas oscilaciones en las coyunturas de los países importadores.


Así pues, las críticas de los post extractivistas sudamericanos (Maristella Svampa, Eduardo Gudynas, Alberto Acosta) tienen doble fundamento económico. La exportación de materias primas agota los recursos naturales, produce contaminación y causa conflictos con las poblaciones locales, envileciendo a los gobiernos que usan la represión como método para la extracción, como el presidente Correa, en Intag, Ecuador, en estas semanas, olvidándose ya del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Y por otro lado, los precios de esas cuantiosas exportaciones son baratos en relación con las importaciones. Se exporta mucho y sin embargo no se cubre el costo de la importación. De ahí un nuevo camino por la ruta del endeudamiento.


 

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La resistencia a la minería se vistió de carnaval

En la tercera marcha-carnaval por el agua, la vida y la soberanía el pasado 5 de junio en Ibagué, algo más de 30.000 personas marcharon, bailaron y elevaron un canto por el agua, por los páramos, por el suelo... POR LA VIDA y los territorios tolimenses.

 

  

 

Al grito de El agua vale más que el oro, expresaron su rechazo al proyecto La Colosa en Cajamarca, Tolima, y le dijeron a la multinacional Sudafricana Anglo Gold Ashanti NO a la MINA SÍ A LA VIDA.

 

Este fue el grito unificado de estudiantes, campesinos, indígenas, en fin mujeres y hombres de Ibagué, Líbano, Piedras, Cajamarca y otros pueblos del Tolima y el país.

 

Recordemos que La Colosa sería el tercer proyecto extractivo a cielo abierto más grande de América Latina, después de Yanacocha en el Perú y La Escondida en Chile, según las pretensiones de la multinacional de extraer 24 millones de onzas de oro , con costos sociales, ecológicos y geográficos incalculables. Solo para dimensionar los daños a ocasionarse en el territorio, los estudios técnicos señalan que se removerá por lo menos una tonelada de roca para la producción de una onza de oro, se producirán 100.000 toneladas de residuos mineros por día, 78 toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono por cada 50 kilos de oro sin contar con los efectos contaminantes resultado de la lixiviación en el proceso productivo.

 

Este es un territorio en peligro de extinción.El 86% de Cajamarca cuenta hoy con títulos mineros, esto es 44.276 hectáreas entregadas con 31 títulos a 9 titulares, de los cuales 21 fueron otorgados a la Anglo Gold Ashanti, lo que significa que tiene a su disposición 30.440 hectáreas para explorar , poniendo en riesgo por desplazamiento a muchos campesinos e impactando a los 20.000 habitantes que verán drásticamente afectadas sus áreas rurales, en consecuencia dejarán de ser la despensa agrícola del departamento, orgullo municipal.

 


La identidad cultural de los tolimenses emergió en todo su esplendor, apelando a los símbolos y creatividad que ilustra las más bellos tradiciones de la población: 

 

  • ramilletes de fruta, legumbres, tubérculos colgados con artístico colorido, de los camperos que transitan por las carreteras veredales;
  • la diversidad biológica representada en caras y torsos desnudos en cuerpos juveniles que claman por un futuro con soberanía alimentaria; coplas, bailes y otras tantas expresiones ponen en evidencia el peligro en el que se encuentra el territorio.
  • La sabiduría ancestral, rememorando la historia de los territorios acompañaron por calles, puentes y parques de Ibagué, desde la salida de la Universidad del Tolima, con la guardia indígena alrededor de la algarabía de los marchantes, con sus bastones de mando como símbolo de poder, dicen que seguirán custodiando, resguardando, velando porque la riqueza de las montañas sigan allí, hoy asediadas por las multinacionales mineras.

 

De los múltiples impactos previstos por la minera se encuentra el ecosistema de páramos que conforma el sistema de nevados (50 hectáreas hacen parte de los títulos otorgados), la Reserva Forestal Central de la cual el Mavdt otorgó en 2009 la sustracción de 6,4de una solicitud de 535 Ha en la etapa exploratoria, y uno de los más sentidos por la población regional, la afectación a la cuenca del río Coello, donde tributa el río Anaime que drena desde Cajamarca hasta el río Magdalena y del cual se surten varios municipios para distintos usos agrícolas y pecuarios.

 

Frente a esta amenaza ya hay pronunciamientos de las poblaciones afectadas, el más connotado de ellos: la consulta popular en Piedras–Tolima– donde la casi la totalidad de su población se pronunció contra la operación de lavado y disposición de material producido en el proceso extractivista.

 

De igual manera, otras iniciativas como la moratoria minera, acompañaron la marcha-carnaval, con participación de delegados de Bogotá y Tinjacá–Boyacá–para integrarse al pronunciamiento ciudadano contra la locomotora minera.

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Viernes, 13 Junio 2014 06:10

Doscientos mil doscientos nueve

Tramas y Mingas es el nombre del encuentro que esta semana mantuvieron indígenas, campesinos y afros en el Cauca, sur de Colombia. Se trataba de tejer realidades en minga, trabajo colectivo, horizontal, con base en la cooperación y la ayuda mutua. Indígenas misak, nasa y coconucos del Cauca, quechuas de Perú y Bolivia, campesinos de diversos países, afros de la costa Pacífico, profesores y estudiantes, compartimos saberes y problemas que nos afligen y necesitamos superar.


El Cauca es el departamento más diverso de Colombia. La mitad de la población son indígenas y afrodescendientes, la mayor parte campesinos que viven en aldeas o en pequeñas ciudades, siendo la colonial Popayán la única ciudad de mediano tamaño. Es también una de las regiones más violentas, donde la guerra ha provocado miles de muertos, desplazados y desaparecidos.


Un grupo de niños y niñas de una escuela del resguardo coconuco, a una hora de la ciudad, participaron en el encuentro, con sus bastones de mando. En las escuelas los niños indígenas también forman sus cabildos, en los que aprenden a gobernarse, replicar los modos de vivir de sus mayores y de cuidar la madre tierra.


Tramas y Mingas se organizó en torno a cuatro temas: la vida y la resistencia; las economías comunitarias; las autonomías y los poderes, y la educación y la comunicación. Mientras todo el país estaba pendiente de las elecciones del domingo (en las que se enfrentan dos versiones de la derecha) y del Mundial de Futbol, los de abajo dedicaron tres días a poner en común lo caminado y lo construido, los modos como lo hicieron, y los dolores que deben atravesar en medio de la guerra.

En el espacio dedicado a las autonomías, las palabras más fuertes fueron las de los fundadores del movimiento, cinco décadas atrás, quienes no sólo relataron todo lo andando sino que hicieron hincapié en lo que falta. Un miembro del resguardo coconuco destacó las divisiones que provocan los traspasos de fondos del gobierno en las comunidades y en los cabildos (autoridades que gobiernan los territorios o resguardos). Hubo acuerdo en el papel decisivo que jugaron las agendas (programas) de los pueblos, construidas desde abajo; así como los problemas que están generando los malos dirigentes, que utilizan esas demandas construidas colectivamente para beneficios personales.


Las organizaciones indígenas de Colombia, como las de buena parte del continente, están siendo acosadas (literalmente) por las políticas sociales, por esa mezcla perversa de agresiones paramilitares y militares, con los fondos estatales para educación y salud, librados con el objetivo de dividir y de sujetar a los movimientos a los fines de los estados.


Al hablarse de autonomías, fue inevitable referirse a la Guardia Indígena, una de las más notables creaciones de los indígenas del Cauca. Se trata de una vasta red de comuneros elegidos por las comunidades para defender los territorios y las autoridades, sin armas, sólo con bastones de mando y una estricta organización. Autonomía es que la Guardia no haya sido creada a imagen y semejanza de la policía del Estado, sino con criterios de rotación y de obedecer a los pueblos, para cuidar y educar, para intervenir no sólo cuando hay agresiones externas sino también cuando surgen problemas en las familias y las comunidades.


Uno de los momentos más fecundos giró en torno a la economía propia, o sea los modos de producir y reproducir la vida por fuera del capital y del Estado. Es notable constatar la existencia de infinidad de emprendimientos de base para producir alimentos, en general encabezados por mujeres, quienes no distinguen entre producción y reproducción porque, en realidad, son dos facetas de la vida.


Un veterano dirigente cocunuco explicó los intercambios entre los pueblos de tierras bajas y tierras altas, cada uno aportando los productos que crecen en sus territorios, desde cereales y tubérculos hasta frutas y hortalizas. No utilizan monedas, todo con base en el trueque, una práctica ancestral recuperada en el proceso de organización como pueblos, y verdadera alternativa a los mercados capitalistas.


Durante el encuentro circuló el comunicado del subcomandante insurgente Moisés en el cual el EZLN informa sobre la decisión de construir la escuela autónoma y la clínica destruidas por el ataque de la CIOAC-H, cuando se produjo el asesinato del compañero Galeano. El zapatismo es referente en estas tierras, en particular entre los jóvenes que integran el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que tejen puentes entre las resistencias locales y las luchas globales.


El tejido de las resistencias y las mingas para darle forma al tapiz multicolor del mundo nuevo se alimenta de todas las resistencias, aun de las más pequeñas, no importando cuántos y cuántas son, sino cómo hacen, con qué espíritu trabajan. Preguntan sobre el zapatismo los jóvenes luchadores de las comunidades, no así los dirigentes que negocian y los académicos que sólo piensan.


En los intercambios surgió la necesidad de juntar los 200 mil 209 pesos mexicanos necesarios para la reconstrucción de lo destruido en La Realidad. Hay dos posibilidades para hacerlo. Una, al estilo de los de arriba, recibiendo el dinero de las personas que pueden aportarlo, una a una con nombre y apellido. La otra es hacerlo en minga, con base en el trabajo colectivo, haciendo fiestas, empanadas, tortillas o lo que cada quien quiera o pueda. Al estilo indígena y campesino, del mismo modo como se hacen los eventos en las periferias de las ciudades.


Este modo de hacer no individualiza a los donantes, ya que los nombres se disuelven en el colectivo. Pero tiene otra enorme virtud. Es un modo de tejer tejidos, trozos pequeños que van formando el tapiz del mundo nuevo. Aquí no importa tanto cuánto dinero se recauda, sino cómo se lo consigue. En suma, el modo individualistas o el comunitario. Ojalá sean muchos los colectivos en el mundo que lo hagan de este modo.

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"Mis Razones para NO Votar por Juan Manuel santos NI por Óscar Iván Zuluaga"

 

En primera instancia dirigirme ante todas y todos las colombianas y colombianos, que defendemos la Soberanía Nacional.

 

Agradecerles a los hermanos indígenas, Afrodecendientes, campesinos, hermanas y hermanos de los sectores de la izquierda, a todos a aquellos que confiaron en las verdaderas propuestas de clara López obregón, "clara lo tiene claro" muestra de los 2 dos millones de Votos de opinión y el 70 % de la abstención que son los verdaderos ganadores depositados el día 25 de mayo de 2014 atraves de la credibilidad y la confianza a la ideología de una izquierda consolidada desde sus directrices .

 

Hoy siendo las 5:13 p.m. Me permito escribir esta carta desde mi condición como dirigente activista mujer wayuu, el manifiesto de "mis razones para no votar por Juan Manuel Santos Ni por Oscar Iván Zuluaga"

 

Hermanas y hermanos, con mis sinceras palabras no busco ser reconocida, y tampoco me importa ser reconocida " solo busco generar conciencia y ser coherentes " sé que muchos de mis hermanas y hermanos que me siguen en las redes sociales, van a pensar que tal vez estoy loca o porque me opongo a la llamada ?" Paz" pero mi convicción desde del buen pensar me ha llevado a la reflexión que hoy mi país, tu país, nuestro país Colombia, se viene derrumbando por los largos 40 años de imposición Neoliberal en donde hay un gigante imperialista que tiene a unos cuantos caudillos que se creen los dueños de variables recursos que reposa en nuestro país, unos recursos o bienes naturales, que lo digo el altavoz son de la colectividad, en la cual he estado reflejada en su defensa atraves de las marchas y las propuestas colectivas que van hacia protección y salvaguardar la soberanía nacional.


Indígenas y no indígenas, me permito informarles que los 13 mil votos de opinión arrojados en mi departamento la Guajira Wounmainkat, es hoy el reflejo de las voces de aquellos hermanas y hermanos que creen en las verdaderas propuesta de un modelo económico y políticas construido desde la bases.


Hoy me permito informarles que mi departamento la Guajira que alberga mayor recursos naturales tenemos el 43 .4% de las reservas probadas de gas, abasteciendo la demanda nacional en un 60% el 56,6 % de las reservas probadas de carbón, equivalentes a 3.728 millones de toneladas y con una generación de 560 MW de energía eléctrica que alimenta la demanda nacional.


Pero hoy las realidades al interior de las comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes muestran la verdadera guajira envuelta en la Miseria y la Pobreza Extrema, y las pésimas condiciones de servicios públicos, y una guajira totalmente contaminada en sus aguas suelo y aire por las empresas transnacionales que se adueñaron de todo el departamento de la guajira. Los aspectos más alarmantes son: la desigualdad social, expresado en el coeficiente Gini que paso del 047 en el 2007 al 061 en el 2010; la baja cobertura en acueducto del 51,64 % y alcantarillado del 38,96% el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 65,23 y una desnutrición crónica del 27 % ubicadas como unas de las tasas más altas del país. El PIB departamental para a mediados de los 70's el agro era más del 20% pero en el 2010 solo llego al 4,6% es decir que la mineria que es el 61 % del PIB, ha genera solo el 2,9 % Es decir, que los empleos perdidos en el agro no se trasladaron a la minería. De ahí el desempleo en el 2010 era de 9,2% muy superior al 5,7 % del 2005 y el subempleo llego a 122 mil personas, hasta el 2012, se habían exportado más de 540 millones de toneladas de carbón , con ingresos para la empresa de 23.800 millones de dólares, pero a Colombia solo le correspondieron por regalías 2.006 millones de dólares es decir el 8,42% por otro lado, mientras las multinacionales obtienen utilidades operacionales de 37.7% el 58% de los guajiros sobreviven con menos de 200 mil pesos mensuales y un 38 % con menos de 90 mil pesos, las mineria no ha sido sinónimo de desarrollo ni de progresos pero si de inmensos pasivos ambientales , sociales culturales siendo que el 87% del territorio es semidesértico se ha intervenido 11.488 Has, de cobertura boscosa y suelo con una recuperación boscosa de 3.000 Has.


No puedo ser tan irresponsable de pensar o de repetir las mentiras con las que se engañan a muchos de nuestros hermanos colombianos con ese discurso de decir "vota por la paz" "o de decir es mejor santos que Zuluaga", ambos están cortados con las misma tijera y ambos provienen de la misma escuela son los cachorros caudillos, de las empresas transnacionales que operan en el país, por lo tanto mantendré mi fiel coherencia ante la opinión pública, he mencionado varios aspectos en lo que concierne la problemática social cultural, desde mi departamento de la guajira. Hoy mi análisis me conlleva a que la izquierda en Colombia debe mantenerse en la unidad, sé que muchos de nuestros seguidores y no seguidores seguramente nos señalaran de no querer la paz para Colombia, pero en mi pequeño análisis el tema central no ha sido la búsqueda de la paz, de que exista un señor llamado: juan Manuel santos que está realizando campañas proselitistas a nombre de la paz , es otro cantar. otra de las burlas macabras que se vienen evidenciando ante el país es la manera perversa de la campaña más mentirosa del Oscar Iván Zuluaga el cachorro del uribismo, que solo se ha centrado en las falsas propagandas que se muestra a atraves de sus medios de comunicación como lo es RCN y Caracol.

 

Hermanas y hermanos también mencionare que el tema central de la crisis que se vive en Colombia ya sea por el conflicto armado, pero también cabe mencionar que la verdadera crisis es en cuanto al modelo económico neoliberal, que la derecha oligarquía no puede tapar el sol con un dedo, las mentiras de los gobiernos de las Derecha los han puesto en jaque con todo el movimiento de los agros sectores campesinos , indígenas etc, que se han levantado fuertemente en el país, no puedo yo decir que la paz, no es necesario para Colombia por supuesto que si es necesario pero la paz, con una justicia social en donde los cambios se tienen que generar desde los modelos económicos construidos desde las mismas bases es decir en donde todas y todas podamos construir nuestros propios modelos soberanos. Mi análisis desde estas contiendas electorales es que lo que vivió santos el 25 de mayo es la muestra del pésimo gobierno del uribismo y el santismo los conllevo a su propio fracaso, una de las la muestra es el rechazo en lo ocurrido de los votos en blancos en el municipio de piedras (Tolima) voto en blanco con el 54,02% y muestra de esto es el rechazo por la explotación de recursos naturales por la empresa Anglo Gold Ashanti, ellos decidieron votar en blanco por que el gobierno de santos no quiere validar la consulta minera"
Por otro lado están otros sectores como taganga (Santa marta ) y Barú (Cartagena) se negaron a votar por todo los incumplimientos del gobierno, frente a sus necesidades básicas insatisfechas.


"El modelo económico está absorbiendo el país y su soberanía está en riesgo"

 

Hay una Catástrofe del TLC y las reparticiones de las mermeladas reeleccionista esta catástrofe se viene aplicando por Samper, Pastrana, Uribe, y santos. La imposición de la políticas anti agrarias

Por esta razón manifiesto:

"Mis Razones para NO Votar por juan Manuel santos NI por óscar Iván Zuluaga."
Votar la derecha me obliga a perder mi territorio y mi dignidad,
Votar la derecha te obliga a no tener memoria

"Coherencia en mi caminar a diario y en el discurso eso me hace dar razones para no votar por la derecha. " Mi voto en blanco o la abstención "


Ussynu Epiayu

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Acción común y coordinada contra el espejismo del "desarrollo"

Más de 150 personas provenientes de ciudades y departamentos como Bogotá, Soacha Antioquia, Boyacá, Cauca, Guajira, Meta, Tolima y Santander, llegaron a Villa de Leyva el pasado 25-27 de abril, como respuesta al llamado para deliberar y diseñar agendas comunes en contra de la loco-motora minera.

 

Los daños ocasionados por la explotación minera, en especial por la mediana y la megaminería, son inocultables: remoción masiva de terrenos con sus bosques y cobertura vegetal, destrucción del habitat de numerosas especies animales, daños en las fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, violación de derechos humanos y la corrupción de autoridades e instituciones del Estado. Realidades que despiertan y movilizan poblaciones enteras han dado lugar a una creciente resistencia.

 

En muchas regiones las organizaciones existentes o nuevos colectivos articulan esfuerzos. Por ejemplo: Santurbán en Santander, La Colosa en el Tolima, la COA en el occidente de Antioquia, el Macizo colombiano en Cauca, las organizaciones del Casanare o las provincias de Alto Ricaurte y Sugamuxi en Boyacá. El reconocimiento de esta dinámica y la necesidad de fortalecerla fue lo que motivó la convocatoria del Encuentro Nacional por parte de organizaciones de la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá), con el respaldo de varias organizaciones nacionales y regionales.

 

El Encuentro inició con una aguda crítica a la política minera del gobierno colombiano a cargo de Danilo Urrea de Censat–Agua Viva y Rafael Colmenares de Unión Libre Ambiental. A continuación hubo dos excelentes conferencias: una del profesor Héctor Moncayo, de Ilsa, sobre el contexto internacional que explica por qué en Colombia y otros países impulsan la exportación de minerales; y una visión histórica de la problemática de los bosques y las aguas a cargo del profesor Joaquín Molano.

 

Un segundo momento del Encuentro estuvo dedicado a la presentación de 20 experiencias regionales y algunas urbanas (en la periferia de Bogotá y Soacha), cuyos voceros fueron los líderes de dichos procesos. De esas presentaciones debe destacarse dos aspectos: la problemática que afrontan en los territorios, y las acciones de resistencia desprendidas de estos.

 

En cuanto a la problemática: es claro, por sus dimensiones territoriales (millones de hectáreas) y temporales (varias décadas), lo que está en marcha es una locomotora de "mega-minería" conducida por varias de las empresas multinacionales más poderosas del mundo; la subasta de los recursos minerales cursa de manera silenciosa y amañada, a espaldas de las comunidades, engañándolas y acomodando los estudios de impacto ambiental y planes de manejo, con la complicidad de las autoridades ambientales. Esto ocurre con alguna facilidad porque la minería es fuente de corrupción político administrativa ya que las empresas –como lo demuestran distintos episodios en todo el mundo– sobornan funcionarios de diverso orden dentro del Estado; sobornos facilitados por realidades como las de las CAR, convertidas en fortines politiqueros. Pero esto también sucede porque la minería está asociada al control del territorio por parte de grupos armados ilegales, no es casual por tanto el asesinato y desaparición de líderes comunitarios opuestos a esta dinámica de explotación.

 

Realidad que propicia el cambio en el imaginario que muchas comunidades tenían del oro, el petróleo y cualquier otro mineral, anteriormente asociados con el sentido de riqueza y prosperidad, y ahora reducido al de amenaza, pobreza, daños ambientales, corrupción, violencia y desorden social.

 

¿Qué hacer?

 

El Encuentro Nacional fue prolífico en sus respuestas ante los riesgos y amenazas de la loco-motora minera, pretendiendo el fortalecimiento de la resistencia por parte de la sociedad civil.

 

El punto de partida es tomar consciencia de que tenemos derechos y deberes para proteger la vida, los recursos naturales y los intereses colectivos por encima de las multinacionales; hacer uso de los mecanismos jurídicos, movilizar pacíficamente a las comunidades, conseguir el apoyo de los medios de comunicación, de la academia, de personalidades y organismos nacionales e internacionales, para obligar al Estado a cumplir su deber constitucional de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación; y de manera enfática, pública y al más alto nivel, denunciar cualquier amenaza y violación de los derechos humanos por parte de las empresas, los grupos delincuenciales o la fuerza pública. En síntesis, desarrollar el poder ciudadano en contra del despojo de nuestra patria por parte de las multinacionales, con la complicidad del Estado.

 

Pasos a seguir

 

Las experiencias expuestas en el Encuentro, sugieren: articular las organizaciones existentes o crear instancias específicas de interrelacionamiento contra la locomotora minera; hacer una revisión de títulos mineros y licencias ambientales, como lo propone la Iniciativa de Moratoria Minera; estudiar a fondo y con mirada crítica la documentación de los proyectos mineros y la normatividad pertinente, para resistir con fortaleza argumentativa; alertar ampliamente a las comunidades sobre las actividades mineras proyectadas en sus territorios y los perjuicios que acarrean; trazar planes de acción con objetivos muy precisos y con diversas estrategias eficaces: jurídicas, académicas, políticas, movilización social, medios de comunicación, ordenamiento territorial, etcétera; movilizar a las comunidades pacíficamente, pero con contundencia, en actividades como marchas, foros, audiencias, asambleas públicas, cabildos abiertos, mesas de concertación, plantones; adelantar gestión en procura de apoyo institucional; ocupar los espacios de participación disponibles, como los consejos directivos de las CAR, los Pomcas, los consejos ambientales y de planeación territorial; crear mesas de concertación con las entidades y autoridades del Estado, incluyendo los organismos de control, en las que estén representados los diferentes sectores y organizaciones sociales; insistir en las Consultas Populares, argumentando que estas son para protegen el territorio contra las actividades que afecten los intereses de la comunidad y los derechos de los propietarios del suelo.

 

Al final

 

Al final –tercer momento del Encuentro– fueron instaladas tres mesas de trabajo: estrategias, articulación organizativa y comunicaciones. El resultado final permitió la conformación de una red de resistencia contra la loco-motora minera que pondrá en la práctica, y difundirá hacia otras regiones los lineamientos y la ruta surgidos de este Encuentro.

 

Cada una de las experiencias representadas en el Encuentro funcionará como un nodo de dicha red para tratar de incidir en 3 escenarios: el político institucional –para que el Estado actúe como debe ser–; el académico –para que las universidades y colegios contribuyan con el conocimiento y formación de recursos humanos que defiendan los territorios y la debida explotación de sus recursos naturales–; y los medios de comunicación –para contrarrestar la desinformación y bloqueo de los grandes medios comerciales.

 

Como responsabilidad colectiva, fue asumido por el total de la concurrencia el compromiso de difundir en el corto plazo los resultados del Encuentro en cada una de las regiones de donde procedía ésta; realizar reuniones en los respectivos departamentos en un plazo de 6 meses; y empezar a trabajar hacia la realización de un segundo encuentro nacional dentro de un año o cuando el proceso lo amerite

Publicado enEdición Nº202
La minería eleva los niveles de mercurio tóxico en Latinoamérica

El antiguo refrán nos advierte que no todo lo que brilla es oro, y efectivamente en partes de Latinoamérica ese destello tiene un lado bastante oscuro.
El boom de las materias primas inyectó vida a las economías regionales y en la década entre 2002 y 2012 el precio de oro aumentó un 500% a nivel mundial. Como consecuencia, se destapó una tendencia hacia la minería ilegal y hoy en día América Latina cuenta con más de 500.000 minas pequeñas, todas buscando su forma de montarse en la ola de los precios récord.


Sin embargo, tales actividades también cobran un precio muy caro al medio ambiente debido al excesivo uso del mercurio como agente para extraer el mineral.


Catalogado por la OMS como uno de los diez principales productos químicos de mayor preocupación para la salud pública, el mercurio ha sido durante mucho tiempo motivo de alarma para la comunidad internacional.


En 2010, unas 1,960 toneladas métricas del metal fueron emitidas a nivel global, de acuerdo a Mercury Watch. Según la organización no gubernamental, las emisiones latinoamericanas superaron las 526 toneladas ese año, casi la cuarta parte del total mundial.


El mercurio, el único metal que es líquido a temperatura ambiente, es una neurotoxina altamente potente. Una vez liberadas a la atmósfera, las emisiones tienden a dispersarse rápidamente por todo el mundo, viajando largas distancias y causando problemas de salud generalizados así como daños en los ecosistemas a donde llega. Lo que es peor, este metal no es degradable sino que se acumula en la cadena alimentaria, ya que es absorbido por la flora y la fauna.


"Es importante entender que el mercurio es un contaminante mundial por su capacidad de propagarse a grandes distancias. Esa es la razón por la que se puede encontrar mercurio en todas partes, incluso en las regiones más remotas del Ártico", explica Ibrahima Sow, experto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).


En respuesta, 18 países latinoamericanos, conjuntamente con 79 países de otras regiones, firmaron en 2013 la Convención de Minamata sobre el Mercurio, que tiene como objetivo proteger la salud de la población y el medio ambiente mundial, a través de la reducción de las emisiones causadas por los seres humanos y el vertido de mercurio y sus compuestos.


Sow agrega que la Convención de Minamata es un paso importante para reducir esta amenaza mundial, pero que "ahora tenemos que ratificarla y aplicarla. Es la única manera de reducir el uso del mercurio".


Hasta el momento solo sólo Estados Unidos ha ratificado la Convención, una situación que el FMAM está dispuesto a cambiar en su función de mecanismo financiero de la convención.


No todo lo que brilla es oro


¿Cuál puede ser una estrategia clave? Reducir las emisiones de mercurio procedentes de la industria minera de oro artesanal y de pequeña escala.
El mercurio, que históricamente ha sido una parte crucial del proceso de extracción, ha sido sustituido en la minería industrial o a gran escala. Sin embargo, este no es el caso en las explotaciones a pequeña escala, artesanales o de la minería ilegal. De hecho, en 2010, esta categoría de minas representó el 37 % de las emisiones de mercurio –por encima de las emisiones por quema de carbón-, y la mayoría de ellas se produjeron en América Latina.


Rica en yacimientos minerales, la región latinoamericana es el hogar de medio millón de minas de oro artesanales, que proveen el sustento a millones de latinoamericanos y ejemplifican los principales escollos que enfrenta la aplicación de la Convención: las actividades mineras informales; lo remoto de las minas; y las comunidades aisladas.


Por lo tanto, hace falta una acción concertada e inclusiva para garantizar una reducción global en el uso de mercurio.


"Es un proceso largo," señala Sow. "Vamos a necesitar la cooperación de los gobiernos para regular el sector y permitir a los organismos internacionales que interactúen con los mineros y les proporcionan las herramientas necesarias. No es tarea fácil, pero lo más importante es que nosotros estamos trabajando junto con agencias del FMAM y organizaciones no gubernamentales que tienen una buena trayectoria de trabajo con las comunidades involucradas".


Esta estrategia ya se puede ver a lo largo de la frontera en San Sebastián, Perú. Allí, se ha mostrado a los mineros alternativas al mercurio lo que ha permitido reducir su uso y a la vez impulsar la eficiencia del proceso de extracción.


En vista de que Perú ha firmado la Convención de Minamata, el siguiente paso ahora es compartir estas nuevas prácticas con otras comunidades mineras a pequeña escala, en ese país como en el resto de la región.

 

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Alí Rodriguez y el discurso extractivista

Alí Rodríguez es un personaje importante en la transición posneoliberal en América Latina. Fue Ministro de Economía y el responsable de PDVSA durante la era de Chávez, luego fue Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y, posteriormente, Secretario General de la Unasur. De alguna manera, representa el momento histórico y político que vive la región, de ahí que sus declaraciones den cuenta de la forma que asumen los discursos y la praxis política de los responsables de la transición posneoliberal, al menos en América del Sur.


En un documento publicado por la revista electrónica Alai ("Recursos naturales como eje dinámico de la estrategia de Unasur", 2014-03-24, www.alainet.org), Rodríguez expone punto por punto los argumentos del discurso extractivista. Esos argumentos señalan, desde una pretendida posición objetiva, que América Latina en general y Suramérica en particular, no se caracterizan por ser potencias tecnológicas ni financieras y que su mayor riqueza está en sus recursos naturales y en su gente, y que es el momento de utilizar esos recursos naturales para financiar tareas urgentes tanto del desarrollo, como el crecimiento económico, cuanto de la redistribución del ingreso, como la salud y educación.


Este discurso se sintoniza con lo que han expresado y propuesto varios líderes políticos de la región, por ejemplo, la metáfora del presidente ecuatoriano Rafael Correa de que no se podía ser como el mendigo sentado sobre un saco de oro para justificar la privatización de los territorios a las corporaciones petroleras y mineras; el texto "Geopolítica de la Amazonía" del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera para justificar el extractivismo en su país, la "Ley de Semillas" (también conocida como "Ley Monsanto") para permitir el mercado de agrotóxicos y transgénicos, por parte de Cristina Kirchner en Argentina, los argumentos del Programa de aceleración del crecimiento (PAC), del PT en Brasil, etc.


En realidad, no se trata de un discurso novedoso, de hecho, fue parte fundamental del debate económico y político que atravesó América Latina desde fines de la segunda guerra mundial y que tendría a la Comisión Económica Para América Latina, Cepal, como el principal referente teórico y político.


Los teóricos de la Cepal acuñarían la expresión de "estructuralismo" para comprender las dinámicas y las formas que había asumido la modernización y el desarrollo del capitalismo de la región. Al interior del estructuralismo latinoamericano emergerían posiciones radicales, como aquellas de la Teoría de la dependencia, mientras que la corriente de pensadores marxistas latinoamericanos criticarían al estructuralismo de la Cepal por no considerar al imperialismo y al capitalismo como las verdaderas trabas a cualquier estrategia de desarrollo.


Sería célebre la expresión de uno de ellos que en condiciones de capitalismo lo único que podría desarrollarse en América Latina era el propio subdesarrollo (Cfr. André Gunder Frank). Al interior de este debate, se consideraba casi de manera unánime que la especialización de América Latina en exportar bienes primarios, como minerales, petróleo, productos agrícolas, maderas, riqueza ictiológica, entre otros, lo único que produciría en la región sería una fuerte dependencia de los centros imperialistas de poder mundial y condenaría a la región a la pobreza.
Hasta los teóricos más alejados de cualquier posición crítica y radical creían que América Latina tenía que salir de la trampa impuesta por las injustas relaciones entre centro y periferia de especializarse en productos primarios. Se veía en la exportación de productos primarios una continuación de los mecanismos de colonización y explotación económica que pervivían desde la época colonial.


Ninguno de ellos consideraba que la renta que podía provenir de la exportación de recursos naturales podía provocar ni crecimiento económico ni redistribución del ingreso; por el contrario, consideraban que, habida cuenta de la estructura de la tenencia de la tierra y la forma que habían asumido los regímenes políticos, la renta de la exportación de productos primarios lo que haría es consolidar a las oligarquías locales y convertir al Estado-nación en un Estado oligárquico y feudal.


De ahí que casi todos ellos hayan coincidido en la necesidad de la industrialización, es decir, la creación de valor agregado a la producción pensando en términos más de mercado interno que del mercado mundial al que siempre lo consideraron, y con razón, como una amenaza. Por ello, propusieron cambios importantes en la tenencia de la tierra, como por ejemplo la reforma agraria, cambios en la política laboral como por ejemplo los incrementos de salarios mínimos y el fortalecimiento de la capacidad sindical de los trabajadores, también propusieron reformas educativas que garanticen el libre ingreso a la universidad y mayor movilidad social, reformas tributarias orientadas hacia los impuestos progresivos, políticas de integración subregional y un control estricto a la inversión extranjera directa, entre otras propuestas.


Todas esas iniciativas se perdieron con el neoliberalismo. El FMI y el Banco Mundial arrasaron con cualquier política de redistribución y de crecimiento endógeno. Impusieron la reprimarización de la economía y se aseguraron que la renta extractiva se utilice exclusivamente para el pago de la deuda externa mediante el dispositivo de las "reglas macrofiscales", amén de que impusieron una agresiva política de privatizaciones, desregulación, apertura total de las economías y flexibilización a los mercados de trabajo y de capitales.


Los pueblos de América Latina vieron perder sus derechos más importantes al tiempo que la economía se hundió y la pobreza se extendió. Cuando los movimientos sociales del continente se movilizaron contra el neoliberalismo y, finalmente, lo derrotaron, su propuesta política y económica tenía como horizonte la soberanía, la redistribución del ingreso y la recuperación de un Estado social diferenciándolo radicalmente del Estado neoliberal.


Por ello, extraña la retórica de que América Latina debería nuevamente especializarse en la exportación de bienes primarios, porque retrotrae el debate y esconde sus verdaderas intenciones. En efecto, el discurso de que la renta de los recursos naturales financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso es neoliberalismo puro y duro, edulcorado por la presencia de gobiernos "progresistas" que proponen que esas tareas sean realizadas por empresas nacionales.


En realidad, es el discurso de las transnacionales de los commodities, porque son ellas quienes manejan el mercado mundial de su distribución y su conexión con los mercados financieros de futuros, swaps, options, y derivados, independientemente que la producción o extracción de commodities lo haga una empresa nacional o transnacional.


Además, se trata de un discurso manipulador porque la renta de los recursos naturales jamás ha financiado ninguna estrategia de desarrollo y menos aún la redistribución del ingreso, y ahí consta la historia latinoamericana para demostrarlo así como el rico y profundo debate teórico del estructuralismo latinoamericano.


La propuesta de Rodríguez, inter alia, en verdad es el discurso que amplía la frontera del extractivismo tratando de conseguir el consenso necesario en la población para que piense que las rentas que podrían provenir del extractivismo podrían ayudarlos a salir de la pobreza, pero en realidad la ampliación del extractivismo producirá más pobreza, y vulnerará a los más pobres, a la vez que destruirá la naturaleza, las fuentes de agua, la biodiversidad, las culturas ancestrales, y provocará pasivos ambientales y externalidades económicas irremediables.
La expansión del extractivismo privatiza los territorios y hace de la renta extractiva una apuesta geopolítica. ¿Por qué, entonces, los gobiernos de la región apuestan al extractivismo con el falso argumento que éste financiará el crecimiento y la redistribución del ingreso? Porque este discurso encubre el hecho de que ninguno de estos gobiernos hayan realizado una reforma agraria que devuelva la tierra a los indígenas y campesinos, y no lo van a hacer porque esas tierras son, precisamente, el objeto de disputa con las transnacionales del extractivismo; tampoco ninguno de esos gobiernos ha devuelto a los trabajadores la capacidad sindical de luchar por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, todo lo contrario, en la dialéctica del capital siempre han preferido a éste bajo el argumento de que la inversión privada crea empleo y crecimiento.


Estos gobiernos tampoco han llevado adelante una política tributaria progresiva que recaude impuestos desde los grupos económicos más poderosos y sus empresas, de tal manera que los recursos de la tributación directa sean alternativos a la renta extractiva, todo lo contrario, la carga impositiva sigue sobre las espaldas de los más pobres y del conjunto de la población.


¿Alternativas a la renta extractiva? Por supuesto que las hay, pero de la misma manera que el discurso neoliberal establecía la doxa de que "no hay alternativas" (expresión de Margaret Thatcher), asimismo el discurso extractivista cierra el debate para las alternativas. La primera de ellas está a la vista y es la utilización de la política monetaria para financiar tanto al desarrollo cuanto a la redistribución del ingreso.
Pero hay un miedo a utilizar la política monetaria en beneficio de la población y esto se debe a la colonización tanto teórica como práctica que sobre la moneda han realizado el FMI y la episteme neoliberal. Se teme utilizar a la moneda por los efectos inflacionarios que pueda provocar su utilización y se otorga a los bancos privados el manejo de la política monetaria.


El ejemplo quizá más revelador sea el caso del gobierno de Evo Morales quien a fines del 2010 decidió aplicar un ajuste económico elevando los precios de la gasolina para compensar el déficit fiscal (Decreto Supremo No. 748 de diciembre del 2010), mientras tenía reservas monetarias internacionales de 9.73 mil millones de USD que correspondían a más de la quinta parte del producto interior bruto boliviano de ese mismo periodo. No solo ello, sino que posteriormente se enfrentó contra la policía de ese país que reclamaba incrementos modestos en su remuneración básica (solicitaban un salario mínimo de 2000 bolivianos que para la época representaba alrededor de 250 USD), que bien podrían haber sido financiados con una pequeña parte de lo que el gobierno boliviano tenía en reservas monetarias internacionales.


Otro caso paradigmático es el gobierno de Brasil y su política de tasas de interés y de liberalización del mercado de capitales. Los diferentes gobiernos del Partido de Trabajadores (PT), en ese sentido, se mostraron tan neoliberales y ortodoxos como sus antecesores, y respetaron el manejo de la política monetaria que hacían los bancos privados así como de las tasas de interés, consideradas entre las más altas del mundo.
Se teme también aplicar una política tributaria de redistribución que afecte a los grupos de poder y, en ese sentido, quizá el mejor ejemplo sea el caso del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Durante el periodo de su gobierno, 2007-2013, los grupos económicos ecuatorianos obtuvieron un total de ingresos por cerca de 150 mil millones de USD y pagaron apenas el 2% de impuestos directos sobre esos ingresos. De hecho, para el año 2013 ya controlaban cerca de la mitad del PIB de ese país. Una política tributaria progresiva demostraría que la destrucción de la reserva natural Yasuní, única en el mundo por su biodiversidad, era más una estrategia destinada a proteger los intereses de los grandes grupos económicos y de las corporaciones del extractivismo que una apuesta por redistribuir el ingreso y financiar al desarrollo como trataba de justificar el Presidente ecuatoriano.


No obstante, quizá la alternativa real no sea tanto el financiamiento al desarrollo y la redistribución del ingreso sino incluso la misma noción de desarrollo. Lo que los pueblos de América Latina quieren este momento no es tanto el desarrollo sino más bien salir de él. El modelo de desarrollo es más un constructo ideológico para las elites y las clases medias de la región que para los pueblos que lo sufren. Es un pretexto para apoderarse de los recursos naturales en el festín de los commodities. Para los sectores organizados y los movimientos sociales, el discurso actual no es el desarrollo sino el Buen Vivir y éste, de las declaraciones hechas por las organizaciones sociales del continente, al parecer, nada tiene que ver ni con el desarrollo ni con el crecimiento económico.

Publicado enInternacional
Sábado, 22 Marzo 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Publicado enEdición Nº200
Lunes, 24 Febrero 2014 19:44

La Drummond: una sanción insuficiente

La Drummond: una sanción insuficiente

La multa aplicada a la Drummond por las autoridades ambientales ha desatado una amplia polémica en uno de cuyos extremos se ubican quienes ven, en la que sin duda es la más cuantiosa sanción pecuniaria aplicada en el país por un daño ambiental, un cambio de actitud del Estado frente a los estragos causados por los desmanes de la empresa que, de manera más cínica y despectiva de los derechos humanos y el ambiente ejerce su actividad en Colombia.

 

La Drummond sería la "oveja negra" pues otras empresas sí realizarían su actividad de manera responsable1 y el Gobierno habría iniciado un viraje hacia el cumplimiento de la Ley. El asunto es realmente mucho más complicado y lo que aparece como una actuación drástica de la Ministra Sarmiento y la Directora de la Anla no necesariamente hará carrera, al tiempo que se ocultan riesgos consustanciales a la actividad minera y debilidades estructurales del Estado Colombiano. Así, analistas como Guillermo Rudas2 y Salomón Kalmanovitz son mucho menos optimistas sobre el supuesto viraje y piden decisiones más radicales ante los atropellos de la empresa norteamericana.

 

Las tropelías de la Drummond

 

Hay que señalar en primer lugar que por la forma de actuar y las reiteradas tropelías de la Drummond es relativamente fácil justificar una sanción como la impuesta. Algunos de sus antecedentes son los siguientes:

 

Cuarenta y tres personas murieron entre 2006 y 2009, atropelladas por el tren que conduce el carbón extraído de la concesión de "La Loma", en el departamento del Cesar, hasta el puerto ubicado en las inmediaciones de Ciénaga.

 

Mediante Tutela T-154 de 2013, la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos de un ciudadano residente en inmediaciones de la mina en el Departamento del Cesar, cuya familia estaba siendo gravemente afectada por las emisiones de polvo de carbón y el ruido y conminó a la transnacional para que en el plazo de tres meses instalara maquinaria y equipos de última generación a fin de aminorar los impactos. Este es solo un caso entre los múltiples de afectación a la población, atormentada por el ruido y las enfermedades respiratorias.


Las relaciones de la Drummond con Sintramienergética son tensas lo que llevó a esta última a realizar una huelga de 53 días el año pasado. La intransigencia de la empresa ameritó un fuerte pronunciamiento del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien además de exigirle el diálogo con los trabajadores, la conminó a rechazar las amenazas del grupo paramilitar los Rastrojos contra miembros de la organización sindical. Por otra parte, tres sindicalistas fueron asesinados en el 2004, sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer totalmente los hechos pero se encuentra condenado por los mismos el administrador de las cafeterías de la empresa.

 

El contrato con la Drummond es particularmente leonino. Las regalías no se pagan por la cantidad de carbón extraído, a "boca de mina", sino por la cantidad embarcada, la cual es menor por las pérdidas que ocurren durante la operación de transporte y cargue. Los costos presuntivos son determinados por la empresa; el costo del transporte lo asume el Estado colombiano a precios que la Contraloría General de la República ha encontrado excesivamente costosos y que son fijados unilateralmente por Drummond; las regalías se pagan en amplios plazos que no rigen para otras caboneras, estos entre otros privilegios que le han sido otorgados.

 

No obstante lo anterior, la empresa ha presentado más de 30 demandas contra el país y logró que la Cámara de Comercio Internacional de Paris condenara a Colombia a pagarle 60.000 millones de pesos por incumplimientos de Ferrovías, los cuales fueron cancelados el 28 de Diciembre de 2012, unos quince días antes del derrame de carbón que destapó su larga cadena de abusos3. La cifra es casi diez veces mayor que la multa que ahora se le impone!!!

 

Puedo pagar, luego contamino

 

La aplicación de la multa no implica la reparación del daño causado que incluye restaurar las condiciones del medio ambiente afectado, en este caso los "fondos blandos" de enorme importancia en la dinámica de la fauna marina. En este aspecto la Resolución 1309 de 18 de Diciembre de 2013, que impuso la sanción, se limita a ordenar a la Drummond el retiro del carbón derramado siguiendo las pautas que establecerá la ANLA en los respectivos términos de referencia. Salta a la vista que debería exigirse la contratación de una entidad experta en este tipo de labores y exigir al autor del daño que cubra los costos de toda la operación, compleja y riesgosa por cierto, y no dejar el asunto a quien tanto desprecio ha demostrado por el medio ambiente.

 

En cuanto al trabajo comunitario al que también fue condenada la Drummond, no parece ser el mejor aporte para las acciones que en desarrollo del mismo se realizan en la zona, teniendo en cuenta el pésimo desempeño de la transnacional en materia ambiental.


Por otra parte la Superintendencia de Puertos le aplicó una multa de $1.540 millones por el embarque irregular de carbón en barcazas durante cinco días, lo cual según el economista Guillermo Rudas puede conllevar otra sanción de la ANLA por diez veces ese valor pero esta no se ha pronunciado4.

 

El régimen sancionatorio ambiental, actualmente establecido en la Ley 1333 de 2009, se queda corto frente a daños como el ocasionado. De hecho, el Registro Único de Infractores Ambientales, ordenado por la Ley dejó de actualizarse en el 2012 y no todas las autoridades ambientales han aportado sus datos. Llama la atención que de 2.859 sanciones registradas solo 82 se refieran a minería, teniendo en cuenta el cúmulo de conflictos que genera esta actividad.

 

Con sanciones tan exiguas frente a daños ambientales como el causado por la Drummond y en relación con las enormes ganancias que deja el negocio5, el principio "el que contamina paga" se transforma en su contrario: "puedo pagar, luego contamino".

 

¿Es posible una minería sin impacto ambiental?

 

La forma como se viene presentando el caso Drummond sugiere que habría una minería responsable, capaz de mitigar y compensar el daño ambiental, y que estamos ante la excepción, es decir ante una empresa minera particularmente dañina.

 

Lo cierto es que la minería y especialmente la que se ejerce en gran escala y a cielo abierto conlleva daños ambientales y sociales inevitables. El Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina –OCMAL– reporta 198 conflictos con 297 comunidades afectadas. Colombia con 12 conflictos reportados ocupa el sexto lugar luego de Perú, Argentina, México, Chile y Brasil, en su orden.

 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, el Geólogo Julio Fierro, coautor del documento "Implicaciones ambientales y sociales de la minería en Colombia" no deja dudas cuando afirma: "Los gremios mineros niegan que sean ciertas e inevitables la irreversibilidad o la perpetuidad de los impactos mineros en lo relacionado con la acidificación de rocas con altos contenidos de sulfuros y la consiguiente liberación al ambiente de metales pesados y de otras especies químicas tóxicas. Esta tesis contradice leyes químicas que por supuesto se cumplen en la práctica. Para aludir únicamente a revistas indexadas de las más altas calificaciones científicas, me remito a Science, en su edición de enero de 2010; a Elements, en su edición Mine Wastes de diciembre de 2011, y a Anales de la Academia de Ciencia de Nueva York de febrero de 2011, entre otros"7.

 

En cuanto a los impactos sociales tampoco dejan dudas las experiencias en diferentes partes del mundo y en particular de América Latina, donde los emprendimientos mineros han conducido a cambios abruptos en los usos del suelo, desplazamiento de comunidades, violencia y muerte, empobrecimiento, prostitución y otras secuelas. Baste mirar al Departamento del Cesar, donde opera la Drummond: el otrora emporio agrícola y ganadero ha sido reemplazado por eriales.

 

Abandonar el sendero extractivista

 

Los dos gobiernos de Uribe y el de su ex –ministro de Defensa, Juan M. Santos, apostaron por la minería en un sendero que había comenzado a abrir Pastrana, en cuyo mandato se expidió el primer Código Minero de la nueva era extractista. Esta decisión no fue consultada con el pueblo colombiano, al cual ahora se le niega el derecho a prohibir la minería aduciendo que el subsuelo es de la nación y de esta manera se pretenden desconocer las consultas populares de Piedras y Tauramena. La adecuación de la legislación a los intereses de las transnacionales mineras ha ido tan lejos que su actividad fue declarada de interés público y social, rango que ni siquiera tiene la producción de alimentos. De ahí en adelante todo se les ha facilitado. Por ello el caso de la Drummond, a pesar del cinismo que la caracteriza, no puede considerarse una excepción. Forma parte de la destrucción que deja a su paso la locomotora minera, que si no paramos nos dejará sin territorio y sin ecosistemas con base en los cuales pudiéramos construir una nueva sociedad basada en un nuevo sistema de producción ambientalmente adecuado.

 

Ahora bien, el caso de la Drummond puede servir para profundizar la oposición a la mencionada locomotora que ya comienza a ser averiada con la resistencia a La Colosa, la defensa de Santurbán, la oposición a la cementera en Villa de Leyva y Gachantivá, la derrota del proyecto de desviación del río Ranchería, en la Guajira, o la alerta contra la explotación de carbón y gas en Tinjacá.

 

Siendo los desmanes de la Drummond tan rampantes la sanción debería haber sido la cancelación de la licencia ambiental y el cierre de sus actividades. Esto todavía podría hacerse si se avanza en la investigación sobre los daños causados. De revertir al Estado la concesión podría iniciarse una transición hacia el abandono del modelo extractivista, constituyendo una empresa pública colombiana que continuara sacando el carbón en forma segura, y limitada8. Las ganancias de tal actividad se podrían dedicar a la recuperación de la vocación agrícola y pecuaria del Departamento del Cesar y en general de la región costera al oriente del río Magdalena, con nuevos sistemas productivos agroecológicos y la redistribución democrática de la tierra. En un segundo momento se abandonaría para siempre la minería del carbón aún antes del agotamiento de los yacimientos. Para ello necesitaríamos una transformación política profunda y, desde luego, un cambio en la orientación del modelo económico, pues hoy en día los ingresos del Estado colombiano dependen en una cuarta parte de la gran minería y la explotación de hidrocarburos.

 

Finalmente el caso pone de presente una vez más la urgencia de llevar adelante la Iniciativa de Moratoria Minera uno de cuyos doce puntos pide precisamente que: "Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana"9.

 

* Miembro de Unión Libre Ambiental.


1 Véase al respecto el artículo de María Elvira Samper, "Drummond, la oveja negra", en El Espectador, 11-01-2014
2 Véase "Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia" en www.razonpublica.com, 20 de Enero de 2014.
3 Véase, "Drummond: un desastre ambiental, económico y social" por Alvaro Pardo en www.razonpublica.com, 18 de Febrero de 2013.
4 Véase, "Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia", por Guillermo Rudas en www.razonpublica.com, 20-01-2014.
5 Las exportaciones diarias de la Drummond tienen un valor de once mil millones de pesos.
6 Este documento forma parte del libro de la Contraloría General de la República denominado: "Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista", Bogotá, 2013.
7 Véase, "Megaminería y daños ambientales: deuda a perpetuidad" en www.razonpublica.com, 7 de Julio de 2013.
8 La reversión de la concesión, que vence en 2019 y la constitución de una empresa mixta es propuesta por Salomón Kalmanovitz en el artículo antes citada. Guillermo Rudas propone una empresa pública.
9 Ver www.moratoriaminera.org

Publicado enEdición N°199

El 28 de julio de 2013 en la localidad de Piedras en el Tolima, Colombia, los vecinos acudieron a votar en contra de un gran proyecto minero de Anglo Gold Ashanti llamado La Colosa, porque la empresa planea verter los relaves en ríos de ese lugar. Cerca de allí, en Coello, el novelista Alvaro Mutis pasó parte de su añorada paradisiaca infancia. Los vecinos votaron. Podían votar 5 mil 105, hubo 3 mil siete votantes de los cuales 2 mil 971 votaron contra la minería y solamente 24 a favor. Los organizadores insisten que, según la ley colombiana 134 de 1994, la decisión local debería ser de cumplimiento obligado por el gobierno nacional.

 

Piedras se añade así al registro de localidades latinoamericanas que desde Tambogrande en Perú y Esquel en Argentina hace ya más de 10 años, han ejercido la democracia local para oponerse a proyectos mineros. En Guatemala es donde ha habido más consultas (bajo el convenio 169 de la OIT que protege en teoría a pueblos indígenas) y sigue Perú. No es fácil organizar una votación ordenada en amplios territorios rurales con población dispersa frente a las reticencias del gobierno nacional. Eso requiere colaboración municipal.


La coyuntura política en Colombia con el esperado descenso de la violencia y las conversaciones de paz en La Habana, dan nuevos ánimos a quienes quieren ejercer la democracia local sin ser de inmediato objeto de represalias mortales. Hace pocas semanas se ha producido otra consulta. Al nororiente de Bogotá, el 15 de diciembre se realizó en Tauramena, Casanare una consulta popular contra el desarrollo petrolero en la parte alta del municipio. El 96 por ciento de los 4 mil 610 votantes dijo NO a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?
El resultado de la consulta (dejemos el petróleo y el gas en tierra) pone en entredicho la exploración sísmica que promueve la empresa nacional Ecopetrol en el Casanare y un sector de Boyacá. Este proyecto afectaría 798 manantiales. La consulta ha provocado un intenso debate aunque el gobierno nacional intenta desconocer su legitimidad. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol ha dicho que a pesar de que este proyecto es estratégico para las metas de producción petrolera del país, la empresa no va a pasar sobre la voluntad de la gente.


La ONG CENSAT Agua Viva publicó un video donde aparecen vecinos contentos y ministros enojados. (www.youtube.com/watch?v=Y4323_sy5L8&feature=share&list=UU1VeLWlnOhehWSq2QGUgjlw).


Las autoridades municipales piden que se respete la decisión autónoma de los habitantes del municipio de Tauramena pues la legislación nacional indica que la decisión tomada por el pueblo en consulta popular, será obligatoria (artículo 55 de la Ley 134 de 1994). Tauramena no exige que la empresa genere mayor inversión social sino respeto por la soberanía de los pueblos para determinar y ordenar autónomamente sus territorios.
Amenazan las consultas populares. Pero también los acuerdos municipales. Por tanto tras la firma de acuerdos municipales antimineros en tres municipios del sudoeste de Antioquia, se dio el decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 reglamentando el artículo 37 del Código de Minería por parte del Ministerio de Minas y Energía, estableciendo que ninguna autoridad local o regional tiene competencia para excluir la actividad minera, ningún esquema de ordenamiento territorial municipal o distrital puede regularla. La decisión de establecer zonas excluidas y restringidas para la minería compete exclusivamente a las autoridades minera y ambiental. Normas parecidas se han dado en otros países latinoamericanos.


Es decir, ni se facilita o reconoce las consultas populares ni se permite a las autoridades municipales electas oponerse a las industrias extractivas.
Algunos jueces de la Corte Constitucional que en febrero 2014 está por emitir un fallo al respecto, han dicho que los concejos municipales no sólo tienen el deber de velar para que los habitantes gocen de un ambiente sano y se les garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de ordenamiento territorial como mejor les parezca. No cabe anular la posibilidad de reglamentación que los municipios tienen para determinar los usos del suelo dentro de su territorio. Los concejos municipales son competentes debido a los grandes impactos ambientales que las actividades mineras tienen sobre el modelo local de desarrollo económico, las fuentes de agua disponibles y la vida cotidiana de los pobladores. Coloquialmente se dice en Colombia que es posible que la Corte Constitucional le dé un tatequieto a la minería.


*ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

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