MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

El legado del progresismo al pensamiento crítico latinoamericano

Después de aproximadamente una década del experimento político puesto en marcha por los llamados gobiernos progresistas en América Latina, se puede afirmar que éste ha dejado una gran enseñanza para el pensamiento críticodel subcontinente: Nunca más repetir lo andado, dar vuelta y caminar para el otro lado, desde otro lado. En base a esta enseñanza histórica, el pueblo latinoamericana tiene la urgencia de asumir como verdad política y ética dos cosas:

 

1. Abandonar definitivamente la promesa del desarrollo y el crecimiento económico, inherentes al paradigma del progreso y a la lógica de la economía capitalista.

 

Atrapados en el paradigma del Progreso, los gobiernos progresistas[1] de la América latina han impulsado, una vez más de las tantas veces a lo largo de nuestra historia, las viejas promesas del desarrollo y el crecimiento económico capitalista. La promesa de salir del subdesarrollo en base a la industrialización se presenta una vez más como la gran promesa que nos conducirá a los niveles de vida del mundo desarrollado. Y nuevamente la fórmula mágica del cambio de matriz productiva es profundizar y extender el extractivismo para salir de la economía primario exportadora, basada principalmente en el extractivismo. Este aparente absurdo a nivel del lenguaje expresa la contradicción de la economía capitalista, especialmente visible en las zonas del llamado tercer mundodebido a la relación asimétrica entre el centro y la periferia provocada por el intercambio desigual que articula el mercado mundial. Simplificando el argumento por motivos del espacio de la exposición, la idea es la siguiente: necesitamos capital para iniciar el cambio de matriz productiva basada en la sustitución de importaciones o industrialización.

 

El problema es que el histórico saqueo que han sufrido nuestros países, tanto por el capitalismo central como de los grupos de poder económico local articulado al primero, ha impedido la formación de capital nacional para iniciar el proceso de industrialización. En estas condiciones la intención de iniciar un proceso de industrialización implica conseguir el capital explotando y vendiendo materias primas, es decir más extractivismo. En todas las intentonas desarrollistas, los gobiernos progresistas de las distintas épocas han vendido los bienes naturales de nuestros países a nombre de la industrialización, hoy del llamado cambio de matriz productiva. El costo que ha significado para nuestros pueblos cada uno de estos intentos modernizadores, ha sido destrucción social, ambiental y más pobreza, pura hojarasca diría Márquez. Esta larga historia de destrucción me hace pensar que hoy no va a ser distinto, que la necedad de los progresistas nos va a pasar, quizá, la mayor factura de nuestra historia.

 

A nombre del progreso y la modernización, tanto en el occidente capitalista como en el capitalismo de Estado del Socialismo Real, el ser humano se ha autoflagelado. Los peores crímenes contra a humanidad, genocidios, etnocidio,comunicidios y ecocidiosse han perpetrado a nombre del desarrollo. Esta historia, ya vieja, comenzó con el despojo social y ambiental de la acumulación originaria de capital perpetrado en nuestro continente, saqueo colonial que destruyómuchas culturas y grandes civilizaciones donde murieron millones de seres humanos, sacrificados en nombre de la civilización y el progreso. La Europa campesina vivió la misma destrucción social y ambiental con el mismo argumento del desarrollo industrial y el crecimiento económico. Millones de seres humanos murieron en el proceso de la revolución industrial, la misma que destruyo gran parte del ecosistema y los tejidos sociales agrarios bajo la hegemonía inglesa. En el siglo XX el crecimiento y desarrollo de Norteamérica como potencia mundial ha significado la destrucción ambiental y social de gran parte del territorio del planeta donde la potencia imperial ha intervenido empresarial y militarmente hasta el día de hoy. El fascismo nazi estuvo muy vinculado al impulso del desarrollo industrial de Alemania,y es conocido el holocausto que provocó. El desarrollo industrial en la Unión Soviética generó destrucción cultural y natural; y lo que no logró la revolución cultural de Mao en China lo está logrando hoy el desarrollo acelerado del capitalismo: convertir al país oriental en la primera potencia industrial a costo de la destrucción social y ambiental de la China actual. Esta ha sido la historia del desarrollo moderno, el costo del bienestar capitalista, para ciertos sectores privilegiados de la población mundial, ha significado la miseria social y ambiental para la mayoría de habitantes del planeta. Un último informe de Oxfam sostiene que "La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante." (Oxfam 2014)

 

Con el nuevo milenio los gobiernos progresistas de América latina retoman una vez más el sueño del progreso y el crecimiento económico vía desarrollo industrial. La modernización capitalista necesaria para hacer el sueño realidad ha implicado en esta última década: Laradicalidad de la actitud instrumental: el asesinato (léase culturicidio, etnocidio, ecocidio, comunicidio)[2]como parte del despiadado intento de alcanzar un objetivo, la reducción de las personas a medios disponibles (Zizek; 2011: 194), y, obviamente,la reducción de la naturaleza a recurso disponible."Esta es la sorprendente lección de las últimas décadas, la lección de la tercera vía socialdemócrata occidental europea, pero también de los comunistas chinos que están al frente del que probablemente es sea el desarrollo más explosivo del capitalismo en toda la historia de la humanidad: nosotros podemos hacerlo mejor." (Zizek; 2011:196)

 

El cumplimiento de la vieja promesa capitalista plantea un intercambio, ahora encubierto en el discurso de la ecoeficiencia, ciertos sectores dela población alcanzan niveles de vida del mundo desarrollado a cambio de destruir el medio ambiente y muchas formas sociales acogidas en él. Se reactualiza así el colonial intercambio desigual debaratijas por la vida que empezó con la Conquista. A este intercambio desigual se suma un nuevo intercambio desigual que supone una especie de condicionamiento "novedoso" implementado por los gobiernos progresistas: se ofrece crecimiento económico, desarrollo industrial, bienestar capitalista a cambio o con la condición de debilitar o suprimir muchos de los derechos y libertades humanas,como el derecho a protestar, a pensar distinto, a imaginar otro mundo más allá del progreso de la modernidad capitalista. Esta "novedad" en el ejercicio del poder escopiada del ejemplo de la China en su era industrial. Bien lo dice Zizek:

 

...China es en la actualidad el Estado capitalista ideal: el capital es libre y el Estado se encarga de "trabajo sucio" de controlar a los obreros. Por tanto, China, en cuanto superpotencia en ascenso del siglo XXI, parece materializar un nuevo tipo de capitalismo: indiferencia ante las consecuencias ecológicas, desprecio por los derechos de los trabajadores, todo ello subordinado al impulso de desarrollarse y convertirse en la nueva fuerza mundial. (Zizek; 2011:197)

 

Como testigos presentes del ensayo del progresismo en América latina podemos dar testimonio de la política represiva que se ha implementado en esta última década. La criminalización de la protesta social, la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de dirigentes sociales, de intelectuales disidentes, de activista ambientales, de estudiantes críticos, de periodistas que investigan y denuncia la corrupción, así como la censura de la opinión y la expresión crítica, el control de la organización social autónoma, la censura a los medios de comunicación, etc., son prácticas del nuevo patrón de poder implementado por los progresismos. Esta forma de control político de la sociedad se justifica a nombre del progreso y el desarrollo, a nombre de un crecimiento económico que según dicen ha logrado combatir la pobreza vía bonos de la miseria. Un crecimiento económico medido, curiosamente, con los mismos parámetro y fetiches, como el PIB[3], utilizados por los organismo de administración del capital (FMI, Banco Mundial, BID). Se dice a la población que todo esto es necesario para alcanzar el progreso, pero no se dice cuales son las consecuencias sociales y ambientales del mismo, y a quienes quieren denunciar el coste del desarrollo simplemente se los silencia. Tampoco se dice que incluso si conquistaríamos los niveles de vida del mundo desarrollado habremos construido un mundo materialmente rico y espiritualy ecológicamente miserable. Basta mirar hacia el centro del desarrollo EEUU, Europa, China y observar lo que en las sociedades "soñadas"de la hiperproducción y el hiperconsumoacontece.


Una vez más, con los progresismos, América latina ha caído en la trampa del progreso y desarrollo capitalistas.Las consecuencias de esta necedad, como ya podemos observarlas y vivirlas esla destrucción ambiental y social. Ante esta constatación, que implica una toma de conciencia social y ecológica, la única posibilidad que le queda el pensamiento crítico de emancipación es decir NO a la promesa capitalista. "Ya es hora de deshacernos de la obsesión de la velocidad y de partir a la reconquista del tiempo, y por lo tanto, de nuestras vidas.". (Latouch; 2009:166)

 

2. Imaginar nuevos sueños, nuevos deseos y sobre todo nuevas formas de desear y soñar el mundo por venir.

 

Es sintomático que pensadores de origen europeo, es decir pensadores testigos del bienestar y el progreso del mundo desarrollado, como el economista francés SergeLatouche, entre otros, "...reclaman la liberación de la sociedad occidental de la dimensión universal de la economía, criticando, entre otras cosas, el concepto de desarrollo y las nociones de racionalidad y eficiencia económica." Si desde el centro del desarrollo capitalista surge la crítica a su promesa, por haber conducido al planeta y a la humanidad al borde de su colapso, no se comprende la necedad del progresismo Latinoamericano. Sorprende que los gobiernos autodenominados de izquierda no sean capaces de detenerse en su obsesión desarrollista y oír las intuiciones y los saberes colectivos que hablan desde la comunidades rurales. Sorprende más la capacidad de estos gobiernos de haber reducido el Buen Vivir a vehículo de las viejas promesas capitalistas.

 

El pensamiento crítico y emancipador de América latina debe ser ciertamente radical, aún más hoy que debe enfrentar otra vez las ilusiones de la modernidad,tan radical que detenga el frenesí desarrollista y vuelva su mirada a aquellos ensayos vitales que han sobrevivido al desastre modernizador. Volver la mirada a aquellas formas de vida social no sub-desarrolladas, sino fuera del desarrollo, a las comunidades agrarias que siembran y se dedicaban a escuchar como crecen los cultivos, pues una vez sembrados, apenas queda ya más por hacer. A esos territorios fuera del tiempo donde la gente es feliz, todo lo feliz que puede ser un pueblo. (Cfr. Latouch; 2009:159) A esavida feliz que es propia de las comunidades del buen vivir colectivo, a esas comunidades que saben mantener un sano equilibrio con el medio ambiente y que lamentablemente están siendo paulatinamente destruidas por el subdesarrollo y sometidas a la miseria a nombre del desarrollo. Es ese tiempo otro por fuera del tiempo de la historia moderna el que debe nutrir el pensamiento crítico y emancipador de la América latina, ese tiempo que es despreciado por los progresismo cada vez que persiguen a las comunidades agrarias que resiste y se oponen a su programa desarrollista, sean las del TIPNIS en Bolivia o las de la Amazonía en Ecuador Venezuela y Brasil.

 

Es ese tiempo fuera del tiempo donde es posible imaginar otro modo de vivir, otro modo de ser y estar en un mundo otro. Es este tiempo fuera del tiempo, no intoxicado por la ilusiones del desarrollo y el progreso, el marco, el espacio vacío, donde la imaginación humana puede imaginarse distinta. Es desde ese hilo de tiempo proscrito por el desarrollo capitalista donde es posible pensarse, sentirse más allá de la producción y el consumo mercantil, más allá del bienestar ligado a la riqueza económica. Desde ese más allá quizás estaremos a salvo de la tentación de restaurar el viejo orden y abrirnos a la incertidumbre que genera el ejercicio de nuestra libertad de crear otra forma de existir, por fuera del marco capitalista y sus promesas. Esto, necesariamente, exige una transformación tan radical como radical es desaprender las percepciones, pensamientos, valores y prácticas aprendidas y convertidas en certezas y verdades universales, como aquello de que la felicidad depende del crecimiento económico y tecnológico. Es decir, desaprender lo aprendido en la colonización y neocolonización occidental, comprender que la civilización y la historia del progreso y el desarrollo son una más entre muchas y de ninguna manera el destino de la humanidad. La descolonización de la conciencia hace posible la distancia crítica necesaria para relativizar y negar los mitos occidentales que fundamentan la pretensión de control racional de la naturaleza y la fe en el progreso, el desarrollo y el crecimiento.(Cfr. Latouch; 2009:162).


El crecimiento no es sinoel apelativo vulgar de lo que Marx analizó como acumulación ilimitada de capital, fuente de todas las contradicciones e injusticia del capitalismo. Puesto que el crecimiento y el desarrollo son respectivamente crecimiento de la acumulación de capital y desarrollo del capitalismo, por lo tanto explotación de la fuerza de trabajo y destrucción ilimitada de la naturaleza. El decrecimiento no puede ser sino un decrecimiento de la acumulación, del capitalismo de la explotación y de la depredación. No se trata tanto de relentizar la acumulación como de cuestionar el concepto mismo para invertir el proceso destructor. (Latouch; 2009:168).

 

El pensamiento crítico y emancipador de la América latina tiene el desafío de imaginar nuevos sueños nuevos deseos, pero sobre todo nuevas maneras de soñar y desear, sobre todo esto último. No basta negar los contenidos del viejo orden, hay que negar sus formas y su forma no es otra que la forma-mercancía. Negada la forma mercancía, se niega el progreso como ideología que la fundamenta y se niega el desarrollo y el crecimiento económico como las prácticas que la reproducen. Esto implica una transformación epistemológica, es decir una transformación de las percepciones y nociones básicas con las cuales el ser humano moderno se mira y se comprende. Esto hace referencia a una transformación cultural de dimensiones radicales. Se puede afirmar con Zizek, entonces, que "...el problema de los intentos revolucionarios habidos hasta ahora no es que hayan sido 'demasiado radicales', sino que no lo han sido bastante, que no han cuestionado sus propios presupuestos."Uno de los cuales es aquel de considerar que la emancipación humana se asienta en la misma racionalidad económica y tecnológica del capitalismo. (Zizek; 2011:202)

 

A lo que el pensamiento crítico se enfrenta no es la construcción de una nueva sociedad, sino a la invención de una nueva vida, lo que implica la reconstrucción o mejor dicho la invención del deseo, no la realización del deseo capitalista. Ese es el gran reto, esa es la urgencia de la tarea. No basta cambiar la realidad para realizar los sueños de la sociedad moderna, hay que cambiar lo sueños. (Cfr. Zizek; 2011:203) Para enfrentar este desafío es necesario ser disidentes ideológicos, disidentes epistemológicos, así como ser disidentes prácticos, lo que supone ir inventando la otra vida aquí y ahora, desde los tejidos más delicados de la vida cotidiana. En ese andar nos iremos inventado como humanos otros, distintos, humanos de otros mundos; en ese andar por fuera del tiempo, tiempo de nuestros ancestros, que no están en el pasado sino en el futuro o que por estar en el pasado están en los mundos por-venir. Los mundos y las vidas por-venir al igual que los mundos y las vidas proscritas de nuestros ancestros son la fuente que fecunda el pensamiento crítico de América latina, la América Latina que dice NO más promesa capitalista.

 

Recuperar una relación sana con el tiempo consiste sencillamente en volver a aprender a vivir en el mundo. Conduce, por lo tanto, a liberarse de la adicción al trabajo para volver a disfrutar la lentitud, redescubrir los sabores vitales relacionados con la tierra, la proximidad y el prójimo. No se trata tanto de regresar a un pasado mítico perdido como de inventar una tradición renovada.
SergeLatouch

 

Referencias Bibliográficas


Di Donato, Mónica, Decrecimiento o Barbarie, entrevista a SergeLatouche, Revista Papeles No 107, 2009
http://www.usc.es/entransicion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-Latouche.pdf
Oxfam, Gobernar para las Elites, secuestro Democrático y desigualdad económica, 2014
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf
Zizek, Slavoj, En defensa de las causas perdidas, Ed. Akal, España, 2011

[1] Es curioso, para esta reflexión, el adjetivo progresistas que se ha dado a los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI. Hay que poner atención en la semántica del término)
[2] El contenido del paréntesis es de este texto y no del autor citado.
[3] Referencia de SergeLatouche

 

Publicado por lalineadefuego el enero 29, 2014 ·

Publicado enInternacional
Viernes, 24 Enero 2014 16:07

Moratoria minera, un medio no un fin

Actividad recolección de firmas

Múltiples son los aprendizajes durante los ocho (8) meses de la experiencia de recolección de firmas a favor de una Moratoria Minera (MM). Uno de ellos, la urgencia de mecanismos y espacios de debate, donde los distintos sectores sociales, la ciudadanía y las regiones incidan en las políticas públicas y en las decisiones estatales sobre nuestros territorios.

 

Esto porque la gente no encuentra eco estatal al clamor regional sobre la inconveniencia de la política extractivista del gobierno nacional. Por ello, cuando se topa con esta iniciativa, que se constituye en un instrumento mediante el cual puede hacerse partícipe de una manifestación colectiva de profundo cuestionamiento a la minería, convertida en uno de los pilotes del modelo de desarrollo del país, siente encontrar un canal para hacerse sentir.

 

Cada jornada de firmas en la calle suscita la discusión activa de diversidad de comunidades. Allí, de manera fresca y dialógica, exponen casos concretos de arbitrariedad de las empresas mineras la ausencia de regulación gubernamental, los impactos sentidos por las comunidades en sus territorios, la vista gorda de las autoridades ambientales; la campaña, permite así que fluya el dinamismo de los procesos sociales en clara resistencia a la minería. De ello, dan cuenta la Vereda Río Frío en Tabio, frente a la explotación de gravilla por Albania SA; Las peñas en Tinjacá y la región del Alto Ricaurte incluyendo Sutamarchan, Santa Sofía y Villa de Leyva frente a la exploración de carbón; la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá ante la explotación de canteras que atentan contra la salud de la población, el río Tunjuelo y el ecosistema subxerofítico; las poblaciones Wayú en la Guajira contra el desastre de la explotación carbonífera, la consulta triunfadora en Piedras –Tolima– defendiendo su agricultura frente a la intención de tratamiento de lixiviados de la Anglo Gold Ashanti; pero también en pueblos de Caldas, la Costa Atlántica, Santander entre las innumerables regiones, que evidencian sus problemáticas y se suman a la iniciativa de exigencia de MM.

 

Esta aproximación a casos concretos, a las vivencias negativas de las poblaciones que habitaban lugares de actual explotación minera, y las acciones locales emprendidas por colectivos ambientales o poblaciones campesinas, indígenas y negras, nos muestra las múltiples formas de expresión social en defensa de nuestros territorios, que claman por ponerle freno a la locomotora minera apelando a formas novedosas de resistencia, además e aquellas que otorga la legislación.

 

La iniciativa de MM es una dinámica viva y en construcción. En los diversos espacios visitados la gente presenta interrogantes de qué hacer, cómo frenar la locomotora minera y se solicita apoyo a las formas de lucha regional o local; estos interrogantes y dinámicas sociales denotan la urgencia de grupos, poblaciones y también de la ciudadanía a nivel individual por pronunciarse y jugar un papel transformador en su territorio, por eso se identifica con los argumentos expuestos en la MM. Los doce puntos expuestos como condición antes del otorgamiento de un título minero, connotan un debate de fondo sobre la inconveniencia de la minería para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la calidad de vida, lo que significa transitar hacia la construcción de un modelo NO extractivista.

 

Los resultados alcanzados hasta el momento por las organizaciones promotoras son ilustrativos de la urgencia de la Moratoria, que no es otra cosa que un instrumento transitorio para tomar una decisión definitiva sobre la minería en Colombia.

 

En este lapso debe estudiarse a profundidad los temas económico, ambiental, cultural y alimentario sobre los cuales han llamado la atención Rudas, Rodríguez, Fierro y Garay, entre otros, para tener soportes de peso para una convocatoria nacional hacia la definición de una política ambiental y agroalimentaria que no puede plantearse como una disyuntiva entre conservación y desarrollo, dicotomía falsa que solo maquilla el interés por privilegiar al sector privado nacional y multinacional a la hora de hacer uso de nuestros bienes nacionales: recursos minerales, energéticos, suelo, biodiversidad y agua.

 

Minería, desarraigo territorial, riesgo ambiental y alimentario

 

"El día se anunció con alba pálida y melancólica; amanecer de angustia y de duelo, porque esa jornada iba a ser como corolario de la noche. En lo que fue vivienda de Orrego humeaban aún los escombros. El molino Las Vueltas era completa ruina: un enorme raigón, o la monstruosa herida que queda donde descuajaron a fondo el tronco de un árbol (...)

 

Pasadas las ocho, Florencio Botero iba y venía a largos pasos por el salón, sin lograr sobreponerse por entero a su nerviosidad creciente. Intuía que no estaba lejos el momento en que se definiría su destino. Afuera, en el patinejo, la mula ensillada se impacientaba, extrañando acaso la demora de su dueño al salir. El reloj cucú de la pared daba las nueve cuando un ruido fuerte de pisadas anunció la proximidad de muchas personas. Andar sonoro, acompasado, de esos que dan la impresión de ir derecho e irrevocablemente al objetivo. A poco, golpes enérgicos dados con algo metálico hicieron temblar la puerta de entrada.

 

Un oficial joven, a la cabeza de un pelotón, interpeló con arrogancia.
¿Es esta la vivienda del señor Florencio Botero?

 

- Esta es la vivienda, y yo soy Florencio Botero –respondió este con calma, mirando a su interlocutor.
El oficial se desconcertó al principio; pero, reaccionando en seguida, añadió:

 

Vengo en cumplimiento de órdenes superiores. El general Mandíbula me envía a ocupar esta casa.

 

El general supone, sin duda, que está deshabitada –replicó Florencio con la voz un poco alterada.

 

No sé, lo ignoro. Me limito a cumplir la orden. Deshabitada o no, debo tomar posesión de ella en el acto.

 

¿Y cómo piensa usted obrar? Le advierto que hay aquí una señora y una niña. Tal vez lo mejor sería aplazar esta diligencia, mientras hablo con el general. La ocupación inmediata es materialmente imposible.

 

Es inútil. El general Mandíbulas no admite reclamos [...]

 

Han transcurrido varios años. Marmato, el renombrado centro minero, se agita día y noche, sin descansar jamás [...]"1.

 

Esta narración, que podría parecer del siglo XXI, no lo es, pertenece a la narrativa de los años 30 del siglo pasado. Desde ese entonces se desplazaron mineros tradicionales locales por grandes emporios, que socavaron la riqueza del pueblo, aún en las bases del subsuelo que soportaban su trama urbana, poniéndolo hoy en riesgo.

 

Es claro que los conflictos ocasionados por la minería se remontan a la colonia y perdurado hasta nuestros días; su expansión ha ocurrido sobre el despojo, por compra legal o presión, para el caso tiene el mismo efecto, el desplazamiento involuntario de población y con él, el desarraigo territorial y la desmembración de comunidades que otrora construyeron territorialidad aupada por el tesón del trabajo, la solidaridad y el tejido social, otorgando significado a sus lugares de habitabilidad y vida social. Grandes cráteres es lo que se erige sobre tales suelos, desproveídos de suelo, vegetación, agua, para configurar una geografía de cráteres en las cordilleras y valles de Colombia.

 

Los riesgos ambientales y alimentarios han sido advertidos de manera recurrente, uno de sus mayores exponentes ha sido el exministro de ambiente Manuel Rodríguez, citando los datos reportados por el Juan Camilo Restrepo, a su vez exministro de agricultura, en relación a que el 53% de las áreas de producción agropecuaria coinciden con títulos mineros2, indicativo de las prioridades gubernamentales. Un dato alarmante sobre el riesgo de nuestra futura soberanía alimentaria, si a ello se suman la concentración de tierra en grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva y monocultivos con la expectativa de producción para biocombustible.

 

Por otra parte, la superposición de títulos mineros con áreas protegidas (37 en parques naturales, 47 en humedales, 416 en páramos y 71 en áreas forestales protectores), otorgados en la última década3, evidencia la disputa por territorios donde existen ecosistemas estratégicos, vitales para la biodiversidad y la preservación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce y de buena calidad para el abastecimiento de asentamientos humanos y centros urbanos. El tan mentado caso por estos días, de la contaminación a las aguas y ecosistemas marinos en Santa Marta, por el inadecuado manejo del polvillo de carbón por parte de la Drummond, es solo una muestra de los riesgos ambientales que afrontamos en las distintas regiones expuestas al ciclo productivo de oro, carbón, ferroniquel, coltan, etc.

 

Ahora bien, si los argumentos desarrollistas exhibidos con tanto ahínco por el gobierno fueran ciertos, la calidad de vida debería arrojar indicadores incuestionables, pero, por el contrario, los resultados en municipios y departamentos con explotación minera refutan tal discurso, así lo reportan los índices en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador que percibieron regalías por cuenta de Cerro Matoso, con más de la mitad de sus poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas; otro tanto reportan los departamentos del Meta, Cesar y Guajira según fuentes Dane citadas por Rudas y Espitia4. El análisis económico de otros indicadores económicos, realizado por el citado Guillermo Rudas, son clara muestra del desbalance entre ingresos económicos, vía regalías, contra exenciones tributarias, donde los territorio siempre salen perdiendo, sin duda alguna.

 

Sin pretender una solución definitiva para salvaguardar los valores ambientales, culturales y agroalimentarios del país, la moratoria es un mecanismo para profundizar el debate que reclaman los territorios acerca del impacto de la explotación minero-energética en Colombia e incluso en América Latina. Es una convocatoria al gobierno nacional a escuchar y explicar cuál es el balance en términos de calidad de vida e ingresos para la economía en contraste con el lucro de las multinacionales mineras, la valoración ambiental, la capacidad de resiliencia de ecosistemas destruidos con la intervención durante los procesos de exploración, explotación y cierre y el costo social de expulsión de poblaciones de tierras productivas.

 

Este debate debe ser serio, transparente y responsable, para definir el derrotero de las políticas públicas sobre la minería en Colombia y las alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que nos merecemos. Es una necesidad ineludible y por ello la tarea de los colectivos y organizaciones que impulsamos esta iniciativa, consideramos exigible la interlocución con el gobierno para detener la locomotora minera.

 

Iniciativa en proceso

 

La invitación a los procesos sociales es seguir apoyando la iniciativa, sin descuidar otras estrategias y las dinámicas regionales propias. Hasta el momento se han recogido aproximadamente 18.000 firmas desde su lanzamiento el 1º de mayo de 20135. Para este año, como parte de la revitalización de la propuesta, se hará la convocatoria a un encuentro nacional sobre la minería en Colombia, que se llevará a cabo en marzo de este año, en el cual se espera la confluencia de diversos procesos regionales, locales y nacionales para analizar alternativas al modelo extractivista desde las organizaciones sociales y populares.

 

Si aún no ha firmado y le interesa la propuesta, puede hacerlo desde internet, en la página web www.moratoriaminera.org, o ponerse en contacto con alguna de las organizaciones convocantes.

 

¡Por la soberanía de nuestros territorios!

 

¡No al modelo de desarrollo extractivista!

 

* Antropóloga, Mg. En Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible; ambientalista de Unión Libre Ambiental, una de las organizaciones promotoras de la Moratoria Minera.
1 Sánchez Gómez, Gregorio. "La bruja de las minas". Fragmento de su novela, escrita en 1938 y reeditada por el Ministerio de Cultura en 2010 e impresa para la colección de literatura afrocolombiana. Bogotá DC.
2 Rodríguez Becerra, Manuel. Entrevista realizada por Fundación Razón Pública y Corporación Post-office Cowboys, de la serie Mineria, en: http://www.youtube.com/watch?v=vMjxtTobJq0. Consultada 10-01-2014
3 Bermúdez Liévano, Andrés en www.Lasillavacia.com "Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros" publicado el 13 de junio de 2013.
4 Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge Enrique. "La locomotora minera. ¿Motor del desarrollo regional?". En Revista Semana sostenible. Informe especial No6, dic.2013
5 En la página web: moratoriaminera.org se reportan 3933 firmas digitales y 13500 firmas impresas, sin contar los formularios que aún reposan en manos de líderes y lideresas de varias regiones.

Publicado enEdición Nº198
Cambio de imagen en Uruguay: ¿el hombre de hierro?

Ciertamente, el presidente Pepe Mujica goza de merecidas simpatías por su trayectoria histórica de tupamaro encarcelado, su sentido del humor y la modestia de su estilo de vida. Pero su gobierno se prepara a cambiar radicalmente su imagen: un Mujica megalómano minero, otro presidente latinoamericano de izquierda que está por declararse antiecologista ferviente. Le atrae la dimensión gigantesca y el dinero que vendrá de un proyecto llamado Aratirí, de extracción y exportación de hierro por 18 millones de toneladas al año, casi 6 toneladas por uruguayo, unos 15 kilos al día. Está por firmar un contrato con el señor Pramod Agarwal, un indio extranjero propietario de la empresa Zamin.
Mientras tanto, los ambientalistas piden un referendo. El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto dio el 8 de enero de 2014 una conferencia de prensa en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí (Zamin). Cuestionaron la constitucionalidad de la nueva Ley de Minería de Gran Porte.


La empresa Zamin se anuncia así: Compañía minera independiente con un portafolio de proyectos de mineral de hierro de clase mundial en Sudamérica (Brasil y Uruguay), África, Australia y Asia. Su estrategia es convertirse en un productor líder de mineral de hierro y de carbón para la industria global del acero y también de metales preciosos y energía. Los Reyes Magos de Oriente, que llegan para llevarse el mineral de hierro a precio de regalo.


La idea del gobierno es firmar un contrato de inversión antes de terminar los estudios de impacto ambiental. Además, que los permisos ambientales puedan ser troceados, primero para las minas y meses más tarde para el mineraducto. Posteriormente, para el gran puerto. Pero si el proyecto es detenido por razones ambientales o por competencias de los municipios, ¿Zamin demandará a Uruguay?


Se trataría de una inversión con 4 mil hectáreas de tajos a cielo abierto, un área de influencia directa de más de 100 mil hectáreas, un mineraducto hasta al mar de más de 200 kilómetros y un gran puerto especializado cuyo lugar ya han cambiado dos veces en los planes. No hay todavía una licencia ambiental. La inversión sería de 2 mil millones de dólares. La vida útil, de 20 años. Los pasivos ambientales, las deudas ecológicas, no están calculados.


Con desparpajo se aseguraba en Uruguay, a finales de 2013, que lejos de provocar daños, el proyecto Aratirí, con el dinero que reporte, permitirá mejorar la calidad ambiental general mediante inversiones adecuadas. El gobierno asegura que parte de los ingresos irán a un fondo intergeneracional para infraestructura y educación.


Con apoyo del gobierno, la empresa trasnacional india-anglo-suiza Zamin Ferrous inició en 2007 trabajos de prospección en el centro del país, incidiendo en dos poblados cercanos: Valentines y Cerro Chato. Los campos están habitados por familias de productores ligados a la tierra desde hace varias generaciones, en propiedades de 350 hectáreas en promedio. Son tierras de ganadería extensiva en sierras bajas arboladas. La gran explotación minera a cielo abierto implica la expulsión definitiva de las familias junto con la devastación del ecosistema original. La zona cuenta con los arroyos Valentin Grande y Las Palmas, que para ser aprovechados por la mina serán represados, pero el proyecto necesita mayores volúmenes de agua.


En 2011 el presidente Mujica analizaba la posibilidad de convocar a un referendo sobre el tema, pero no se llevó a cabo. Por el contrario, Mujica impulsó una nueva ley de minería. Los opositores dicen que esa norma incurre en inconstitucionalidad. Las noticias en enero de 2014 son contradictorias. Por un lado, hay ministros que anuncian la firma inminente del contrato. Por otro, hay la posibilidad de que se efectúe un referendo. El presidente Mujica destaca la importancia de la inversión de Aratirí, aunque reconoce (graciosamente) que hay incertidumbre sobre cómo quedarán los campos de donde se extraería el hierro. Enormes cantidades de escorias y jales o relaves.


En 2 de diciembre de 2013 se lanzó una campaña de recolección de firmas para lograr que se efectúe ese referendo o plebiscito para prohibir la minería a cielo abierto. Para ello se requiere, antes de fines de abril, unas 260 mil firmas. Quienes se oponen a Zamin desean que se prohíba la explotación de minerales metálicos a cielo abierto. Añaden: Así quedaríamos en la misma situación que Costa Rica. Mejor es prohibirla antes de signar el contrato para que después no les ocurra como a Costa Rica, ahora con los reclamos de la empresa canadiense Infinito Gold por la anulación del proyecto Crucitas.


Joan Martínez Alier ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Spain


www.ejolt.org
www.eco2bcn.es
www.ecologiapolitica.info
New book: Ecological Economics From the Ground Up, 2012
www.routledge.com/books/details/9781849713993/

Publicado enInternacional
Martes, 03 Diciembre 2013 08:03

Petróleo y gas shale: ¿espejismo en EU?

Petróleo y gas shale: ¿espejismo en EU?

Tratándose de fuentes no convencionales de petróleo, más grande no necesariamente es mejor. Algunas pequeñas petroleras independientes que entraron temprano en la revolución del petróleo y gas de esquisto o pizarra (shale) han soportado con aplomo la baja de precios del gas. En cambio, las compañías gigantes, que irrumpieron después, han salido menos bien libradas, a menudo a la zaga de firmas que tienen una fracción del valor de mercado de aquellas.


Muchas de las que llegaron al último arrebataron tierras frenéticamente durante la fiebre de compras de 2009-12. Pero muchas de esas parcelas no rindieron lo que se esperaba y ahora se ve que estaban sobrevaluadas. La llegada de las firmas gigantes ha contribuido también a otro problema: saturación de gas, exacerbada por una inadecuada estructura de gasoductos, que ha mantenido los precios spot del referente estadunidense Henry Hub por debajo de 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) desde 2011 en adelante. Las empresas se han visto obligadas también a redirigir esfuerzos hacia zonas ricas en petróleo crudo y gas natural licuado (GNL), más redituables.


Entre las firmas metidas en esta lucha está la petrolera cotizada en bolsa más grande del mundo. Exxon-Mobil adquirió XTO Energy por 41 mil mdd en 2010, con lo cual se convirtió en la mayor productora de gas natural en Estados Unidos. Sin embargo, entre precios persistentemente bajos del gas, la compañía ha transferido la perforación en pizarras a zonas abundantes en líquidos, estrategia que ha rendido pocos dividendos a una competidora, Royal Dutch Shell.


En el segundo semestre de 2013 Shell sufrió un cargo por deterioro de 2 mil 100 mdd, relacionado sobre todo con sus activos de pizarra ricos en líquidos en Norteamérica. La empresa citó conocimientos obtenidos a partir de la exploración y la evaluación de resultados, y en septiembre anunció que desincorporaría más de 50 mil hectáreas en la formación Eagle Ford, en Texas, y 300 mil en la formación Mississippi Line, en Kansas.


Otras empresas –la minera angloaustraliana BHP Billiton, la estadunidense Chesapeake Energy y la canadiense EnCana, por ejemplo– han descontado miles de millones de dólares del valor en libros de sus propiedades en gas natural. Pero la venta de terrenos de Shell es inusitada. Es muy pronto para decir si es un indicio, como sostienen algunos, de que el auge del petróleo en Estados Unidos se sobrevaloró, pero está claro que Shell pagó caro por tierras inexploradas en el apogeo de la manía de la roca pizarra.


Los pioneros comenzaron a trabajar en serio en los yacimientos tejanos a principios de la década de 2000, años antes de que Shell comprara tierras en el campo Barnett, cerca de Fort Worth, en 2006. No se mudó a la formación Eagle Ford hasta 2010, cuando Exxon adquirió XTO Energy... poco antes de que los precios del gas se desplomaran. Para ilustrar este punto, PetrohawkEnergy, una de las primeras en invertir en Eagle Ford, pagó apenas unos 350 dólares por hectárea en esa zona, pero cuando BHP Billiton adquirió Petrohawk, en 2011, los activos de ésta estaban valuados en más de 20 mil dólares por hectárea.


Las perforadoras que llegaron al final no sólo pagaron precios más altos, sino que con frecuencia parecieron comprar propiedades de menor calidad. Las formaciones de esquisto tienen puntos ricos en crudo valioso y otros condensados. En muchas zonas, las primeras en llegar ya habían absorbido esos puntos cuando las gigantes llegaron. También resistieron la baja de precios del gas mediante fondos de cobertura de riesgo.


La evidencia sugiere que estas compañías tienen ventaja en otro departamento: la innovación. Un informe reciente sobre la productividad de la perforación en roca pizarra en Estados Unidos, emitido por la Administración de Información sobre Energía (AIE), descubrió que las empresas en general requieren menos equipo que nunca para producir más petróleo y gas. Pero son las firmas pequeñas las que impulsan las mejoras en eficiencia.


Las gigantes destacan en financiar y ejecutar megaproyectos, a menudo en locaciones de difícil acceso. En campos petroleros convencionales, las empresas típicamente perforan un puñado de pozos en un yacimiento enorme, luego de lo cual, si todo sale bien, brota el petróleo. Pero operar en pizarra requiere un método muy distinto. Las empresas deben perforar un montón de pozos pequeños para liberar el petróleo y el gas atrapados en la densa roca. Además, las perforadoras que han tenido éxito adaptan los diseños de sus pozos a la roca que intentan penetrar, lo cual reduce costos y optimiza el resultado. Las compañías centralizadas, más grandes, parecen menos inclinadas a esto, aunque Shell y Exxon podrían alegar en su defensa que han tenido menos práctica.


No tan gigantes


La francesa Total, también considerada entre las gigantes, ha tenido igualmente contratiempos en sus perforaciones en roca pizarra. Pero a algunos grupos grandes les ha ido mejor, de los cuales destacan Chevron y ConocoPhillips. Cierto, en términos de crecimiento de producción en petróleo, el hidrocarburo más lucrativo, también van a la zaga de operadores ágiles como las estadunidenses EOG Resources y Chesapeake Energy. ConocoPhillips logró incrementar la producción petrolera de Estados Unidos en 12 millones de barriles durante 2012, pero el producto de Chesapeake y EOG aumentó 17 y 22 millones de barriles, respectivamente. Chevron sufrió uno de los mayores descensos de producción; Exxon y BP también tuvieron malas cifras. A juzgar por las tasas de reposición de producción, las independientes tienen mejor desempeño que sus primas mayores; Chesapeake elevó la suya en 800 por ciento y EOG mejoró en más de 500 por ciento el año pasado, según un estudio de la firma contable Ernest& Young. (Un valor superior a 100 por ciento significa que una compañía tiene más gas por extraer al final de determinado año dado de producción, que el que tenía al principio.)


Aun así, Chevron y ConocoPhillips encabezan el grupo cuando se trata de producción total de Estados Unidos. BP ocupó el tercer lugar, pero fue la única gigante que no logró reponer sus reservas. Detrás vinieron Exxon y Shell; la segunda no logró pasar la barrera de 100 millones de barriles. También quedaron detrás de Chevron, BP y ConocoPhillips en la clasificación de utilidades después de impuestos.
Reducir pérdidas


Los recursos en petróleo procedente de pizarras en Estados Unidos ofrecen uno de los mayores potenciales de crecimiento en la producción mundial de hidrocarburos. En lo referente al gas, la saturación actual aminorará cuando la infraestructura de gasoductos se ponga al parejo, en tanto EIU pronostica que los precios del Henry Hub subirán en alguna medida antes del lanzamiento de los embarques de gas estadunidenses en 2015. Sin embargo, continuarán bajos según normas históricas.


Para capitalizar sus vastos recursos en pizarras, Exxon concentra esfuerzos en los que producen petróleo crudo y otros condensados. Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá de la riqueza de las tierras de Exxon en líquidos más pesados y valiosos, lo cual es difícil juzgar sin nuevas exploraciones. Por su parte, Shell no abandona del todo sus ambiciones sobre la explotación de pizarras en Estados Unidos, pero sí planea reducir a la mitad el número de regiones de Norteamérica donde tiene operaciones costeras. La compañía probablemente haría bien en deshacerse de esos activos y enfocarse en lo que las gigantes petroleras hacen mejor: perforar en grandes yacimientos de petróleo y gas.


EconomistIntelligenceUnit
Traducción: Jorge Anaya

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Viernes, 01 Noviembre 2013 08:17

El neocolonialismo desangra Guatemala

El neocolonialismo desangra Guatemala

En la misma Casa Comunal de Totonicapán donde fueron velados los seis indígenas asesinados el 4 de octubre de 2012, cuando protestaban contra el aumento de las tarifas eléctricas y una reforma constitucional que desaparece pueblos y tierras comunales, se debería celebrar el lunes 4 de noviembre un encuentro entre comuneras y comuneros con la feminista estadunidense Silvia Federici, escritora y activista en el movimiento Occupy Wall Street.

 

Debería, porque comuneros de la familia Tzul recibieron amenazas de muerte el 26 de octubre, días antes de un acto que estaba concitando el interés de una población que viene sufriendo agresiones militares y de las grandes empresas multinacionales vinculadas a la minería y a las hidroeléctricas. La familia Tzul, y en particular las hermanas Gladys y Jovita, son perseguidas por indígenas, por mujeres y porque están contribuyendo a revitalizar el tejido comunitario en los 48 cantones de Totonicapán.

 

Gladys realiza su doctorado de sociología en Puebla, bajo la dirección de Raquel Gutiérrez. En su libro Feminismos desde Abya Yala, Francesca Gargallo sostiene que "su presencia es doblemente agente de deconstrucción porque es a la vez k'iche' y feminista" (p. 256). Como sucede en toda América Latina las mujeres están en la primera fila de las resistencias al extractivismo (desde las Madres de Ituzaingó en Argentina hasta las integrantes de Conamuri en Paraguay), y combinan creatividad, combatividad y una gran capacidad para deconstruir el modelo extractivo.

 

Los indios guatemaltecos han mostrado, en los últimos años, una creciente capacidad para resistir el modelo de robo y conquista asentado en la minería a cielo abierto y en megaobras como las represas hidroeléctricas. Más de 30 municipios declararon desde mediados de la década de 2000 su oposición a la minería. Una de las acciones más notables fue la Marcha Indígena Campesina y Popular iniciada en Cobán el 19 de marzo de 2012, que llegó nueve días después a Ciudad de Guatemala luego de recorrer a pie más de 200 kilómetros.

 

La marcha no sólo reunió miles de personas de diversas pueblos, sino que logró agrupar las principales demandas, entre ellas que terminen los desalojos, la persecución y criminalización en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsas acusaciones, las actuaciones parcializadas de jueces y fiscales, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros, comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos.

 

En octubre de 2012 los comuneros de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon cinco puntos de las carreteras que comunican la cabecera del departamento, en defensa de sus demandas. La represión militar causó seis muertos y más de treinta heridos graves. El antropólogo Kajkoj Maximo Ba Tiul sostiene que en Guatemala se desarrolla una nueva forma de contrainsurgencia impulsada por Estados Unidos y la alianza histórica oligárquico-burguesa-militar para la destrucción de los bienes de la naturaleza en territorios indígenas (Cetri, 11 de diciembre de 2012).

 

Para el modelo de desarrollo extractivo, señala Maximo, la nueva insurgencia son los pueblos que se oponen a la destrucción de sus territorios. Por eso se trata a pueblos enteros como terroristas, aplicando métodos muy similares a los del régimen de Efraín Ríos Montt (1982-1983) durante el genocidio que arrasó 400 aldeas, o sea la política de tierra arrasada.

 

En un trabajo sobre "la política k'iche'", Gladys Tzul sostiene que las comunidades indígenas son sistemas de gobierno, que administran y reproducen la vida cotidiana, que se organizan para la gestión colectiva del territorio comunal. Por lo tanto, su política no se organiza de la misma manera que la política liberal, recuperando en este sentido la mirada de Raquel Gutiérrez sobre la política comunitaria en Bolivia: es deliberativa y no representativa, está anclada en formas de producción familiares y en la propiedad colectiva de la tierra.

 

No son, pues, movimientos sociales o movimientos indígenas, sino sociedades otras, diferentes a la sociedad hegemónica. Y son, también, sociedades en movimiento. Luego de la masacre de octubre de 2012, mujeres y hombres jóvenes de Totonicapán, entre ellos Gladys y su hermana Jovita, analizaron en colectivo la reforma constitucional que promueve el gobierno de Otto Pérez Molina (kaibil durante la guerra), concluyendo que bajo el manto de la nación guatemalteca se busca el despojo de las tierras comunales y la desaparición de los pueblos indígenas, relegados a reliquias culturales.

 

Los comuneros de Totonicapán realizaron, como apunta Gladys, un potente trabajo analítico-práctico de investigación, lo socializaron y lo difundieron en las asambleas comunitarias. Luego empezaron a negociar con la empresa el uso de sus tierras, una negociación de propietarios comunales que se presentan a negociar en colectivo, algo que las multinacionales no están dispuestas a tolerar. Ese es, en este caso concreto, el escenario de fondo de la violencia y las amenazas.

 

La historia de los oprimidos, escribió Walter Benjamin en Tesis sobre la historia, nos enseña que el estado de excepción es la regla. Giorgio Agamben en Homo Sacer agrega algo más perturbador aún: El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma biopolítico de Occidente. Añade que desde los campos de concentración no hay retorno posible a la política clásica y que es desde estos terrenos inciertos donde debemos pensar las formas de una nueva política.

 

Los pueblos mayas, a un lado y otro de la frontera, están empujando los límites del campo, tentando la solidez de las alambradas y de las casamatas. Esa es su historia larga, de cinco siglos; y, en particular, la de los últimos cuarenta, cincuenta años. El desafío es doble y nos incluye, porque las murallas del campo sólo pueden ser derribadas presionando desde los dos lados, de adentro y de afuera.

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Martes, 15 Octubre 2013 07:28

La esclavitud no se regula

La esclavitud no se regula

Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad.

 

Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.

 

El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales "avalan y promocionan" el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.

 

En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de "inversiones" y sus supuestas bondades.

 

Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre "negocios hechos con buenas intenciones", que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: "La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas".

 

En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.

 

De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.

 

*Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas

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Martes, 24 Septiembre 2013 10:47

¿Y los derechos etnicoterritoriales?

¿Y los derechos etnicoterritoriales?


En medio del pasado paro minero, con sus movilizaciones, bloqueos y opiniones varias, la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) sentó posición: señaló y rechazó el doble discurso estatal, al tiempo que criticó las atribuciones que se auto-otorgan los mineros para exigir derechos de explotación en territorios colectivos y resguardos del Pacífico y en la minería, sin duda, un modelo económico que genera mayor pobreza social y desastre ambiental.


Durante los pasados meses de julio-agosto se llevó a cabo un paro minero nacional, su objetivo fundamental: negociar el reconocimiento de la minería informal y derogar el decreto 2235 del 30 de julio de 2012 por el cual el gobierno autoriza a la policía nacional a destruir la maquinaría pesada en ejercicio minero "ilegal". El 26 de julio, tras acuerdo con las instituciones respectivas, se acordó levantar el paro en el departamento del Chocó, mientras que en Irra, Marmato, Caucasia y otras zonas, los huelguistas seguían acusando al gobierno de negligente.

 

Si bien, muchos de los puntos exigidos por el gremio minero –hoy en la "ilegalidad"– pueden contener reivindicaciones sociales, como Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (Crpc) que agrupa a organizaciones étnicoterritoriales y de Iglesia católica de la región en mención, expresaron profundas preocupaciones con lo reivindicado, dadas las distintas tensiones surgidas de la triada mineros-gobierno-comunidades afrocolombianas e indígenas y en el impacto negativo que sobre el frágil ambiente de la región se han derivado de las prácticas mineras con retroexcavadora y las que van a tener, tal como lo quiere el gobierno, las prácticas de la gran minería.

 

En este sentido, enfatizamos el doble discurso manifiesto en el decreto 2235 por el cual el gobierno autoriza a la policía para que destruya la maquinaria pesada, que no cuente con los permisos exigidos por la ley. Uno de los argumentos del decreto es "Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señaló entre los deberes ambientales del Estado el de proteger el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, así como la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de áreas de especial importancia ecológica"1.

 

Como es sabido, en el Pacífico colombiano el Estado ha otorgado concesiones mineras a multinacionales en territorios de comunidades negras e indígenas. Esto implica una normatividad nacional e internacional que el Estado sigue violando a discreción: No hay consultas previas, no se conocen los estudios de impacto ambiental y socio-económico, la voz de las organizaciones etnicoterritoriales es acallada y las amenazas son también parte de la estrategia de entrega de lo poco que le ha sobrevivido territorialmente a estos pueblos.

 

Hay que recordar, en el contexto del paro minero, que en el Pacífico colombiano hay más de siete millones de hectáreas de títulos colectivos de las comunidades negras y de resguardos indígenas. Esto infiere, de entrada, la necesaria presencia de las organizaciones étnicoterritoriales en la toma de decisiones sobre lo que se va hacer en el territorio de su propiedad.

 

 

En el Chocó, varias organizaciones no participaron de las negociaciones, pues ya habían fijado su posición de no a la minería:

 

La Asociación Orewa ha dicho: "Si examinamos bien el pliego de peticiones minero lo que nos está diciendo es que ellos le piden al gobierno que les otorgue licencias o títulos de explotación sin ninguna restricción, que se puedan mover de un lugar a otro sin ser molestados y eso no lo podemos permitir por el bien de nuestras comunidades y territorios"2.

 

Por su parte el Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato (Cocompoca) expresó en comunicado del 22 de junio de 2013 que se retiran de la mesa de concertación minera, pues vienen recibiendo amenazas y acusaciones temerarias donde son señalados como instigadores de la quema de retroexcavadoras, situación que pone en peligro sus vidas 3.

 

Como se puede ver, tanto mineros de retroexcavadora como el gobierno han pasado por encima de esta titulación y por encima de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, y toman decisiones a sus espaldas, como si fueran territorios baldíos.

 

En este sentido, las reivindicaciones en cuanto al uso del territorio para minería que piden los mineros con retroexcavadora no las puede solucionar el gobierno, si no pasan por negociaciones y consultas con las organizaciones etnicoterritoriales, únicas dueñas del territorio, y a quienes se les ha invisibilizado y desconocido.

 

De otra parte, el gobierno debe aclarar su posición frente a la minería y el impacto socio-económico y ambiental que va a producir la entrega –a través de concesiones– de los territorios colectivos y resguardos a multinacionales.

 

Es evidente que la negligencia de años atrás para detener el sinnúmero de retroexcavadoras en el Pacífico, es parte de un estratagema tendiente a preparar el camino para la entrada de las multinacionales. Hacerse el de la vista gorda ha implicado zafarse de la responsabilidad por el daño ambiental generado por miles de retroexcavadoras en esta región del país, y por tanto, una manera maquiavélica de decir que las multinacionales sí respetan las normas ambientales, "pagan" impuestos y son la solución para el crecimiento económico que "tanto necesita el país".

 

De esta manera, hay que enfatizar, el Estado colombiano es responsable de la fiebre de retroexcavadoras para la extracción minera en el Pacífico pues tal como se lo exige la Constitución política en su artículo 80 "... el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y de imponer las sanciones legales correspondientes" (Justificación del decreto 2235). Y está claro que el deber no ha sido cumplido. Nuevamente el Estado que tenemos no es garante de derechos, sino un simple Estado policial que todo lo resuelve con gases lacrimógenos, balas y cárcel.

 

En consecuencia, las comunidades afrocolombianas e indígenas, deben tener claro que la propuesta económica minera no es la que va a salvar a la región Pacífica. Ni la de retroexcavadora, y mucho menos la minería a gran escala que está concediendo el gobierno a las multinacionales.

 

 

Es bien sabido que los pueblos que han cedido al espejismo minero hoy padecen de desnutrición y del resquebrajamiento de su tejido socio-económico. Un entable minero siempre llega acompañado de prostitución, licor, armas y grupos ilegales. Una vez se llevan el último grano de oro, quedan los grandes pozos –focos de infección del paludismo–, ríos contaminados con mercurio y cianuro, bosques talados, y sin lugares para cultivar, en fin, una situación peor que la inicial. La consecuencia inmediata en buena parte de la población ha sido el desplazamiento.

 

La Crpc llama, por tanto, a las organizaciones étnicoterritoriales a buscar consensos que sienten posición frente a la minería y demás recursos naturales en armonía con sus usos y costumbres. Nadie sino ellos, pueden decidir sobre el qué hacer en su territorio.

 

Y enfatizamos. Ni el gobierno, ni los mineros con retroexcavadoras, ni las multinacionales pueden decir o negociar sobre lo que no les pertenece. Pues como dijo un dirigente chocoano: "El gobierno dice que es dueño del subsuelo, pero primero tiene que pasar por el suelo, y ese es nuestro".

 

Saludamos la actitud democrática y decisiva del municipio de Piedras en el Tolima que ha dicho en las urnas no a la gran minería que pretende ejecutar la multinacional AngloGold Ashanti en la Colosa. La minería avanza, pero la resistencia de los pueblos es cada día más fuerte y solidaria.

 

Como Crpc brindamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los procesos de resistencia que realizan las organizaciones étnicoterritoriales en defensa de su territorio, de sus prácticas tradicionales y de su cultura. Esto debe ir en consonancia de un correcto y consensuado plan de ordenamiento territorial que permita definir, como se hace desde hace varios años, el uso adecuado del territorio acompañado de un trabajo fuerte de incidencia política en los ámbitos nacional e internacional.

 

1 Ver: wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/OCTUBRE/30/DECRETO%202235%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202012.pdf.
2 Ver: www.pacificocolombia.org/novedades/vida-respeto-nuestros-territorios-ancestrales-mineria/878
3 Ver: www.renacientes.org/index.php/home-bottom-123/984-comunicado-a-la-opinion-publica-de-los-municipios-de-atrato-lloro-bagado-y-certegui.

Publicado enEdición Nº 195
Jueves, 22 Agosto 2013 12:12

En Piedras le dicen NO a la locomotora

En Piedras le dicen NO a la locomotora

El pasado 28 de julio, mediante decisión unánime, con 2.971 votos en contra de la minería de la Anglo Gold Ashanti y solo 24 a favor1, los y las pobladoras del municipio de Piedras (Tolima), dijeron NO a la construcción de una planta de tratamiento de lixiviación que la transnacional aurífera planea construir como parte del proyecto extractivo de la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca.

 

Lo ocurrido en la población de Piedras sienta un precedente histórico que reviste la mayor importancia dado el actual estado de cosas y el desmesurado afán del Gobierno por llevar adelante la absurda y descabellada "locomotora minero-energética" que arremete y arrasa gran parte de nuestros territorios y que, en mayor proporción, promueve la llegada y participación de grandes compañías transnacionales en la explotación de minerales en Colombia, criminalizando y abandonando, a la par, emprendimientos ancestrales y artesanales2 de nuestros coterráneos, para facilitar lo cual modifica las leyes nacionales, expide licencias y títulos mineros, y/o expide decretos muy lesivos para la autodeterminación de los entes territoriales, ejemplo de lo cual es el Decreto 934 del 9 de mayo del 2013, expedido por el ministerio de Minas3.

 

De lo anterior, como ejercicio de resistencia colectiva, se deduce la importancia del suceso llevado a cabo en Piedras, bajo el acompañamiento de la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo, el C.T.I., la Policía Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Observación Electoral (MOE), y un sinfín de organizaciones nacionales, todas las cuales convergieron para hacerle seguimiento al inusual suceso y asegurar el correcto desarrollo de tan importante consulta. El resultado: la decisión soberana de una comunidad que, en vista de la inminente amenaza ecológica y social a su territorio, sus costumbres, paz y tranquilidad, decidieron, ejerciendo el derecho a la Consulta Popular establecido en el artículo 103 de la Constitución, reglamentado por la Ley 134 de 1994, rechazar toda clase de exploración y explotación minera en su territorio, así como cualquier actividad afín a ésta. La movilización al voto, de los habitantes de Piedras contó con la ayuda del alcalde, el concejo municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima.

 

Lo que queda por delante no es menos complicado, el concejo municipal, en la próxima legislatura, deberá expedir un acuerdo municipal donde plasme la decisión popular, si no lo llegase a hacer, le corresponde al alcalde expedir un decreto con fuerza de acuerdo para que reglamente lo decidido por la comunidad4.

 

Lo decidido por los habitantes del municipio tolimense debe servir para todas las comunidades colombianas que en vista de la premura desarrollista del actual Gobierno, y de la volatilidad bursátil de los precios internacionales de los minerales, se han visto afectadas por la intransigencia de la locomotora minero-energética que con la idea de ser de "interés público"5, arrasa territorios y destruye comunidades como lo demuestra lo acontecido en los departamentos del Cesar, la Guajira, Córdoba, Bolívar, el Chocó y parte de Antioquía, por mencionar solo algunos casos de carácter nacional.
Hay que recordarle al gobierno nacional, y a la comunidad en general, que el argumento del interés público para los emprendimientos mineros está sometido a los principios y normatividad adoptada en convenios y tratados internacionales y, más especialmente, en la Constitución Nacional6.

 

Es un deber ciudadano, de todas/os nosotras/os defender e impulsar estos procesos de decisión popular en los diferentes territorios de nuestra nación y, exigir el cumplimiento de las decisiones soberanas de las comunidades que los habitan, además de participar en procesos que le hacen frente a la locomotora minero-energética como la Moratoria Minera7 que parte de 12 puntos fundamentales y que se propone la recolección de cien mil firmas para que el gobierno nacional replantee la política extractivista, y/o participar de la propuesta en contra de la gran minería transnacionales propuesta por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame8.

 

* Artículo realizado por Luis Enrique Orduz Valencia, estudiante de Derecho en proceso de grado.


1 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2013-habitantes-de-piedras-tolima-dicen-no-miner%C3%ADa.html
2 Razón por la cual las y los mineros pequeños y medianos están en paro desde el pasado 17 de Julio.
3 Este Decreto se encuentra demandado por el Distrito Mayor de Bogotá, dado que vulnera la decisión autónoma de prohibir la explotación minera dentro de la ciudad capital.
4 Vale recordar que, como lo establece la Ley 134 de 1994 en su artículo 55, "La decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria".
5 Artículo 13 del Código de Minas, Ley 685 de 2001.
6 Constitución Política de Colombia, preámbulo y artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 40, 58, 79, 80, 93, 95, 209, 287, 288, 311, 313 y Ver Convenio 169 de la OIT.
7 http://moratoriaminera.org
8 http://www.reclamecolombia.org/

 


 

 

Tenemos TLC

Con el nombre de: “Documental 9.70” un colectivo periodístico realizó la “increíble y triste historia de los cándidos campesinos y su gobierno desalmado”, como diría García Márquez.

El trabajo realizado en Campoalegre –Huila– muestra como un gran número de campesinos están a punto de ir a la cárcel por un grave delito: aplicar la ancestral costumbre de escoger sus mejores productos para emplearlas como semillas en la próxima cosecha. Con la norma 9.70 del Ica, eso hoy es un delito.

Paralelo a esto, “Documental 9.70” relata la forma cómo la policía aplicando la norma del Ica ya descrita, les incauta y destruye 70 toneladas de arroz, en defensa de los intereses de empresas trasnacionales, todo esto en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Como describe el presidente Santos, es una medida para “ponernos a tono con el mercado internacional”, donde el producto que al final se vende es Colombia.

desdeabajo hace esta nota con el fin de resaltar un trabajo periodístico comprometido con las comunidades e invitar a nuestros lectores a ver el documental para apoyar este tipo de colectivos periodísticos y las luchas de los campesinos por la dignidad nacional y el derecho a generar nuestros propios alimentos.

El documental fue dirigido por Victoria Solano, con la producción de Marco Cartolano y Juan Guillermo Rodríguez Martínez. Nos sentimos orgullosos de colegas como ustedes.

Los interesados pueden ver el trabajo en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g

Publicado enEdición 194
México en recesión: Reforma Financiera y cambio estructural

ALAI AMLATINA, 01/08/2013.- México es la segunda economía más grande de América Latina –después de Brasil– y la más articulada a Estados Unidos, con una tasa de crecimiento promedio anual que apenas y despega de 1% per cápita a lo largo de treinta años de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).(1) En 2009 con la Crisis estadounidense, la caída de la actividad económica fue de -7.1% per cápita mientras en América Latina en promedio fue de -3.0%. Estados Unidos registró en el segundo trimestre de 2013 un crecimiento de 1.7%(2), cuarto consecutivo por debajo de 2%.

 

La CEPAL por su parte, redujo su previsión de crecimiento para la región latinoamericana de 3.5% a 3%, principalmente por las caídas de Brasil y México. En el caso de éste último, la previsión pasó de 3.5% a 2.8% para el año 2013. Por otro lado, luego de registrar 0.80% de crecimiento durante el primer trimestre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México redujo su propia previsión con "optimismo" de 3.5% a 3.1%; mientras el Banco de México ha venido alertando en torno a una "desaceleración importante" por la caída de las exportaciones manufactureras no automotrices y el reducido nivel del gasto público observado en los últimos meses. Por su parte, el IIEC de la UNAM hace un cálculo todavía menor, 2.8% de crecimiento para el año 2013(3). De enero a mayo de este año, la economía mexicana creció 1.7%, avance menor al 4.9% registrado en igual periodo de 2012, el más bajo en cuatro años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(4).

 

Por lo anterior, Enrique Peña Nieto ha llamado a concretar las "reformas estructurales" que el Partido Acción Nacional (PAN) no logró aprobar en los doce años anteriores. Con esto piensan, se recuperará el "crecimiento sostenido". En la esfera de lo financiero, se presentó una propuesta de Reforma Financiera(5) para incrementar el otorgamiento de crédito para impulsar el crecimiento. Sus ejes principales son: 1) dotar de un nuevo mandato a la banca de desarrollo a favor del crecimiento del sector financiero; 2) fomentar la competencia en el sistema bancario y financiero para reducir los costos del crédito; 3) generar incentivos para aumentar el crédito otorgado por el sistema bancario; y 4) fortalecer el sistema financiero y bancario mexicano para favorecer el crecimiento del sector de forma sostenida. Estas reformas parecerían indicar que el sector financiero ha estado pasando angustias, lo cual no es cierto ni por márgenes de ganancia (de 2000 a 2012 sus utilidades netas acumularon 613,000 millones de pesos, la mitad en manos de BBVA-Bancomer y Citigroup-Banamex; sólo en 2012 éstos últimos obtuvieron 87,126 millones de pesos), ni por niveles de concentración (en 2012 fueron ocho los bancos de un total de 43, los propietarios de 81.5% de los activos financieros, seis extranjeros con 67.7%: BBVA-Bancomer 21.0, Citigroup-Banamex 18.6, Santander 12.5, HSBC 8.1, Deutsche Bank 3.8 y Scotiabank 3.7%; y sólo dos de capital mexicano mayoritario: Banorte-Ixe 9.8, e Inbursa 4.0%).

 

Lo cierto es que hay preocupación sobre ciertas carteras vencidas del sector no bancario y ésta sería la madre de la reforma que profundiza lo ya efectuado desde los años noventa. La propuesta aclara que no se trata de reducir las tasas de interés de referencia "por decreto", sino más bien, de "crear incentivos" para que el sistema bancario comercial "preste más" y en condiciones de "mayor flexibilidad". De lo que se trata es de prestar más dinero interbancario a tasas mínimas a la banca comercial para que sigan con sus operaciones de créditos de consumo a tasas altas.

 

Se argumenta que la paradoja del sistema bancario mexicano radica en que si bien presenta altos niveles de capitalización (incluso adoptó ya los criterios de Basilea III) y bajos índices de morosidad, no presta dinero productivo y tituliza los préstamos hipotecarios, de ahí que su "solidez" no se traduzca en una mejora significativa de la situación económica del país. A nuestro juicio, la afirmación anterior parte de un mal diagnóstico: el nivel de otorgamiento de crédito no depende únicamente de la "rigidez" de la institucionalidad financiera, sino fundamentalmente de las condiciones que permiten hacer efectivo su pago. Esto es, para que un banco preste dinero ni siquiera son necesarios los depósitos, sino la "fe" (crédito) en la solvencia de un agente económico (familias, empresas, gobierno). En suma, El crédito está directamente relacionado con el ciclo económico, depende de las expectativas de ganancias y no a la inversa, como sostuvo Keynes en su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En un país con estancamiento económico como México, el crédito lejos de favorecer el crecimiento, incrementa el riesgo en la esfera financiera como quedó demostrado con la crisis bancaria de 1994. Por esta razón, la banca no presta a los sectores productivos.

 

La propuesta de Reforma Financiera no toca temas importantes como el 4% de diferencial entre tasas activas (las que cobran los bancos) y las tasas pasivas (las que paga el banco). El diferencial en créditos de consumo de 34%, deja a la clase media mexicana estrangulada y dota a los bancos de más y novedosos instrumentos legales para ejecutar garantías en caso de incumplimiento.

 

De otro lado, la tasa de interés de referencia de 4% encarece el costo del crédito a las empresas chicas y medianas nacionales y es irrelevante para las trasnacionales tanto mexicanas como extranjeras que se fondean en Estados Unidos donde la tasa de referencia es 0.25%. La consecuencia es que se estimula un flujo creciente de importaciones y de capitales de corto plazo que afecta negativamente la producción nacional y termina en la transferencia masiva de excedentes hacia el exterior. La evidencia muestra que los bonos de corto plazo pasaron de 81,399 millones de dólares (mdd) a 493,229 mdd entre 2001 y 2011, de los cuales, alrededor de la mitad están en manos de extranjeros(6), colocando a la economía de México en una situación de alta vulnerabilidad.

 

Un cambio estructural del sector financiero en realidad, re-colocaría el crecimiento económico y el empleo como mandatos principales del banco central (como lo estipula la Reserva Federal); y no sólo el control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio acorde con la teoría neoliberal. Finalmente, se requiere de una política redistributiva dado que la pobreza ha crecido de 52.8 a 53.3 millones personas entre 2010 y 2012(7); una política de reactivación interna mediante el aumento del salario y el control democrático del sistema bancario mexicano.

 

Por Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org

Ariel Noyola Rodríguez es miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Notas:

(1) CEPAL. Estudio Económica de América Latina y el Caribe. Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, en . Fecha de publicación: Julio (2013), pág.74.

(2) Harding, Robin. "US GDP growth lifts chances of taper" en Financial Times, en . Fecha de publicación: 31-07-2013.

(3) Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo (CAMP). Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, en . Nueva Época, año 3, número 11, Abril-Junio (2013).

(4) Véase "Economía crece 1.7% anual en 5 meses" en El Financiero, en . Fecha de publicación: 26-07-2013.

(5) Véase el discurso integral de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la presentación de la Reforma Financiera el 8 de Mayo de 2013, en .

(6) Ugarteche, Oscar y Leonel Carranco. "Flujos de Corto Plazo: una aproximación" en ALAINET, en . Fecha de publicación: 27-02-2013.

(7) Véase "La pobreza aumenta a 53.3 millones de personas en México" en CNN Expansión, en . Fecha de publicación: 29-07-2013.

 

Publicado enInternacional
Lunes, 22 Julio 2013 11:31

Paro minero. Pendientes del brillo

Paro minero. Pendientes del brillo

El fin de semana que acaba de transcurrir –20/21 de julio– fue de tránsito y expectativas para los impulsores del paro minero, y de retoma de posiciones para el Gobierno y su Policía.

 

Los trabajadores

 

De parte de los miles de trabajadores mineros que respondieron al llamado al paro, se depositó gran expectativa en la reunión que se llevó a cabo en Medellín, en la sede la gobernación, entre sus representantes, con la vocería de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, y los funcionarios delegados por los ministerios de Minas, Trabajo, y la Agencia de Minería.

 

La demanda fundamental de los primeros, en esta reunión, es que se derogue el decreto que autoriza la destrucción de maquinaria y la detención de quien adelante la explotación minera de manera ilegal. A pesar de las horas de discusión no se llegó a ningún acuerdo, pues el Gobierno demanda el levantamiento del bloqueo de la vías como condición sustancial para avanzar en cualquier aspecto de las exigencias de los mineros, a lo cual la contraparte se niega pues, alegan, no haber ordenado ni tener poder sobre los manifestantes que bloquean las vías.

 

Así, en tablas, se inicia una nueva semana (22-28 de julio) la cual será de intensa agitación en Colombia.

 

Pero mientras ésta llegaba, en los 12 bloqueos de vías que tenían los mineros, la Policía desplegó parte de las 5.000 unidades movilizadas por todo el país por el Escuadrón Móvil Antidisrubios (Esmad) para reprimir a quienes demandan derecho al trabajo.

 

De esta manera, se rompió la toma del aeropuerto de Quibdó, pero no solo esto, también se atacó a los manifestantes en el centro de la ciudad capital del Chocó, en donde cayó gravemente herido un vecino que no participaba de la protesta, cuyo cuerpo fue transportado a las salas de urgencia del hospital local por algunos de los mineros que lo vieron caer al piso, con sangre sobre su humanidad.

 

En Antioquia, en distintos puntos de su territorio se presentaron enfrentamientos, los más graves de éstos en Caucasia y en la vía que vincula a este poblado con Cáceres y Tarazá. En esta zona del departamento y del país, es donde más trabajadores mineros se han concentrado, calculándolos entre 25.000 y 30.000. Los enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad obligó al cierre del comercio local. Por la radicalidad de las partes y el anuncio de la llegada de más trabajadores en paro, provenientes del nordeste de Antioquia, se teme que durante esta semana el conflicto y los enfrentamientos se agudicen.

 

Por su parte, en Porcecito, el punto que da entrada a municipios como Cisneros, Amalfi, Anorí, Puerto Berrío, y otros municipios del nordeste antioqueño, el bloqueo vial fue roto y la Policía informó de total normalidad. Igual se informó sobre el bloqueo instalado en Amagá, y en Buriticá.

 

En Marmato –Caldas–, por su parte, el desbloqueo de la vía se logró por un acuerdo entre los mineros y el gobierno local, quienes convinieron el cierre de la vía principal durante dos horas y dos horas de desbloqueo para dar paso a los automotores.

 

En Irra (Risaralda), durante el fin de semana el tránsito fue normal, lo cual puede significar que los trabajadores en protesta decidieron retirarse para tomar energía y valorar el desarrollo de la protesta, así como los pasos a seguir en la misma.

 

El diálogo

 

En estas circunstancias, todo indica que este conflicto tiende a prolongarse. Tal vez la estrategia oficial sea buscar su desgaste vía paso del tiempo, como está haciendo en El Catatumbo, estrategia complementada con desinformación y manipulación de la opinión pública.

 

Esta estrategia queda desnudada con el actuar oficial, apoyado en los grandes medios de comunicación: una y otra vez anuncia
su disposición para resolver este conflicto, pero en la práctica bloquea cualquier solución. Gobierno que –como denuncian los mineros– ha incumplido dos acuerdos sellados en los años 2011 y 2012, lo que anula la confianza que el mismo pudiera despertar.

 

Por su parte, los trabajadores han demostrado que su salida a las principales vías del país es para lograr el respeto al derecho al trabajo y sin éste no desistirán de su movilización.

 

Así las cosas, mientras las partes se distancian nuevas protestas agrarias están en preparación, como el anunciado paro de los cafeteros. Los arroceros, paperos y otros sectores hacen consultas para ver si se suman a la protesta. Para impedir que así suceda, el Gobierno autoriza diálogos parciales al mismo tiempo que una amplia campaña de desinformación y de señalamientos que estigmatiza el derecho a la protesta, ligándola a una estrategia de violencia y “combinación de todas las formas de lucha” por parte de la insurgencia.

 

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