Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.


Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.


“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas", explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.
El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.


“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PETROLERA SHELL Y LA PATAGONIA ARGENTINA


La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur , la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.


Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.
las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec


Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.


Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.


G4S Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS


La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.


La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.


A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.
Indra, la militarización de las fronteras y Yemen


La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.


Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.


Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.


SYNGENTA Y LA MUERTE DE TRABAJADORES DEL ALGODÓN EN LA INDIA


En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.


Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.


Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Yago Álvarez
@EconoCabreado
2018-10-15 16:48:00

 

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"No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados en sangre"

La activista colombiana denuncia la complicidad del Estado colombiano en la minería ilegal, un cáncer que contamina sus ríos y deforesta sus tierras.



.-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro "Horas de guerra", minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.


La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de "desaparecer".


Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.


Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades


Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.


Les acusan de ir contra el desarrollo


En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.


El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.


Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer


Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.


Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente


Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.


No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno


Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.


No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.


Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.


La semana pasada daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?


Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.


¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?


Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.


En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.


Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.

 

Madrid
Actualizado: 15/10/2018 07:32

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La Comisión Interamericana analizará violaciones de derechos humanos causadas por el fracking

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).

La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina.


Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.


De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales.


Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH.


“El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”.


Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.”

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Viernes, 31 Agosto 2018 07:51

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Las consultas populares tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.

Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.


En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.


La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.


Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.


Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del “voto verde” supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.


Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.


A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.


En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12, “la primera gran derrota de la megaminería en Argentina”(goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.


Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.


Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.


Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.


La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.


La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.

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Sí se puede: Pueblos frenan minería en Perú

La carretera entre Cajamarca y Celendín viborea montaña arriba, en una sucesión interminable de curvas cerradas. El veterano dirigente campesino Hugo Blanco, con sus 83 años, ni se inmuta. Los demás vamos dando tumbos en el carromato, apenas distraídos por un paisaje de montañas y valles de tonos verdes, gracias al clima suave del norte del Perú.

A escasa distancia de Celendín, un pueblo grande de unos 25 mil habitantes, se yergue el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer oro y otros metales ubicados debajo de las lagunas. Conga consiste en el secamiento de todo el sistema hídrico que integran cuatro lagunas, cinco ríos, unos 700 manantiales, 103 hectáreas de humedales, 18 canales de riego y 102 fuentes de agua para consumo humano.


El Estado buscó imponer el proyecto aurífero mediante la declaratoria de dos estados de emergencia, la militarización de la zona, convenios entre el Ministerio del Interior y la minera Yanacocha y la criminalización de las rondas campesinas. Hubo cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados, además de medio centenar de encauzados por la justicia.


Como el 80% de la economía de a región consiste en la agricultura y la ganadería familiares, la oposición a Conga fue siempre contundente y maciza. A fines de julio el encuentro de movimientos regionales en Celendín, convocado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, mostró tanto el rechazo a la minera como la diversidad de actores en los pueblos.


Nicanor Huaipata de la Junta de Vecinos de Chonta denunció la escasez de agua para riego, la contaminación que provocan las reservas turísticas y la compra de dirigentes comunitarios por las empresas. Varios miembros de frentes de defensa y de las rondas campesinas recordaron que las regalías mineras que pagan las empresas son ridículas, apenas del 1%, y que nadie fiscaliza lo que se llevan.


Alan Arguedas representa a los trabajadores de Yanacocha. Enseñó estudios de contaminación en sangre y orina con metales pesados, luego de 15 años de trabajo en la mina, que afectan a decenas de empleados.
Las comunidades llevan casi una década resistiendo el proyecto Conga, en un país donde la minería ha causado estragos. Sólo Conga espera extraer oro por valor de 5.000 millones de dólares, lo que permite comprender el empeño de la empresa y de las autoridades en la continuidad del proyecto.


El principal símbolo de la resistencia a Conga es una mujer menuda, campesina y pobre: Máxima Acuña. En 1994 compró una parcela cerca de las lagunas donde Yanacocha pretende extraer oro. Desde 2011 viene siendo agredida. La empresa destruyó su casa de adobe y su huerto, pero el empeño en permanecer y resistir le ha valido el reconocimiento nacional e internacional. En abril de 2016 recibió el Premio Medioambiental Goldman.


Milton Sánchez pertenece al colectivo Guardianes de las Lagunas y es el referente de la plataforma de Celendín. Carga con varios juicios interpuestos por la empresa y el municipio. Acusan a Sánchez y a otros 15 vecinos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios, por haber interrumpido una reunión y retener a los directivos.


Las comunidades de Cajamarca consiguieron una importante victoria al haber paralizado el proyecto Conga, aunque tienen muy claro que ganaron apenas una batalla. El largo proceso de resistencia les permite sacar algunas conclusiones.


La primera es que sólo una fuerte resistencia y organización comunitarias son la base de su resistencia. Hay fisuras y debilidades, mucha pasividad y comuneros que se pasan al lado de la empresa por necesidades, pero predomina la conciencia de que la minería es su condena a muerte como campesinos.


La segunda es que sólo la acción directa pacífica y masiva les permite avanzar. Los costos son muy altos, en presos y en juicios, pero no conocen otro camino que bloquear con sus cuerpos el trabajo de las multinacionales mineras y de sus socios locales. En ocasiones apoyaron candidatos en las elecciones, pero saben que eso no es solución sino apenas alianzas para defenderse.


La tercera es que la empresa y el Estado volverán a intentar poner en marcha la mega-minera. La lucha será muy larga para lo cual necesitan prepararse y formarse en el debate colectivo, el estudio y la construcción de alianzas. Para eso pusieron en pie la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos, como un espacio para articular las luchas en el que participan 31 comunidades que resisten a Conga y a las mega-represas en el río Marañón a cargo de la brasileña Odebrecht.

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Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

Son líderes indígenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la violencia. Desde 2015, más de la mitad ocurre en Latinoamérica

El año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ¿A qué costo?, lanzado hoy, señala a la agroindustria como el sector más violento, a diferencia de la minería en los años anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.


Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.


Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales —de los cuales un 80% defendía los recursos en la Amazonia— y Colombia a 24. “En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente”, refiere el reporte.


En 2015, Global Witness registró 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en América Latina. En 2017, el porcentaje llegó a casi 60%. Por otro lado, las víctimas en Filipinas fueron 48, la cifra más alta documentada en un país asiático.


“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, explica a Planeta Futuro el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather.


Blancos de la violencia


“Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, “otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, añade.


En Colombia, por ejemplo, Hernán Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de plátano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre último.

De las 207 personas asesinadas el año pasado, la cuarta parte eran indígenas, en comparación con el 40% en 2016. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.


A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. ¿Por qué es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.


2017 no fue solo el año más sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, también el de más masacres. En siete casos, más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. “Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.


En una de esas matanzas en Brasil, 20 indígenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.
“El telón de fondo de este creciente número de víctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarización de las comunidades, múltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protección”, sostiene la ONG.


¿Cómo evitar más agresiones?


Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.


Sin embargo, en América Latina, la mayoría de Gobiernos no tiene una práctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. “Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, detalla.


El informe cita los ineficientes mecanismos de protección para tres líderes mexicanos en el último año. “Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura.


En 2014, González empezó a ser amenazada de muerte por ser parte de una campaña contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un botón de pánico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este año la activista dijo a Global Witness que no se sentía protegida.


Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos en las comunidades “sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas”.
El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas, una obligación porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, y aprobó la Ley de consulta previa en 2011.


Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Perú ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precisó a Planeta Futuro que esa entidad está esperando la decisión del Tribunal Constitucional para saber qué hacer con decenas de proyectos energéticos o mineros no consultados a pueblos indígenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la región Puno (al sur de Perú) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorgó sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.


El portavoz de Global Witness también ve “potencial práctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar”, y pone como ejemplos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompañaba la investigación del caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcción de una hidroeléctrica en tierras indígenas”.


La responsabilidad de los privados


Además de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona también a Desarrollo Energético SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.


“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias —y en particular la agricultura a gran escala y la minería— no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores también podrían hacerlo, y deberían evitar los países más peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas”, agrega Leather.


“Somos parte de la coalición Defenders in development, que este año va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ningún banco de desarrollo ha generado una política específica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holandés se ha comprometido a hacerlo”, apunta el activista.


Una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la “fiebre global por la tierra”, la Comisión Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, “para asegurar que los productos importados no estén vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.

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Persisten en extraer el oro de Santurbán, a cualquier costo

El proyecto Soto Norte es un plan de la empresa Minera de Santander (Minesa) que lleva más de diez años de discusión en el país, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros que más polémica ha causado en Colombia en los últimos años; pretende extraer 9 millones de onzas1 de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país. Actualmente la empresa viene jugando sus últimas cartas para conseguir la licencia de explotación, y tanto las próximas elecciones presidenciales, como el mundial de fútbol que se avecina pueden ser un gran agente de distracción para lograr su cometido.

 

Minesa no es más que un apéndice criollo de la casa matriz Mubadala Develop Company de Emiratos Arabes unidos, un fondo de estado del gobierno de Abudabi. Entre otras cosas, reportes del New York Times, the Guardian y de Amnistía internacional la acusan por acciones en otros países a la forma y la estructura en que la empresa trata a sus empleados, denunciando persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y excesos de parte de los empresarios sobre los trabajadores, sobre todo inmigrantes.

 

El proyecto de Minesa y su impacto en el territorio:

 

Los páramos en Colombia cubren apenas el 2% del área continental, pero el 70% de los colombianos dependemos de ellos. El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 m.s.n.m; alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% dentro del Territorio de Santander. Los páramos como éste sirven como reguladores del ecosistema en todo el país, pues recogen el agua en invierno y lentamente la dejan salir en épocas de sequía, por eso el 60% del agua que viene del páramo es subterránea, y la explotación minera a través de túneles como la que pretende Minesa es sumamente peligrosa para mantener la calidad y cantidad del agua bajo la montaña.

 

Uno de los debates que ha suscitado el proyecto es la línea de definición del páramo, pues en su determinación nunca fueron consultadas las comunidades. Para el instituto Alexander Von Humbolt2, en el concepto técnico con relación a la definición del páramo, es una unidad biogeográfica y socioeconómica, que en el caso de Santurbán arranca en las partes altas del Alto del Viejo en las cumbres del municipio de California, y baja hacia la zona de sub paramo, bosque alto andino y la zona de amortiguación. Para el instituto no hay una actividad aislada que no trascienda a los demás componentes de todo el cuerpo que encarna la montaña de lo que se deriva que el páramo al ser una unidad, no es una línea, y eso es totalmente comprobable desde la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas.

 

Como lo explica el Profesor Gonzalo Peña Ortiz, de la UIS3 cuando los túneles tanto de suministros como de explotación rompen la roca del macizo están rompiendo todos los acuíferos alrededor, contaminando con arsénico y diversos metales pesados todas las aguas subterráneas, generando aguas acidificas en las fuentes, justo como sucede en todos los demás proyectos mineros a gran escala que hay en el mundo, como en la mina de carbón Privenow en Boyacá, donde los compuestos arceno-pirita, arcenio, hierro y azufre que son liberados en el rompimiento, con la exposición al medio ambiente se convierten en ácido sulfúrico, provocando incluso combustión espontánea en las minas de carbón.

 

El agua ácida en esta mina tiene un ph de 1.48, lo cual la hace sumamente toxica e impide que la vida exista, tanto animal como vegetal, salvo algunas bacterias ferruginosas, un ph de este nivel es 6 veces más potentes de lo recomendado para la vida. Ante esto la mina propone tratar la contaminación con algo de soda caustica o cal, lo cual no resulta tan fácil y es sumamente costoso. La experiencia del estado de Montana en los EEUU, es bastante ilustrativa pues en el valle de biterot la descontaminación de 20 mil minas abandonas cuesta entre 20 y 100 millones de dólares el año de tratamiento de las aguas ácidas.

 

Otro de los aspectos que preocupan es la integridad del acueducto de Bucaramanga. Las aguas de Bucaramanga se nutren en un 73% del rio Tona y en un 37% del rio Suratá, sin embargo, según el profesor ambientalista, Luis José Abaunse, ingeniero químico y de petróleos4 en algunos periodos del año, el rio Suratá puede aportar hasta el 50%; cosa a tener en cuenta pues el rio está en todo el ecosistema de influencia del proyecto. Se estima que el 60% del agua del rio Suratá, que está más cercana a la explotación proviene de las aguas subterráneas.

 

El embalse de Bucaramanga está a 800 metros de altura y el proyecto Soto Norte de Minesa o Mubadala -para darle su verdadero nombre- a 2640 metros, lo que demuestra que no solamente se va a contaminar el rio Suratá, sino que también el embalse de Bucaramanga. Lo que implica problemas de contaminación que duran cientos y miles de años. Por eso la explotación tal cual se plantea pone en riesgo la vida de los bumangueses.

 

Para terminar, en un estudio hecho por Eco-oro en una zona sensiblemente cercana, bajaron 800 metros en las perforaciones5 y encontraron un promedio de 39 gramos de Uranio por tonelada de material removido. Esto, si lo multiplicamos por los 70 millones de toneladas que se piensa extraer en el proyecto, daría como resultado elementos radioactivos con una vida media de 4.500 millones de años para su dispersión, lo cual transformaría toda la vida del departamento tal cual la conocemos. Además, se encontró un aproximado de 40 gramos de arsénico toxico por cada gramo de oro; desechos que para el ingeniero Gonzalo Peña podrían ser tratados por el agua que salga de la bocamina, pero imposible de evitar para el agua subterránea que sale hacia abajo y que se filtra entre las grietas de la roca. En lo que va corrido de los estudios ya son tres las quebradas que se han perdido por la perforación de Minesa.

 

El ingeniero recomienda, un principio de precaución de mínimo 10 años donde se hagan estudios serios, pues como hemos descrito está en juego la misma vida. Ninguna explotación minera se puede hacer a las carreras, mas sin embargo frente a todo esto, los últimos gobiernos han ido quitándole los recursos al sistema nacional de supervisión ambiental; solo al ministerio de ambiente le quitaron el 60% de los recursos para el año actual, por lo que cada vez son menos las personas disponibles para una obra de esta magnitud.

 

Frente al tema hablamos con el Tocayo Vargas, un carranguero campesino y líder ambiental de la zona para que nos diera sus impresiones sobre lo que se avecina en la lucha contra la multinacional árabe en defensa del páramo de Santurbán.

 

desdeabajo (da). ¿Cómo ve eso de que le den la concesión a Minesa de la explotación del páramo de Santurban, en época de mundial y elecciones?

Tocayo Vargas (TV). Tenemos un informe de la contraloría donde le negaron la licencia a una multinacional que se llama GreyStar en el mismo sitio donde hoy le quieren dar la licencia a Minesa, la diferencia es que la primera quería hacer minería a cielo abierto, en cambio la segunda subterránea. Con esta excusa el gobierno tiene todas las intenciones de feriar el proyecto y el territorio. Pues resulta que la delimitación que hicieron en el 2014 fue tumbada por una tutela interpuesta a la contraloría general de la nación. Pero como le digo por información cercana sabemos que el ministerio en estos momentos tiene el afán de entregarle la licencia a Minesa, aprovechando estos últimos meses que ya es cuando inicia el mundial y cuando el presidente se va, mejor dicho, mientras todo el mundo está entretenido. Para mi lo importante es que Colombia se entere de todo lo que está sucediendo, que tome consciencia de que van a cometer una gran masacre, pues el páramo bien cuidado nos da la vida, pero mal cuidado también nos da la muerte. Todos los páramos de Colombia tiene la misma morfología, en donde hay material represado y radioactivos como el uranio, el cadmio, el manganeso. Lo más peligroso es que los paramos están todos llenos de sulfuros que vuelven ácidas las aguas y deshacen todos los materiales radioactivos, desembocando en las bocatomas que abastecen las ciudades y las mangueras de los campesinos, los materiales radioactivos no hay quien los separe. Los materiales pesados si, pero son muy costosos y los campesinos no tiene plantas de tratamiento. Todos los informes y los soportes científicos de la gente que ya ha hecho el proceso de estudio lo demuestran, es un gran asesinato que podemos padecer si dejamos hacer la minería a gran escala en los páramos. Nosotros siempre hemos construido con los pequeños mineros artesanales que no nos van a contaminar tanto las aguas como lo harán las multinacionales.

 

da. ¿Frente a esto cómo han sido los procesos de resistencia frente a Minesa, que avances se han presentado y que desafíos encuentran?

TV. Pues en esto se está haciendo una convocatoria abierta a todo el campesino que habita en zonas de páramo y también a los que dependemos de los páramos, que somos el 70% de los colombianos. Por ejemplo, Bogotá subsiste gracias al páramo de Sumapaz, o de chingaza. Y todos los páramos tienes similitudes geomorfológicas, entonces ese informe de la contraloría no es únicamente Santurbán, ese informe se debe replicar a todos los páramos, todos tiene la misma composición, los mayores desafíos están en que el gobierno nacional no le interesa eso, y no ha hecho un estudio que informe sobre el impacto a la salud que la explotación minera tiene en esos espacios, en su lugar coopta y divide a las organizaciones que defendemos esto, y por eso es que tenemos que poner en alerta a toda Colombia. Yo hago una comparación con el presidente de Siria, él está matando a los habitantes de su país por medio de químicos y a nosotros nos vienen a matar las multinacionales con los químicos que utilizan en la explotación minera dentro de los páramos; esa es la situación. Nosotros convocamos a todos porque el páramo es una unidad con el sub-páramo, el bosque alto andino y los demás ecosistemas de nuestro país, todos dependemos del páramo. Abajo se va a contaminar con el fracking y arriba con la minería, entonces puede darse un problema de salud pública inmenso.

 

Invitamos a toda Colombia a movilizarse con resto de países y pueblos del mundo el próximo 5 de junio día mundial del medio ambiente y la madre tierra, para que juntos le pongamos un alto a este modelo y planteemos alternativas de economía sustentables y en armonía en todos los sentidos.

 

1 “Páramo de Santurbán será delimitado antes del 16 de noviembre”, Luis Gilberto Murillo: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paramo-de-santurban-sera-delimitado-antes-del-16-de-noviembre-murillo/39397
2 Definición de criterios para la delimitación de paramos en el país y de lineamientos para su conservación: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt
3 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
4 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
5 Ibídem. Prof. Gonzalo video debates Unab

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Persisten en extraer el oro de Santurbán, a cualquier costo

El proyecto Soto Norte es un plan de la empresa Minera de Santander (Minesa) que lleva más de diez años de discusión en el país, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros que más polémica ha causado en Colombia en los últimos años; pretende extraer 9 millones de onzas1 de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país. Actualmente la empresa viene jugando sus últimas cartas para conseguir la licencia de explotación, y tanto las próximas elecciones presidenciales, como el mundial de fútbol que se avecina pueden ser un gran agente de distracción para lograr su cometido.

 

Minesa no es más que un apéndice criollo de la casa matriz Mubadala Develop Company de Emiratos Arabes unidos, un fondo de estado del gobierno de Abudabi. Entre otras cosas, reportes del New York Times, the Guardian y de Amnistía internacional la acusan por acciones en otros países a la forma y la estructura en que la empresa trata a sus empleados, denunciando persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y excesos de parte de los empresarios sobre los trabajadores, sobre todo inmigrantes.

 

El proyecto de Minesa y su impacto en el territorio:

 

Los páramos en Colombia cubren apenas el 2% del área continental, pero el 70% de los colombianos dependemos de ellos. El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 m.s.n.m; alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% dentro del Territorio de Santander. Los páramos como éste sirven como reguladores del ecosistema en todo el país, pues recogen el agua en invierno y lentamente la dejan salir en épocas de sequía, por eso el 60% del agua que viene del páramo es subterránea, y la explotación minera a través de túneles como la que pretende Minesa es sumamente peligrosa para mantener la calidad y cantidad del agua bajo la montaña.

 

Uno de los debates que ha suscitado el proyecto es la línea de definición del páramo, pues en su determinación nunca fueron consultadas las comunidades. Para el instituto Alexander Von Humbolt2, en el concepto técnico con relación a la definición del páramo, es una unidad biogeográfica y socioeconómica, que en el caso de Santurbán arranca en las partes altas del Alto del Viejo en las cumbres del municipio de California, y baja hacia la zona de sub paramo, bosque alto andino y la zona de amortiguación. Para el instituto no hay una actividad aislada que no trascienda a los demás componentes de todo el cuerpo que encarna la montaña de lo que se deriva que el páramo al ser una unidad, no es una línea, y eso es totalmente comprobable desde la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas.

 

Como lo explica el Profesor Gonzalo Peña Ortiz, de la UIS3 cuando los túneles tanto de suministros como de explotación rompen la roca del macizo están rompiendo todos los acuíferos alrededor, contaminando con arsénico y diversos metales pesados todas las aguas subterráneas, generando aguas acidificas en las fuentes, justo como sucede en todos los demás proyectos mineros a gran escala que hay en el mundo, como en la mina de carbón Privenow en Boyacá, donde los compuestos arceno-pirita, arcenio, hierro y azufre que son liberados en el rompimiento, con la exposición al medio ambiente se convierten en ácido sulfúrico, provocando incluso combustión espontánea en las minas de carbón.

 

El agua ácida en esta mina tiene un ph de 1.48, lo cual la hace sumamente toxica e impide que la vida exista, tanto animal como vegetal, salvo algunas bacterias ferruginosas, un ph de este nivel es 6 veces más potentes de lo recomendado para la vida. Ante esto la mina propone tratar la contaminación con algo de soda caustica o cal, lo cual no resulta tan fácil y es sumamente costoso. La experiencia del estado de Montana en los EEUU, es bastante ilustrativa pues en el valle de biterot la descontaminación de 20 mil minas abandonas cuesta entre 20 y 100 millones de dólares el año de tratamiento de las aguas ácidas.

 

Otro de los aspectos que preocupan es la integridad del acueducto de Bucaramanga. Las aguas de Bucaramanga se nutren en un 73% del rio Tona y en un 37% del rio Suratá, sin embargo, según el profesor ambientalista, Luis José Abaunse, ingeniero químico y de petróleos4 en algunos periodos del año, el rio Suratá puede aportar hasta el 50%; cosa a tener en cuenta pues el rio está en todo el ecosistema de influencia del proyecto. Se estima que el 60% del agua del rio Suratá, que está más cercana a la explotación proviene de las aguas subterráneas.

 

El embalse de Bucaramanga está a 800 metros de altura y el proyecto Soto Norte de Minesa o Mubadala -para darle su verdadero nombre- a 2640 metros, lo que demuestra que no solamente se va a contaminar el rio Suratá, sino que también el embalse de Bucaramanga. Lo que implica problemas de contaminación que duran cientos y miles de años. Por eso la explotación tal cual se plantea pone en riesgo la vida de los bumangueses.

 

Para terminar, en un estudio hecho por Eco-oro en una zona sensiblemente cercana, bajaron 800 metros en las perforaciones5 y encontraron un promedio de 39 gramos de Uranio por tonelada de material removido. Esto, si lo multiplicamos por los 70 millones de toneladas que se piensa extraer en el proyecto, daría como resultado elementos radioactivos con una vida media de 4.500 millones de años para su dispersión, lo cual transformaría toda la vida del departamento tal cual la conocemos. Además, se encontró un aproximado de 40 gramos de arsénico toxico por cada gramo de oro; desechos que para el ingeniero Gonzalo Peña podrían ser tratados por el agua que salga de la bocamina, pero imposible de evitar para el agua subterránea que sale hacia abajo y que se filtra entre las grietas de la roca. En lo que va corrido de los estudios ya son tres las quebradas que se han perdido por la perforación de Minesa.

 

El ingeniero recomienda, un principio de precaución de mínimo 10 años donde se hagan estudios serios, pues como hemos descrito está en juego la misma vida. Ninguna explotación minera se puede hacer a las carreras, mas sin embargo frente a todo esto, los últimos gobiernos han ido quitándole los recursos al sistema nacional de supervisión ambiental; solo al ministerio de ambiente le quitaron el 60% de los recursos para el año actual, por lo que cada vez son menos las personas disponibles para una obra de esta magnitud.

 

Frente al tema hablamos con el Tocayo Vargas, un carranguero campesino y líder ambiental de la zona para que nos diera sus impresiones sobre lo que se avecina en la lucha contra la multinacional árabe en defensa del páramo de Santurbán.

 

desdeabajo (da). ¿Cómo ve eso de que le den la concesión a Minesa de la explotación del páramo de Santurban, en época de mundial y elecciones?

Tocayo Vargas (TV). Tenemos un informe de la contraloría donde le negaron la licencia a una multinacional que se llama GreyStar en el mismo sitio donde hoy le quieren dar la licencia a Minesa, la diferencia es que la primera quería hacer minería a cielo abierto, en cambio la segunda subterránea. Con esta excusa el gobierno tiene todas las intenciones de feriar el proyecto y el territorio. Pues resulta que la delimitación que hicieron en el 2014 fue tumbada por una tutela interpuesta a la contraloría general de la nación. Pero como le digo por información cercana sabemos que el ministerio en estos momentos tiene el afán de entregarle la licencia a Minesa, aprovechando estos últimos meses que ya es cuando inicia el mundial y cuando el presidente se va, mejor dicho, mientras todo el mundo está entretenido. Para mi lo importante es que Colombia se entere de todo lo que está sucediendo, que tome consciencia de que van a cometer una gran masacre, pues el páramo bien cuidado nos da la vida, pero mal cuidado también nos da la muerte. Todos los páramos de Colombia tiene la misma morfología, en donde hay material represado y radioactivos como el uranio, el cadmio, el manganeso. Lo más peligroso es que los paramos están todos llenos de sulfuros que vuelven ácidas las aguas y deshacen todos los materiales radioactivos, desembocando en las bocatomas que abastecen las ciudades y las mangueras de los campesinos, los materiales radioactivos no hay quien los separe. Los materiales pesados si, pero son muy costosos y los campesinos no tiene plantas de tratamiento. Todos los informes y los soportes científicos de la gente que ya ha hecho el proceso de estudio lo demuestran, es un gran asesinato que podemos padecer si dejamos hacer la minería a gran escala en los páramos. Nosotros siempre hemos construido con los pequeños mineros artesanales que no nos van a contaminar tanto las aguas como lo harán las multinacionales.

 

da. ¿Frente a esto cómo han sido los procesos de resistencia frente a Minesa, que avances se han presentado y que desafíos encuentran?

TV. Pues en esto se está haciendo una convocatoria abierta a todo el campesino que habita en zonas de páramo y también a los que dependemos de los páramos, que somos el 70% de los colombianos. Por ejemplo, Bogotá subsiste gracias al páramo de Sumapaz, o de chingaza. Y todos los páramos tienes similitudes geomorfológicas, entonces ese informe de la contraloría no es únicamente Santurbán, ese informe se debe replicar a todos los páramos, todos tiene la misma composición, los mayores desafíos están en que el gobierno nacional no le interesa eso, y no ha hecho un estudio que informe sobre el impacto a la salud que la explotación minera tiene en esos espacios, en su lugar coopta y divide a las organizaciones que defendemos esto, y por eso es que tenemos que poner en alerta a toda Colombia. Yo hago una comparación con el presidente de Siria, él está matando a los habitantes de su país por medio de químicos y a nosotros nos vienen a matar las multinacionales con los químicos que utilizan en la explotación minera dentro de los páramos; esa es la situación. Nosotros convocamos a todos porque el páramo es una unidad con el sub-páramo, el bosque alto andino y los demás ecosistemas de nuestro país, todos dependemos del páramo. Abajo se va a contaminar con el fracking y arriba con la minería, entonces puede darse un problema de salud pública inmenso.

 

Invitamos a toda Colombia a movilizarse con resto de países y pueblos del mundo el próximo 5 de junio día mundial del medio ambiente y la madre tierra, para que juntos le pongamos un alto a este modelo y planteemos alternativas de economía sustentables y en armonía en todos los sentidos.

 

1 “Páramo de Santurbán será delimitado antes del 16 de noviembre”, Luis Gilberto Murillo: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paramo-de-santurban-sera-delimitado-antes-del-16-de-noviembre-murillo/39397
2 Definición de criterios para la delimitación de paramos en el país y de lineamientos para su conservación: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt
3 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
4 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
5 Ibídem. Prof. Gonzalo video debates Unab

Publicado enEdición Nº246
La FAO alerta de la grave contaminación del suelo del que nos alimentamos

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte del riesgo cada vez mayor que suponen para los cultivos las actividades industriales y mineras, los pesticidas, antibióticos, metales pesados o residuos sólidos.

Las sustancias que contaminan los suelos por actividades humanas como la minería, la industria o la agricultura representan un "problema creciente" del que se conoce demasiado poco, ha alertado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FA


En un informe publicado el miércoles, el organismo advierte de que existe muy poca información sobre el alcance de ese problema, que reduce los rendimientos de los cultivos y los puede volver perjudiciales para el consumo humano.


Un riesgo cada vez mayor lo representan las sustancias de tipo biológico, hormonal o farmacéutico, así como los viejos dispositivos electrónicos o los plásticos que acaban en el suelo, sin olvidar elementos peligrosos como el arsénico, el plomo o el cadmio.


Además, el documento informa de otras actividades humanas que también contaminan como la minería, las fábricas, los productos derivados del petróleo o los pesticidas y fertilizantes usados en la agricultura, cuyo uso estimado se duplicará para 2050.


"Se requieren con urgencia prácticas sostenibles apoyadas por evidencias científicas, investigación, educación y concienciación social", dijo la subdirectora general de la FAO, María Helena Semedo, que instó a ayudar a los usuarios de las tierras a evaluar y prevenir la contaminación, mitigar sus efectos negativos y recuperar los suelos dañados.


Semedo insistió en que el vertido de residuos en forma de pesticidas, fertilizantes, antibióticos y metales pesados en el agua y los terrenos que se utilizan para la agricultura supone una importante fuente de contaminación.


La producción de químicos ha crecido rápidamente en las últimas décadas y hasta 2030 lo hará a un ritmo anual del 3,4 %, según el estudio, que detalla que en 2015 la industria europea produjo 319 millones de toneladas de sustancias químicas, de las que 117 millones eran consideradas peligrosas para el medio ambiente.
Además, el crecimiento de las ciudades ha hecho que el suelo se haya convertido en el vertedero de ingentes cantidades de basura municipal.


En 2012 los desechos sólidos urbanos sumaban alrededor de 1.300 millones de toneladas anuales y se piensa que ascenderán a 2.200 millones de toneladas para 2025.


La FAO destaca que nunca se ha realizado una evaluación del problema de la contaminación de ese recurso a nivel mundial, que necesita ser abordado con métodos científicos ante la falta de armonización y de datos fiables entre las distintas regiones.


La única estimación global se hizo en 1990, cuando se calculó que había 22 millones de hectáreas afectadas por dicho problema, si bien ha estado subestimado, como muestran los últimos datos recopilados.


El Gobierno chino calcula que el 16 % de los suelos del país están contaminados y Estados Unidos tiene más de 1.300 sitios catalogados como "contaminados", mientras que en Australia ese número asciende a 80.000, y en Europa y los Balcanes hay unos 3 millones de esos lugares.

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 28 Marzo 2018 08:23

Salud, ambiente y minería en La Guajira

Desbarrancamiento de árboles en el río Ranchería, Ynske Boersma

La Misión de Observación: salud, ambiente y minería en La Guajira, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, publicó un informe resultado del trabajo etnográfico realizado por distintos investigadores y periodistas, entre el 29 de septiembre y 1 de octubre de 2017. La crisis humanitaria que sufre el departamento producto de la desaforada explotación minera es motivo de alerta para propios y extraños; con las fotografías y testimonios consolidados en el informe se avanza en acciones para detener la actividad de Cerrejón Limited.


Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, un grupo de 12 personas, integrado por profesionales en los derechos de la niñez, periodistas, activistas e investigadores; visitaron el sur del departamento de La Guajira para conocer de cerca las problemáticas que enfrentan las distintas comunidades indígenas y afro en las zonas vecinas a los tajos y botaderos de desechos tóxicos de la multinacional Cerrejón Limited, quien lleva alrededor de tres décadas y media en este territorio.


El desplazamiento forzado, la privatización del agua, la muerte de niños, jóvenes y ancianos, la contaminación por material particulado, la pérdida de tejido social y el total abandono estatal, son algunos de los puntos más importantes que vivenció la Misión de Observación, por lo que cada uno cuenta con capítulos especiales dentro del informe. Las cifras y estadísticas frente a la cantidad de muertes y la falta de atención y protección que reciben las comunidades por parte del Estado son dolorosas, sobre todo en un país que se plantea una transición hacia la paz, y cuya clase dominante busca a toda costa el ingreso del país a la Ocde, organización que supuestamente respeta y exige respeto de los derechos humanos.


La contradicción existente entre desarrollo y vida digna es crudamente real en La Guajira, los testimonios de las comunidades evidencian que no solo es el Estado quien se hace el de los oídos sordos, sino también los sectores dominantes de la sociedad que a pesar de las evidencias continúan impulsando y aprobando políticas que contradicen el bienestar de la Madre Tierra, asi como de quienes la habitan; en medio de ello también resalta la indiferencia de las mayorías sociales ante el drama padecido por los hermanos wayúu desde hace más de 30 años.


¿Cuáles son las exigencias del informe?


1. Aplicar el principio de precaución tanto por parte de la multinacional Cerrejón, como por el Estado colombiano: se debe frenar la actividad minera hasta que no se compruebe que realmente no afecta la salud y la vida de todos los seres vivos y que no genera graves afectaciones para el medio ambiente. Al no existir esta certificación científica en La Guajira y, por el contrario, contar con todas las pruebas que evidencian los graves daños generados por la actividad de Cerrejón, el principio de precaución debe ser aplicado.


2. Estudios, caracterización y monitoreo tripartito: Garantizar transparencia en la inspección, vigilancia y control ambiental de la producción de carbón, donde exista un compromiso de todas las instituciones estatales e independientes. También es urgente la creación de sistemas de control y medición de contaminación para uso de las comunidades.


3. Responsabilidad de los países importadores: comprometer a cada uno de los países importadores del carbón explotado por Cerrejón, a que reconozcan la crisis humanitaria generada en La Guajira por su consumo y, de esta manera, efectuar acciones para que esto no siga sucediendo.


4. Desarrollo de políticas públicas de atención integral a la crisis ambiental, humanitaria y social de La Guajira como consecuencia de la minería: realizar un censo que permita identificar realmente cuánta es la población del departamento y permita saber cómo está constituida, de manera que las soluciones sean integrales y equitativas.


5. Fortalecimiento del Estado e institucionalidad en La Guajira: garantizar transparencia y participación política a las comunidades, para que puedan tomar decisiones frente a su territorio.


6. Garantizar los derechos de la niñez y garantizar la aplicación del principio del interés superior del niño: cumplir con la implementación de la Convención Internacional de Derechos del Niño de manera integral y concordante con los compromisos adquiridos ante los nacionales y la comunidad internacional.


7. Respeto por la cultura y autonomía del pueblo wayúu: reconocer la crisis humanitaria que sufre el pueblo wayúu en sus dimensiones sociales y culturales, garantizando autonomía soberanía.


8. Visibilizar y sensibilizar a la sociedad colombiana. Rol de los medios de comunicación: Crear estrategias y campañas comunicativas que denuncien la grave situación que vive La Guajira, las cuales provoquen pronunciamientos de colectividades e individuos que unifiquen esfuerzos para respaldar a la población wayúu. A su vez, esto puede fortalecer la solidaridad entre distintos pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos afectados por el fenómeno del extractivismo en tiempos recientes. Para esto es necesario apoyarse en medios alternativos e independientes, que presenten información clara y contundente acerca de las comunidades afectadas.


El informe será presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando testimonios claros y contundente de la crisis que padece La Guajira producto de un desarrollo que es para unos cuantos, modelo que sintetiza la ausencia de una vida digna para muchos.

 

Informe: Misión de Observación Salud, Ambiente y Minería en la Guajira: Misión de Observación Salud, Ambiente y Minería en la Guajira

Bogotá, 2018

 

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