Carmen Uriana, Autoridad indígena del Resguardo Provincial

El pasado 20 de noviembre, en la ciudad de Bogotá y ante el Congreso de la República, representantes de distintas comunidades del pueblo wayúu como Cerritos I y II, Lutamana, Campo Alegre y Tamaquitos I y II, del sur de La Guajira, presentaron diversas denuncias en contra de las condiciones de vida que sobrellevan producto de la explotación minera en su territorio, lo que afecta de manera grave la salud de todos sus pobladores, con especial énfasis entre niños/as; más de tres décadas de vivir en estas condiciones los lleva a exigir el cierre de Cerrejon Limited como solución para sus problemas.

 

A las 9:00 de la mañana del lunes, inició la audiencia en el Congreso de la República, donde se denunció las problemáticas de salud en los niños, jóvenes, mujeres y ancianos dentro de los resguardos indígenas vecinos a la mina Cerrejón Limited, quien ha estado presente en el territorio durante 36 años. Las comunidades asistieron en compañía de la Misión de Observación de La Guajira y del representante a la Cámara por Bogotá del Polo, Alirio Uribe; a la audiencia fueron citados representantes de la, la Agencia Nacional de Minas –Anla–, el Ministerio de Ambiente, del Interior y de Salud; los 3 últimos manifestaron no estar facultados para dar respuesta ante las exigencias y denuncias presentadas, dejando entrever con su silencio, la “importancia” que le conceden al bienestar de las minorías, en este caso indígenas.

 

Las intervenciones a cargo de las representantes de la Misión Observación de La Guajira enfatizaron en las pésimas condiciones ambientales, las precarias condiciones de salud, educación y vivienda en las que vive el pueblo wayúu.

 

En la audiencia también estuvo presente la bioquímica peruana, Mercedes Lu, quién expuso su investigación sobre las variaciones del polvillo que expulsa la mina y cómo este se mete en distintas partes del cuerpo humano y es casi imposible identificarlo, sobre todo con los métodos que usa Cerrejón Limited para analizar la contaminación del aire y el agua.

 

Ante esta intervenciones, los funcionarios de la Anla y la Agencia Nacional de Minas, no dieron respuestas satisfactorias y, por el contrario, reafirmaron su negligencia para atender problemáticas de este tipo, así como su complicidad al permitir que los territorios sean explotados bajo la jurisdicción de terceros sin una vigilancia y control estatal que se encargue de velar por el bienestar de comunidades como las presentes.

 

Finalmente, mujeres, hombres y ancianos exigieron que se cierre en el corto plazo el tajo Patilla de la mina, el cual tienen a pocos kilómetros de su resguardo, sin perder por ello de vista que todas sus carencias y dificultades se solucionarán sólo cuando Cerrejón se vaya de La Guajira. Frente a esto, sigue la constante del ¿qué hacer? Y ¿cómo frenar el fenómeno extractivo que carcome cada vez más al pueblo colombiano?

 


Artículos relacionados

 

Agua potable para resguardo wayúu

27 de octubre de 2017

 

Con licencia para explotar y matar
Periódico desdeabajo Nº239, 26 de septiembre de 2017


"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua”

9 de julio de 2017

 

“Siempre hemos mantenido la resistencia”
Periódico desdeabajo Nº233, 25 de marzo de 2017


El pueblo wayúu agoniza aplastado por la frontera civilizadora

28 de marzo de 2016

 

Siguen muriendo niños uayuu por desnutrición, Colombia no atiende medidas de CIDH

15 de diciembre de 2016

Publicado enColombia
Colombia, la crisis alimentaria de los indígenas wayúu y la adhesión a la OCDE


Human Rights Watch pide a la organización evaluar esta emergencia antes de admitir al país

 

Colombia lleva desde 2013 sumergida en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un camino marcado por el análisis de la solidez de sus políticas públicas. El país, que se encuentra en una etapa de consolidación del proceso de paz tras la firma de los acuerdos con las FARC hace un año, ya logrado el visto bueno de 20 de los 23 comité necesarios para ingresar en el organismo. Entre los que faltan, figura el examen de los avances sociales. En este contexto, Human Rights Watch (HRW) ha solicitado a la OCDE que evalúe la emergencia alimentaria del pueblo indígena wayúu y la que considera una “respuesta insuficiente” de las autoridades.


Según HRW, esa organización, integrada por 35 Estados, principalmente europeos y norteamericanos, “podría cumplir un rol importante para ayudar a paliar la crisis de desnutrición [...] al presionar a las autoridades colombianas para que adopten medidas más eficaces para abordar esta situación”. Los wayúu viven en la península de La Guajira, una región parcialmente desértica que se asoma al Caribe y que pertenece en parte a Venezuela. Con un censo de cerca de 270.000 personas, representan el pueblo indígena más grande de Colombia. Sus comunidades, denuncia la ONG, “han sufrido altos índices de mortalidad causados por desnutrición, sobre todo en niños menores de 5 años”. “Según cifras oficiales, 11 niños indígenas menores de cinco años murieron de enfermedad diarreica aguda en 2015 en La Guajira, 21 en 2016 y 10 entre enero y agosto de 2017[“, señala en una carta dirigida por su director para las Américas, José Miguel Vivanco, al secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría.


“Para la investigación de Human Rights Watch visité La Guajira en agosto de 2016 y en junio de 2017, y pude verificar que, a pesar de la retórica del Gobierno, en esos diez meses hubo escasos avances en la lucha contra el hambre que azota a las comunidades wayúu”, señala en declaraciones a EL PAÍS . Juan Pappier, abogado para las Américas del organismo. “En La Guajira, encontré pozos de agua que no funcionan o que dan agua tan salada que no la quieren ni siquiera los animales, programas de alimentación que a veces reciben comida en mal estado, médicos sin medicamentos, fiscales que no dan abasto en las investigaciones por corrupción y situaciones de abandono y pobreza verdaderamente escandalosas”, prosigue.


La carta enviada a la OCDE resalta los problemas para el acceso a los alimentos, al agua y a los servicios de salud y los vincula a la corrupción en ese departamento colombiano. “La Fiscalía General de la Nación ha logrado resultados mixtos en la persecución penal de hechos de corrupción en La Guajira. Si bien se ha detenido por corrupción a importantes funcionarios locales –incluidos cinco recientes exgobernadores—, los avances para imputar cargos y dictar sentencias siguen siendo sumamente lentos”, señala el escrito, que pide a la OCDE tomar en consideración la información proporcionada para atender esta emergencia

 

Bogotá 31 OCT 2017 - 20:59 COT

Artículo relacionados

“Siempre hemos mantenido la resistencia”

marzo 2017

Siguen muriendo niños uayuu por desnutrición, Colombia no atiende medidas de CIDH

diciembre 2016

‘El río que se robaron’, lo que está matando a una comunidad indígena en Colombia

septiembre 2016

Hambre y desnutrición continúan matando niños en Colombia

junio 2016

Publicado enColombia
Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)

 

Hazard, Kentucky.

El gobierno de Donald Trump dio otro paso hacia el desmantelamiento de las protecciones ambientales adoptadas en la presidencia de Barack Obama (2009-2017), al anular una ley que buscaba limitar las emisiones contaminantes de las centrales eléctricas de carbón.

Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), anunció este lunes que firmará una nueva norma que anulará el Plan de Energía Limpia.

La guerra contra el carbón ha terminado, declaró Pruitt en el estado minero de Kentucky.

Pruitt –nombrado en ese puesto por Trump– está estrechamente vinculado con la industria del petróleo y el gas en su estado natal. Ha rechazado el consenso general de los científicos de que las emisiones causadas por el hombre procedentes de la quema de combustibles fósiles son la razón principal del cambio climático.

Para Pruitt, deshacerse del Plan de Energía Limpia marcará la culminación de una larga lucha que comenzó como fiscal estatal de Oklahoma. Formó parte de la veintena de fiscales estatales que entablaron una demanda para bloquear los intentos del presidente Obama para limitar las emisiones de carbono.

Trump, quien comparte el escepticismo de Pruitt sobre las causas establecidas del cambio climático, prometió anular el Plan de Energía Limpia durante la campaña presidencial de 2016 como parte de su compromiso para resucitar el alicaído sector del carbón.

Se espera que la norma que Pruitt firmará este martes declare que el Plan de Energía Limpia excedió la ley federal al establecer estándares de emisiones que las centrales eléctricas no podrían cumplir razonablemente.

Al aparecer en un acto con el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, Pruitt declaró: “Ni la EPA ni ninguna agencia federal debe usar su autoridad para decirle a usted ‘vamos a declararle la guerra en cualquier sector de nuestra economía’”.

El plan de Obama fue diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos a 32 por ciento, por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Esa norma dictó metas específicas de emisión para los estados con base en las emisiones de las centrales eléctricas y daba a los funcionarios un amplio margen de maniobra para decidir cómo lograr las reducciones.

 

 

Publicado enInternacional
Los desafíos que enfrenta Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde mayo

El gobierno de Lenín aspira a seguir el proyecto del movimiento Alianza País. Sin embargo, la discrepancia pública con Correa y con el vicepresidente generó ruido mediático y un debate al interior del oficialismo.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cumplió 100 días en el poder en medio de expectación por las medidas económicas que pudiera aplicar, de compromiso en la lucha contra la corrupción, de llamado a un diálogo no excluyente y de pública discrepancia con su antecesor y ex aliado Rafael Correa.


“Estamos cumpliendo nuestras ofertas, no necesitamos 100 días para hacerlo. Cuento con ustedes para seguir trabajando y ustedes, cuentan conmigo para seguir transformando el país en la patria que todos anhelamos”, dijo Moreno en una alocución pública. En efecto, la mayor gestión del mandatario socialista, de 64 años, desde que asumió en mayo, fue el macroplan “Toda Una vida”, que busca construir más de 300 mil viviendas populares, favorecer los emprendimientos de empleo para jóvenes y dar seguridad, salud y bonos a los ancianos, entre sus rasgos prioritarios.


En paralelo, desde el primer día abrió un amplio diálogo con todos los sectores, incluso los que desde la izquierda y fundamentalmente desde la derecha confrontaron siempre a Correa. Por el Palacio pasaron industriales, comerciantes, indígenas, policías, militares, grupos sociales y líderes de todo tipo. Pero los primeros meses no estuvieron exentos de problemas que pusieron cuesta arriba su gestión: los casos de corrupción que alcanzaron a su vicepresidente, Jorge Glass, y una ruptura con Correa y otros líderes del movimiento oficialista Alianza País (AP) siembran dudas sobre el futuro del proyecto Revolución Ciudadana.


Corrupción es la palabra más escuchada en estos días, con una avalancha de delaciones de ex ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, que aseguran que funcionarios ecuatorianos recibieron 33,5 millones de dólares en sobornos para entregar contratos en tiempos de Correa. El ex director de Odebrecht en Ecuador Jose Santos señaló que Glas, que también fue vicepresidente de Correa y ahora se enfrenta a los tribunales, pedía dinero por cada contrato.


Moreno, quien prometió en la posesión “una cirugía mayor” contra la corrupción, lo despojó de funciones específicas y le quitó toda confianza.


“Lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted”, le dijo Moreno a Glas en un evidente deslinde con el que fuera hombre de confianza del anterior mandatario, del que también fue vicepresidente y ministro coordinador de Sectores Estratégicos. “Es preciso reconocer que el cambio permitió destapar la podredumbre del correísmo. La fresa del pastel fue congelar a Glas a la espera de que la Justicia haga su trabajo”, dijo el analista Carlos Arcos.


Glas asegura ser inocente y Correa le cree. Los choques entre el presidente y su antecesor pusieron en apuros a la agrupación oficialista Alianza País, dentro de la que comenzó una extraña convivencia entre críticos y seguidores de Moreno. Correa, un líder con mucho peso incluso ahora que vive en Bélgica, acusó a Moreno de no continuar con rasgos fundamentales de la Revolución Ciudadana y lo llegó a calificar de traidor y a proponer la formación de un nuevo partido.


Más compleja aún es la situación económica, que, según el nuevo gobierno, está al límite por irresponsabilidades de un ex mandatario que, por su lado, presume de que dejó “la mesa servida”. “La situación es crítica. Necesitamos mejorar las condiciones de financiamiento, generar mayores ingresos, aumentar nuestras exportaciones, el ingreso de dólares a la economía y fomentar la inversión privada”, evaluó Moreno. Aunque adoptó un paquete de iniciales medidas de austeridad, las más fuertes están anunciadas para septiembre, pero aún no se sabe cuaés serán sus características.


“Es importantísimo que exista democracia, libertad y se combata la corrupción. El gran problema es lo económico, petróleo bajo, deuda grande, economía paralizada, empleo que se pierde, eso es lo que hay que atacar”, afirmó un referente de la derecha, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Pero el analista Pablo Zambrano destacó que Ecuador no está en la situación desesperante de Venezuela. “La economía pasa por un proceso de recesión que tiene que ver con la caída de la producción, el empleo y el consumo”, relativizó. Los números rojos son subrayados por analistas como Walter Spurrier, quien los justifica por situaciones externas: “El país perdió cerca de seis mil millones de dólares anuales por la caída del precio del petróleo y alrededor de cinco mil millones en rentas fiscales”.


En lo internacional, aunque está en construcción la nueva política, Moreno condenó la violencia y la existencia de presos políticos en Venezuela, lo que podría ser el inicio de un lento cambio en el respaldo irrestricto de Quito a Nicolás Maduro. Con Colombia, entretanto, ratificó el compromiso de ser garante y anfitrión de diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN.


Moreno, atado a una silla de ruedas por un disparo de asaltantes que le dejó parapléjico hace 19 años, goza por ahora de amplio respaldo popular, alrededor de un 80 por ciento según todas las encuestas. Aunque los analistas coinciden en que es pronto para saber qué pasará cuando empiece a aplicar medidas concretas en un marco de dificultades económicas y de desconfianza por escándalos de corrupción que vienen del período anterior.

Publicado enInternacional
En Segovia y Remedios, 15 días de lucha por el derecho al trabajo

Una disputa por el derecho al trabajo lideran desde hace dos semanas –con un paro general– los mineros tradicionales de Segovia y Remedios, arrinconados por la multinacional Gran Colombia Gold que pretende monopolizar toda la minería de la región; con el apoyo del gobierno nacional y departamental han militarizado estos territorios y atacado con gases y mucho más a los manifestantes y población en general.

 

Una lucha que rompe el silencio oficial y las manipulaciones de todo orden. El pasado 31 de julio de 2017 el ESMAD atacó a la población del municipio de Segovia en Antioquia y se tomó las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Además, agentes de la fuerza pública atacaron la misión de la Cruz Roja en el municipio, esto como respuesta a las manifestaciones pacíficas que se realizan en los municipios de Segovia y Remedios por el derecho al trabajo desde el 21 de julio de 2017.


Completados 10 días desde que la Mesa minera convocara a paro con carácter indefinido y pacífico, los escuadrones del Esmad arremetieron contra la población que se encontraba concentrada en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios; la reacción de los manifestantes no se hizo esperar.


Con armas de fuego los uniformados ocuparon arbitrariamente el Hospital San Juan de Dios en Segovia, desde allí lanzaron gases lacrimógenos y dispararon a los manifestantes. Entre las víctimas se reportaron niños que quedaron atrapados en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios, quienes resultaron afectados por los gases.
La organización defensora de derechos humanos Cahucopana (Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño), informa en su comunicado del 2 de agosto:


“Hasta el momento el reporte parcial de heridos y lesionados es: en el municipio de Remedios 17 heridos, de los cuales 8 tiene heridas de gravedad y fueron remitidos a la ciudad de Medellín, y en el municipio de Segovia se reportan 7 personas heridas por arma de fuego y 11 con heridas leves, dentro de estas se encuentra el caso de una persona con amputación de una de sus manos a causa de un disparo y herida por proyectil en el abdomen”.


La gobernación departamental fomenta la criminalización de la protesta. El 1 de agosto Luis Pérez, gobernador de Antioquia, informó de la movilización hacia la zona de más de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, 240 uniformados de prevención, además del toque de queda decretado a partir de las 6 pm de ese martes hasta las 6 am del miércoles 2 de agosto. Agregado a esto, relacionó a los líderes mineros con grupos armados ilegales.


Por su parte, Eliober Castañeda, presidente de la Mesa minera, en medio de la reunión con la administración municipal de Segovia, celebrada el 3 de agosto, invitó a los segovianos y remedianos a que desarrollen las protestas manteniendo la consigna pacífica y velando por la seguridad y el bienestar de ambos pueblos y de sus habitantes. También solicitó a las autoridades el retiro del Esmad del territorio pues son ellos quienes incitan a la ciudadanía, afirmó.


Por último desmintió las declaraciones del vicepresidente de la multinacional Gran Colombia gold, José Ignacio Noguera, quien afirmó que cientos de manifestantes atacaron con piedras y bombas incendiarias algunos buses y la sede de la empresa.


En lo que respecta al paro que lleva 12 días, el señor Eliober emitió un comunicado a través de la página de Facebook de la Mesa Minera. Se dirigió a los comerciantes –fervientes acompañantes del paro minero– y les informó de la tentativa de acordar con ellos una fecha próxima para abrir los establecimientos comerciales y así facilitar el reabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad al resto de la población.


12 días de paro


El 21 de julio la Mesa minera convocó a paro indefinido para exigir el derecho al trabajo de los pequeños mineros pues la multinacional Gran Colombia gold, mediante amparos administrativos, ha ordenado el cierre de las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos para explotar las entrañas de las montañas en busca de oro. Sumado a esto, los mineros de Remedios y Segovia piden al gobierno nacional que detenga el proyecto de ley que busca criminalizar la minería informal que durante un siglo ha sido la fuente de ingresos de sus habitantes.

Publicado enColombia
Un caso de explotación minera que burla la cordura. La mina que amenaza el nombre de Agua Bonita

Agua Bonita, nombre de una vereda del municipio de Silvania, con uno de los pocos bosques de niebla que aún sobreviven en el planeta, el que flanquea el páramo de Sumapaz –el más grande del mundo– puede pasar a ser cosa del pasado por las acciones irracionales del capital.

 

Y así puede ser porque, contra toda lógica natural, ambiental, industrial, económica y humana, le aprobaron licencia de explotación de arenas y arcillas en los cerros ubicados en esta vereda a una empresa de nombre Cemin. Explotación que ahora cubre 1,6 hectáreas y que ya permite ver sus huellas desde muchos lugares del municipio. ¿Cómo será cuando cubran todas las hectáreas autorizadas para ello?

 

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales –Anla– a través de la Resolución 0041 de 2014 concesionó licencia para explotar treinta y nueve hectáreas por 30 años prorrogables por igual cantidad de años. Según sus cálculos, cada año extraerían 250.000 m3 (toneladas) de material, que para hacernos a una imagen del volumen que representa equivalen a 41.000 volquetas de 6 m3, 114 por día.

 

La herida que rompe este ecosistema, ya afecta el agua, la flora y la fauna que por allí trasncurren y de la cual dependen el ecosistema maestro del páramo, y la vida de nuestro planeta madre. De proseguir la explotación, –nos dejaría sin montaña –dice con tristeza don Guillermo Solorzano, campesino de 75 años.

 

Temores

 

Para doña Judith Cerón, vecina de la mina, ya es común pasar las noches en vela. Las lluvias torrenciales, que en épocas mejores le alegraban por las bondades que traían para sus pastos y cultivos, ahora la atormentan. Ya ocurrieron dos derrumbes que la condujeron al pánico, que aumenta con las noticias sobre el colapso de minas en distintos lugares del país, cobrando la vida de decenas de personas.


La mina de Agua Bonita está ubicada en una franja de bosque de niebla, cabecera de la micro cuenca del río Chocho, y hace parte de un sistema hídrico fundamental para el abastecimiento de agua de más de 2.000 personas de Silvania. Por eso el Plan de Ordenamiento Territorial de este municipio (Acuerdo 022 de 2000), establece que la zona donde está ubicada la mina es de protección por recarga hídrica y tiene prohibido cualquier tipo de explotación minera.

 

No en vano ese lugar fue declarado como zona de interés prioritario, según el Instituto Alexander Von Humbolt, dada su alta diversidad en flora y fauna y la presencia de varias especies endémicas.

 

–Está contra toda lógica instalar una explotación minera en la cabecera de una cuenca con la abundancia hidrológica de Agua Bonita, sobre todo en un contexto de cambio climático y calentamiento global como el actual, cuando las zonas de bosque son fundamentales para nuestra adaptación al panorama que ya vivimos –afirma la ingeniera forestal Lina Echavarría, habitante de la región.

 

Voz reafirmada con énfasis por otra pobladora de esta parte del municipio. –Escogí ésta montaña por la abundancia de agua, pensando en el futuro de mi hijo, pero veo con gran preocupación que nuestra mayor riqueza está en riesgo, sin que la comunidad ni las autoridades se manifiesten –afirma Sandra Reyes, reconocida actriz de televisión quien también tiene su finca en la zona.

 

–Frente a esta situación es fundamental que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal convoquen a asamblea para definir la posición de la comunidad ante la mina, y no decidan unos pocos el futuro de todos –dice Edwin Muñoz, de la vereda Victoria Baja, Las Lajas. Hasta el momento la empresa Cemin S.A solo se ha reunido con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero el grueso de la comunidad desconoce los acuerdos.


Cemin también deberá solucionar una larga lista de obligaciones de la licencia ambiental que Agregados Agua Bonita no cumplió, como el Plan de Manejo Ambiental, el programa de manejo y salvamento de flora y fauna entre otras, a pesar de que ha explotado la cantera durante 3 años. –Hemos revisado con minucia los expedientes y comprobamos con preocupación la existencia de muchas irregularidades en el otorgamiento de la licencia, frente a los incumplimientos del Plan de Manejo y la actitud permisiva de las autoridades de control que podrían desencadenar en acciones legales contra la Anla, el municipio y contra la empresa –dice Paola Tinoco, abogada y vecina de la mina.

 

En la montaña donde se encuentra la mina, están solicitando otras 4.500 hectáreas para explotación de materiales de construcción y arenas de sílice. Y como si fuera poco, la zona también hace parte del bloque COR 4, de extracción de petróleo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Realidad que no pasa desapercibida para uno de sus pobladores: –Es prioritario generar una alternativa a la explotación minera y de hidrocarburos, la cual viene en aumento en el territorio, pese a que esta es una región con vocación agroforestal y eco-turística –agrega Edwin Muñoz.

 

Por ahora, luego de varios derrumbes en la mina, que inclusive obligaron al cierre durante varios días de la vía Sibaté-Fusagasugá, y de los referendos contra la minería llevados a cabo en municipios vecinos, en Silvania crece la expectativa ante una posible movilización ciudadana que detenga tanto esta mina, como las otras amenazas que rondan estas montañas bendecidas por el agua.

 

Del despegue de esta movilización y de su éxito depende que en algunos años a la vereda Agua Bonita no haya que cambiarle el nombre.

Publicado enEdición Nº237
Séptimo Encuentro Anual de “Marmatólogos”

Los integrantes del Semillero de Derechos Sociales y Asuntos Públicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia nos acabábamos de reencontrar. Los rostros reflejaban emociones y entusiasmo. El reloj del auto marcó las 6:20 a.m. del sábado 24 de junio. Llegó el momento de emprender nuestro viaje.

 

Mientras recorríamos el trayecto de casi cuatro horas entre Medellín y Marmato, nuestras mentes repasaron el camino que habíamos transitado para darle forma a nuestro proyecto. Primero se construyeron ponencias, luego decidimos visibilizar la problemática estudiada a través de un reportaje audiovisual y tras dimensionar la cantidad de información recopilada, decidimos lanzarnos a la aventura de escribir un libro para difundir nuestros hallazgos y reflexiones.

 

El territorio

 

A Marmato se ingresa a través de un desvío que parte de la carretera La Felisa –La Pintada, ascendiendo por entre colinas empinadas. El pavimento se termina en El Llano, un caserío donde las multinacionales han pretendido reasentar a la población del municipio. El curso continúa a través de una vía destapada que culmina en El Atrio, donde se encuentra la cabecera municipal enclavada en el cerro El Burro.

 

Este no es un municipio común y corriente. Tiene un montón de peculiaridades que lo convierten en un lugar que marca la memoria de quienes lo visitan. Las casas se ubican en torno a las minas de oro, comunicándose unas con otras por una red antiquísima de caminos empedrados similares a los del imperio inca, convergiendo en una única vía principal donde se concentran las tiendas, los pocos restaurantes y los bares. No existe una gran plazoleta. La iglesia es pequeña y modesta.

 

El oro es el gran protagonista del municipio, a cuyo alrededor giran la economía, la cosmovisión, las vivencias y la identidad de los marmateños. Hasta el año 2015 se estimaba que su población era de 9.096 habitantes, de los que sólo 1.079 viven en el casco urbano. La mayoría se establecieron alrededor de los yacimientos, explotándolos artesanalmente desde tiempos anteriores a la invasión española, aunque algunas explotaciones ya se han tecnificado. Las comunidades indígenas y afrodescendientes relacionan al metal precioso con su existencia misma. Además de la minería, en menor escala también se desarrolla la agricultura.

 

El libro

 

Llegamos al municipio serenos y alegres, con ansiedad por descubrir también cómo luce nuestro libro. Salió de la imprenta el día anterior a las 8:00 p.m., y para que contáramos con él, en el tiempo preciso, la editorial le encomendó a Rigoberto, uno de sus baluartes, llevarlo expresa y directamente. Tras quince horas de viaje lo pudimos encontrar y conocer; el sol indicaba que nos acercábamos a la mitad de la mañana. Entonces, nuestros sentidos pudieron palpar por primera vez el libro durante la hora de almuerzo. Cada uno recorrió su contenido, contempló las imágenes y dimensiono lo que estaba ocurriendo. Acabábamos de materializar un sueño. “Marmato: la disputa por el oro y el territorio” es nuestro título. Miró la luz. Fluía una energía bonita.


El Séptimo Encuentro Anual de “Marmatólogos” fue el evento escogido para presentar nuestro libro. Año tras año, desde el 2010, se reúnen investigadores de diferentes disciplinas y de distintas universidades nacionales y extranjeras para divulgar sus resultados en torno a estudios que involucren a Marmato. También se socializan tesis de grado, propuestas de proyectos y otros productos. Nosotros no podíamos faltar en esta ocasión. Los honores le correspondieron al profesor Hernando Londoño Berrío. En sus palabras describió nuestro proceso de construcción y el contenido de cada capítulo. Además, agradeció a la comunidad marmateña por la colaboración prestada a lo largo de este hermoso proceso.

 

Nuestro texto consta de cinco capítulos: “Alineación del Estado colombiano en función del interés de la minería multinacional” elaborado por Viviana Orrego; “Marmato, un territorio en disputa. A propósito de las funciones simbólicas del sistema penal en tiempos de globalización neoliberal”, escrito por Diana Arias, Gonzalo Galindo y Hernando Londoño; “Marmato: derecho desde abajo y otras resistencias”, elaborado por Hernando Londoño, María Rocío Bedoya y Lizeth Parra; “El concepto de Buen Vivir” escrito por Jorge Daniel Lucero; y “Lineamientos para una política minera con enfoque territorial: el caso de Marmato” elaborado por María Rocío Bedoya. El prólogo lo desarrolló Fernando Hernández Valencia, Director Ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris.

 

Las percepciones y comentarios que varios líderes y habitantes de Marmato expresaron a propósito del libro reflejaban identidad, gratitud y satisfacción. Manifestaron que tanto los escritos como las imágenes condensan la esencia del pueblo.

 

Además de estar en el evento aquel sábado, decidimos participar de una reunión en la mañana del domingo 25 para hablar con estudiantes, líderes sociales e investigadores sobre los desafíos que enfrenta Marmato a corto y mediano plazo. Se establecieron compromisos. Se renovó la energía y el entusiasmo para seguir contribuyendo por el bienestar de la comunidad. Al medio día regresamos a Medellín.

 

En este viaje estuvimos presentes María Rocío Bedoya, Hernando Londoño Berrío, Viviana Orrego Pérez, Elba Marcela Londoño y Jorge Daniel Lucero. Echamos de menos a Diana Arias Holguín, Gonzalo Galindo Delgado y Lizeth Alejandra Parra. Este proceso ha marcado la vida académica y personal de nuestro equipo en torno a las vivencias y el aprendizaje adquirido. Más que compañeros, somos amigos.

Publicado enEdición Nº237
En El Salvador, las mujeres para cuidar el agua detienen la minería

En marzo de 2017 los pueblos de El Salvador lograron una tremenda victoria. Con la Ley de Prohibición de Minería Metálica, se decretó la prohibición absoluta de la exploración, explotación y procesamiento minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. La legislación es retroactiva y de ese modo cierra de manera absoluta los permisos que pudieran estar en trámite. El riesgo de dañar los ríos y fuentes de agua ha sido uno de los frentes de lucha de los movimientos sociales ante la industria extractiva.


La ley culmina más de diez años de lucha por parte de organizaciones de base y líderes comunitarios que se opusieron sobre todo a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora la australiana-canadiense OceanaGold. La oposición al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida, dejando un saldo trágico de muertos y heridos.


A pesar que la activa participación de las mujeres en los procesos de resistencia es casi siempre invisibilizada, las mujeres que están tras la lucha anti-minera en El Salvador no solo han sabido mantenerse en pie de lucha, sino que además han adquirido el papel de protagonistas.


El Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo M4 conversó con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).


1. ¿Qué fue lo que hizo que las poblaciones se resistieran tan fuertemente y por tanto tiempo contra el proyecto El Dorado?


Uno de los principales motivos fue la defensa del recurso agua, dado que la mayoría de la población tenía muy claro que el municipio se quedaría sin el vital líquido. Por otra parte, se dieron algunos sucesos, como la muerte de ganado en las zonas donde hicieron las exploraciones y también se secaron algunos pozos.


2. ¿Cómo organizaron la resistencia? ¿Cuál fue la estrategia?


Fueron varias etapas. Primero, recoger toda la información posible respecto al proyecto minero para conocer de primera mano los impactos que este tendría en la zona y el país. Posteriormente se procedió al trabajo de campo con el propósito de informar a las comunidades sobre los efectos negativos de la minería metálica. Se hicieron foros informativos con especialistas (Dr. Robert Moran y Dina Larios) en el tema de minería y también con personas que ya tenían experiencia en los daños que causa la minería, como es el caso de Honduras (Dr. Almendares). Se diseñó material escrito, audiovisual y radial en un lenguaje popular para que fuese fácil su asimilación por parte de toda la población. También se crearon alianzas estratégicas con otras organizaciones a nivel nacional.

3. ¿Cómo reaccionó la empresa?


La empresa no se quedo cruzada de brazos. También empezó toda una campaña de promoción en las comunidades, queriendo hacerles creer que el cianuro no era mortal, pero la mayoría de la gente no les creyó. Por otra parte, también utilizaron la estrategia que utilizan a nivel mundial: comprando a las autoridades, gobiernos locales y lideres comunales, haciendo obras sociales, etc. En algunas ocasiones se hacían presente en los foros que hacíamos con el fin de cuestionar a los ponentes, pero ellos no contaban con que éstos eran personas científicas expertas en el tema.

4. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en esta lucha? ¿Cómo es eso diferente de la participación de los hombres?


En primer lugar, la participación en los diferentes espacios informativos, en su mayoría, eran mujeres. A medida que la población se iba informando y tomando conciencia de la magnitud del problema, las mujeres fueron liderando el proceso de la lucha (alrededor de 10 mujeres lideresas). Ellas formaron parte de una estrategia para hacer denuncias y movilizaciones.


5. ¿Porqué crees que las mujeres adquieren un rol tan protagónico en estas luchas?


En primer lugar porque somos la mayoría en cuanto al porcentaje poblacional. Por otro lado, somos las que sufrimos los embates de los desastres y cualquier conflicto, así como también las afectaciones económicas, de salud, entre otras. Una mujer sabe lo necesaria que es el agua y la alimentación en un hogar, ya sea que sean madres solteras o no. No estoy diciendo que el hombre no lo sepa, sino que es ella la proveedora directa de los bienes de sobrevivencia, es la cuidadora de la familia, la casa, los huertos y la criadora de los animales domésticos.


La mujer es mas sensible ante los problemas que aquejan a la humanidad y es una excelente cuidadora y administradora de todos los bienes (por ejemplo de la madre naturaleza, la diosa del mar, etc.) Una mujer es muy decidida en sus convicciones y no es tan fácil comprar su voluntad cuando sabe que la vida está en juego.

6. Para que las mujeres tuvieran una participación activa en la resistencia, ¿tuvieron que también luchar dentro de sus mismas comunidades u hogares?
Las mujeres se ganaron su propio espacio. Si en algún momento se vio opacada su participación por parte de algún elemento masculino, fueron casos especiales. De igual modo, creo que su lucha mayor fue dentro de sus hogares, dado que tenían que dejar a su familia para poder unirse a la lucha.


7. ¿Crees que la lucha ya está ganada o hay que estar vigilantes?


Una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador no es garante de nada, dado que es una ley secundaria y en cualquier momento puede ser vetada o modificada. Mientras el Salvador siga adherido a los tratados de libre comercio, seguiremos expuestos a cualquier amenaza – no solo de la industria minera. Por otra parte, las legislaturas cambian cada 3 años, nadie nos asegura que la próxima legislatura modifique las cosas. Al menos por el momento podemos estar un poco [email protected] respecto a ese tema, aunque el futuro de los salvadoreños sigue siendo incierto. Mas ahora con la Ley de Asocios Publico Privados, con el fin de aumentar la inversión privada, especialmente inversiones extranjeras directas, partiendo de que el presidente hizo publica su posición de darle cumplimiento.


8. ¿Qué mensaje le darías a otras mujeres y comunidades que se encuentran luchando contra empresas mineras que intentan apropiarse de sus territorios?


Que somos las mayoría. Somos ese enjambre de abejas, de hormigas y que tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia si nos mantenemos unidos/as. Insisto, las mujeres somos mayoría. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad defender la vida y el territorio. Creo que la humanidad debe tener muy en claro que el enemigo es el mismo en todo el mundo y se llama CAPITALISMO. Debemos retomar nuestro papel en el cuido de la creación o evolución, dependiendo de la perspectiva ideológica de cada individuo. Es un reto entre la conservación o destrucción del ser humano. Sabemos que las riquezas son privadas, pero las consecuencias que éstas causan afectan a todos/as. Los costos los pagan el pueblo; nos venden lo que nos roban y, a través de la historia, los muertos son los mismos de siempre. El oro no se come, no es un bien indispensable para la humanidad. El agua es un recurso finito. Pero sobre todo, las mujeres tenemos una gran capacidad de amar y amar con el corazón, así que a fortalecer el amor al prójimo, a la vida, a la familia, a la humanidad, a la naturaleza y a la creación o evolución. La clave de la victoria está en el AMOR.


Texto publicado originalmente en M4 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero

Publicado enInternacional
La disputa China-EU fractura América Latina

Con sencillez y profundidad, Oscar Ugarteche y Armando Negrete, del Observatorio Económico Latinoamericano (Obela), trazan las nuevas fracturas tectónicas en la región en un breve y documentado artículo titulado Perspectivas de las economías latinoamericanas frente a la economía mundial (goo.gl/vGQV48).

El argumento central es que el giro proteccionista, en Estados Unidos con Trump y en Inglaterra con el Brexit, acelera los cambios económicos (y geopolíticos) en la región, donde las economías son cada vez más dependientes y están estructuralmente abroqueladas en el patrón de acumulación de la década de 1950, o sea, exportación de materias primas e importación de bienes industriales.

En este marco de profundización de la dependencia, la emergencia de China como actor central en el sistema-mundo ha provocado una fractura estructural en América Latina: Sudamérica ha virado hacia China y la cuenca del Caribe ha estrechado su histórica relación con Estados Unidos, sostienen Ugarteche y Negrete.

Para graficar esa fractura, muestran las tendencias comerciales de los países de América del Sur, por un lado, y los de América Central, México y el Caribe, por otro. El resultado es que México envía 81 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos, en tanto Brasil exporta sólo 12 por ciento y Argentina 5 por ciento a ese destino. El color de los gobiernos no es lo fundamental: el derechista argentino Macri ha renovado y profundizado los lazos con China, por razones estructurales.

El país que está en el centro de esta fractura es Venezuela. El párrafo decisivo, a mi modo de ver, es el siguiente: "De un lado la inversión extranjera más importante de EU es de capital de PDVSA en la forma de CITGO, una de las principales empresas refinadoras y distribuidoras de gasolina después de Exxon. De otro, Venezuela le vende crecientemente a China y se endeuda con Rusia, lo cual crea un escenario bélico en la cuenca del Caribe, mare nostrum americano".

La conclusión es sencilla, aunque trágica: "Por primera vez existe una posibilidad real de una guerra de alta intensidad propiamente dicho, frente a la eventualidad de problemas de pagos de deuda con PDVSA". Los miembros de Obela creen que es muy posible una quiebra de la petrolera y un cese de pagos, lo que "generaría un problema internacional mayor".

En opinión de Ugarteche y Negrete, la solicitud de Colombia para ingresar a la OTAN se relaciona con el este futuro bélico, así como la declaración de Barack Obama de que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos.

En este punto, vale recordar los análisis del brasileño José Luis Fiori, quien se apoya en Nicholas Spykman (1893-1943), el teórico geopolítico que tuvo mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX, para actualizar los debates latinoamericanos durante la transición sistémica en curso.

Para Spykman, señala Fiori, el Caribe, más Colombia y Venezuela, forman una zona de influencia donde "la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada", ya que los consideraba "un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a Estados Unidos, lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta dependencia" (goo.gl/9ti7oW).

En esta mirada de la región, Fiori sostiene que Estados Unidos y Brasil se enfrentarán inevitablemente a lo largo del siglo XXI, ya que son los dos únicos países con capacidad de liderar la región con proyectos propios. Y concluye: "El problema es que la posición de Washington es clara, pero no sucede lo mismo con la mayor parte de los gobiernos progresistas de la región".

Si la confrontación es inevitable; si la guerra es posible, deberíamos colocar esa perspectiva en los análisis de los movimientos antisistémicos para adecuar la organización y la conciencia ante esos escenarios. De allí se desprenden algunas consideraciones.

La primera es que la llamada crisis de la democracia, la desarticulación del Estado-nación y de las organizaciones que giran en torno a sus instituciones (desde los partidos políticos hasta las grandes centrales sindicales), son tendencias de carácter estructural que no puede ser revertidas por tal o cual caudillo, dirigente o administrador.

Tomarse en serio la democracia electoral, mientras la clase dominante le apuesta a la militarización y prepara masacres, es una irresponsabilidad para quienes queremos cambiar el mundo. Eso no quiere decir que se deba darle la espalda a las urnas, sino que el eje central debe girar en torno a la organización de los sectores populares y no en torno al apoyo a los representantes, porque éstos no pueden hacer gran cosa, aunque realmente quieran hacer algo.

La segunda tiene que ver con la guerra. Hace poco más de un siglo, cuando la socialdemocracia alemana votó los créditos de guerra y apoyó a su propia burguesía en la primera guerra mundial (1914-1918), el internacionalismo se hizo añicos y una profunda crisis carcomió las entrañas de las fuerzas revolucionarias. Alguna lección deberíamos aprender de aquella penosa historia.

Frente a quienes apoyaban a los gobiernos y los Estados, los rebeldes rusos delinearon una estrategia bien distinta: convertir la guerra interimperialista en guerra de clases para hundir a la burguesía. Las cosas hoy no son idénticas. Pero en los momentos de grandes virajes y conflictos mayores, no deberíamos caer en la trampa de apoyar a los gobiernos-Estados sino aprovechar el colapso institucional que sucede durante las guerras, para construir/expandir el poder de los de abajo.

Los grandes cambios en la historia de la humanidad suceden durante guerras. La historia del siglo XX debe persuadirnos de esa triste realidad.

El análisis "económico" de los miembros de Obela nos debería quitar la venda de los ojos y evitar que el pragmatismo oscurezca la ética. ¿Cómo nos estamos preparando para los momentos álgidos que se vienen? El paso fundamental se relaciona con la disposición de ánimo, lo que supone mirarnos al espejo para decidir a qué estamos dispuestos.

Publicado enInternacional
El récord más lamentable: 200 defensores de la Tierra asesinados en un año

 El informe de Global Witness muestra que en 2016 aumentó el número de muertes entre los ambientalistas y luchadores indígenas

 


La violencia contra los defensores de la Tierra sigue extendiéndose lamentablemente. En 2016, al menos 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas fueron asesinadas en diversos puntos conflictivos del planeta, según el informe Defender la Tierra publicado por Global Witness.


“El asesinato de personas defensoras no sólo está creciendo, también se está expandiendo. En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países”, destaca el informe de esta organización internacional especializada en el seguimiento de conflictos ambientales.


Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007).


La cifra de 200 muertes podría ser incluso superior puesto que existen limitaciones importantes de acceso a información. Además, “los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos”, indica este documento publicado a escala mundial por Global Witness el 13 de julio.


“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” dijo Jakeline Romero a Global Witness.


Jakeline es una líder indígena colombiana que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. El operador local del proyecto negó haber causado escasez de agua y ha condenado las amenazas sufridas por activistas.


“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.


En muchos casos, la falta de sistemas judiciales eficientes hace difícil identificar a los responsables de las agresiones y asesinatos, sin embargo, indica el informe de Global Witness, “encontramos evidencia sólida de que la policía y el ejército [de los países respectivos] estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes”, destacan los autores del informe.


El informe documenta, por ejemplo, que los asesinatos se han triplicado en India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes.


Casi el 40% de las personas asesinadas eran indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.
Otros datos destacados en el informe:


La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios.


Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país.


Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros.


Proteger parques nacionales es más peligroso que nunca, con gran cantidad de guardaparques asesinados en África. En 2016 hubo 9 asesinatos confirmados de guardaparques en la República Democrática del Congo. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por las muertes en Asia, con 28 asesinatos registrados.
El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos.


“Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Ben Leather.


Las cifras de 2017 no dejan demasiado margen a la esperanza. Entre enero y julio de este año se han registrado 97 asesinatos de personas comprometidas con la Tierra, según los datos provisionales de Global Witness.

 

 

Publicado enInternacional