En Pijao y Arbeláez tampoco quieren actividad minera en sus territorios

El pasado 9 de julio de 2017 se realizaron sendas consultas populares en los municipios de Pijao (Quindío) y Arbeláez (Cundinamarca). En ambos ganó el NO rotundo con más del 90 por ciento de los sufragios en contra de las actividades extractivas.

 

Un No con eco generalizado. En Pijao 2.613 personas (de un total de 6.073 habitantes aptos para votar) dijeron NO a la explotación de minerales; 26 por el sí y 8 votos fueron anulados. Por su parte, en el municipio de Arbeláez 4.312 fueron las personas que rechazaron la explotación y la exploración de hidrocarburos en su territorio, frente a 38 que la aprueban. Este resultado reafirma la constante nacional (Cajamarca, Cumaral, Piedras, Cabrera) que se opone a la destrucción de sus territorios, despertando frente al espejismo del mal llamado “progreso”, que solo trae ruina y destrucción. En otros municipios, como Jericó y Támesis (Antioquia) sus concejos municipales dejaron sentar su rechazo a la explotación minera en su jurisdicción.


Una convicción social, ambiental y política que refleja el eco de la crisis climática que afecta a toda la humanidad, ante la cual poblaciones del más variado signo optan por proyectar su futuro y de quienes les seguirán con responsabilidad, sin dejarse engañar por un Dorado que en departamentos como el Chocó, la Guajira, Putumayo y otros, ha confirmado y reconfirmado, una y otra vez, que la minería es una simple ilusión, de la cual se benefician las multinacionales, sus verdaderas defensoras.


Voces gubernamentales


Y junto a los grandes capitales llegados desde otros continentes, también existen defensores de oficio. En nuestro caso, son las voces gubernamentales y empresariales opuestas a este tipo de consultas populares.
Para el exministro Eduardo Pizano, el petróleo es un generador de recursos para el Estado y el rechazo que está corriendo por todo el país generará problemas fiscales porque “si no se cuenta con esos recursos, o hay más impuestos o el Estado no va a poder pagar ese tipo de derechos que se habían garantizado”, aseguró.


Por su parte, Hernando Barrero de la Asociación colombiana de ingenieros de petróleo dijo: “Creo que es necesario establecer la seguridad jurídica en el sector minero, no se cuenta con certeza sobre la obligatoriedad o la fuerza vinculante de las consultas teniendo en cuenta que hay unos derechos adquiridos por varios empresarios”.


Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos agregó: “Según el Consejo de Estado en el fallo del 30 de mayo, estas decisiones cobijan el manejo del suelo hacia futuro, es decir, garantiza la seguridad de los contratos ya realizados. También los fallos de la Corte Constitucional, como la del Consejo de Estado, hablan de un nivel de competencias que le corresponden al gobierno nacional y a los entes territoriales, ahí hay ciertos elementos de confusión que no están dejando claro cuál es el nivel de decisión de estas consultas populares”.


No obstante, Mónica Flores quien es representante del comité promotor de la consulta en Pijao declaró a los medios que: “Hay que tener muy claro aquí, que la Corte Constitucional a través de la sentencia T-445 de 2016 lo que hizo fue ratificar la Constitución política de Colombia, está diciendo que las consultas populares, a diferencia de lo que dicen algunos gremios del Gobierno, sí es vinculante y hay que respetar la decisión del constituyente primario... y nosotros lo vamos a hacer respetar”.


¿Dependencia al extractivismo o negativa a otras actividades?


“Nosotros tenemos una altísima dependencia a la industria de hidrocarburos, generamos más de 20 billones de ingresos tributarios al año y está garantizándose por el momento la suficiencia de combustibles en el país... En la medida en que estas consultas vayan creciendo en la forma en que lo están haciendo, pues se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de este país y la autosuficiencia en materia de combustibles”, afirmó Orlando Velandia


Y agregó: “En la última reforma tributaria se aumentó el IVA en 3 puntos para recibir dineros cercanos a 6 billones de pesos, si al decirle no al extractivismo dejamos de generar más de 22 billones de pesos al año, el Gobierno debe recurrir a los ingresos tributarios. Las decisiones que están tomando los municipios nos afectan a todos”.


Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petroleros, tiene una opinión similar:


“El impacto de carácter fiscal que se termina traduciendo, sin duda alguna, en más impuestos para todos los colombianos. Seguir con la idea de sacar a patadas a todos los proyectos mineros y de hidrocarburos sería una profunda estupidez”. De acuerdo con este funcionario, “Tiene que ver también con la calidad de vida de los colombianos porque si nosotros perdemos la autosuficiencia en materia de combustibles, pues eso termina significando que debemos prepararnos para combustibles más costosos, incluido un gas natural más costoso. Tenemos un régimen fiscal que es muy poco atractivo, mientras la carga fiscal promedio de esta industria es del 70 por ciento, es difícil que los inversionistas se fijen en Colombia con el mismo interés”.


También aseguró que las iniciativas en los municipios como Pijao y Arbeláez son promovidas por intereses políticos. “No son comunidades espontáneas que de la noche a la mañana están preocupadas por el medio ambiente, no. Hay intereses políticos. Hay políticos... que en una época electoral que está iniciando, apalancan sus campañas con el discurso ambientalista.


Y continuó: “Hay grupos de izquierda que están alineados con fuerzas sindicales, con grupos armados al margen de la ley; que lo que quieren es estatizar la actividad petrolera en Colombia. Han querido sacar a las multinacionales, olvidando que sin las multinacionales Colombia hoy no tendría actividad petrolera”.


Al respecto, vale la pena preguntarse: ¿Qué motivó a la población Pijaense a convocar a una consulta popular? Mónica Flores dio estas razones: “El problema que teníamos era la minería a gran escala con los títulos que se habían concedido y las nuevas licitaciones mineras”. También aseveró que en Pijao hay aproximadamente 18 solicitudes para extracción, 6 de ellas para extracción de metales.


“Lo que queremos es blindar a Pijao de una minería de metales a gran escala porque este es un municipio que tiene paisajes de páramo, de valle, de montaña y un gran potencial económico a través de la agricultura y a través del turismo responsable”.


Las próximas consultas sucederán en Pasca (Cundinamarca), Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas). En más de 30 municipios también recogen firmas para que sea la voluntad popular quien confirme o rehúse proyectos que afectarían su terruño, bien por efecto de explotación minera, petrolera o por generación de energía.

Publicado enColombia
"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua"

Hablamos con Ruth Chaparro, cuya organización trabaja con el pueblo wayúu en la Guajira, donde en los últimos cinco años han fallecido más de 5.000 niños de desnutrición por la sequía
"Son décadas de exclusión. Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las escuelas son inexistentes y tienen miedo al hospital", denuncia

Desde hace algún tiempo, los bolsos confeccionados por los indígenas wayúu inundan las tiendas de artesanías de la costa Caribe colombiana. Se reconocen fácilmente por sus colores vivos, sus estampados con formas geométricas y su acabado de croché, y se han convertido en uno de los complementos de moda para locales y turistas.


Ruth Chaparro, sin embargo, solo puede pensar en las manos que los cosen en la Guajira, al norte del país, a cambio de unos pequeños ingresos para sobrevivir. "Es muy fácil encontrar mochilas wayúu en cualquier lugar del mundo, hay una sobreoferta. Y que haya mochilas por todas partes es la señal de que la situación del pueblo wayúu es muy grave: cuanta más hambre tienen, más tejen. Tejen, tejen y tejen", comenta en una entrevista con eldiario.es.


Nacida en Bogotá, lleva más de 30 años trabajando con pueblos originarios de Colombia. Su organización, Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que colabora con Manos Unidas, ha recibido esta semana el premio Bartolomé de la Casas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, por su "constante trabajo de fortalecimiento de la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas".


Chaparro habla con elocuencia, un tono sereno que abandona cuando explica la "grave" desnutrición que amenaza al pueblo wayúu, el más numeroso del país. Entonces gesticula contrariada y se vuelve mucho más categórica. "Los indígenas wayúu están en riesgo inminente de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas, por falta de agua y alimento", alerta.


Más de 5.000 niños han muerto de hambre


En los últimos cinco años, las autoridades indígenas calculan que más de 5.000 niños menores de dos años han muerto de hambre en la Guajira, un territorio rico en recursos como el gas y el petróleo y habitado desde hace siglos, en su mayoría, por la población wayúu. Un desierto a orillas del Mar Caribe donde hace más de seis años que no cae ni una gota.


"El cambio climático es una realidad. Antes, siempre llovía una o dos veces al año. La gente sembraba, producía lo que necesitaba para comer y sus hijos podían beber agua. Ahora, con la sequía, quedaron sin agua. Sin agua no hay alimento y sin alimento no hay vida", argumenta Chaparro.


La desnutrición crónica afecta al 27,9% de los niños y niñas menores de cinco años de la región, según cifras de las ONG, más del doble que la media nacional. "Son niños que no levantan la mirada del suelo. Que no tienen uñas ni cabello. Que han perdido el 100% de la masa muscular. Niños que ya no lloran porque no tienen lágrimas, porque están totalmente deshidratados. Que ya no se quejan, porque cuando el dolor es extremo, ya no se siente", describe.


"Las mujeres tienen que amamantar a tres o cuatro hijos porque no hay comida. Y las embarazadas sufren niveles de desnutrición asombrosos. Tienen la piel reseca, el cabello destrozado. Su angustia es enorme porque si no beben agua, según su tradición, los niños pueden nacer con problemas", prosigue la cooperante. Cuando los niños mueren, es el momento del 'movimiento de las mantas negras'. En un ritual de duelo colectivo, las mujeres wayúu, vestidas de luto, lloran su muerte y protestan entre ataúdes que simbolizan las miles de vidas que se ha llevado el hambre en la Guajira.


Con su organización, Chaparro recorre el desierto en búsqueda de menores para tallarlos y pesarlos e ingresarlos si es necesario en un programa de recuperación basado en el tratamiento con Ekúlüü süpúla waín, que significa 'Alimento de vida'. Las mujeres de la comunidad tuestan y muelen las semillas de maíz y frijol, y los mezclan con hojas de moringa. El resultado, aseguran, es una multimezcla con un alto valor nutricional que provoca que los niños suban de peso con rapidez.


Es la única solución a corto plazo. "Denunciamos los casos a las autoridades. El sector público es más lento en su respuesta, así que si no hacemos algo muchos van a morir", sostiene. Ahora, solo esperan poder tener acceso al agua para empezar a cultivar sus semillas y, así, regenerar el ecosistema que se ha secado y recuperar su soberanía alimentaria. También llevan a cabo formaciones con las autoridades indígenas para que conozcan y ejerzan sus derechos.


"Solo así no se genera mendicidad. El paternalismo es perverso. Tienen derecho a la tierra, al agua y a producir su propio alimento. Regalarles cosas no ayuda. A veces les mandan ropa vieja y para el frío, cuando es un clima cálido. O recolectan juguetes para los niños, o les instalan un panel solar. Si ellos piden agua, ¿por qué no les damos agua? No les demos lo que no nos están pidiendo", reclama.


"Corrupción, racismo y desigualdad"


Pero detrás de esta falta del bien más básico está también la mano del hombre. Chaparro no duda y, además del cambio climático, apunta a las empresas extractivas de la zona como responsables de que varios arroyos del territorio se hayan secado. "Hay una gran extracción minera del carbón y hay estudios que demuestran cómo la empresa alteró las dinámicas del agua", señala.


"La Guajira no es pobre. Tiene hidrocarburos, energía eólica, sal. El PIB en la región subió muy por encima de la media nacional, sin embargo el 97% de las necesidades básicas están insatisfechas. ¿En manos de quién quedó esta riqueza?", se pregunta. "Hay una corrupción administrativa muy dolorosa. Muchos dirigentes han sido investigados y están en la cárcel. Soñamos con que los corruptos se desmovilicen", esgrime la cooperante.


Así, la sed y el hambre que amenazan a la árida Guajira son solo la punta del iceberg de lo que considera "décadas de exclusión" de los cerca de 300.000 wayúu que habitan en Colombia. "Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las e scuelas son prácticamente inexistentes. Muchas veces llegan a un hospital y como no tienen los papeles, no los atienden. Los turnos para que los reciban son vergonzosos, la atención no es bilingüe", explica en referencia a la fuerte presencia de su lengua, el wayuunaiki. " Por eso prefieren morirse en la casa. Le tienen miedo al hospital, a cómo les atienden", continúa.


"Deje que las yucas y las piñas hablen por mí"


FUCAI también trabaja con los pueblos ticuna y yagua en la Amazonía, en la frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Se trata, explica Chaparro, de comunidades históricamente expoliadas en las que había comenzado a reinar el monocultivo. "A principios del siglo XX los convirtieron en esclavos para que el caucho llegara a Europa. Murieron 70.000 indígenas. Durante el conflicto entre Colombia y Perú, muchos fueron deportados y quemaron sus cultivos para que no tuvieran la tentación de regresar. Cuando regresaron solo pudieron recuperar pocas especies", relata. También, dice, tenían problemas de desnutrición.


Ahora han logrado sembrar con ellos más de 190 especies amazónicas. Entre ellas, frutas de todo tipo, casi desconocidas para el resto del mundo, como e l copoazú, el arazá o el camu-camu. "Quieren i r más allá de las palabras. Un anciano decía: 'Deje que las yucas y las piñas hablen por mí. Yo quiero un discurso que se pueda comer'. Volver a la tierra da fuerza y autoridad moral", señala Chaparro.

 

Además de recuperar las semillas y los suelos de la "exuberante" selva amazónica, promueven la cocina nativa. "No tienen que comprar nada porque todo lo produce la tierra. Viven de lo que siembran y es una cocina sana, variada y suficiente", indica.
"El mayor logro es que tras 500 años sigan vivos"


En pleno proceso de construcción de paz tras los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, la aspiración de Chaparro es que los otros problemas del país puedan recibir la atención que se merecen. "El terrorismo se llevó toda la atención y todo el presupuesto, por eso no pudimos ver la corrupción, la desigualdad y la pobreza extrema. Ahora, estos problemas podrán pasar a un primer plano para poderlos resolver", opina.


Desde su Constitución de 1991, Colombia se reconoce como un país con diversidad étnica y cultural. Desde entonces, para la cooperante, los logros han sido varios, sobre todo en relación al reconocimiento de derechos territoriales y a un Gobierno propio. "Es un paso importante, pero también un reto. Con todos los intereses que hay sobre esos territorios, la lucha debe ser permanente. Debemos estar alerta para que sean protegidos", opina.


Sin embargo, a su juicio, el mayor logro de todos es "que después de más de 500 años sigan vivos". Siglos después, dice, "no hemos aprendido la lección. La arrogancia de Occidente sigue intacta, en nombre del desarrollo se sigue arrasando con pueblos enteros", recuerda. Y añade: "El logro también es que permanezcan con una visión distinta". "Son culturas que no acumulan, que no producen toneladas de basura ni contaminan, que respetan a sus ancianos y dedican tiempo a sus hijos. No pueden desaparecer. En el fondo creo que incomodan porque nos están diciendo con su manera de vivir muchas cosas", concluye.

Publicado enColombia
"Los pueblos indígenas son cada vez más obligados a migrar a la ciudad para morirse en la pobreza"

Álvaro Pop, expresidente del Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, analiza la situación de los pueblos originarios de cara al décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas que reconoce sus derechos
"Las empresas que explotan recursos lo único que quieren son dividendos, pero se olvidan de las personas que viven ahí"
"Existe la minería responsable, pero responsable solo ante sus accionistas"


Este año se cumple el décimo aniversario de la histórica Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que trataba de blindar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Sus circunstancias particulares y su sufrimientos histórico merecían el reconocimiento expreso de estos, pero, 10 años después, no hay mucho que celebrar, denuncia Álvaro Pop, activista indígena y expresidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
"Los pueblos indígenas son cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza", lamenta Pop. Este maya q'eqchi guatemalteco es, desde enero, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, un cargo más en toda una vida dedicada a la lucha por los derechos de los pueblos originarios.


Desde su altavoz trata de desterrar mitos e insiste en la importancia de los pueblos indígenas para la supervivencia del planeta. "Somos una minoría global que alberga en sus territorios el 70% de la capacidad forestal y el 50% de la biodiversidad del mundo", recuerda en una entrevista con eldiario.es. Los desafíos que afrontan estas comunidades, insiste, aún son muchos: desde el cumplimiento del derecho a la consulta hasta el fin de la persecución de las poblaciones locales, así como un modelo de desarrollo alternativo.
El concepto de "modernidad" importado de Europa es, a juicio del experto, uno de los principales problemas en la vida de los pueblos a los que representa. "Occidente, con su concepto de modernidad, insiste en los derechos individuales, la democracia individual, la economía individual, olvidándose de que no podemos existir sin la colectividad", lamenta este corpulento indígena de 48 años.


Desde el desierto de Sonora hasta Tierra del Fuego, los pueblos originarios representan el 10% de la población total de América Latina, con alrededor de 50 millones de personas, según Naciones Unidas. Repartidos en cientos de comunidades a lo largo de Abya Yala –nombre ancestral que engloba al continente americano –, los primeros pobladores habitan entornos tan diversos como la imponente selva amazónica, los gélidos páramos andinos o las paradisíacas costas caribeñas.


Sin embargo, muchos de ellos enfrentan amenazas similares. Los proyectos de extracción de recursos naturales, ya sean mineros, petroleros o hidroeléctricos, conllevan en muchas ocasiones, recuerda Pop, el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Cuando estas oponen resistencia, suelen ser perseguidas, encarceladas o asesinadas. Ocurre a menudo en México, Honduras o Brasil, pero también en países con gobiernos progresistas como Ecuador.


Según Pop, la falta de protección de los pueblos indígenas se debe a prácticas neocoloniales asociadas a la proliferación de "gobiernos corporativos que mantienen relaciones incestuosas con las empresas". Esta prevalencia de los intereses de inversores extranjeros sobre el bienestar de las poblaciones locales conlleva entonces que "los pueblos indígenas sean cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza, perdiendo sus idiomas", denuncia el que fue en 2016 presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.


Frente a un modelo de desarrollo que permite que comunidades situadas alrededor de una central hidroeléctrica no tengan luz en sus casas, Pop esgrime las alternativas propuestas por los pueblos originarios. Entre ellas destaca el Buen Vivir, o Sumak Kawsay, surgido en los Andes. "Esta práctica de vida debería hacernos reflexionar para que reconozcamos formas de pensamiento vinculadas a la naturaleza y a la colectividad", sostiene.


En cualquier caso, Pop desmarca a los pueblos originarios del ecologismo. "El planteamiento ecologista ve a la naturaleza allá y al humano acá, y el humano tiene que proteger a la naturaleza. El planteamiento de los pueblos indígenas no es así. Nosotros estamos dentro y, por lo tanto, queremos que nuestro mundo se mantenga", aclara.
"La obligación de consultar a los pueblos no se cumple"


A punto de cumplirse del décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pop estima que los avances jurídicos han sido importantes, pero no han solucionado los problemas. "Las normas internacionales y nacionales obligan a los Estados a construir mecanismos de diálogo y consulta mediante la participación de los pueblos indígenas, pero esto en la práctica no se cumple", afirma.


El derecho a la consulta previa, libre e informada, que otorga a las comunidades afectadas por proyectos extractivistas el poder decisión sobre sus territorios, es uno de los más vulnerados. No obstante, existen casos recientes que muestran un cambio de tendencia, como el de la comunidad campesina de Cajamarca, en Colombia, que dijo 'no' a la minería en una consulta popular celebrada en marzo.


A Pop no le extraña que las poblaciones rurales de América Latina se opongan a las iniciativas mineras. "No hay un solo ejemplo de un lugar donde hubo una mina de oro o de plata y hoy haya un jardín", expresa en referencia a las promesas que realizan gobiernos y compañías mineras sobre la reforestación de los territorios explotados.


"Existe la minería responsable, pero responsable solo ante sus accionistas. Las empresas que explotan recursos lo único que quieren son dividendos, bajo ese concepto se olvidan de las personas que viven ahí, se olvidan de la posibilidad del rescate de la naturaleza", señala.


"La creencia de que no aportamos es falsa"


Debido a esa resistencia que muchos pueblos indígenas mantienen ante los proyectos de extracción de recursos naturales, abundan los gobiernos que los tildan de obstaculizar el desarrollo. Lo mismo ocurre con buena parte de las poblaciones mestizas urbanas de América Latina, quienes priorizan la creación de empleo y la llegada de recursos económicos sobre los derechos de los pueblos a decidir sobre sus territorios.


Frente a esta extendida percepción que caricaturiza a los indígenas como enemigos del progreso, Pop arguye que el desarrollo económico de buena parte del planeta debe mucho a las comunidades nativas. "Los pueblos indígenas han ayudado y sostienen las economías de casi todos los países de América Latina y del mundo", asegura. "Nos dedicamos a la agricultura y a la pesca, nuestras economías están muy vinculadas a la tierra. Por eso la creencia de que no aportamos y que somos dependientes es falsa".
Pop reconoce que los pueblos indígenas también tienen que hacer autocrítica en algunos aspectos, como en relación a los derechos de las mujeres. "Por supuesto que hay machismo en las comunidades, hay desigualdad en la toma de decisiones", asume este politólogo maya, que valora los aportes de mujeres indígenas vinculadas al feminismo comunitario.


Frente a los retos que los pueblos originarios tienen por delante, Pop considera que el más acuciante de ellos es la transformación de los Estados latinoamericanos en entes que garanticen el cumplimiento de los derechos indígenas. Además, plantea la necesidad de buscar una tercera vía que permita superar la "disyuntiva mortal" que obliga a elegir entre extractivismo sí o extractivismo no.


"Sin la explotación de los recursos no hay futuro porque nos quedaríamos sin teléfonos celulares y sin energía eléctrica, pero tampoco hay futuro haciéndolo. Por eso hay que construir una tercera vía para el desarrollo en donde el bienestar de todos incluya el bienestar de los pueblos indígenas, donde seamos reconocidos como ciudadanos de primera categoría", concluye.

 

Por Jaime Giménez - Quito (Ecuador)
03/07/2017 - 20:39h

Publicado enSociedad
Viernes, 23 Junio 2017 15:35

El ahogado

El ahogado

“¡Abro los ojos! Una noche más sin poder conciliar el sueño, inmóvil, intentando adormitar el dolor que corre por mi espalda, intenso, una presión como si dos manos gigantes me tomaran por pecho y espalda, como si fuera un dentífrico al que presionan de afuera hacia adentro para extraer la crema que guarda.

 

Me duele el cuerpo. Intento tomar aire, labor cada vez más ardua: inhalar se convierte en una constante pelea con mi tórax, que golpetea como si fuese un motor descompuesto. Me duele el cuerpo. Cada vez es más complicado para mis agotados pulmones realizar su función; inhalan y hacen ruidos cual sapos saltando en los charcos.

 

Miro mi cuerpo de abajo hacia arriba. Sigo quieto, tanto como lo estuve toda la noche. Escucho que mi esposa se levanta. Cierro los ojos, escucho sus movimientos en la habitación; ahora sale y un alboroto de ollas suena, aunque muy sigiloso; oigo que abre la regadera.

 

Sigo en mi lecho, inmóvil. Mi pecho continúa pegado a la espalda; cada vez me es más difícil mantener la lucha contra las contracciones. Toso de nuevo la misma tos de perro, pero esta vez la tos trae una bocanada de sangre con mucosa; empalidezco y siento como mis ojos se van cerrando, adormecidos como si el cansancio de todo este esfuerzo me estuviera venciendo; mis pulmones son como un horno, más y más de esa mezcla oscurece la almohada, intento gritar para avisar a mi esposa pero es en vano pues los pulmones no me responden. Me atraganto, intento ponerme de pie, el pantalón abandona la cintura y cae “en las dos últimas semana he bajado ocho kilos”, intento sujetarlo pero la mente se nubla, un mareo gana espacio dentro de mí y caigo al suelo; debo resistir, pienso, trato de sujetarme al borde la cama y siento como otra bocanada de sangre sale por mi boca y nariz, una masa de todo ello me va tapando la garganta, me angustio y ahora solo deseo que mi esposa salga pronto del baño; cierro los ojos, intento incorporarme pero no lo logro; escucho que abren la puerta del baño, lucho contra el peso que me oprime y que arrebata las fuerzas hasta quedar de cara al suelo, sin sentido. Soy un náufrago que espera a ser encontrado”.

 

Así es el día a día de Humberto, adulto que ya refleja en su rostro la marca que deja el paso de los años, que ya son 58; sus ojos, profundos, como una fosa en la cual van a parar las alegrías y tristezas de toda una vida. Este hombre, un obrero cargado de esfuerzos y vivencias, y ahora de dolores, que por su estado me lleva a que me pregunte si la justicia en nuestro país es realmente imparcial o solamente favorece a quien mejor la seduzca.

 

Su dolor lo siento tan cerca que parece arrebatarme la tranquilidad. Me pregunto, les pregunto: ¿Alguna vez se han interrogado qué sería de su vida si la capacidad de valerse por sí mismo disminuyera? ¿De qué viviría? ¿Cómo cubriría sus necesidades? ¿Qué haría si la empresa para la que trabajó durante buena parte de su vida, responsable de su estado de salud, es indiferente ante su angustia? ¿Si la institución a la cual le canceló durante años el seguro se niega a reconocerle un derecho fundamental, en este caso la pensión?

 

A Humberto lo asiste la razón, y como a otros muchos obreros el poder los desdeña y arrincona, una vez enfermos, como útiles viejos, negándoles también el derecho a vida digna. Su historia de dolores e incapacidades se remonta al veinte de mayo del 2004, cuando fue internado por primera vez en el hospital producto de una dificultad respiratoria que el diagnostico médico resumió como una silicosis pulmonar grave “la tisis del minero”, ordenando diez días en cuidados intensivos, trece meses de incapacidad y, como consecuencia de ello, el final de su vida laboral.

 

El médico se lo dijo con toda claridad: alejarse de cualquier partícula de sílice que le pudiera seguir afectando, es lo primero por hacer; no retomar su labor en Filpa, la fábrica de insumos para fundición, en donde trabajaba con asbesto, arena, fibra de vidrio y otros compuestos desde hacía 25 años.

 

Trabajo arduo, constante, con esmero, pero sin protección o seguridad industrial alguna, por lo cual adquiere la enfermedad diagnosticada. “Lo que allí nos daban era una simple máscara, sencilla, de esas de trapo”. Luego de evidenciada su lesión el dueño de Filpa empieza a dar la dotación adecuada a sus empleados, aunque el mal sobre su cuerpo ya estaba hecho. Unos ganan con la pérdida que afecta a otros, así acumulan su riqueza los patrones y así pierden los obreros. Pero ¿qué se puede esperar de alguien que despide a un trabajador estando en incapacidad médica?, sin cumplir ni con una indemnización, porque esto fue lo que sucedió.

 

Resistir, es lo que corresponde para defender un derecho ganado tras años de labor ininterrumpida. Humberto interpone una demanda legal, tras cuyo resultado desnuda una vez más lo inconsistente y arbitraria que es la justicia en Colombia. ¿Justicia, cuando quien tiene dinero hace con la ley lo que quiera?

 

La noticia de su enfermedad dejó a Humberto prácticamente en la calle, más cuando la seguridad social no apareció por parte alguna. En defensa de sus derechos demandó y ganó en primera instancia, pero luego de doce meses le dicen que se vencieron los términos de la demanda y que no le van a responder por nada más, convirtiéndose en otra víctima de la explotación laboral y de la justicia de bolsillo.

 

El brazo no se da a torcer. Humberto se encuentra luchando contra la Aseguradora de Riesgos Laborales para recibir la pensión a que tiene derecho, la misma que debió recibir desde el mismo momento en que le diagnosticaron la silicosis, enfermedad profesional y de tipo incapacitante.

 

Mientras la justicia toma su lugar, Humberto sobrelleva sus dolores con el apoyo incansable de su esposa. Ella lo llama a comer, como lo ha hecho durante todos estos años de enfermedad incapacitante. En realidad son dos que parecen uno. Esto lo sabe el otrora obrero, que aún a pesar de las dolencias que parecen partirlo, colabora en su hogar, donde en la parte trasera de su casa se esconde una huerta en la cual siembran algunas matas de maíz, alverja, plátano, naranjas, banano, guayaba, yuca, auyama, curuba y frijoles; también se las ingeniaron para construir un galpón en el que se mueven unas veinte gallinas de las cuales obtiene huevos, y al fondo un corral con una cabra de la que goza un poco de leche.

 

Donde hay decisión de lucha, hay posibilidad de vida, así lo sabe él: la enfermedad está ahí, no lo dejará, pero contra ella se bate. También la injusticia está ahí, allí y más allá, por toda Colombia, pero contra ella también la lucha impedirá que se posesiona como diosa.

Publicado enEdición Nº236
Resistencias antiextractivistas: en el corazón de la práctica de la ecoteología

En Latinoamérica la apuesta es por la ecoteología a través de la cual representantes de la Iglesia ejercen su misión liberadora del hombre y la tierra. Uno de los propósitos es cambiar de paradigma, ubicar al hombre como parte de la naturaleza, integrado a ella, en una nueva relación ya no de dominación sino de codependencia.


En Suramérica y Centroamérica diferentes comunidades eclesiásticas acompañan comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, en sus resistencias pacíficas contra empresas, nacionales y multinacionales, y sus proyectos extractivistas.


“La ecoteología constituye una nueva cosmovisión con inspiración ética y religiosa que cuestiona el modelo de civilización tecnocientífica imperante y propone un paradigma que salvaguarde armónicamente los derechos de la naturaleza y los humanos, pues la actual crisis se da por la civilización hegemónica. El mesianismo prometido por la ciencia y la tecnología resultó ser selectivo y discriminatorio”, explica Richard Acostai.


En su libro, Acosta plantea el reto de la teología: responder a la realidad social y sus nuevas formas de opresión que avasallan a los pueblos. Añade que si el discurso teológico pretende ser pertinente se requiere la coherencia entre la fe y la praxis, una práctica que responda a esos nuevos contextos sociales y sus desafíos.


“Si la teología ha de ser impertinente, ha de serlo al ejemplo de Jesús, el Cristo, quien importunó el statu quo y las estructuras alienantes y opresoras de su contexto”, dice enfático Acostaii.


En el corazón de esa praxis está el acompañamiento de la Iglesia a los procesos de resistencia pacífica liderados por comunidades indígenas, campesinas, y afros que habitan en las entrañas de Nuestra América.


Además asumir una posición de liderazgo que confronta los nuevos modelos de desarrollo que promueven el extractivismo como fuente de “progreso” a costa del sacrificio y el rompimiento del tejido social, del equilibrio de los ecosistemas.


Un desequilibrio que ha enfermado a la tierra, Uma Kiwe, para los Nasa de Colombia. “El suelo el lugar donde nos encontramos hoy, donde desarrollamos nuestras actividades, es un ser vivo. Es la piel de la madre tierra, Uma Kiwe, y allí dentro de esta capa existen seres espirituales que denominamos tapanos, espíritus que toman formas diferentes con las hojas de los árboles, con las ramas que se van descomponiendo y que generan equilibrio con todo el territorio”, señala Luz Mery Pachacué, indígena Nasa quien vive en el departamento del Caquetá.


Según la cultura Nasa el suelo, la piel de la tierra, se desarmoniza y enferma cuando hay quemas, se aplican químicos, se destina a monocultivos como la palma; además, cuando hay minería y deforestación.


Es en este momento de crisis planetaria le corresponde a la teología cristiana saldar una deuda pendiente. En palabras de Acosta:


“Le corresponde a la reflexión teológica, incluso, redimir la cosmovisión cristiana heredada e impuesta por ella desde la Modernidad que distorsionó la designación divina del hombre como “dominador” “sometedor” atribuida en el Génesis, y la entendió como sinónimo de depredacióniii”.


Esta “deuda” fue debatida en el año 1967 en el artículo de la Revista Science The historical roots of our ecological crisis”, las causas históricas de nuestra crisis ecológicas del estadounidense Lynn White Jr.


En ese artículo, White planteó que, especialmente en su forma occidental, no hay religión más antropocéntrica que la Cristiana y que incluso en el mito de la creación se observaba que todas criaturas físicas no tienen otra finalidad que servirle al hombre, que fueron hechas para su beneficioiv.


No obstante Alirio Cáceres, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá y animador ecológico de la Iglesia del Continente y Bogotá, opina que hay que se cautelosos en este punto.


“No se puede ser tajante al decir que el cristianismo es antropocéntrico y depredador. Génesis 1, 28 habla de un Dios permisivo que le da el mandato, el dominio y ese dominio se entendió como servirse de todos los servicios de la naturaleza en función del ser humano, que es lo que se conoce como antropocentrismo.


“Pero penetrando en la mentalidad bíblica, los estudiosos, los hermeneutas llegaron a la conclusión de que ese verbo ha sido mal traducido mal interpretado, porque en realidad el dominar es servir, es cuidar”, agrega Cáceres.


También en su artículo White reconoció el papel “radical” de San Francisco de Asís para superar esa perspectiva de aparente superioridad del hombre sobre la naturaleza.
“La clave para entender a Francisco es su creeencia en la virtud de la humildad –no solo para el individuo sino para el ser humano como una especie. Francisco trató de deponer al hombre de su monarquía sobre la creación e instaló una democracia para todas las criaturas de Dios”, dijo Withe.


En América Latina, la ecoteología como evolución o nueva perspectiva de la teología de la liberación incluye a la Tierra -Madre Tierra, Pacha Mama, Uma Kiwe, con las diferentes denominaciones que pueda adquirir, es otro sujeto a liberar; además, del pobre.


La tierra es también oprimida. Se escucha su insistente clamor, su grito que interpela a teólogos y ciudadanos, en general, para protegerla.


La ecología tiene en Leonardo Boff uno de sus grandes exponentes quien en sus escritos como en Grito a la tierra, grito a los pobres, la considera una pobre más.
“Boff habla de una cuarta ecología que es integral y que la opción por los pobres implica ese grito de la tierra porque la ecología se entiende como la ciencia de los pobres, ciencia de la casa común, el planeta”, indica Alirio Cáceres.


La Encíclica Laudato Sí, centrada en el cuidado de la casa común, plantea un teocentrismo –insiste Alirio Cáceres- el centro es Dios, de él venimos los seres existentes, la fauna, el bosque, las flores.


“Laudato Sí fue el cántico que Francisco de Asís entonó al Dios creador, el proyecto humano es que podamos devolver a Dios todo lo donado, por su misericordia”, enfatiza Cáceres.


¿Antropocentrismo o biocentrismo?


Pensar un territorio común, una forma nueva de entender Dios al ser humano, al cosmos es un reto para la teología del Siglo XXI.


“La presencia de lo ecológico en la teología ha llevado a cuestionar el antropocentrismo que entiende al humano como dueño y señor (lógica imperialisa), pues así el humano puede transformarse en biocida y geocida; también ha logrado dar el paso a la comprensión de una concepción cosmocéntrica de la existencia que pretende armonizar los derechos humanos con los derechos de los demás seres”v, explica Acosta.


En el centro de la crisis actual adquiere mayor importancia la discusión sobre el lugar del hombre en el planeta, su responsabilidad en la crisis ecológica actual y el rol que debería cumplir.


“El antropocentrismo ha mostrado sus límites y hasta se ha vuelto contra el ser humano mismo. Por lo demás el enfoque antropocéntrico se ha descubierto cómo parte de la racionalidad patriarcal colonizadora que nos está llevando a la destrucción de la madre tierra. Sin una formación ya no solo de los derechos humanos sino más radicalmente de los derechos de la tierra y de la naturaleza no es posible vivir en paz con nosotros mismos, con el Creador”, añade Marco Arana exsacerdote peruano.


También J. L Ruiz de la Peña en su libro Teología della Creazione hizo una pregunta similar: ¿Cosmocentrismo o antropocentrismo? ¿la realidad es antropocéntrica?


Ruiz es claro al afirmar que si bien el hombre creado es tratado casi como un Dios y que ese principio antrópico establece una línea de relación con la doctrina de la creación, el cual le atribuye a la fe cristiana su renuencia a que el hombre abandone su posición central en el mundo, cristocentrista, antropocentrista.


No obstante este autor sugiere que la ilusión de creerse en una posición central como individuo y como especie ha sido revalorada debido a la grandeza del cosmos, la vía láctea y, en ella, la pequeñez del hombre.


“La teología de la liberación y el discurso ecológico tienen algo en común: parten de dos heridas sangrantes. La primera, la herida de la pobreza y de la miseria, rompe el tejido social de los millones y millones de pobres en el mundo entero. La segunda la agresión sistemática a la tierra, desestructura el equilibrio del planeta amenazado por la depredación hecha a partir del modelo de desarrollo planteado por las sociedades contemporáneas y mundializadas”, asegura Juan José Tamayo en su librovi.


Ambos, nos dice Boff, tienen como objetivo la liberación, de los pobres hecha por ellos mismos sin un salvador si no como sujetos políticos y la segunda, la Tierra, Gaia, Uma Kiwe, Pacha Mama, estableciendo una relación entre el ser humano y ella en la que no es el ser dominante y procurando un modelo de desarrollo que haga la vida sostenible para todas las especies sin primacía de ninguna.


En esta apuesta están inscritas las propuestas de teólogos, sacerdotes y no sacerdotes, que abogan por un modelo de desarrollo distinto y que promueva el respeto de la tierra.


“Un modelo de desarrollo que no esté sustentado en el extractivismo ni en el neo extractivismo “progresista” en el cual Latinoamérica es fundamental como reserva para generar riqueza con base en la explotación de la naturaleza”, afirma Jhon Caraballovii.


Tan importante es el rol que cumple América Latina que se ha pretendido internacionalizar la Amazonia para favorecer los intereses de trasnacionales que ven en ella un gran botín.


En medio de esta disputa por los recursos de América Latina, han surgido propuestas que promuevan esa nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, una relación horizontal y no de dominio sobre los ecosistemas y el resto de las criaturas.


Una perspectiva que hay que decirlo, no es nueva, pues esta ha sido fundamental para los pueblos originarios y, por ello, sostienen una relación de respeto por las demás criaturas y por los ciclos de la tierra que conocen y comprenden a la perfección.


En Latinoamérica han surgido diversas iniciativas que responden a la interpelación que hace el modelo económico y de desarrollo en esta fase neoliberal del capitalismo y que promueven modelos diferentes, que tienen como centro la cuestión ecológica.


Además fomentan la solidaridad entre los pueblos, las diferentes organizaciones y se comprometen con luchas y resistencias en los territorios para frenar los daños contra la tierra.


Encontramos entonces la Red Eclesial Panamazónica (Repam), el Observatorio de conflictos mineros (Ocmal), Organización Medioambiental Peruana (Grufides), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Católico Mundial por el Clima, Franciscans International, Missionários Combonianos, la Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz y Rede Justiça nos trilhos, entre otras.


Otra iniciativa importante es La Red Iglesias y Minería, espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores creada para responder a los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales causados por la minería según lo explican en su página web.


Acompañamiento a resistencias pacíficas


Algunos exponentes de este trabajo que han acogido los presupuestos de la teología de la liberación y de la ecoteología en Latinoamérica los encontramos en Colombia, Brasil, Perú, Honduras, y otros países de Centro y Sur América.


En Colombia, en el departamento del Chocó Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de la diócesis de Quibdó, afirma que la Diócesis apoya a los Consejos Comunitarios Mayores y locales, lo mismo que a los Resguardos indígenas y sus autoridades en la defensa de su territorio y en la explotación legítima y responsable de los recursos naturales.


“La diócesis de Quibdó apoya la minería tradicional y a pequeña escala, pero rechaza la minería irresponsable realizada con dragas y retroexcavadoras, pues causan enormes estragos ambientales por la destrucción de la selva y los ríos y quebradas. Además de esta minería utiliza el mercurio, químico contaminante”.


“La diócesis rechaza igualmente la concesión de títulos mineros a empresarios nacionales y a las multinacionales, sin tener en cuenta procesos de consulta previa y desconociendo la riqueza biodiversa del territorio”, añade Barreto.


Monseñor también agrega que una de las opciones pastorales de la Diócesis es la defensa del medio ambiente. Por ello, han denunciado actividades madereras de explotación irracional, los cultivos declarados de uso ilícito y la minería irresponsable.


De igual manera, han ofrecido oportunidades de formación a las comunidades, promovido campañas para mejorar las prácticas ecológicas en las comunidades parroquiales y apoyado y promovido acciones jurídicas ctan importantes como las de los ríos Quito y Atrato, este último reconocido como sujeto de derechos por la Sentencia T-622 de 2016 y presentado una petición formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) solicitando la protección de la selva húmeda tropical de las Costa Pacífica).


“Estas acciones se hacen desde la perspectiva de la fe cristiana católica, la cual ha bebido de los aportes de la teología de la liberación, pero no tiene en ella su única y principal fuente, pues la reflexión teológica del magisterio de la Iglesia es abundante, se funda en la revelación bíblica y ha tenido un gran despliegue en la enseñanza de los obispos de América Latina.


“Un aporte fundamental y sintético lo ha hecho últimamente el papa Francisco en la encíclica Laudato Sí, la cual constituye en una carta de navegación actualizada que conjuga teología y ciencia”, enfatiza Juan Carlos Barreto.


De igual manera en Perú, el ex sacerdote Marco Antonio Arana, inició su participación en la resistencia pacífica contra la mega minería depreadora en el año 1993 en Cajamarca y en otras poblaciones tales como Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba en Piura o Del Valle del Tambo en Arequipa, en el sur del Perú.


Marco Arana inició su participación en la resistencia pacífica contra la mega minería depreadora en el año 1993 en los Andes del Norte del Perú, en Cajamarca donde ha apoyado procesos como las consultas populares en Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba en Piura o Del Valle del Tambo en Arequipa, en el sur del Perú.


“En mi opción espiritual llegué a estas luchas desde la teología de la liberación que en mi trayectoria pastoral desembocó en la ecoteología liberadora. Si bien puede darse una perspectiva de Teología de la liberación (TL) que sea neoextractivista, desde mi experiencia considero que no se puede afirmar la TL sin que esta sea la vez profundamente eco-teológica.


“La afirmación conservadora o racional científica de una perspectiva ecológica no bastan, para ser transformadoras necesitan afirmar su dimensión eco-política liberadora. Se necesita no sólo liberar al ser humano de las cadenas de la opresión social, sino a la madre tierra entera de la opresión y la injusticia ecológica que la depreda y amenaza con la destrucción de nuestra propia especie”, explica Arana.


En Perú, la principal estrategia de resistencia pacífica utilizada, según Arana, han sido los procesos de consulta ciudadana previa y la movilización pacífica que ha trascendido el espacio local como la gran Marcha Nacional del Agua, en el año 2012, que recorrió más de mil kilómetros.


Desde julio del año pasado, Arana asumió su labor como congresista de la República por la región de Cajamarca. Fue elegido de la lista de representantes del Frente Amplio, como parte del Movimiento Tierra y Libertad. “Mi labor actual es parlamentaria, no se restringe a una comunidad en específico, aunque sigue priorizando el apoyo a las comunidades de Cajamarca. Como miembro de las comisiones agraria y de energía y minas me aseguro que sean las propias comunidades afectadas las que puedan expresar su voz y no sea ignorada”, agrega.


Mientras tanto en Brasil el sacerdote italiano Darío Bossi quien vive en Açailândia, Maranhão, ha apoyado la resistencia de las comunidades que habitan a lo largo del corredor de Carajás, en los estados brasileños de Pará y Maranhão, ante los grandes proyectos de minería y siderurgia.


En esa región está la mayor mina de hierro del mundo (Mina de Carajás), administrada por Vale S.A., empresa estatal privatizada en 1997 y una de las tres mayores compañías mineras al mundo.


En el corredor de Carajás viven comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, de periferias urbanas, de pescadores y la mayoría han denunciado violaciones de derechos por causa de las operaciones mineras.


Alrededor de la mina, a lo largo del ferrocarril de 900 Km para la exportación del mineral, donde hay polos de siderurgia con mucha contaminación y ningún control ambiental, alrededor del puerto, cuya expansión amenaza la vida de las comunidades tradicionales.


“Los mayores impactos son deforestación, polución de aire y agua, accidentes de trabajo y por causa de las operaciones del tren, los ríos que se secan por las operaciones de la mina y de la infraestructura de transporte del minero, grietas en las paredes de las casas por las vibraciones del tren cuando pasa, contaminación sonora, etc”, explica el padre Darío.


¿Qué papel cumplen el padre y la Iglesia en este proceso?


Principalmente, reforzar las conexiones de red y resistencias entre comunidades impactadas por los mismos daños y perjudicadas por los mismos actores (las empresas y también el Estado, que es cómplice de ese modelo neoextractivista).


“Trabajamos con asesoría jurídica, educación popular, denuncia multiescalar de las violaciones (nivel local, estatal, nacional e internacional), incidencia política, comunicación para la transformación, propuestas de alternativas para el cuidado del territorio, la participación política y la autodeterminación de las comunidades”, añade Darío.


¿Cómo aplican la teología de la liberación y la ecoteología en las causas ambientalistas?


El padre Dário hace parte de la Red con Iglesias y Minería y con la Red Eclesial Panamazónica, lo que refuerza nuestras acciones locales gracias a esas alianzas eclesiales y espirituales.


“La mística que sustenta la lucha de las comunidades y de los movimientos sociales se encuentra con la espiritualidad cristiana y las visiones holísticas de las espiritualidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. No hay resistencia sin esas motivaciones profundas y el amor al territorio como fuente, raíz, principio de nuestra vida y casa, que nos ampara y recibe al fin de nuestro caminar”, añade el padre Darío.


Para él como para otros sacerdotes, teólogos y laicos, la Encíclica Laudato Sí, del Papa Francisco, renueva sus fuerzas y fortalece la lucha social y ambiental en diálogo con los valores cristianos.


Por su parte en Guatemala, el padre César Espinoza, cmf., de la Congregación Religiosa de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos como Misioneros Claretianos lucha por las mismas causas.


Ingresó a su comunidad desde los 17 años y su primer destino como misionero fue en la Costa Abajo, Colón (Panamá) donde sirvió durante cuatro años hasta el año 2007.
A causa de su trabajo al lado de la comunidad y contra la Empresa Minera Petaquilla el obispo Audilio Aguilar atendiendo a los reclamos de la empresa y del presidente de la República, que tenía inversiones en la misma- explica el padre- pidió a la Congregación entregar la Misión, después de 80 años de acompañamiento a las comunidades campesinas de la región.


Pero eso no impidió que perserverara. En el año 2008 fue destinado a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar del municipio de Arizona, en el Departamento de Atlántida, al norte de Honduras. Atlántida tiene una belleza natural incomparable, con 12 áreas protegidas como parques nacionales, que representan el 40 % de su territorio.


En el año 2009 Honduras el Golpe de Estado favoreció la flexibilización de las leyes en favor de empresas multinacionales, entre ellas las que se dedican a la actividad minera.
Además a las compañías con proyectos hidroeléctricos según lo señaló también el informe publicado por el Movimiento Mundial por los Derechos Humanos (FIDH) que este 31 de mayo advirtió sobre el otorgamiento de licencias ambientales para hidroeléctricas en áreas protegidasviii.


En Honduras el padre César se comprometió con esa causa a pesar de las amenazas de muerte en su contra, en el año 2013, por su acompañamiento a la defensa legítima por parte de las comunidades en el territorio en el cual no querían minería a cielo abierto.


La comunidad claretiana publicó entonces sendos comunicados rechazando sus amenazas y responsabilizando en su momento a un empresario por lo que ocurriera con el padre César.


Entre tanto, él sostenido por el valor que lo caracteriza, el mismo que caracterizó a Berta Cáceres su amiga y compañera de lucha, siguió adelante porque su compromiso era mayor.


“Entiendo eco-teología a la mirada del universo, y a todo lo que éste contiene, desde una mirada de fe. Mi comprensión de ésta tiene influencia de la tradición cristiana a la que pertenezco (...) En esta mirada aprender a contemplar la belleza, la bondad y la genialidad de cada especie y de cada realidad, visible e invisible, y las múltiples relaciones y codependencias unas de otras.


“Ciertamente ha influido también la teología de la liberación que tuve la oportunidad de profundizar en mis cuatro años en El Salvador. Y la pastoral liberadora que conocí en mi primer experiencia de Misión en Panamá. La lectura de los evangelios, y de la Biblia en general, desde la clave de compromiso por la justicia, la paz y la libertad han sido fundamentales para orientar mi ministerio”, puntualiza el padre César.


Dário, César, Marco, Juan Carlos, Richard y Alirio son solo algunos de los muchos sacerdotes, diáconos, teólogos y laicos comprometidos con la práxis de la teología de la liberación y la ecoteologóa en las resistencias contra los proyectos extractivistas.


Sus voces, su trabajo y su obra impactan en los territorios allí donde han llegado para andar al lado de las comunidades que ejercen su derecho a la defensa de la naturaleza de la cual se sienten parte, ni inferior ni superior a ella solo parte de Gaia, Madre Tierra, Pacha Mama, Uma Kiwe.

..
Notas:


i Acosta, Richard. Libro Dios, hombre creación, hacia una ecoteología bíblica. San Pablo editorial. 2015. Página 31.
ii Ibidem.
iii Ibidem. Página 26.
iv Tomado de http://science.sciencemag.org/content/155/3767/1203
v Acosta, Richard. Libro Dios, hombre creación, hacia una ecoteología bíblica. San Pablo editorial. 2015. Página 29.
vi Tamayo, Juan José. Leonardo Boff, ecología, mística y liberación. Editorial Desclée de Brouwer. 1999. Página. 55.
vii Caraballo, Jhon Fredy. Responsables de la casa común. Reflexiones sobre la Encíclica Laudato Sí. Centro Editorial Uniminuto. 2015

Publicado enMedio Ambiente
¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

mapa 1 p2

 

 

El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

mapa 1 p3

 

 

La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

mapa 2 p3

 

 

 

La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
La minera AngloGold suspende trabajos en Colombia tras el rechazo de un pueblo a su proyecto

Hace un mes, una pequeña población colombiana se opuso en una consulta popular a la explotación minera

 

Justo un mes después de que el nombre de un pequeño pueblo, Cajamarca, saltó a las noticias por rechazar el proyecto minero La Colosa, la compañía responsable, AngloGold, suspende operaciones en Colombia. La empresa, de origen sudafricano, explica que después de 14 años de labores en la zona detienen su trabajo en la región, acatando la voluntad popular que se opuso a la explotación minera en su territorio. Un resultado abrumador de 6.165 votos contra 76 terminó empujando a la minera a parar el proyecto y abrió un debate nacional sobre la soberanía de los municipios y la participación cuando se decide sobre la exploración de sus tierras.


La meta de AngloGold era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. De un pueblo que el mes pasado le dio valor en las urnas a un mecanismo democrático, poco usado hasta ahora. La empresa argumentaba recientemente que el impacto que se había generado desde que hace presencia en ese territorio era de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable. Sus razones fueron respaldadas por voces como la del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- que también estuvo en contra de la consulta. Bruce Mac Master aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”. Sin embargo, fue más fuerte la voz del pueblo que, desde que se conocieron las pretensiones de la minera, estuvo acompañada por la de ambientalistas, académicos y juristas.


“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razonaba Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las organizaciones que lideró el proceso para que fueran los ciudadanos los que decidieran si querían o no que en su región se realizaran explotaciones.
Renzo García, del comité ambiental que promovió la consulta, advierte que la decisión de la empresa es “positiva”, pero no suficiente. Exige, como vocero de la comunidad, que se cumpla al pie de la letra lo que dispone la consulta popular.

“Se tiene que acatar como es. No se trata de suspender, ellos tienen que renunciar a ese proyecto porque el pueblo así lo quiso”, asegura desde Cajamarca a ELPAÍS. Dice que esta lucha, que comenzó hace varios años, demuestra que la defensa de la vocación agropecuaria es posible y debe servir de ejemplo a otras regiones. “Es un mensaje de esperanza para todos los que tenemos que padecer los estragos ambientales de estos grandes proyectos mineros”, agrega.


Con la decisión de la compañía, al menos 400 trabajadores quedarán sin empleo, se reducirán al mínimo los gastos operativos y se suspenderán las inversiones sociales que, según la empresa, llegan a los 6.000 millones de pesos colombianos.

Bogotá 27 ABR 2017 - 20:19 COT

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 18 Abril 2017 07:00

Marca país

Marca país

El pasado miércoles 29 de marzo el parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad.

 

Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.


“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.


TRASNACIONALES.


El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.


Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.


Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.


Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.


LUCHA SANGRIENTA.


No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.


De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.


De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.


TIRO POR LA CULATA.


Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.


En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace“alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.


Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.


IGLESIA ANTIMINERA.


La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.


Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.


VISITA FILIPINA.


En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y“enfermedades pulmonares entre los residentes”.


Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.


DESAFÍOS.


“Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.


La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.


UNA OPORTUNIDAD.


Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.


McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.


El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.

Publicado enInternacional
Jueves, 30 Marzo 2017 08:00

¿Dónde está la izquierda?

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

Publicado enColombia