Cajamarca: Acción y llamado a frenar el extrativismo
6,165 rechazos a la mega minería. 6,165 voces de lucha en defensa del territorio y sus riquezas. 6,165 habitantes exigiendo al gobierno soberanía. 6,165 votos reivindicando su poder, el de otra democracia posible.

 

El 26 de marzo el municipio de Cajamarca (Tolima), una vez más, le hizo saber al país su rechazo a la explotación minera, en esta ocasión por parte de la multinacional AngloGold Ashanti, votando No a la pregunta “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Los resultados fueron victoriosos para las y los cajamarcunos, pero horas después, el gobierno nacional redujo la consulta popular a un acto simbólico.

La minera AngloGold Ashanti se empeña en ser la cenicienta que aspira y se inyecta oro, como la de Sonne de Rammstein (ver video: Rammstein - Sonne) pasando por encima de los ecosistemas y las poblaciones aledañas a La Colosa, de donde pretende explotar 29 millones de onzas de oro para 2020; más los 25 títulos mineros que tienen y 8 solicitudes en proceso, afectando el 86 por ciento del territorio tolimense. Cenicienta que han tratado de frenar durante años los habitantes del municipio de Cajamarca y poblaciones aledañas.

El proceso de la consulta popular, diseñado e impulsado por parte de la comunidad, fue álgido pero bien logrado. Proceso inscrito en un contexto político–ambiental intenso que ha marcado el 2017 como el año de las consultas populares, adelantadas en los más de 12 municipios que rechazan la explotación minera–petrolera. Con un incuestionable 97,92 por ciento, el No dejó claro que la comunidad se niega a las actividades mineras por parte de AngloGold Ashanti, esperando por parte del gobierno nacional acciones legales que frenen el fenómeno extractivista que pone en riesgo las principales reservas naturales del país.

Sin embargo, la respuesta por parte del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, más que desesperanzadora dejó entrever la precariedad democrática que tiene Colombia. La “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley” afirmó el ministro, argumentando que la multinacional cuenta legalmente con el título minero, y ante la falta de la licencia ambiental, el gobierno considera más fácil y adecuado adelantar el procedimiento para dar dicha licencia que frenar a la multinacional minera y cumplir la voluntad de las y los cajamarcunos.

Los casos de Cajamarca y Cabrera (leer artículo: Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz) sirven como ejemplo de lucha para municipios como Ibagué, El Paujil, San Martín, Pijao, Monterrey, Espinal y Pueblo Rico; que aún se encuentran en la pugna por hacer de las consultas populares una realidad en sus territorios. Empero, Tauramena y Piedras son municipios que despiertan inquietudes frente a la efectividad de las consultas y el cumplimiento por parte del Estado colombiano de la voluntad de quienes habitan en uno u otro territorio nacional. Cabe recordar que estos dos municipios en el 2013 manifestaron de manera exitosa su rechazo a la explotaciones de minerales e hidrocarburos y a la fecha adelantan procesos, entre ellos la consulta popular, para exigir al gobierno que obedezca a la decisión tomada 4 años atrás.

Cajamarca, acción y llamado a frenar el extrativismo... es el voto ejemplificante de una comunidad que entiende que más allá de aquello que brilla está el agua, está el ambiente, está el entorno natural del que gozan, está su misma tranquilidad como población, todo lo cual tienen que pensar para quienes allí habitan hoy pero también para las generaciones futuras.

Acción y llamado que desnuda la contradicción existente entre el modelo económico imperante en Colombia y la región, con un régimen de acumulación que regresa hacia el extrativismo como “tabla de salvación” ante su total renuncia a proyectos históricos soberanos, nacionales y, sobre todo, regionales. (Ver video: Mineria en Colombia)

Acción y triunfo gratificante para un país donde los movimientos sociales viven una andanada violenta de criminalización y muerte sistemática; con un resultado que sirve para confirmar que la democracia colombiana, limitada y formal, funciona de acuerdo a los beneficios políticos o económicos que derive para unos pocos. Así, cuando no se acomoda a sus intereses, simplemente no es, no sirve. Construir otra democracia está a la orden del día, así lo enseña Cajamarca, como antes lo hicieron los pobladores de Piedras y Tauramena.

 

¿Cómo van las luchas en los demás municipios?

Ibagué: la consulta, impulsada allí con gran fuerza, recibió el 16 de febrero un llamado por parte de la sección Quinta del Consejo de Estado para la modificación de la pregunta por responder en la consulta popular; luego de las dos modificaciones iniciales, la pregunta, según los jueces, no garantiza claridad, lealtad e imparcialidad al elector.

La pregunta, ahora en manos de los jueves, interroga: ¿Está usted de acuerdo SI o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?

El Paujil: La consulta popular inscrita por la comunidad de El Paujil, denominada “Por la Dignidad Amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida”, pretende suspender las actividades sísmicas ejecutadas por Petroseismic Services S.A, Emerald Energy y Ecopetrol; quienes han logrado ingresar a las zonas de explotación con la protección del Esmad y el Estado, dejando a la comunidad afectada y sin subsanar los daños ambientales, sociales y económicos generados.

La iniciativa de esta comunidad es inspiradora de la lucha en los municipios vecinos de El Doncello y Montañita.

San Martín: Comprometidos con la defensa de sus recursos naturales y la autonomía sobre el territorio, los pobladores de San Martín emprendieron, desde el 10 de febrero de 2017, la recolección de 1.086 firmas para revocar a Eduardo Celis, el alcalde del fracking, y continuar con el proceso de la consulta popular y frenar la extracción de petróleo por parte de Conoco Phillips.

Como respuesta a la iniciativa de revocatoria, el pasado el 21 de febrero el alcalde, en asamblea de la empresa de acueducto del municipio, APCES ESP, anunció su venta a Conoco Phillips. Como en otros de estos negociados, la excusa para la venta es la supuesta mejoría del servicio.

Piedras: A 4 años del impulso de la consulta popular donde la comunidad se negó a aceptar proyectos y actividades de carácter minero, la cual se vio obstaculizada por la llegada de la Anglo Gold Ashanti al municipio vecino de Cajamarca; en Piedras, de nuevo, se promueve una consulta popular que les dé la autonomía sobre los recursos naturales.

Tauramena: En el 2013 los pobladores de este municipio logran manifestar su voluntad de manera exitosa ante las urnas con 4.426 votos en contra de la exploración sísmica, perforación, producción y transporte de hidrocarburos, en este caso por parte de Ecopetrol y Oceisa, empresa, esta última, encargada del manejo y control del acueducto de la zona.

Cuatro años después, el municipio exige el cumplimiento de su decisión por parte de las empresas y del Estado, pues luego de que ganaran la consulta popular las actividades y proyectos petroleros continúan en ejecución.

Pobladores de Pijao, Monterrey, Espinal y Pueblo Rico, se encuentran empeñados en su lucha, con los mismos objetivos y argumentos de quienes los lideras en los municipios anteriores pero, lastimosamente, no logran generar eco con su iniciativa.

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Una mujer depositando su voto.

 

La decisión estaba en manos de Cajamarca, un pueblo de 20.000 habitantes, pero los efectos serían determinantes para todo Colombia. Ganaron los defensores del medio ambiente que, después de la larga batalla jurídica (y hasta política), vencieron a la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos del país. A través de una consulta popular, en la que 16.312 personas podían votar, el pequeño poblado determinó cuál será el rumbo ambiental de su región y abrió un debate nacional sobre otros trabajos de exploración que se adelantan. Con un abrumador 6.165 contra 76, se impuso el rechazo a la explotación minera. Las calles de Cajamarca se llenaron para celebrar que el pueblo estaba haciendo historia.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Era la pregunta que debían responder los ciudadanos. Con que 5.438 votaran por el no, el permiso que el Estado había otorgado quedaría sin efectos. Y así fue. En los primeros boletines de la Registraduría Nacional, los defensores del medio ambiente ya eran ganadores.

Aunque para la explotación todavía faltaba un par de años, según los planes de la compañía minera, desde hace varios ya venían haciendo trabajos de exploración. La meta era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. Por eso, desde hace ocho años, cuando se conocieron las intenciones de la empresa sudafricana, nadie le quitó los ojos de encima al proyecto. Ni los ambientalistas, a los que se unieron organizaciones jurídicas y cívicas, ni quienes abogaban por los mineros artesanales que, con el no victorioso, según ellos, se quedarían sin trabajo. AngloGold siempre se defendió. Aseguró que desde que empezaron sus labores de exploración han implementado los estándares más exigentes de la industria. “Podemos decir que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”, declaraba la compañía hace unos días.

Voces como las del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- también se manifestaron contra la consulta. Bruce Mac Master, su director, aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”, decía en una entrevista con la agencia Colprensa. Según él, si no fuera por la minería legal, no habría industria cementera, de construcción, metalúrgica o agroquímica. Pero para los ciudadanos, los argumentos a favor del medio ambiente estuvieron por encima.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razona Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Según él, la decisión de este domingo servirá para otras regiones, no solo de Colombia, que están enfrascadas en conflictos ambientales. “Lo que pasó hace realidad la promesa de participación y de centralización de la Constitución de 1991. Es una voz que debe ser acatada por el Estado. Es un ejemplo para otros países”.

Por primera vez, una consulta popular de iniciativa ciudadana y con un enfoque ambiental demostró que los caminos participativos que el Estado garantiza en el papel, pueden ser posibles en la realidad. El desenlace de esta historia, sin embargo, está todavía por verse.

Los más pesimistas temen que no se respete la voluntad del pueblo y que no se revoquen los titulos mineros existentes con AngloGold. Otros dicen que la lucha continuará hasta que el proyecto desaparezca de la zona. Un final con el que los promotores del no sueñan desde enero del año pasado, cuando se propuso hacer la consulta. Meses más adelante, en mayo, la Corte Constitucional le dio un empujón a la idea, al declarar inconstitucional un apartado del Código de Minas que no permitía a los municipios decidir (prohibir) sobre la minería. La estocada final apareció en octubre, cuando otro pronunciamiento de la Corte señaló que las consultas populares en temas mineros son constitucionales. En ese momento, empezó la carrera de ambas partes por llevarse la mayoría de votos.

Jimmy Torres, del comité ambiental del Tolima, asegura que el camino a seguir es blindar la consulta. “Esto es un paso muy importante, pero no el final. Ahora debemos velar para que se cumpla lo que se decidió en las urnas”, decía desde Cajamarca, a donde llegaron organizaciones internacionales para acompañar el proceso. “Unirnos para proteger el agua y la tierra debe ser una meta. El agua no tiene color político, es la fuerza que nos une”, señalaba en la tarde del domingo.

 

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Sábado, 25 Marzo 2017 12:05

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

Publicado enEdición Nº233
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

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Entre logros, decepción y fractura del movimiento social

Segunda vuelta electoral en Ecuador

En un continente latinoamericano mutante, la segunda vuelta electoral del domingo 2 de abril en Ecuador marcará rumbos. Aunque el tema internacional está prácticamente ausente en la campaña, los resultados marcarán tendencias y reforzarán alianzas continentales.

Si gana Lenin Moreno del oficialista partido Alianza PAIS saldría reforzado el proyecto integrador regional. Si fuera ungido presidente el banquero Guillermo Lasso, candidato de la opositora alianza CREO - SUMA, el país sudamericano pasaría a reforzar el polo continental pro-neoliberal, alineado detrás de Michel Temer en Brasil y Mauricio Macri en Argentina.

En la primera vuelta del pasado 19 de febrero, aunque Moreno obtuvo 1 millón de votos más que Lasso, por escasas décimas no logró el 40% que le hubiera abierto la puerta imperial para continuar la línea impulsada en los últimos diez años por Rafael Correa en la presidencia.

Logros cuantificables

Los resultados del próximo domingo podrán ser entendidos como un plebiscito -positivo o negativo- sobre los progresos promovidos por Rafael Correa y su proyecto de “Revolución Ciudadana”. En particular en lo social, y en el desarrollo de obras públicas -carreteras, puentes, aeropuertos etc. En un país de cerca de 16 millones de habitantes, logró reducir en un 6% la pobreza y sacar de la miseria extrema a casi 2 millones de sus compatriotas. Se dieron avances significativos en la atención médica pública y se contabilizaron 1 millón 200 mil nuevos estudiantes.

En síntesis, “logros reales pero limitados en cuanto a su contenido. No tuvieron suficientemente en cuenta muchos aspectos, como el ritmo de las transformaciones culturales, la erosión de la soberanía alimentaria y los costos ambientales”, señala el religioso y sociólogo belga François Houtart, quien desde hace seis años reside en Quito y trabaja como profesor universitario y asesor de movimientos sociales.

A pesar de su relación de amistad con el presidente Correa, Houtart no mide sus críticas al actual modelo. “Son cifras que indican avances cuantitativos en la perspectiva de modernizar la sociedad, pero sin transformarla de fondo”, señala Houtart en entrevista telefónica.

Se dio, por ejemplo, una ausencia total de políticas agrarias: “no hubo ni reforma agraria ni políticas campesinas” enfatiza el fundador del Centro Tricontinental (CETRI) en Lovaina y de su prestigiosa publicación Alternatives Sud. Y hace referencia a un estudio del 2013 que indicaba un 44% de pobreza en las zonas rurales y un 19.5 % de pobreza extrema. El actual Gobierno impulsó, por el contrario, una agricultura moderna de monocultivos de exportación que destruye los bosques y expulsa a los campesinos de sus tierras. En síntesis, “no hubo durante estos años un proyecto de transformación fundamental de la sociedad sino una modernización del capitalismo”. Si al principio se podía pensar que se trataba de un socialismo del siglo XXI, se introdujo paulatinamente una “restauración conservadora” dentro del proyecto mismo. La crisis provocada por la caída de los precios de las materias primas aceleró la regresión, privilegiando los intereses del mercado.

Desilusión y “alineación política”

Una parte de los movimientos sociales -entre ellos organizaciones indígenas- y de fuerzas de izquierda que originariamente apoyaron al proceso, “se sienten profundamente decepcionados”.

Cuando el Gobierno vio que esos movimientos le daban la espalda decidió crear nuevas organizaciones sociales que respondían a su proyecto. "Se dio así una fractura político-social muy profunda que sigue marcando la realidad social del país y que tiene una influencia en el comportamiento electoral de unos y otros", explica Houtart.

Algunos de esos sectores “prefieren ahora darle su voto a Lasso y no a Moreno. Optan por apoyar a un representante del gran capital financiero, argumentando que en todo caso la situación no cambiaría demasiado”. Al mismo tiempo, reflexiona, Lasso promovió un discurso astuto. Prometió la amnistía para algunos dirigentes sociales presos; el abandono de juicios abiertos contra líderes indígenas. Se comprometió a no autorizar la actividad minera sin consulta previa con los pueblos originarios, principio ya inscrito en la Constitución, pero no siempre respetado.

Se da una “verdadera alienación política de esos sectores sociales e indígenas que van a votar contra sus propios intereses más por argumentos afectivos que razonables”, enfatiza Houtart. Algunos piensan que va a ser más fácil luchar contra la verdadera derecha, que, contra la derecha maquillada como izquierda, enumera. Subjetivamente, son sectores que han sufrido y viven una gran decepción hacia el modelo de Correa, lo que define una situación muy compleja, por momentos inexplicable y de muy difícil recuperación o reconstrucción, sintetiza Houtart con cierto escepticismo sobre el futuro.

Y se distancia parcialmente de algunos de esos argumentos: “no estoy de acuerdo que Correa esté estableciendo el neo-liberalismo”. Su proyecto es, como sucede en otros países de la región, post-neoliberal, aunque no post-capitalista. Un capitalismo moderno que integra también como importante la lucha contra la pobreza. Pero que, incluso, aumenta los niveles de deuda externa a niveles semejantes al 2007 fecha cuando llegó al Gobierno.

Crisis conceptuales

Con el paso del tiempo Correa priorizó su rol de líder carismático. Trató de instrumentalizar los movimientos sociales -o creó otros paralelos-, impulsó una comunicación intensiva desde arriba e incluso criminalizó una parte de la protesta social.

Todo esto al tiempo que mantenía su discurso progresista original, lo que complica, muchas veces la comprensión de lo que se debate en torno al segundo turno electoral. Se presenta, argumenta Houtart, como una lucha entre la izquierda y la derecha tradicional. Cuando en realidad se trata de un combate entre la derecha oligárquica tradicional, apoyada por el imperio, -expresada en el candidato Guillermo Lasso, que busca desesperadamente recuperar el poder político- y una derecha moderna en alianza con actores de izquierda en su mayoría provenientes de los movimientos sociales de los años 70.

En paralelo, los movimientos sociales tradicionales, confrontan una crisis profunda como en otras regiones del mundo. Perdieron la visión estratégica de una transformación profunda de la sociedad y entraron de lleno en el juego político electoral a corto plazo, concluye.

Por Sergio Ferrari, en colaboración con el periódico suizo Le Courrier y E-CHANGER, organización de cooperación solidaria.

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Un minero trabaja en una reserva de litio en Bolivia.

 

Latinoamérica tiene las mayores reservas de litio del mundo, entre el 58 y el 96 % del total conocido. Allí está el futuro del ‘petróleo blanco’.

 

Hace un par de décadas era un metal casi irrelevante. Hoy es indispensable para el mercado tecnológico. Lo llaman el ‘oro blanco’. Alimenta las baterías de nuestros ordenadores, ‘smartphones’ y aires acondicionados. No sólo eso. Ahora incluso hace moverse a nuestros automóviles. El litio es considerado por Goldman Sachs como la ‘nueva gasolina’.

Tres países latinoamericanos están de enhorabuena: Chile, Bolivia y Argentina aglutinan el 58 % de las reservas de este mineral, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Conforman el llamado ‘triángulo’ del litio. Se debaten entre las expectativas de quienes ya se ven convertidos en la nueva Arabia Saudí y quienes piden calma ante un mercado con interrogantes.

La perspectiva de que el litio suponga un ‘boom’ financiero para las tres economías se basa en la evolución de su precio. Una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros en 1998. El pasado año ya alcanzaba los 7.200 euros. Estos días ha subido hasta los 8.600 euros la tonelada, informó el miércoles de la semana pasada el diario El Confidencial.

“En el marco de un incremento exorbitante de la demanda de litio, resulta claro que estamos frente a la aparición y posible consolidación en los próximos 20 años del nuevo centro energético del planeta”, reflexiona Juan Carlos Zuleta, experto boliviano en el mercado del mineral, quien también cree que la demanda se va a triplicar debido a la aparición de los vehículos eléctricos, incluidos autobuses, que hacen uso de baterías alimentada por litio.

El mayor espaldarazo al mineral lo dio en abril de 2015 el empresario sudafricano Elon Musk, líder de Tesla Motors, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo: “Para producir 500.000 vehículos al año, básicamente necesitamos absorber toda la producción de litio del mundo”, dijo entonces. Su proyecto de baterías para almacenar la energía solar podría hacer aumentar aún más la demanda.

La oferta está creciendo espectacularmente. Los consorcios extractores intentan igualar las exigencias del mercado. En 2008 se producían 27.400 toneladas de litio en el mundo. En 2020 serían 60.000 toneladas, según las proyecciones de las compañías del sector. La empresa de análisis Allied Market Research calcula que el mercado de las baterías de litio alcanzará los 46.000 millones de euros en 2022, teniendo en cuenta todos los factores.

 

mjs/ncl/nal

 

 

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Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz.


Un rotundo triunfo se anotó el pueblo cabreruno este domingo 26 de febrero en la consulta popular para decidir en la defensa del derecho al agua y el medio ambiente que pretenden vulnerarle al proponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Sumapaz.

Los habitantes de Cabrera, Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a esas políticas nefastas contra esta tierra que posee el páramo más grande del planeta.

Los resultados oficiales de consulta popular en Cabrera Zona de Reserva Campesina ZRC indican que con un total votos de 1506, votaron por el NO 1465 personas, por el Si: 23, votos nulos 5 y votos no marcados 13.

Voceros de las organizaciones agrarias, comunales, ambientalistas, ecologistas, partidos y sectores políticos señalaron que ese era el resultado esperado., en una región que se caracteriza por ser una comunidad muy unidad, organizada, combativa y con una tradición e historias de lucha por derechos elementales como el derecho a la vida y la paz.

“Es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera”, escribió en las redes sociales un especialista en temas ambientales y sociales del Sumapaz.

Es un triunfo por la defensa del territorio. Es un triunfo por parte del movimiento por la defensa del Páramo y el agua. Es una derrota para Emgesa Enel Endesa. Es fruto del valor de quienes se atreven a luchar, a resistir. Para Asoquimbo es un estimulo para continuar en la lucha contra el extractivismo. No a las represas, al fracking a la minería a los agronegocios, explicó un dirigente del sindicato Sintrapaz.

Voceros de las organizaciones sociales y políticas anunciaron desde ya la coordinación para realizar un Encuentro en la Universidad Nacional contra las represas y el extractivismo para el mes de julio donde se socialicen todos los procesos de resistencia contra el modelo donde podamos encontrarnos el Movimiento Ríos Vivos, la Mesa Social Minero Energética Nacional, ambientalistas, ecosocialistas donde sin lugar a dudas estarán los resistentes del municipio de Cabrera socializando todo el proceso, los defensores del río Samaná contra la represa Porvenir II y todos los procesos por la defensa de los Ríos, Paramos. Macizos por la defensa de los territorios y la vida.

Durante el la Consulta Popular la ciudadanía participó con su voto en cuatro mesas de votación en el casco urbano y una mesa en la inspección “La Playa”, que corresponde a la zona rural, las cuales fueron dispuestas para que los habitantes de este municipio ejercieran su derecho a decidir.

 

 

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EEUU: Trump firma ley que elimina regulaciones al carbón aprobadas por su predecesor

El presidente norteamericano, Donald Trump, plasmó su firma hoy debajo del texto de una ley que elimina regulaciones a la explotación de carbón aprobadas en diciembre último por su predecesor Barack Obama.


Esta nueva ley deshace varias normas aprobadas por el Departamento del Interior en diciembre pasado.
El mandatario republicano dijo que con ello “elimina otra horrible regulación que mata empleos y salva miles de empleos en las minas”.


El presidente recordó el gran apoyo que tuvo durante la campaña en zonas dependientes de la industria del carbón como Virginia Occidental.


Trump aseguró a los mineros que la normativa de Obama era una amenaza a sus empleos y añadió que “hay un espíritu de optimismo que crece en todo el país”.


El presidente estuvo acompañado en la firma, que tuvo lugar en el Ala Oeste de la Casa Blanca, del líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan; y el senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin y el republicano de Kentucky, Rand Paul.


Tanto Virginia Occidental como Kentucky son regiones en las que la industria del carbón tiene fuerza, pese a haber decaído y estar en una profunda crisis.


Según el Servicio de Investigación del Congreso, un órgano consultivo no partidista que emite informes, la normativa hoy suspendida por Trump hubiese creado un número similar de empleos a los que hubiese destruido en la industria del carbón y habría permitido mantener trabajos con el mismo nivel de destreza profesional.


Los republicanos están utilizando una ley conocida como Ley de Revisión del Congreso para revertir regulaciones impuestas durante la era Obama, un procedimiento poco habitual y que solo requiere de mayoría simple en el Legislativo, bajo control republicano.

16 febrero 2017


(Con información de EFE)

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La resistencia indígena contra la megaminería en la Amazonía ecuatoriana

La retención de dos militares por parte de los miembros de una comunidad shuar en Morona Santiago visibiliza las demandas de los pueblos indígenas que se oponen a la minería a gran escala en su territorio, amparada por el Gobierno


Pasar el control militar hacia la vía Macuma-Taisha, en la Amazonía ecuatoriana, es relativamente fácil. Hay decenas de efectivos parando el tráfico en la “ye” -el desvío en forma de Y de la carretera principal desde Macas-, pero se puede cruzar la barrera andando sin que apenas se fijen en nosotros. Es la tercera vez que los dos periodistas (los únicos) accedemos al territorio del cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago, por ese lugar.


La última semana ha habido mucha tensión, y un control muy estricto sobre qué o quién accedía; solo se permitía el acceso a vehículos y personas autorizadas por el Ejército; era muy difícil introducir alimentos u otros bienes de primera necesidad, y hasta con carnet de prensa había problemas para pasar. Pero estos días, todo empieza aparentemente a volver a la normalidad.


Dos militares retenidos por una comunidad shuar


El motivo para que se instalara el control militar que prohíbe la entrada de vehículos y personas no autorizadas a la vía, y se haya multiplicado a circulación de efectivos armados por la zona es que el 21 de enero, en el centro shuar de Yunkuapais, dos militares, los suboficiales Luis Rodríguez y Raúl Pazmiño, fueron detenidos por las personas que viven allí.


Ambos llegaron a las tres de la madrugada al centro, equipados con armamento pesado (pistolas, metralletas y cápsulas de gas), tal como cuentan las y los moradores del lugar, a buscar a dos compañeros suyos que viajaban desde el cuartel militar de Taisha en un vehículo entre civiles. Los shuar, el pueblo indígena que vivie allí, los retuvo tras identificarlos identificarlos como militares. “¿Cómo vamos a dejar que entren como entraron? Presentarse armados así es una amenaza, y es peligroso para los niños y niñas, y para todos nosotros”, explicaba un miembro de la comunidad mientras mostraba toda la munición requisada.


Les retiraron las armas y les hicieron quedarse a dos de ellos en la comunidad. “Ellos llegaron a nuestra casa, no fuimos a capturarlos allá. Con su irrupción en nuestro pueblo, ¿dónde quedan nuestros derechos como personas?”, se indignaba una de las mujeres. Se queja, porque “no es justo”; porque “no estamos en la guerra”, y “no hay motivo para actuar así”. Los dos militares estarían retenidos y escondidos durante ocho días, hasta que, tras la puesta en común de la situación con el resto de comunidades del Cantón Taisha, y con los líderes de las federaciones Shuar y Ashuar, se decidió entregarlos.


Un líder indígena encarcelado


La retención de los militares ha servido en gran parte para hacer visibles las demandas del pueblo shuar, sobre todo de las comunidades que forman parte de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH): su presidente, Agustín Wachapá, fue detenido el 21 de diciembre del año pasado por unas declaraciones en las redes sociales, que según una demanda presentada por el viceministro de Interior, Diego Torres, “instigaban a la comunidad shuar a levantarse en armas”. Cuenta la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que cien policías allanaron a medianoche la sede de la Federación, llevándose ordenadores y documentos, y lo capturaron. Desde entonces sigue en prisión, habiéndosele denegado el 18 de enero de 2017 el recurso de apelación que presentó a la Audiencia.


El aislamiento del líder de la federación en la cárcel de alta seguridad de Latacunga ha sido duro para las comunidades shuar de la Federación, que se han quedado sin el líder fuerte que Wachapá representaba. Por eso, a partir de la retención en Yunkuapais, la comunidad ha posicionado su puesta en libertad como una de las exigencias a cambio de retornar a los militares. “Nosotros no los hemos secuestrado, solamente los hemos retenido porque se presentaron armados”, explican.

Afirman que “los dos están bien cuidados y bien alimentados”, y de hecho así lo confirman ellos mismos en declaraciones tomadas durante y después de la retención. En cambio, “a nuestro presidente lo han maltratado”, argumentan, y piden algo que les parece justo: “que nos lo devuelvan”. La retención, pues, les sirvió para enfatizar esa demanda.
Presión y represión militar


Durante esta semana, la vida en las comunidades se ha visto afectada por el incremento de la presión y represión militar. En las asambleas celebradas en los distintos centros ha habido posturas encontradas acerca de cómo avanzar, y eso ha creado divisiones entre ellos. Además, hay un ambiente de inquietud y temor: “los niños y niñas tienen miedo, no están yendo a la escuela; se piensan que nos van a bombardear”, explica una mujer. Helicópteros han sobrevolado las poblaciones, y la presencia de militares es mucho más visible.


Los Ministros de Seguridad, de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto, en sus declaraciones a medios de los últimos días han tratado a la gente de Yunkuapais de “grupos armados ilegales”, y les acusan de “secuestro extorsivo” y “robo de bienes públicos”, provocando el rechazo y el temor de los habitantes de los asentamientos mestizos que se encuentran más cerca de Macas, que en realidad nunca han visitado las comunidades shuar.


Sí tienen armas: las carabinas que usan para cazar en el monte, pero no para enfrentarse con el Ejército. Un ex líder de la organización Nación Shuar del Ecuador (NASHE) reivindica que “el Gobierno está mintiendo, los shuar no somos guerrilleros, ni secuestradores; somos un pueblo pacífico”. Para demostrar que esa criminalización no es acertada, los shuar se han mostrado abiertos al diálogo, y finalmente han accedido a la entrega de los dos subtenientes sin negociación alguna.


La tensión que provocó la detención de dos soldados por parte de las personas moradoras de Yunkuapais no se entiende sin un contexto de militarización y agresiones hacia las comunidades shuar, que están teniendo lugar desde agosto del 2016, cuando se desalojó por vía militar a la comunidad de Nankintz, al sur de la provincia de Morona-Santiago, para construir el campamento minero de Panantza-San Carlos. El 14 de diciembre del 2016 se decretó el estado de excepción en esta región, que implica la “suspensión de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión, tránsito e inviolabilidad de domicilio”.


Minas a cielo abierto y conflicto


Fue a raíz de la muerte de un policía en esa fecha, durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las comunidades shuar en, cuando los indígenas intentaron retomar el territorio de Nankintz, y el Ejército lo impidió, causando no solo la muerte del policía, sino también decenas de heridos.

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De Dakota a la Patagonia, rebeldía que no cesa

De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire. Resisten además las mil formas de tratar de invisibilizarlos, de afirmar que no existen o no son pueblos; de que cada lucha, cuando sale a la luz y convoca solidaridad, sea vista como fenómeno localizado y aislado, donde no hay historia, no hay identidad, no hay organización, no hay solidaridad y redes con muchos otros. Las luchas indígenas tienen muchas capas de significación que nos tocan a todas y todos, aunque a menudo solo las percibimos a partir de sus resistencias en momentos de represión y amenaza.


Al Sur del continente, los mapuches , tanto en Chile como en Argentina –su territorio ancestral nunca tuvo esa frontera– son perseguidos judicial y militarmente, por defender sus territorios contra grandes forestales, hidroeléctricas, petroleras y otras empresas y negociados de los gobiernos de turno con sus tierras. En cada conflicto se les ha aplicado –o intentando hacerlo- leyes anti-terroristas, leyes que vienen de las dictaduras militares, con persecución militar, policial y judicial. En ambos casos, particularmente en Argentina, el discurso oficial y mediático niega incluso que existan pueblos indios, como ha sucedido en el caso de muchos otros conflictos en territorios indígenas. A fin de 2016, el caso de la machi mapuche Francisca Linconao (autoridad moral, médica y consejera de su comunidad) levantó solidaridad en todo el planeta, cuando la machi Francisca, que se declara inocente y fue detenida sin pruebas, acusada por un incendio que dejó dos muertos en una finca forestal que ocupa y devasta sus territorios, emprendió una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que le concedieron, no la libertad, sino arresto domiciliario, el 6 de enero 2017. El juicio contra ella sigue.


El pasado 10 y 11 de enero, el gobierno argentino y el gobernador Mario das Neves de la provincia de Chubut, lanzaron en operación conjunta de la Gerdarmería Nacional y la policía local una feroz represión contra una comunidad (lof) mapuche que defiende su territorio en el departamento de Cushamen, Chubut. Este lof mapuche volvió a ocupar esa tierra en marzo 2015, luego de que hubiera quedado encapsulado en lo que desde 1991 es propiedad de la trasnacional italiana Benetton, uno de los mayores terratenientes de Argentina, con cerca de 900,000 hectáreas en la Patagonia.


En lo que Amnistía Internacional definió como una “operación cerrojo”, 200 gendarmes cerraron todas las vías de acceso y avanzaron disparando balas de goma y de plomo contra la comunidad, con enorme brutalidad, atacando mujeres, hombres y niños. El primer día tenían una orden judicial para liberar las las vías de un tren turístico que la comunidad había bloqueado con materiales, no personas. Nada más. El segundo día no tenían ni siquiera esa limitada orden, pero en ambas ocasiones atacaron violentamente a la comunidad, dejando una secuela de heridos y detenidos.


Al ataque brutal, siguieron las manipulaciones mediáticas. Medios locales acusaron a los mapuches de tirar piedras y “resistir violentamente un procedimiento judicial”, implicando que fueron ellos que provocaron la represión. El gobernador azuzó el conflicto declarando “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la patria, ni la bandera... En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva tranquila” ( 12/01/17 lavaca.org). Para el gobernador, “la gente” es la trasnacional Benetton.


Tal como denunció el querido historiador Osvaldo Bayer en el sitio Garganta Poderosa, se trata otra vez, de la Patagonia rebelde, una renovada “Campaña del desierto” (que condujo Julio Argentino Roca a principios de 1900) para terminar con los pueblos y tribus del Sur, ahora para dar paso a las empresas trasnacionales.


En toda la Amazonía, en la resistencia a la minería, petroleras y otras devastaciones están pueblos indígenas. En Ecuador, miembros del pueblo Shuar de la comunidad de Nankitz, Morona Santiago, intentaron en noviembre y diciembre recuperar su territorio, del que habían sido violentamente desalojados en agosto 2016 por fuerzas militares y policiales del gobierno, que nuevamente, dio atención a una orden judicial a favor de la empresa minera china Explorcobres S.A., pese a que el mismo gobierno no había cumplido siquiera con la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas Shuar. En los conflictos, murió un policía y varios resultaron heridos. Como rebote, a la organización ecologista Acción Ecológica, que desde hace años viene denunciando los impactos de la minería y petróleo y la violación de derechos indígenas y humanos en esas áreas, incluso el caso Shuar, el gobierno intentó clausurarla. Esto se logró parar, tanto por la vacuidad de las acusaciones contra esa organización, como por la amplia protesta nacional e internacional, pero las amenazas continúan: sigue la militarización en zona Shuar y situaciones parecidas de desalojos, acoso y violencia, se repiten en varios territorios indígenas del Ecuador donde quieren avanzar la mega minería, a favor de empresas extranjeras, sobre todo chinas.


La defensa territorial de los pueblos indígenas tiene un papel fundamental en la defensa de la vida y de la justicia a través de todas las Américas, como sucedió también con la movilización del Pueblo Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, contra el oleoducto DAPL, otro devastador emprendimiento que logró ser detenido en diciembre por la extendida y firme resistencia indígena. La convergencia de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas de base, así como en varios lugares con otros movimientos sociales, feministas, urbanos, campesinos, no es nueva, pero va adquiriendo nuevas formas y significados.


La historia y contundentes realidades del movimiento y las comunidades zapatistas abona, directa o indirectamente, a todos esos procesos de resistencia. México, casi como un continente en sí mismo, está atravesado de conflictos territoriales, ambientales, sociales, de injusticias, con incontables casos de represión abierta o encubierta, y con cientos de luchas y resistencias locales, muchas basadas en comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios y denuncias del Congreso Nacional Indígena reflejan muchos de ellos. La decisión de formar un Concejo Indígena de Gobierno y contraponer una candidata mujer e indígena a los discursos electorales es otra forma de poner en la mesa, invitando a muchos otros movimientos, estas realidades, heridas, resistencias, indignaciones y construcciones.

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