Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
La minera AngloGold suspende trabajos en Colombia tras el rechazo de un pueblo a su proyecto

Hace un mes, una pequeña población colombiana se opuso en una consulta popular a la explotación minera

 

Justo un mes después de que el nombre de un pequeño pueblo, Cajamarca, saltó a las noticias por rechazar el proyecto minero La Colosa, la compañía responsable, AngloGold, suspende operaciones en Colombia. La empresa, de origen sudafricano, explica que después de 14 años de labores en la zona detienen su trabajo en la región, acatando la voluntad popular que se opuso a la explotación minera en su territorio. Un resultado abrumador de 6.165 votos contra 76 terminó empujando a la minera a parar el proyecto y abrió un debate nacional sobre la soberanía de los municipios y la participación cuando se decide sobre la exploración de sus tierras.


La meta de AngloGold era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. De un pueblo que el mes pasado le dio valor en las urnas a un mecanismo democrático, poco usado hasta ahora. La empresa argumentaba recientemente que el impacto que se había generado desde que hace presencia en ese territorio era de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable. Sus razones fueron respaldadas por voces como la del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- que también estuvo en contra de la consulta. Bruce Mac Master aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”. Sin embargo, fue más fuerte la voz del pueblo que, desde que se conocieron las pretensiones de la minera, estuvo acompañada por la de ambientalistas, académicos y juristas.


“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razonaba Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las organizaciones que lideró el proceso para que fueran los ciudadanos los que decidieran si querían o no que en su región se realizaran explotaciones.
Renzo García, del comité ambiental que promovió la consulta, advierte que la decisión de la empresa es “positiva”, pero no suficiente. Exige, como vocero de la comunidad, que se cumpla al pie de la letra lo que dispone la consulta popular.

“Se tiene que acatar como es. No se trata de suspender, ellos tienen que renunciar a ese proyecto porque el pueblo así lo quiso”, asegura desde Cajamarca a ELPAÍS. Dice que esta lucha, que comenzó hace varios años, demuestra que la defensa de la vocación agropecuaria es posible y debe servir de ejemplo a otras regiones. “Es un mensaje de esperanza para todos los que tenemos que padecer los estragos ambientales de estos grandes proyectos mineros”, agrega.


Con la decisión de la compañía, al menos 400 trabajadores quedarán sin empleo, se reducirán al mínimo los gastos operativos y se suspenderán las inversiones sociales que, según la empresa, llegan a los 6.000 millones de pesos colombianos.

Bogotá 27 ABR 2017 - 20:19 COT

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 18 Abril 2017 07:00

Marca país

Marca país

El pasado miércoles 29 de marzo el parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad.

 

Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.


“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.


TRASNACIONALES.


El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.


Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.


Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.


Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.


LUCHA SANGRIENTA.


No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.


De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.


De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.


TIRO POR LA CULATA.


Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.


En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace“alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.


Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.


IGLESIA ANTIMINERA.


La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.


Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.


VISITA FILIPINA.


En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y“enfermedades pulmonares entre los residentes”.


Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.


DESAFÍOS.


“Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.


La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.


UNA OPORTUNIDAD.


Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.


McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.


El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.

Publicado enInternacional
Jueves, 30 Marzo 2017 08:00

¿Dónde está la izquierda?

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

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Cajamarca: Acción y llamado a frenar el extrativismo
6,165 rechazos a la mega minería. 6,165 voces de lucha en defensa del territorio y sus riquezas. 6,165 habitantes exigiendo al gobierno soberanía. 6,165 votos reivindicando su poder, el de otra democracia posible.

 

El 26 de marzo el municipio de Cajamarca (Tolima), una vez más, le hizo saber al país su rechazo a la explotación minera, en esta ocasión por parte de la multinacional AngloGold Ashanti, votando No a la pregunta “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Los resultados fueron victoriosos para las y los cajamarcunos, pero horas después, el gobierno nacional redujo la consulta popular a un acto simbólico.

La minera AngloGold Ashanti se empeña en ser la cenicienta que aspira y se inyecta oro, como la de Sonne de Rammstein (ver video: Rammstein - Sonne) pasando por encima de los ecosistemas y las poblaciones aledañas a La Colosa, de donde pretende explotar 29 millones de onzas de oro para 2020; más los 25 títulos mineros que tienen y 8 solicitudes en proceso, afectando el 86 por ciento del territorio tolimense. Cenicienta que han tratado de frenar durante años los habitantes del municipio de Cajamarca y poblaciones aledañas.

El proceso de la consulta popular, diseñado e impulsado por parte de la comunidad, fue álgido pero bien logrado. Proceso inscrito en un contexto político–ambiental intenso que ha marcado el 2017 como el año de las consultas populares, adelantadas en los más de 12 municipios que rechazan la explotación minera–petrolera. Con un incuestionable 97,92 por ciento, el No dejó claro que la comunidad se niega a las actividades mineras por parte de AngloGold Ashanti, esperando por parte del gobierno nacional acciones legales que frenen el fenómeno extractivista que pone en riesgo las principales reservas naturales del país.

Sin embargo, la respuesta por parte del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, más que desesperanzadora dejó entrever la precariedad democrática que tiene Colombia. La “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley” afirmó el ministro, argumentando que la multinacional cuenta legalmente con el título minero, y ante la falta de la licencia ambiental, el gobierno considera más fácil y adecuado adelantar el procedimiento para dar dicha licencia que frenar a la multinacional minera y cumplir la voluntad de las y los cajamarcunos.

Los casos de Cajamarca y Cabrera (leer artículo: Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz) sirven como ejemplo de lucha para municipios como Ibagué, El Paujil, San Martín, Pijao, Monterrey, Espinal y Pueblo Rico; que aún se encuentran en la pugna por hacer de las consultas populares una realidad en sus territorios. Empero, Tauramena y Piedras son municipios que despiertan inquietudes frente a la efectividad de las consultas y el cumplimiento por parte del Estado colombiano de la voluntad de quienes habitan en uno u otro territorio nacional. Cabe recordar que estos dos municipios en el 2013 manifestaron de manera exitosa su rechazo a la explotaciones de minerales e hidrocarburos y a la fecha adelantan procesos, entre ellos la consulta popular, para exigir al gobierno que obedezca a la decisión tomada 4 años atrás.

Cajamarca, acción y llamado a frenar el extrativismo... es el voto ejemplificante de una comunidad que entiende que más allá de aquello que brilla está el agua, está el ambiente, está el entorno natural del que gozan, está su misma tranquilidad como población, todo lo cual tienen que pensar para quienes allí habitan hoy pero también para las generaciones futuras.

Acción y llamado que desnuda la contradicción existente entre el modelo económico imperante en Colombia y la región, con un régimen de acumulación que regresa hacia el extrativismo como “tabla de salvación” ante su total renuncia a proyectos históricos soberanos, nacionales y, sobre todo, regionales. (Ver video: Mineria en Colombia)

Acción y triunfo gratificante para un país donde los movimientos sociales viven una andanada violenta de criminalización y muerte sistemática; con un resultado que sirve para confirmar que la democracia colombiana, limitada y formal, funciona de acuerdo a los beneficios políticos o económicos que derive para unos pocos. Así, cuando no se acomoda a sus intereses, simplemente no es, no sirve. Construir otra democracia está a la orden del día, así lo enseña Cajamarca, como antes lo hicieron los pobladores de Piedras y Tauramena.

 

¿Cómo van las luchas en los demás municipios?

Ibagué: la consulta, impulsada allí con gran fuerza, recibió el 16 de febrero un llamado por parte de la sección Quinta del Consejo de Estado para la modificación de la pregunta por responder en la consulta popular; luego de las dos modificaciones iniciales, la pregunta, según los jueces, no garantiza claridad, lealtad e imparcialidad al elector.

La pregunta, ahora en manos de los jueves, interroga: ¿Está usted de acuerdo SI o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?

El Paujil: La consulta popular inscrita por la comunidad de El Paujil, denominada “Por la Dignidad Amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida”, pretende suspender las actividades sísmicas ejecutadas por Petroseismic Services S.A, Emerald Energy y Ecopetrol; quienes han logrado ingresar a las zonas de explotación con la protección del Esmad y el Estado, dejando a la comunidad afectada y sin subsanar los daños ambientales, sociales y económicos generados.

La iniciativa de esta comunidad es inspiradora de la lucha en los municipios vecinos de El Doncello y Montañita.

San Martín: Comprometidos con la defensa de sus recursos naturales y la autonomía sobre el territorio, los pobladores de San Martín emprendieron, desde el 10 de febrero de 2017, la recolección de 1.086 firmas para revocar a Eduardo Celis, el alcalde del fracking, y continuar con el proceso de la consulta popular y frenar la extracción de petróleo por parte de Conoco Phillips.

Como respuesta a la iniciativa de revocatoria, el pasado el 21 de febrero el alcalde, en asamblea de la empresa de acueducto del municipio, APCES ESP, anunció su venta a Conoco Phillips. Como en otros de estos negociados, la excusa para la venta es la supuesta mejoría del servicio.

Piedras: A 4 años del impulso de la consulta popular donde la comunidad se negó a aceptar proyectos y actividades de carácter minero, la cual se vio obstaculizada por la llegada de la Anglo Gold Ashanti al municipio vecino de Cajamarca; en Piedras, de nuevo, se promueve una consulta popular que les dé la autonomía sobre los recursos naturales.

Tauramena: En el 2013 los pobladores de este municipio logran manifestar su voluntad de manera exitosa ante las urnas con 4.426 votos en contra de la exploración sísmica, perforación, producción y transporte de hidrocarburos, en este caso por parte de Ecopetrol y Oceisa, empresa, esta última, encargada del manejo y control del acueducto de la zona.

Cuatro años después, el municipio exige el cumplimiento de su decisión por parte de las empresas y del Estado, pues luego de que ganaran la consulta popular las actividades y proyectos petroleros continúan en ejecución.

Pobladores de Pijao, Monterrey, Espinal y Pueblo Rico, se encuentran empeñados en su lucha, con los mismos objetivos y argumentos de quienes los lideras en los municipios anteriores pero, lastimosamente, no logran generar eco con su iniciativa.

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Una mujer depositando su voto.

 

La decisión estaba en manos de Cajamarca, un pueblo de 20.000 habitantes, pero los efectos serían determinantes para todo Colombia. Ganaron los defensores del medio ambiente que, después de la larga batalla jurídica (y hasta política), vencieron a la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos del país. A través de una consulta popular, en la que 16.312 personas podían votar, el pequeño poblado determinó cuál será el rumbo ambiental de su región y abrió un debate nacional sobre otros trabajos de exploración que se adelantan. Con un abrumador 6.165 contra 76, se impuso el rechazo a la explotación minera. Las calles de Cajamarca se llenaron para celebrar que el pueblo estaba haciendo historia.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Era la pregunta que debían responder los ciudadanos. Con que 5.438 votaran por el no, el permiso que el Estado había otorgado quedaría sin efectos. Y así fue. En los primeros boletines de la Registraduría Nacional, los defensores del medio ambiente ya eran ganadores.

Aunque para la explotación todavía faltaba un par de años, según los planes de la compañía minera, desde hace varios ya venían haciendo trabajos de exploración. La meta era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. Por eso, desde hace ocho años, cuando se conocieron las intenciones de la empresa sudafricana, nadie le quitó los ojos de encima al proyecto. Ni los ambientalistas, a los que se unieron organizaciones jurídicas y cívicas, ni quienes abogaban por los mineros artesanales que, con el no victorioso, según ellos, se quedarían sin trabajo. AngloGold siempre se defendió. Aseguró que desde que empezaron sus labores de exploración han implementado los estándares más exigentes de la industria. “Podemos decir que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”, declaraba la compañía hace unos días.

Voces como las del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- también se manifestaron contra la consulta. Bruce Mac Master, su director, aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”, decía en una entrevista con la agencia Colprensa. Según él, si no fuera por la minería legal, no habría industria cementera, de construcción, metalúrgica o agroquímica. Pero para los ciudadanos, los argumentos a favor del medio ambiente estuvieron por encima.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razona Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Según él, la decisión de este domingo servirá para otras regiones, no solo de Colombia, que están enfrascadas en conflictos ambientales. “Lo que pasó hace realidad la promesa de participación y de centralización de la Constitución de 1991. Es una voz que debe ser acatada por el Estado. Es un ejemplo para otros países”.

Por primera vez, una consulta popular de iniciativa ciudadana y con un enfoque ambiental demostró que los caminos participativos que el Estado garantiza en el papel, pueden ser posibles en la realidad. El desenlace de esta historia, sin embargo, está todavía por verse.

Los más pesimistas temen que no se respete la voluntad del pueblo y que no se revoquen los titulos mineros existentes con AngloGold. Otros dicen que la lucha continuará hasta que el proyecto desaparezca de la zona. Un final con el que los promotores del no sueñan desde enero del año pasado, cuando se propuso hacer la consulta. Meses más adelante, en mayo, la Corte Constitucional le dio un empujón a la idea, al declarar inconstitucional un apartado del Código de Minas que no permitía a los municipios decidir (prohibir) sobre la minería. La estocada final apareció en octubre, cuando otro pronunciamiento de la Corte señaló que las consultas populares en temas mineros son constitucionales. En ese momento, empezó la carrera de ambas partes por llevarse la mayoría de votos.

Jimmy Torres, del comité ambiental del Tolima, asegura que el camino a seguir es blindar la consulta. “Esto es un paso muy importante, pero no el final. Ahora debemos velar para que se cumpla lo que se decidió en las urnas”, decía desde Cajamarca, a donde llegaron organizaciones internacionales para acompañar el proceso. “Unirnos para proteger el agua y la tierra debe ser una meta. El agua no tiene color político, es la fuerza que nos une”, señalaba en la tarde del domingo.

 

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Sábado, 25 Marzo 2017 12:05

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

Publicado enEdición Nº233
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233
Entre logros, decepción y fractura del movimiento social

Segunda vuelta electoral en Ecuador

En un continente latinoamericano mutante, la segunda vuelta electoral del domingo 2 de abril en Ecuador marcará rumbos. Aunque el tema internacional está prácticamente ausente en la campaña, los resultados marcarán tendencias y reforzarán alianzas continentales.

Si gana Lenin Moreno del oficialista partido Alianza PAIS saldría reforzado el proyecto integrador regional. Si fuera ungido presidente el banquero Guillermo Lasso, candidato de la opositora alianza CREO - SUMA, el país sudamericano pasaría a reforzar el polo continental pro-neoliberal, alineado detrás de Michel Temer en Brasil y Mauricio Macri en Argentina.

En la primera vuelta del pasado 19 de febrero, aunque Moreno obtuvo 1 millón de votos más que Lasso, por escasas décimas no logró el 40% que le hubiera abierto la puerta imperial para continuar la línea impulsada en los últimos diez años por Rafael Correa en la presidencia.

Logros cuantificables

Los resultados del próximo domingo podrán ser entendidos como un plebiscito -positivo o negativo- sobre los progresos promovidos por Rafael Correa y su proyecto de “Revolución Ciudadana”. En particular en lo social, y en el desarrollo de obras públicas -carreteras, puentes, aeropuertos etc. En un país de cerca de 16 millones de habitantes, logró reducir en un 6% la pobreza y sacar de la miseria extrema a casi 2 millones de sus compatriotas. Se dieron avances significativos en la atención médica pública y se contabilizaron 1 millón 200 mil nuevos estudiantes.

En síntesis, “logros reales pero limitados en cuanto a su contenido. No tuvieron suficientemente en cuenta muchos aspectos, como el ritmo de las transformaciones culturales, la erosión de la soberanía alimentaria y los costos ambientales”, señala el religioso y sociólogo belga François Houtart, quien desde hace seis años reside en Quito y trabaja como profesor universitario y asesor de movimientos sociales.

A pesar de su relación de amistad con el presidente Correa, Houtart no mide sus críticas al actual modelo. “Son cifras que indican avances cuantitativos en la perspectiva de modernizar la sociedad, pero sin transformarla de fondo”, señala Houtart en entrevista telefónica.

Se dio, por ejemplo, una ausencia total de políticas agrarias: “no hubo ni reforma agraria ni políticas campesinas” enfatiza el fundador del Centro Tricontinental (CETRI) en Lovaina y de su prestigiosa publicación Alternatives Sud. Y hace referencia a un estudio del 2013 que indicaba un 44% de pobreza en las zonas rurales y un 19.5 % de pobreza extrema. El actual Gobierno impulsó, por el contrario, una agricultura moderna de monocultivos de exportación que destruye los bosques y expulsa a los campesinos de sus tierras. En síntesis, “no hubo durante estos años un proyecto de transformación fundamental de la sociedad sino una modernización del capitalismo”. Si al principio se podía pensar que se trataba de un socialismo del siglo XXI, se introdujo paulatinamente una “restauración conservadora” dentro del proyecto mismo. La crisis provocada por la caída de los precios de las materias primas aceleró la regresión, privilegiando los intereses del mercado.

Desilusión y “alineación política”

Una parte de los movimientos sociales -entre ellos organizaciones indígenas- y de fuerzas de izquierda que originariamente apoyaron al proceso, “se sienten profundamente decepcionados”.

Cuando el Gobierno vio que esos movimientos le daban la espalda decidió crear nuevas organizaciones sociales que respondían a su proyecto. "Se dio así una fractura político-social muy profunda que sigue marcando la realidad social del país y que tiene una influencia en el comportamiento electoral de unos y otros", explica Houtart.

Algunos de esos sectores “prefieren ahora darle su voto a Lasso y no a Moreno. Optan por apoyar a un representante del gran capital financiero, argumentando que en todo caso la situación no cambiaría demasiado”. Al mismo tiempo, reflexiona, Lasso promovió un discurso astuto. Prometió la amnistía para algunos dirigentes sociales presos; el abandono de juicios abiertos contra líderes indígenas. Se comprometió a no autorizar la actividad minera sin consulta previa con los pueblos originarios, principio ya inscrito en la Constitución, pero no siempre respetado.

Se da una “verdadera alienación política de esos sectores sociales e indígenas que van a votar contra sus propios intereses más por argumentos afectivos que razonables”, enfatiza Houtart. Algunos piensan que va a ser más fácil luchar contra la verdadera derecha, que, contra la derecha maquillada como izquierda, enumera. Subjetivamente, son sectores que han sufrido y viven una gran decepción hacia el modelo de Correa, lo que define una situación muy compleja, por momentos inexplicable y de muy difícil recuperación o reconstrucción, sintetiza Houtart con cierto escepticismo sobre el futuro.

Y se distancia parcialmente de algunos de esos argumentos: “no estoy de acuerdo que Correa esté estableciendo el neo-liberalismo”. Su proyecto es, como sucede en otros países de la región, post-neoliberal, aunque no post-capitalista. Un capitalismo moderno que integra también como importante la lucha contra la pobreza. Pero que, incluso, aumenta los niveles de deuda externa a niveles semejantes al 2007 fecha cuando llegó al Gobierno.

Crisis conceptuales

Con el paso del tiempo Correa priorizó su rol de líder carismático. Trató de instrumentalizar los movimientos sociales -o creó otros paralelos-, impulsó una comunicación intensiva desde arriba e incluso criminalizó una parte de la protesta social.

Todo esto al tiempo que mantenía su discurso progresista original, lo que complica, muchas veces la comprensión de lo que se debate en torno al segundo turno electoral. Se presenta, argumenta Houtart, como una lucha entre la izquierda y la derecha tradicional. Cuando en realidad se trata de un combate entre la derecha oligárquica tradicional, apoyada por el imperio, -expresada en el candidato Guillermo Lasso, que busca desesperadamente recuperar el poder político- y una derecha moderna en alianza con actores de izquierda en su mayoría provenientes de los movimientos sociales de los años 70.

En paralelo, los movimientos sociales tradicionales, confrontan una crisis profunda como en otras regiones del mundo. Perdieron la visión estratégica de una transformación profunda de la sociedad y entraron de lleno en el juego político electoral a corto plazo, concluye.

Por Sergio Ferrari, en colaboración con el periódico suizo Le Courrier y E-CHANGER, organización de cooperación solidaria.

Publicado enInternacional
Un minero trabaja en una reserva de litio en Bolivia.

 

Latinoamérica tiene las mayores reservas de litio del mundo, entre el 58 y el 96 % del total conocido. Allí está el futuro del ‘petróleo blanco’.

 

Hace un par de décadas era un metal casi irrelevante. Hoy es indispensable para el mercado tecnológico. Lo llaman el ‘oro blanco’. Alimenta las baterías de nuestros ordenadores, ‘smartphones’ y aires acondicionados. No sólo eso. Ahora incluso hace moverse a nuestros automóviles. El litio es considerado por Goldman Sachs como la ‘nueva gasolina’.

Tres países latinoamericanos están de enhorabuena: Chile, Bolivia y Argentina aglutinan el 58 % de las reservas de este mineral, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Conforman el llamado ‘triángulo’ del litio. Se debaten entre las expectativas de quienes ya se ven convertidos en la nueva Arabia Saudí y quienes piden calma ante un mercado con interrogantes.

La perspectiva de que el litio suponga un ‘boom’ financiero para las tres economías se basa en la evolución de su precio. Una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros en 1998. El pasado año ya alcanzaba los 7.200 euros. Estos días ha subido hasta los 8.600 euros la tonelada, informó el miércoles de la semana pasada el diario El Confidencial.

“En el marco de un incremento exorbitante de la demanda de litio, resulta claro que estamos frente a la aparición y posible consolidación en los próximos 20 años del nuevo centro energético del planeta”, reflexiona Juan Carlos Zuleta, experto boliviano en el mercado del mineral, quien también cree que la demanda se va a triplicar debido a la aparición de los vehículos eléctricos, incluidos autobuses, que hacen uso de baterías alimentada por litio.

El mayor espaldarazo al mineral lo dio en abril de 2015 el empresario sudafricano Elon Musk, líder de Tesla Motors, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo: “Para producir 500.000 vehículos al año, básicamente necesitamos absorber toda la producción de litio del mundo”, dijo entonces. Su proyecto de baterías para almacenar la energía solar podría hacer aumentar aún más la demanda.

La oferta está creciendo espectacularmente. Los consorcios extractores intentan igualar las exigencias del mercado. En 2008 se producían 27.400 toneladas de litio en el mundo. En 2020 serían 60.000 toneladas, según las proyecciones de las compañías del sector. La empresa de análisis Allied Market Research calcula que el mercado de las baterías de litio alcanzará los 46.000 millones de euros en 2022, teniendo en cuenta todos los factores.

 

mjs/ncl/nal

 

 

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