Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz.


Un rotundo triunfo se anotó el pueblo cabreruno este domingo 26 de febrero en la consulta popular para decidir en la defensa del derecho al agua y el medio ambiente que pretenden vulnerarle al proponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Sumapaz.

Los habitantes de Cabrera, Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a esas políticas nefastas contra esta tierra que posee el páramo más grande del planeta.

Los resultados oficiales de consulta popular en Cabrera Zona de Reserva Campesina ZRC indican que con un total votos de 1506, votaron por el NO 1465 personas, por el Si: 23, votos nulos 5 y votos no marcados 13.

Voceros de las organizaciones agrarias, comunales, ambientalistas, ecologistas, partidos y sectores políticos señalaron que ese era el resultado esperado., en una región que se caracteriza por ser una comunidad muy unidad, organizada, combativa y con una tradición e historias de lucha por derechos elementales como el derecho a la vida y la paz.

“Es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera”, escribió en las redes sociales un especialista en temas ambientales y sociales del Sumapaz.

Es un triunfo por la defensa del territorio. Es un triunfo por parte del movimiento por la defensa del Páramo y el agua. Es una derrota para Emgesa Enel Endesa. Es fruto del valor de quienes se atreven a luchar, a resistir. Para Asoquimbo es un estimulo para continuar en la lucha contra el extractivismo. No a las represas, al fracking a la minería a los agronegocios, explicó un dirigente del sindicato Sintrapaz.

Voceros de las organizaciones sociales y políticas anunciaron desde ya la coordinación para realizar un Encuentro en la Universidad Nacional contra las represas y el extractivismo para el mes de julio donde se socialicen todos los procesos de resistencia contra el modelo donde podamos encontrarnos el Movimiento Ríos Vivos, la Mesa Social Minero Energética Nacional, ambientalistas, ecosocialistas donde sin lugar a dudas estarán los resistentes del municipio de Cabrera socializando todo el proceso, los defensores del río Samaná contra la represa Porvenir II y todos los procesos por la defensa de los Ríos, Paramos. Macizos por la defensa de los territorios y la vida.

Durante el la Consulta Popular la ciudadanía participó con su voto en cuatro mesas de votación en el casco urbano y una mesa en la inspección “La Playa”, que corresponde a la zona rural, las cuales fueron dispuestas para que los habitantes de este municipio ejercieran su derecho a decidir.

 

 

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EEUU: Trump firma ley que elimina regulaciones al carbón aprobadas por su predecesor

El presidente norteamericano, Donald Trump, plasmó su firma hoy debajo del texto de una ley que elimina regulaciones a la explotación de carbón aprobadas en diciembre último por su predecesor Barack Obama.


Esta nueva ley deshace varias normas aprobadas por el Departamento del Interior en diciembre pasado.
El mandatario republicano dijo que con ello “elimina otra horrible regulación que mata empleos y salva miles de empleos en las minas”.


El presidente recordó el gran apoyo que tuvo durante la campaña en zonas dependientes de la industria del carbón como Virginia Occidental.


Trump aseguró a los mineros que la normativa de Obama era una amenaza a sus empleos y añadió que “hay un espíritu de optimismo que crece en todo el país”.


El presidente estuvo acompañado en la firma, que tuvo lugar en el Ala Oeste de la Casa Blanca, del líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan; y el senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin y el republicano de Kentucky, Rand Paul.


Tanto Virginia Occidental como Kentucky son regiones en las que la industria del carbón tiene fuerza, pese a haber decaído y estar en una profunda crisis.


Según el Servicio de Investigación del Congreso, un órgano consultivo no partidista que emite informes, la normativa hoy suspendida por Trump hubiese creado un número similar de empleos a los que hubiese destruido en la industria del carbón y habría permitido mantener trabajos con el mismo nivel de destreza profesional.


Los republicanos están utilizando una ley conocida como Ley de Revisión del Congreso para revertir regulaciones impuestas durante la era Obama, un procedimiento poco habitual y que solo requiere de mayoría simple en el Legislativo, bajo control republicano.

16 febrero 2017


(Con información de EFE)

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La resistencia indígena contra la megaminería en la Amazonía ecuatoriana

La retención de dos militares por parte de los miembros de una comunidad shuar en Morona Santiago visibiliza las demandas de los pueblos indígenas que se oponen a la minería a gran escala en su territorio, amparada por el Gobierno


Pasar el control militar hacia la vía Macuma-Taisha, en la Amazonía ecuatoriana, es relativamente fácil. Hay decenas de efectivos parando el tráfico en la “ye” -el desvío en forma de Y de la carretera principal desde Macas-, pero se puede cruzar la barrera andando sin que apenas se fijen en nosotros. Es la tercera vez que los dos periodistas (los únicos) accedemos al territorio del cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago, por ese lugar.


La última semana ha habido mucha tensión, y un control muy estricto sobre qué o quién accedía; solo se permitía el acceso a vehículos y personas autorizadas por el Ejército; era muy difícil introducir alimentos u otros bienes de primera necesidad, y hasta con carnet de prensa había problemas para pasar. Pero estos días, todo empieza aparentemente a volver a la normalidad.


Dos militares retenidos por una comunidad shuar


El motivo para que se instalara el control militar que prohíbe la entrada de vehículos y personas no autorizadas a la vía, y se haya multiplicado a circulación de efectivos armados por la zona es que el 21 de enero, en el centro shuar de Yunkuapais, dos militares, los suboficiales Luis Rodríguez y Raúl Pazmiño, fueron detenidos por las personas que viven allí.


Ambos llegaron a las tres de la madrugada al centro, equipados con armamento pesado (pistolas, metralletas y cápsulas de gas), tal como cuentan las y los moradores del lugar, a buscar a dos compañeros suyos que viajaban desde el cuartel militar de Taisha en un vehículo entre civiles. Los shuar, el pueblo indígena que vivie allí, los retuvo tras identificarlos identificarlos como militares. “¿Cómo vamos a dejar que entren como entraron? Presentarse armados así es una amenaza, y es peligroso para los niños y niñas, y para todos nosotros”, explicaba un miembro de la comunidad mientras mostraba toda la munición requisada.


Les retiraron las armas y les hicieron quedarse a dos de ellos en la comunidad. “Ellos llegaron a nuestra casa, no fuimos a capturarlos allá. Con su irrupción en nuestro pueblo, ¿dónde quedan nuestros derechos como personas?”, se indignaba una de las mujeres. Se queja, porque “no es justo”; porque “no estamos en la guerra”, y “no hay motivo para actuar así”. Los dos militares estarían retenidos y escondidos durante ocho días, hasta que, tras la puesta en común de la situación con el resto de comunidades del Cantón Taisha, y con los líderes de las federaciones Shuar y Ashuar, se decidió entregarlos.


Un líder indígena encarcelado


La retención de los militares ha servido en gran parte para hacer visibles las demandas del pueblo shuar, sobre todo de las comunidades que forman parte de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH): su presidente, Agustín Wachapá, fue detenido el 21 de diciembre del año pasado por unas declaraciones en las redes sociales, que según una demanda presentada por el viceministro de Interior, Diego Torres, “instigaban a la comunidad shuar a levantarse en armas”. Cuenta la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que cien policías allanaron a medianoche la sede de la Federación, llevándose ordenadores y documentos, y lo capturaron. Desde entonces sigue en prisión, habiéndosele denegado el 18 de enero de 2017 el recurso de apelación que presentó a la Audiencia.


El aislamiento del líder de la federación en la cárcel de alta seguridad de Latacunga ha sido duro para las comunidades shuar de la Federación, que se han quedado sin el líder fuerte que Wachapá representaba. Por eso, a partir de la retención en Yunkuapais, la comunidad ha posicionado su puesta en libertad como una de las exigencias a cambio de retornar a los militares. “Nosotros no los hemos secuestrado, solamente los hemos retenido porque se presentaron armados”, explican.

Afirman que “los dos están bien cuidados y bien alimentados”, y de hecho así lo confirman ellos mismos en declaraciones tomadas durante y después de la retención. En cambio, “a nuestro presidente lo han maltratado”, argumentan, y piden algo que les parece justo: “que nos lo devuelvan”. La retención, pues, les sirvió para enfatizar esa demanda.
Presión y represión militar


Durante esta semana, la vida en las comunidades se ha visto afectada por el incremento de la presión y represión militar. En las asambleas celebradas en los distintos centros ha habido posturas encontradas acerca de cómo avanzar, y eso ha creado divisiones entre ellos. Además, hay un ambiente de inquietud y temor: “los niños y niñas tienen miedo, no están yendo a la escuela; se piensan que nos van a bombardear”, explica una mujer. Helicópteros han sobrevolado las poblaciones, y la presencia de militares es mucho más visible.


Los Ministros de Seguridad, de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto, en sus declaraciones a medios de los últimos días han tratado a la gente de Yunkuapais de “grupos armados ilegales”, y les acusan de “secuestro extorsivo” y “robo de bienes públicos”, provocando el rechazo y el temor de los habitantes de los asentamientos mestizos que se encuentran más cerca de Macas, que en realidad nunca han visitado las comunidades shuar.


Sí tienen armas: las carabinas que usan para cazar en el monte, pero no para enfrentarse con el Ejército. Un ex líder de la organización Nación Shuar del Ecuador (NASHE) reivindica que “el Gobierno está mintiendo, los shuar no somos guerrilleros, ni secuestradores; somos un pueblo pacífico”. Para demostrar que esa criminalización no es acertada, los shuar se han mostrado abiertos al diálogo, y finalmente han accedido a la entrega de los dos subtenientes sin negociación alguna.


La tensión que provocó la detención de dos soldados por parte de las personas moradoras de Yunkuapais no se entiende sin un contexto de militarización y agresiones hacia las comunidades shuar, que están teniendo lugar desde agosto del 2016, cuando se desalojó por vía militar a la comunidad de Nankintz, al sur de la provincia de Morona-Santiago, para construir el campamento minero de Panantza-San Carlos. El 14 de diciembre del 2016 se decretó el estado de excepción en esta región, que implica la “suspensión de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión, tránsito e inviolabilidad de domicilio”.


Minas a cielo abierto y conflicto


Fue a raíz de la muerte de un policía en esa fecha, durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las comunidades shuar en, cuando los indígenas intentaron retomar el territorio de Nankintz, y el Ejército lo impidió, causando no solo la muerte del policía, sino también decenas de heridos.

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De Dakota a la Patagonia, rebeldía que no cesa

De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire. Resisten además las mil formas de tratar de invisibilizarlos, de afirmar que no existen o no son pueblos; de que cada lucha, cuando sale a la luz y convoca solidaridad, sea vista como fenómeno localizado y aislado, donde no hay historia, no hay identidad, no hay organización, no hay solidaridad y redes con muchos otros. Las luchas indígenas tienen muchas capas de significación que nos tocan a todas y todos, aunque a menudo solo las percibimos a partir de sus resistencias en momentos de represión y amenaza.


Al Sur del continente, los mapuches , tanto en Chile como en Argentina –su territorio ancestral nunca tuvo esa frontera– son perseguidos judicial y militarmente, por defender sus territorios contra grandes forestales, hidroeléctricas, petroleras y otras empresas y negociados de los gobiernos de turno con sus tierras. En cada conflicto se les ha aplicado –o intentando hacerlo- leyes anti-terroristas, leyes que vienen de las dictaduras militares, con persecución militar, policial y judicial. En ambos casos, particularmente en Argentina, el discurso oficial y mediático niega incluso que existan pueblos indios, como ha sucedido en el caso de muchos otros conflictos en territorios indígenas. A fin de 2016, el caso de la machi mapuche Francisca Linconao (autoridad moral, médica y consejera de su comunidad) levantó solidaridad en todo el planeta, cuando la machi Francisca, que se declara inocente y fue detenida sin pruebas, acusada por un incendio que dejó dos muertos en una finca forestal que ocupa y devasta sus territorios, emprendió una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que le concedieron, no la libertad, sino arresto domiciliario, el 6 de enero 2017. El juicio contra ella sigue.


El pasado 10 y 11 de enero, el gobierno argentino y el gobernador Mario das Neves de la provincia de Chubut, lanzaron en operación conjunta de la Gerdarmería Nacional y la policía local una feroz represión contra una comunidad (lof) mapuche que defiende su territorio en el departamento de Cushamen, Chubut. Este lof mapuche volvió a ocupar esa tierra en marzo 2015, luego de que hubiera quedado encapsulado en lo que desde 1991 es propiedad de la trasnacional italiana Benetton, uno de los mayores terratenientes de Argentina, con cerca de 900,000 hectáreas en la Patagonia.


En lo que Amnistía Internacional definió como una “operación cerrojo”, 200 gendarmes cerraron todas las vías de acceso y avanzaron disparando balas de goma y de plomo contra la comunidad, con enorme brutalidad, atacando mujeres, hombres y niños. El primer día tenían una orden judicial para liberar las las vías de un tren turístico que la comunidad había bloqueado con materiales, no personas. Nada más. El segundo día no tenían ni siquiera esa limitada orden, pero en ambas ocasiones atacaron violentamente a la comunidad, dejando una secuela de heridos y detenidos.


Al ataque brutal, siguieron las manipulaciones mediáticas. Medios locales acusaron a los mapuches de tirar piedras y “resistir violentamente un procedimiento judicial”, implicando que fueron ellos que provocaron la represión. El gobernador azuzó el conflicto declarando “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la patria, ni la bandera... En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva tranquila” ( 12/01/17 lavaca.org). Para el gobernador, “la gente” es la trasnacional Benetton.


Tal como denunció el querido historiador Osvaldo Bayer en el sitio Garganta Poderosa, se trata otra vez, de la Patagonia rebelde, una renovada “Campaña del desierto” (que condujo Julio Argentino Roca a principios de 1900) para terminar con los pueblos y tribus del Sur, ahora para dar paso a las empresas trasnacionales.


En toda la Amazonía, en la resistencia a la minería, petroleras y otras devastaciones están pueblos indígenas. En Ecuador, miembros del pueblo Shuar de la comunidad de Nankitz, Morona Santiago, intentaron en noviembre y diciembre recuperar su territorio, del que habían sido violentamente desalojados en agosto 2016 por fuerzas militares y policiales del gobierno, que nuevamente, dio atención a una orden judicial a favor de la empresa minera china Explorcobres S.A., pese a que el mismo gobierno no había cumplido siquiera con la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas Shuar. En los conflictos, murió un policía y varios resultaron heridos. Como rebote, a la organización ecologista Acción Ecológica, que desde hace años viene denunciando los impactos de la minería y petróleo y la violación de derechos indígenas y humanos en esas áreas, incluso el caso Shuar, el gobierno intentó clausurarla. Esto se logró parar, tanto por la vacuidad de las acusaciones contra esa organización, como por la amplia protesta nacional e internacional, pero las amenazas continúan: sigue la militarización en zona Shuar y situaciones parecidas de desalojos, acoso y violencia, se repiten en varios territorios indígenas del Ecuador donde quieren avanzar la mega minería, a favor de empresas extranjeras, sobre todo chinas.


La defensa territorial de los pueblos indígenas tiene un papel fundamental en la defensa de la vida y de la justicia a través de todas las Américas, como sucedió también con la movilización del Pueblo Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, contra el oleoducto DAPL, otro devastador emprendimiento que logró ser detenido en diciembre por la extendida y firme resistencia indígena. La convergencia de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas de base, así como en varios lugares con otros movimientos sociales, feministas, urbanos, campesinos, no es nueva, pero va adquiriendo nuevas formas y significados.


La historia y contundentes realidades del movimiento y las comunidades zapatistas abona, directa o indirectamente, a todos esos procesos de resistencia. México, casi como un continente en sí mismo, está atravesado de conflictos territoriales, ambientales, sociales, de injusticias, con incontables casos de represión abierta o encubierta, y con cientos de luchas y resistencias locales, muchas basadas en comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios y denuncias del Congreso Nacional Indígena reflejan muchos de ellos. La decisión de formar un Concejo Indígena de Gobierno y contraponer una candidata mujer e indígena a los discursos electorales es otra forma de poner en la mesa, invitando a muchos otros movimientos, estas realidades, heridas, resistencias, indignaciones y construcciones.

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Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación, desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al Ecuador.


El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión, criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.


Esa fuerte movilización paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a revisar la política extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).


En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)


Este desalojo sucedió luego de una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.


El pueblo shuar no aceptó el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.


Acción Ecológica es la organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole? (www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización, por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión de Paz y Verdad.


Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.


Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la sociedad civil.


Es absurdo y cínico que un gobierno que se autodenomina revolución ciudadana apele a cerrar a las organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524 años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152

 

Por SILVIA RIBEIRO, investigadora del Grupo ETC

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Los sin tierra desafían a un gigante en la Amazonia

Agricultores del Estado de Pará en Brasil ocupan áreas que según ellos la empresa minera ha comprado ilegalmente. Es una manera de forzar la maquinaria legal


Canaã dos Carajás (Pará)

 

En un despacho pequeño y remoto de la Amazonia de paredes sucias y goteras en el techo, una pareja de abogados monta desde hace dos años un rompecabezas diabólico. Las piezas del puzzle son las divisiones de un mapa gigante que reposa sobre la mesa y que delimita los terrenos de Canaã dos Carajás, un municipio del sudeste del Estado de Pará, al norte de Brasil. En esta región interminable, la empresa Vale, una gran compañía minera brasileña, lleva a cabo proyectos multimillonarios de extracción de cobre, hierro y otros minerales. De una manera poco limpia a veces, según estos dos abogados, José Batista Afonso y Andreia Silverio, empeñados en probar que la empresa se ha apropiado irregularmente, durante varias décadas, de tierras del Gobierno Federal. Vale lo niega. “Esta tierra de aquí era pública. Y ésta, no se puede vender ni comprar”, señala Batista Afonso en el mapa del despacho, una especie de refugio sin cerradura de desposeídos sin títulos, Más allá, el territorio feraz y violento de la Amazonia, forjado con años de desmanes, con cierto parecido al Oeste de las películas del oeste, con olor a quemado y pesticidas, con historias de buscadores de oro, labradores sin nada y amplísimos ranchos de ganado.


Los abogados sostienen que Vale se ha ido apropiando de tierras comprándolas a agricultores sin títulos de propiedad que labraban en suelo público arrendado. Pero sólo hay una manera de demostrarlo: forzar a la empresa a enseñar los títulos de propiedad. Y ahí entra en juego como punta de lanza sin nada que perder un movimiento llamado Los Sin Tierra, conformado por labradores pobres que siempre han trabajado granjas de otros. Estos ocupan sin permiso parte de las parcelas compradas por Vale. Hace un año, 400 familias irrumpieron en una de esas áreas. Se distribuyeron por las 8.000 hectáreas. Levantaron casas de madera y comenzaron a cultivar.


Entraron, por una parte, para forzar a la empresa, para echarles de allí, a tener que mostrar los papeles y así proporcionar munición legal a los abogados. “Sólo queremos que lo demuestren. Mientras tanto, no vamos a rendirnos”, decía José Raimundo Garcez Anges, Raimundão, un antiguo buscador de oro de 54 años reconvertido en líder del campamento.
Pero también entraron, simplemente, para procurarse un rincón en la inmensidad de este territorio donde cultivar, por primera vez en su vida, su propia huerta. Como Rosimar Barros da Silva, dona Rosa, de 56 años, siempre labrando tierras ajenas para poder comer. “Nunca pensé en entrar en un movimiento de estos. Porque veía muchos en los que no se trabajaba la tierra. Pero aquí, sí. Era mi sueño: tener un pedazo de tierra mío, para vivir, labrar, para tener mis cerdos, mis gallinas. Aquí, en el campo, viene una visita y usted coge, mata un pollo o una gallina y hace una comilona para la gente. Y eso. Ése es el sueño que yo buscaba”.


Dona Rosa y el resto duró ocho meses, hasta que la empresa minera hizo cumplir su denuncia y les expulsó: “Era de mañana, muy de mañana, a las 7 y media o por ahí”, relata la mujer. “Tomaba un café. Pero, oiga, señora reportera, no vea la de policía que vino. Yo ya tenía plantado mandioca, lechugas, coliflores... Y 360 matas de tomates que ya estaban brotando... Trabajamos tanto y no recolectamos nada. No quiero ni acordarme”. Tras ser expulsados, el batallón de miserables sin tierra se instaló en unos terrenos del ayuntamiento: “Yo no tengo el sueño de una casa”, prosigue Dona Rosa. “Sueño con un pedazo de tierra mía. Quiero una casa sencilla, con suelo de tierra. Dos cuartos, uno para mis hijos. Con suelo de tierra. Eso, para mí, es como si fuera un edificio entero”.


La iniciativa del grupo de Dona Rosa y Raimundão fracasó... relativamente. La documentación aportada por la empresa en los juzgados sirve para que los dos abogados del despacho ruinoso de la Amazonia rellenen más piezas del puzzle. Hay parcelas compradas legalmente, pero otras, aseguran, no.


No están solos: según el investigador Bruno Malheiro, que elabora un doctorado sobre el asunto en la Universidad, la empresa minera ya ha llevado a cabo, en los últimos años, 39 solicitaciones para que la justicia desaloje terrenos ocupados. Algunos han sido desalojados. Otros no.


En otro campamento, cerca del río Sossego, hay 54 familias desde el pasado 10 de octubre. Los agricultores están empezando a plantar ahora y están asustados. Desde allí, se ve la mina de cobre de Vale. Denislai de Souza Brito, de 25 años, coordina el grupo: “Yo quería trabajar en Vale. Los jóvenes que trabajan para la empresa minera vienen de fuera. Intenté incluso hacer prácticas, pero no lo logrué. Si Vale no contrata a la gente de aquí..”, dice. “Comprar un terreno hoy es imposible, se lo garantizo. Los precios se han puesto por las nuebes con la llegada de la empresa. Pero con un pedacito de tierra, podemos producir nuestro alimento”, cuenta.


Hay otras maneras de rastrear la compra irregular. Es ir simplemente a los que las vendieron. José Ribamar da Silva Costa, Pixilinga, agricultor de la zona, es uno. Sostiene sin dudar que él trocó su tierra por la de otro ganadero que, a su vez, se la vendió a Vale hace años. “No tenía título de propiedad. Sólo un certificado de asentamiento, que es lo que nos da el organismo público para que la trabajemos. Y allí ponía que era innegociable.


Manoel Batista da Silva es otro. Es conocido en la región como Manoel Colono. Llegó sin nada en la década de los ochenta, cuando la fiebre del oro de la Amazonia. Ha vendido y revendido tierras a Vale hasta hacerse millonario. “La mayoría de las tierras de esta región no tienen documentación”.


La empresa minera, aunque no ha querido comentar estos casos concretos, asegura que todas las compras son legales y que los desalojos se llevan a cabo cumpliendo los plazos y los avisos que marca la ley, de modo que a nadie le puede pillar de sorpresa .


La tensión no cesa y va en aumento: el 17 de noviembre, un intento de ocupar la Hacienda São Luís acabó con un enfrentamiento con un intercambio de disparos entre guardias de seguridad de Vale y los agricultores. Hubo varios heridos por ambas partes. Los labradores que ocupan algunos de los campamentos aseguran que han visto drones por encima de sus cabezas y que se sienten vigilados y atemorizados.


La puerta del despacho de los abogados del rompecabezas se abre con un patada no muy fuerte.
–No tienen ustedes miedo?


-El miedo pasa. Uno se acostumbra.

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Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

Una política económica impulsada y propiciada por intereses globales. El extractivismo1, como dinámica de acumulación de capital, fue implantada en América Latina desde principios de los 90 del siglo XX. Llegó a la región de la mano del neoliberalismo y de las reformas institucionales impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales con “recomendaciones” contenidas en “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (1993), dieron facilidades a las empresas mineras en temas centrales como la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, y asegurando las inversiones con políticas de exención de impuestos y flexibilidad laboral y ambiental.

 

Es así como tomó forma el boom extractivo de los 90, que continúa hasta nuestros días, motor del modelo neoliberal. Para el caso de América Latina, el extractivismo se apoyó en una agresiva atracción de la Inversión Extranjera Directa –IED–, la que en países como México, Perú y Colombia, logró estabilidad con importantes picos de alza en años específicos (ver gráfica 1), donde la dinámica de apropiación de riqueza ha sido inmensa.

 

Auge con tres puntos de inflexión, coincidentes con tres olas de la crisis económica global: 2009 (crisis por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos), 2012-2013 (crisis de pagos en Europa, aunque México es el único país en el que no disminuyó la IED), y 2015 (crisis de precios de los commodities, con efecto especial en los países “en vía de desarrollo”). Asistimos, de acuerdo a lo anotado, a un periodo de estabilidad y a la espera, por parte de los inversionistas transnacionales, de que los precios de las materias primas se recuperen, espera que no significa que dejen de extraer.

 

Política e inversiones que generan que buena parte del sistema productivo se concentre, extranjerice y privatice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; por ejemplo, convirtiendo a los países receptores en rentistas-extractivistas, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado mundial.

 

Políticas que han propiciado la privatización de importantes segmentos de la economía nacional, o la adquisición de miles de hectáreas de tierra por parte del capital internacional. Inversiones que no han significado mejoras para la población de estos países. Por ejemplo, México tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la Ocde. De igual manera, dentro de esta organización México es el país con menor gasto en protección social, lo que equivale al 7.4 por ciento del PIB2, para el caso peruano, las mejoras tenidas en el país no corresponden con los altos niveles de IED, así pues, para el año 2014, mientras a nivel nacional el porcentaje de población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha –NBI– era de 20.5 por ciento, en las zonas donde más se explotan bienes naturales (Cajamarca, Huancavelica y Apurímac), tal porcentaje era de 27.8 por ciento, 36.3 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

 

En el caso colombiano, algunos datos demuestran como el desarrollo llegó sólo como un discurso pues el 33 por ciento de los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, cuando a nivel nacional tal indicador es igual a 12 por ciento. En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón las NBI es de 56 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 29 por ciento (Rudas, 2012). En los municipios vecinos a El Cerrejón la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es crítica: 11.15 por ciento de desnutrición global o bajo peso, en comparación del 3.43 por ciento correspondiente al promedio nacional (Pnud, 2013).

 

Gobiernos progresistas

 

Estos indicadores sirven como referencia para lograr entender las semejanzas y diferencias existentes entre los modelos de gobierno. Los de izquierda en Latinoamérica no son ajenos a las lógicas del macrosistema extractivo, pues en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos abiertamente progresistas, se desarrolla lo que se denominó “neo-extractivismo”, que de igual forma busca apropiarse de los bienes naturales para la exportación.

 

El punto que marca la diferencia entre un modelo y otro, es el papel que juega el Estado, pues mientras en el extractivismo clásico el Estado no juega un papel primordial, se dice que es un “Estado mínimo” o un “Estado pequeño”, que permite el libre accionar de las empresas extractivas, sin interrumpir, ni torpedear su dinámica de acumulación, en el neo-extractivismo el Estado juega un papel más activo, especialmente en la captura de las (macro) ganancias que generan, con el fin de utilizarlas en política social.

 

Para el caso venezolano, entre 2001 y 2014 Pdvsa destinó 26.080 millones de dólares para inversión social. Este rubro se centró en vivienda, alimentación, proyectos generados desde las comunidades, entre otros3. Lo anterior puede verse de manera más clara en el incremento experimentado por el gasto público en el país, pues pasó de 0.9 por ciento en 1990 a 6.1 por ciento en 2012 según el Sisov, y tiene el índice de Gini más bajo de América Latina, igual a 0.39284.

 

Contrastando con esto, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales no muestran mayores mejorías, por ejemplo, en el Estado Zulia el porcentaje de NBI es de 32 por ciento, mientras el nacional es de 27 (Inei, 2014), en Anzoátegui el índice de pobreza extrema es del 11 por ciento, en Falcón es del 11.6: a finales de 2013 la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 por ciento.

 

Para el caso de Ecuador, de acuerdo con el Banco Central, por cada US$100 que ingresan al país, US$60 corresponden a la exportación de petróleo, sumado a esto, entre 1970 y el 2012 el promedio de IED fue de US$340 millones; en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de $123.000 millones, lo que muestra la importancia del sector para el país.

 

Se explican así las mejorías sociales para la población ecuatoriana (ver gráfica 2), a costa del extractivismo, debate actual para todos los movimientos que se proponen ser gobierno. De forma evidente, han disminuido tanto las NBI como la pobreza medida por ingresos (gráfica 3), aunque en las zonas rurales, donde se desarrollan las extracciones de bienes naturales, siguen siendo más altas que en el resto del país.

 

En el caso boliviano, Evo Morales busca fortalecer su proyecto político con lo que denominó extractivismo social centrando sus actividades en la extracción de gas, minerales y petróleo. Para el 2014 la IED en Bolivia fue de 1482 millones de dólares, de estos 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el petróleo el sector de mayor inversión (BCB, 2015).

 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, el país no es ajeno a los problemas sociales generados por la apropiación de los bienes naturales, y por ende los índices sociales tienden a estancarse. Así pues, aunque al igual que en otros gobiernos progresistas se registra disminución de la pobreza y la miseria, Bolivia a 2014 tenía dos millones de personas en extrema pobreza, seiscientas cuarenta y un mil personas en el sector urbano, y un millón trescientas mil en el sector rural.

 

Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neo-desarrollismo y los aplicaron a uno de sus principales proyectos de gobierno, aumentando la intervención del Estado en el sector de bienes primarios, y creciendo su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, intentando lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte por las ganancias obtenidas de la bonanza del sector, y por la transferencia tecnológica obtenida de las empresas extranjeras.

 

Para complementar, es importante entender que la caída de los precios de este tipo de recursos naturales coincide con el cierre del ciclo progresista latinoamericano, pues ante la disminución de los recursos provenientes de las actividades extractivas que financiaban las políticas sociales, es mucho más difícil legitimar las formas de gobernar. La disminución de los subsidios y programas sociales generan un ambiente propicio para la contraofensiva de la derecha latinoamericana. La dependencia del sector primario–exportador, que genera divisas para la política social termina siendo un bumerán contra los mismo gobiernos.

 

La pregunta por la alternativa

 

Aunque con las críticas necesarias que debe hacérseles, es imposible negar que estos gobiernos abrieron una puerta para los movimientos populares, dando pistas en cuanto al cómo actuar en el marco institucional. Esta es una realidad, como también lo es que con sus políticas lograron contener al capital y al imperialismo. Pese a lo cual la discusión de fondo sigue abierta, ¿cuál es la alternativa al desarrollo? ¿Cuál es la alternativa al extractivismo?

 

Extractivismo, ¿sí o no? Lo cierto es que no puede pensarse que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta, el mundo necesita de cierto grado de extractivismo energético. Lo que es necesario definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo; quizás en el momento que esto sea resuelto los pueblos habrán ganado una gran batalla al capitalismo y al “desarrollo” que persigue.

 

1. Esta actividad puede comprenderse como la apropiación de grandes volúmenes de bienes comunes, generalmente sin valor agregado, centrada en la exportación y especulación financiera.

2. Pobreza y Desigualdad. Unicef México.

3. Desarrollo Social, Pdvsa. 2014.

4. El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. Nodal. 2016

Publicado enEdición Nº230
Por primera vez, China supera a EEUU en inversión extranjera

En el 2016, China por primera vez ha superado a EE.UU. en la compra de activos extranjeros tras realizar operaciones valoradas en más de 200 mil millones de dólares ¿Pero cuáles son las causas y los resultados de esta expansión tan activa de China en los mercados extranjeros?


La cantidad total de adquisiciones de China en el extranjero este año se estima en 206 mil millones de dólares, 102 mil millones más que en el 2015, según informa Bloomberg. Las compañías chinas están comprando activos en el extranjero más rápido que sus competidores estadounidenses, que en el 2016 gastaron en el mercado 179 mil millones de dólares. Los expertos explican la activa política de inversiones de China con el deseo de la élite de reformatear su propio sistema económico, que ahora se centra en las exportaciones, con el fin de aumentar el consumo interno.


“China sigue con éxito el modelo del comportamiento de las empresas japonesas en los años de la posguerra, cuando con la ayuda de las compañías financieras extranjeras obtuvieron acceso a las nuevas tecnologías, que se convirtieron en los impulsores de la superioridad tecnológica de Japón. De hecho, China obtiene un doble beneficio de la compra de activos en el exterior: el beneficio de la inversión directa y la transferencia de la tecnología a su propio mercado“, ha explicado a la agencia de prensa RT, Yan Ryazantsev, director de inversiones estratégicas de una empresa rusa de capital riesgo.
Desde compañías de petróleo y gas a clubes del fútbol italiano


Tradicionalmente, China invierte en el sector de la energía. Así, en el 2012, la compañía petrolera más grande del país, CNOOC Ltd., compró a la canadiense Nexen Inc. por 14 mil millones de dólares, lo que sirvió de luz verde a los magnates petroleros chinos para operaciones de este tipo en Asia Central, Europa y América del Sur por valores de 500 millones a tres mil millones de dólares.


En los últimos años, los empresarios chinos comenzaron a centrarse en el mercado de consumo. Según el periódico The Washington Post, en el 2014, los chinos compraron los activos de EE.UU. de la compañía Smithfield Foods Inc., dedicada a la producción de carne de cerdo, cuyo coste ascendió a cuatro mil 700 millones de dólares.


No obstante, este año, los inversores del gigante asiático han sorprendido al mercado al optar por las industrias ligeras. Así, en junio, la empresa china Suning Commerce Group adquirió por 270 millones de euros el 68,55 por ciento de las acciones del club de fútbol italiano Inter de Milán. En octubre, Alibaba Group compró más de la mitad de las acciones del estudio del famoso director de cine estadounidense Steven Spielberg, Amblin Partners. Según el acuerdo, la empresa se dedicará a la promoción de películas en el mercado chino.


En cuanto a uno de los mayores aliados de Pekín, Rusia, los inversores chinos están principalmente interesados en los recursos energéticos. En el 2016, la compañía de petróleo y gas Itera vendió a la empresa china Grupo Winsway el 60 por ciento del proyecto del desarrollo del yacimiento de carbón Apsatskoem, cuyos recursos se estiman en dos mil 200 millones de toneladas.


“Las compañías chinas están tratando de entrar en el mercado del petróleo y del gas ruso a través de la participación de capital en proyectos conjuntos. Por ejemplo, en el 2013, Rosneft firmó con Sinopec contactos de exportación por 85.000 millones de dólares”, según el jefe estratégico de la compañía BSK-Servis, Maxim Shein.


Sin embargo, en los últimos años, la actividad china se ha desplazado hacia la tecnología de la información y la industria de los automóviles, señalan los expertos, poniendo como ejemplo, la adquisición por inversores chinos del 64,9 por ciento de las acciones de la empresa fabricante del primer ‘smartphone’ ruso Yota Devices. Y en el 2014 China empezó la construcción de una fábrica de autos chinos Haval, que entrará en servicio en el 2018.


(Con información de RT)

Publicado enInternacional
La OIT frente a empresas y pueblos indígenas

En anterior colaboración abordé el espacio sobre empresas y derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU). El activismo empresarial también se ha centrado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la circunstancia de que se trata de una instancia tripartita y los llamados empleadores son integrantes de la misma. Con ese carácter, dirige sus baterías a la impugnación al derecho a la consulta que regula el Convenio 169 de la OIT y que en toda América Latina los pueblos indígenas utilizan en sus procesos de resistencia frente al despojo y afectación a sus territorios que conlleva el accionar de las empresas trasnacionales.


El asedio empresarial a los pueblos mediante la OIT está marcando un viraje en este organismo en el último quinquenio e intenta mediar en el conflicto creciente entre pueblos indígenas y empresas. El pasado 4 de agosto esa organización presentó en Chile el reporte regional Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. En el documento se da cuenta de que la oficina de actividades para los empleadores de la OIT (ACT/EMP) realizó en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2011 un evento de formación sobre el Convenio 169 con la participación de 24 delegados de las organizaciones empresariales más importantes inversionistas en América Latina. Durante el mismo éstas señalaron afectaciones al derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en relación con la forma en que se está aplicando por los estados el derecho a la consulta; también objetaron las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de convenios y de recomendaciones de 2010 (Ceacr) que ha insistido en señalar el respeto a los principios contenidos en el Convenio 169.
Durante 2013 y 2014 se realizaron estudios de caso sobre la puesta en práctica de la consulta en Colombia, Chile, Costa Rica y Guatemala, que se presentan con detalle y son perfectamente similares a lo que se vive en nuestro país. Se anota el alto nivel de desconfianza entre Estado, pueblos indígenas y las empresas privadas, lo que dificulta, señalan, el diálogo y la generación de acuerdos.


También se considera que los pueblos, ante la consulta sobre un proyecto de inversión, lo convierten en el único espacio donde se busca solucionar todas las demandas históricas de los pueblos indígenas. En este contexto, el traspaso de responsabilidades del Estado hacia las empresas privadas es otro aspecto evidenciado como una de las principales dificultades. Ubican en la ausencia de información sistematizada sobre los pueblos indígenas sus tradiciones, actividades y sitios culturales, la dificultad para la identificación de la afectación que un proyecto de inversión pueda producir, lo que termina en muchos casos resolviéndose en tribunales de justicia.


De paso anotan el problema de los altos costos y tiempos que significa la implementación de una consulta. En cuanto a los aspectos institucionales, el reporte destaca la falta de estructuras de consulta, de procedimientos oficiales y de equipos capacitados para desarrollar estos procesos.


Sugiere que la consulta se realice por una instancia distinta a la que autoriza la inversión. En materia de expectativas de los pueblos indígenas reitera lo ya aclarado en 2010, en el sentido de que la consulta no implica al derecho a vetar un proyecto de inversión, pues, dicen, no está contemplado en el Convenio 169.


Hay un evidente cambio de discurso junto al cambio de actor; ya no se aclara que los derechos son de los pueblos y sus instituciones representativas, ahora se maneja el concepto de organizaciones y se sugiere intervenir en ellas para evitar que sus divisiones afecten a las empresas, por lo que recomienda a los estados: Reconocer, respetar e impulsar el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Para el éxito de un proceso de diálogo y consulta, se requiere tener contrapartes organizadas y validadas. A las empresas les sugiere conocer las tradiciones indígenas, acercarse a las organizaciones y conocerlas antes de presentar el proyecto. Llama la atención que no se vinculan al proceso que lleva la ONU, la OIT define como política ofrecer asistencia técnica a los estados en materia de consulta a fin de conciliar los derechos de los pueblos indígenas con la seguridad que demanda el proceso de desarrollo de la inversión dirigido al bienestar general de las sociedades de América Latina (Reporte regional 2016, p. 6). Tarea y análisis que omite el enfoque de fondo que dio origen al Convenio 169 de la OIT. La presencia indígena mexicana en la OIT mediante reclamaciones fue muy fuerte en la primera década de vigencia del convenio y alguna vez he lamentado que no se continuara. Hoy lo veo como un riesgo. La resistencia en el orden interno ante tribunales tendrá que fortalecerse. Se escuchan pisadas de animal grande.

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Para la construcción de una nueva política minero energética y ambiental
El pasado 25 de agosto nació esta iniciativa, por participación popular, transformaciones políticas y económicas, hacia una transición energética y la construcción del buen vivir y la paz, desde los territorios.

 

 

Vivimos tiempos de toda expoliación de la naturaleza, transformada en una mercancía más. Ante el afán de empresas multinacionales –y otras nacionales– por acumular más ganancias, ni quienes habitan el territorio ni el medio ambiente son importantes ni merecen protección. Las decisiones de las comunidades frente a sus entornos son irrespetadas, y quienes se oponen al afán de lucro privado o público son objeto de señalamientos, persecución y muerte. Los más de 50 líderes sociales, hombres y mujeres, defensores del territorio asesinados en el curso de los últimos dos años1, así lo atestiguan.

 

Imponer y no dialogar, acumular y no vivir, irrespetar y no atender la voz de quienes padecen los efectos inmediatos de toda intervención industrial y económica, es la razón que explica la multiplicación de conflictos en diversidad de territorios. Como sucede hoy en Caquetá, Meta, Putumayo donde las comunidades se oponen a la extracción petrolera, o en la Guajira, Cesar, Santander, Tolima y Antioquia, que enfrentan la imposición de proyectos mineros, o Huila, Santander y Antioquia, departamentos donde se emplazaron El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, grandes proyectos hidroeléctricos.

 

Arrasamiento empresarial que encuentra resistencia en muchos territorios, síntesis de una esperanza de cambio que deben materializarse en algún momento. De así ser, nuevas formas de organización de la sociedad se harán realidad, y con ellas mayores niveles de igualdad, justicia y dignidad, expresión de otra democracia posible. De su mano, tomarán forma reivindicaciones como soberanía sobre los bienes de la naturaleza, defensa del patrimonio hídricos, derecho a la energía, defensa de la naturaleza, defensa de los derechos humanos y la paz, como premisas fundamentales para un buen vivir.

 

Ante esta realidad, son necesarias iniciativas que busquen articular las resistencias en curso, así como superar este tipo de conflictividad social, política y económica. A ello responde la constitución de la Mesa social minero–energética y ambiental por la paz (Msmea), instalada en Bogotá el pasado 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, justo cuando se conmemoraban los 65 años de la creación de Ecopetrol, como empresa Estatal.

 

Por coincidencia, este acto de lanzamiento público, fue un día después del anuncio del gobierno y las Farc, en el marco de los diálogos de la paz de La Habana, de la terminación de la negociación política del conflicto social y armado más antiguo del continente. Esta circunstancia nos alegró, porque coincide también con nuestro propósito de aportar a la construcción de paz.

 

La actual Mesa social tiene como antecedente la Segunda Asamblea nacional por la paz, realizada en 2015 y organizada por la Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio del Trabajo, y la Universidad Nacional de Colombia (ver recuadro). El evento contó con la participación de diversos sectores de la sociedad afectados directa o indirectamente por la política minero-energética que se aplica en el país.

 
La Mesa social minero energética y ambiental por la paz –Msmea

 

En momentos en que el país se esfuerza por superar el conflicto armado interno, es necesario realizar transformaciones estructurales en el modelo económico, la estructura institucional y el régimen político-social. Todo ello para construir una verdadera democracia. Sin estos cambios, el anhelo de paz con justicia social y ambiental quedaría incompleto.

 

Una tensión social que no parece tener solución. Las políticas minero energéticas siguen relacionadas con la explotación de la naturaleza, ahondando las históricas relaciones de poder que niegan a las mayorías, y materializan una estrategia neoliberal de despojo en donde la esfera de lo público pasa a manos de las trasnacionales e incluso lo estatal prosigue por una fase privatizadora.

 

No es casual, por tanto, los privilegios impositivos y de otro orden a la inversión extranjera directa, los que están generando en los territorios una lógica de devastación del medio ambiente, enferman y empobrecen a las y los trabajadores colombianos, ignoran derechos fundamentales de las comunidades y destruyen su tejido sociocultural.

 

Propósito

 

La Mesa tiene como objetivo propiciar y potenciar la organización de los sectores sociales para la construcción deliberativa y participada de una política pública de Estado y un nuevo modelo minero energético alternativo, que garantice los derechos de los trabajadores/as, el buen vivir de las comunidades, respetuoso de los derechos de la naturaleza humana y no humana y que viabilice la soberanía energética. Lo anterior hace parte de la construcción hacía una verdadera paz integral, con justicia social y ambiental.

 

A su vez, la Mesa busca constituirse como un sujeto social y político para la movilización y la presentación de propuestas alternativas, que deberá permitir avanzar en una correlación de fuerzas para los futuros escenarios de interlocución y negociación, promover y consolidar la participación del conjunto de la sociedad en la construcción de la paz completa, integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental. Todo deberá pasar por colocar los bienes naturales al servicio de los planes de vida y el buen vivir de las comunidades, participar activa y propositivamente en los diversos escenarios de solución política integral al conflicto armado interno y da un Sí a la refrendación de los acuerdos. Igualmente es necesario incorporar otros temas: Los acuerdos de la Cumbre Agraria étnica y popular de la pasada Minga y su acta No. 10 de acuerdos con el Gobierno en materia mineroenergética, las salvedades y/o pendientes de la Mesa de La Habana referidos a lo minero energético, los puntos sobre la participación de la sociedad y los puntos sobre la participación de la sociedad y las transformaciones contenidas en la agenda acordada entre el gobierno nacional y el Eln.

 

Por último, la Mesa busca ser un espacio colectivo, soberano, pluralista y democrático, tanto en su composición como en los propósitos que la animan.

 

* Global Witness, En terreno peligroso, Report / June 20, 2016. London.

 

Recuadro 1

 

Territorios con energía construyendo paz para la nación Segunda Asamblea nacional por la paz

 

A mediados de la década de los noventa del siglo XX la USO propuso, en la negociación de su Convención Colectiva, que Ecopetrol se comprometiera con el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan las zonas petroleras, apoyar la búsqueda para la solución política del conflicto social y armado, entre otras cosas. De ahí surge el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-Pdpmm, así como la Comisión de Derechos Humanos de la USO y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). De allí también nace, en agosto de 1996, la Primera Asamblea Nacional por la Paz*.

 

El esfuerzo de la USO por aportar a la construcción de la paz no cesa. En la discusión de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 propuso realizar la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. En el año 2014, con el punto acordado entre sindicato y empresa, se establece una comisión bilateral para avanzar en la preparación de la asamblea, definir contenidos y metodologías (USO et al, 2016: 9). Finalmente, la Segunda Asamblea se realiza en 2015, con el auspicio de Ecopetrol, la cual se limitó a la financiación, pero sin jugar un papel protagónico y jalonar al empresariado. Participaron como convocantes: la USO, el gobierno nacional –en cabeza del Ministerio del Trabajo–, y la Universidad Nacional de Colombia.

 

Durante 8 meses fueron realizadas múltiples asambleas en regiones y subregiones, a las que asistieron aproximadamente 10.800 pobladores de 1.800 organizaciones, quienes debatieron y compartieron en torno a tres ejes temáticos: Política minero energética; desarrollo territorial para la Paz, y Pedagogía para la paz y pos acuerdos.

 

Además, la asamblea posibilitó que las comunidades debatieran sus problemas territoriales y aspiraciones. Por ejemplo, sobre la forma como la extracción de bienes naturales y minero-energéticos debe estar orientada a contribuir al buen vivir y a la exclusión de zonas mineras y de petróleo para garantizar el agua, la soberanía de los pueblos, alimentaria, hídrica, energética, entre otros derechos y garantías. Y se enfatizó en el rechazo a privilegiar los intereses de las trasnacionales.

 

Terminadas las asambleas locales y regionales, se realizó la Asamblea Nacional –18-20 de noviembre de 2015– en la ciudad de Bogotá, que contó con la presencia de 1.500 delegados de todo el territorio nacional. La conclusión fue la necesidad de constituir una Mesa social minero energética y ambiental –que ahora estamos constituyendo– con los retos y objetivos ya planteados.

 

* USO, Universidad Nacional de Colombia & Ministerio de Trabajo, Memorias de la Segunda Asamblea por la Paz, La imprenta, Bogotá, 2016

 

Recuadro 2

Digamos, ¡Basta ya¡

 

A este modelo minero-energético, extractivista, de despojo y destructor de la vida.
Que para el capital sea más importante una tonelada de carbón que la vida de un niño o niña wayúu.
Que para el gobierno y las multinacionales petroleras o mineras les sea indiferente dejar cientos de trabajadores lisiados de por vida por los accidentes de trabajo precarizado.
Que para una empresa minera sea más importante unos cuantos kilos de oro, a costa de la muerte de un rio y su biodiversidad.
Que para los dueños de las represas, les sea más importante los gigawatios de electricidad para la exportación que la vida del campesino y la producción de alimentos.
Que a las empresas eléctricas privadas solo les importe las utilidades y no reconozcan el derecho a la energía de la población.
Que la concentración del agua y de la energía, en pocas manos, generen la miseria de nuestros pueblos.
Que la renta minero-energética no represente bienestar para la nación.
(apartes del Llamamiento de la Mesa social minero-energética y ambiental por la paz)

 

Recuadro 3

Ideas para la construcción de las propuestas

 

Presentamos un resumen de algunas de las propuestas que la Mesa ha venido construyendo son:

 

- Iniciar una transición energética hacia energías alternativas como la solar, fotovoltaica, la eólica, geotérmica, la térmica, la mareomotriz y otras que tienen más bajos impactos ambientales. Estas energías deben ser descentralizadas, autónomas y de fácil acceso para las comunidades. La transición exige un cambio de perspectiva sobre el uso, consumo, producción, distribución, comercialización de la energía y de cada una de las fuentes energéticas. En últimas, entendemos la necesidad de replantear nuestras relaciones con la naturaleza, y considerar el planeta como un ser vivo, generador de bienes para la vida y no de recursos para enriquecer el capital.


- El Estado debe recuperar el control, la fiscalización y dirección de la política minero-energética, a través del fortalecimiento de lo público. Y hacer énfasis en la búsqueda para que las empresas sean 100 por ciento estatales y se reviertan los procesos de privatización de los bienes estratégicos de la nación. De esta manera, el Estado debe liderar la investigación e innovación en ciencia y tecnología hacia la transición energética buscando el desarrollo de energías alternativas.


- Identificar las afectaciones del sector minero energético producidas en el cuerpo humano, al reconocer los problemas de salud causados en los trabajadores y las trabajadoras del sector, las comunidades del área de influencia, los afectados y las afectadas por los proyectos minero energéticos y la naturaleza.


- Reconocer el agua y la energía como un bien común y público, determinante en la producción y soberanía alimentaria. La gestión del agua debe estar en manos del estado y las comunidades organizadas a través de los acueductos comunitarios, determinando sus usos de acuerdo a las necesidades humanas y de los ecosistemas. Demandar el reconocimiento de la autonomía territorial y la participación de las comunidades locales en la definición de proyectos minero – energéticos, como lo reconoce la constitución, el convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional.


- Desmontar los batallones minero energéticos, ya que en la actualidad una tercera parte del ejército está al servicio exclusivo de la protección del sector extractivista.

 

Recuadro 4
Responsabilidad colectiva

 

Desde la Mesa social minero-energética y ambiental llamamos a la sociedad colombiana, a todas sus organizaciones sociales, para participar, ampliar y profundizar un gran Dialogo Nacional minero-energético y ambiental.

 

Es un momento para pensarnos como naturaleza, defensores de nuestra soberanía, cultores del agua, generadores de riqueza y de la vida, como lo hacen los miles de hombres y mujeres indígenas, afro descendientes, campesinas y trabajadoras que habitan estos territorios, y para construir con propuestas la paz que tanto anhela nuestro pueblo y que tanto necesita nuestro país.

 

 

Informes:
Mesa Social Minero-energética y Ambiental
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Publicado enEdición Nº228