Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación, desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al Ecuador.


El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión, criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.


Esa fuerte movilización paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a revisar la política extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).


En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)


Este desalojo sucedió luego de una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.


El pueblo shuar no aceptó el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.


Acción Ecológica es la organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole? (www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización, por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión de Paz y Verdad.


Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.


Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la sociedad civil.


Es absurdo y cínico que un gobierno que se autodenomina revolución ciudadana apele a cerrar a las organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524 años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152

 

Por SILVIA RIBEIRO, investigadora del Grupo ETC

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Los sin tierra desafían a un gigante en la Amazonia

Agricultores del Estado de Pará en Brasil ocupan áreas que según ellos la empresa minera ha comprado ilegalmente. Es una manera de forzar la maquinaria legal


Canaã dos Carajás (Pará)

 

En un despacho pequeño y remoto de la Amazonia de paredes sucias y goteras en el techo, una pareja de abogados monta desde hace dos años un rompecabezas diabólico. Las piezas del puzzle son las divisiones de un mapa gigante que reposa sobre la mesa y que delimita los terrenos de Canaã dos Carajás, un municipio del sudeste del Estado de Pará, al norte de Brasil. En esta región interminable, la empresa Vale, una gran compañía minera brasileña, lleva a cabo proyectos multimillonarios de extracción de cobre, hierro y otros minerales. De una manera poco limpia a veces, según estos dos abogados, José Batista Afonso y Andreia Silverio, empeñados en probar que la empresa se ha apropiado irregularmente, durante varias décadas, de tierras del Gobierno Federal. Vale lo niega. “Esta tierra de aquí era pública. Y ésta, no se puede vender ni comprar”, señala Batista Afonso en el mapa del despacho, una especie de refugio sin cerradura de desposeídos sin títulos, Más allá, el territorio feraz y violento de la Amazonia, forjado con años de desmanes, con cierto parecido al Oeste de las películas del oeste, con olor a quemado y pesticidas, con historias de buscadores de oro, labradores sin nada y amplísimos ranchos de ganado.


Los abogados sostienen que Vale se ha ido apropiando de tierras comprándolas a agricultores sin títulos de propiedad que labraban en suelo público arrendado. Pero sólo hay una manera de demostrarlo: forzar a la empresa a enseñar los títulos de propiedad. Y ahí entra en juego como punta de lanza sin nada que perder un movimiento llamado Los Sin Tierra, conformado por labradores pobres que siempre han trabajado granjas de otros. Estos ocupan sin permiso parte de las parcelas compradas por Vale. Hace un año, 400 familias irrumpieron en una de esas áreas. Se distribuyeron por las 8.000 hectáreas. Levantaron casas de madera y comenzaron a cultivar.


Entraron, por una parte, para forzar a la empresa, para echarles de allí, a tener que mostrar los papeles y así proporcionar munición legal a los abogados. “Sólo queremos que lo demuestren. Mientras tanto, no vamos a rendirnos”, decía José Raimundo Garcez Anges, Raimundão, un antiguo buscador de oro de 54 años reconvertido en líder del campamento.
Pero también entraron, simplemente, para procurarse un rincón en la inmensidad de este territorio donde cultivar, por primera vez en su vida, su propia huerta. Como Rosimar Barros da Silva, dona Rosa, de 56 años, siempre labrando tierras ajenas para poder comer. “Nunca pensé en entrar en un movimiento de estos. Porque veía muchos en los que no se trabajaba la tierra. Pero aquí, sí. Era mi sueño: tener un pedazo de tierra mío, para vivir, labrar, para tener mis cerdos, mis gallinas. Aquí, en el campo, viene una visita y usted coge, mata un pollo o una gallina y hace una comilona para la gente. Y eso. Ése es el sueño que yo buscaba”.


Dona Rosa y el resto duró ocho meses, hasta que la empresa minera hizo cumplir su denuncia y les expulsó: “Era de mañana, muy de mañana, a las 7 y media o por ahí”, relata la mujer. “Tomaba un café. Pero, oiga, señora reportera, no vea la de policía que vino. Yo ya tenía plantado mandioca, lechugas, coliflores... Y 360 matas de tomates que ya estaban brotando... Trabajamos tanto y no recolectamos nada. No quiero ni acordarme”. Tras ser expulsados, el batallón de miserables sin tierra se instaló en unos terrenos del ayuntamiento: “Yo no tengo el sueño de una casa”, prosigue Dona Rosa. “Sueño con un pedazo de tierra mía. Quiero una casa sencilla, con suelo de tierra. Dos cuartos, uno para mis hijos. Con suelo de tierra. Eso, para mí, es como si fuera un edificio entero”.


La iniciativa del grupo de Dona Rosa y Raimundão fracasó... relativamente. La documentación aportada por la empresa en los juzgados sirve para que los dos abogados del despacho ruinoso de la Amazonia rellenen más piezas del puzzle. Hay parcelas compradas legalmente, pero otras, aseguran, no.


No están solos: según el investigador Bruno Malheiro, que elabora un doctorado sobre el asunto en la Universidad, la empresa minera ya ha llevado a cabo, en los últimos años, 39 solicitaciones para que la justicia desaloje terrenos ocupados. Algunos han sido desalojados. Otros no.


En otro campamento, cerca del río Sossego, hay 54 familias desde el pasado 10 de octubre. Los agricultores están empezando a plantar ahora y están asustados. Desde allí, se ve la mina de cobre de Vale. Denislai de Souza Brito, de 25 años, coordina el grupo: “Yo quería trabajar en Vale. Los jóvenes que trabajan para la empresa minera vienen de fuera. Intenté incluso hacer prácticas, pero no lo logrué. Si Vale no contrata a la gente de aquí..”, dice. “Comprar un terreno hoy es imposible, se lo garantizo. Los precios se han puesto por las nuebes con la llegada de la empresa. Pero con un pedacito de tierra, podemos producir nuestro alimento”, cuenta.


Hay otras maneras de rastrear la compra irregular. Es ir simplemente a los que las vendieron. José Ribamar da Silva Costa, Pixilinga, agricultor de la zona, es uno. Sostiene sin dudar que él trocó su tierra por la de otro ganadero que, a su vez, se la vendió a Vale hace años. “No tenía título de propiedad. Sólo un certificado de asentamiento, que es lo que nos da el organismo público para que la trabajemos. Y allí ponía que era innegociable.


Manoel Batista da Silva es otro. Es conocido en la región como Manoel Colono. Llegó sin nada en la década de los ochenta, cuando la fiebre del oro de la Amazonia. Ha vendido y revendido tierras a Vale hasta hacerse millonario. “La mayoría de las tierras de esta región no tienen documentación”.


La empresa minera, aunque no ha querido comentar estos casos concretos, asegura que todas las compras son legales y que los desalojos se llevan a cabo cumpliendo los plazos y los avisos que marca la ley, de modo que a nadie le puede pillar de sorpresa .


La tensión no cesa y va en aumento: el 17 de noviembre, un intento de ocupar la Hacienda São Luís acabó con un enfrentamiento con un intercambio de disparos entre guardias de seguridad de Vale y los agricultores. Hubo varios heridos por ambas partes. Los labradores que ocupan algunos de los campamentos aseguran que han visto drones por encima de sus cabezas y que se sienten vigilados y atemorizados.


La puerta del despacho de los abogados del rompecabezas se abre con un patada no muy fuerte.
–No tienen ustedes miedo?


-El miedo pasa. Uno se acostumbra.

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Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

Una política económica impulsada y propiciada por intereses globales. El extractivismo1, como dinámica de acumulación de capital, fue implantada en América Latina desde principios de los 90 del siglo XX. Llegó a la región de la mano del neoliberalismo y de las reformas institucionales impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales con “recomendaciones” contenidas en “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (1993), dieron facilidades a las empresas mineras en temas centrales como la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, y asegurando las inversiones con políticas de exención de impuestos y flexibilidad laboral y ambiental.

 

Es así como tomó forma el boom extractivo de los 90, que continúa hasta nuestros días, motor del modelo neoliberal. Para el caso de América Latina, el extractivismo se apoyó en una agresiva atracción de la Inversión Extranjera Directa –IED–, la que en países como México, Perú y Colombia, logró estabilidad con importantes picos de alza en años específicos (ver gráfica 1), donde la dinámica de apropiación de riqueza ha sido inmensa.

 

Auge con tres puntos de inflexión, coincidentes con tres olas de la crisis económica global: 2009 (crisis por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos), 2012-2013 (crisis de pagos en Europa, aunque México es el único país en el que no disminuyó la IED), y 2015 (crisis de precios de los commodities, con efecto especial en los países “en vía de desarrollo”). Asistimos, de acuerdo a lo anotado, a un periodo de estabilidad y a la espera, por parte de los inversionistas transnacionales, de que los precios de las materias primas se recuperen, espera que no significa que dejen de extraer.

 

Política e inversiones que generan que buena parte del sistema productivo se concentre, extranjerice y privatice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; por ejemplo, convirtiendo a los países receptores en rentistas-extractivistas, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado mundial.

 

Políticas que han propiciado la privatización de importantes segmentos de la economía nacional, o la adquisición de miles de hectáreas de tierra por parte del capital internacional. Inversiones que no han significado mejoras para la población de estos países. Por ejemplo, México tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la Ocde. De igual manera, dentro de esta organización México es el país con menor gasto en protección social, lo que equivale al 7.4 por ciento del PIB2, para el caso peruano, las mejoras tenidas en el país no corresponden con los altos niveles de IED, así pues, para el año 2014, mientras a nivel nacional el porcentaje de población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha –NBI– era de 20.5 por ciento, en las zonas donde más se explotan bienes naturales (Cajamarca, Huancavelica y Apurímac), tal porcentaje era de 27.8 por ciento, 36.3 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

 

En el caso colombiano, algunos datos demuestran como el desarrollo llegó sólo como un discurso pues el 33 por ciento de los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, cuando a nivel nacional tal indicador es igual a 12 por ciento. En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón las NBI es de 56 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 29 por ciento (Rudas, 2012). En los municipios vecinos a El Cerrejón la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es crítica: 11.15 por ciento de desnutrición global o bajo peso, en comparación del 3.43 por ciento correspondiente al promedio nacional (Pnud, 2013).

 

Gobiernos progresistas

 

Estos indicadores sirven como referencia para lograr entender las semejanzas y diferencias existentes entre los modelos de gobierno. Los de izquierda en Latinoamérica no son ajenos a las lógicas del macrosistema extractivo, pues en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos abiertamente progresistas, se desarrolla lo que se denominó “neo-extractivismo”, que de igual forma busca apropiarse de los bienes naturales para la exportación.

 

El punto que marca la diferencia entre un modelo y otro, es el papel que juega el Estado, pues mientras en el extractivismo clásico el Estado no juega un papel primordial, se dice que es un “Estado mínimo” o un “Estado pequeño”, que permite el libre accionar de las empresas extractivas, sin interrumpir, ni torpedear su dinámica de acumulación, en el neo-extractivismo el Estado juega un papel más activo, especialmente en la captura de las (macro) ganancias que generan, con el fin de utilizarlas en política social.

 

Para el caso venezolano, entre 2001 y 2014 Pdvsa destinó 26.080 millones de dólares para inversión social. Este rubro se centró en vivienda, alimentación, proyectos generados desde las comunidades, entre otros3. Lo anterior puede verse de manera más clara en el incremento experimentado por el gasto público en el país, pues pasó de 0.9 por ciento en 1990 a 6.1 por ciento en 2012 según el Sisov, y tiene el índice de Gini más bajo de América Latina, igual a 0.39284.

 

Contrastando con esto, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales no muestran mayores mejorías, por ejemplo, en el Estado Zulia el porcentaje de NBI es de 32 por ciento, mientras el nacional es de 27 (Inei, 2014), en Anzoátegui el índice de pobreza extrema es del 11 por ciento, en Falcón es del 11.6: a finales de 2013 la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 por ciento.

 

Para el caso de Ecuador, de acuerdo con el Banco Central, por cada US$100 que ingresan al país, US$60 corresponden a la exportación de petróleo, sumado a esto, entre 1970 y el 2012 el promedio de IED fue de US$340 millones; en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de $123.000 millones, lo que muestra la importancia del sector para el país.

 

Se explican así las mejorías sociales para la población ecuatoriana (ver gráfica 2), a costa del extractivismo, debate actual para todos los movimientos que se proponen ser gobierno. De forma evidente, han disminuido tanto las NBI como la pobreza medida por ingresos (gráfica 3), aunque en las zonas rurales, donde se desarrollan las extracciones de bienes naturales, siguen siendo más altas que en el resto del país.

 

En el caso boliviano, Evo Morales busca fortalecer su proyecto político con lo que denominó extractivismo social centrando sus actividades en la extracción de gas, minerales y petróleo. Para el 2014 la IED en Bolivia fue de 1482 millones de dólares, de estos 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el petróleo el sector de mayor inversión (BCB, 2015).

 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, el país no es ajeno a los problemas sociales generados por la apropiación de los bienes naturales, y por ende los índices sociales tienden a estancarse. Así pues, aunque al igual que en otros gobiernos progresistas se registra disminución de la pobreza y la miseria, Bolivia a 2014 tenía dos millones de personas en extrema pobreza, seiscientas cuarenta y un mil personas en el sector urbano, y un millón trescientas mil en el sector rural.

 

Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neo-desarrollismo y los aplicaron a uno de sus principales proyectos de gobierno, aumentando la intervención del Estado en el sector de bienes primarios, y creciendo su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, intentando lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte por las ganancias obtenidas de la bonanza del sector, y por la transferencia tecnológica obtenida de las empresas extranjeras.

 

Para complementar, es importante entender que la caída de los precios de este tipo de recursos naturales coincide con el cierre del ciclo progresista latinoamericano, pues ante la disminución de los recursos provenientes de las actividades extractivas que financiaban las políticas sociales, es mucho más difícil legitimar las formas de gobernar. La disminución de los subsidios y programas sociales generan un ambiente propicio para la contraofensiva de la derecha latinoamericana. La dependencia del sector primario–exportador, que genera divisas para la política social termina siendo un bumerán contra los mismo gobiernos.

 

La pregunta por la alternativa

 

Aunque con las críticas necesarias que debe hacérseles, es imposible negar que estos gobiernos abrieron una puerta para los movimientos populares, dando pistas en cuanto al cómo actuar en el marco institucional. Esta es una realidad, como también lo es que con sus políticas lograron contener al capital y al imperialismo. Pese a lo cual la discusión de fondo sigue abierta, ¿cuál es la alternativa al desarrollo? ¿Cuál es la alternativa al extractivismo?

 

Extractivismo, ¿sí o no? Lo cierto es que no puede pensarse que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta, el mundo necesita de cierto grado de extractivismo energético. Lo que es necesario definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo; quizás en el momento que esto sea resuelto los pueblos habrán ganado una gran batalla al capitalismo y al “desarrollo” que persigue.

 

1. Esta actividad puede comprenderse como la apropiación de grandes volúmenes de bienes comunes, generalmente sin valor agregado, centrada en la exportación y especulación financiera.

2. Pobreza y Desigualdad. Unicef México.

3. Desarrollo Social, Pdvsa. 2014.

4. El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. Nodal. 2016

Publicado enEdición Nº230
Por primera vez, China supera a EEUU en inversión extranjera

En el 2016, China por primera vez ha superado a EE.UU. en la compra de activos extranjeros tras realizar operaciones valoradas en más de 200 mil millones de dólares ¿Pero cuáles son las causas y los resultados de esta expansión tan activa de China en los mercados extranjeros?


La cantidad total de adquisiciones de China en el extranjero este año se estima en 206 mil millones de dólares, 102 mil millones más que en el 2015, según informa Bloomberg. Las compañías chinas están comprando activos en el extranjero más rápido que sus competidores estadounidenses, que en el 2016 gastaron en el mercado 179 mil millones de dólares. Los expertos explican la activa política de inversiones de China con el deseo de la élite de reformatear su propio sistema económico, que ahora se centra en las exportaciones, con el fin de aumentar el consumo interno.


“China sigue con éxito el modelo del comportamiento de las empresas japonesas en los años de la posguerra, cuando con la ayuda de las compañías financieras extranjeras obtuvieron acceso a las nuevas tecnologías, que se convirtieron en los impulsores de la superioridad tecnológica de Japón. De hecho, China obtiene un doble beneficio de la compra de activos en el exterior: el beneficio de la inversión directa y la transferencia de la tecnología a su propio mercado“, ha explicado a la agencia de prensa RT, Yan Ryazantsev, director de inversiones estratégicas de una empresa rusa de capital riesgo.
Desde compañías de petróleo y gas a clubes del fútbol italiano


Tradicionalmente, China invierte en el sector de la energía. Así, en el 2012, la compañía petrolera más grande del país, CNOOC Ltd., compró a la canadiense Nexen Inc. por 14 mil millones de dólares, lo que sirvió de luz verde a los magnates petroleros chinos para operaciones de este tipo en Asia Central, Europa y América del Sur por valores de 500 millones a tres mil millones de dólares.


En los últimos años, los empresarios chinos comenzaron a centrarse en el mercado de consumo. Según el periódico The Washington Post, en el 2014, los chinos compraron los activos de EE.UU. de la compañía Smithfield Foods Inc., dedicada a la producción de carne de cerdo, cuyo coste ascendió a cuatro mil 700 millones de dólares.


No obstante, este año, los inversores del gigante asiático han sorprendido al mercado al optar por las industrias ligeras. Así, en junio, la empresa china Suning Commerce Group adquirió por 270 millones de euros el 68,55 por ciento de las acciones del club de fútbol italiano Inter de Milán. En octubre, Alibaba Group compró más de la mitad de las acciones del estudio del famoso director de cine estadounidense Steven Spielberg, Amblin Partners. Según el acuerdo, la empresa se dedicará a la promoción de películas en el mercado chino.


En cuanto a uno de los mayores aliados de Pekín, Rusia, los inversores chinos están principalmente interesados en los recursos energéticos. En el 2016, la compañía de petróleo y gas Itera vendió a la empresa china Grupo Winsway el 60 por ciento del proyecto del desarrollo del yacimiento de carbón Apsatskoem, cuyos recursos se estiman en dos mil 200 millones de toneladas.


“Las compañías chinas están tratando de entrar en el mercado del petróleo y del gas ruso a través de la participación de capital en proyectos conjuntos. Por ejemplo, en el 2013, Rosneft firmó con Sinopec contactos de exportación por 85.000 millones de dólares”, según el jefe estratégico de la compañía BSK-Servis, Maxim Shein.


Sin embargo, en los últimos años, la actividad china se ha desplazado hacia la tecnología de la información y la industria de los automóviles, señalan los expertos, poniendo como ejemplo, la adquisición por inversores chinos del 64,9 por ciento de las acciones de la empresa fabricante del primer ‘smartphone’ ruso Yota Devices. Y en el 2014 China empezó la construcción de una fábrica de autos chinos Haval, que entrará en servicio en el 2018.


(Con información de RT)

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La OIT frente a empresas y pueblos indígenas

En anterior colaboración abordé el espacio sobre empresas y derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU). El activismo empresarial también se ha centrado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la circunstancia de que se trata de una instancia tripartita y los llamados empleadores son integrantes de la misma. Con ese carácter, dirige sus baterías a la impugnación al derecho a la consulta que regula el Convenio 169 de la OIT y que en toda América Latina los pueblos indígenas utilizan en sus procesos de resistencia frente al despojo y afectación a sus territorios que conlleva el accionar de las empresas trasnacionales.


El asedio empresarial a los pueblos mediante la OIT está marcando un viraje en este organismo en el último quinquenio e intenta mediar en el conflicto creciente entre pueblos indígenas y empresas. El pasado 4 de agosto esa organización presentó en Chile el reporte regional Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. En el documento se da cuenta de que la oficina de actividades para los empleadores de la OIT (ACT/EMP) realizó en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2011 un evento de formación sobre el Convenio 169 con la participación de 24 delegados de las organizaciones empresariales más importantes inversionistas en América Latina. Durante el mismo éstas señalaron afectaciones al derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en relación con la forma en que se está aplicando por los estados el derecho a la consulta; también objetaron las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de convenios y de recomendaciones de 2010 (Ceacr) que ha insistido en señalar el respeto a los principios contenidos en el Convenio 169.
Durante 2013 y 2014 se realizaron estudios de caso sobre la puesta en práctica de la consulta en Colombia, Chile, Costa Rica y Guatemala, que se presentan con detalle y son perfectamente similares a lo que se vive en nuestro país. Se anota el alto nivel de desconfianza entre Estado, pueblos indígenas y las empresas privadas, lo que dificulta, señalan, el diálogo y la generación de acuerdos.


También se considera que los pueblos, ante la consulta sobre un proyecto de inversión, lo convierten en el único espacio donde se busca solucionar todas las demandas históricas de los pueblos indígenas. En este contexto, el traspaso de responsabilidades del Estado hacia las empresas privadas es otro aspecto evidenciado como una de las principales dificultades. Ubican en la ausencia de información sistematizada sobre los pueblos indígenas sus tradiciones, actividades y sitios culturales, la dificultad para la identificación de la afectación que un proyecto de inversión pueda producir, lo que termina en muchos casos resolviéndose en tribunales de justicia.


De paso anotan el problema de los altos costos y tiempos que significa la implementación de una consulta. En cuanto a los aspectos institucionales, el reporte destaca la falta de estructuras de consulta, de procedimientos oficiales y de equipos capacitados para desarrollar estos procesos.


Sugiere que la consulta se realice por una instancia distinta a la que autoriza la inversión. En materia de expectativas de los pueblos indígenas reitera lo ya aclarado en 2010, en el sentido de que la consulta no implica al derecho a vetar un proyecto de inversión, pues, dicen, no está contemplado en el Convenio 169.


Hay un evidente cambio de discurso junto al cambio de actor; ya no se aclara que los derechos son de los pueblos y sus instituciones representativas, ahora se maneja el concepto de organizaciones y se sugiere intervenir en ellas para evitar que sus divisiones afecten a las empresas, por lo que recomienda a los estados: Reconocer, respetar e impulsar el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Para el éxito de un proceso de diálogo y consulta, se requiere tener contrapartes organizadas y validadas. A las empresas les sugiere conocer las tradiciones indígenas, acercarse a las organizaciones y conocerlas antes de presentar el proyecto. Llama la atención que no se vinculan al proceso que lleva la ONU, la OIT define como política ofrecer asistencia técnica a los estados en materia de consulta a fin de conciliar los derechos de los pueblos indígenas con la seguridad que demanda el proceso de desarrollo de la inversión dirigido al bienestar general de las sociedades de América Latina (Reporte regional 2016, p. 6). Tarea y análisis que omite el enfoque de fondo que dio origen al Convenio 169 de la OIT. La presencia indígena mexicana en la OIT mediante reclamaciones fue muy fuerte en la primera década de vigencia del convenio y alguna vez he lamentado que no se continuara. Hoy lo veo como un riesgo. La resistencia en el orden interno ante tribunales tendrá que fortalecerse. Se escuchan pisadas de animal grande.

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Para la construcción de una nueva política minero energética y ambiental
El pasado 25 de agosto nació esta iniciativa, por participación popular, transformaciones políticas y económicas, hacia una transición energética y la construcción del buen vivir y la paz, desde los territorios.

 

 

Vivimos tiempos de toda expoliación de la naturaleza, transformada en una mercancía más. Ante el afán de empresas multinacionales –y otras nacionales– por acumular más ganancias, ni quienes habitan el territorio ni el medio ambiente son importantes ni merecen protección. Las decisiones de las comunidades frente a sus entornos son irrespetadas, y quienes se oponen al afán de lucro privado o público son objeto de señalamientos, persecución y muerte. Los más de 50 líderes sociales, hombres y mujeres, defensores del territorio asesinados en el curso de los últimos dos años1, así lo atestiguan.

 

Imponer y no dialogar, acumular y no vivir, irrespetar y no atender la voz de quienes padecen los efectos inmediatos de toda intervención industrial y económica, es la razón que explica la multiplicación de conflictos en diversidad de territorios. Como sucede hoy en Caquetá, Meta, Putumayo donde las comunidades se oponen a la extracción petrolera, o en la Guajira, Cesar, Santander, Tolima y Antioquia, que enfrentan la imposición de proyectos mineros, o Huila, Santander y Antioquia, departamentos donde se emplazaron El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, grandes proyectos hidroeléctricos.

 

Arrasamiento empresarial que encuentra resistencia en muchos territorios, síntesis de una esperanza de cambio que deben materializarse en algún momento. De así ser, nuevas formas de organización de la sociedad se harán realidad, y con ellas mayores niveles de igualdad, justicia y dignidad, expresión de otra democracia posible. De su mano, tomarán forma reivindicaciones como soberanía sobre los bienes de la naturaleza, defensa del patrimonio hídricos, derecho a la energía, defensa de la naturaleza, defensa de los derechos humanos y la paz, como premisas fundamentales para un buen vivir.

 

Ante esta realidad, son necesarias iniciativas que busquen articular las resistencias en curso, así como superar este tipo de conflictividad social, política y económica. A ello responde la constitución de la Mesa social minero–energética y ambiental por la paz (Msmea), instalada en Bogotá el pasado 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, justo cuando se conmemoraban los 65 años de la creación de Ecopetrol, como empresa Estatal.

 

Por coincidencia, este acto de lanzamiento público, fue un día después del anuncio del gobierno y las Farc, en el marco de los diálogos de la paz de La Habana, de la terminación de la negociación política del conflicto social y armado más antiguo del continente. Esta circunstancia nos alegró, porque coincide también con nuestro propósito de aportar a la construcción de paz.

 

La actual Mesa social tiene como antecedente la Segunda Asamblea nacional por la paz, realizada en 2015 y organizada por la Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio del Trabajo, y la Universidad Nacional de Colombia (ver recuadro). El evento contó con la participación de diversos sectores de la sociedad afectados directa o indirectamente por la política minero-energética que se aplica en el país.

 
La Mesa social minero energética y ambiental por la paz –Msmea

 

En momentos en que el país se esfuerza por superar el conflicto armado interno, es necesario realizar transformaciones estructurales en el modelo económico, la estructura institucional y el régimen político-social. Todo ello para construir una verdadera democracia. Sin estos cambios, el anhelo de paz con justicia social y ambiental quedaría incompleto.

 

Una tensión social que no parece tener solución. Las políticas minero energéticas siguen relacionadas con la explotación de la naturaleza, ahondando las históricas relaciones de poder que niegan a las mayorías, y materializan una estrategia neoliberal de despojo en donde la esfera de lo público pasa a manos de las trasnacionales e incluso lo estatal prosigue por una fase privatizadora.

 

No es casual, por tanto, los privilegios impositivos y de otro orden a la inversión extranjera directa, los que están generando en los territorios una lógica de devastación del medio ambiente, enferman y empobrecen a las y los trabajadores colombianos, ignoran derechos fundamentales de las comunidades y destruyen su tejido sociocultural.

 

Propósito

 

La Mesa tiene como objetivo propiciar y potenciar la organización de los sectores sociales para la construcción deliberativa y participada de una política pública de Estado y un nuevo modelo minero energético alternativo, que garantice los derechos de los trabajadores/as, el buen vivir de las comunidades, respetuoso de los derechos de la naturaleza humana y no humana y que viabilice la soberanía energética. Lo anterior hace parte de la construcción hacía una verdadera paz integral, con justicia social y ambiental.

 

A su vez, la Mesa busca constituirse como un sujeto social y político para la movilización y la presentación de propuestas alternativas, que deberá permitir avanzar en una correlación de fuerzas para los futuros escenarios de interlocución y negociación, promover y consolidar la participación del conjunto de la sociedad en la construcción de la paz completa, integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental. Todo deberá pasar por colocar los bienes naturales al servicio de los planes de vida y el buen vivir de las comunidades, participar activa y propositivamente en los diversos escenarios de solución política integral al conflicto armado interno y da un Sí a la refrendación de los acuerdos. Igualmente es necesario incorporar otros temas: Los acuerdos de la Cumbre Agraria étnica y popular de la pasada Minga y su acta No. 10 de acuerdos con el Gobierno en materia mineroenergética, las salvedades y/o pendientes de la Mesa de La Habana referidos a lo minero energético, los puntos sobre la participación de la sociedad y los puntos sobre la participación de la sociedad y las transformaciones contenidas en la agenda acordada entre el gobierno nacional y el Eln.

 

Por último, la Mesa busca ser un espacio colectivo, soberano, pluralista y democrático, tanto en su composición como en los propósitos que la animan.

 

* Global Witness, En terreno peligroso, Report / June 20, 2016. London.

 

Recuadro 1

 

Territorios con energía construyendo paz para la nación Segunda Asamblea nacional por la paz

 

A mediados de la década de los noventa del siglo XX la USO propuso, en la negociación de su Convención Colectiva, que Ecopetrol se comprometiera con el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan las zonas petroleras, apoyar la búsqueda para la solución política del conflicto social y armado, entre otras cosas. De ahí surge el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-Pdpmm, así como la Comisión de Derechos Humanos de la USO y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). De allí también nace, en agosto de 1996, la Primera Asamblea Nacional por la Paz*.

 

El esfuerzo de la USO por aportar a la construcción de la paz no cesa. En la discusión de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 propuso realizar la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. En el año 2014, con el punto acordado entre sindicato y empresa, se establece una comisión bilateral para avanzar en la preparación de la asamblea, definir contenidos y metodologías (USO et al, 2016: 9). Finalmente, la Segunda Asamblea se realiza en 2015, con el auspicio de Ecopetrol, la cual se limitó a la financiación, pero sin jugar un papel protagónico y jalonar al empresariado. Participaron como convocantes: la USO, el gobierno nacional –en cabeza del Ministerio del Trabajo–, y la Universidad Nacional de Colombia.

 

Durante 8 meses fueron realizadas múltiples asambleas en regiones y subregiones, a las que asistieron aproximadamente 10.800 pobladores de 1.800 organizaciones, quienes debatieron y compartieron en torno a tres ejes temáticos: Política minero energética; desarrollo territorial para la Paz, y Pedagogía para la paz y pos acuerdos.

 

Además, la asamblea posibilitó que las comunidades debatieran sus problemas territoriales y aspiraciones. Por ejemplo, sobre la forma como la extracción de bienes naturales y minero-energéticos debe estar orientada a contribuir al buen vivir y a la exclusión de zonas mineras y de petróleo para garantizar el agua, la soberanía de los pueblos, alimentaria, hídrica, energética, entre otros derechos y garantías. Y se enfatizó en el rechazo a privilegiar los intereses de las trasnacionales.

 

Terminadas las asambleas locales y regionales, se realizó la Asamblea Nacional –18-20 de noviembre de 2015– en la ciudad de Bogotá, que contó con la presencia de 1.500 delegados de todo el territorio nacional. La conclusión fue la necesidad de constituir una Mesa social minero energética y ambiental –que ahora estamos constituyendo– con los retos y objetivos ya planteados.

 

* USO, Universidad Nacional de Colombia & Ministerio de Trabajo, Memorias de la Segunda Asamblea por la Paz, La imprenta, Bogotá, 2016

 

Recuadro 2

Digamos, ¡Basta ya¡

 

A este modelo minero-energético, extractivista, de despojo y destructor de la vida.
Que para el capital sea más importante una tonelada de carbón que la vida de un niño o niña wayúu.
Que para el gobierno y las multinacionales petroleras o mineras les sea indiferente dejar cientos de trabajadores lisiados de por vida por los accidentes de trabajo precarizado.
Que para una empresa minera sea más importante unos cuantos kilos de oro, a costa de la muerte de un rio y su biodiversidad.
Que para los dueños de las represas, les sea más importante los gigawatios de electricidad para la exportación que la vida del campesino y la producción de alimentos.
Que a las empresas eléctricas privadas solo les importe las utilidades y no reconozcan el derecho a la energía de la población.
Que la concentración del agua y de la energía, en pocas manos, generen la miseria de nuestros pueblos.
Que la renta minero-energética no represente bienestar para la nación.
(apartes del Llamamiento de la Mesa social minero-energética y ambiental por la paz)

 

Recuadro 3

Ideas para la construcción de las propuestas

 

Presentamos un resumen de algunas de las propuestas que la Mesa ha venido construyendo son:

 

- Iniciar una transición energética hacia energías alternativas como la solar, fotovoltaica, la eólica, geotérmica, la térmica, la mareomotriz y otras que tienen más bajos impactos ambientales. Estas energías deben ser descentralizadas, autónomas y de fácil acceso para las comunidades. La transición exige un cambio de perspectiva sobre el uso, consumo, producción, distribución, comercialización de la energía y de cada una de las fuentes energéticas. En últimas, entendemos la necesidad de replantear nuestras relaciones con la naturaleza, y considerar el planeta como un ser vivo, generador de bienes para la vida y no de recursos para enriquecer el capital.


- El Estado debe recuperar el control, la fiscalización y dirección de la política minero-energética, a través del fortalecimiento de lo público. Y hacer énfasis en la búsqueda para que las empresas sean 100 por ciento estatales y se reviertan los procesos de privatización de los bienes estratégicos de la nación. De esta manera, el Estado debe liderar la investigación e innovación en ciencia y tecnología hacia la transición energética buscando el desarrollo de energías alternativas.


- Identificar las afectaciones del sector minero energético producidas en el cuerpo humano, al reconocer los problemas de salud causados en los trabajadores y las trabajadoras del sector, las comunidades del área de influencia, los afectados y las afectadas por los proyectos minero energéticos y la naturaleza.


- Reconocer el agua y la energía como un bien común y público, determinante en la producción y soberanía alimentaria. La gestión del agua debe estar en manos del estado y las comunidades organizadas a través de los acueductos comunitarios, determinando sus usos de acuerdo a las necesidades humanas y de los ecosistemas. Demandar el reconocimiento de la autonomía territorial y la participación de las comunidades locales en la definición de proyectos minero – energéticos, como lo reconoce la constitución, el convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional.


- Desmontar los batallones minero energéticos, ya que en la actualidad una tercera parte del ejército está al servicio exclusivo de la protección del sector extractivista.

 

Recuadro 4
Responsabilidad colectiva

 

Desde la Mesa social minero-energética y ambiental llamamos a la sociedad colombiana, a todas sus organizaciones sociales, para participar, ampliar y profundizar un gran Dialogo Nacional minero-energético y ambiental.

 

Es un momento para pensarnos como naturaleza, defensores de nuestra soberanía, cultores del agua, generadores de riqueza y de la vida, como lo hacen los miles de hombres y mujeres indígenas, afro descendientes, campesinas y trabajadoras que habitan estos territorios, y para construir con propuestas la paz que tanto anhela nuestro pueblo y que tanto necesita nuestro país.

 

 

Informes:
Mesa Social Minero-energética y Ambiental
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Publicado enEdición Nº228
Población de Remedios y Segovia impide cierre de minas y socavones

Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia, habló acerca de los inconvenientes con la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, luego de que ésta ordenara el cierre de varios socavones pertenecientes a las asociaciones de pequeños mineros. Debido al incumplimiento de los acuerdos del 15 de noviembre de 2015 y a la expedición del Decreto 1421 de 2016, la Mesa descongeló el paro, llamando a toda la ciudadanía a sumarse a esta nueva jornada de lucha.

 

Una protesta de muchos meses. El domingo 18 de septiembre las Asociaciones de Pequeños Mineros de los municipios de Segovia y Remedios declararon descongelado el paro que lideran desde octubre del año 2015, en el congelador desde el 11 de noviembre como resultado de acuerdos logrados con el gobierno nacional y con la compañía Zandor S.A.


Es necesario recordar que los mineros habían declarado el cese de actividades en el 2015 con el fin de protestar en contra de los abusos de la multinacional minera Zandor Capital S.A. (Ver “En Segovia y Remedios decimos: No queremos la multinacional”). El presidente de la Mesa Minera de ambos municipios, Eliober Castañeda, habló con desdeabajo y contó los pormenores del conflicto:


“El descongelamiento del paro se acordó el pasado 15 de septiembre, luego de que ambos municipios pidieran la convocatoria de la Mesa Minera para ese día, mientras realizábamos un plantón en frente de la electrificadora del municipio de Segovia. El 18 de septiembre, a media noche, se descongeló el paro que se había detenido desde el 11 de noviembre de 2015, debido a los incumplimientos de los acuerdos firmados en tal fecha con Gobierno y con la compañía Zandor Capital S.A. Se burlan de lo firmado, de un momento a otro empezaron a incumplir uno de los acuerdos: ellos no insistirían en cerrar las minas de los pequeños mineros”.


Además de comprometerse a no cerrar las minas, otros acuerdos fueron ignorados. “Por parte del Gobierno, habían quedado en que íbamos a tener otra mesa general donde debatiríamos lo referente a unos decretos que implican directamente el funcionamiento de unos entables que funcionan en nuestro municipio, o como los llama el Gobierno, plantas de beneficio”. Según don Eliober, hasta la fecha, y pese al transcurrir de los meses, no han tenido ninguna reunión con representantes del Gobierno.


La orden de cerrar las minas respondió a lo inscrito en el Decreto 1421 del 1° de septiembre de 2016, decreto que contradice lo acordado entre Gobierno, Zandor Capital y la Mesa Minera. “La población se sintió engañada, después de que el Gobierno publicó el decreto 1421, que da un plazo de seis meses para que los entables –que están totalmente legalizados– que no cumplan los requisitos allí enunciados sean cerrados inmediatamente. Consideramos que es una injusticia porque ni siquiera la misma multinacional los cumple.


El pueblo no está de acuerdo con el cierre de las minas


Don Eliober aseguró que las minas no fueron cerradas gracias a la organización de los pequeños mineros, en conjunto con la población. “Inicialmente la multinacional y la gobernación de Antioquía, desde la Secretaría de Minas, intentaron cerrar las minas; el pueblo siempre ha estado en las minas y le ha solicitado muy formalmente a las personas encargadas de ejecutar el cierre de las minas, que se retiraran porque el pueblo no está de acuerdo con esa arbitrariedad”.


Respecto a la reanudación del paro, declaró. “El pueblo ha decidido que esta manifestación es indefinida. El día de hoy estamos dando apertura al cronograma, tendremos una marcha y unos actos simbólicos; lanzaremos globos al aire como una manera de pedir ayuda. Estamos viendo muchas arbitrariedades por parte del Gobierno, y mucho más por parte de Zandor Capital”.


¿Qué dice el Decreto 1421 de 2016?


El pasado 1° de septiembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 1421 (Ver Decreto), en el cual especifica respecto al beneficio de minerales, que consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a las que es sometido el mineral extraído para su posterior utilización y comercialización.


El objeto es hacer seguimiento y control de estas actividades, por esto el Decreto obliga a los propietarios de plantas de beneficio de minerales, inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) antes de marzo de 2017. Esta inscripción, para el seguimiento y control, no aplica para las plantas de beneficio que hagan parte de un proyecto autorizado bajo un título minero (entre ellas está Zandor Capital S.A), pero sí requiere incluirla en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la plataforma del Rucom.


El Decreto criminaliza al pequeño minero –la mayoría de los cuales no tiene título minero ni licencias ambientales– ya que el beneficio de minerales provenientes de explotadores mineros no autorizados será considerado como “aprovechamiento ilícito”, sancionando a quien infrija la norma con prisión de entre uno (1) a seis (6) años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales mensuales, además de la cancelación de la inscripción en el Rucom, si la hubiere.


El paro, que apenas es reiniciado, promete extenderse por el tiempo que sea necesario. La conflctividad social, con diversidad de expresiones y radicalidad, gana espacio por todo el país. ¿Cuándo cumplirá el Gobierno con los acuerdos que firma por aquí y por allá? ¿Cuándo el Gobierno dejará de servirle al gran capital y asuma como su principal causa los sectores más populares?


DECRETO NÚMERO 1421 DE 2016

(Septiembre 01)


Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas con el Beneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio.
SECCIÓN 2

DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES

Artículo 2.2.5.6.2.1.Inscripción de las Plantas de Beneficio en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). El propietario de las plantas de beneficio deberá inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) en un término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de este decreto, vencido este plazo, deberá contar con la certificación de la Agencia Nacional de Minería donde conste dicha inscripción.

Cuando la Planta de Beneficio haga parte de un proyecto amparado por un título minero no deberá inscribirse sino incluirse en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería en la plataforma del Rucom.

Las Plantas de Beneficio solo podrán beneficiar minerales provenientes de Explotadores Mineros Autorizados, so pena de incurrir en la conducta tipificada en el artículo 160 de la Ley 685 de 2001, y que se le cancele la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), previo el adelantamiento de la respectiva actuación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.5.6.2.2.Requisitos para la inscripción de las Plantas de Beneficio en el Rucom. Las personas naturales o jurídicas que posean plantas de beneficio deberán cumplir y aportar los siguientes requisitos y documentos para su inscripción en el Rucom:

a) Indicar su nombre o razón social según se trate de persona natural o jurídica;

b) Documento de identificación del inscrito si es persona natural;

c) Registro Único Tributario (RUT);

d) Certificado de existencia y representación legal, máximo con treinta (30) días de expedición, cuando se trate de personas jurídicas;

e) Indicar su domicilio principal y dirección para notificaciones;

f) Balance General y Estado de Resultados debidamente certificados y dictaminados, si hay lugar a ello, junto con sus notas, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior;

g) Acreditación de la capacidad económica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.6.1.5.3 del Decreto número 1073 de 2015, la cual deberá ser soportada de acuerdo con los criterios que para el efecto fijará la Autoridad Minera Nacional;

h) Certificación de Inscripción en el Registro Mercantil;

i) Suministrar la siguiente información: Ubicación de la planta de beneficio, mineral objeto de beneficio, cantidad de mineral beneficiado en el año inmediatamente anterior, capacidad de la planta, relación de insumos utilizados en el beneficio, método de beneficio y equipos utilizados.

Artículo 2.2.5.6.2.3Obligaciones de las Plantas de Beneficio inscritas en el Rucom. Las personas naturales o jurídicas que posean plantas de beneficio deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Mantener actualizada la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom);

b) Cumplir con toda la normativa legal vigente en materia ambiental, minera, tributaria, aduanera, cambiaría y de comercio nacional e internacional;

c) Tener vigentes y actualizados el Registro Único Tributario (RUT), Registro Mercantil y Resolución de Facturación, cuando se trate de establecimientos de comercio;

d) Mantener actualizados todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exige esa formalidad;

e) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

f) Tener la factura comercial del mineral o minerales que transformen, distribuyan, intermedien y comercialicen;

g) Contar con la certificación en la que se acredite la calidad de inscrito en el Registro Único de Comercializadores de minerales (Rucom);

h) Contar con el correspondiente Certificado de Origen de los minerales que transforme, distribuya, intermedie, comercialice, beneficie y consuma;

i) Enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los reportes de información que establezca dicha entidad en el marco de las funciones establecidas en las Leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, y en la Parte 14 del Decreto número 1068 de 2015.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Minería verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), previo el adelantamiento de la respectiva actuación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Jueves, 15 Septiembre 2016 19:19

Economías con pies de petróleo

Economías con pies de petróleo

ALAI AMLATINA, 15/09/2016.- Las economías hidrocarburíferas de la región se encuentran en problemas. La alta dependencia de las exportaciones de crudo y gas de varios países sudamericanos está mostrando la debilidad de sus estructuras productivas y las difíciles perspectivas que se ciernen sobre su futuro.

Bolivia, Ecuador y Venezuela están pasando duros momentos con un deterioro importante de sus ingresos por exportaciones y los balances fiscales en aprietos. Los programas sociales y los planes de expansión económica corren serios riesgos de continuidad. Sin embargo, lejos de cambiar de estrategia, la opción de los gobiernos parece ser profundizar la dependencia de la exportación de hidrocarburos.

Bolivia

En Bolivia los ingresos del gas han venido cayendo continuamente desde su pico de 2014 cuando alcanzó los US$5.489 millones. Ya para 2015 los ingresos bajaron a US$3.200 millones y este año se espera que desciendan aún más. Según del periódico Pagina Siete (12/09/2016), los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías del gas disminuirán hasta un 31% y 35% respectivamente en 2017. Este descenso está relacionado básicamente con la caída de los ingresos que recibe Bolivia por las exportaciones de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina.

El problema es que la baja de ingresos de regalías e IDH afectará a sectores claves de las políticas públicas, principalmente a las gobernaciones, municipios y universidades y a los recursos que posibilitan el pago de la Renta Dignidad y el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La respuesta del gobierno ha sido ampliar las áreas de exploración de hidrocarburos (entrando incluso en áreas naturales protegidas) y ofrecer un amplio fondo de subsidios por 3.500 millones de dólares a las empresas petroleras y gasíferas. El presidente Evo Morales anunció que "desde 2015 hasta 2020 vamos a invertir 14 mil millones de dólares para exploración, explotación, industrialización y transporte de gas" (lainformacion.com 12/07/2016).

Ecuador

Ecuador lleva casi un año acumulando tasas de crecimiento negativas y es uno de los países más afectados por la caída de los precios del petróleo. El año pasado, el presidente Rafael Correa había reconocido que por tales factores el país tendría un crecimiento bajo o casi nulo y que el país dejaría de recibir $ 7.000 millones por concepto de exportaciones petroleras, alrededor del 7% del Producto Bruto Interno (El Telégrafo 17/09/2015).

Pero la respuesta ecuatoriana no ha sido buscar respuestas fuera del negocio petrolero sino todo lo contrario: ha iniciado la explotación de crudo en uno de los sitios más frágiles del planeta, el Parque Nacional Yasuní. Este parque fue protegido en el pasado por el presidente Correa, pero aquella posición fue revertida por las necesidades económicas del gobierno.

En el bloque petrolero existen reservas probadas de crudo por 1.672 millones de barriles, equivalente al 41,7 por ciento de las reservas totales del país y el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que hasta fines de 2016 el país sudamericano recibirá más de 100 millones de dólares con la nueva producción del campo ITT (Xinhua 09/09/2016).

Venezuela

En Venezuela la producción de petróleo ha caído más de un 30% en el último decenio, lo que sumado a la baja del precio del crudo ha tenido notables repercusiones negativas en la economía del país. Sobre todo considerando que este producto representa el 90% de sus exportaciones. Una de las principales causas de la baja producción es la deteriorada situación financiera de la estatal PDVSA que ha entrado en una dramática espiral negativa.

El crudo extrapesado de la Faja del Orinoco debe ser mezclado con otros petróleos livianos importados para poder ser a su vez exportado. Pero los escasos ingresos de las exportaciones hace cada vez más difícil la obtención de divisas para la importación del petróleo liviano.Venezuela está entrando en un círculo vicioso, en el que escasean las divisas porque produce menos petróleo y a su vez produce menos petróleo por esa misma falta de divisas.

El caso venezolano es el más patético de la llamada “maldición de la abundancia”: poseer las mayores reservas petroleras del mundo, con un horizonte de reservas estimado en más de 300 años, lo ha llevado a desarticular toda su economía con la esperanza de hacer del petróleo el motor de su desarrollo.

Y otros

Esto que le ocurre a las economías dependientes de las exportaciones de hidrocarburos también le sucede a todas las economías de la región que han basado sus estrategias de desarrollo de los últimos años en la exportación de materias primas. En algunos casos como los citados, esta dependencia es mayor, pero señales de este problema pueden verse en todos los países en estos tiempos de baja de precios de los “commodities”.

Tampoco es una novedad, esto ya ha ocurrido en el pasado. La pregunta es si nuestros gobiernos continuarán con la misma estrategia, esperando una nueva suba de los precios internacionales del gas, el petróleo o los minerales, o buscarán alternativas para salir de la histórica dependencia de las materias primas.

Ayer fue el caucho, la banana o la plata. Hoy es el petróleo, el gas o la soja. Mañana será el litio, el shale gas o vaya a saber qué. Pero si la región no logra encontrar la bendición de su abundancia, trascendiendo la ilusión del desarrollo, seguirá cayendo por la espiral de la destrucción de su generosa naturaleza sin resolver los problemas sociales que la aquejan.

- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

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Viernes, 09 Septiembre 2016 07:57

Menos el extractivismo, todo es ilusión

Menos el extractivismo, todo es ilusión

Los cooperativistas mineros han sido aliados incondicionales de los gobiernos de Evo Morales, ya que forman una burguesía emergente con la que el nuevo poder contaba para controlar un sector estratégico como la minería. Pero la caída de los precios de los commodities dejó al desnudo una alianza de conveniencias.

 

La muerte del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, precedida por la de tres cooperativistas mineros, elevó la tensión política hasta extremos que hacía tiempo no se vivían en Bolivia. En rigor, el modo en que fue asesinado Illanes, secuestrado, torturado y golpeado, fue lo que crispó los ánimos de las autoridades. El viceministro se había trasladado hasta el principal punto de bloqueo, la localidad de Panduro, para negociar en un conflicto que provocó la interrupción del tránsito en la importante autovía La Paz-Oruro y duros enfrentamientos con la policía.
El motivo de la protesta de los cooperativistas mineros es la oposición a que sus empleados puedan formar sindicatos, lo que limitaría seriamente el poder de los grupos dirigentes de ese sector económico que controla casi un tercio de la producción de minerales en un país minero. Se trata de una disputa por el poder en el núcleo del modelo extractivo. Hasta ahora los mineros había sido aliados fieles del gobierno de Evo Morales, incluso se movilizaron en la última convocatoria electoral –en febrero de este año– para promover el Sí en el plebiscito que habría permitido una nueva reelección del presidente.


Pero esta vez Morales denunció que en la movilización minera anidó un intento de golpe de Estado impulsado por la derecha y Estados Unidos. Morales explicó que lo sucedido es parte de una “conspiración permanente” en la cual sus opositores están “usando a los cooperativistas” para desestabilizar a su gobierno. Un argumento pobre, que busca eludir el eje de un conflicto entre dos actores situados del mismo lado de la barricada extractiva.


El encarcelamiento de la cúpula de los cooperativistas mineros deja al gobierno ante la necesidad de definir los próximos pasos sobre la modificación de la ley de cooperativas, que al habilitar la organización de los trabajadores está en la base del conflicto en curso. Hasta ahora la alianza con el gobierno les ha permitido a los mineros (como señala un trabajo del Centro de Documentación e Información, Cedib) la sobreexplotación de trabajadores que “no pueden organizarse autónomamente para defender sus derechos”.


Aliado conflictivo


Los cooperativistas mineros son un poder al que nadie puede ignorar. Controlan el 27 por ciento de la explotación minera (frente a sólo el 3 por ciento del Estado y el 70 por ciento de las multinacionales); tienen unos 120 mil trabajadores y una bancada de siete diputados y senadores elegidos en las listas del Movimiento al Socialismo (Mas), el partido de Morales. Tienen poder económico, poder político y capacidad de influir sobre una porción nada desdeñable de la población. Están agrupados en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que en los últimos años contaba con dos viceministros en el gobierno.


Las cooperativas mineras nacieron con la crisis de 1929, pero se expandieron con la privatización neoliberal de 1985, que desmanteló la Corporación Minera Boliviana (Comibol) y “relocalizó” a los trabajadores. Desde 2006, año en que el Mas llegó al Palacio Quemado, las cooperativas mineras comenzaron a ser respaldadas con el objetivo de contar con un sector productivo cercano a los objetivos políticos y estratégicos del nuevo gobierno. Con los altos precios internacionales, las exportaciones mineras pasaron de 500 millones de dólares en 2006 a más de 3.000 millones en 2013. El sector cooperativo representa el 30 por ciento de las exportaciones mineras totales, y el 37 por ciento de las exportaciones de plata, el 41 por ciento de las de estaño y el 71 por ciento de las de oro.


Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y el 43 por ciento de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (de 447 en 2008 a 1.400 en 2013). Hoy emplean de forma directa a 120 mil personas, el 90 por ciento de los trabajadores del sector. Sin embargo, aportan muy poco al Estado, un 4 por ciento de impuesto al valor agregado y el 1 por ciento del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol. En total, dejaban apenas 44 millones por regalías de los 1.059 millones de dólares exportados en 2012.


La estratificación económica y social dentro de las cooperativas es importante y está relacionada no sólo con la cantidad de socios, sino con la distribución interna del poder. Una pequeña cantidad de socios controla a las cooperativas, que emplean una enorme masa de trabajadores carentes de derechos y remunerados con muy bajos salarios, cobrando a destajo.


La ley de minería de 2014, pactada entre el gobierno y la dirigencia de Fencomin, prohíbe y penaliza la huelga y cualquier acción que impida la actividad minera. Ha servido también para consolidar un régimen de excepción en materia de impuestos y acceso a áreas fiscales para explotar nuevas minas.


En 2006 hubo un fuerte choque entre los cooperativistas y los mineros asalariados por el control de una mina estatal en Huanuni (Oruro). Un enfrentamiento con dinamita se cobró 16 muertos. En aquella ocasión el presidente le pidió la renuncia al ministro de Minería, el cooperativista Walter Villarroel, por haber jugado a favor de los suyos. Los cooperativistas azuzaron otros conflictos, sobre todo en Potosí. Hasta que llegó la crisis económica, con la caída de los precios de los minerales.


En opinión del filósofo Raúl Prada, ex viceministro de Planificación Estratégica del primer gobierno de Morales, lo que explica el pasaje de los cooperativistas mineros de aliados a enemigos es el cambio en la coyuntura económica, que en este sector se concreta con la caída de los precios de los minerales exportados. Ahora las cooperativas quieren avanzar sobre los derechos ambientales. El Estado, a su vez, necesita afirmar su control sobre toda la cadena de la minería.


“En tiempos de crisis económica, debida a la baja de los precios de las materias primas, es una estrategia de supervivencia el control monopólico del Estado, no sólo de los recursos naturales, sino sobre la explotación y mediación con los mercados y con el capital de inversión de las empresas extractivas trasnacionales”, señala Prada. Estas empresas son la manzana de la discordia, aunque sobre la mesa aparezcan los derechos de sindicación de los trabajadores de las cooperativas, porque son las que pueden aportar el capital que Bolivia necesita para incrementar la extracción de minerales.


El pliego minero actual busca modificar la ley de minería, con el fin de permitir que las cooperativas puedan suscribir contratos con las multinacionales, algo que en realidad debe ser aprobado por el parlamento. En suma, las cooperativas quieren capitalizarse entrando en relación con las grandes empresas del sector. Para éstas, firmar contratos con cooperativas y no con el Estado sería muy ventajoso, ya que “adquirirían derechos, mas no obligaciones. Lo más importante es que los grupos trasnacionales se beneficiarán, indirectamente, de los derechos y privilegios de que gozan las cooperativas”, tanto en materia laboral como impositiva, según un análisis del Cedib titulado “Tomar el Estado por asalto”.
Por eso Prada insiste en que se trata de un conflicto “entre partes que conforman el modelo extractivista”, un modelo al que considera limitado y que, lejos de la propaganda oficial, mantiene “una economía primario-exportadora y un Estado rentista”.


La solución no será sencilla. Según el investigador Carlos Arce, el gobierno “apoya a los cooperativizados como parte de la nueva burguesía emergente que fortalecerá al nuevo Estado Plurinacional”. Se trata de un tipo de conflicto en el que no puede haber un ganador absoluto y que se está resolviendo a través de una negociación. De hecho, Morales pidió, presionado por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, que no sólo se resuelva el asesinato de Illanes sino de los cuatro cooperativistas muertos por disparos policiales.

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El Gobierno de Bolivia recupera 31 concesiones mineras

La medida es en respuesta al linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes ocurrido el pasado fin de semana durante una protesta de mineros


El Gobierno boliviano ha respondido con mano dura al linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes ocurrido al pasado fin de semana durante una protesta de los mineros por cuenta propia o "cooperativistas". El Estado aprobó la revocación de las 31 concesiones que estaban formalmente en manos de estos mineros y que ellos habían subalquilado a su vez a empresas privadas internacionales, así como de todas las concesiones que no explotan actualmente. Además, la Fiscalía detuvo a alrededor de una veintena de dirigentes y trabajadores, a los que investiga por el asesinato de Illanes. Pedro Mamani Massi, uno de los heridos durante los enfrentamientos registrados en las protestas de la localidad de Panduro ha muerto este jueves, según ha informado la agencia de noticias boliviana Fides.


El derecho a subarrendar los yacimientos de los cooperativistas estuvo en el centro del bloqueo de caminos que estos organizaron, y que terminó con la muerte del funcionario, apaleado por una turba mientras estaba secuestrado en una carretera por los dirigentes de la movilización con los que había ido a hablar.


De acuerdo a la nueva Constitución, tanto las cooperativas, supuestamente dedicadas a la minería de subsistencia, como las empresas privadas deben recibir concesiones temporales y exclusivas, es decir, que no pueden entregar a terceros. Con esta medida, la Constitución altera el sistema de propiedad minera que tenía el país desde la Colonia y que consideraba una mina como un activo ordinario, es decir, uno que se podía vender y heredar. El objetivo de la protesta minera, que comenzó a mediados de agosto, era retornar, al menos en el espíritu, al viejo sistema.


El origen de las cooperativas mineras


Las cooperativas aparecieron en Bolivia en la última parte de los años ochenta, como una respuesta espontánea de los trabajadores mineros a la incapacidad del Estado de mantenerlos empleados. Desde entonces este grupo no ha hecho más que crecer, hasta contar hoy con más de 100.000 miembros. Gracias a su capacidad de movilización, las cooperativas han obtenido algunos de los mejores sitios para explotar minerales y, con el boom de los precios de la pasada década, muchas se han convertido en empresas ilegales sin licencia ambiental.


Hasta este conflicto, fueron importantísimas aliadas del movimiento dirigido por Evo Morales, a quien ayudaron a llegar al poder. Por eso las empresas privadas acudieron a ellas para poder hacer unas inversiones que les resultaban muy difíciles de concretar negociando directamente con el Estado

La Paz 1 SEP 2016 - 21:11 COT

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