Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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Sábado, 06 Marzo 2021 05:37

Sumergidas en el taller

Mujeres trabajan en Nerminia, fábrica textil marroquí en TángerAFP, ABDELHAK SENNA

Las costureras marroquíes y la industria textil internacional

La inundación que mató a 28 trabajadores en Tánger volvió a poner el foco en las obreras que abastecen a las mayores marcas europeas de ropa. El mercado no les deja opción.

 

Tánger, una mañana de invierno. Mientras el día tarda en salir, una veintena de mujeres, sombras en la oscuridad, se presentan frente a un edificio residencial aún dormido. Avanzan en silencio, se dirigen hacia abajo y entran en una habitación oscura y húmeda. En el interior, un puñado de hombres están ocupados poniendo en marcha máquinas de cortar tela. Sus ojos no cruzan los de las mujeres, que llevan sus rostros ocultos por mascarillas blancas. Una tras otra, bajan al sótano. Llegan a una bodega de unos 40 metros cuadrados reservada para la confección de ropa. No hay ventana ni salida de emergencia.

Lamia –se han cambiado los nombres–, una costurera de 36 años, se pone una blusa y comienza a montar varias prendas. «¡Aquí está la colección de verano en primicia!», dice irónicamente. En las mesas repletas, entre las ya bulliciosas máquinas de coser, hay camisetas, pantalones cortos y minifaldas etiquetadas con Zara, Bershka o Kiabi. «La mayoría de las veces, el jefe de la habitación nos cierra con llave –dice Lamia–; gracias a Dios, el otro día nos salvamos».

Ese «otro día» fue el 8 de febrero, el lunes, cuando lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad y 28 trabajadores, incluidas 19 mujeres, murieron en un taller en medio de una zona de inundación. Se ahogaron, atrapados en el sótano donde trabajaban. «El agua tuvo el efecto de un tsunami, se sumergieron en pocos segundos», resume Ahmed Ettalhi, presidente de la Comisión de Planificación en el Municipio de Tánger. Y agrega: «Nada de esto estaba autorizado: ni la presencia de una bodega ni la de una unidad industrial».

TRABAJADORAS SIN PROTECCIÓN

En el momento de la inundación, Lamia y sus colegas dejaron a tiempo su propio taller, ubicado cerca. «Nos podría haber pasado lo mismo –susurra–, algunas de las empleadas del taller afectado eran amigas mías.» Como docenas de otras trabajadoras obligadas a evacuar los sótanos del vecindario, Lamia se encontró frente al edificio afectado por el desastre. «Escuchamos gritos –dice esta madre de tres hijos–, las obreras que habían podido escapar se habían refugiado en el techo y pedían ayuda a gritos; las ambulancias llegaron demasiado tarde.»

En Tánger, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, son empleados ilegalmente en talleres llamados hofra (‘fosos’, en árabe), establecidos en los sótanos y plantas bajas, para hacer ropa para marcas extranjeras. Sólo en Tánger hay centenares, tal vez más, como deplora Ettalhi: «En 2016, abrimos una lista para trasladar fábricas informales a áreas industriales. Recibimos 400 solicitudes. Añada a eso las fábricas que no querían y las que llegaron después. ¡Es enorme!». ¿La fuerza de estas estructuras? Su capacidad para responder a las fluctuaciones de la moda produciendo rápidamente series limitadas. Los empleados perciben entre 180 y 230 euros mensuales, que es inferior al salario mínimo marroquí (250 euros), todo ello sin cobertura ni normas de seguridad social.

Ni totalmente clandestinos ni verdaderamente legales, estos talleres tienen un estatus híbrido. «Las empresas existen, ya que están matriculadas en el registro mercantil, pero sus jefes declaran sólo una pequeña parte de sus empleados y operan en lugares no reglamentarios», dice Mustafá Ben Abdelgafur, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tánger. Así, el taller inundado fue presentado primero como «clandestino» por las autoridades, cuando, en realidad, existe desde 2017 bajo el nombre de A&M Confection. Su propietario, Adil Bullaili, fue puesto en prisión preventiva como parte de la investigación abierta por homicidios y lesiones involuntarias.

En Marruecos, el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales. Inditex, la empresa matriz de la marca española de prêt-à-porter Zara, es el principal cliente. Según su director general para Francia, Jean-Jacques Salaün, el sistema de control de Inditex permite una «trazabilidad absoluta»: «Controlamos a todos nuestros proveedores, especialmente en Marruecos, donde nos dimos cuenta de que había falsificaciones de nuestros productos. Me parece poco probable que nuestros subcontratistas logren escapar de esta trazabilidad. Y puedo decirles que un taller, si no está referenciado y auditado, no puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que tal tragedia no suceda nunca».

ECOSISTEMA FLORECIENTE

La ciudad de Tánger, a 14 quilómetros de la costa española, es el epicentro de este negocio tan particular, así como un importante centro económico vuelto hacia la Unión Europea. Pero este dinamismo esconde una sombría realidad social: una gran parte de la población (1,2 millones de habitantes) todavía vive en la precariedad. El sector textil alimenta toda una economía subterránea, en la que todos sueñan con establecer su propio negocio. Así, Bullaili, el jefe del taller inundado, comenzó en un grupo de prendas de vestir. «Trabajó con nosotros como obrero, luego como jefe de cadena, antes de establecer su negocio», dice Meriem Larini, gerenta general del grupo textil Larinor.

En la última década, un ecosistema floreciente ha permitido a obreros ambiciosos crear miniunidades de confección. Los proveedores de maquinaria les otorgan créditos directos. Esto les permite alquilar un local y, mediante la corrupción, escapar a los controles. «No es difícil montar un taller en una bodega, todo lo que necesitas hacer es tener una instalación eléctrica y con qué sobornar a las autoridades, luego la gente llama a tu puerta para pedir trabajo», confirma un industrial marroquí.

Para entender de dónde vienen los clientes de estas pequeñas estructuras de prendas de vestir, se debe salir del centro de Tánger y llegar a la zona industrial de Gzenaya. Lejos de las bodegas, las fábricas instaladas aquí tienen todo tipo de etiquetas y certificaciones ecorresponsables que las convierten en modelos éticos. «Hemos invertido mucho dinero para cumplir con los criterios de responsabilidad social requeridos por los clientes», dice Larini, cuyo grupo trabaja para las principales marcas internacionales.

Después de ser puestas en la mira por las malas condiciones de trabajo de sus proveedores, particularmente los ubicados en Asia, muchas marcas han cambiado su estrategia para preservar su imagen. «Hay auditorías y controles esporádicos llevados adelante por un equipo del grupo Inditex, que opera constantemente en las fábricas de Tánger. Es imposible escapar a ello. Se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las normas», asegura Larini. El grupo español incluso ha adoptado un sistema de auditoría interna para monitorear mejor las prácticas de sus subcontratistas.

«EL ESLABÓN MÁS DÉBIL»

Pero mejorar las instalaciones es caro para los industriales locales, especialmente frente a la competencia de los países asiáticos y Turquía. Así, para preservar sus márgenes y aumentar su capacidad de producción, las grandes fábricas marroquíes subcontratan parte de sus pedidos a unidades instaladas en las bodegas de Tánger. «Las bodegas son sólo el eslabón más débil en un sistema administrado por el lobby de los propietarios de fábricas marroquíes. ¡Ellos son los que animan a los trabajadores a crear talleres subterráneos!», denuncia Abdellah El Fergui, presidente de la Confederación Marroquí de Muy Pequeñas, Pequeñas y Medianas Empresas. En todo el país, la existencia de tales lugares es un secreto a voces. «Cada fábrica se apoya en tres o cuatro pequeños subcontratistas que, a su vez, violan las normas de seguridad, y de ahí la tragedia de la inundación», admite Ben Abdelgafur.

Así es como, desde 2010, Karima, una costurera de 52 años, se ha encontrado haciendo camisetas de marca en una bodega de la ciudad. Un trabajo agotador: nueve horas al día, cinco días a la semana, por 200 euros al mes. «Yo ya tengo mis años, me duele la espalda y ya no veo muy bien. Así que mi salario ha disminuido», dice esta mujer originaria de un pueblo en el Alto Atlas. Como miles de compatriotas del mundo rural, Karima llegó a Tánger con su familia en 2005, en busca de empleo. Mientras trabaja, su marido, que sufrió un derrame cerebral hace unos años, permanece postrado en cama. «El día que enfermó, me di cuenta de que no teníamos protección social», afirma. Este doloroso recuerdo hace que las lágrimas aparezcan en sus ojos. «Sé que estamos en peligro: polvo, enfermedades crónicas, accidentes, a veces… Mi primo perdió la mano, arrancada por una máquina, porque no proporcionan los guantes protectores. Pero, al menos, tenemos un trabajo», dice. En 2018, el país había registrado 50 mil accidentes laborales que causaron 756 muertes, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Resta saber cómo estas bodegas logran escapar de la visión de los patrocinadores, las marcas de renombre internacional. La explicación de un gerente de fábrica en Casablanca: «Estas marcas hacen auditorías para controlar la responsabilidad social de las empresas con las que tratan, pero no la fase de producción. ¡Ahí está el defecto! Las marcas se quedan con la conciencia tranquila en Europa, mientras aquí cierran los ojos».

AMORTIGUADOR SOCIAL

La mayoría de los patronos marroquíes de la industria textil se niegan a hablar. «Las marcas ejercen una presión tarifaria tal que es imposible ser competitivo sin bodegas –murmura un exactor importante del sector–, nos dan su precio y si nos negamos, van a otro lugar, a Turquía o Etiopía». Por parte de la Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITC), se utiliza un lenguaje evasivo. «Nunca hemos oído hablar de este tipo de subcontratación», se contenta con declarar su presidente, Mohammed Bubuh.

Rodolphe Pedro, propietario en Casablanca de una planta ecológica de lavado y teñido preocupada por combatir las prácticas ilegales, considera esencial cambiar las mentalidades: «Marruecos tiene un verdadero saber hacer y una proximidad geográfica ventajosa, pero depende de nuestras políticas, incluidas las de la AMITC, ponerlas en valor. Si tuviéramos una política fuerte que nos permitiera vender las bazas que tiene Marruecos, las marcas ya no podrían imponer precios tan bajos».

En Tánger, una activista feminista libra una guerra contra los talleres subterráneos: Suad Shentuf. Miembro de la asociación Actuemos con las Mujeres, se dirige a las autoridades locales, al Ministerio de Trabajo, al Estado, a la AMITC, a las marcas, a los propietarios de fábricas… En su opinión, todos deben «responder por sus acciones y sus negligencias». Una semana después de la tragedia, intentó organizar una sentada de protesta, pero las autoridades le pidieron que la pospusiera. «Tienen miedo de las repercusiones», analiza.

Si las autoridades públicas han tolerado esta economía sumergida durante tanto tiempo, también es porque constituye un importante amortiguador social. Cerrar las bodegas sería dejar a miles de personas sin trabajo. El representante tangerino Ettalhi suspira: «Si todos los lugares no reglamentarios de Tánger fueran destruidos, el 60 por ciento de la ciudad estaría por los suelos. No tenemos los medios para combatir este fenómeno estructural». Cada semana, por tanto, las trabajadoras continúan presentándose ante la puerta del sótano. Al día siguiente de la inundación del 8 de febrero, Lamia regresó a trabajar a su bodega. Es peligroso, ella es consciente de ello, pero no tenía otra opción.

Por Ghalia Kadiri
5 marzo, 2021

(Publicado originalmente en Le Monde bajo el título «“La plupart du temps, le chef de salle nous enferme à clé”: plongée dans le Tanger clandestin du textile». Brecha publica con base en una traducción de Faustino Eguberri para Correspondencia de Prensa).

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Con una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia.   ________________________________________ Imagen: AFP

Récord de muertos por coronavirus y más de 10 millones de contagios

 

Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.

El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.

"Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores", señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del Ministerio de Salud. Se trata de un "escenario alarmante" con un aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves (SRAG) y una ocupación de más del 80 por ciento de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 19 de los 27 estados brasileños, explicó la institución.

En los últimos siete días el promedio ha sido de 1.331 decesos diarios, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola. El número de víctimas demuestra que las restricciones a la circulación ordenadas en recientes semanas por alcaldes y gobernadores -y criticadas por el presidente Jair Bolsonaro- han sido insuficientes para frenar la pandemia.

El preocupante repunte resulta, según los expertos, de la falta de distanciamiento social durante las fiestas de fin de año y de las aglomeraciones del verano austral y el Carnaval, pese a que estas últimas estaban formalmente prohibidas. Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.

"La punta del iceberg" 

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el covid, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis. "Esta emergencia no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown", dijo la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.

Este jueves, Río de Janeiro reimpuso restricciones en bares, restaurantes y playas a partir del viernes para, según su alcalde Eduardo Paes, "evitar que se repita el genocidio" de 2020 en la capital carioca. El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la "fase roja" de restricciones, que permite el funcionamiento de servicios de salud, alimentación, transportes públicos y escuelas, pero prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.

En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos. Incluso los estados más ricos y con más infraestructura como Paraná y Santa Catarina (sur) están en "alerta crítica" de ocupación de camas UCI. Fiocruz advirtió sin embargo que el escenario actual "representa solo la punta del iceberg de un nivel de transmisión intensa" del coronavirus.

Autogestión 

La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. Los secretarios de Salud de los estados pidieron el lunes implementar un toque de queda nocturno a nivel nacional y un "lockdown" en las zonas más críticas.

Pero esa postura choca con la de Bolsonaro, quien promueve aglomeraciones con sus seguidores, cuestiona el uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas y critica a las autoridades que aplican medidas de aislamiento social por su impacto económico. Ahora, el país enfrenta simultáneamente una agravación de la pandemia y una nueva y fuerte ralentización de su economía.

El mandatario ultraderechista, con la mirada puesta en las elecciones de 2022, afirmó la semana pasada que los gobernadores que decreten cierres de actividades "deberán pagar" con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. "Esa discordancia entre lo federal y lo estatal ha sido uno de los grandes problemas, con mucha politización del tema, y sin duda eso convirtió al país en uno de los peores lugares de gestión de la pandemia", dijo Ballalai.

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:41

Poco a poco Brasil se va aislando del mundo

Poco a poco Brasil se va aislando del mundo

Crece la desconfianza internacional por el manejo de la pandemia de Bolsonaro

La OMS tomó nota de la forma agresiva con que el virus se disemina en Brasil frente a la indiferencia del capitán retirado Bolsonaro y de Eduardo Pazuello, su ministro de Salud.

 

Trascendió que Jair Bolsonaro ganó el apodo de "loco" en los mentideros diplomáticos de la ONU, donde están espantados frente a sus medidas y declaraciones respecto del Covid-19. La noticia de este martes fue la publicación de un decreto presidencial vetando la urgencia para la aprobación de vacunas con lo cual, de hecho, obstruyó el camino del inmunizante ruso Sputnik V, sobre el cual están interesadas una decena de provincias. El mandatario libra una guerra con los gobernadores urgidos por comprar fármacos a fin de remediar la lenta vacunación del gobierno nacional.

Los números brasileños son analizados con lupa en algunos despachos de la ONU en Ginebra, Suiza. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde no se descarta que Brasil, que actualmente es el segundo país del mundo en la lista de fallecimientos y el tercero en la de infectados ascienda a lo alto del podio, termine desplazando a Estados Unidos, que lidera los dos rankings globales.

La OMS tomó nota de la forma agresiva con que el virus se disemina en Brasil frente a la indiferencia del capitán retirado Bolsonaro y de Eduardo Pazuello, su ministro de Salud, que en vez de respetar los protocolos internacionales, optó por seguir a pies juntillas asneras de su jefe.

Así el general en acitividad Pazuello ordenó que sean distribuidos miles de kits con hidroxicloroquina en los puestos de salud pública de varios estados a pesar de que la OMS informó que el fármaco no sólo es ineficaz contra el coronavirus sino que puede causar efectos colaterales graves. Bolsonaro afirmó que el titular de la OMS, Tedros Adhanom, no tiene autoridad para hablar de la pandemia.

Bolsonaro llegó a ofrecer hidroxicloroquina a una avestruz que retozaba en el parque de la residencia oficial y se pone de mal humor cuando algún ministro se presenta con barbijo a las reuniones en el Palacio del Planalto. Periodistas que frecuentan el palacio presidencial cuentan que suelen ser objeto de ironías cuando llevan las mascarillas que son detestadas por el jefe de Estado, quien la semana pasada afirmó que éstas causan "efectos colaterales".

COMPARACIÓN

La comparación entre la situación sanitaria en Brasil y EEUU fue uno de los temas tratados por expertos de la OMS durante una reunión a puertas cerradas realizada en los últimos días, reportó hoy la corresponsalía en Suiza del sitio UOL, vinculado al diario Folha de San Pablo.

EEUU tiene unos 28 millones infectados y 514 mil muertos contra 10,5 millones de contaminados y 255 mil defunciones registrados en Brasil. A partir de esos números los especialistas analizaron la evolución de la dolencia en cada país antes de dejar trascender la hipótesis de que los sudamericanos podrían convertirse en los peores del mundo dentro de algunos meses.

Veamos las curvas estudiadas por la OMS : en diciembre EEUU mostraba 18.000 muertes semanales y Brasil contabilizaba 5.200 , pero la semana pasada EEUU bajó a 14 mil fallecimientos cada siete días y Brasil subió 8.200. Y los datos de la semana pasada están en armonía con un constante crecimiento, ya que lleva e 40 días consecutivos con alza de promedio de víctimas fatales. De esa comparación surge que los norteamericanos cayeron un 20 % y los brasileños subieron más del 50  por ciento en dos meses.

A la vez en diciembre EEUU registró 1,6 millones de nuevos infectados cada semana y Brasil 326 mil, mientras tanto la semana pasada hubo 471 mil contaminados estadounidenses y 378 mil brasileños. Nuevamente una baja pronunciada en el país del norte y un alza fuerte en el gigante latinoamericano.

Otro elemento visto con atención por la OMS y diplomáticos de varios países es el lento ritmo de vacunación brasileña, donde fueron inmunizadas unos 7 millones de personas mientras en EEUU lo hicieron cerca de 50 millones. A lo anterior se agrega que tanto en la OMS como en otros organismos multilaterales tienen reservas sobre las informaciones oficiales y los controles para impedir la circulación del virus dentro y fuera de las fronteras brasileñas.

A pesar de que varios países europeos bloquearon los vuelos brasileños la cepa surgida en la Amazonia penetró en el Reino Unido a través de pasajeros llegados desde San Pablo tras hacer escala en Suiza." La desconfianza con Brasil va a aumentar", comentó una fuente británica, que mantuvo su identidad preservada ante la consulta de UOLLo que el portal no precisó es si Bolsonaro es tenido como un "loco" en la OMS o en otra agencia de la ONU, ya que las denuncias contra él también llegan a menudo al Consejo de Derechos Humanos. Este lunes un representante de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil dijo ante el Consejo que los pueblos originarios están entre las principales víctimas del coronavirus y acusó a Bolsonaro de llevar una "política de exterminio" contra esas comunidades.

"BRASIL AISLADO DEL MUNDO"

Ante el agravamiento de la pandemia la entidad que nuclea a los ministros de Salud de los 27 gobiernos estaduales brasileños solicitó al Planalto que implemente un "lockdown" en las provincias donde se haya superado el 85 por ciento de ocupación de las salas de terapia intensiva.

Sin embargo el presidente afirmó el lunes que el aislamiento es una medida inadecuada para combatir el Covid-19 y aseguró que hubo un aumento de suicidios debido a los confinamientos decretados en algunos estados. Lo dijo sin citar fuentes o estudios científicos, los que tampoco había mencionado la semana pasada cuando habló de las contraindicaciones del tapabocas.

Para la profesora brasileña Marcia Castro, titular del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, tiende a crecer el número de países que establecen barreras a los vuelos procedentes Brasil, que se ha convertido en una suerte de ogro mundial. "De aquí a poco tiempo nadie va a querer recibir a alquien venido de Brasil," pronosticó

Castro mencionó que la variante amazónica, o cepa P1. comenzó a diseminarse en varias provincias brasileñas y fue exportada a otros paises debido a que Bolsonaro y Pazuello no impusieron restricciones a la circulación de personas entre las provincias y boicotearon los lockdowns.

"Podemos tener una situación como la de Manaos replicada en el resto Brasil", alertó Castro y citó que la variante P1 ya causó estragos en la ciudad de Araraquara, en el interior del estado de San Pablo, el más importante y populoso, cuyo gobernador Joao Doria, dijo ayer que evalúa la posibilidad de declarar un lockdown severo.

Ante las críticas lanzadas por la OMS, gobernadores y científicos, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, echó mano de un argumento casi religioso. Junto a la estatua del Cristo Redentor, en Rio de Janeiro, el congresista de ultraderecha dijo, " cerrar una ciudad, cerrar un estado es una medida dictatorial, es cerrar las iglesias donde las personas buscan fe, el lockdown causa deseperación a las familias".


También posee "un poder duplicado de contagio"

Un estudio reveló que la variante amazónica tiene una fuerte capacidad de reinfección

La variante de Covid-19 detectada en Manaos tiene la capacidad de eludir el sistema inmunológico y es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron. Ya se encuentra en casi todo Brasil.

Un estudio realizado por las universidades de San Pablo (USP) y Oxford reveló que la variante del coronavirus detectada en el Amazonas tiene capacidad de reinfectar a quienes ya fueron víctimas de Covid-19 y posee "poder duplicado de contagio".

Este informe se suma a otro de la USP y de la Universidad de Campinas que indica la existencia de la versión de Amazonas en ocho pacientes que hicieron la prueba con la vacuna CoronaVac, la más aplicada en el país para frenar la pandemia.

La segunda ola de coronavirus en Brasil, con 1200 muertos diarios de promedio, está vinculada a la explosión y diseminación de esta variante, que según el nuevo estudio brasileño-británico, surgió en noviembre en la ciudad de Manaos, capital de Amazonas.

Investigadores del Centro Brasil-Reino Unido para el Descubrimiento, Diagnóstico, Genómica y Epidemiología de Arbovirus (Cadde) explicaron que la variante P.1. es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron.

Los científicos estimaron, además, que en una parte importante de las personas que ya están infectadas con el SARS-CoV-2 -entre el 25 por ciento y el 61 por ciento-, la nueva variante de Manaos puede eludir el sistema inmunológico y causar una nueva infección.

Manaos es la ciudad más grande de toda la región selvática sudamericana. Tiene una zona franca industrial con gran flujo de extranjeros y apenas una ruta terrestre, siendo que todo el transporte es aéreo y fluvial.

A mediados de enero colapsó por un brote inédito que provocó la falta de oxígeno y actualmente el Gobierno nacional de Jair Bolsonaro es investigado en la Corte Suprema porque supuestamente el Ministerio de Salud hizo caso omiso a los alertas de las autoridades sanitarias de Amazonas.

“En solo siete semanas, P.1. se convirtió en la cepa más prevalente de SARS-CoV-2 en la región", expresó la Fundación de Ayuda a la Pesquisa del estado de San Pablo.

El grupo de investigación del Cadde fue coordinado por Esther Sabino, de la Universidad de Sao Paulo, y Nuno Faria, de la Universidad de Oxford, de Reino Unido, teniendo como base el análisis genómico de 184 muestras de secreción nasofaríngea de pacientes diagnosticados de Covid- 19 en un laboratorio de Manaos entre noviembre de 2020 y enero de 2021.

“El mensaje que envían los datos es: incluso aquellos que han tenido Covid-19 deben seguir siendo cautelosos. La nueva cepa es más transmisible y puede infectar incluso a quienes ya tienen anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Esto es lo que pasó en Manaos. La mayoría de la población ya tenía inmunidad e incluso entonces hubo una gran epidemia ”, explicó Sabino.

La variante del Amazonas, sostuvo el comunicado, tuvo un período de rápida evolución molecular y se desconocen las razones. “Rápidamente han aparecido varias mutaciones que facilitan la transmisión del virus, algo inusual”, afirmó la científica.

Ya a fines de enero, otro estudio de investigadores del laboratorio estatal brasileño Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) había indicado que en individuos infectados con P.1. la carga viral en el cuerpo puede ser hasta diez veces mayor.

Una de las claves del estudio de la Universidad de Sao Paulo y Oxford conocido este martes es la diseminación de la nueva cepa al resto de Brasil: se han contabilizado que viajaron desde Manaos hacia regiones del país 92.000 personas, un tercio a San Pablo, la mayor ciudad del país y principal centro económico internacional del territorio.

En paralelo, se conoció otro estudio que aún debe ser revisado por pares científicos y que hace referencia a la vacuna china CoronaVac que aplica Brasil junto con la de AstraZeneca.

"Los resultados sugieren que la P1 puede escapar de anticuerpos neutralizantes inducidos por una vacuna de virus inactivo" como la CoronaVac, sostuvo el estudio, repudiado por conocidos infectólogos en las redes sociales por tratarse de una mínima muestra pero que tuvo impacto al ser publicado por el diario O Estado de Sao Paulo.

Este trabajo fue divulgado en la página pre-prints (antes de revisión) del portal The Lancet por científicos de la USP y de la UNICAMP, y se basa en apenas ocho casos.

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En 2014 fueron encontrados una escápula muy completa, algunos huesos de las patas traseras, una parte del fémur y lo que sería el peroné del animal. Foto Conicet

Ninjatitan zapatai, de 20 metros de longitud, vivió hace 140 millones de años // Importante aporte para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurópodos

 

Científicos argentinos dieron a conocer el hallazgo de un titanosaurio que vivió hace 140 millones de años, el que sería el de mayor antigüedad encontrado y evidencia de que estos gigantescos dinosaurios se originaron a comienzos del periodo Cretácico.

Se trata de la especie Ninjatitan zapatai, de 20 metros de longitud, encontrada en 2014 en la formación Bajada Colorada, en la provincia de Neuquén, al sudoeste de Argentina, reportó la Agencia de Divulgación Científica de la Universidad de La Matanza (Unlam).

"La mayor importancia de este fósil, más allá de que es una nueva especie de titanosaurio, es que se trata del registro más antiguo a nivel mundial para este grupo", afirmó Pablo Gallina, investigador de la Fundación Azara de la Universidad Maimónides y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), según la nota.

Los titanosaurios eran un subgrupo de saurópodos, gigantescos dinosaurios herbívoros de largos cuellos y cola, y posiblemente los animales más grandes que hayan caminado sobre la Tierra.

Hasta ahora sólo se conocían titanosaurios con una antigüedad de hasta 120 millones de años.

Pero este descubrimiento los ubica a comienzos del Cretácico, el periodo que empezó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones.

 

Escasos, los registros fósiles del Cretásico

 

"Este hallazgo es muy importante también para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurópodos, porque los registros fosilíferos de comienzos del Cretácico, hace unos 140 millones de años, son realmente muy escasos en el mundo", explicó Gallina, autor principal del estudio publicado el domingo en la revista argentina Ameghiniana.

En 2014, el técnico Jonatan Aroca encontró una escápula muy completa y en la siguiente campaña, aparecieron tres vértebras y algunos huesos de las patas traseras, una parte del fémur y lo que sería el peroné del titanosaurio.

“A priori, por la antigüedad de este material de 140 millones de años, se podía suponer que se trataba de una forma previa al origen de los titanosaurios, porque en la Patagonia sólo de conocían titanosaurios de menos de 120 millones de años”, explicó José Luis Carballido, investigador del Museo Egidio Feruglio y del Conicet que se dedicó al análisis de las relaciones filogenéticas del animal.

El estudio reveló que "formaba parte de la familia de los titanosaurios. No sólo representa a la especie más antigua, sino nos permite conocer mucho más sobre el origen de este grupo", destacó PabloGallina.

Este titanosaurio fue bautizado Ninjatitan zapatai en reconocimiento al investigador argentino Sebastián Apesteguía, apodado El Ninja, quien impulsó en 2010 la primera campaña en el yacimiento de Bajada Colorada, y al técnico Rogelio Zapata, quien participó ese año de los trabajos de campo.

Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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La matanza de 79 presos en Ecuador expone el fracaso de Lenin Moreno en materia de seguridad

El motín más sangriento de la historia se desencadenó en cuatro penales hacinados

 

Los sangrientos motines del martes en cuatro cárceles de Ecuador dejaron hasta el momento un saldo de 79 presos muertos y escenas de un espanto pocas veces visto. También pusieron de manifiesto la errática gestión del presidente Lenin Moreno en materia de seguridad. Si bien las autoridades salieron rápidamente a declarar que la masacre se debió a un enfrentamiento feroz entre bandas que se disputaban el control de los pabellones, el supuesto hecho desencadenante (el asesinato de un exconvicto) tuvo lugar en diciembre pasado. ¿Fue una tragedia anunciada?

"En 2019 Ecuador ya padeció una situación parecida a la actual, me refiero a la toma de justicia por mano propia por parte de las personas privadas de libertad. La única respuesta de Lenin Moreno fue la militarizacion y policialización de las cárceles. Eso sin duda no funcionó porque se repitieron las mismas catástrofes en 2020 y 2021", aseguró Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.

Del total de víctimas fatales, 31 se registraron en la cárcel nº 4 de Guayas y 6 en la nº1, ambas ubicadas en Guayaquil. En tanto, 34 personas murieron en el penal Azuay de Cuenca y las 8 restantes en el Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. Estos recintos concentran el 70 por ciento de la población intramuros. El país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes. Varias políticas desarrolladas durante el gobierno de Rafael Correa fueron desmanteladas por Moreno como parte de su "plan de austeridad" para congraciarse con el FMI.

La mayor masacre en la historia del país llegó en medio de una frenética carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Mientras Lenin Moreno sugirió que el correísmo podía estar detrás de los desmanes, el candidato de UNES, Andrés Arauz, fulminó al presidente asegurando que el país "no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones". Por último, el banquero Guillermo Lasso manifestó su "total respaldo" al cuerpo policial.

Sistema desmantelado

Decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde la mañana del miércoles frente a la cárcel nº 4 y la morgue de Guayaquil para pedir los restos de los reclusos que murieron en los enfrentamientos. Al igual que en la capital ecuatoriana, militares y policías seguían apostados en el resto de las cárceles para prevenir nuevos motines. 

El candidato con más votos en la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, responsabilizó a Lenin Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte" y recordó que durante el gobierno de Rafael Correa existía un comité que se reunía cada semana para analizar la situación carcelaria. "Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía", manifestó el joven economista. 

"El gobierno de Moreno es neoliberal y ha actuado en consecuencia. El desmantelamiento del Estado ha sido muy fuerte en el área específica de seguridad, así que el problema va más allá de la desaparición de los Comités de Seguridad Ciudadana", advirtió a este diario Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ramos enumeró la desaparición del ministerio de Justicia o el de Interior, por lo que en suma "se desmanteló toda la institucionalidad que se estaba creando para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios".

La versión oficial

En conferencia de prensa desde Quito, el director de cárceles Edmundo Moncayo atribuyó los motines a riñas entre, al menos, dos bandas criminales que se disputan el poder. La situación obedecería al vacío que se generó tras el asesinato en diciembre pasado de un detenido que había sido liberado, José Luis Zambrano, alias "Rasquiña" y presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Choneros".

"La versión del gobierno es una cortina de humo. No se puede negar que en las cárceles de todo el mundo hay peleas entre bandas, pero eso no necesariamente lleva a una barbarie de esta magnitud", expresó Ramos, experto en temas de seguridad. En la misma línea, la Alianza por los Derechos Humanos consideró que "atribuir la violencia exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas", entre las que destacan "el punitivismo del Estado y la criminalización del empobrecimiento".

Con motosierras y otras herramientas los presos del Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, abrieron el martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de 30 detenidos. Las mismas escenas se vieron en otros tres penales. La información oficial tardó en llegar y arrojó cifras dispares, pero fluyó a través de videos e imagenes que se viralizaron rápidamente. 

El registro de esas filmaciones de celulares eran dignas del mejor cine de terror: se podían apreciar cadáveres de reclusos e incluso algunos cuerpos desmembrados. "¿Cómo puede ingresar una motosierra a una cárcel? Esto habla de la descomposición y el fracaso del sistema carcelario", sostuvo Paladines al respecto. 

La historia se repite

Los motines en las prisiones de Ecuador no son un fenómeno novedoso. En agosto pasado el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante lo que definió como un "caos" generado por "mafias" en el interior de los centros penitenciarios. 

El tres de agosto se reportaron nueve fallecidos, dos de ellos incinerados, seis policías con lesiones y otros 20 presos heridos por un ajuste de cuentas entre bandas de la cárcel de Guayaquil. En diciembre, varios amotinamientos en penales ecuatorianos atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron un saldo de 11 presos muertos y otros siete heridos.

"Para variar, como ha sido el discurso de estos cuatro años, Moreno responsabiliza por estos hechos a Correa y al correísmo. Es increíble. Estamos frente un caso de cinismo patológico inconmensurable", explicó Ramos. 

Pensando en las soluciones a futuro, Paladines cree que no es tan cierto que en Ecuador haya que recobrar la autoridad carcelaria, "porque la policía ya administra las cárceles". Para el jurista ecuatoriano lo que existe en realidad es una falla estructural en el sistema: "Debemos emprender una sagaz reforma. La policía ecuatoriana está excedida de atribuciones".

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En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

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Vista de la cárcel del El Turi este martes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador).ROBERT PUGLLA / EFE

El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". El presidente Lenin Moreno fue más allá al acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar una sola evidencia.

 

Al menos 67 presos murieron este martes en un serie de motines desatados en tres cárceles del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". Cuando aún las fuerzas de seguridad no habían recuperado el control total de los penales de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, el presidente Lenin Moreno salió a acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar evidencias, en medio de una carrera presidencial caliente que tendrá una segunda vuelta el 11 de abril

"Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales", fue la contundente respuesta del expresidente Rafael Correa. Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, le exigió a Moreno que "se responsabilice y precautele la vida de policías, personas privadas de su libertad y de todos los ciudadanos".

Al cierre de esta edición unos 1.500 efectivos permanecían desplegados en distintos puntos de la capital ecuatoriana para controlar posibles desmanes, según destacó el diario El Comercio. La fuerza de seguridad dijo que "se encuentra gestionando el control" de las cárceles, mientras militares custodian los exteriores de cada centro pentitenciario. En algunas fotos que la Policía y la Fiscalía hicieron circular se ven decenas de machetes, cuchillos, pistolas y celulares en las celdas de presos del penal de Guayaquil.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías. Moncayo explicó en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38 mil encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales estarían algunas de las responsables de los motines de este martes.

Siempre según el relato oficial, una de estas organizaciones criminales se habría adelantado a los intentos de una de las bandas rivales en sus planes de atentar contra ellos golpeando primero, lo que habría desencadenado una reacción en cadena en varios centros penitenciarios.

En su habitual programa "De frente con el Presidente", Lenin Moreno volvió a la idea de que las revueltas tuvieron en "una pelea de mafias organizadas". El mandatario fue más allá y advirtió que le parecía "raro" que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

"En octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos", sostuvo el mandatario sin ninguna prueba.

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, manifestó que "nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario". En otro de sus tuits exclamó: "¡Pronto terminará esta pesadilla!". Muy distinta fue la reacción de su rival en segunda vuelta, el banquero Guillermo Lasso, quien se limitó a expresar su "total respaldo" a la policía de Ecuador "ante la nueva crisis que se está sufriendo en la cárceles del país".

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:47

Si me vacuno, ¿me salvo?

Si me vacuno, ¿me salvo?

En las estadísticas secretas o encubiertas de la pandemia, tampoco se lleva registro de la cantidad de personas insultadas, relegadas o incluso amenazadas por la actitud escandalizante, para aquellos presas del miedo, de rechazar toda intención de vacunarse, tengan la edad que tengan y la actividad que lleven a cabo. Su franqueza o su escrupuloso sentido de la verdad les impide responder con un simple "ya me inscribí" o "ya me vacuné", pero es aconsejable recurrir a este tipo de respuestas para tranquilidad de unos y otros.

Comprobado cada día que en el supuesto combate a la pandemia de Covid-19 han sido peores, mucho peores, los remedios aplicados que la enfermedad, al haber semiparalizado a la mayoría de las personas y alterado la vida en el planeta para salvarnos de morir, al menos a causa de ese virus. Al día de hoy se calculan 2 millones 500 mil fallecidos en un mundo con 7 mil 700 millones de seres humanos, y en México ha habido poco más de 180 mil muertos en una población total de 128 millones, siempre con registros relativamente confiables, ya que al satanizado virus se atribuyen fallecimientos que nada tienen que ver con éste.

Esas cifras evidencian que la sociedad enfrenta, hace casi un año, una pandemia económica-político-mediática antes que una enfermedad infecciosa letal a escala mundial. Otros datos confirmadores de la sobredimensionada pandemia se dan en Estados Unidos, donde desde 2017 la tasa de mortandad ha sido constante, al registrar unos 234 mil fallecimientos mensuales. Si en 2020 murieron 236 mil cada mes, la pandemia cobró 2 mil decesos mensuales por Covid-19; sin embargo, se indujo un severo trastorno en todo el planeta. Antes de la pandemia y con un añejo sistema de salud insuficiente, a casi nadie le importaba el número de muertos por enfermedades de elevada incidencia como diabetes, cardiovasculares, hipertensión, obesidad y cáncer y menos se tomaban precauciones, pero desde hace un año demasiados debemos quedarnos en casa y preocuparnos a diario de cuántos mueren por Covid.

Al vacunarse, las personas, adultos mayores o no, muy probablemente disminuyan miedos, estrés y depresión, lo que ayudará a fortalecer su sistema inmunológico y los riesgos de contagio. La mala noticia es que aún no se ha inventado la vacuna que nos salve de morir cuando La Puntual decida aparecérsenos, por lo que esperanza y cura siguen siendo relativas.

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