Lunes, 26 Enero 2009 18:31

Cartas van, cartas vienen

La oferta de liberar sin condiciones a seis secuestrados y el intercambio de cartas entre las Farc y un grupo de intelectuales abren una luz hacia la humanización del conflicto y hacia la solución negociada.

Han transcurrido casi cuarenta días durante los cuales los familiares de Alán Jara y Sigifredo López han contado los días con sus noches. La tensión vivida durante años se les habrá convertido ahora en insoportable sufrimiento. A todos los familiares de las personas clasificadas como canjeables les rondará como fiera en acecho la pregunta: ¿habrá sido escogido mi hijo, mi padre, mi hermano, mi marido? ¿Será él el soldado? ¿Estará entre los tres policías seleccionados? ¡Que los liberen ya! es el clamor de la gran mayoría de los colombianos.

El problema de la dilación de un proceso como el que actualmente está en curso consiste en que,  en la medida en  que aumenta su duración,  se dificulta la solución. Según parece el obstáculo que representaba el acompañamiento internacional se ha allanado por la aceptación del gobierno brasileño de actuar como soporte de la logística que demandan las liberaciones. ¿Era imprescindible que transcurriera tanto tiempo para  aceptar una participación de este tipo?  El sufrimiento de las familias, las dificultades técnicas, las cerreras intransigencias y los peligros crecientes hacen patentes la necesidad y la urgencia de convenir el Intercambio Humanitario que resuelva de manera integral el tema de todos los secuestrados. Las liberaciones con cuenta gotas trazan un camino tortuoso y de perspectiva incierta.

El intercambio epistolar

A la decisión de la nueva edición de liberación unilateral llegaron las FARC-EP en virtud del intercambio epistolar iniciado por un grupo de colombianos y colombianas  que han decidido invertir sus esfuerzos en la búsqueda de la paz.  La ocurrencia partió de un diagnóstico elemental: en el curso de los últimos dos años las Farc han recibido golpes militares contundentes, pero no han sido definitivamente derrotadas.

La evolución de los códigos que desde la perspectiva oficial se han usado para designar momentos de la ofensiva de las fuerzas Armadas contra la guerrilla refleja los cambios de percepción. El general Padilla de León habló del  fín del fín (El Espectador, 16 de septiembre de 2007) y el politólogo Eduardo Pizarro declaró por el mismo tiempo que se había entrado en la etapa de posconflicto (Revista Semana, 27 de septiembre de 2007). Pero en los días que corren el Presidente Uribe señaló que  la culebra sigue viva.

Y en todo caso la idea según la cual una guerra irregular no es susceptible de culminar puntualmente en una fecha y una batalla en un campo dado, recomienda el camino de buscar la superación del conflicto por los caminos de la política.

La primera carta, del 11 de septiembre de 2008, abrió el camino para tomar a las Farc como interlocutoras de un intercambio epistolar. Ello implicó pasar del lenguaje de la conminación, el apremio y la exigencia perentoria, al de la interlocución inducida desde una posición de irreductible independencia. Mes y medio después vino la respuesta de las Farc en una breve misiva donde declararon iniciado el intercambio epistolar. Entonces a la senadora Piedad Córdoba y a los demás firmantes   se les administraron por parte de funcionarios de la Seguridad Democrática y de sus intelectuales orgánicos, una serie de calificativos: desde idiotas útiles, pasando por ingenuos, hasta cómplices.

Pero a los computadores en las "Montañas de Colombia" entró la segunda carta fechada el 27 de noviembre de 2008 en la que se incluyeron consideraciones sobre el tema que por fin había llegado después de años a los medios de comunicación: la monstruosidad de los "falsos positivos". Se afirmó en la misiva que forzosamente el mantenimiento de la guerra como se libra en Colombia implica el incesante incremento de su descomposición. Se reiteró el propósito de luchar por la instauración de "…un Estado moderno que permita alcanzar condiciones dignas para la vida en comunidad". A quemarropa se le puso en las manos al Estado Mayor de las Farc la siguiente formulación: "De manera cordial pero sin rodeos nos permitimos preguntarles si están dispuestos a abandonar de manera definitiva la práctica del secuestro". La importancia del interrogante en si mismo es obvia, pero también era la manera de expresar la convicción de que el intercambio de cartas no podría limitarse a la circulación de diagnósticos que por el nivel de generalidad pudieran ser, sin perturbación, aceptados por las Farc, pero que evadieran el análisis del papel de la Insurgencia como actor político y militar. Los firmantes de la carta tomaban distancia de la condición de -la expresión fue acuñada por el estalinismo-  compañeros de ruta.

Vino entonces la segunda carta de las Farc a los "Colombianos y Colombianas  por  la Paz". El anuncio de las liberaciones, como es natural, capturó la atención de los medios. El documento contiene una serie de elementos que demandan análisis y que exigen respuesta que hasta ahora no se ha dado por parte de los destinatarios. Tal el caso de la distinción de manejo conceptual y político entre los "retenidos" (secuestrados)  los "prisioneros de guerra" (soldados y policías) los "retenidos políticos" y  las "personas retenidas con objetivos económicos" (secuestro extorsivo). En este último caso las Farc esgrimen la justificación inaceptable del secuestro como  un ejercicio fiscal, mediante la atribución para sí mismas de una función del Estado.

En la misma carta las Farc ponen una vez más sobre la mesa los temas del Canje, proponiendo de forma no realista la aprobación en el Congreso de "una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje", al tiempo que reiteran el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Proponen "un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social". A la carta anexan un Manifiesto y la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

Se abre una ventana

Uno de los objetivos de los firmantes de la carta  inicial - el de abrir el espacio de discusión política con las Farc - se ha alcanzado. Ello, como es natural, no implica que se acepten las propuestas más allá de su condición de insumos para alimentar el debate que no puede vetar ni temas ni estilos de argumentación. Desde luego no tenían base alguna las declaraciones del Comisionado de Paz cuando, al referirse al intercambio epistolar, señalaba que "Las Farc llaman a diálogos clandestinos". El anuncio de las liberaciones debe  tomarse como un signo positivo de respuesta de las Farc  a la pregunta planteada por los Colombianos y Colombianas por la Paz sobre el secuestro; sin embargo el interrogante se mantiene en pie.

Arriba se hizo referencia a las reacciones del mundo oficial u oficioso de la Seguridad Democrática al intercambio epistolar en sus comienzos. Luego del anuncio de las liberaciones se desplegó un concierto de declaraciones. El Presidente Uribe recordó que ya desde el 6 de diciembre de 2008  había advertido que las Farc estaban tramando "una celada", una nueva liberación humanitaria a través de una dirigente política. Subió luego el tono y habló de "….la trampa que nos quieren tender las Farc"  y señaló que la única opción que admite el gobierno "….es que los combatientes  denuncien la ubicación de los cautivos y se acojan  a un plan de recompensas y beneficios jurídicos". Por su parte José Obdulio Gaviria señaló enfático: "Hay un gran engaño, una gran trampa en ese intercambio epistolar". Dejó luego caer el Consejero una gota  de paternal disculpa: "Hay gente de buena voluntad que ingenuamente  se presta para eso". Y terminó en su estilo: "Hay que tener mucho cuidado, particularmente los colombianos que estamos en la lucha contra el terrorismo, de no permitir su reencauche mediante ese tipo de argucias"- argucias de los "caguaneros", por supuesto.

Alambrada de garantías

Es cierto que a partir del 22 de diciembre el Presidente Uribe autorizó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en las liberaciones y abrió la puerta del Vaticano. Esto último debió haber sido consultado previamente, lo cual no se hizo. Tal omisión irritó a la diplomacia vaticana, una de las más quisquillosas del mundo. También el Presidente aceptó a Piedad Córdoba para el cumplimiento de la función que las Farc le habían encomendado de recibir a los liberados.

El control de la retórica encendida y las autorizaciones dadas muestran que el gobierno percibe que el apoyo unilateral a la guerra no está en alza en la opinión nacional. En esa dirección  ha jugado también de manera positiva la actitud serena de  Piedad Córdoba, quien en esta coyuntura se ha alejado del papel que le suelen asignar los medios,  de oradora radical y vehemente.

Parodiando a Gabriel Turbay, el Presidente Uribe y el Ministro de Defensa han rodeado al proceso de las liberaciones de una alambrada de garantías hostiles. En silencio Santos debió acariciar la idea de usar la presente liberación unilateral para una operación Jaque bis. Esa sería una poderosa plataforma de lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República.  Por ahora seis hombres avanzan penosamente hacia la libertad bordeando abismos.

La irritación que ha despertado en los medios del gobierno y del uribismo el intercambio epistolar representa una  buena muestra de cómo el régimen actual depende del mantenimiento de la centralidad de la guerra en el ambiente político y en la atmósfera emocional del país. La escalada de la guerra es funcional al proyecto de  militarización del ambiente general, de expansión de formas primarias de explotación de los trabajadores, de expropiación de colonos y campesinos,  de expansión del fundamentalismo ideológico.

Cuando se discute sobre intercambio humanitario y sobre salida política al conflicto interno se están poniendo en el debate cuestiones de fondo que van más allá de la liberación de los secuestrados por la guerrilla y de cesación del fenómeno insurgente. En tal sentido la controversia tiene un alcance político "cargado de futuro" que trasciende  reyertas partidistas estrechas y en la cual pueden y deben tomar parte además de los ciudadanos y ciudadanas  individualmente tomados, todas las corrientes políticas del país.  

Por, Medófilo Medina 
Revista virtual Razón Pública
Envío Colombia Plural-Inestco
Publicado enColombia
Miércoles, 03 Diciembre 2008 15:56

Colombia, instalada mesa de negociación salarial

El lunes primero de diciembre se instaló la mesa de negociación salarial, con participación del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Cada año, en su último mes, se repite este ejercicio de la “democracia”, que más parece de la simulación, ya que las propuestas que presentan cada año los trabajadores no son aceptadas por las contrapartes, y el Gobierno termina imponiendo, en acuerdo con los empleadores, el reajuste al salario mínimo legal que regirá para el año siguiente, en este caso, para el 2009. Esto se vaticina.

La Mesa es un espacio limitado, pues en ella no se discute ni concerta el conjunto de lo que debería ser una política salarial. Reducida en estricto al dinero, desconoce que el mundo del trabajo es algo mucho más complejo, que involucra, además, derecho a la organización sindical, salud, estabilidad, pensionados, desempleados, etcétera. Para los patrones, su mayor preocupación, además del reajuste limitado, es la productividad, por la cual ofrecen unos pequeños emolumentos.

Las centrales han tratado de abrir la discusión a estos otros aspectos, pero no lo han logrado. La correlación de fuerzas no lo permite. Los patronos y el Estado están aún a la ofensiva, pero los signos de una mejor situación de los trabajadores y de otros sectores sociales promete que las cosas irán cambiando.

Con iniciativa

Para la discusión del aumento salarial 2009, las centrales entraron con una propuesta dura: 14%. No es una exageración, es la realidad que retoma la pérdida del poder adquisivo de los trabajadores.

En efecto, se considera que el salario mínimo que se percibe a finales del 2008 ($ 461.500) es igual al que se recibía por igual trabajo en el 2005. Pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación.

Las respuesta inmediata del Gobierno, en boca de su ministro del Trabajo, es que la propuesta es inaceptable. El argumento, risible: el crecimiento económico obtenido en el 2008 es inferior en 3 o más puntos a lo proyectado, y la situación calculada para el 2009 será aún más difícil.

Decimos que este argumento es risible, pues en los años que los patrones obtuvieron buenos dividendos nunca incrementaron lo suficiente como para que en los hogares se fuera superando la precaridad con que viven, producto del menguado salario mínimo y de la política social dominante.

Es tal esta realidad, que se considera que cada año, al llegar al mes 12, el salario percibido por los obreros es igual al que le cancelaban el año inmediatamente anterior. Pero este 2008 fue peor, los 27.800 pesos del reajuse salarial aprobado (6.4%) se había esfumando para mitad de año, cuando la inflación acumulada sumaba 6.5%. Es decir, precariedad y miseria que nunca encontró en los patrones ni el Estado voluntad para quebrarla.
Ahora, ante la crisis que se anuncia se pretende que los obreros continúen cargando con el peso de las pérdidas. Como siempre, las disculpas están a flor de labios y la propaganda justifica lo que digan. Corresponde a los trabajadores hacerse sentir públicamente para que la sociedad conozca sus propuestas y determine de dónde proviene la injusticia.

Propuesta de los trabajadores


Bogotá, diciembre 3 de 2008
 
Doctor
DIEGO PALACIO BETANCOUR
Ministro de la Protección Social
Señoras y señores de la comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales
Bogotá, D.C.
 
 Señor Ministro:
 
A continuación el movimiento sindical y pensional aglutinado en el comando Nacional unitario, nos permitimos expresar las solicitudes de la clase Trabajadora  en el marco de la negociación  de la política salarial  y social para el año 2009
 
  1.    La Comisión de concertación
 
El Gobierno Nacional se compromete de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Articulo 56 de la Constitución Política, al cumplimiento de la ley 278\96 y en particular al Articulo 5 con la efectiva participación de los Ministros del Despacho y Jefe de Planeación en las sesiones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, dotándola de los recursos y la logística necesaria para el cumplimiento de su función, hacia una concertación con resultados.
 
Los empleadores y el Gobierno respetarán y promoverán el derecho de asociación, negociación colectiva y huelga, como parte integral de la democracia y por consiguiente, se comprometen a dar pleno cumplimiento a los convenios de la OIT, en especial los ratificados por Colombia, en el marco del Acuerdo Tripartito firmado en Ginebra el 1 de junio de 2006.
 
2. Cumplimiento salario mínimo
 
Gobierno y empleadores garantizarán el respeto al cumplimiento del salario mínimo para todos los trabajadores, acordando medidas coercitivas para el cumplimiento cabal de esta obligación.
 
3. Eliminación de toda forma de  intermediación laboral
 
El Gobierno Nacional en concordancia con los requerimientos de la OIT y de la Constitución Política sobre el trabajo decente, se compromete a presentar a consideración de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para su trámite en el Congreso, un proyecto de Ley  que elimine toda forma de intermediación laboral. Dicho proyecto será presentado en el primer semestre de 2009
 
4. Fortalecimiento de la inspección del trabajo
 
El Gobierno Nacional se compromete a fortalecer la inspección en el trabajo de tal forma que ejerza funciones de vigilancia y control, en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de los y las trabajadoras de todo abuso de que puedan ser objeto en especial los derechos al trabajo, de asociación y libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad social y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o condición social o política.
 
5. Defensa aportes parafiscales
 
Gobierno y Empresarios se comprometen en mantener y defender los aportes parafiscales, preservando su actual destinación.
 
6. Pensionados
 
La Comisión Nacional de Concertación se compromete a dar trámite, buscará  y requerirá solución efectiva del Gobierno Nacional, al memorando de exigencia presentado el 17 de septiembre de 2008 ante el Presidente de la República  y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.
 
El Gobierno por vía ejecutiva decretará que los trabajadores y pensionados con salarios y pensiones hasta dos salarios mínimos legales, no estarán obligados a pagar al sistema bancario por las tarjetas de débito, los servicios de manejo y uso de cajero automático en el retiro de fondo, consultas de saldos y pago de servicios públicos domiciliarios.
 
7. Servicios Públicos
 
El Gobierno Nacional establece un sistema tarifario redistributivo en los ajustes a los servicios públicos domiciliarios, sin que excedan del 50% de la inflación causada para los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, los reajustes a las tarifas de transporte público no excederán el 50% de la inflación causada.
 
Eliminar los reajustes mensuales al precio de los combustibles.  Sólo hará un reajuste anual equivalente  a la inflación causada.
 
Las tarifas de los peajes no se incrementarán por encima del 50% de la inflación causada.
 
8.   Política Agraria
 
El  gobierno propenderá por la formalización de la actividad agropecuaria a través de instrumentos de política y apoyos internos con el fin de lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones laborales, la seguridad social y los aportes parafiscales. De igual manera, se creará una mesa de concertación para tratar los problemas económicos y sociales del sector agrario.
 
9. Control costos educativos
 
El Gobierno eliminará el cobro de costos académicos en la educación pública y velará por que los costos educativos en el sector privado no superen la inflación causada.
 
El Gobierno pondrá en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la gratuidad en la educación, mejorar su calidad, aumentar la cobertura, y estimular la permanencia en las aulas de la población de bajos ingresos. De igual manera, dotará a los establecimientos educativos de todos los equipos necesarios para brindar a los alumnos una educación de calidad, como bibliotecas, salas de sistemas, laboratorios, etc.
 
10. Actualización salarial sector público
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario de los empleados públicos en 10 %, a partir del 1 de enero de 2009.
 
En desarrollo del Acuerdo Tripartito, los representantes del Gobierno, de la CUT, CGT, CTC y de las confederaciones estatales: Fenaltrase, Unete, Fenaser y Fecode, instalarán en el mes de enero de 2009, una mesa para discutir, en el marco de las leyes 411 de 1997 y 4ª de 1992, el aumento salarial que en el año 2009 se realizará para el sector público.
 
Para la discusión de los incrementos salariales del sector público del año 2010, el Gobierno Nacional presentará a la Comisión Nacional de Concertación, al mes de junio, el proyecto de incremento salarial, para que los trabajadores estatales discutan las condiciones salariales que definan dicho incremento.
 
11. Negociación Colectiva en el Sector Público
 
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 411 de 1997 que ratificó el convenio 151 de la OIT y, en consecuencia, a expedir el Decreto reglamentario sobre la materia.
 
12. Salud Pública
 
El Gobierno garantiza resolver la problemática laboral de los trabajadores de la salud, en todos sus niveles y detener el proceso de privatización de los hospitales y demás entidades del sector público, así mismo, el Gobierno se compromete a convocar la Mesa Nacional de Salud, con agenda especifica, en el marco de la Comisión Nacional de Concertación.
 
13. Comisiones sindicales
 
En desarrollo del Articulo 39 de la Constitución Política que consagra los permisos sindicales como una de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales, se acuerda que para el otorgamiento de los mismos en el sector público, se debe tener en cuenta que es competencia del nominador, mediante acto administrativo, concederlos previa solicitud de las organizaciones sindicales, en las cuales se precise, nombres completos de los representantes, finalidad del permiso y duración periódica.
 
El Gobierno Nacional aplicará los criterios anteriores en las entidades del orden nacional. En lo que tiene que ver con las entidades territoriales, expedirá una circular informativa que permita que, en uso de su autonomía administrativa, los alcaldes y los gobernadores expidan los actos administrativos, referentes a los permisos sindicales para empleados públicos del sector educativo y demás trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en la ley.
 
De ser necesario, el Gobierno Nacional coordinara una reunión con los entes territoriales para que, conjuntamente con las organizaciones sindicales, se pueda explicar el alcance de la circular y de la autonomía de los entes territoriales. Se reconoce que los permisos sindicales, respetando la individualidad de cada caso, son un instrumento importante para le desarrollo de la actividad sindical.
 
14. Madres comunitarias
 
Entre el 2009 y el 2010 el Gobierno Nacional adelantará un programa de educación básica para Madres Comunitarias, el cual hará énfasis en psicología y pedagogía infantil. En el horizonte de su profesionalización  las madres comunitarias  accederán a créditos educativos para estudios superiores, a través de los programas de crédito educativo existentes en el ICETEX.
 
Teniendo en cuenta la concertación que se adelanta con el ICBF, que las partes apoyan, empresarios y trabajadores instan al gobierno a avanzar en un proceso que permita mejorar sustancialmente la bonificación que reciben las madres comunitarias y el balance nutricional de la dieta infantil.
 
15.  Política de empleo
 
El Gobierno Nacional se compromete a implementar una política que propenda por la erradicación del trabajo informal, estimulando el trabajo decente por medio de la contratación directa sin discriminación de edad, sexo, raza o condición política o social, eliminando todas las formas de precarizacion de las relaciones laborales y protegiendo a los trabajadores y trabajadoras cabeza de familia.
 
16. Actualización salarial
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario mínimo legal en el 14 % y el subsidio de transporte en el 20%, a partir del 1 de enero de 2009.
 
 
TARSICIO MORA GODOY                                              DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente CUT                                                                    Secretario General CUT
 
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA                      WILLIAM MILLAN MONSALVE
Secretario General CGT                                                  Secretario General Adjunto CGT                     
 
 APECIDES ALVIS FERNANDEZ                                    MIGUEL MORANTES
Presidente CTC                                                                  Secretario General CTC
    
JESUS ERNESTO MENDOZA                                         ANSELMO GÓMEZ
Presidente CPC                                                                 Secretario General CPC

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