Suenan las cornetas: se acerca el bus de la paz

Gobierno y Farc anunciaron desde La Habana el acuerdo sobre el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el acuerdo sobre garantías de seguridad y protección a excombatientes, líderes y movimientos de oposición, y el acuerdo sobre la refrendación de lo pactado do en la mesa de negociación. A partir del 23 de junio se silencian los fusiles y se prepara la desmovilización de la guerrilla que será llevada a cabo en 22 Zonas Veredales y 8 campamentos cuyá ubicación será definida en los próximos días. Las Farc iniciarán la dejación de las armas en cada uno de estas zonas, proceso que se estima tomará un total de 180 días a partir de la firma del Acuerdo Final en Colombia. El cumplimiento de lo pactado será asegurado por delegación Tripartita entre Gobierno, ONU y Farc. Finalmente las partes acordaron llevar a cabo la refrendación de los acuerdos de La Habana vía plebiscito.

 

El hecho que generó todas las expectativas había sido anunciado dos días antes por una cadena radial (1): “La F.m. conoció en exclusiva que las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc tienen listo para este jueves, si no hay alguna complicación de último momento, el anuncio en el que se les contará a los colombianos que se cerró el punto del fin del conflicto. Al anuncio en Cuba asistirá el Presidente Juan Manuel Santos, por considerar que el cierre de ese punto significa el fin de la guerra en Colombia. Además, estarán los delegados de los países garantes, los negociadores de paz y no se descarta la presencia del presidente de la isla Raúl Castro”.

 

El premonitorio anuncio empezó a cuajar en la realidad cuando el miércoles 22 de junio fue anunciado en el Comunicado Conjunto #75 (2) (Ver Recuadro 1): “Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Farc–Ep informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. De la misma manera se anunció en este comunicado la presencia de otros dignatarios de la región y de representantes de organizaciones internacionales.

 

Las luces sobre los acuerdos

 

El contexto general de los tres acuerdos pactados (Ver Recuadro 2) tiene como uno de sus ejes primordiales el compromiso del Gobierno y de las Farc-Ep por construir una nueva cultura en la que queden proscritos la combinación entre las armas y la política, la intolerancia, la persecución y por el contrario primen el libre juego de las ideas y el debate civilizado. Las partes coincidieron en que nunca más pueden repetirse los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre hermanos.

El primer acuerdo, denominado “Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas”, pone punto final a las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las Farc – Ep, con ello cesan las afectaciones sobre la población y se siembran las condiciones propicias para la suscripción del Acuerdo Final mientras prepara al país y las instituciones para el proceso con que será llevada a cabo la reincorporación de las Farc a la vida civil. Mediante este acuerdo fue creado un Mecanismo de Monitoreo y Verificación conformado por la Fuerza Pública, miembros de las Farc y observadores de la ONU escogidos entre países miembros de la Celac. Tal instancia de verificación se encargará de generar reportes, dirimir controversias y presentar recomendaciones al proceso.

La guerrilla se concentrará en 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos que tendrán la misión de garantizar el cese del fuego y preparar a los guerrilleros para su reincorporación a la vida civil. Cada zona va a contar con Equipos de Monitoreo Local, vías de acceso por carreteras o por ríos, con una zona de seguridad de 1 km alrededor donde no pueden haber unidades de la Fuerza Pública ni unidades de las Farc-Ep. En cada zona de concentración podrán llevarse a cabo todo tipo de actividades educativas o de capacitación, a los miembros de las Farc se les permitirá entrar o salir de ellas vestidos de civil y desarmados.

Serán designados 10 guerrilleros para que puedan movilizarse por los municipios y departamentos donde se constituyan las Zonas Veredales o Campamentos para llevar a cabo tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. 60 guerrilleros serán los autorizados para movilizarse en el país en cumplimiento de esta misma clase de tareas. Los protocolos de seguridad implementados para garantizar la seguridad de los guerrilleros, de miembros del Equipo de Monitoreo y Verificación, delegados del Gobierno, Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso serán definidos entre el Gobierno y las Farc.

Con las armas que dejarán las Farc van a construirse tres monumentos de común acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno. Antes de que esto suceda, las armas serán sometidas a los procesos de “Control de Armamento” y “Dejación de las Armas” conformados por los procedimientos de: registro, identificación, monitoreo, verificación de la tenencia, almacenamiento, extracción y disposición final. Estos procesos inician el día mismo de la Firma del Acuerdo Final, fecha en que la guerrilla empezará a dejar un primer 30 por ciento de la total de su armamento, acto que culminará en 90 días; entre los 90 y 120 días subsecuentes será dejado otro 30% de las armas y entre los 90 y 150 días será efectuado lo respectivo con el restante 40 por ciento.

El proceso de dejación será llevado a cabo en cada Zona Veredal o Campamentos en los que serán dispuestos contenedores para guardarlas. Entre los 150 y 180 días de pactarse el acuerdo, se espera que finalice: “[...] el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública”. Ese mismo día se dan por finalizadas dichas zonas y del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, pues se sobreentiende ya ha dejado de existir en su forma armada la organización guerrillera. Antes de finalizar Gobierno y Farc solicitan: “[...] al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo”.

El segundo acuerdo fue denominado: “Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Está encaminado a brindar protección y seguridad a los habitantes del territorio nacional entre los que se encuentran: colectividades, movimientos y organizaciones sociales, de derechos humanos, a la oposición política, al movimiento político que surja en la desmovilización de las Farc y a los integrantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

Para cumplir con este propósito el Gobierno se comprometió a implementar las medidas necesarias para llevar a cabo con eficiencia acciones contra quienes tengan conductas criminales que puedan afectar el proceso de paz. Además: “[...] asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática”. Por su parte las Farc: “[...] asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales”.

Las medidas de seguridad y protección se levantan sobre cinco pilares: 1. Un Pacto político nacional para que no se utilicen las armas ni se vuelva a promover organizaciones paramilitares. 2. Creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que dirigirá el Presidente, dicha comisión se encargará diseñar y hacer seguimiento a la política pública para desmantelar organizaciones criminales. 3. Conformación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para desmantelar a sucesores del paramilitarismo. 4. Creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 5. Creación de un Programa Integral de Seguridad y Protección orientado a las comunidades y organizaciones en los territorios. Además, el acuerdo contempla el diseño y ejecución de política de sometimiento de sucesores del paramilitarismo, la activación de un grupo elite de la Policía Nacional para desarticularlas y la creación de un seguimiento de prevención y monitoreo contra las organizaciones criminales.

El tercer acuerdo denominado: “Acuerdo sobre Refrendación” acoge como fórmula de convergencia y superación de diferencias entre Gobierno y Farc las decisiones que emita la Corte Constitucional sobre el Proyecto de Ley estatutaria #156 del 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado. Esto significa que las partes se someten a la voluntad de la Corte y su providencia sobre el proyecto de Ley “por medio de la cual se regula el Plebiscito para la paz”. Esta será refrendada, entonces, mediante el plebiscito, siendo abandonadas en el camino las fórmulas que habían sido propuestas para llevar a cabo este mismo proceso a través de la integración de los acuerdos al bloque de constitucionalidad de la Constitución Política del 91.

 

El histórico evento y sus protagonistas

 

Rodolfo Benítez, Garante de Cuba, realizó la lectura de la primera parte del Comunicado Conjunto # 76 referente a la finalización del conflicto, luego procedió Dag Nylander, Garante de Noruega, quien realizó lo propio con la segunda parte.

Una vez concluida la lectura del Comunicado, los representantes del Gobierno de Colombia y de las Farc-Ep, procedieron a la firma de los acuerdos. En primer lugar firmó el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia en la mesa de negociaciones, Humberto de La Calle y el jefe de la delegación de las Farc-Ep, Iván Márquez. Luego firmaron los garantes de Cuba y Noruega. Finalmente, por parte de los países acompañantes, la presidenta Michelle Bachelet de Chile y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sobrevino un caluroso apretón de manos entre Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc-Ep Timoleón Jiménez y llegó el turno de Raúl Castro para referirse al acuerdo. Castro recordó los malos augurios de un buen sector de la opinión pública colombiana debido a los fracasos de procesos anteriores, a lo que atribuyó el hecho que la magnitud de este acontecimiento no tuviera igual ni en Colombia ni en América. Significó el logro de la paz en Colombia como una luz de esperanza para el resto del mundo víctima del flagelo de la violencia, pronunció: “La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano, y de todos los pueblos, es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida”. Asimismo reiteró el apoyo de Cuba para lo que depara la continuación del proceso y resaltó la ardua labor y el compromiso de ambas partes para alcanzar este acuerdo. Aunque recordó los asuntos que quedan pendientes, insistió en el optimismo de todos/as porque Colombia sea un país en paz.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, celebró el acontecimiento y expresó su complacencia porque Colombia alcanzara un acuerdo de tal magnitud y la puso como un ejemplo a seguir para el resto de países en guerra. Colombia valida el esfuerzo de aquellos quienes creen en la consecución de la paz mediante el diálogo y no a través de la destrucción del adversario, precisó: “Es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Ellos han vencido momentos de tensión y temas difíciles para llegar a este histórico acontecimiento”. También destacó el aporte de los gobiernos de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, quienes “han demostrado cómo los esfuerzos nacionales de paz pueden apoyarse de forma honesta, discreta y efectiva”. Para el diplomático, queda un importante recorrido para dar un feliz término a este proceso, sin embargo el trabajo de los últimos tres años son buena señal de que los acuerdos hoy firmados serán una realidad, serán esperanzas materializadas. Agradeció por la oportunidad de trabajar en el proceso y pidió no desistir en la labor para que Colombia goce de una paz duradera.

“Que este sea el último día de la guerra”. Con estas palabras inició su discurso Timoleón Jiménez quien realizó un pequeño homenaje a la memoria del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, precursor de este proceso. “Los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan” así se refirió el comandante guerrillero a la historia armada de las Farc-Ep fundada por 48 campesinos del municipio de Marquetalia, en el año de 1964 cuando declararon: “Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”. 52 años después se logra el sueño de retornar al ejercicio democrático para la participación política que sólo será posible mediante el cese al fuego definitivo bilateral, la entrega de armas, la garantía políticas y de seguridad, el combate al paramilitarismo.

Para Timoleón lo único que deja la guerra, además de este acuerdo, es el dolor y la sangre derramada de cientos de miles de colombianos, que de haber cedido al diálogo y no al fanatismo que desencadenó la guerra, se hubieran evitado. De esto son culpables tanto el gobierno como la guerrilla. Lo que hoy se logra es el fruto de la persistencia de aquellos/as quienes siempre creyeron en la paz para Colombia, es el producto de la discusión seria y comprometida de ambas partes. “La firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos políticos y sociales de la oposición gocen de plenas garantías”.

“Al pueblo nunca le toca” hizo alusión Timoleón Jiménez a la obra de Álvaro Salóm Becerra como aquella barrera que será rebasada siempre y cuando las y los colombianos recurran constantemente a la movilización y a la organización de lo que se ha pactado. Refiriéndose a los tratados de la Zidres y al Código Nacional de Policía como contradictores a lo acordado en las mesas de negociaciones de La Habana. Si no se combate al paramilitarismo, a la brutalidad y al abuso de poder de la fuerza pública, y a la arbitrariedad del aparato judicial, difícilmente se cumplirán las garantías de seguridad y participación y, en consecuencia, este proceso será un fracaso histórico, sentenció el máximo comandante insurgente. El potencial bélico alcanzado por las fuerzas armadas colombianas deberá reorientar su propósito, ya no de combatir en la guerra, sino de construir; hacer parte del trabajo colectivo en aras de la paz y la defensa de la soberanía nacional, opinó.

Una de las fórmulas para la superación del conflicto propuesta por el comandante máximo de las Farc es la educación para la reconciliación. Enseñar a los y las colombianas sobre deberes con Estado y lo que este le debe garantizar. Subrayó la importancia de que confluyan los sentimientos de inconformidad del modelo actual de las cosas con el objeto de “generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías”. La guerra que fue prioridad en la distribución del presupuesto, ahora cederá su puesto a la educación y al cultivo de la niñez y las juventudes.

Juan Manuel Santos cerró la tanda de intervenciones. Desde los 80 todos los gobiernos han insistido en la consecución de la paz, lo que hoy se logra es un paso importante para llevar a cabo ese anhelado sueño. El cese al fuego y la dejación de armas representan el fin de las Farc-Ep como grupo armado, aseveró el Presidente. Todos y todas hemos crecido con el miedo y la incertidumbre de la guerra, la historia reciente del país está manchada de sangre, “nos acostumbramos al horror de la guerra, se volvió parte de nuestra vida cotidiana [...] Nos llegó la hora de vivir en paz [...] el acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz será sólida [...] porque se asegura que las Farc-Ep dejarán las armas con la promesa de nunca más volver a empuñarlas”.

Restan pocos días para la paz estable y duradera que tiene como uno de sus propósitos garantizar a los niños y las niñas de Colombia una vida tranquila en los que podrán crecer jugando, riendo y aprendiendo. No obstante la persistencia de otros grupos delincuenciales como el Eln y las “bandas criminales”, dijo Santos: “[...] este acuerdo significa el fin del conflicto con la organización guerrillera más grande y más antigua [...] los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades [...] las familias expulsadas por la violencia regresarán sin temor [...] para sembrar el desarrollo de nuestras regiones”.

El presidente Santos agradeció a Cuba y a Noruega por su papel como países garantes y a Chile y a Venezuela por acompañar, el proceso a la ONU y a los demás asistentes. Reconoció el sacrificio del Ejército y la Policía como defensores de la “libertad y la democracia” y que sin este la paz no sería posible. A su vez resaltó el paso de las Farc-Ep hacia la lucha política, dejando atrás el medio armado.

Sentenció como incompatibles por siempre las visiones políticas y económicas que sobre el país tienen el Gobierno y las Farc, pero dijo que aunque siempre fue un ferviente adversario de la guerrilla, en la paz optará por fundamentar el diálogo y la democracia con la misma vehemencia con la cual había combatido a la guerrilla. “El fin del conflicto es el punto de partida para que juntos construyamos un país donde haya espacio para todos [...] esta es la paz de los colombianos –sin excepción– que tanto soñamos y esperamos por tantos años. [...] La paz es posible [...] ahora vamos a construirla”, concluyó el mandatario.

 

1 http://www.lafm.com.co/pol%C3%ADtica/noticias/gobierno-y-farc-anunciar%C3%A1n-est-208680

http://es.presidencia.gov.co/noticia/160622-Comunicado-Conjunto-75

 


 
Recuadro 1

Comunicado conjunto #75

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC–EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El evento estará encabezado por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y por los países garantes. Por Cuba, el Presidente Raúl Castro, y por Noruega, el Canciller, Borge Brende. También estarán en representación de los países acompañantes, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet y de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro.

La ceremonia contará con la presencia, como invitado especial, del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien estará acompañado por el Presidente del Consejo de Seguridad y el Presidente de la Asamblea General.

Igualmente asistirá el Presidente de República Dominicana, en calidad de Presidente de la CELAC; el presidente de El Salvador, y los enviados especiales para el proceso de paz de los Estados Unidos y de la Unión Europea.

Los acuerdos se darán a conocer mañana al mediodía en el salón de protocolo de El Laguito.

 


 

Recuadro 2

Comunicado conjunto #76

 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:

I. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”.

II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”

 

III. Acuerdo sobre “Refrendación”

 

I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas

1. Compromisos. El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas.

Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas.

2. Objetivo. El presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

3. Monitoreo y Verificación. Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.

4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y Dejación de las Armas. Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”). El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias.

Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo.

Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.

Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas. En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.

En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.

6. Zona de Seguridad. Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.

7. Seguridad. El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del Equipo de Monitoreo y Verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.

8. Dejación de las Armas (DA). Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

9. Procedimiento. Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1era Fase: D+90, el 30%; 2da Fase: D+120, el 30%; y 3ra Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.

Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.

El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito.

Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261 del Concejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.

II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5.

El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios: 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. 5. Enfoque territorial y diferencial 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de No Repetición.

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a: El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales.

Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:

1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.

4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2 “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios.

El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:·El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo. La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.

 

III. Acuerdo sobre Refrendación

 

El Gobierno de Colombia y las Farc – EP para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional, sobre los alcances del Proyecto de Ley estatutaria #156 del 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.

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El proceso de paz y las guerras urbanas y del “machete”.

Se ensombrece el proceso de paz, pues la guerra urbana y la uribista del "machete" contaminan los vocabularios de la discursividad publica.

No se ve tan cercana la firma de un tratado final de paz que bien puede ocurrir en el 2017 o 2018.

Según indica la experiencia internacional cerrar la negociación de un fin de la guerra no es tarea facial. Saltan muchos obstáculos. Se presentan complicaciones inesperadas en tanto que la confianza entre las partes no es aun absoluta. Alguien siempre quiere tomar ventaja y hacer jugadas de mala calaña como parece estar sucediendo en la Mesa de diálogos de paz de La Habana entre el gobierno y las Farc.

Se la ingenia Santos y la oligarquía dominante para hacer trampas y sacar ventajas desconociendo que en una negociación todos deben ceder. Es lo que hasta el momento ha sucedido en la relación del Estado con la insurgencia revolucionaria de las Farc.

Proceso de paz, guerra urbana y “guerra del machete” son tres nociones que parecen encontrarse en la coyuntura.

Me explico.

A Santos, experto pokerista, parece habérsele agotado la imaginación tramposa que acompaña su marco genético y por interpuesta persona, un politiquero atragantado con mermelada, deslizo un perverso mico en el Acto Legislativo de la paz, que en su séptimo paso recogió lo pactado en La Habana, pero que en el octavo escalón fue adulterado con el artículo 5, el cual termino ensombreciendo una ruta que parecía clara hacia el Tratado final de paz.

Esta clase de jugarretas necesariamente ha impactado inmediatamente -creando desconfianza- asuntos como el cese bilateral del fuego y hostilidades, la dejación de las armas, las zonas campamentarias, la erradicación del paramilitarismo, la democratización de las fuerzas armadas, la movilización política de las Farc, el proceso de legitimación de los consensos, los ajustes institucionales, la implementación, la verificación y hasta la inicial campaña electoral por la sucesión presidencial, que está contaminando ya severamente la terminación de la guerra.

En el horizonte no se ve claro una inminente firma del Tratado final, el cual bien puede postergarse hasta el segundo semestre del año 2017 o el primero del 2018.

Más complicado aún. En el proceso de Irlanda a pesar de haberse firmado el final del conflicto en el año 1998, la dejación de las armas ocurrió diez años después porque el paramilitarismo siguió actuando rampante en Ulster, y la participación política del IRA es cosa de meses recientes, por la reticencia sangrienta de las facciones ultraderechistas más radicales.

Acá hay sectores, en el gobierno y la sociedad empresarial narca, afilando los cuchillos y brillando los fusiles (en Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Pereira, Montería) para dar vía libre al exterminio sicarial de los principales líderes guerrilleros cuando se apliquen a la agitación civilista en los escenarios del campo político urbano y mediático.

Bien puede ser que en los próximos meses la guerra mute hacia escenarios urbanos. Es una hipótesis que sale de los labios de quien dispone de la información más privilegiada en el Estado. El Jefe de la Casa de Nariño. Por algo lo dirá. No creo que se trate de una maniobra discursiva. Él sabe con qué juega y a que se refiere.

Pero, lo más delirante de todo esto es la amenaza planteada por Uribe Vélez y su entorno latifundista más intransigente, me refiero a Lafaurie y Cabal, quienes han perfilado los contornos de una pretendida “guerra del machete” entre campesinos compradores de buena fe y propietarios desplazados por la violencia paramilitar, que reclaman sus tierras.

Poderosos terratenientes y ganaderos uribistas paramilitarizados están promoviendo un ejército de pequeños y medianos propietarios rurales, compradores de buena fe, convirtiéndolos en punta de lanza contra los campesinos desplazados por la violencia rural, quienes en virtud de la ley de restitución de tierras reclaman sus predios arrebatados de manera sangrienta en las ultimas décadas.

Utilizaran a los compradores de buena fe para impedir el curso de la restitución y para ampliar el latifundio una vez sean saneados los títulos.

Muy grave este panorama.

Preparémonos para lo que se viene. La “guerra del machete” orquestada, en su desespero, por el caballista del Ubérrimo.

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Logros –parciales– de quince días de Minga

El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, luego de 15 días de bloqueos y enfrentamientos contra la arremetida violenta de la fuerza pública, la Cumbre Agraria y el Gobierno firmaron diez actas específicas y una general. Los acuerdos más importantes fueron:


Garantías para la movilización


El Gobierno se compromete a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. En el marco de este acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades [...] movilizadas en el territorio nacional”. Dentro del acta 002 se señala además, que “el gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.


Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios - TCA


En la comisión de territorialidad campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el acta 005 señala que el Gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesina. Del mismo modo, esta acta señala que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas [...] con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”. Finalmente, esta acta señala que “el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el Dane la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional”, lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.


Construcción de apuestas de paz y autonomías de control social - territorial


En materia de paz, el Gobierno se compromeó a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; en segundo lugar, se acordó construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz; en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo un reconocimiento similar para las guardias cimarrona y campesina.


En consecuencia, el gobierno nacional se compromete a trabajar con las autoridades indígenas en un mecanismo para el reconocimiento jurídico, definición de competencias para garantizar el ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del Gobierno Propio, en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena. Lo anterior deberá formularse en un plazo de seis meses, con una ruta metodológica concertada y financiada por la Alta Consejería para el Postconflicto. El gobierno nacional apoyará, de igual manera, la implementación de tres experiencias para la recuperación de la armonía territorial en el marco del pos acuerdo, en el caso de las comunidades indígenas y afros. Mientras que para las comunidades campesinas el compromiso es garantizar experiencias de Territorios Campesinos de Paz. La construcción de las propuestas a implementar será concertada con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en el marco de la Cumbre Agraria, en un plazo de cuatro meses.


También se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, fue acordada una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la agenda de país desde el movimiento social.


Sistema General de Participaciones


Se acordó una asignación especial donde el gobierno nacional se compromete a tramitar los ajustes necesarios para la distribución del Sistema General de Participaciones, como resultado del fin del periodo de transición establecido en el Acto Legislativo 04 de 2007. De acuerdo con la propuesta de los pueblos indígenas, el porcentaje destinado para los resguardos indígenas estará entre el 1 y el 2 por ciento, por presentarse en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, con el objeto de presentar y defender la modificación de la Ley 715 de 2001 al Congreso de la República, órgano que tomará la decisión en cumplimiento de los trámites previstos en la Ley 5ª de 1993.

 

 


Reparación de víctimas


El gobierno nacional, en cabeza de la UARIV, se compromete a formular un Conpes para la implementación integral de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011. Este proceso deberá concertarse con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en el marco de los escenarios legítimos de cada sector, y será formulado en un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la firma de este acuerdo. La UARIV se compromete a elaborar un plan de financiamiento anual, que especifique el esquema plurianual de inversiones para la ejecución del año 2017, y formular de manera concertada un proyecto de inversión específica para el cumplimiento de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011, respectivamente, para la vigencia 2018.

La UARIV se compromete a crear una Coordinación Nacional Étnica, para incorporar el componente diferencial y garantizar los derechos de los grupos étnicos en los procesos de implementación, ajuste y reformulación de la Política Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. También facilitará los espacios necesarios para construir, revisar y adecuar los protocolos de participación, asistencia y atención; reparación integral, retorno y reubicación que se aplican a grupos étnicos. De igual manera, la UARIV, como coordinadora del SNARIV, se compromete a direccionar a las entidades para que los programas cuenten con enfoque diferencial étnico, y concertar con los grupos étnicos participantes en la Cumbre Agraria una ruta de comunicación y difusión de la información.


Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética


En materia minero-energética, se acordó “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.


Luis Fernando Arias Arias, Consejero Mayor de la Onic destacó que “avanzamos en un mecanismo para discutir el tema minero energético, el cual es de orden estructural en la agenda de país; así como acuerdos en materia de proyectos de inversión con Planeación Nacional, en el marco de los acuerdos que suscribimos los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018”.


Articulación campo-ciudad


Una novedad y avance en esta jornada de acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el próximo 17 de junio en reunión entre la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional.


Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos acuerdos de esta jornada de paro. Siendo quizá la más importante la reunión del próximo 22 de junio en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos acuerdos.

 


Comunicado conjunto 004 2016


“Seguimos en Minga


En el Resguardo del Palmar, municipio de Ricaurte, el Pueblo Indígena Awá representado en las Organizaciones CAMAWARI, UNIPA Y ACIPAP junto con el Pueblo Indígena Eperara Siapidara representado por la Organización ACIESNA, las comunidades Afro de Iscuandé, Barbacoas y Roberto Payán, las Juntas de Acción Comunal de Chambú y Nembí, todas dentro de sus lineamientos de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, informan a la opinión pública y a los diferentes medios de comunicación, que dentro de sus principios como pueblos originarios y autónomos, esta la defensa del territorio y sus habitantes, como una obligación con los ancestros, en aras de preservar y salvaguardar las tradiciones culturales heredadas de los mayores. Saludamos el proceso de movilización realizado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en la cual hemos participado desde el día 30 de mayo de 2016, con más de 2000 comuneros entre indígenas, campesinos y afro de la región. Celebramos los acuerdos alcanzados por la Mesa Única Nacional reunida en Santander de Quilichao, suscritos los días 10, 11 y 12 de junio. Sin embargo, luego de analizar con nuestras comunidades la no inclusión de nuestra problemática específica en los acuerdos realizados, hemos decidido mantenernos en “Pie de Lucha”. Por lo tanto, ratificamos que continuaremos nuestra propuesta conjunta para exigirle al Gobierno la atención inmediata a nuestras demandas, contempladas en las actas de las mingas de 2013 y 2014:

1. Se solicita cumplir los acuerdos establecidos y firmados por el gobierno nacional desde los años 2013 y 2014 a raíz de las movilizaciones del pueblo Awá, así como las concertaciones realizadas con el pueblo Eperara Siapidara en el tema de reparación colectiva.

2. Es necesario exigir la terminación de la fase de concertación y protocolización de los planes de salvaguarda de los pueblos Awá y Eperara Siapidara de la Costa Pacífica, así mismo lo contemplado por el auto 174 para el pueblo Awá.
3. Asumir compromiso en torno a una propuesta de política pública agropecuaria para la región, como alternativa a la sustitución de cultivos de uso ilícito, previo al agotamiento de la respectiva consulta previa.


Por lo anterior:

 

1. Nos mantenemos en Asamblea Permanente en la región del Piedemonte Costero de Nariño concentrados en el Resguardo del Palmar municipio de Ricaurte de manera indefinida.
2. Exigimos al Gobierno Central, la presencia del gabinete de Ministros de Defensa, Agricultura, Interior y de Justicia, así como funcionarios de alto nivel, en conjunto con el Gobernador de Nariño, mediante la instalación de una mesa de diálogos dentro del Territorio Indígena Awá.
Denunciamos la presencia del ESMAD durante la Asamblea Permanente, ocupando las casas de nuestros comuneros en clara violación al Derecho Internacional Humanitario e incitando a la confrontación por medio de insultos verbales, detonación de artefactos, grabaciones y tomas fotográficas a nuestros mingueros. Por lo tanto exigimos de manera inmediata, el retiro de las Fuerzas Militares, y Policía Nacional – ESMAD, de nuestro Territorio Indígena.
4. Solicitamos además como garantes la presencia de las instituciones que componen la Misión Humanitaria Permanente a los Territorios Indígenas Awá.


Se suscribe en el resguardo el Palmar, municipio de Ricaurte, a los 13 días del mes de junio:

Cabildo Mayor Awá de Ricaurte - CAMAWARI, Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Asociación de Cabildos Indígenas Awá del Putumayo - ACIPAP, Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño - ACIESNA, Junta de Acción Comunal de Nembí-Barbacoas, Junta de Acción Comunal de Chambú-Ricaurte, Consejos Comunitarios de los municipios de Iscuandé Roberto Payan y Barbacoas.

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Martes, 07 Junio 2016 08:04

El Manifiesto agrario

El Manifiesto agrario

Los diálogos de paz de La Habana han dado pie al Manifiesto agrario por los derechos de los campesinos, indígenas y afro descendientes.

 

Es la plataforma programática de la lucha de las masas agrarias colombianas apalancadas por la resistencia campesina revolucionaria de las Farc.

Recordando el texto del Manifiesto del Partido Comunista, la magna obra de Marx y Engels, un fantasma recorre a Colombia, es el fantasma agrario, el de los indígenas, campesinos y afro descendientes. Contra ese fantasma se han conjurado en santa jauría todos los poderes de la vieja oligarquía y sus agentes políticos y burocráticos en el gobierno.

Al amparo de los acuerdos agrarios de la Mesa de diálogos de la mesa de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, se han desatado poderosas fuerzas rurales populares dispuestas a la rebelión y la resistencia, como la Minga agraria. Catapultada por la corriente principal de la prolongada lucha de la fuerza revolucionaria de las Farc que es esencialmente rural, presenciamos la movilización multitudinaria de las masas del campo nacional.

Tenemos entonces un Mandato agrario que sirve de soporte a la conciencia, la organización y la movilización indígena, campesina y afro descendiente.

Dicho Manifiesto es el conjunto de derechos económicos, sociales y políticos que conforman una plataforma de lucha democrática y revolucionaria.

Estos son los ejes de ese Mandato agrario.

Reforma Rural Integral/RRI.

La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. La RRI está centrada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales, y pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.


Cooperativismo agrario.

Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La RRI se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.


Creación del Fondo de tierras.

Con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, se ha acordado la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita. Este proceso apuntará a regularizar los derechos de propiedad y en consecuencia, desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra. El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal. La sustracción de tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.


El acceso a la tierra.

El acuerdo reconoce que el acceso a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción. No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos.


Subsidios y créditos al campesino.

Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.

Formalización de la pequeña y mediana propiedad.

En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso y en esa medida se ha convenido impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, que proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra. Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Para ello se adecuará un programa de formalización masiva y se adelantarán las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. Adicionalmente se acordó que se garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural.

Los beneficiarios de los planes de adjudicación gratuita, subsidio integral y crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (incluidos los beneficiarios del programa de formalización), priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.


Creación de Juzgados rurales.

Para garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales. Además, se acordó fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia, en especial para los más pequeños e indefensos, y que de esa manera sean también una garantía contra el despojo. En forma complementaria a los instrumentos judiciales, se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales.


Actualización del catastro rural.

Adicionalmente y como condición necesaria para facilitar la implementación de los planes de acceso a tierras y regularizar los derechos de propiedad, así como promover un uso adecuado de la tierra y la desconcentración de la propiedad rural improductiva, se acordó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades. Como complemento de lo anterior se brindará la asesoría para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas se fijen en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social. La actualización del catastro y un recaudo efectivo del impuesto predial permitirán, adicionalmente, ayudar a fortalecer las finanzas de los municipios. Se acordó que se crearán incentivos y transferencias a los municipios, para que adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores.


Usos del suelo.

Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones territoriales construidas en el marco de las instancias de participación comunitaria, entre otros criterios. También creará incentivos para promover la reconversión productiva, y fortalecerá la participación de la ciudadanía a nivel local en la planificación y ordenamiento del territorio.

Para prevenir los conflictos por el uso de la tierra y de manera complementaria a la jurisdicción agraria y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se acordó impulsar instrumentos de diálogo entre gobierno, comunidades y empresas privadas.


Preservación del agua y los ecosistemas estratégicos.

Pensando en las futuras generaciones de colombianos, y en la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente, el acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.


Creación de Zonas de Reserva Campesina.

El acuerdo reconoce que las Zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos. Por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.


Eliminación de la pobreza rural.

La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria.


Vidas terciarias e infraestructuras de comunicación.

En infraestructura se ejecutarán planes para: a) reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales; b) corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y c) ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria, con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y estabilizar sus ingresos. Todos estos planes contarán con una activa participación de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura.


Cerrar brechas campo ciudad.

Por su parte, los planes para proveer bienes y servicios sociales buscarán disminuir las brechas entre el campo y la ciudad, aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en el marco de la RRI, deben crear una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.


La salud de los campesinos.

En salud, se acordó un nuevo modelo especial que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. Esto sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y dotación, incluyendo personal calificado, para mejorar la calidad y cobertura de la atención.


La educación agraria.

En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. Se hará especial énfasis en promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada a las necesidades del sector productivo, adoptando medidas para garantizar el acceso de más jóvenes del campo. Como complemento de lo anterior se acordó fortalecer y promover la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.


Vivienda rural.

El plan de vivienda, agua y saneamiento básico mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos, con el fin de garantizar condiciones de vida digna de los habitantes rurales. La pertinencia y sostenibilidad de estas soluciones estará garantizada por una activa participación de las comunidades en el diseño de los proyectos así como en su administración y operación.


Fomento de la economía solidaria.

En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, se acordó, en primer lugar, un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.


Ciencia tecnología e innovación agraria.

En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, esencial para estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este plan incluye un sistema de seguimiento y evaluación de calidad con participación de la comunidad. Adicionalmente incluye la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo, y la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la Nación.

En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos, que ofrecerá, dependiendo de las características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosecha.


La comercialización de la producción campesina.

En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad. Esto implicará apoyar la asociatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades y programas institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta economía campesina, familiar y comunitaria.


Formalización laboral y seguridad social campesina.

Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios; fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a trabajadores y empresas en derechos y obligaciones laborales. Adicionalmente se acordó promover y fortalecer la implementación de soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores del campo.

Con el objetivo de dinamizar el empleo rural y promover la participación de las comunidades, la ejecución de los planes se hará con el concurso de la mano de obra de estas.


Seguridad alimentaria.

La RRI, en materia de alimentación y nutrición, pretende asegurar para todos los ciudadanos, disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. Como complemento al incremento progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía campesina, familiar y comunitaria y de la creación de condiciones que permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, hemos convenido la necesidad de articular la oferta estatal en el territorio a través de un sistema de alimentación y nutrición para la población rural. Para ello se desarrollarán planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales. Adicionalmente se crearán consejos departamentales y locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las políticas en los diferentes niveles. Estos consejos contarán con representación de comunidades, la sociedad y los gobiernos.


Los niños campesinos.

Teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y niñas, las mujeres gestantes y lactantes, y los hombres y mujeres de la tercera edad, y en general la población en condiciones de miseria, se implementarán programas especiales para la erradicación del hambre en la población rural.


La nutrición rural.

Se acordó la realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
Condición universal y prioritaria de la reforma Rural Integral.

La RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Para ello, se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales, sobre la base de un plan de acción para la transformación regional que contará con una amplia participación de las comunidades en su formulación, ejecución y seguimiento.

Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los planes y programas del acuerdo tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y estarán orientadas, de manera especial, a promover la participación de las comunidades y a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar su sostenibilidad.


Transformación estructural del campo.

La RRI acordada debe llevar a una transformación estructural del campo colombiano y a la creación de condiciones de bienestar para sus habitantes, en especial para los más desfavorecidos. El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos del conflicto. Y las Farc-ep consideran que la Reforma Rural Integral debe contribuir a solucionar las causas históricas del mismo.
Erradicación de latifundio y los TLC.

La resistencia campesina revolucionaria demandan en la Mesa de la Habana la erradicación del latifundio y la improductiva hacienda ganadera. Igualmente la suspensión de los nefastos Tratados de Libre Comercio.

Los derechos políticos de los campesinos y las victimas.

De igual valor son los acuerdos en materia de participación política, el enfoque territorial de la paz, la erradicación de cultivos de uso ilícito, los derechos de las víctimas, la justicia especial de paz, el cese bilateral al fuego y las hostilidades, la movilización política de los guerrilleros, la erradicación del paramilitarismo y las transformaciones democráticas del Estado.

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Miércoles, 11 Mayo 2016 08:49

Más blindaje para la paz.

Más blindaje para la paz.

En el debate público desplegado en los días recientes sobre la refrendación, protección jurídica, legitimación e implementación de los acuerdos de paz que se establezcan en la Mesa de diálogos de La Habana, surgen propuestas e iniciativa que deben enriquecer la formula general que consolide el fin del conflicto y siente las bases de una paz duradera y consistente.

Existe notable preocupación respecto de las responsabilidades de una nueva institucionalidad propiciada por los pactos centrales de paz para que la resistencia campesina guerrillera de las Farc se adentre en una práctica política asociada con la democracia ampliada, el pluralismo político, las garantías a la oposición y el despliegue multitudinario de los movimientos sociales, populares y la protesta popular, sin que la violencia y el ultraje de los poderosos afecte y diezme con el crimen y el asesinato la resistencia nacional.

Dos hipótesis nuevas se plantean para blindar la paz. No son desdeñables.
Trazan rutas que se deben asumir.

Las cito:

I.

E. Santiago.

E. Santiago cree que los pactos de paz deben quedar doblemente asegurados.

En el derecho internacional y en el interno.

Para blindarlos internacionalmente, una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fue lo que ocurrió el año pasado con el pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla en Mali.

La solicitud para la incorporación del acuerdo final de paz a una resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno.

Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, el blindaje interno tendría que hacerse mediante un ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de paz al acuerdo final. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo.
Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente (http://bit.ly/1TNZi4e )

II

S. Vargas/Razón Pública.

No carece de méritos la idea de incorporar los acuerdos de la Habana al derecho colombiano como si fueran instrumentos internacionales. Esto podría hacerse de dos maneras:

Colombia podría suscribir un tratado de implementación de los acuerdos de La Habana con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas o con Estados garantes de las obligaciones contenidas en estos.

De esta manera, el Estado colombiano quedaría obligado a abstenerse de frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigencia, a tomar los pasos necesarios para incorporarlo a nivel nacional y a cumplirlo de buena fe. La violación de estas obligaciones podría dar origen a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, y para evitar una situación excesivamente onerosa para Colombia, las partes podrían acordar que su Acuerdo final sea sometido al procedimiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. De esta manera, el texto de los documentos se mantendría intacto y el Congreso únicamente podría decidir si los aprueba o imprueba.

Adicionalmente, la Corte Constitucional realizaría un control previo de los acuerdos y, en caso de ser adoptados, se convertirían en una ley ordinaria sujeta al constante control de la ciudadanía por vía de la acción de inconstitucionalidad. Así, su ratificación tendría un alto grado de participación institucional y ciudadana

La terminación negociada de un conflicto armado es una circunstancia, excepcional que subraya la constante tensión entre el formalismo y la necesaria adaptación del derecho a las realidades sociales. Resolver adecuadamente esta tensión exige regresar del análisis de eficiencia de los medios al escrutinio serio y desapasionado del propósito que busca alcanzarse con estos. (http://bit.ly/1TzsoSb )

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Lunes, 25 Abril 2016 15:30

La emboscada

La emboscada

Cruzada de interrogantes arrancó la fase pública de la negociación de paz entre el gobierno nacional y el Eln. ¿Será este el último, el capítulo final del conflicto armado?

Con sesiones realizadas en Ecuador, Venezuela y Brasil para redondear este paso, necesitaron dos años de conversaciones privadas. Discusión que les tomó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 30 de marzo mismo, cuando las dos partes anunciaron en Caracas acerca de su común acuerdo. Sin embargo, y con sorpresa, la agenda acordada no tuvo ni un minuto de armonía.

Según el presidente Santos, el Acuerdo Marco tiene “[…] una naturaleza muy distinta del proceso de La Habana […]. En lugar de pasar un largo tiempo en la Mesa redactando acuerdos detallados, punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el Eln medidas que contribuyan a la construcción de la paz”.

Tanto el prolongado diálogo exploratorio y confidencial, como el cara y sello lanzado en las palabras de Santos, revelan que la llegada a un acuerdo temático no fue sencillo ni pudo fijar plazos. Al final, cada una de las partes cedió notoriamente en algo. Por parte del Gobierno es evidente. Concedió al no incluir en la agenda el tema del narcotráfico, ante el cual su contraparte reiteró que no debía de estar incluido como tema por dirimir, pues no hace parte de sus prácticas ni líneas de financiación; pero también cedió en la metodología base de esta negociación. En concreto, en el punto 2...d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía”.

Tal punto resulta consecuente y sin sorpresa, dados los énfasis que caracterizaron a cada uno de los distintos momentos de negociación, entre el gobierno nacional y el Eln, a lo largo de las últimas décadas. Metodología en la cual esta organización guerrillera siempre insistió: el ingrediente de una participación activa de la sociedad, para el logro de la solución política. De alguna manera y sin importar la denominación, recalcan que la comunidad discuta con el Gobierno. Que presente urgencias. Y defina desde su ángulo, las deudas y prioridades económicas, sociales, ambientales, etcétera. Con este método e instrumento, los alzados en armas avalan dichas decisiones y sentires. Según su entender, “las armas al servicio de la sociedad”.

¿Por qué admitió esta metodología la delegación gubernamental, aferrada como está a defender los privilegios? No es clara la respuesta. La inclusión de este aspecto deja la puerta abierta a una negociación con discusión acerca de cualquier tema. Si la sociedad con papel de actor define las prioridades y afanes que más preocupan, resulta contradictorio con el estribillo que una y otra vez repiten desde las altas esferas: “Desde el principio hemos dejado en claro al Eln –tal como lo hicimos con las Farc– que la agenda para acabar la guerra NO incluye la negociación de nuestro sistema económico o político. Ni del régimen de propiedad privada. Mucho menos, temas relacionados con la doctrina militar o de nuestra fuerza pública”.

Entonces, si para la comunidad de Arauca o del Cauca o cualquiera otra el afán y necesidad es su reclamo por reformar el régimen económico o transformar la doctrina de las Fuerzas Armadas o temas similares, ¿qué haría el Gobierno? Es obvio que surgiría al punto una barricada que pone distancia entre las partes. Abierta en temas, la negociación dilata tiempos. ¿Cómo resolver tal obstáculo? La respuesta llegará con el paso de los meses. ¿Están dispuestos Santos y el establecimiento a reformar el contenido no reformable de sus intereses: la estructura económica de expoliación y de negocios? ¿La insurgencia está dispuesta a silenciar sus armas con parodias de participación de la sociedad o sin conseguir su más importante enunciado de la Agenda.

No fue casual, por tanto, que el tono y los puntos de la agenda firmada desataran una agria discusión entre el Presidente y la cabeza de esta negociación, Frank Pearl. Desacuerdo hasta el punto que motivó una inicial renuncia de Pearl al frente de la delegación gubernamental. Las formalidades del momento mantuvieron el cargo. ¿Hasta cuándo aguantará?

La Agenda abierta con el Eln toca otros aspectos, y no de manera fácil. Por ejemplo, las armas: “[…] se construirá un acuerdo sobre las armas del Eln para ponerle fin al conflicto armado”. No constituye referencia, está exenta la fórmula dejación que no es entrega, y que al Gobierno le costó pestañas y acomodo. ¡Qué presión tiene! ¿Por qué aceptó este tenor de acuerdos la parte gubernamental? El interrogante hay que plantearlo una y otra vez.

La duda conlleva o puede derivar una respuesta de acrecentamiento del conflicto, de represión y de persecución a la oposición insumisa: arreciar éste con grados de aceptación en sectores de opinión. En fin, de una ofensiva militar/paramilitar con un efecto de exigencia y radicalización de la estructura armada en negociación, o apuntada contra las comunidades donde el Eln tiene aceptación.

Si así fuera –y ojalá que no–, la paz no estará tan cerca. Tan a corta distancia, como repite el discurso del poder por todos los medios oficiosos. Maniobra de poder con factores de violencia militar-paramilitar, que repercutiría y puede extenderse al conjunto de las Farc y las organizaciones sociales que están localizadas en sus territorios de influencia. Con sus retoños, y sucedida como fue la parainstitucionalización 1992-2010 (desde el aquí estoy y aquí me quedo de Samper, que mantuvo al general Bedoya), es un avatar no extraño en la deriva actual que no es de paz blanquísima. Con sepelios, organizaciones sociales y algunos entornos políticos de oposición, ya levantan voces de protesta. De indignación, por el permanente asesinato de sus líderes o de activistas de base. Realidad macabra.

Quizás es por este tipo de ítems en el guion acordado que el presidente Santos extendió una emboscada con discurso a la contraparte guerrillera. Texto que pronunció el mismo día en que informó el comienzo de conversaciones públicas. Como se puede recordar, en la intervención presidencial Santos aseguró que “...no es lo mismo que La Habana [...] Para el Gobierno NO es aceptable avanzar en una conversación de paz con el Eln mientras mantenga personas secuestradas”. Mal augurio.

La negociación pública entre el gobierno nacional y el Eln arrancó con una emboscada a micrófono abierto. No de otra manera se puede calificar la puntualización desplegada por el presidente Santos. ¿Está de sobra Frank Pearl? Si el punto al respecto del secuestro ‒con todo su valor y polémica ante la libertad personal y ante la vida‒ es un irrenunciable para la parte oficial, ¿por qué no lo planteó de este tamaño durante los dos años previos al anuncio del 30 de marzo? ¿Por qué esperar y marcar la diferencia hasta el propio momento de la positiva noticia de otra Mesa? ¿Borrar con el codo las firmas de Pearl, José Noé Ríos y el general (r) Herrera Verbel? Sabida y supuesta una negociación en medio de las hostilidades, ¿presionar a su contraparte de inmediato ‒con argumento de conflicto, de separación‒ para que aparezca ante el país como la culpable de que el diálogo no prospere?

Los antecedentes de negociación sostenida con las Farc enseñan, y saltan a la vista, que el Presidente maniobra de manera constante, que no desaprovecha ocasión para tratar de poner a su contrario a la defensiva. En la pretensión de que aparezca ante el país como sin voluntad real de paz. Ganar la ventaja es una de las esencias del arte de la negociación. Pero llevada de manera errada puede desatar un efecto contrario. ¿Habrá logrado la emboscada el efecto pretendido en la Casa de Nariño?

Publicado enEdición Nº223
El posacuerdo como nuevo plan de guerra

Si la guerrilla se va a desmovilizar habrá otras amenazas, otros tipos de conflictos como el conflicto territorial y como la mutación de la guerra hacia otras formas de crimen.(1)

General (R) Manuel José Bonnet
Septiembre de 2015

 

Frente a un posible escenario de posacuerdo las Fuerzas Militares en Colombia están ajustando su aparato de inteligencia y de fuerza militar para continuar como un actor clave en la transformación territorial y poblacional en el país.

Asumiendo tareas de control social y militar por un lado y de gobernantes locales y regionales por otro, las propuestas de transformación existentes dejarán a la Fuerza Pública como poderes facticos en muchos de los territorios que hasta ahora han estado en poder de las insurgencias. El papel central de la inteligencia militar en la nueva doctrina militar, en combinación con un resurgimiento de estructuras paramilitares en muchas regiones del país y denuncias de una relación entre ambas, recuerda a otros momentos de la historia nacional, en dónde la combinación de las dos terminó en el exterminio de sectores sociales enteros.

 

Militarización para una reconfiguración territorial

 

Colombia ha estado inmersa en un conflicto político, social y armado desde hace más de cincuenta años. Las raíces de los conflictos socio-económicos y políticos que se expresan en la confrontación armada entre una insurgencia popular y una elite económica y política no terminan con la firma de un acuerdo de paz.

Al iniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc la delegación gubernamental dejó claro, en varias ocasiones, que el modelo económico y la doctrina militar no son temas abiertos al debate. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, declaró en octubre de 2012 que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión” (2). Otros delegados de este equipo negociador y el mismo presidente Santos reafirmaron tales postulados en varias ocasiones. El presidente Santos dijo el 12 de julio de 2015, ante las críticas de algunos sectores que En La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. El 30 de marzo de 2016 el presidente Santos al iniciar la fase pública de los diálogos de paz con el Eln reafirmó que “la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública”.

En el contexto de los diferentes procesos de paz acometidos en Colombia, la protección de los intereses económicos realza como una de las principales funciones de las Fuerzas Armadas y estructuras paramilitares. Intereses económicos de capital nacional e internacional, que se encuentran en el sector minero-energético y la agroindustria, como principales economías, todos de carácter extractiva y de enclave. Economías también todas, que necesitan y parten de un control territorial. Reflejo de esto son los Batallones Minero-Energéticos, que en 2014 estaban conformados por un estimado de 80.000 efectivos representando casi un 30 por ciento de las Fuerzas Armadas (3). Para proteger e imponer la locomotora minera en los territorios el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto superior a los 45 mil millones de pesos para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país. (4)

La estrategia paramilitar como extensión de intereses políticos regionales y nacionales se constituyó durante los últimos cuarenta años en palabras del Centro de la Memoria Histórica y Reconciliación Nacional en un proyecto de refundación nacional para “imponer un nuevo orden social, cultural, político y económico mediante la acumulación de tierra y de recursos naturales” (5). De esta manera la doctrina militar con su componente paramilitar han sido y siguen siendo una continuidad de la política extractiva por otros medios.

 

De los paramilitares a la acción cívico-militar: desdibujando el DIH

 

Las experiencias de conflictos como Vietnam, Afganistán e Irak, entre otros, enseñaron al mundo que la victoria militar debe estar fuertemente acompañada del apoyo y respaldo de la población. Es entonces cuando se presenta la necesidad de conquistar el corazón y las mentes de aquellos pobladores que vienen de recibir la arremetida de un grupo armado en sus territorios y que además deberán someterse a la nueva dinámica del posconflicto.

Brigadier General Alberto
Sepúlveda Riaño (6)

La acción cívico –militar y los Centros de Consolidación y de Acción Integral (Ccai) se constituyeron como principal estrategia militar y contra-insurgente durante los últimos diez años. La estrategia paramilitar es reemplazada parcialmente por la acción cívico-militar, pero en ambos se desdibuja la división consagrada por el Derecho Internacional Humanitaria (DIH) entre población civil y combatientes. Las regiones priorizadas por la Acción Integral son las de interés minero-energéticas y agroindustriales y han tenido una histórica presencia de organizaciones insurgentes y fuertes movimientos sociales. La estrategia tiene como objetivo principal mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva y cuenta con un importante apoyo de los Estados Unidos, tanto para su componente militar como para su el apoyo productivo.

Este interés de los Estados Unidos en apoyar a la política de Acción Integral según el General Peter Pace, antiguo comandante del Comando Sur (Southcom), parte de querer tener “acceso sin obstáculos y de forma continuada a los recursos naturales en los áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur”, y una “estabilidad continua para el acceso a los mercados en las áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur y que son críticos para la continua expansión económica de Estados Unidos y su prosperidad.” (7)

Según la misma cúpula del ejercito colombiano, la lógica cívico-militar sería una de las principales estrategias durante el contexto de posacuerdo. Las relaciones civiles-militares y los asuntos civiles se convierten en el núcleo de la estrategia militar […] concentrando el esfuerzo hacía la implementación de acciones no-armadas. (8)

 

Guerra de espectro total y Plan Minerva

 

Las perspectivas de dominación geopolítica a nivel global, han forjado a través del tiempo una política hegemónica que abarca todos los aspectos de la vida humana sobre la tierra definida por la doctrina militar, llamada dominación de espectro completo.

US Army - Joint Chiefs of Staff, 2000

 

Desde la lógica militar del Ejercito de Estados Unidos el control y la transformación territorial y poblacional parten de una combinación de múltiples estrategias, también llamado la dominación del espectro total. Esta dominación busca llevar el escenario de la confrontación a todos los posibles ámbitos, incluyendo el académico, económico, político, militar y civil. En los Estados Unidos el Departamento de Defensa lanzó el proyecto Minerva en 2008 vinculando a la academia en la construcción de información sobre las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales en los territorios de interés estratégico para los Estados Unidos (9). En Chile la Policía de Investigaciones lanzó el Plan Minerva I en 2004 y el Plan Minerva II en 2010, ambos con un rol importante para los procesos de inteligencia.

La Fuerza Pública en Colombia en su nueva doctrina militar para el contexto de posacuerdo de paz, incorpora varios elementos de la lógica de dominación del espectro total. El también llamado Plan Minerva, construido con insumos de las Fuerzas Armadas chilenas y de Estados Unidos, se constituye como la principal propuesta para la nueva doctrina militar, lanzada en junio de 2015 como “la hoja de ruta de la modernización” y “el cambio estructural más importante en el último siglo” del Ejército colombiano.

El Plan Minerva proyecta la Fuerza Pública como “La Fuerza multimisión y polivalente del futuro, sobre la base del conocimiento y la enseñanza de la ciencia militar, dentro de una clara visión hacia el año 2030, bajo la existencia de una doctrina interoperable, y una real cohesión de la Fuerza, que garantizará su eficacia”. Entre los 46 componentes que tiene el Plan Minerva hay siete priorizados de los cuales se destacan el Plan Damasco que propone la construcción de un proyecto de ley de Seguridad y Defensa Nacional. Otro componente priorizado del Plan Minerva es el Plan Dionisio, que permitiría la creación de un centro de estudios e investigaciones militares socio-humanísticas. Este último componente refleja la lógica del Proyecto Minerva de los Estados Unidos e iniciativas parecidas que ha desarrollado la potencia del norte durante los últimos años a través de iniciativas como Darpa (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa) para las guerras en Afganistán y Medio Oriente.

Uno de los aspectos del trabajo de Darpa es la investigación de la diversidad lingüística y cultural, donde se busca la incorporación de estos conocimientos dentro de un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir estructuras de pensamiento para aplicación militar y geoestratégica (Darpa, 2003). El conocimiento total que se quiere adquirir en los territorios de operación militar combina el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública con un ejercicio socio-cultural, económico, antropológica, matemático, biológico y político para poder entender y anticipar el comportamiento de individuos y grupos.

Varias de las acciones de Darpa han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y el mismo Congreso. Sin embargo, en Colombia no ha habido ninguna discusión política sobre los alcances del Plan Minerva, ni la construcción de una nueva doctrina militar. Hay que recordar que en Colombia durante los últimos cincuenta años la inteligencia militar ha operado en varios momentos de forma conjunta con el paramilitarismo, como fue el caso del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), la Brigada XX o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las denuncias sobre el intercambio de información y complicidad entre la inteligencia militar con la estructura paramilitar Águilas Negras sería otro capítulo más de esta misma historia de guerra sucia.

Esta realidad plantea que el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia de la Fuerza Pública tendría que ir de la mano con una desclasificación de archivos y depuración de la misma Fuerza Pública. También debe garantizarse un marco jurídico que permite investigar desde la Justicia Ordinaria a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos. La reforma de la doctrina militar en combinación con el marco jurídico de la paz y la reforma a la justicia militar hacen justamente lo contrario, dan más facultades a la Fuerza Pública para violar los derechos humanos en un contexto que garantiza más impunidad.

* Periodista independiente


1 El Tiempo, “Comandante del Ejército anuncia revisión de doctrina militar”, 25/09/2015.
2 El Tiempo, “‘Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión’: Gobierno”, 18/10/2012.
3 Tomàs Gisbert Caselli y María Jesús Pinto, “Colombia: militarización al servicio del extractivismo”, http://www.arcoiris.com.co/, 20/04/2014.
4 El Espectador, “Cuestionan seguridad estatal a Drummond y otras transnacionales”, 08/01/2014.
5 Salinas Y. y Zarama J., Justicia y Paz: Tierras y Territorios en las Versiones de los Paramilitares Colombia, Comisión Nacional de Memoria Histórica, 2012. Consultar en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf
6 Brigadier General Alberto Sepúlveda Riaño, “La acción integral en la guerra moderna”, en Revista Ejército, Ed. 179.
7 Stokes, D. Raphael, S., Global Energy Security and American Hegemony, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010
8 “La acción integral en...”, op. cit.
9 The Guardian/Nafeez Ahmed, Pentagon preparing for mass civil breakdown, 12/06/2014.

Publicado enEdición Nº223
Sergio Jaramillo: «Necesitaremos diez años para implementar los acuerdos de paz»

El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo, está de visita en España, donde hoy se reunirá con Felipe González, Pedro Sánchez y Albert Rivera, después de que ayer recibiera una vez más el apoyo del Gobierno español en su encuentro con el ministro José Manuel García Margallo. Jaramillo explicó el lunes a los ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo los detalles de las conversaciones con la guerrilla y mostró su esperanza de que en los próximos meses se firme la paz tras más de cincuenta años de conflicto armado. La Comisión Europea ha creado un fondo fiduciario con 70 millones de euros para consolidar la paz en Colombia.


-¿Cree que el uribismo se sumará al gran consenso político que usted reclama?


-España puede dar una lección de cómo en un momento crucial de la Historia era necesario que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo a pesar de todas sus diferencias. Y eso es lo que tenemos que lograr en Colombia. ¿Es posible? Yo creo que sí, y sin que tengan que abandonar sus posiciones y sus críticas. Un ejemplo: hace un mes pasamos por el Congreso unas reformas a la ley de orden público para regular cómo funcionarían las zonas donde se ubicarían las FARC. Y lo que encontramos es que fue posible llegar a un consenso con el Centro Democrático. La ley fue votada por unanimidad.
-¿Pero cree que Uribe dará ese paso?


-Yo creo que sí, sin abandonar sus posiciones políticas, pero yo creo que él entiende muy bien hacia dónde van las cosas y hacia dónde va la Historia, y la importancia de su papel.


-¿Cuánto tiempo será necesario para que Colombia sea un país en paz?


-Habrá una fase muy intensa de unos diez años, con una serie de medidas de excepción para poder implementar esos acuerdos rápidamente, pero creo que nos va a llevar una generación para ver un país que cambió y que logró esa integración del territorio. La paz no ocurre, la paz se construye. Tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Va a llevar un tiempo, pero mientras más se involucren los colombianos mejores serán las posibilidades de que el país se estabilice, sobre todo las regiones afectadas por el conflicto. Hay que ser cuidadoso, no exagerar las expectativas y reconocer que lo que viene en la fase del postconflicto, la transición colombiana, va a estar lleno de sobresaltos, con el narcotráfico y la criminalidad.


-¿Qué otros obstáculos habrá tras la firma de la paz?


-Se van a necesitar grandes recursos, pero también hay un reto de capacidad de gestión de esos procesos en los territorios afectados y de involucrar mucho a la población. El otro reto es el consenso político nacional. No es sólo que las FARC se desarmen. Hay que llenar el espacio y construir un estado país en esas regiones, convertirlo en un propósito nacional.


-¿Cómo va a asegurar el Estado colombiano la integridad física de los guerrilleros tras el desarme?


-Hay que distinguir las medidas necesarias de carácter técnico de protección personal del componente político que tiene la seguridad. La desactivación de temores es muy importante para acabar con la sensación de amenazas mutuas y promover lógicas de cooperación.


-¿Hay impunidad sin cárcel para los criminales?


-Las consideraciones sobre la impunidad son distintas cuando uno está hablando de un conflicto de cincuenta años. La recomendación de la ONU en su día es que la solución más adecuada es un sistema de justicia transicional que utilice los medios de justicia para investigar los crímenes graves y a la vez utilice otros mecanismos extrajudiciales complementarios, como una comisión de la verdad, programas de reparación para responder a los derechos de las víctimas. Eso es lo que hemos hecho. Lo logrado en La Habana nunca se había hecho en una negociación de paz. Nunca una guerrilla había aceptado que los crímenes graves cometidos tienen que ser investigados y que sus responsables van a responder por ellos. Eso quiere decir que se crea un tribunal especial y quien esté dispuesto a reconocer sus delitos tendrá un tratamiento especial, no estará en la cárcel pero sí bajo unas condiciones restrictivas de libertad con un mecanismo de vigilancia internacional de verificación, cumpliendo con unas tareas con contribuyan a la reparación de las víctimas. Y quien no lo haga se expone a un juicio y terminará en la cárcel veinte años.


-¿Qué último mensaje transmitiría a la guerrilla antes de acabar las negociaciones?


-Que manden más señales a la sociedad colombiana reconociendo el daño que hicieron. Lo han hecho ya. Yo estuve presente en un acto en Bojayá, donde las FARC en un solo ataque mataron a 80 personas, en su mayoría niños y mujeres, y un hombre del Secretariado, de una manera ejemplar, reconoció la responsabilidad de las FARC.


-¿Qué cosas podría haber hecho mejor el Gobierno colombiano en la negociación con las FARC?


-Uno trata de hacer lo mejor que puede. El presidente Santos quiso que se hiciera de una manera muy planificada, por eso tuvimos seis meses de conversaciones secretas. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo que los acuerdos alcanzados son muy sólidos y exigen mucho a Colombia, pero los hemos hecho con toda la responsabilidad. Tal vez podríamos haber explicado mejor a los colombianos en qué consisten esos acuerdos y qué podemos esperar de la paz.


-¿Qué aprendió el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia?


-Fue un logro muy importante del presidente Uribe, porque cambió mucho el país. Ahora bien, en la ejecución quedan muchas preguntas sobre la reincorporación de esas personas, porque no pocos de ellos pasaron de estar en mandos paramilitares a montar su organización criminal. También faltó una visión territorial de intervención en las regiones afectadas para que los jóvenes pudieran encontrar una forma de vida fuera del crimen organizado.

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“Si no se reconoce que existe el paramilitarismo en Colombia es difícil firmar la paz”

El asesor jurídico de la Delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de Colombia y abogado español, Enrique Santiago, asegura que todavía faltan matices cruciales para la paz definitiva en Colombia aunque cree que, si la firma llega en el primer semestre de 2016, lo convertiría en el segundo proceso de paz más rápido del mundo.

 

Enhebra, hilvana, borda, corta, cose, dibuja. El tapiz ya casi está pero aún quedan flecos pendientes.


Como si de una obra textil delicada y frágil se tratase, quienes trabajan en los Diálogos de Paz de Colombia en La Habana parecen artesanos y artesanas que avanzan con minuciosidad y cautela. Y no es para menos cuando la Paz está en juego tras más de 50 años de conflicto social y armado ocasionando millones de víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones forzosas, violencia sexual y afectaciones psicológicas, entre otras consecuencias.


El pasado 23 de marzo no se pudo firmar el Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por eso mismo, a pesar de haber previsto la fecha durante meses.
Trabajar en consenso a lo macro teniendo en cuenta el contexto social y político de Colombia y los intereses de cada parte hacen muy complejo tejer unas conversaciones donde hasta la decisión de poner o no una coma en cualquiera de los acuerdos puede ser crucial.


Diagonal entrevista al asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, en un hueco de su apretada agenda por Bogotá, e indaga en los detalles de lo que falta por acordarse entre las partes. Su optimismo y convicción de que la firma final es definitiva y pronta, no desdibuja lo delicado del proceso y de que ponerse una fecha puede enturbiar este momento histórico que otorgue de una vez al pueblo colombiano la paz con justicia social que se merece.


¿Qué particularidades tiene este proceso de paz con respecto a otros que se han realizado en el mundo?

De momento es el segundo más rápido. Los procesos de paz son bastante complejos y lo que no puedes es considerar la variable tiempo para alcanzar la paz. Es absolutamente absurdo y más en un conflicto de 52 años como es éste.
El proceso de El Salvador duró como nueve años, el de Guatemala como 12, el de Irlanda del Norte como 14, el de Angola 15... Estamos hablando de unos plazos que no son en absoluto excesivos, de hecho éste podría ser el segundo proceso que se ha cerrado en menos tiempo si se firma en el primer semestre de 2016 tras el de Nepal, que duró tres años y poquito.


Pero sin duda alguna, la diferencia sustancial y particular es haber situado a las víctimas en el centro de las conversaciones. Todo lo relativo a derechos humanos y víctimas es muchísimo más detallado que en cualquier otro proceso de paz. Habitualmente, en los procesos de paz los asuntos de justicia, de víctimas, de derechos humanos son asuntos muy delicados que, como implica responsabilidades de las partes, causan fricciones y se suelen solventar como declaraciones de intenciones y compromisos de futuro una vez suscrita la paz.


De los dos últimos procesos de paz que se han cerrado con acuerdo, el Acuerdo de Argel, alcanzado en Malí para acabar con una rebelión secesionista de la región Azawad, se aprobó un acuerdo muy detallado en temas militares, administrativo, de autonomía. Es un acuerdo de más de cien páginas, aproximadamente, y de justicia, derechos humanos y víctima hay solo una. Además, habla de que una vez se consolide la paz se estudiará un mecanismo, como una comisión de la verdad, y se analizará qué hacer con los crímenes internacionales que se han cometido.


El Acuerdo Bangsamoro, de Mindanao (Filipinas), el penúltimo proceso de paz que se cerró en el año 2014, es un acuerdo muy detallado sobre cuestiones marítimas diferenciadas, de autonomía administrativa, incluso un poder judicial diferenciado; pero de víctimas, derechos humanos, causación de victimizaciones del conflicto armado hay exactamente 12 líneas en el acuerdo. Y en la misma tónica, cuando se consolide la paz se verá qué mecanismos se ponen en marcha para acabar con la impunidad.


En Colombia, todo lo que se ha alcanzado en materia de justicia o el compromiso previo de poner a las víctimas en el centro del acuerdo y de que el proceso de paz no fuera un cúmulo de impunidades, no ha respondido a una exigencia real de la Corte Penal Internacional, sí del Derecho Internacional y de la voluntad de las partes exclusivamente.


Y eso es porque, afortunadamente en Colombia, hay una sociedad civil desarrollada y estructurada y en concreto hay una red muy importante de organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Colombia es el segundo país de América Latina, después de Argentina, con esa estructura de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos tan consolidada. Yo creo que ésas son las características fundamentales de este proceso.


¿Qué flecos faltan en el Acuerdo de Paz para que no se firmase el pasado 23 de marzo como se propuso?

Ahora mismo se están discutiendo dos puntos de la agenda: el tres, "Fin del conflicto"; y el seis, "Implementación, Refrendación y Verificación". Falta además un aspecto importante del punto 5, que es el de Víctimas, dado que cuando se cerró no se alcanzó acuerdo y ambas partes se comprometieron a abordarlo en el punto tercero para facilitar que en diciembre se presentara el Acuerdo de Víctimas a la sociedad colombiana y al mundo.


Lo que falta no es menor, es todo lo relativo a las Garantías de No Repetición, algo muy importante dentro de esa visión de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, lo que se ha llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. En ningún proceso de paz se había abordado con detalle ni se había creado un Sistema Integral y es un asunto muy estratégico para las partes porque de eso depende la consolidación de la paz y la finalización de la victimización.


¿Qué deben abordar esas garantías de no repetición en particular, siendo estas conversaciones ya una propia garantía en sí misma?
Pues el cambio de la doctrina militar y de seguridad, que el papel de las Fuerzas Militares se limite a lo que establece la Constitución colombiana que es salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional, y no asuntos de orden público interno porque, incluso, constitucionalmente no pueden hacerlo si no hay una declaración de Estado de sitio.


El paso de la policía a un ministerio civil porque no hay ningún país del mundo donde la policía dependa del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. Todo el problema relativo a la depuración de la fuerza pública, personas responsables tanto de violaciones de derechos humanos como de colaboraciones con el paramilitarismo, o incluso con organizaciones corruptas. Todo el problema de la ley de ascenso de las Fuerzas Militares, el acceso a los archivos, a la información... Todo esto no son cuestiones menores.


Todo ello se está discutiendo junto con dos puntos muy críticos del punto 3 (Fin del Conflicto) que hacen referencia al combate y al desmantelamiento efectivo del paramilitarismo. El 3.7 se denomina Esclarecimiento del Fenómeno del Paramilitarismo; y el 3.4 es el combate a las organizaciones que han atentado o agredido a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es decir, el paramilitarismo. Pero este asunto es muy delicado porque el Gobierno, desde que empezaron las conversaciones y a fecha de hoy, siguen manteniendo que el paramilitarismo no existe, que lo que hay son bandas criminales (Bacrim).


Eso hizo que la discusión del punto de víctimas fuera muy complicada incluso porque no había acuerdo a la hora de denominar esa realidad. En el Acuerdo de Justicia se consigue introducir la creación de una Unidad Especial de Investigación y Acusación del Paramilitarismo, que debería funcionar como una fiscalía especializada, como un organismo que combata el paramilitarismo directamente desde el punto de vista judicial y de seguridad. Y en La Habana, la Comisión de Garantías de Seguridad está discutiendo las políticas de desmantelamiento del paramilitarismo y las políticas de protección, no solamente a los guerrilleros una vez hayan hecho la dejación de armas y se hayan incorporado a la vida civil, sino también a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las fuerzas políticas, etc.


Si el Gobierno no reconoce el paramilitarismo, ¿cómo está avanzando este punto para combatirlo?

 

Eso es algo que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo. Y evidentemente, todo lo que va quedando por acordar está muy interrelacionado.


No es posible cerrar el punto clave, formal, de terminación del conflicto, que es el cese bilateral y definitivo más la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, si no se cierra lo de garantías de seguridad. Pero es muy complicado cerrar lo de garantías de seguridad si no se ha cerrado lo de garantía de no repetición. Está todo íntimamente ligado.


¿En cuanto a las cuestiones técnicas del acuerdo, qué queda por trabajar?


De nivel técnico quedan muchas cuestiones. Por ejemplo, concretar los mecanismos para elegir a los comisionados de la verdad, a los jueces de la jurisdicción, a los fiscales de la jurisdicción... Queda pendiente también de cerrar un acuerdo sobre la conformación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay que aclarar el acuerdo sobre quién va a dirigir eso, qué personas se van a integrar.


Está pendiente también cerrar un acuerdo que, desde mi punto de vista, el Gobierno está dilatando demasiado, como es la salida de los menores que hay en los campamentos de la insurgencia. En febrero del año pasado las FARC se comprometieron a desvincular a todos los menores de 15 años que hubiera en los campamentos y, posteriormente, se comprometieron a cesar el reclutamiento de menores de 18 años facilitando también la desvinculación. El problema es que el Gobierno está dificultando mucho llegar a un acuerdo porque, bajo mi punto de vista, está intentando generar una situación ante la opinión pública para que las FARC aparezcan como violadores de los derechos humanos de forma permanente y habitual.


El gran punto que queda por concretarse es todo lo relacionado al Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, Dejación de Armas y Reincorporación a la Vida Civil. Los dos primeros se trabajaron en una comisión técnica compuesta por generales, comandantes y guerrilleros. Cuando llevaban ocho meses de trabajo, presentaron una propuesta a la mesa y sorprendentemente el Gobierno la rechazó. Si bien es cierto la excusa metodológica de que los acuerdos no se alcanzan en las comisiones sino que se deben alcanzar en la mesa, también es cierto que lo lógico, hablando de metodologías, es que si hay una comisión de trabajo que lleva funcionando ocho meses las partes vayan revisando los avances que se van haciendo a los puntos parciales, por lo menos la delegación de las FARC así lo ha ido haciendo.


Porque la Comisión no llega a unas conclusiones de la noche a la mañana, es un trabajo muy minucioso, muy delicado, de encaje de muchas cosas, y es sorprendente que el Gobierno haya esperado a que concluyera el trabajo de la Comisión para rechazarlo, sobre todo cuando el Gobierno tenía mucho interés en haber alcanzado el Acuerdo Final en marzo.


¿Y qué lectura tiene ante esto?

Aquí se ha repetido el escenario que ya ocurrió en septiembre, cuando se firmó el Acuerdo de Justicia derivado de la Comisión Jurídica, que incluso después de firmarlo por el presidente Santos y el comandante de las FARC Timochenko (Timoleón Jiménez), el Gobierno se desdice y obliga a su renegociación, por lo que no se firma definitivamente hasta diciembre. La impresión es que el Gobierno no acepta ningún acuerdo que no haya sido construido en la Mesa de Conversaciones, sino que haya sido construido por personas que intervienen en comisiones de trabajo de la Mesa de Conversaciones.


¿Cómo se está trabajando la implementación para el cumplimiento de los acuerdos una vez se realice la firma final?

 

La implementación es otro asunto polémico, porque viene existiendo unilateralidad por parte del Gobierno. El itinerario de implementación jurídica de los acuerdos diseñado unilateralmente por el Gobierno carece de lógica porque no contempla la incorporación expresa al ordenamiento jurídico de Acuerdo Final, con lo cual es muy difícil implementarlo.


El diseño que ha aprobado unilateralmente el Gobierno es un plebiscito que no tiene ningún efecto jurídico, porque el resultado favorable del plebiscito no implica que el acuerdo de paz entre a formar parte del ordenamiento jurídico. Asimismo, la forma elegida de las tres posibles vías que hay en la Constitución colombiana (el referéndum, la consulta y el plebiscito) probablemente sea la menos adecuada. Y es que el plebiscito legalmente es la votación ciudadana para la aprobación o rechazo para una decisión presidencial que no requiere desarrollo legislativo, y un Acuerdo de Paz no es una decisión presidencial, es fruto de un trabajo en una mesa de conversaciones. Además de que un Acuerdo de Paz lo que sí requiere es mucho desarrollo legislativo.


La segunda fase del diseño de implementación que ha aprobado el Gobierno es la creación de una Comisión Legislativa, "el Congresito", que estaría encargado de expedir leyes de desarrollo del Acuerdo; de ese mismo acuerdo que en el diseño legislativo del Gobierno en ningún momento se ha incorporado al ordenamiento jurídico, con lo cual, como esa Comisión queda habilitada para trabajar una vez acabado el proceso y no haya mesa de conversaciones, al final eso significa que el Gobierno –éste y los que vengan después– puede interpretar como ellos consideren los contenidos del Acuerdo de Paz a la hora de expedir leyes de desarrollo sin ningún tipo de control, lo cual puede provocar desvirtuar los acuerdos.


Y el tercer mecanismo que considera es la delegación de facultades extraordinarias al Presidente y a determinadas instituciones del Estado para que también puedan hacer el desarrollo legislativo.


Frente a esto, ¿qué propone la delegación de las FARC?

 

La delegación de las FARC propone incorporar el acuerdo al ordenamiento jurídico y ello puede hacerse por dos vías, ya que son técnicas que no son sencillas, mecanismos jurídicos que no siempre se han utilizado en procesos de paz anteriores pero que dan máxima garantía de seguridad jurídica.


Una primera fase es la incorporación al ordenamiento jurídico interno con un acto del legislativo colombiano. La propuesta es que el Acuerdo Final se firme como un Acuerdo Especial, figura jurídica contemplada en la Convención de Ginebra. Esto tiene un efecto jurídico e inmediato que provoca la incorporación de todos los contenidos del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno y la incorporación al bloque de constitucionalidad de aquellos contenidos que tienen que ver con los derechos fundamentales.


También es posible la incorporación al ordenamiento jurídico del Acuerdo Final, firmado como Acuerdo Especial, a través de un Acto legislativo, que es la vía de reforma constitucional que existe en Colombia.


Cualquiera de las anteriores técnicas legislativas deben llevarse a la práctica con una tramitación similar a la prevista en la Constitución colombiana para los tratados internacionales, lo cual tiene varia ventajas.


La primera, la esencial, es que en la discusión parlamentaria de un Tratado Internacional no se pueden introducir enmiendas. O se aprueba o se rechaza el tratado, o se asume íntegramente o no se asume. Lo que no se puede es alterar un tratado que está firmado por un montón de Estados. Porque sería inaceptable que un Acuerdo de Paz se varíe durante una discusión parlamentaria, porque entonces el resultado final no sería el acordado en la Mesa de Conversaciones.


Además, debe existir un segundo mecanismo para mayor seguridad jurídica, que es la transformación del acuerdo en una norma de derecho internacional una vez incorporado al ordenamiento jurídico interno. Esto evitaría que un posterior gobierno colombiano pretendiera modificar el Acuerdo de Paz.


La propuesta es efectuar una Declaración Unilateral del Estado, que es una forma de declaración del Derecho Internacional por el cual el Estado formula voluntariamente una declaración de compromiso ante la Comunidad Internacional o ante otro Estado o ante un organismo como Naciones Unidas. Lo que se propone es que esa declaración unilateral vaya acompañada de una solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se incorpore el Acuerdo Final a una resolución del Consejo de Seguridad.


¿Y qué pasa con la refrendación, el punto que tanta polémica está causando entre las partes por buscar el mecanismo apropiado para que el pueblo colombiano participe en la implementación de los acuerdos?

 

Ahí hay una discusión interesante porque también el Gobierno ha decidido unilateralmente que se realice un plebiscito pero hay muchos mecanismos de refrendación, desde una constituyente hasta una consulta, hasta la aprobación del acuerdo por los representantes de la soberanía nacional, las cámaras.


Otra cosa es qué materias son susceptibles de refrendación y cuáles no. Por ejemplo, el Derecho a la Vida no es susceptible de refrendación, los derechos fundamentales como la dignidad de la persona tampoco, es decir, no se puede someter la vigencia de un derecho humano a la voluntad popular, son normas de derecho imperativo del sistema jurídico internacional.


Entonces, ¿la paz no es necesaria someterla a refrendo?

 

La paz es un valor supremo, sin la paz no se puede garantizar ningún derecho humano, con lo cual dentro de la categoría de derechos fundamentales no susceptibles de someterse a refrendación, sin duda alguna, el que está en la cúspide es el derecho a la paz.


Pero, ¿cuál es el efecto? Sometamos la paz a una consulta, ¿y qué ocurre si el resultado es negativo? ¿Acaso el mecanimo de verificación internacional va a devolver las armas a las FARC para que se vuelven a la montaña a estar otros 20 años en guerra?

Evidentemente no, es una situación absurda.


Lo que ha ocurrido en otros procesos cuyos acuerdos se han sometido a refrendación y se ha rechazado el Acuerdo de Paz, como por ejemplo Guatemala, el resultado evidentemente no ha sido volver a la guerra. Con lo cual, desde mi punto de vista, la refrendación de la paz no es equivalente al voto ciudadano sí o no del Acuerdo de la Paz.


¿La realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que plantea las FARC y quiere gran parte de la sociedad colombiana una vez se firme la paz, es una condición o una consecuencia de los acuerdos?

 

No es ni una condición ni un mecanismo de implementación. Creo que ha habido cierta confusión ante esto o no se ha explicado bien. Las FARC no piden que la implementación de los acuerdos se haga a través de una Constituyente, lo que pide es que la implementación se haga de la forma más rápida, eficaz y que dé más seguridad jurídica, y eso no es una Constituyente.


Una Constituyente puede ser limitada, que fue la técnica utilizada en Sudáfrica para acabar con el apartheid y el conflicto. Una Constituyente puede tener como resultado que cuestiones acordadas en unas conversaciones sean después derogadas o no sean incorporadas a la Constitución. Por eso haya que limitarla y abordarla previo acuerdo de unos contenidos pétreos, no modificables.
La propuesta de las FARC en una Constituyente responde a la necesidad de conformar un amplio acuerdo nacional para que el nuevo país que surgirá después de la firma de la paz y cese del conflicto, y ojalá que se llegue a un acuerdo con el ELN, sea resultado del proceso de paz.


Los acuerdos alcanzados implican multitud de reformas institucionales y cierran además un periodo histórico en Colombia, que hace necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo país, y ese nuevo contrato social solamente se puede reflejar con una Constituyente; que deje atrás para siempre problemas estructurales que ha tenido la sociedad colombiana que han hecho de la violencia una formación de hacer política. Esa es la función de la Constituyente, modificar toda la institucionalidad que ha permitido que la violencia sea una forma de hacer política.


¿Qué lecturas y propuestas plantea las FARC para acabar con el paramilitarismo?

 

Las FARC comenzó el proceso de negociaciones diciendo que no iba a haber dejación de armas hasta que no desapareciera el paramilitarismo. Pero lo cierto es que aun en el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año ni en dos, eso es evidente.


Las FARC lo que pide es que se acuerden políticas serias y reformas estructurales eficaces para que acabe el paramilitarismo, es decir, que se acredite el compromiso y la voluntad del Estado de terminar con esto.


Las reivindicaciones de las FARC son, primero, la puesta en marcha de lo que ya está acordado, la Unidad de Investigación de Desmantelamiento del Paramilitarismo, el punto 74 del Acuerdo de Justicia. ¿Y eso qué significa? Pues un acuerdo sobre las competencias y formas de funcionamiento: quién va a dirigirla, con qué recursos se va a contar, cómo se va a elegir a las personas que la integran, qué garantías se van a dar de inamovilidad de sus responsables, dónde se va a ubicar funcionalmente, va a depender de la fiscalía o no, en qué jurisdicciones va a actuar, qué competencias de tipo policía judicial, va a tener, etc.


Las FARC han hecho la propuesta después de consultar a multitud de operadores jurídicos que han venido trabajando en el desmantelamiento del paramilitarismo y que han coincidido en las evidentes deficiencias de la institucionalidad colombiana para combatir el paramilitarismo.


Otra cuestión importante para las FARC es la creación de una Comisión Nacional de Garantías conformada por el Estado pero también por las organizaciones de Derechos Humanos y víctimas y por expertos que hagan un seguimiento estricto de las políticas contra el paramilitarismo. No van a dirigir las políticas anti paramilitarismo, eso lo tiene que hacer las administraciones públicas a las cuales les corresponde (poder judicial, policía, ejército...), pero lo que se pretende es una Comisión que haga un seguimiento permanente al respecto, proponga actuaciones y que pueda hacer públicas las valoraciones y deficiencias que vean en la lucha contra el paramilitarismo.


Se propone también la puesta en marcha de una serie de planes piloto en los lugares donde existe el paramilitarismo más agresivo. También, mecanismos de seguridad que protejan en el terreno a los guerrilleros reincorporados a la vida civil, a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde haya una dejación de armas de las FARC, ya que esas regiones van a ser un objetivo para los paramilitares


Por último, se propone una reforma del funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad, incluida la creación de nuevos mecanismos policiales de combate al paramilitarismo en las zonas rurales, donde tienen la presencia uniformada y armada.


Precisamente en las zonas rurales de Colombia existen incertidumbres y dudas de que este acuerdo pueda otorgarles la paz debido, en parte, a que los grupos paramilitares continúan violando sus derechos y la violencia se ha incrementado en algunas regiones.

 

Pues no me extraña porque lo que es palpable es la falta de voluntad del Estado para combatir el paramilitarismo. Eso se ha visto claramente con el paro armado que ha habido ahora en el Chocó donde no se ha visto al ejército ni a la policía. Se ve también en general con los resultados de la jurisdicción de Justicia y Paz: en 10 años de actuación son únicamente 35 sentencias las emitidas, 140 personas condenadas y 2.000 personas que han cumplido el máximo de ocho años de cárcel previsto en la ley sin haber sido nunca condenadas en juicio, por lo que serán excarceladas, a pesar de haber habido 30.000 paramilitares desmovilizados. No se sabe dónde han ido a parar más de 20.000 paramilitares supuestamente desmovilizados que no están controlados por el sistema de la ley 975, la ley de desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).


Lo que no me extraña es que la gente sea escéptica, eso es normal. Y el escepticismo sólo desaparecerá si somos capaces de poner en marcha políticas que realmente acaben con el paramilitarismo. Ese escepticismo no acabará hasta que no se vean resultados.


La misma apreciación que tiene la sociedad colombiana sobre la dejación en materias de persecución del paramilitarismo, es lo que se aprecia en muchos momentos en la mesa al abordar estos debates: una dejación del Gobierno de su obligación de cerrar los acuerdos sobre desmantelamiento del paramilitarismo.


¿Cómo se plantea las garantías de seguridad, entonces, si está siendo tan difícil trabajar el tema del fin del paramilitarismo?

 

Sobre el punto de garantías de seguridad se han intercambiado 29 borradores, lo cual es desproporcionado.


Esta dilación es un factor que puede enturbiar la firma del Acuerdo final, más incluso que el debate sobre los lugares de ubicación de los guerrilleros para la dejación de armas.


Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte. Importantes sectores de la sociedad colombiana no entenderían que no se cerrara un acuerdo eficaz, claro y ambicioso para acabar con el paramilitarismo, por lo que si las FARC no son muy exigentes en esto pueden tener un problema serio de credibilidad social.


¿De qué manera será la dejación de armas?

 

La dejación de armas va a ser bilateral. Las FARC lo hará a través de un mecanismo de verificación de dejación de armas con un mecanismo internacional, y a su vez, el Gobierno hará el seguimiento y conocerá el proceso a través de ese mecanismo internacional.


Lo que se sabe es que la dejación de armas será en fases, no están definidas cuántas fases pero no tienen por qué ser muchas. La dejación de armas se iniciara no más tarde de 60 días desde la firma del Acuerdo Final. Las FARC han manifestado en el último ciclo de la mesa de conversaciones que no tienen por qué trascurrir 60 días para empezar ese proceso, pueden ser menos. Su voluntad es iniciar la dejación de armas tan pronto se firme el Acuerdo Final.


La dejación tiene que ir acompañada, como ha ocurrido en todos los procesos de paz, de la entrada en vigor de la amnistía, porque el guerrillero que hace la dejación de armas sale de la zona de concentración y debe quedar libre, así esté sometido a la futura acción del sistema de justicia para la paz, al igual que cualquier otro ciudadano colombiano que no tenga que hacer dejación de armas para que le alcance la amnistía, como los condenados por protesta social, ley de seguridad ciudadana o defensa de los derechos humanos. Debe existir una presunción de amnistía para todas las personas a las que les alcance la ley de amnistía, al menos hasta que se acredite por la Jurisdicción Especial para Paz que son responsables de delitos no amnistiables.


Y las zonas campamentarias para la dejación de armas no pueden ser cárceles. Sólo faltaba que hubiera un régimen más duro de limitación de derechos para la dejación de armas que el que se ha aprobado en el sistema de justicia para aquellos que reconozcan responsabilidades de forma voluntaria y rápida, y además al libre albedrío y decisión del Gobierno, sin intervención de un juez. Eso no puede ser.


Las armas nunca van a ser entregadas al estado colombiano, se destruirán, desaparecerán como armas mediante unos procesos que serán verificados y certificados por los mecanismos de verificación de Naciones Unidas.


¿Cómo valora el papel que está teniendo Estados Unidos en este proceso?

 

Estados Unidos, desde el inicio de 2015 está teniendo un papel activo, constructivo y amigable. Quizás quiso tener un papel más activo a partir del año pasado porque llegó a la conclusión de que la paz era irreversible, al principio del proceso no hubo un gran compromiso, quizás por la incertidumbre sobre si iban a concluir las conversaciones positivamente o no. Creo el apoyo de Estados Unidos es un espaldarazo al proceso de paz; es decir, el proceso viene siendo serio, enfocado, está teniendo resultados y la paz parece muy al alcance de la mano.


Obviamente Estados Unidos, como no podría ser de otra forma, cualquier presencia que tenga en política internacional es para salvaguardar sus intereses. En este caso, parece en esta administración ha llegado a la conclusión de que sus intereses pasan por garantizar la paz en Colombia.


En la práctica, el papel que han hecho es positivo. Es un papel respetuoso, incluso en momentos delicados han ayudado a superar crisis, bloqueos, parálisis. A fecha de hoy, creo que la Administración del presidente Obama sí está comprometida con el proceso de paz. ¿Qué pasará con futuras administraciones? Pues ésa es la gran incógnita. Por eso creo que es muy recomendable cerrar el Acuerdo de Paz durante la actual administración de Obama, de forma que se garantice que Estados Unidos va a hacer las aportaciones en lo concreto del proceso de paz.


En los diálogos de La Habana es la primera vez que se introduce una Subcomisión de Género integrada por mujeres de ambas partes firmantes, ¿cómo valora el papel que están teniendo las mujeres en la construcción de la paz para y en Colombia?

 

No sólo en el proceso sino también en el post-acuerdo van a ser transcendentales. La característica de todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos años es que, respecto a lo acordado en materia de desarrollo económico y social, no se cumple nada. Eso es lo habitual y además sin matices: no se cumple nada. Se cumple lo que tiene que ver con la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes y los mecanismos de justicia, de exención y de exigencia de responsabilidades.


Estoy convencido de que, como ha pasado en todas las sociedades después de un conflicto armado, el peso fundamental de la puesta en marcha de los acuerdos y de la exigencia y vigilancia al Estado para su cumplimiento tiene que residir en las mujeres. Las mujeres son las grandes constructoras de paz y son las que tienen más habilidades, sensibilidad, técnica y conciencia para superar los enfrentamientos armados y para construir una sociedad en de paz.


Con lo cual, yo creo que el papel de las mujeres es fundamental para que se implementen cuestiones muy importantes que se han acordado en La Habana y que supondrían acabar con problemas estructurales y con la inequidad que hay en Colombia.


La Subcomisión de Género es un grupo de trabajo compuesto por mujeres de ambas partes que han velado durante todas las discusiones por intentar acercar esas discusiones a las mujeres y, además, para que el contenido de los acuerdos respete la igualdad de género, la perspectiva de género y la defensa de los menores, niños y niñas.


De hecho, las mujeres víctimas que acudieron a sesiones y audiencia en La Habana, algunas con testimonios espeluznantes y con un esfuerzo psicológico tremendo, mantuvieron un discurso no sólo de paz sino también de reconciliación. Incluso los momentos de mayor acercamiento entre víctimas y victimarios, en general, se produjeron allí en esas audiencias, protagonizados por mujeres.


El pasado 30 de marzo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció junto con el Gobierno el inicio de los acuerdos de paz en una rueda de prensa en Caracas, ¿qué le parece que se inicien ahora estas conversaciones?

 

Eso es muy importante, lo que siempre se ha defendido es que obviamente son dos mesas pero es un solo proceso de paz. Sin el ELN la paz estaría incompleta.

A mi juicio, ojalá el anuncio hubiera sido antes, es decir, que el ELN se hubiera incorporado a conversaciones a la mesa, por ejemplo, sobre el punto de víctimas o sobre la construcción de mecanismos de justicia. Ahora es prácticamente imposible que convivan dos modelos de justicia para resolver el conflicto, por lo que habría sido bueno que el ELN hubiera podido participar en esos debates. Y se intentó pero no pudo ser.


Ahora lo que hace falta es que la muy ambiciosa agenda del ELN se aborde de la forma más coordinada con este proceso. Obviamente este proceso va a acabar antes que el del ELN pero, en mi opinión, el ELN debería tomar las medidas para que llegaran al proceso de la Constituyente y creo que sería una tragedia si el ELN desaprovechara esa ocasión histórica.


Les deseo muchos éxitos y tengo el absoluto convencimiento de que no era posible alcanzar una paz en Colombia sin el ELN.

Por último, ¿para cuándo la firma definitiva del Acuerdo de Paz?


Desde mi punto de vista, el Acuerdo Final es irreversible. Creo que puede alcanzarse en este primer semestre del año, que el proceso de dejación de armas podría estar concluido este año, y que el inicio de la reincorporación a la vida civil podrá producirse también durante este año.

Publicado enColombia
Viernes, 15 Abril 2016 20:03

La paz armada

La paz armada

Tres años y medio de conversaciones de paz es un tiempo demasiado largo si no se han obtenido resultados tangibles. Más complejo aun si los temas pendientes son muchos y de difícil solución. La mesa de La Habana está atascada y la única realidad es que ninguna de las partes se atreve a pagar el costo político de su fracaso.

 

Habrá un antes y un después del 23 de marzo en el proceso de paz colombiano. Ese día había sido anunciado, desde mucho tiempo atrás, como la fecha en que el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc), rubricarían una paz que comenzaron a negociar en 2012.


Pasó la fecha y no hubo anuncios destacados. Las partes ni siquiera pudieron explicar los puntos en que las negociaciones se trabaron, y la mesa de La Habana comenzó a ocupar espacios cada vez menos destacados en la agenda informativa, al punto que tres semanas después de la fecha fijada los diarios y los noticieros televisivos ya casi no hablan de los prometidos acuerdos de paz.


Por el contrario, las fuerzas que se oponen al fin de la guerra no han dejado de hacer notar su presencia. El ex presidente Álvaro Uribe intentó con regular éxito movilizar a la población contra las negociaciones. Pero la presencia de los paramilitares en buena parte del país (véase nota de Iván M García), controlando una parte de los negocios agropecuarios y extractivos –además de las habituales extorsiones a la población–, es una amenaza concreta para los futuros guerrilleros desmovilizados.


Es posible que el cese unilateral del fuego decidido por las Farc tiempo atrás haya alejado el fantasma de la guerra en la percepción de una parte considerable de los colombianos. Lo cierto es que no existe presión social para llegar a un acuerdo rápido y completo. Así las cosas, se vive una paz armada que no termina de ser paz verdadera y que llegado el caso puede degenerar nuevamente en guerra abierta, lo que sería un desastre sobre todo para el actual presidente, pero también para la guerrilla, que tiene muy baja aceptación social.


LOS ATASCOS.


Históricamente las causas de la guerra estaban en la tierra. La violenta expulsión de los campesinos de sus parcelas, empujándolos hacia nuevas fronteras agrícolas, ha sido la explicación más frecuente y razonable sobre la larga guerra colombiana. Es evidente que las más de 6 millones de hectáreas que han sido indebidamente apropiadas durante el conflicto siguen siendo parte del atasco en el que se encuentra el proceso de paz.
Pero lo que revela el fracasado apretón de manos entre Santos y Timochenko (uno de los jefe de las Farc) en La Habana el 23 de setiembre de 2015 es bastante más que los problemas derivados del irresuelto conflicto agrario.


Sin embargo, en el fracaso del 23 de marzo como fecha límite han pesado otros factores más decisivos aun en el corto plazo. Según Carlos Gutiérrez, director de Le Monde Diplomatique en Colombia, el proceso de paz se ha detenido ante múltiples muros, que enumera: “amnistía, cese del fuego y hostilidades, dejación de las armas, participación popular, seguridad jurídica, cumplimiento efectivo de los acuerdos, margen de tiempo para la negociación”.


Es evidente que son temas de difícil resolución y, sobre todo, que revelan una profunda desconfianza entre las partes. El gobierno exige el desarme completo y en una sola fecha, el abandono por las Farc de toda relación con el negocio de la coca en todas sus fases y el fin de la explotación ilegal del oro y de otros minerales. Sus exigencias afectan a las armas y a las formas de financiamiento, dos puntos clave. El grupo guerrillero exige a su vez formas de control de las regiones en las que tiene un peso histórico fuera de discusión y que se denominan “zonas de reserva campesina”. Pero sobre todo, y con base en la experiencia, garantías de seguridad. Cuando varios grupos armados se desmovilizaron a principios de la década de 1990 sobrevino el asesinato de importantes dirigentes, sobre todo del M 19. La masacre de miles de militantes y cargos públicos de la Unión Patriótica es otro antecedente importante a la hora de negociar seguridad en el posconflicto.


Quizá por eso las Farc pretenden la entrega gradual de las armas y no de una vez, como quiere el gobierno. La propuesta de la guerrilla es entregarlas progresivamente a medida que los acuerdos se vayan cumpliendo, en un plazo de diez años. La respuesta de Santos fue rotunda: “El gobierno exige una fecha fija, precisa y clara, para que termine el proceso de desarme”. Aquí está la traba mayor en esta fase de las negociaciones. El gobierno teme que la guerrilla esté ganando tiempo para fortalecerse, como sucedió dos décadas atrás durante la negociación del Caguán, donde las Farc obtuvieron una zona “despejada” que aprovecharon para reclutar combatientes y ganar terreno a las fuerzas armadas.


INNOVAR O NO INNOVAR.


En otros procesos de negociación, tanto en Colombia como en Centroamérica, las cosas fueron por caminos bien distintos a los que pretenden recorrer las Farc. Una vez firmados los acuerdos de paz, los guerrilleros se concentraban en varias zonas donde entregaban las armas bajo supervisión internacional y luego se reincorporaban a la vida civil. Ese ha sido el patrón en Colombia. Pero hubo traiciones, como cuando el ejército aprovechó la concentración de combatientes del M 19 para bombardearlos por aire.


En este punto hay también gruesas divergencias. La guerrilla pretende que se fijen 50 puntos de concentración de sus combatientes (seguramente para minimizar posibles daños), mientras el gobierno quiere que sean sólo diez. Las Naciones Unidas ofrecen acompañar la entrega de armas hasta en 14 puntos, movilizando a 5 mil funcionarios.


Lo que está en juego es mucho. Santos no puede permitirse llegar a las elecciones de 2018 sin resultados concretos. Durante su primer mandato presidencial no pudo ofrecer nada más que la continuación de la mesa de La Habana.


Las Farc muestran una estrategia errática. Días atrás Timochenko difundió un mensaje vigoroso en el que asegura que el proceso llegará a buen puerto. Pero en el fondo lo que parecen desear es una paz armada de larga duración, como se desprende del plazo de entrega de las armas, fijado en diez años.


Hay otro punto que se ve sombrío. Es lo que el politólogo Markus Shultze Kraft señala como “la necesaria reforma del sector seguridad”, el papel que jugarán las fuerzas armadas y policiales en el posconflicto (Le Monde Diplomatique, febrero de 2016). Las fuerzas armadas han sido diseñadas para la guerra interna y adquirieron una cultura de combate al campesino armado, violaron de forma grosera los derechos humanos y mantienen estrechos vínculos con los paramilitares.


Para nadie es un secreto que los militares colombianos, en línea con el ex presidente Uribe, siguen queriendo exterminar a la guerrilla. De algún modo, es la posición simétricamente opuesta a la de las Farc, que siguen aspirando a “tomar el Palacio de Invierno”. No puede resultar entonces extraño que el proceso de paz se haya atascado.

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