Francia paró en contra de la reforma jubilatoria

Hasta un millón y medio de personas protestaron en 60 ciudades 

La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. También se sintió en hospitales, la policía y la aeronáutica civil. Sigue hasta el viernes.

 

Francia se quedó de a pie, en el doble sentido del término: caminando por la huelga de los transportes lanzada por los sindicatos contra la reforma de las jubilaciones: y caminando en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, con un punto muy fuerte en París, cuyas cifras todavía se desconocen. Según proyecciones del ministerio de Interior, más de 800 mil personas acudieron a las 242 manifestaciones organizadas en 60 ciudades. Para la CGT, la participación subió a más de un millón y medio. La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. A ella se sumaron sin embargo varios otros gremios que van desde los hospitales, la policía o la aeronáutica civil con un 20% de los vuelos anulados. Sectores público y privado respondieron masivamente a lo que se espera será sólo el comienzo de una protesta que, al menos en la empresa nacional de ferrocarriles, se prolongará en los próximos días. El Ejecutivo calcula que la huelga se extenderá hasta el viernes e incluso que perdure más allá del fin de semana. El paro golpeó el corazón del sistema. Aunque no es una huelga general, la parálisis de los transportes públicos perturbó a todo el país. Sin posibilidad de desplazarse, la gente se movió como pudo o permaneció en casa. Los sindicados, con la excepción de la CFDT, buscan forzar al gobierno a una negociación con el manual de las huelgas de 1995 en la mano. En aquel entonces, la oposición a una reforma similar de las jubilaciones dejó a Francia sin actividad durante tres semanas, hasta que el proyecto fue retirado. Si los paros importantes persisten el lunes, entonces la batalla social tendrá otro perfil. Y como recién el próximo 12 de diciembre se conocerá realmente el contenido preciso de la reforma, es muy probable que de aquí a entonces los sindicatos mantengan la presión social.

La controversia surgió cuando empezaron a trascender algunos detalles del texto prometido por el presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral para las elecciones de 2017. La idea inicial consistió en terminar con los 42 regímenes de pensiones que están en curso y reemplazarlos por otro a través del cual todos los sectores tendrían los mismos derechos. La ausencia notoria de una pedagogía clara por parte del gobierno, las divisiones en la propia mayoría, la presión de la derecha presidencial que introdujo varias modificaciones a la idea inicial, los rumores y la confusión que el Ejecutivo no se ocupó de neutralizar plantearon la perspectiva de que habría que cotizar más años e, incluso, extender la edad legal de la jubilación, hoy fijada a los 62 anos. El líder de la CGT, Philippe Martinez, hizo campaña contra la reforma con el argumento de que, una vez aplicada, esta equivaldría a trabajar más tiempo y cobrar menos. La huelga está determinada por dos paradojas: una, el movimiento social se lanzó sin que se sepa con claridad qué contiene la reforma: dos, la opinión pública respalda tanto a la huelga como la necesidad de una reforma de las pensiones. Ayer, una encuesta realizada por la consultora Odoxa-Dentsu Consulting para el diario Le Figaro y la Radio Franceinfo, mostró que el 68 por ciento de los encuestados respaldaban a los huelguistas al tiempo que 76 considera que una reforma es necesaria. El porcentaje de apoyo a la huelga era menor hace una semana, pero fue creciendo ante la ausencia de explicaciones del Ejecutivo. El tema fue tanto más mal tratado por el gobierno cuanto que, en Francia, tocar la jubilación equivale a trastornar el pasado –lo adquirido--, el presente –lo que se puede formular cara al futuro—y el mismo futuro. Ante la perspectiva de un endurecimiento de la rebelión social, el Primer Ministro, Edouard Philippe, tiene previsto una serie de concesiones cuyo contenido es, igualmente, vagamente misterioso. De allí la sensación global de que el “gobierno esconde el texto porque su único objetivo es engañarnos y hacernos trabar mucho más, ganar mucho menos mientras sus amiguitos liberales se llenan los bolsillos con nuestra pobreza”, según decía iracundo Michel, uno de los manifestantes -educación nacional—que ayer salió a las marchas de París pese al frío. En las calles de la capital francesa había una sinfonía de reclamos, muchos jóvenes, profesiones de todo tipo y una triple inquietud: la jubilación, el planeta y el liberalismo. Un hombre de unos 40 años llevaba una pancarta que decía:” mejor reformemos el sistema de los accionarios”. ”Viva una reforma social del liberalismo”, clamaba una señora recién jubilada. Una pareja de empleados de la educación nacional declaraba:” llegó el momento de que demos vuelta el flujo. Llevamos décadas y décadas pagando por los ricos y ahora que se preparan para exprimirnos hasta en la vejez y es hora de que les digamos basta. ¡Que empiecen a pagar ellos por nosotros !”. Más adelante, un grupo nutrido de ferroviarios con disfraces de Macron con los atuendos del Rey Luis XVI decía: «No queremos a un monarca del liberalismo. Queremos a un hombre que sienta lo que es una vida de trabajo común y que no liquide aquello por lo cual trabajamos toda la vida”.

Había en París bronca por el presente, las privatizaciones de los aeropuertos y la lotería nacional (La Française des Jeux) y miedo por un futuro de privaciones. ”El liberalismo de Macron nos lleva a la exclusión. No les importa lo que suframos, es una aristocracia egoísta y especuladora. Ninguno de esos reyes que aboga por la reforma sabe lo que es vivir con mil euros por mes. Y ni eso nos van a dejar en los bolsillos”, explicaba una empleada del correo francés. ”Fíjese a dónde llegamos. A fuerza de ajustes, desempleo y precariedad hicieron que nuestro presente sea inestable y apretado. Y ahora quieren que nuestra vejez sea una miseria”, decía una pareja del sector bancario privado. En un año, de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el presidente Macron fomentó dos conflictos mayores: el de los chalecos amarillos y, hoy, el de las jubilaciones. En ambos casos se confrontó a una variable que parece desconocer: la voz y el protagonismo del pueblo y su adhesión a la preservación de sus derechos. Francia es un país más bien conservador, pero no liberal. El jefe del Estado tiene una visión financiera de las relaciones y ello choca fuertemente con una sociedad que atraviesa un “malestar democrático” (Luc Rouban, Centro de Investigaciones políticas de Siences-Po) que se fue forjando a través de múltiples decepciones sociales. La reforma de las jubilaciones terminó por aunarlas a todas.

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Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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Martes, 03 Diciembre 2019 06:23

La dictadura perfecta

La dictadura perfecta

Vargas Llosa, súbdito de Felipe VI de España, dijo el viernes que ve mal la administración de AMLO. Teme por un México de “regreso a la dictadura perfecta”. El súbdito de un rey que vino a Cuba a hablar de ¡democracia! ha vuelto a proferir una de sus gansadas perfectas y, como era de esperarse, ha sido imitado nuevamente por los replicantes mexicanos: los persistentes defensores del régimen neoliberal en retiro. No es extraño que Vargas Llosa sea un neoliberal: ha sido un alto beneficiario de ese régimen, abrazó tempranamente la ideología de ese sistema de expoliación y ha sido profundamente construido por ella.

Los historiadores probablemente registrarán al discurso neoliberal como uno vuelto sentido común en tiempo récord. No parece haber otro caso en la historia humana: en muy pocos años penetró la mente de mayorías sociales con un discurso con el cual se proclamaba la “libertad individual” como régimen social, mientras se construía en los hechos un sistema de expoliación.

El abuso en el uso del término neoliberal no debiera perder de vista el hecho contundente apuntado. En el marco del capitalismo, lo contrario del régimen neoliberal es el Estado de bienestar. Ambos son creaciones humanas: propuestas de organización del Estado y la sociedad. Pero el discurso neoliberal, sin engañarse a sí mismo, engaña: cree que el suyo es un orden natural, el de la “libertad individual”, y que todo lo que se oponga a ese orden debe ser rechazado y combatido. Para el neoliberalismo la intervención del Estado en la economía –especialmente en la economía– es contra natura por antonomasia; más precisamente expresado, la intervención del Estado en la acción libre de los individuos en el mercado debe ser rechazada categóricamente por todos. Todos tenemos unas cualificaciones que debemos vender en el mercado, nos dicen. Si obtenemos poco es porque pocas son nuestras cualificaciones y talentos: auméntelos para venderse mejor. Y los neoliberales se ufanan: reclamamos para todos esa libertad; de modo natural libres nacimos todos y toda fuerza opuesta a esa libertad es opresión, autocracia, dictadura, autoritarismo, que deben ser resistidos, combatidos, controlados.

Libre mercado = orden natural autónomo = pilar organizativo de la sociedad. Esta es la patraña sobre la que se construye el discurso neoliberal. En mis tiempos de estudiante el libre mercado era sólo un supuesto simplificador para empezar a conocer los sencillos principios de funcionamiento de un mercado de productos en la asignatura de microeconomía neoclásica (una asignatura entre 30 o 40), donde un (inexistente) homo œconomicus (otro supuesto simplificador) se guiaba por la competencia, la información perfecta y el comportamiento racional orientado por la utilidad marginal de un producto cualquiera.

El mercado libre neoliberal es producto de unas ideas, unas prácticas, unas reglas, unas instituciones, unas leyes: un producto humano absolutamente, no un resultado de la naturaleza: ¿hay alguna duda? Este orden social produjo un ínfimo grupo de ganadores y un mar de perdedores, en proporciones nunca vistas en la historia humana. Cuando el neoliberalismo fue instituido en los años 1980, el punto de partida fue un estado de desigualdad escalofriante. El resultado del libre mercado fue a peor: la economía del 1%.

El ideal utópico del libre mercado soñado por los neoliberales se derrumba porque produjo el estado distópico de la realidad efectiva del presente, hoy enfrentada por grandes oleadas de disconformes que protestan en el mundo. La posverdad del neoliberalismo va reduciendo su poder de discurso imbatible. En Chile ha sido puesto en el banquillo con una demanda más clara que en ninguna otra parte: un nuevo pacto social: otra creaciación humana, esta vez humana en el mejor sentido de la palabra.

Desde que Adam Smith imaginó la economía como una esfera autónoma dirigida por una “mano invisible”, existía el riesgo de que el mercado se convirtiera no sólo en una parte de la sociedad, sino en la sociedad misma. Especialmente a partir de los años 1980 la idea Friedrich Hayek –que vivió hipnotizado por el sistema de precios– se hizo realidad: el Estado sólo tendría como función mantener libre al mercado (y mantener a raya a los disidentes). El aterrador mundo de hoy es el resultado de ese éxito. En términos históricos eso se acabó: el dominio ideológico del neoliberalismo está volviéndose añicos. A escala humana veremos a muchos estados cometer, en nombre de la “libertad individual”, horrores sin cuento.

La economía tiene que ser una técnica, como creía Keynes, para alcanzar fines sociales deseables, que son siempre resultado de una deliberación pública, política, democrática, que ha de tener lugar justamente fuera del mercado. Una deliberación que produzca un Estado de bienestar social. La dictadura perfecta del mercado libre anhelada por los neoliberales, sólo produce monstruos o insensibles súbditos del dogma neoliberal, como Vargas Llosa.

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Lunes, 02 Diciembre 2019 06:28

Nostalgia presente (II)

 Jóvenes en resistencia a la agenda neoliberal en Seattle hace 20 años lucharon con la consigna: "Otro mundo es posible".Foto tomada de YouTube

A 20 años de la gran rebelión contra la globalización corporativa que estalló en Seattle el 30 de noviembre de 1999, sus canciones, consignas e internacionalismo hoy están presentes en la lucha político-electoral y de justicia social de Estados Unidos, donde tal vez la corriente más dinámica de las fuerzas antineoliberales se atreve a llamarse socialismo democrático.

Pero tal vez el mayor legado de Seattle es el potencial –y la necesidad– de la solidaridad global entre norte y sur dentro de un movimiento de justicia (ver primera parte: https://www.jornada.com.mx/2019/ 11/25/mundo/029o1mun ).

Esa oposición al modelo corporativo de la globalización en Seattle tenía sus antecedentes en diversas luchas en otras partes del mundo –la insurgencia zapatista en Chiapas, Sudáfrica, Filipinas, Corea, India– pero en América del Norte nació en respuesta a la propuesta del tratado de libre comercio que hoy día aparentemente está por ser sustituido por otro que es en esencia más de lo mismo.

De hecho, se puede decir que la lucha contra el TLCAN –definido como el candado de las políticas neoliberales– no sólo fue la primera en tener una dimensión trinacional, sino que los diversos actores sociales nunca antes habían logrado abrir el tema de la política económica internacional como asunto clave en el debate popular en los tres países. Hasta entonces, estos tratados, convenios y acuerdos neoliberales siempre se habían hecho en lo oscurito.

Después de Seattle, las cumbres neoliberales buscaron sesionar en lugares remotos o detrás de fortalezas para defenderse de los que se insistía serían beneficiados. La Organización Mundial de Comercio se refugió en Doha para la siguiente ronda (aunque la organización ha estado mortalmente herida desde Seattle, tanto por la dentro y fuera). La Cumbre de las Américas sesionó en Quebec en abril de 2001 en una sede protegida por el muro antiguo (3.8 kilómetros de largo por 3 metros de altura) que rodea parte del centro histórico y miles de agentes de seguridad. El concepto medieval de protección de los representantes del hemisferio que ocasionó una respuesta igualmente medieval: los activistas construyeron enormes catapultas de madera que rodaron hacia el muro y cuando se dio la orden de ataque –provocando tensión con los agentes de seguridad del otro lado– las catapultas abrieron fuego lanzando ositos de peluche.

Los movimientos altermundistas en este país continuaron nutriendo el potencial de una nueva solidaridad internacionalista real entre sectores del pueblo estadunidense y sus contrapartes en otros países, algo sin precedente, frente a un enemigo común: las fuerzas neoliberales trasnacionales que estaban aplicando las mismas políticas contra los pueblos en el norte y en el sur.

La ira, pero también el festejo de la resistencia que marcan esos nuevos encuentros en las calles se podían oír en la música en las calles. Rage Against the Machine era de los grupos más escuchados en Seattle (https://open.spotify.com/track/21Mq0 NzFoVRvOmLTOnJjng?si=MrDgMm 2pRFK_y_v96-9fxw ), y poco después en la Cumbre del G8, en Génova, donde una de las voces esenciales del altermundismo marcó la resistencia que tanto asustó a las cúpulas (https://www.youtube.com/watch?v=qurdD37ofk4 ; https://www.youtube.com/watch?v=lwRED_-8nVc ).

Esas canciones y cantantes, el toque de miles de tambores y cacerolas, se siguen escuchando. Después de un intermedio en Estados Unidos provocado por el 11-S, la resistencia feroz a la agenda neoliberal continuó, sorprendiendo a todos aquí con el breve pero poderoso estallido de Ocupa Wall Street en 2011 (con nuevas canciones y viejos cantantes https://open.spotify.com/track/2Vj9p2Ah XNLHdKP8rHS476?si =mWuWomRlTdqSapLu0s7bGA ) con veteranos de Seattle educando a nuevas generaciones y hoy día una mayoría de los jóvenes dicen favorecer el socialismo, lo que para ellos significa justo lo opuesto al neoliberalismo.

Ahora los jóvenes están advirtiendo a los demás que ante la sentencia de muerte para el planeta que representa el orden neoliberal actual, se requiere una rebelión bajo la misma consigna que retumbó en Seattle hace dos décadas: Otro mundo es posible.

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La senadora boliviana Jeanine Anez hace un gesto mientras posa para una foto después de declararse presidenta interina de Bolivia, en el Palacio Presidencial, en La Paz, Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.Carlos Garcia Rawlins / Reuters

El reciente golpe de Estado en Bolivia, la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil y el posible triunfo electoral de la derecha en Uruguay tiene un punto común: la vinculación de los líderes políticos con organizaciones eclesiásticas.

 

Después de la llamada 'década ganada' de la izquierda en América Latina, en el último tiempo el avance de grupos conservadores en diferentes países ha dado como resultado la llegada al poder de figuras que, una vez más, han puesto a prueba la estabilidad democrática en Sudamérica. 

Entre ese ascenso hay un factor común: la vinculación de algunos de esos líderes políticos con agrupaciones religiosas. Lo sucedido recientemente en Bolivia, donde un golpe de Estado invocado en nombre de "Dios" terminó por derrocar a Evo Morales; la llegada al Gobierno brasileño de líderes evangélicos por intermedio de Jair Bolsonaro; y el posible triunfo de la derecha en Uruguay con referentes religiosos, podrían proveer a los sectores eclesiásticos un rol decisivo dentro de la conducción de sus países. 

 

Golpe de Estado 'con Dios y la Biblia'

 

El pasado 10 de noviembre se produjo en Bolivia la renuncia forzada del mandatario, Evo Morales, luego de un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas y alentado por una oposición con una fuerte impronta religiosa.

Entre los referentes que impulsaron la salida por la fuerza de Morales están la exsenadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, y el empresario y líder del partido cívico 'Comité pro Santa Cruz', Luis Fernando Camacho.

Dos días después de consumado el golpe, Áñez recibió la banda presidencial en el Palacio Quemado por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al momento de su asunción ilegal como mandataria "interina" del país andino, la exsenadora de 52 años sostenía una enorme Biblia entre sus manos. "Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio, que él nos bendiga", sentenció.

En la misma línea, Fernando Camacho, un ferviente practicante católico e integrante de la élite política de Bolivia en el distrito de Santa Cruz, se convirtió en un referente crucial de la oposición local luego de la destitución del primer presidente indígena del país. Es que en los días previos al golpe, mientras aumentaba la presión interna y externa para derrocar a Morales, el fundamentalista religioso había esbozado una promesa: "Haré todo lo posible para que Dios vuelva a estar en el Palacio Quemado". 

Con la colaboración de los altos mandos militares y la incitación a la violencia en las calles, Camacho cumplió con su anhelo: fue la primera persona en ingresar al palacio oficial en La Paz con un libro sagrado en sus manos, tan solo un día después del golpe.

"No estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza; con una Biblia en la mano derecha y su carta de renuncia (por Morales) en mi mano izquierda", había anunciado momentos antes de entrar a la sede principal del Ejecutivo boliviano.

Para el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, el ascenso de grupos religiosos en el país tuvo su punto de partida antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. "Lo más notorio fue la candidatura del Partido Demócrata Cristiano con el surcoreano nacionalizado, Chi Hyun Chung", detalla el especialista. El oriental, quien también es pastor evangélico, alcanzó el tercer lugar en los últimos comicios, con más de medio millón de votos.

"Estos grupos", retoma Arequipa, "se introdujeron hábilmente en algunas preocupaciones generales que tenía la población. Después, lo que hicieron fue cohesionar al electorado en torno a ellos". En ese sentido, el politólogo advierte que los religiosos supieron consolidar a un enemigo en común: Evo Morales. "Han ingresado en lo opinión pública al punto tal de influenciarla a su favor", puntualiza.

Pero quien terminó por aglutinar a 'la fuerza de Dios' fue el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho. "Es el que va a llevar el mensaje de 'esto no se trata de un golpe de estado sino de liberar a la nación de un tirano'. La bandera del nacionalismo católico predominó todo el tiempo", afirma el analista político. Y remarca: "Ese discurso de la derecha ha calado hondo porque ha dado como resultado la solidificación del anti-evismo".

Desde el año 2009, a través de la promulgación de una nueva Constitución por parte del mandatario dimitido, Bolivia se ha declarado como un Estado laico y plurinacional. Esa decisión supuso un quiebre con la iglesia local. "Hoy, los cuadros políticos de Camacho y Áñez han abandonado la idea del estado plurinacional", explica Arequipa. "La idea de un Gobierno tecnócrata, con ideales propios de la derecha, es el proyecto político que buscará consolidarse en adelante", finaliza el especialista.  

 

Bolsonaro, entre balas y cruces

 

Las polémicas declaraciones del mandatario de Brasil ya son conocidas en toda la región. Su homofobia extrema, junto a la abierta misoginia y discriminación a minorías sexuales, han dado como resultado la identificación del ultraderechista con los sectores más férreos de una religión predominante en distintas esferas del poder brasileño. Tal es su fanatismo, que este último jueves presentó su nuevo partido político ─Alianza por Brasil─ bajo el lema: "En defensa de Dios y repudio al comunismo".

Ariel Goldstein, politólogo argentino y autor del libro 'Bolsonaro: La democracia de Brasil en peligro', recalca que la alianza entre el político y los grupos evangélicos fue sustancial para su llegada a Planalto. "Edir Masedo, empresario religioso y dueño de TV Récord, la segunda cadena con mayor audiencia televisiva en el país, le dio apoyo durante toda su campaña. No es casual que el 70 % del electorado evangélico haya votada por él en 2017", explica el especialista.

Goldstein remarca que, en la medida que el mandatario decae en popularidad ciudadana, encuentra en los sectores eclesiásticos cada vez más apoyo: "Son las bases populares que, de otro modo, no podría obtener", refiere.

Asimismo, el politólogo destaca el crecimiento parlamentario que la fuerza religiosa tuvo en el Congreso Nacional. "En 2003, cuando se crea el Frente Evangélico, tenían unos 50 diputados y ocho senadores. Hoy llegan a los 200 legisladores en la Cámara Baja y 50 en la Alta", precisa.

El arribo de figuras evangélicas al Estado también es una particularidad de la actual administración. La pastora Damares Alves, por ejemplo, fue nombrada por Bolsonaro como ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. "Fue quien resaltó que las niñas debían vestirse de rosa y los niños de azul y no admitía una familia con otros componentes [al tradicional]. El gabinete del presidente presenta muchas figuras con la misma ideología", resume el analista político.

Pero hubo un hecho que el especialista considera como la consolidación de las relaciones entre el Estado brasileño actual y los grupos religiosos. "Bolsonaro fue el primer mandatario en asistir a la 'marcha para Jesús', el principal evento evangélico del país celebrado en junio", considera Goldstein.

Sin embargo, el politólogo ve con preocupación la expansión de componentes religiosos en la esfera pública. "Debería permanecer en el ámbito privado, de otra manera constituye un ataque al pluralismo", dice. Y agrega: "Con este escenario, se expande la visión religiosa de la política: quienes están del lado del bien y quienes del mal. Son narrativas que ponen en riesgo la democracia en la región", finaliza.

 

¿Fin del progresismo en Uruguay?

 

Por lado de Uruguay, el Partido Nacional, representando a diferentes grupos de la élite política que incluyen sectores eclesiásticos, se ha acercado a la presidencia en la votación del pasado domingo, tras un reñido balotaje contra el oficialismo. Aunque el resultado final se haya pospuesto por el escaso margen de diferencia, el candidato opositor, Luis Lacalle Pou, se muestra como favorito ante el progresista Daniel Martínez, líder del Frente Amplio.

Como coalición al Partido Nacional está la formación de 'Cabildo Abierto', agrupación política que se alió a Lacalle Pou con miras a derrotar al oficialismo en las urnas. Los integrantes de ese espacio, por su estrecha relación con la iglesia local, se oponen abiertamente a las leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas transexuales y la despenalización del aborto, derechos por los que Uruguay ha sido pionero en la región. 

"Dentro de poco nos van a imponer una ley para que la homosexualidad sea obligatoria", se había quejado Guillermo Domenech, candidato a vicepresidente por 'Cabildo Abierto' en la primera elección de octubre. El exmilitar Guido Manini Ríos, quien está al frente de la agrupación, también había expresado públicamente su rechazo a la "ideología de género", al considerar el concepto como un "libreto extranjero". 

Este viernes finamente se conocerán los resultados que señalarán al nuevo mandatario de Uruguay. Si bien el líder del Partido Nacional lleva una minúscula ventaja con respecto a Martínez, Lacalle Pou se muestra confiando en ser el posible sucesor de Tabaré Vázquez.

Aunque el líder conservador aún no confirmo quienes integrarán su eventual Gobierno, la expectativa por la participación de integrantes de 'Cabildo Abierto' en su gabinete genera una nueva incertidumbre en el país sudamericano, dada las polémicas figuras que podrían estar al frente de los diferentes ministerios.

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 Paulo Guedes, ministro de Economía, este lunes en la embajada brasileña en Washington. OLIVIER DOULIERY AFP

El ministro de Economía evoca un brutal decreto de la dictadura ante "la irresponsabilidad" de Lula de convocar a los brasileños a que respondan en la calle al Gobierno

 

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes. El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió el lunes por la noche en EE UU que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado. El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque "es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado expresidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump. Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al Gobierno de Bolsonaro. Este Gobierno logró sacar adelante la impopular reforma de las pensiones pero no quiere arriesgar. Guedes recalcó que la economía brasileña empieza a recuperarse, que Bolsonaro mantiene su apuesta por la agenda reformista y quitó importancia a que el dólar esté batiendo récords frente al real. El dólar alcanzó los 4,25 reales en la apertura este martes.

Tras la aprobación de las pensiones, el paquete económico de Guedes consta al menos de cinco propuestas legislativas que requieren enmendar la Constitución. Las aparcadas por el temor a que la izquierda movilice a su militancia con grandes manifestaciones en las calles son la tributaria y la de la administración pública, diseñada una para simplificar el sistema tributario y la otra para reducir los salarios y la estabilidad de los nuevos funcionarios.

El fantasma del peor decreto de la dictadura ya fue agitado el mes pasado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que recibió una crítica generalizada. Incluso fue desautorizado por su padre, que, sin embargo, nunca ha ocultado su nostalgia por la dictadura.

En Brasil nadie quita ojo al agitado vecindario. Las manifestaciones que persisten en Chile (el modelo de Guedes en sus reformas brasileñas) y Colombia, las ya amainadas en Bolivia, Ecuador y Perú, la victoria de la izquierda peronista en Argentina e incluso el nuevo recuento en el siempre estable Uruguay preocupan al Gobierno de Bolsonaro e inspiran a la oposición. El discurso duro de Lula tras salir de la cárcel solo ha añadido presión al cóctel. Venezuela y su arraigada crisis son capítulo aparte.

Guedes embistió contra el duro discurso de Lula ahora que ha recuperado la libertad, aunque tiene vetado presentarse a unas elecciones. “Es irresponsable llamar a alguien a la calle ahora para generar una ruptura, para decir que tienes que tomar el poder. Si uno cree en la democracia, espera ganar y ser elegido”, dijo el ministro, que se refirió en dos ocasiones al decreto AI5 (de diciembre de 1968, el quinto de los actos institucionales de la dictadura), que además de clausurar todas las Cámaras legislativas suspendió los hábeas corpus, entre otras medidas. Guedes intentó convencer después a la prensa de que la conferencia de prensa era extraoficial y subrayó que “Planalto (la sede de la Presidencia) jamás apoyaría un AI5, eso es inconcebible”.

Brasil tuvo su gran revolución del descontento a partir de 2013. Comenzó como ahora en los países vecinos, de manera inesperada. La subida del precio del autobús fue la chispa que llevó a los brasileños a tomar las calles contra la corrupción y la clase política. Aquello cristalizó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de buena parte de los líderes políticos y empresariales e, indirectamente, en la elección de un presidente como Bolsonaro.

Otras tres propuestas económicas fueron enviadas ya al Congreso pero no han sido analizadas por la crisis que Bolsonaro ha abierto con su grupo parlamentario al abandonar su partido para crear una nueva sigla, Alianza por Brasil, y porque la Cámara ha decidido centrar sus esfuerzos en debatir una propuesta que revierta la decisión del Supremo que permitió excarcelar a Lula y a otros 5.000 presos.

Uno de los proyectos ley de Guedes (denominado PEC de emergencia) que el Gobierno quería aprobar este año pretende recuperar fondos para inversión pública mediante la prohibición temporal de la promoción y contratación de funcionarios o la reducción de jornada (y sueldo) de los actuales. El segundo en trámite (PEC de los fondos públicos) persigue extinguir parte de los 281 fondos públicos que tienen unos 200.000 millones de reales (43.000 millones de euros) para pagar parte de la deuda pública. El tercero (pacto federativo) busca alterar el conjunto de normas constitucionales que determinan cómo se distribuyen y gastan los recursos recaudados por la Unión, los Estados y los municipios.

São Paulo / Brasilia 26 NOV 2019 - 13:01 COT

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:36

El péndulo de Thatcher

El péndulo de Thatcher

La herencia política de Margaret Thatcher ha sido larga y relevante. Representa un modo de pensar y de gobernar que caló en la política y la sociedad británicas y se expandió más allá, junto con el proceso de la globalización de las tres últimas décadas.

Fue primera ministra entre 1979 y 1990, periodo en el que se fraguó una forma de concebir a la sociedad que, con distintas gradaciones, prevaleció desde entonces en gobiernos tories y laboristas.

Se manifestó como modelo político e ideológico anglosajón, que del otro lado del Atlántico tuvo como eje la figura de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En ese último año de su administración se aglutinó la visión conservadora dominante en el llamado Consenso de Washington, avalado en su esencia por demócratas y republicanos.

De manera esquemática, el thatcherismo se asocia directamente con la preminencia del libre mercado y la exigencia de un Estado pequeño que interfiera lo menos posible en la vida de la gente, que según ella misma planteó, literalmente, debe elegir qué hacer, asumir sus responsabilidades y no esperar que los problemas sean resueltos por el gobierno.

Las políticas públicas privilegiaron la reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y la restricción de la actividad de los sindicatos.

Hay diversas influencias intelectuales asociadas con esa postura. Referencias usuales son la obra de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, y la teoría monetarista de Milton Friedman. Se señala también el tipo de individualismo propuesto por Ayn Rand, por ejemplo, en la novela El manantial.

Thatcher tenía una concepción particular de lo que es la sociedad, que la llevó incluso a afirmar que no existe tal cosa como la sociedad (conviene leer la idea en el contexto en que fue expuesta https://blogs.spectator.co.uk/2013/04/ margaret-thatcher-in-quotes/ ).

Las repercusiones de las políticas de Thatcher y la coincidencia con el gobierno de Ronald Reagan derivaron en lo que hoy comúnmente llamamos neoliberalismo, cuestionado desde diversos frentes, pero aún vivo y coleando.

En Gran Bretaña el escenario político de los últimos tres años ha estado dominado por el Brexit. El proceso ha llevado ahora a nuevas elecciones parlamentarias y el espectro de Thatcher está presente, aunque sea tras bambalinas.

El regreso del péndulo puede advertirse en la propuesta electoral del Partido Laborista que se denomina Es tiempo para un cambio real y Corbyn, jefe del partido y candidato a primer ministro, lo contempla como un “manifiesto lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante una generación”.

La base del programa es un gran incremento en la inversión pública financiado por medio de mayores impuestos. En ese terreno no hay mucho espacio para otra cosa.

Pero además de las medidas enfocadas a una redistribución del ingreso incluye un aspecto patrimonial asociado con la privatización de diversas actividades económicas, como el servicio postal y el transporte ferroviario.

De Thatcher a las propuestas de Corbyn hay un desplazamiento de regreso.

Ambos aspectos, el redistributivo y el patrimonial, parecen indicar los extremos en los que se mueve el capitalismo y son la referencia de muchas contradicciones que hoy sobresalen en materia económica. Este es un asunto que amerita una discusión seria en todas partes.

En todo caso, la situación plantea la creciente reacción que se extiende por muchas partes ante las precarias condiciones sociales prevalecientes. Estas reacciones se han precipitado de modo muy notorio en semanas recientes en América Latina.

La fachada del régimen político y económico de Chile, aún enmarcado en el legado de Pinochet, se resquebraja en las calles con las manifestaciones airadas y persistentes de miles de jóvenes que demandan un cambio. La izquierda de la Concertación, que gobernó dos décadas seguidas, no consiguió consolidar un nuevo modelo social que ahora, en el segundo gobierno de Piñera, está en una profunda crisis que no sabe cómo agarrar.

En Colombia, la gente está también en las calles. Demanda cambios sociales profundos, en una situación en la que se acumula un fuerte deterioro social. En ambos casos es llamativa la sorpresa que ha provocado en los gobiernos en turno de Piñera y Duque.

El Estado es imprescindible en el capitalismo. Puede serlo para alentar mecanismos que acrecientan la cohesión social y atemperar la inequidad económica.

Puede ser también para crear estructuras más rígidas de poder, como ocurrió con la gestión de la crisis financiera de 2008, que preservó las distorsiones que la provocaron y 10 años después exhibe sus contradicciones.

No hay ninguna panacea en la relación del Estado y los individuos, sino más bien una serie de mediaciones que delimitan la relación que hay entre ambos.

Esto entraña un dilema entre la insoslayable obligación que tenemos como individuos de mantener nuestra autonomía moral frente a la autoridad del Estado, lo que hace de su legitimidad moral una imposibilidad.

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:31

Nostalgia presente

Nostalgia presente

Hace 20 años estalló un carnaval de resistencia, bautizado después como la Batalla de Seattle, que fue la acción popular más grande jamás realizada contra la agenda neoliberal en el primer mundo. Sus ecos siguen resonando en este país.

Cinco mil delegados de 135 países llegaron a Seattle para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), encargada de codificar y promover, junto con el FMI/Banco Mundial y los foros empresariales, el nuevo orden económico neoliberal. El presidente Bill Clinton fue el anfitrión (vale recordar que la agenda neoliberal es parte de un consenso bipartidista, con algunos disidentes notables).

Esa mañana del 30 de noviembre de 1999 todo estaba listo para la gran inauguración oficial, pero nadie llegó.

Miles de jóvenes, sindicalistas, ambientalistas, veteranos de guerra, académicos, anarquistas de todo tipo (incluida una nueva generación de Wobblies) y hasta algunos payasos habían ocupado en una sorprendente acción coordinada todos los cruces de calles que llevaban al centro de convenciones, con un arma secreta demasiada poderosa: música, baile y humor.

Cada agrupación de acción del movimiento descentralizado había determinado qué musical deseaba en el cruce que le correspondía; en una estaban los Rolling Stones, en otra Bob Marley, en otra los heavy metal o punk, y así. El baile no cesaba, mientras brigadas de jóvenes hacían cadenas humanas para no permitir el paso.

Un mimo caminaba detrás de un delegado muy elegante imitando cada paso y gesto a la perfección, hasta que un funcionario enloqueció y amenazó con violencia. Aparentemente, el poder no tiene gran sentido de humor.

Desde una descomunal grúa de construcción, se reveló una enorme manta que sencillamente decía: "libre comercio", con una flecha, y "democracia", con otra flecha en dirección opuesta.

Poco despues, cientos, tal vez miles, de agremiados se desviaron de una megamarcha oficial de sus sindicatos nacionales para "apoyar a los jóvenes". El legendario sindicato de estibadores de la costa oeste (ILWU) ya había congelado operaciones en todos los principales puertos de la costa oeste en solidaridad con la gran protesta que estaba estallando en Seattle.

Como nos comentó uno de los estrategas de esta movilización "esto fue un caos muy organizado". (https://www.jornada.com.mx/ 1999/12/01/).

Los representantes de las cúpulas del mundo temblaron y el acto inaugural de la OMC fue cancelado; los gerentes del orden mundial fueron obligados a esconderse en sus hoteles, incluido el anfitrión. El alcalde declaró un "estado de emergencia" al ordenar la represión con gas lacrimógeno y cientos de arrestos, y sólo con ello la OMC logró sesionar, aunque la noticia mundial ya era lo que ocurría en las calles y no lo que sucedía adentro. (https://www.youtube.com/ watch?v=yPiGQcwwh6o).

El festejo de resistencia –con más de 50 mil participantes– continuó durante cinco días más con baile, títeres enormes y nuevas alianzas entre sectores sociales, inaugurando así el gran movimiento altermundista que continuó expresándose donde se intentaban reunir los gerentes neoliberales; en encuentros del FMI/Banco Mundial en Washington, en las cumbres en Praga, Génova y Quebec.

En cada lugar siempre se recordaba desde dónde había llegado la rebelión altermundista. "Por fin escuchamos el mensaje de los pueblos del sur", repetían organizadores estadunidenses y europeos; frecuentemente señalaban que este movimiento había nacido en México, con el levantamiento de los zapatistas.

Una víctima de los atentados del 11-S, este movimiento fue silenciado en el primer mundo (otra historia estaba ocurriendo en Sudamérica) pero reapareció en las calles y plazas con los Indignados en Europa, Ocupa Wall Street en este país, y hoy día está presente en la pugna electoral con la bandera de Bernie Sanders.

Ahora, mientras analistas y algunos medios registran e intentan explicarse las olas de protestas en diversos países del mundo, se escuchan los ecos de la ya larga rebelión antineoliberal en el sur como en el norte también. A 20 años de Seattle, la nostalgia no es por algo del pasado, sino algo vivo y presente.

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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