Ecuador, fin de ciclo e inestabilidad sistémica

Los sucesos que vive Ecuador muestran una profunda inestabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. El gobierno de Lenín Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin de los subsidios a los combustibles, con un alza de 123 por ciento al precio del galón de diésel y de 30 por ciento al de la gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida, como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en toda la nación, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia, y en Quito, epicentro de los conflictos sociales.

Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado Mujeres contra el Paquetazo, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos, entre ellos el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes juveniles de Conaie.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

En efecto, muchos recuerdan el ciclo de protestas de junio a diciembre de 2015, contra medidas del gobierno para paliar la caída de los precios del petróleo, que representa más de 40 por ciento de las exportaciones. En aquel momento, los niveles de represión fueron muy similares a los actuales, aunque Correa no decretó el estado de excepción en todo el país.

Para evaluar la crisis ecuatoriana, como crisis de la gobernabilidad, debemos remontarnos seis años atrás. En 2013 hablamos del "fin del consenso lulista", como consecuencia de la oleada de movilizaciones conocidas como "Junio 2013", que marcaron el ocaso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el comienzo del fin del ciclo progresista en la región (https://bit.ly/2LRiUsc).

Dos años después, con la derrota electoral del kirchnerismo en Argentina fue evidente que se aceleraba el fin del progresismo, pautado por "una nueva fase de los movimientos que se están expandiendo, consolidando, modificando sus propias realidades" (https://bit.ly/2XCMzbB). Una de las principales características del nuevo periodo conservador, o derechista, es la evaporación de la gobernabilidad y el ingreso en un periodo de inestabilidad sistémica.

A modo de recordatorio, quisiera destacar algunas características del periodo que vivimos en América Latina, y que ahora emergen de forma transparente en Ecuador.

La primera es el protagonismo de los movimientos, o sea de la gente común organizada y movilizada. Este es el aspecto central. Si el fin del ciclo progresista lo anunciaron las gigantescas movilizaciones de "Junio 2013" en más de 350 ciudades de Brasil durante un mes, el ocaso de las nuevas derechas anuncian las movilizaciones en torno a Congreso de Buenos Aires, contra la reforma de las pensiones, en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de una fenomenal batalla campal en la que casi 200 personas fueron heridas por la policía en pocas horas, el 19 de diciembre, los medios destacaron: "Argentina está demostrando una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares" (https://bit.ly/2CC2XOZ). No es casualidad que pocos meses después comenzara la escalada del dólar que sepultó al gobierno macrista.

La segunda es que el fin de la gobernabilidad, propia de los primeros años del progresismo, es de carácter estructural y tiene poca relación con los gobiernos. El ciclo progresista se cimentó en los altos precios de commodities, con grandes superávits comerciales que lubricaron las políticas sociales. Mejorar el ingreso de los más pobres sin tocar la riqueza, fue el milagro progresista.

Ese consenso se terminó con la crisis de 2008 y la guerra comercial Estados Unidos-China no hace más que profundizar la inestabilidad. No es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se reclamen progresistas no harán otra cosa que profundizar el extractivismo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.

El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos, progresistas y conservadores, con un telón de fondo de vastas movilizaciones populares. Se trata del fin de la estabilidad, de cualquier color.

Publicado enCrisis Ecuador
Bolsonaro reitera ante los inversores que Guedes, su ‘superzar’ de las finanzas, tiene plena autonomía para liberalizar la economía

El presidente y su ministro presentan los avances en su agenda de reformas para abrir la economía de Brasil

Los inversores con interés en Brasil pueden estar tranquilos, la política económica no está en manos del presidente. Como el propio Jair Bolsonaro les ha explicado este jueves a los 1.500 empresarios reunidos en São Paulo, él es solo un entrenador de futbolistas en los que confía. Y la política económica, ha reiterado el polémico mandatario, es asunto del superzar económico, Paulo Guedes. “La economía es suya, no indiqué a nadie. No interfiero”, ha dicho a un auditorio que ha respondido con un aplauso cerrado. Bolsonaro y Guedes no han logrado llegar al foro de inversores con la reforma de las pensiones definitivamente aprobada, pero el ministro ha reiterado: “La democracia y los mercados son nuestra guía”.

El ultraliberal Guedes entró en el Gabinete del ultraderechista Bolsonaro con la misión de dar la vuelta a la economía brasileña. En su discurso ha presentado la llegada del presidente al poder como una revolución en toda regla para corregir la política económica. Un país con una economía cerrada, un inmenso aparato burocrático y un sinfín de normas. “Los Gobiernos anteriores pusieron la economía por encima del país”, ha dicho el ministro, que se hizo rico en el mundo de las finanzas y casi no tenía experiencia política. Desde su nombramiento está implementando una agenda para sanear las cuentas, desregularizar, encoger la estructura del Estado, hacer concesiones y privatizaciones.

Poco después de que Bolsonaro terminara su discurso, la agencia Bloomberg ha publicado que el Gobieno de Estados Unidos apoya la entrada de Argentina y Rumanía en la OCDE, y no de Brasil, en una carta enviada al organismo pese a que el presidente Donald Trump había prometido a su homólogo apoyar la candidatura brasileña. Horas después el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha tuiteado que que "apoyan totalmente a Brasil para que inice su proceso de acceso".

Coincidiendo con el foro, Brasil ha comenzado a licitar concesiones de explotación petrolífera. “Estamos quitando trabas al petróleo, que lleva cinco años en el mar (sin ser explotado)”, ha remarcado. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, ha asegurado que Brasil empieza a recuperar la confianza exterior. "En un momento que muchos países están mirando hacia dentro y cuestionando el comercio exterior, Brasil está poniendo en marcha una ambiciosa agenda de apertura económica e inserción internacional", ha dicho en un discurso en el que también ha recordado uno de los datos símbolo de la anquilosada economía brasileña. Una empresa requiere 2.000 horas anuales para pagar los impuestos, un récord mundial.

La reforma de las pensiones, la estrella de la agenda legislativa de este Gobierno que es un paso imprescindible para frenar la sangría de las cuentas públicas, está a punto de concluir su procelosa tramitación parlamentaria pero por pocos días no ha llegado a tiempo. Aprobada en julio en la Cámara de Diputados con holgura, el plan es que el Senado celebre la votación final a partir del día 22 para implementar un profundo cambio en el sistema de jubilaciones que supondrá un ahorro de en torno a 900.000 millones de reales en una década (unos 200.000 millones de euros).

La clave es ver en qué queda el ahorro cuando la ley sea definitivamente aprobada. Esa es la señal que esperan los inversores. Aunque la tramitación ha sufrido diversos retrasos, que el Gobierno tenía contemplados, el motivo del último es cuando menos llamativo: la canonización este domingo en Roma de Irmã Dulce —hermana Dulce, la primera santa brasileña—. “Soy católico, pero esto es un chiste. Hay tres aviones llenos de políticos que van a costa del contribuyente, retrasando 10 días la votación de las pensiones”, dijo el senador Major Olimpio, el jefe de la bancada del partido de Bolsonaro. La siguiente gran reforma económica, la tributaria, ya está en marcha,

El presidente ha mencionado el derrame de petróleo que ha llevado chapapote a más de cien playas del noreste y ha hablado de medio ambiente en general, un tema importante para los inversores pero que es también el que más críticas extranjeras le genera. Tras asegurar que pretende explotar la Amazonia “de manera sostenible”, ha reiterado su intención de regular la minería informal. “Queremos legalizar el explotación [minera] para los blancos, como dicen los indios, y para los indios”, ha recalcado el presidente que considera que las regulaciones ambientales, que han sido clave para la preservación del bosque tropical, son un corsé demasiado apretado. Su llegada al poder ha supuesto un enorme debilitamiento de la fiscalización ecológica. El Gobierno ha logrado recaudar este jueves 8.900 millones de reales (casi 2.000 millones de euros) con las licitaciones petrolíferas. Uno de los bloques a subasta, cuya explotación supone, según los ambientalistas, un riesgo para una zona con la mayor biodiversidad marina del Atlántico sur, ha quedado desierto.

Pero las enormes expectativas con las que los mercados recibieron a Guedes y a Bolsonaro —con subidas récord en la Bolsa— no se ha traducido en el crecimiento económico inicialmente esperado, en parte por la coyuntura internacional, y en parte porque el Gobierno se ha enzarzado en infinidad de polémicas y no ha mantenido una relación con el Congreso todo lo fluida que los modos políticos brasileños exigen. “El crecimiento ahora es sostenible, sano, no una burbuja artificial”, ha recalcado Guedes.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 10 OCT 2019 - 18:22 COT

Publicado enInternacional
Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste

Mientras el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

 Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.

Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. "Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada", señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.

Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.

Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. "Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime", se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.

En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país. 

Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.

Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.

El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.

 Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.


El Gobierno de Ecuador propone una agenda de diálogo en un intento de desactivar las protestas

 

F. MANETTO

Quito 10 OCT 2019 - 02:13 COT

El Gobierno de Lenín Moreno propuso la tarde de este miércoles una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Una marcha masiva, en la que participaron también cientos de estudiantes, sindicalistas y activistas, desfiló pacíficamente desde las once de la mañana por las calles de Quito, hasta llegar al centro de la capital. Allí, sin embargo, la jornada dejó también imágenes de duros choques entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad, a las que achacan desde hace días episodios de represión y por los que ha reiterado su preocupación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la presidencia, José Agusto Briones, ha ofrecido a las comunidades indígenas un plan con "seis ejes de acción en la ruralidad". El objetivo, ha dicho, consiste en "compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles" y generar nuevas oportunidades. El Gobierno, que plantea una mediación con la intervención de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, pone sobre la mesa, por ejemplo, facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario; reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del financiamiento de sus terrenos; financiar el seguro agrícola; o condonar el 100% de las multas impuestas por la Secretaría del Agua. Las autoridades también prometen construir centros de acopio y distribución de productos agrícolas, reabrir escuelas para distintos grados e incrementar el número de profesores bilingües.

Briones formuló esta propuesta horas después de que el presidente Moreno regresara a Quito desde Guayaquil, donde el pasado lunes, en medio de un clima de alarma social, había decidido instalar la sede del Gobierno. Este lanzó un mensaje a través de las redes sociales asegurando que el diálogo está cada vez más cerca y que la crisis se resolverá pronto. Sin embargo, el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, asegura que la lucha de las comunidades se mantiene de momento en la calle.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo", mantuvo el mandatario. "Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos, estamos obteniendo los mejores resultados de diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tantos hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades estén pensando fundamentalmente, en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz", continuó antes de dirigirse a la mayoría de manifestantes. "Hermanos indígenas, jamás les he ofendido, nunca les he ofendido, siempre les he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Esos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas", cerró.

Moreno lleva días culpando a su antecesor, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas al igual que Venezuela, aunque aún no ha presentado evidencias de ello. El expresidente sí se ha empleado en jalear las movilizaciones y ha pedido un adelanto de las elecciones por "conmoción social". Esta tarde, tras disolverse la gran marcha indígena, el centro de Quito, en las proximidades del palacio de Carondelet —sede del Gobierno— se convirtió en escenario de duros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. En el corazón de la protesta, hay un sector que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo, aunque en los últimos días uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones que pedían su renuncia fue "¡Fuera, Moreno!".

Publicado enCrisis Ecuador
“La corrupción es el caballito de batalla de todas las derechas”

Por estos días, Rafael Correa viene denunciando una persecución política por parte del actual mandatario, Lenin Moreno. Pero el cambio de signo político ecuatoriano es aún más profundo: la transición hacia una derecha más radical se impone con poca resistencia social, observa Mauro Cerbino. En diálogo con Página/12, el investigador de la Flacso Ecuador analiza los rasgos del gobierno de Moreno en un escenario regional de viraje hacia una derecha que vino para quedarse. Aunque advierte que los resultados de las elecciones en Argentina son el ejemplo de un “volver a pensarse de los pueblos en Latinoamérica”.

-¿Qué implicancias tiene el cambio de signo político en la región?

-En la región estamos observando el retorno de las derechas y el ocaso de aquellos procesos que pudimos definir como progresistas. Estamos acostumbrados a un movimiento cíclico en la región, pero no debemos olvidar nunca quiénes son los que tienen el verdadero poder: el poder de la banca y de las finanzas, los poderes militares, los poderes de la opinión, los grandes medios de comunicación. Los grandes poderes fácticos nunca descansan. Cuando viven momentos que les son contrarios o les afectan, presionan para que haya un cambio. Cuando retorna, la derecha lo hace con mayor fuerza porque es capaz de neutralizar el poder existente.

-¿A qué "poder existente” se refiere?

-A la potencialidad que se expresó en la construcción política anterior a este gobierno. El presidente Lenin Moreno es, en verdad, una transición hacia la derecha más radical, que podría venir próximamente y que tendría el gran poder de enterrar, desactivar y vaciar de sentido aquel vocabulario que, durante el gobierno de Rafael Correa, fue capaz de sostener discursivamente una acción política novedosa y alternativa.

-¿En qué reside la importancia de los discursos para la acción política?

-¡El vocabulario es importante! El gobierno de Correa, desde 2007 hasta 2016, se propuso construir una nueva terminología política; eso tuvo efectos en la construcción de subjetividades, especialmente de los sectores populares. Uno de los dispositivos más importantes de la acción política de Correa fueron los “Enlaces” todos los sábados. En ese espacio, se nutría de los significantes clave de ese vocabulario político que marcaba una diferencia con el pasado, esos significantes podrían tener la capacidad de incidir en lo que Gramsci llamaba “el sentido común”. ¿Cómo transformamos el sentido común que han ido configurando los grandes medios de comunicación? ¡Disputando significantes! En Ecuador no solo vendrá la derecha, sino que esa derecha tendrá la capacidad de vaciar el vocabulario.

-¿Por qué se desactivaron esos significantes?

-Esos significantes se hicieron carne en los sectores populares. Siempre hubo una identificación con el líder; caído el líder, se vacía también el discurso. El logro actual es que se haya revertido la construcción de aquellos significantes y, en su lugar, se lograra poner la corrupción en la agenda pública. La corrupción es el caballito de batalla de todas las derechas del mundo. Ha sido una gran arremetida sobre el impacto emocional, tratar la problemática de la corrupción política atribuida al anterior gobierno. Eso ha neutralizado cualquier posibilidad de mantener vivos aquellos significantes.

-¿Por qué cree que es tan eficaz instalar la corrupción como tema de agenda?

-La corrupción tiene mucho apego, sobre todo en la clase media. No solo porque está bien orquestado por el discurso político del actual gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación, sino porque va directo a la psicología del ciudadano de clase media.

-¿Cómo funciona esa psicología?

-El razonamiento es: “¿cómo es posible que aquellos que nos habían hecho creer esto, aquello y lo otro, se fueran llevando partes del recurso público? ¿Y cómo es posible que yo no haya participado del reparto de la torta?” No se olvide de que en la clase media, más que un colectivo hay un conjunto de yoes. Lo que abona el resentimiento de clase media no es solo que se hayan cometido actos de corrupción, sino el hecho de no haber participado de ese reparto. Y ese argumento es muy eficaz del lado del receptor. Mi foco no está puesto en cómo viene armado ese discurso desde el gobierno o los medios, sino en cómo pega en la gente, porque la gente se siente defraudada, pero no tanto porque no sea justa la corrupción, sino porque le afecta en su bolsillo.

-¿Qué factores explican la desactivación de la figura de Rafael Correa, tratándose de un ex presidente que terminó su mandato con imagen positiva?

-Desde el punto de vista simbólico, pesa mucho que Correa se haya ido a otro país a poco de haber terminado su gobierno. En algunos casos, eso debe haber producido algún tipo de escozor; creo que esa decisión ha tenido sus defectos en términos simbólicos. Luego están los cuadros intermedios de ese movimiento que nunca quiso ser partido. No es posible construir un escenario político si no se crea una organización que se parezca a la estructura de un partido. La idea de movimiento dura un tiempo, pero luego debe convertirse en otra cosa, especialmente cuando el movimiento político tiene aspiraciones de gobierno. Por eso, cuando cae el gran líder que personificó el proceso, que incluyó públicos muy diferentes en colectividades —no solamente las clases más plebeyas o parte de la clase media, sino que también convenció a otros sectores— que se identificaron con ese líder, no hay recambio. Ese liderazgo fuerte permitió que se mantuviese el proceso a lo largo del tiempo. Pero el líder no es vitalicio. Por eso, cuando cae el líder muestra la costura y, con ello, sus límites. El populismo en general tiene esta paradoja: un liderazgo fuerte viabiliza procesos de cambio a veces acelerados, y a la vez representa un límite debido a la incapacidad de ser reemplazado.

-¿Cómo hacer sostenible estos procesos, más allá de esos liderazgos fuertes?

-Es necesario razonar sobre el recambio, los líderes no son eternos. En el caso venezolano, como en el ecuatoriano y el boliviano, parecería que los líderes que han dado paso a esos procesos bloquearon ellos mismos la posibilidad de generar cuadros que puedan luego convertirse en potenciales líderes.

-¿En qué medida la polarización política es condición de posibilidad de los gobiernos de derecha en la región?

-Creo que se acabó el tiempo de la polarización. Hoy, en el Ecuador, hay un gobierno que está manejando la crisis y tratando de administrar la transición hacia una derecha más radical. Pero el nuestro no es un país polarizado; no sabría reconocer cuáles son los polos enfrentados. También a ese respecto habría que preguntarse sobre la responsabilidad del gobierno anterior.

-¿Por qué lo dice?

-El anterior gobierno también neutralizó, incluso, las mínimas capacidades de resistencia y de protesta que podían persistir en este país. Desarticuló los movimientos sociales, despotenciándolos. Un país sin movimientos sociales pierde la columna vertebral, y por ende, la posibilidad de organizar políticamente, toda acción de protesta. Hoy están reformando, casi mutilando, la Ley de Comunicación, como lo hicieron en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales. Hemos hecho unos comunicados y varios intentos, pero estamos seguros de que vamos a perder. ¿Dónde está la capacidad de organizarse políticamente y generar presión sobre el gobierno o el Parlamento para no retroceder a antes de 2007? La polarización, en definitiva, es un signo político muy importante, es la esencia de la política. Yo, en cambio, veo una sociedad política neutralizada, vaciada de vocabulario progresista; veo un gobierno que está administrando una transición hacia la derecha radical y no veo ninguna posibilidad de resistencia y oposición de ningún tipo.

-¿Cómo observa esta “transición” del gobierno de Moreno, en lo económico y social?

-Desde el punto de vista económico, no hemos tenido grandes shocks como los que están viviendo en Argentina. Aunque sí hubo cierto cambio de política económica. En los años anteriores pensábamos en nacionalizar empresas y ahora, en cambio, estamos privatizando las empresas del Estado. Hay retrocesos en cuanto al rol de los medios de comunicación y la famosa norma de la distribución del espectro radioeléctrico. Pero desde el punto de vista macroeconómico, lo que se está haciendo no produce siquiera reacciones por parte de los sectores de la sociedad.

-¿Y en áreas como educación y salud?

-Esas áreas sensibles se han mantenido. En educación superior se ha mantenido el mismo presupuesto. Inicialmente se quiso reducir, pero inmediatamente empezaron las reacciones contra esa medida y se regresó a los anteriores presupuestos. Desde el punto de vista económico, este gobierno está tratando de aguantar lo más posible, aunque la deuda está aumentando. Para este año están previstos cerca de ocho mil millones de dólares de deuda nueva, y cara, además.

-¿Cara?

-Es una deuda importante, contraída con intereses cercanos al 11%. De hecho, se habla del Fondo Monetario Internacional. En el tiempo que lleva este gobierno se tomaron decisiones desde el punto de vista del impacto discursivo, recurriendo al slogan “el gobierno de todos”. Una cosa que, obviamente, ya hace reír, porque nunca un gobierno puede ser de todos. Pretenden mostrar que en todos los espacios hay momentos de deliberación que luego se traducen en política pública. Pero es solo un maquillaje, una retórica. Y los medios de comunicación se han alineado con el gobierno sin demasiado esfuerzo.

-¿Observa cambios en el mercado de trabajo en estos dos años de gobierno de Lenin Moreno?

-Ha aumentado el subempleo, más que el desempleo. Pero a diferencia de Argentina, este país en los últimos años ha vivido una especie de burbuja, donde fue posible producir una serie de medidas. Por ejemplo, la eliminación de la tercerización.

-¿Cómo se logró eliminar la tercerización?

-En los hechos, no se podía abaratar costos laborales contratando a terceros para realizar actividades que las empresas estaban en condiciones de realizar con personal propio. Y además el Estado fue el gran inversor. Es decir que, desde 2007 y hasta 2014, el gran caudal de inversiones en el Ecuador estuvo dirigida por el Estado, en parte gracias a los altísimos niveles del petróleo, a lo que se sumaron algunas acciones bien desarrolladas por parte del gobierno de Correa. Luego empezó la crisis y en 2016, el gran terremoto.

-Entre esas acciones, ¿incluye la investigación y reestructuración de la deuda externa?

-La redefinición de la deuda fue beneficiosa. Hubo un momento de mayor efervescencia económica que permitió al Estado invertir muchísima cantidad de dinero en obras y eso generó más trabajo. La burocracia creció bastante durante el gobierno anterior, con un fuerte incremento de los puestos de trabajo. Hoy se nota que hay un problema, pero tampoco es muy notorio todavía. Hay desempleo, pero no es tan importante como en otros países. Por eso digo que no hay ningún motivo que nos haga pensar en la posibilidad de un estallido. Lo que sí hay es una amenaza permanente de salirse de la dolarización. Y ese es un recurso discursivo al que el gobierno acude mucho con la amenaza de: “si no hacemos bien las cosas…”, “si no cuidamos las cuentas…”, “si no disminuimos el gasto público…”.

-¿Qué cree que puede ocurrir en las próximas elecciones?

-Nuestro país está claramente dividido entre sierra y costa. En la costa está la mayor cantidad de empresas exportadoras de banano, de camarones, de los commodities que exporta Ecuador. Pero en la costa están también los líderes de la derecha tradicional, muy conservadora y radical. En este gobierno estamos viendo cómo en ciertos puestos clave hay personas que vienen de la costa. La incógnita, por ahora, es entender el comportamiento político de la sierra y especialmente de Quito, y ver si lo que queda de la revolución ciudadana —el movimiento de Correa— es capaz de reorganizarse electoralmente.

-¿A qué puestos clave se refiere, puntualmente?

-El vicepresidente viene de una familia empresaria de Guayaquil, es un joven de poco más de 30 años. El presidente le ha encargado las funciones principales relacionadas con la economía, más puntualmente la relación con las empresas. Pareciera que con este gobierno se está produciendo una entrada paulatina de las élites de la costa, en particular de las élites de Guayaquil. Las élites de la costa han estado muy retrasadas desde el punto de vista del ejercicio del poder del Estado, y este pareciera ser su momento de ingreso. Espero equivocarme, pero cuando la derecha vuelve, vuelve para quedarse, para permanecer más tiempo del que pudieron permanecer los gobiernos progresistas cuando se dieron las condiciones para gobernar desde una perspectiva que no fuera de derecha. Porque los tiempos de la derecha son siempre más largos que los tiempos del progresismo y de la izquierda. El centro no existe en política. Y la derecha en el Ecuador no es una derecha conservadora al estilo del conservadurismo europeo. Es una derecha mucho más retrógrada e inequitativa.

-¿Cree que el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones de Argentina tendrá algún efecto a nivel regional?

-Podría ser, considerando además la magnitud de la diferencia obtenida en las PASO en relación a la coalición liderada por Macri. Podría ser un ejemplo interesante de un volver a pensarse de los pueblos que en Latinoamérica se han volcado hacia la derecha, tras capitalizar algunos malestares producidos en los gobiernos progresistas. Pero, sobre todo, por no haber profundizado dichos gobiernos en las reformas estructurales para un sólido cambio político en nuestras sociedades.

¿Por qué Mauro Cerbino?

En el inicio de su currículum se lee claro: el objetivo de Mauro Cerbino es colaborar con distintas instituciones en la “comprensión de los distintos actores sociales y culturales —especialmente los jóvenes— y de la comunicación mediática, política y del común”. Es doctor en Antropología Urbana por la Universitat Rovira i Virgili, fue decano del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de la Flacso Ecuador, y actualmente integra el Caces, equivalente a la Coneau argentina. 

En una combinación entre vigilancia epistemológica y consecuencia política, Cerbino exploró experiencias sociales de lo más diversas: después de años de estudiar las organizaciones juveniles de la calle, se adentró en el corazón de los medios comunitarios en el Ecuador. Su investigación quedó plasmada en diversos libros: El lugar de la violencia (Taurus-Flacso), Más allá de las pandillas (Flacso) y Por una comunicación del común (Ediciones CIESPAL).

Publicado enInternacional
Para Thomas Piketty la desigualdad es ideológica y política

Las desigualdades jamás son “naturales” sino edificadas por una ideología que crea las categorías divisorias: mercado, salarios, capital, deuda, entre otras, sostiene el economista francés

 

 El liberalismo volverá a temblar sobre sus raíces teológicas y un ejército de evangelizadores liberal-populistas saldrá otra vez con capa y espada a demoler la impecable demostración sobre la semilla de las desigualdades que el economista francés Thomas Piketty publica en estos días en Francia. Se trata de Capital e Ideología, el segundo libro que Piketty publica luego del monumental éxito que tuvo su primer trabajo, El Capital en el Siglo XXI, del cual circularon en el mundo más de dos millones y medio de ejemplares. Como el anterior, el nuevo libro del economista francés no preserva espacios, sino que los extiende. Son 1.200 páginas cuyo postulado central consiste en demostrar que “la desigualdad es ideológica y política” y no “económica o tecnológica”, que las desigualdades jamás son “naturales” sino edificadas por una ideología que crea las categorías divisorias: mercado, salarios, capital, deuda, trabajadores más o menos capacitados, cotizaciones bursátiles, paraísos fiscales, ricos, pobres, clérigo, nobleza, competencia nacional o internacional. 

”Se trata de construcciones sociales e históricas que dependen íntegramente del sistema legal, fiscal, educativo y político que se elige implementar y de las categorías que se crean”. Piketty derriba dos de los mitos más arraigados de la derecha: el primero postula que las desigualdades se explican en muchos casos por causas “naturales”: el segundo recurre a la existencia histórica de supuestas “leyes fundamentales”. En ningún caso. Thomas Piketty ofrece en esta mastodóntica investigación una mirada nueva sobre el proceso de la desigualdad, así como una historia con perfil mundial de las desigualdades y las ideologías que las promueven.

El credo tan famoso como publicitado en la Argentina sobre el carácter ineluctable del sistema económico liberal (“el mundo nos apoya”) se esfuma en las páginas de Capital e ideología como arena entre los dedos. No es cierto. No existe, alega el economista, ningún determinismo, menos aún una organización social con mandato “eterno”. La permanencia o no de la cultura del capital depende de la movilización política e ideológica, de que se imaginen otras formas de gestión donde las desigualdades dejarían de existir y el capital, a su vez, ya no estaría más concentrado en un puñado de poderosos. El libro de Thomas Piketty es un elixir en tiempos de horizontes tapados y retóricas repetitivas. El economista osa incluso proponer la idea de un “nuevo socialismo participativo”, de una propiedad “social” pactada mediante la cogestión o también una “propiedad temporal”. No hay tampoco, para Piketty, ningún fatalismo histórico sino una asombrosa serie de acciones y coincidencias que autorizan los cambios. 

Nada está decidido de antemano, recuerda el autor, tanto más cuanto que las relaciones de fuerza que se establecen atañen al orden material: «son sobre todo intelectuales e ideológicas. Dicho de otra forma, las ideas y las ideologías cuentan en la historia porque permiten imaginar permanentemente y estructurar nuevos mundos y sociedades diferentes”. Piketty fustiga ese pensamiento conservador marcadamente tendencioso y siempre dispuesto a “neutralizar las desigualdades” dotándolas de “fundamentos naturales y objetivos”. O sea, como la desigualdad es un proceso natural no hay manera de erradicarla. Y si se lo intenta, es, finalmente, todo el sistema que corre peligro. Esta falacia es la que preside todas las narrativas del liberalismo contemporáneo: no hay vida fuera de este sistema. Si se sale, solo habrá hambre. Falso. Más bien, en su análisis histórico de la desigualdad, el economista francés destaca que, ”en su conjunto, las diversas rupturas y procesos revolucionarios y políticos que permitieron reducir y transformar las desigualdades del pasado fueron un inmenso éxito, al tiempo que desembocaron en la creación de nuestras instituciones más valiosas, aquellas que, precisamente, permitieron que la idea de progreso humano se volviera una realidad”.

 Con esa prueba histórica Piketty abre una ventana para mostrar otro paisaje y, de paso, quebrar una de las narrativas más extenuantes de los conservadores: aquella que tapa todos los futuros repitiendo que ningún otro modelo es posible. A este propósito, el autor escribe: «las desigualdades actuales y las instituciones presentes no son las únicas posibles, pese a lo que puedan pensar los conservadores: ambas están también llamadas a transformarse y a reinventarse permanentemente”. Una vez más, nada está jugado de antemano, nada es “un fundamento” inamovible. Esa roca indesplazable es la base sobre la que se apoya el rico para seguir siendo más…rico y el pobre siempre pobre. Es el nudo de todo el repertorio capitalista: si el rico es menos rico el pobre será más pobre. Piketty presenta la desigualdad como un objeto de gran plasticidad que es perfectamente posible modelar, y así lo han hecho justamente las ideologías: ”siguiendo los hilos de esta historia –escribe—se constata que siempre existieron y existirán alternativas. En todos los niveles de desarrollo, existen múltiples maneras de estructurar un sistema económico, social y político, de definir las relaciones de propiedad, organizar un régimen fiscal o educativo, tratar un problema de deuda pública o privada, de regular las relaciones entre las distintas comunidades humanas (…) Existen varios caminos posibles capaces de organizar una sociedad y las relaciones de poder y de propiedad dentro de ella”.

Piketty proclama que “el progreso humano existe, pero es frágil porque, a todo momento, puede chocar contra las desviaciones de la desigualdad y de la identidad del mundo (…) El progreso humano existe, pero es un combate”. Original, razonado y riguroso, con un enfoque radicalmente histórico que toma incluso en cuenta la literatura, Capital e Ideología llega en el mejor momento, justo en ese punto donde sólo parecían haber diagnósticos y pocas conjeturas para diseñar otro mundo. Nunca el liberalismo había inundado tanto el espíritu humano con su mensaje unidireccional. Como el macrismo en la Argentina, su recado es en todos lados el mismo: o se suicidan con nosotros, o morirán de hambre. Piketty desarma con una precisión de relojero esa idea destilada en el 99% de los medios de comunicación del mundo. El autor llama a esa tendencia “la ideología propietarista”. Su credo globalizado consiste en repetir que cualquier iniciativa de justicia social equivale a ir “derecho hacia la inestabilidad política y el caos permanente, lo que terminará por darse vuelta contra los más modestos. La respuesta propietarista intransigente consiste en que no hay que correr ese riesgo, y que esa caja de Pandora de la redistribución de la propiedad nunca se debe abrir”. Al contrario, argumenta Piketty, no sólo hay que abrirla, sino que la historia nos prueba que ha sido abierta en muchos momentos y que, gracias a esos momentos, se construyó el progreso humano.

 El ensayo se propone precisamente esa meta: ”convencer al lector de que podemos apoyarnos en las lecciones de la historia para definir una norma de justicia y de igualdad exigentes en materia de regulación y reparto de la propiedad más allá de la simple sacralización del pasado”. Como en El Capital en el Siglo XXI, Piketty no formula rupturas revolucionarias, sino que plantea una forma radical de reorganización. No es un libro para reforzar convicciones, ni un enésimo e indigesto adoquín pseudo progresista rebosante de diagnósticos acertados y vacío de alientos futuros. Capital e Ideología es un libro para respirar, como una ventana abierta hacia un mundo donde, de pronto, no hay un sólo modelo posible sino un infinito de posibilidades.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enPolítica
Miércoles, 04 Septiembre 2019 05:32

Repensar la utopía

Repensar la utopía

¿Tiene sentido reivindicar la utopía? Más que nunca. En tiempos de indigencia política en los que el progreso social corre el riesgo de estancarse, e incluso de invertirse, y donde el pensamiento único campa a sus anchas, es la única opción coherente.

 

La utopía secularizada relata cómo los avances sociales se consiguen únicamente mediante la protesta social y la movilización ciudadana, a veces tras décadas o siglos de insistencia. El mundo no mejora por sí solo.
Francisco Martorell. “Soñar de otro modo”.

 

Corren malos tiempos para la utopía política, esto es, para la concepción de modelos sociales que aspiren a construir un mundo más justo reorganizando nuestras instituciones. La esperanza social se ha reducido a un esqueleto de ilusión: son Google y las grandes compañías las que nos prometen ahora la sociedad de la abundancia. Mientras la utopía política desaparece, las distopías, creadas en el periodo de entreguerras del siglo pasado, se adueñan de la cultura entera. Moviéndose entre obras inquietantes y de alta calidad a otras, la mayoría, dirigidas al disfrute sensacionalista de las masas, el éxito de la distopía denota que la fe ilustrada en un futuro mejor ha dado paso al miedo postmoderno a un futuro peor. Da igual que nos fijemos en la ciencia ficción o en la filosofía, en el activismo o en el arte: un estado de ánimo distópico monopoliza el ambiente, extendiendo la pasividad y el derrotismo, actitudes muy del gusto del establishment.

Francisco Martorell Campos, doctor en Filosofía y miembro del grupo de estudios Histopía, explica en Soñar de otro modo. Cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla (La Caja Books, 2019) cómo llegamos a esta situación. Fue con el nacimiento del neoliberalismo cuando se declaró de forma definitiva la impertinencia del pensamiento utópico y se propagó el dogma, apuntalado en 1989, de que “no hay alternativa”. Desde entonces, todo queda en manos del individuo, y buscar la transformación social de manera programática se contempla como un objetivo absurdo, anticuado y peligroso. Vivimos, se dice, en el mejor, o menos malo, de los mundos posibles. El argumento de base es que la historia demuestra que siempre que las utopías trataron de convertirse en realidad terminaron en tragedia. Como antídoto, el neoliberalismo invita a fijar en las “preferencias” y “esfuerzos” individuales el camino hacia la felicidad. Eso implica, entre otras cosas, la progresiva degradación de lo público y el auge simultáneo de lo privado, la sustitución del nosotros por el yo y la reducción de la existencia a un juego solitario atravesado por el riesgo y la incertidumbre.

Pese al empeño neoliberal de blanquear el orden dominante, es fácil descubrir trazos distópicos en sus dominios. La crisis de 2008 y su multitud de secuelas perniciosas, el ascenso de la extrema derecha o el desastre medioambiental prueban la necesidad de luchar por un futuro distinto, libre de los males vigentes. Pero no actuamos en consecuencia. De una forma u otra, hemos interiorizado la cosmovisión neoliberal. Nos hemos acostumbrado a vivir en una distopía light y a pensar distópicamente. O lo que es lo mismo, a contemplar con resignación a las víctimas –parados, emigrantes, trabajadores precarios, ancianos o niños desamparados- que genera. Lo máximo a lo que ambicionamos es a rescatarlas, a impedir este o aquel despropósito concreto (un desahucio, un vertido ilegal, etc.), a defender los logros heredados..

Desutopizados por completo, actuamos y meditamos a corto plazo, a pequeña escala y a la defensiva, huérfanos de alternativas globales al sistema imperante, sin iniciativa ni proyectos de transformación a largo plazo. Al morder el anzuelo de que la utopía es necesariamente tóxica, renunciamos a forjar el porvenir y olvidamos que, aunque abrigó cuantiosos aspectos totalitarios durante la modernidad, inspiró, de igual manera, los aspectos más edificantes del mundo en el que vivimos. Pocos recuerdan que el sufragio universal fue en su día una medida utópica, por no hablar de los derechos de la mujer. Y menos aún los que se hacen cargo de que el programa tipo de las formaciones socialdemócratas de los cincuenta y sesenta parecen hoy revolucionarios.

Deseoso de revertir la situación, Francisco Martorell propone una renovación de la utopía política capaz de alejarla de cualquier forma de autoritarismo y de reinstaurar el impulso utópico en la teoría y la práctica transformadoras. Para ello, recorre la historia de la utopía literaria, desde Tomas Moro hasta Kim Stanley Robinson, pasando por H. G. Wells y Úrsula K. Le Guin. Este periplo, que incorpora un recorrido análogo alrededor de la distopía, se desarrolla en torno a tres áreas: la naturaleza, la historia y la sociedad. Partiendo de las transformaciones recientes producidas en cada una de ellas y desenmascarando los aspectos ideológicos de fenómenos como el ecologismo, el transhumanismo, el conservacionismo, la nostalgia sistémica, las políticas de la memoria, las redes sociales y las políticas de la diferencia, Martorell sugiere cómo debería desplegarse la utopía para desprenderse de sus nocivos fetiches modernos (la naturaleza pura, la historia dotada de sentido intrínseco, la sociedad armónica-totalizada), para sortear las trampas postmodernas de lo políticamente correcto y colmar las necesidades emancipatorias actuales.

¿Tiene sentido reivindicar la utopía? Más que nunca. En tiempos de indigencia política en los que el progreso social corre el riesgo de estancarse, e incluso de invertirse, y donde el pensamiento único campa a sus anchas, es la única opción coherente. La propuesta de Martorell de una utopía secularizada, que apueste por políticas concretas como la renta básica o el reparto del trabajo, nos permite recuperar cierta esperanza, no en el porvenir por sí solo, tal como nos anuncian los tecnólogos, sino en la capacidad de imaginar, planear y construir juntos un mañana mejor. Nos sacude la parálisis, el victimismo y el entontecimiento letárgico procedente de la sociedad actual, rendida a la distopía del “no hay alternativa”. Nos enseña, de paso, cómo renunciar a la utopía es el síntoma principal de que el neoliberalismo nos ha derrotado, por muy anti-neoliberales que nos guste exhibirnos…

Por Leo Sousa / Andoni Alonso


publicado

2019-09-04 08:00

Publicado enCultura
Miércoles, 21 Agosto 2019 06:05

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Vivimos pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo. Según ese discurso es necesario primero ajustar las cuentas fiscales y liberalizar la economía para recuperar los “equilibrios macroeconómicos”, para luego retomar el crecimiento: la receta neoliberal. Ese discurso se orquestó masivamente, con eco en grandes medios de comunicación, analistas convencionales, cámaras de comercio, etc. Pero los resultados son otros…

Más allá de cualquier discurso oficial, como en su momento anticipamos, lo que realmente vivimos son los intentos del “frágil” gobierno morenista de cargar la crisis al pueblo. Para colmo, ni siquiera las metas del ajuste neoliberal se están alcanzando: pese a los últimos recortes presupuestarios – o quizá debido a los mismos y a su efecto recesivo – el déficit fiscal del Presupuesto General del Estado (PGE) a julio de 2019 llegó a un saldo negativo de 1.279 millones, un 62,3% mayor al déficit de 787 millones registrado en igual período del año anterior; y es muy probable que iguale al valor negativo en 2018 de 2.900 millones de dólares. Bajo estas tendencias, es muy seguro que no se alcance el déficit previsto en el acuerdo con el FMI para 2019: 2.000 millones de dólares.

Lo peculiar es que el déficit persiste pese a que el gobierno continúa aplicando un severo ajuste, por ejemplo, sobre una inversión pública que cae desde 2014. Así, a julio de 2019 solo se ejecutó el 22,3% del Plan Anual de Inversiones públicas (PAI), representando apenas 773 millones de dólares de un total anual previsto de 3.461 millones (en 2013 el plan de inversiones sumó 8.104 millones). Otro ajuste se ha dado en la masa salarial, la cual de enero a julio de 2019 sumó 5.083 millones de dólares, casi 82 millones menos en comparación al mismo período de 2018 (implicando el cierre de enero a junio de 16 mil plazas de trabajo). En este caso, es clara la prioridad de reducir la masa salarial contrayendo el empleo público en vez de reducir los salarios de la burocracia dorada. A su vez, los otros ingresos previstos por el gobierno no fluyen. Se hablaba de mil millones por concesiones – léase privatizaciones – que, sin embargo, no avanzan como se esperaba. Además, el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses) genera un peso cada vez más insoportable: a julio de 2019 ese servicio alcanzó los 5 mil millones de dólares.

Dado semejante escenario, es casi seguro que los aportes financieros de los organismos multilaterales, sobre todo aquellos previstos en el acuerdo con el FMI, serán insuficientes para cerrar la brecha fiscal… Eso podría agravar la compleja situación pues esos organismos, ante un potencial incumplimiento del acuerdo, podrían reducir o aun suspender los desembolsos, todo para obligar al gobierno a adoptar ajustes más severos.

Por su parte, los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) actúan algunos como caja de resonancia del FMI y otros quejándose por la falta de celeridad. Mientras, el ajuste no solo se enfoca en el déficit, sino que la desesperación podría llevar a buscar ingresos con nuevos impuestos (p.ej. incrementando el IVA) y/o con alzas de los precios de los combustibles (p.ej. eliminando el subsidio a la gasolina extra). A su vez, según la evaluación del ajuste que hizo en junio el FMI, las expectativas serían que en 2019 la masa salarial pública se reduzca en 200 millones de dólares y en 2020 lo haga en 600 millones, mientras que la reducción de subsidios debería llegar a 1.100 millones en el presente año. En complemento, los economistas OCP piden más flexibilizaciones laborales y ambientales (basta ver la barbarie propuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil) para “mejorar la competitividad” y recuperar la inversión privada…

Entre todo esto, persiste la lectura convencional, teológica y dogmática de la economía, sin considerar los graves efectos presentes y futuros del ajuste. Por ejemplo, seguir reduciendo la inversión pública trae secuelas recesivas, claramente visibles en el estancamiento del ingreso por persona que, de llegar a 6.347 dólares anuales en 2014, pasaría a 6.320 dólares anuales en 2019 (media década perdida...). Asimismo, el “empleo adecuado” sigue sin recuperarse al englobar solo al 37,9% de trabajadores a junio de 2019 (deterioro que se arrastra desde 2015). Más grave aún, hay un recrudecimiento de la pobreza sobre todo rural: entre diciembre de 2014 y junio de 2019 ha aumentado de 35,3% a 43,8%. Estos son apenas breves muestras de la urgencia de un análisis más integral de la economía antes de exigir más ajustes.

En síntesis, la economía, con el ajuste fondomonetarista, se muerde su propia cola, las cuentas no cuadran, y vemos varios indicios de que el estancamiento se mantendrá o incluso se recrudecerá en los próximos años. Mientras, el impacto social y político puede volverse una caja de Pandora... como se ve, por ejemplo, en la Argentina.-

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: economistas ecuatorianos.

NOTA: Este texto saldrá publicado en el periódico EL CONEJO, de la CEDOCUT.

Publicado enEconomía
Lunes, 12 Agosto 2019 06:09

Contundente derrota de Macri

Contundente derrota de Macri

Mauricio Macri recibió un contundente rechazo en las urnas este domingo y será muy difícil que logre la reelección como presidente de Argentina. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner alcanzó el 47% de los votos y lo superó por quince puntos, dejando al peronismo a un paso de volver a la Casa Rosada. "Hemos tenido una mala elección", reconoció el actual mandatario que habló antes de que se difundan los datos oficiales. También aseguró que inmediatamente se pondrá a trabajar para revertir estos resultados en Octubre, cuando se realicen las elecciones generales y vinculantes. La tarea será cuesta arriba, su partido también perdió por 17 puntos los comicios para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, y apenas logró imponerse en Córdoba y la Capital Federal, cuna política de Macri.

"Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron, gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia", señaló Alberto Fernández minutos después de conocerse los resultados. "A partir de hoy se acabó el concepto de venganza y de grieta", destacó en seguida anticipándose a un discurso del oficialismo que seguramente busque extremar la polarización antes de los comicios de Octubre para convencer a los votantes que prefirieron otras fuerzas políticas. "No venimos a derrotar un regimen, sino a crear una nueva Argentina", concluyó ante un enfervorizado auditorio de más de cuatro mil personas que colmó la sede del Frente de Todos, el espacio político que logró nuclear a casi todo el amplio espectro peronista.

Un tono muy parecido había usado un rato antes la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que habló primero y cuya intervención se transmitió por pantalla gigante, ya que se encontraba en Río Gallegos, capital de la austral provincia de Santa Cruz. Allí tiene residencia y por tanto allí debía votar. "Sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas. A los que nos votaron y a los que no", explicó. "Todos debemos escuchar la voz de las urnas para intentar que la Argentina tenga la posibilidad de ser una opción mejor, más feliz", agregó.

Como contó eldiario.es, Cristina fue la gran protagonista del triunfo de ayer. La mujer que hace cuatro años dejó la Casa Rosada nunca cedió el centro de la escena política e incluso fue quien nominó a Alberto Fernández como candidato a presidente. También fue el centro de las críticas de la alianza electoral de Macri durante la campaña. Algo que seguro se profundizará en los próximos días aprovechando las causas judiciales por corrupción que aún tiene abiertas.

Pero las elecciones del domingo no solo avizoran un cambio presidencial y de gobernador en la Provincia de Buenos Aires. También se votaron candidatos para disputar 130 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores (Argentina tiene un sistema bicameral como Estados Unidos). Si se repitieran los comicios en Octubre el peronismo podría alcanzar el quórum propio, es decir, el número mínimo de legisladores necesario para debatir y votar los proyectos de ley. Esto podría sacar al Congreso de la parálisis que vivió este año en el que Cambiemos evitó pasar por el recinto medidas que podían afectar su imagen.

El peronismo también pudo cerrar el día festejando un rotundo triunfo en la única elección vinculante de la jornada. Alicia Kirchner, hermana del fallecido ex presidente y cuñada de la actual candidata a vice, reeligió como gobernadora de la provincia de Santa Cruz.

Y mientras el peronismo celebraba, el oficialismo se sumía en la preocupación. Anoche ya improvisaron una reunión de funcionarios jerárquicos en la sede de campaña de Cambiemos y comenzaron a circular versiones de posibles cambios en el gabinete. El gobierno sabe que tiene dos meses todavía, pero la diferencia parece irremontable aún para los más optimistas.

¿Para el gobierno aún hay esperanza?

El único dato alentador para Macri es que para casi todos los cargos en juego los comicios no fueron vinculantes. Se trató de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo creado en el año 2009 para permitir que todos los votantes participen de las internas de los partidos para elegir sus candidatos sin necesidad de que estén afiliados. Sin embargo, como todas las fuerzas políticas presentaron listas únicas para los cargos nacionales, lo que se vio fue la encuesta electoral más representativa posible. De hecho, votó un 75,85% del padrón, una proporción mayor a la que participó de las elecciones generales españolas (71,76%).

Si bien es un número considerable, para la Argentina es inferior al que habitualmente vota en las elecciones generales. En los comicios presidenciales de 2015, por ejemplo, de las PASO participó un 74, 91% del padrón y en las generales la cifra llegó al 81, 07%. Eso significó que se sumaran dos millones de votantes nuevos que en aquel momento fueron muy útiles para la estrategia macrista. Los encuestadores caracterizan a este grupo como "desencantado de los partidos". Una línea permeable a inclinarse por Cambiemos ya que suele apelar a un discurso considerado "apolítico".

En aquella instancia a Macri le funcionó. Había quedado a ocho puntos de Daniel Scioli, el candidato del peronismo, en las PASO (30% vs 38%). Y logró achicar esa diferencia a tres (34% vs 37%). Eso forzó a un desempate entre los dos principales rivales y terminó dándole un triunfo a Macri con el 51% de los votos. El recuerdo ilusiona al entorno del actual presidente, pero la remontada en esta oportunidad deberá duplicar a la anterior. Y lo que más preocupa es que esta vez quedaron a más de 2,3 millones de votos de diferencia. Asi que ni siquiera consiguiendo que todos los que se quedaron en sus casas ahora los voten a ellos les alcanzaría.

Su estrategia, entonces, deberá apuntar a lograr que aquellos que hayan elegido otros partidos cambien su decisión en Octubre y lo acompañen. Por eso apuntará a polarizar la elección apelando al "voto útil" y continuará la campaña de demonización del kirchnerismo. La semana pasada ya había iniciado ese camino con mensajes en su cuenta de Twitter en los que se planteaba un antagonismo entre su propuesta y la de los "mafiosos, corruptos, delincuentes y narcotraficantes". La dificultad con la que se encontrará es que ahora deberá explicarle a quienes no lo votaron en las PASO que no se refería también a ellos.

Una jornada de votación tranquila y las dudas sobre el manejo de la información

La jornada electoral transcurrió sin mayores controversias. El único dato que llamó la atención durante los comicios fueron las denuncias de que las boletas de Cambiemos llegaron a varias escuelas dobladas ocultando el tramo que correspondía al candidato presidencial. Esta estrategia buscó evitar que la imagen de Mauricio Macri afecte el resultado de los demás candidatos de su partido que van pegados a él en la boleta. Pero no resultó efectiva al final.

Lo que dejó más lugar a dudas fue el desempeño del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en su tarea de llevar a cabo el recuento de votos. La entrega de datos se demoró una hora y media más del tiempo previsto. Incluso los primeros datos oficiales se publicaron quince minutos después de que Macri hubiera reconocido la derrota. La pregunta que quedó en el ambiente es si contaba con información antes que los demás.

El ministro Rogelio Frigerio dijo que no. Que probablemente se había expresado sobre bocas de urna y datos de los fiscales distribuidos por los colegios donde se realizó la votación. Argumentó que la demora en hacer públicos los datos oficiales fue a raíz de que la Justicia Electoral les había pedido que dieran difusión a los resultados provisorios recién cuando contaran al menos con un 10% del padrón procesado de los cuatro distritos principales (Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal). Desde el Ministerio dijeron que la demora fue específicamente porque aguardaban los datos de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo cuando los hicieron públicos ya estaba procesado el 39,36% de esa jurisdicción.

Los funcionarios se negaron a responder al respecto. Apenas felicitaron a la fuerza política ganadora y repitieron lo que había dicho el presidente minutos antes: que les tocaba escuchar a las urnas y trabajar para revertir la situación. Al parecer les queda poco tiempo.

Por Javier Borelli- Periodista en Tiempo Argentino

12/08/2019 - 10:45h

Publicado enInternacional
Kyriakos Mitsotakis, ex banquero graduado en Harvard.

El “voto bronca” contra Syriza que el 39,9 % de la población griega depositó en las urnas el domingo 7 de julio devolvió al poder al partido conservador que, junto a la otra gran fuerza tradicional, Pasok, llevó al país a la severa crisis económica que ya se extiende por más de diez años. Las promesas incumplidas del centro-izquierda Alexis Tsipras en cuanto a las políticas de austeridad que estaba encomendado a eliminar o, al menos, suavizar se tradujeron en una diferencia de más de 8 puntos con el líder de Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, en los recientes comicios generales. Este giro de 180 grados en el parlamento heleno- los conservadores tienen ahora la mayoría absoluta con 158 escaños de 300- no solo significa la reorientación del país hacia un rumbo netamente neoliberal sino también la recuperación del mando por parte de una de las dinastías griegas más influyentes. El nuevo primer ministro es hijo del ex mandatario Kostas Mitsotakis, hermano de la ex ministra y alcaldesa de Atenas, y tío del recién electo intendente de la capital, Kostas Bakoyannis. Oriunda de la isla de Creta, esta familia se reparte el poder con otros dos clanes: los Karamanlis, de donde proviene el fundador de ND, y los Papandreu, familia de cuyo origen son tres ex primeros ministros del partido socialista Pasok. Después de que en 2015 una formación independiente como Syriza irrumpiera por primera vez en esta dinámica “hereditaria” del gobierno, el peso de la tradición y quizás el miedo a nuevos “experimentos” volvieron a ubicar al Ejecutivo heleno dentro de su marco archiconocido.

El discurso de un dirigente como Mitsotakis- formado en Harvard, con larga carrera política y experiencia en la banca- al apostar por la estabilidad económica, la atracción de inversiones extranjeras y una drástica reducción de impuestos logró convencer al casi el 40 % de los votantes, que esta vez no creyeron en las promesas de Tsipras ni en sus últimas medidas a contrarreloj para revertir los efectos devastadores de la austeridad pactada con Europa. Si bien durante el mandato de Syriza la economía registró el primer repunte en diez años de profunda y continuada recesión- el PIB creció un promedio anual del 2% y el desempleo pasó del 27,5% en 2013 al 18,5 % según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat)- Grecia sigue estando a la cola de Europa en condiciones laborales y salarios. En un país con una deuda del 180% del PIB y tres rescates de la “Troika”- Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI- por la suma total de 290 mil millones de euros a sus espaldas, los pocos beneficios que a nivel macroeconómico pueden vislumbrarse no llegan todavía a la vida cotidiana de la gente. “Se ha creado un mercado negro de trabajadores en el cual la gente cobra 300 o 400 euros por mes por un empleo a jornada completa sin ningún tipo de contrato. Estamos hablando de esclavitud”, exclama el economista Leonidas Vatikiotis, uno de los fundadores de la Comisión por la Auditoría de la Deuda Griega y asesor del reconocido documental Debtocracy (Deudocracia).

“Grecia está bajo control hasta el 2060, no saben cómo admiramos lo que hicieron en Argentina al echar al FMI y cancelar la deuda”, afirma, por su parte, Dionisios Eleutheratos, politólogo, periodista y co-autor de un libro dedicado al análisis de la era “post memorándum”. Los objetivos económicos pactados con Europa por el gobierno de Syriza- un superávit primario del 3,5% hasta 2022 y del 2% hasta 2060- son considerados por derecha e izquierda como algo asumible solo a costa de nuevos recortes en el, ya de por sí exiguo, gasto público. Kyriakos Mitsotakis insistió durante la campaña en que, gracias a su programa económico, reconquistaría la confianza de los mercados y podría renegociar esas duras condiciones con los acreedores. “El lunes hubo reunión del Eurogrupo y su primera reacción ante el cambio de gobierno en Grecia fue recordarle que las cifras de superávit son y seguirán siendo las pautadas. Veo muy difícil que Alemania o Francia aflojen. Habrá que esperar, de todos modos, qué pasa también en el marco internacional porque Europa está ahora en guerra económica con Trump y eso puede derivar en nuevas líneas de acción”, reflexiona Eleutheratos.

Según el politólogo, la senda propuesta por ND se parecerá mucho a la del presidente argentino Mauricio Macri. “Mitsotakis habla de un nuevo programa de privatizaciones, incluso más de las que ya hubo a lo largo de todos estos años debido a los acuerdos con el FMI y otros acreedores internacionales. Anuncia además la reducción de impuestos para las empresas, pero ¿de dónde saldrá ese dinero que ya no va a entrar en el Estado? Muchos tememos que de la salud y la educación pública, como se hizo durante toda esta década de austeridad”, advierte Eleutheratos.

El neoliberalismo no es el único pilar del nuevo Ejecutivo heleno, también lo son el nacionalismo y la religión. En su toma de posesión el lunes 8 de julio, Kyriakos Mitsotakis juró sobre la biblia- y no sobre la Constitución como lo hizo en 2015 Alexis Tsipras- en una ceremonia presidida por las máximas autoridades de la Iglesia ortodoxa griega y a la que los 51 ministros- de los cuales solo 5 son mujeres- asistieron rodeados de sus familias. “Grecia es uno de los pocos países de Europa donde la religión y el Estado no están separados. La Iglesia participa en la política exterior, en la educación, en todo… Y ahora con el nuevo gabinete puede estar tranquila”, asegura el politólogo Eleutheratos, remarcando que tampoco Syriza se atrevió a limitar el dominio eclesiástico.

El fervor patriótico está presente en cada palabra de Mitsotakis, sobre todo, desde que en junio del 2018 Tsipras y el primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, firmaran el acuerdo que puso fin a una disputa entre los dos estados durante más de 30 años por el nombre de Macedonia. A la cabeza de multitudinarias manifestaciones en Atenas y Salónica- capital de la región griega Macedonia que protagoniza el conflicto por el topónimo- Mitsotakis aseguró que, al llegar al poder, procuraría vetar el acceso de Macedonia del Norte a la Unión Europea “si los intereses nacionales [de Grecia] no se garantizan”. En la misma línea se pronunció el flamante mandatario con respecto a las tensiones con Turquía por sus recientes incursiones en las aguas territoriales de Chipre a causa de posibles yacimientos de hidrocarburos. “Bruselas deberá sancionar a Turquía por su violación de la soberanía chipriota y el pueblo griego, a su vez, tendrá que demostrar unidad nacional y determinación para hacer frente a la amenaza”, proclamó Mitsotakis en su último acto de campaña.

La derecha radical ocupa también un lugar destacado dentro del nuevo gabinete que asumió el martes 9 de julio. El jefe de Gobierno nombró como ministro de Desarrollo a Adonis Georgiadis y ministro de Agricultura a Makis Voridis, dos representantes del partido nacionalista de extrema derecha LAOS que en 2012 se quedó fuera del parlamento y luego fue parcialmente absorbido por la formación de Mitsotakis. Uno de ellos, Georgiadis, está acusado de comentarios antisemitas y propuso en 2013, como ministro de Sanidad del anterior gobierno de ND, someter obligatoriamente a la prueba del sida a prostitutas, indigentes y personas sin papeles. “La extrema derecha siempre estuvo dentro de ND. En 1977 había en Grecia un partido nostálgico de la dictadura- recuerda Dionisios Eleutheratos- que tenía un porcentaje muy parecido al de los neonazis de Aurora Dorada y después desapareció ¿por qué? Porque sus integrantes se fueron a Nueva Democracia”.

Publicado enInternacional
El primer ministro electo, Kyriakos Mitsotakis (derecha), recibe el saludo del presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos / Foto: Afp, Luisa Gouliamaki

Cuatro años y medio duró lo que en sus inicios prometía ser una experiencia completamente novedosa en Europa: un gobierno dirigido por un partido a la izquierda de la socialdemocracia. Tras su rendición incondicional ante aquello que prometía combatir, acabó en un fiasco de una magnitud equivalente a las esperanzas que levantó.

 

El lunes asumió en Atenas un nuevo gobierno, el primero monocolor en varias décadas. Nueva Democracia, el partido conservador dirigido por Kyriakos Mitsotakis, ganó las elecciones legislativas anticipadas del domingo 7 con casi el 40 por ciento de los votos, y en virtud de un sistema electoral que premia a los vencedores con un plus de 50 diputados consiguió 158 bancas, siete más de las necesarias para la mayoría absoluta y 80 más de las que tenía hasta ahora. La Coalición de Izquierda Radical (Syriza), del jefe del gobierno saliente Alexis Tsipras, llegó a 31,5 por ciento y obtuvo 86 bancas (tenía 144). Luego llegaron los socialdemócratas de Kinal y los comunistas, con 22 y 15 diputados, respectivamente. Las grandes novedades fueron el ingreso al parlamento de Mera25, una escisión por izquierda de Syriza, encabezada por el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, y la salida de los ultraderechistas de Amanecer Dorado, que no alcanzaron el mínimo de 3 por ciento para tener representación en el congreso. Habrá, de todas maneras, otro partido de extrema derecha en el parlamento. La participación electoral fue muy baja: 57 por ciento, de las peores de la historia política reciente del país.

Mitsotakis, un economista formado en Harvard, es integrante de una vieja dinastía política griega y dirigente de un partido corresponsable de una de las mayores crisis económicas y sociales del país. Su gobierno estará integrado en su mayoría por tecnócratas e incluirá a políticos surgidos en partidos de extrema derecha. Apenas tendrá mujeres. El nuevo primer ministro prometió convertir a Grecia en “paraíso de los inversores”, limitar el poder de los sindicatos, reducir las cargas de las empresas y de los más ricos y los impuestos de las “clases medias”, retomar el programa de privatizaciones (de empresas públicas, del sistema de pensiones), congelado por Syriza. Un retorno pleno a los años previos a la victoria de la llamada izquierda radical en 2015.

 

***

 

“Ahora sí la izquierda”, fue el principal eslogan de campaña de Syriza en las elecciones de enero de 2015. Grecia tenía entonces índices “tercermundistas”: más de un tercio de la población en situación de pobreza, un desempleo que rondaba el 30 por ciento, niveles astronómicos de endeudamiento externo, un producto bruto interno que se había contraído 25 por ciento en seis años, emigración récord, sobre todo de jóvenes, una corrupción endémica de la dirigencia política tradicional… Los responsables de esa situación eran los partidos que se habían alternado en el poder en las últimas décadas (el Pasok socialdemócrata y Nueva Democracia), siempre en alianza, entre ellos o con partidos menores, incluida la emergente extrema derecha. Syriza aparecía entonces como la única alternativa de ruptura con ese estado de cosas para las clases populares. Máxime cuando contaba con el apoyo, directo o de hecho, de los animadores de movilizaciones sociales como el país no había vivido desde la salida de la dictadura de los coroneles (1967-1974). Como España y sus indignados, Grecia había tenido su “revolución de las plazas”, que incluso había costado muertes.

El obstáculo principal que se le presentaba a la coalición “radical” era el miedo: la derecha y el Pasok agitaban el fantasma de que Grecia quedaría fuera de la Unión Europea (UE) si Syriza llegaba al gobierno y aplicaba su programa, que preveía una auditoría de la deuda externa para renegociar la “parte justa” del endeudamiento y medidas para recuperar el nivel de vida “de las grandes mayorías nacionales” y redistribuir la riqueza. El Pasok agregaba: nosotros querríamos, pero “no existe alternativa”, las cosas son así y punto.

El contexto regional también era hostil: la derecha gobernaba en la gran mayoría de los países de la UE y las instituciones regionales habían advertido, antes de las elecciones griegas, con Alemania y el Banco Europeo a la cabeza, que no tolerarían que ningún país miembro (más aun uno pequeño y superendeudado como Grecia) se saliera de la norma de austeridad presupuestaria y reformas liberalizadoras. Cuando no era la derecha la que gobernaba en la región, lo hacían “socialistas” como el francés François Hollande, que tras un comienzo de gestión teñido de rojillo había virado a un rosa cada vez más difuminado hasta compartir valores, política y horizontes con conservadores y liberales. Syriza no tenía aliados a la vista, e incluso países tanto o más endeudados que Grecia eran más realistas que el rey y aplicaban las recetas “austericidas” de los organismos internacionales con fruición lacayuna.

Pero Syriza se mantuvo en sus trece y desafió a la troika de la UE, el Fmi y el Banco Central Europeo, y a la todopoderosa Alemania. No pagaría la deuda así como estaba sin una reestructura y sí aplicaría su programa de freno a las privatizaciones de empresas públicas, de reforma fiscal y de recuperación de la producción nacional, del poder adquisitivo y de las condiciones de vida de los más desposeídos. El tira y afloja duró seis meses, durante los cuales la situación se fue deteriorando cada vez más para los griegos, privados de recursos y de acceso al crédito en el mercado internacional. Hasta que el primer ministro Alexis Tsipras convocó, en julio, a un referéndum para que los griegos le dijeran si continuaba en ese camino o si cedía ante la troika. Tendría, en cualquier caso, el respaldo “del pueblo”, “esa categoría que los burócratas y tecnócratas de Bruselas ignoran por completo”, según dijo por entonces el primer ministro. Los griegos lo respaldaron masivamente: 61 por ciento votó por seguir plantando cara a los acreedores. Pero no pasaron dos días para que Tsipras capitulara y se decidiera a aceptar un nuevo “rescate” a cambio de un programa de “reformas estructurales” más draconiano que los que habían llevado adelante conservadores y socialdemócratas en años anteriores. Las esperanzas de un cambio de fondo, conducido por un gobierno a la izquierda de la socialdemocracia y en un país pequeño del sur europeo, se esfumaron. Votantes de Syriza recuerdan aún aquella mañana en que Tsipras convirtió su no al neoliberalismo en una rendición con todas las letras como uno de los días más amargos de sus vidas.

 

***

 

La impostura del nuevo primer ministro Mitsotakis es total: las “clases medias” a las que dice defender y a las que les quitaría carga impositiva son las mismas a las que Tsipras se vio obligado a castigar porque no pudo realizar la reforma fiscal que se proponía después de que la troika (respaldada por el mismísimo líder de Nueva Democracia) se lo negó. Pero al líder de Syriza, el millón de electores que abandonó a la coalición entre 2015 y 2019 no le perdonó su propia impostura, dice la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Atenas Filippa Chatzistavrou. La gestión de Syriza, su capitulación ante los acreedores y los poderes económicos, el hecho de que aceptara aplicar una política contra la que había luchado tantos años, o incluso que Tsipras no renunciara al ver que no podía ganar su apuesta de derrotar al Goliat, provocaron en Grecia “un desencanto político, ético, social, moral, tremendo”, dijo la politóloga al portal francés Mediapart (5-VII-18).

Tsipras festejó unos meses atrás que tras cuatro años de ajustes permanentes había logrado finalmente salir de la lógica de los rescates y mejorar las cifras macroeconómicas: dijo, por ejemplo, que Grecia retomó el crecimiento, que el desempleo se redujo de 28 a 18 por ciento, que volvieron los inversores, que se crean empresas otra vez. Y que pudo poner en práctica algunas políticas sociales “novedosas”: gratuidad de la salud y del transporte para los más pobres, ayudas para vivienda, bonos de alimentación de entre 100 y 500 euros según los ingresos, extensión del seguro de paro, aumento del salario mínimo a 740 euros mensuales… Pero fueron sólo paliativos, y, aunque permitieron limitar las injusticias, en el fondo las cosas no cambiaron, destacó Chatzistavrou. “Los índices de pobreza se mantienen, crece el empleo, pero es precario y en negro, sigue la fuga de cerebros, el acceso de los pobres a la salud no es aún el mismo que el que se conocía antes de la crisis”, y los capitalistas ganan y ganan, dijo. Christos Giovanopoulos, un ex votante de Syriza y militante social, y uno de los coordinadores de los colectivos solidarios (desde ollas populares hasta redes de distribución de medicamentos, útiles escolares, ropa) que se multiplicaron en Grecia entre 2011 y 2015, apunta que durante la administración de Tsipras se amplió la brecha entre pobres y ricos. “La política social del gobierno griego fue pagada por la gente de bajos ingresos y las capas medias asalariadas”, no por los ricos, dice Giovanopoulos. Petros Linardos, un economista que formó parte del Instituto del Trabajo, equivalente para los sindicatos griegos al Cuesta Duarte uruguayo, advertía en mayo pasado que el gobierno de Syriza carecía de “estrategia a largo plazo y de modelo alternativo al desarrollo de los servicios y del turismo”. “El horizonte de Syriza son los años ochenta del Pasok,un modelo de desarrollo basado en el consumo” (Mediapart, 6-V-19). Un modelo, piensa Linardos, que ya no es sostenible desde ningún punto de vista, empezando por el ambiental, un plano en el que Syriza poco y nada hizo. Al contrario: eliminó la exigencia de un estudio ambiental previo a la instalación de megaproyectos de trasnacionales. Con tal de que vengan, les hacemos un tren, habrán pensado Tsipras y los suyos.

 

***

 

Fabien Escalona es un joven politólogo francés que en Mediapart se ha especializado en el seguimiento a los partidos de la “izquierda radical”. Es también autor del libro La reconversion partisane de la social-démocratie européenne. Du régime social-démocrate keynésien au régime social-démocrate de marché. En un artículo publicado en enero de 2015, apenas confirmado el triunfo de Syriza en las elecciones griegas, Escalona advertía sobre el riesgo principal que corría ese partido y otros a la izquierda de la izquierda europea que se encontraban en ascenso (Podemos, en España, y lo que sería luego Francia Insumisa, al otro lado de los Pirineos): que en su asalto a los cielos de las instituciones de gobierno se olvidaran de los movimientos sociales, que habían sido su catapulta. Con (fuertes) diferencias de época, esos movimientos, situados en un punto intermedio entre la socialdemocracia y la extrema izquierda revolucionaria, decía Escalona, comparten corpus ideológico con la corriente eurocomunista que había prendido en los países de la Europa mediterránea en los setenta y ochenta, ubicándose tan lejos del “ruido a botas” del socialismo cuartelero de los países del este como del “arrastrar de pantuflas” de la socialdemocracia occidental, según resumió en su momento el francés Jean-Pierre Chevènement. “El corazón de la izquierda radical europea heredó del eurocomunismo su rechazo a la marginalidad política y una comprensión del carácter plural de las relaciones de dominación”, escribió el francés por estos días (Mediapart, 8-VII-19).

La “nueva izquierda radical” le agregó a aquella corriente que terminó en la ruina, además de un aire irreverente y un funcionamiento más horizontal, un contacto más íntimo con los movimientos emancipatorios que se fueron desarrollando desde los sesenta (antipatriarcales, antiproductivistas, antirracistas e, incluso, anticapitalistas) y una llegada a sectores sociales amenazados por la precarización. Pero padece de “una estrategia incompleta para hacer frente a instituciones nacionales y europeas capaces de absorber sus críticas. Es grande la tentación de ocupar el espacio dejado vacante por la socialdemocracia, cuando un proyecto keynesiano no está ya a la altura de la crisis estructural actual”, concluía el investigador francés.

En 2015, Syriza no sólo fue a la guerra con la troika con un tenedor, se “olvidó” por el camino de los movimientos sociales y de los sindicatos, a los que adrede desmovilizó. Éric Toussaint, un historiador y politólogo belga que fundó el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, criticó en su momento la manera en que el ministro de Economía Yanis Varoufakis, que pasaba por un “radical” en el equipo de Tsipras (abandonó su cargo tras la capitulación del jefe del gobierno), llevó a cabo las negociaciones con los acreedores. Más allá de su gestualidad confrontativa, señala Toussaint, Varoufakis alimentaba la ilusión de que las elites europeas terminarían siendo razonables y marcó distancia con la base de Syriza, dejada como espectadora de un enfrentamiento que se iba traduciendo en renuncias sucesivas a la plataforma que había llevado a la coalición al gobierno. Fabien Escalona echa mano también a otros intelectuales críticos, el canadiense Leo Panitch y el ruso Sam Gindin, que, en su libro The Socialist Challenge Today: Syriza, Sanders, Corbyn, subrayan “el grave déficit de ‘organización’ de la izquierda radical ante el poder estatal”. “Todo partido que pretenda superar el orden neoliberal, ni que hablar el orden capitalista”, escribe el francés citando a Panitch y a Gindin, “debe abordar los lugares del poder con cuadros formados y competentes, cuidándose de mantener a todo precio un pie en el movimiento social para presionar en favor de políticas alternativas”. Lejos estuvo de ser ese el caso de Grecia.

12 julio, 2019

Publicado enInternacional
Página 1 de 47