La «América crece» de Trump: nueva forma de neocolonialismo

La Alianza para el Progreso impulsada por el ex presidente estadounidense John F. Kennedy a principios de la década de 1960 hasta la nueva “Iniciativa América Crece” lanzada por Donald Trump en 2019 son mecanismos utilizados por Washington para dominar económica y políticamente a las naciones latinoamericanas.

Mediante la Alianza para el Progreso, Estados Unidos pretendía buscar modelos capitalistas de desarrollo en la región para neutralizar el ejemplo que significaba la naciente Revolución cubana.

De esa forma se enviaron especialistas a la América Latina para explorar las riquezas naturales y las posibles fuentes de progreso de cada país, las que en los años siguientes fueron controladas y explotadas por empresas transnacionales, en su mayoría norteamericanas.

Washington brindaba entonces la asesoría económica con empréstitos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y enviaba grupos denominados “cuerpos de paz” que impulsaban la animadversión contra Cuba y el sistema socialista. Todo desembocó en un rotundo fracaso que llevó más hambre y miseria a los pueblos donde los políticos corruptos de turno los acogieron, a la par que ellos se enriquecían con las abundantes prebendas.

A la tristemente célebre Alianza para el Progreso le siguieron unos tras otros los ensayos estadounidenses para controlar a los países de América Latina en la que en los últimos años ha jugado un pernicioso papel la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

Ahora, dentro del enorme esfuerzo que hace la administración Trump para controlar Latinoamérica, a semejanza de la Doctrina Monroe que proclamaba América para los americanos, se ha lanzado la “Iniciativa América Crece” que permite a Washington evadir controles parlamentarios en los países que la acepten y va dirigida a modificar la dependencia económica, financiera, social y política de la región. 

Un análisis divulgado por Rusia Today, señala que esa Iniciativa es expedita, escueta, y no requiere de negociación alguna entre instancias gubernamentales. Tampoco precisa de consultas a los Parlamentos y mucho menos involucra a segmentos de la sociedad civil, porque el formato de Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) así lo permite.

Mediante el MoU, los gobiernos que se acojan al mismo, sellan el compromiso de cumplir la hoja de ruta que trazarán los distintos organismos y agencias norteamericanas, lo que es igual a una nueva forma de neocolonialismo.

La ex diplomática boliviana Maria Luisa Ramos, en entrevista con la publicación panameña Bayano Digital, denunció que la fórmula avanza hacia un reformateo de la dependencia económica, financiera y política de la región, sin requerir de negociación alguna entre instancias gubernamentales, ni consultas a los Parlamentos y mucho menos incluye a segmentos de la sociedad civil.

Agregó que mediante ese procedimiento ya no se involucrarán en engorrosas negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) para mejorar su balanza comercial, para obtener jugosos contratos estatales, realizar cambios a la legislación y en general adecuar a sus intereses el diseño del esquema de inversiones de los países.

En realidad se trata de un subterfugio mediante el cual Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos hacen un compromiso diplomático de alto nivel para encaminar la agenda trazada por los organismos y agencias norteamericanas con homólogos empresariales de los hasta ahora firmantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica y Panamá.

El programa América Crece también sale de la órbita de la Organización Mundial del Comercio ya que la agenda general será delineada y encaminada por los organismos y agencias estadounidenses y sus homólogas entidades empresariales de esos países.

En el amplio panorama del MOU (que lo firma cualquier ministro y no los presidentes de las naciones como ocurre con los Tratados de Libre Comercio) aparecen los intereses del régimen norteamericano y sus compañías para realizar obras de infraestructura en aras de explotar yacimientos petrolíferos, todo tipo de minerales y recursos naturales que sean beneficiosos para sus intereses. 

O sea, es un saqueo autorizado de las riquezas de los países en cuestión, que no tiene que contar con las aprobaciones de los diferentes Parlamentos. 

Como “sublime artimaña” de este convenio se indica que acelerará el acceso del sector privado a los recursos financieros de Estados Unidos fundamentalmente a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Casa Blanca bajo enormes presiones a los gobiernos latinoamericanos impuso hace unos días, al frente de esa organización bancaria al ultraderechista Mauricio Claver Carone, principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).  

También en este programa están envueltos los Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio y Energía, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).

En definitiva, América Crece es una forma más moderna de neocolonialismo que busca controlar económica, política y financieramente al continente. Esperemos que los pueblos despierten. 

Por Hedelberto López Blanch | 18/09/2020

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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Jueves, 17 Septiembre 2020 06:15

"Que grite la economía"

"Que grite la economía"

Génesis y legado del golpe de Estado ordenado por Nixon y patrocinado por la CIA en Chile

El 3 de septiembre de 1970, durante una reunión de 30 minutos en la Oficina Oval, entre las 3:25 y las 3:45 de la tarde, el presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) promover un golpe militar en Chile. Según notas manuscritas tomadas por el director de la agencia, Richard Helms, Nixon giró órdenes para evitar que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, tomara posesión de su cargo en noviembre… o crear condiciones para derrocarlo en caso de que asumiera la presidencia.

"Una probabilidad de una en 10, quizá, pero salven a Chile." "No importan los riesgos". Helms garrapateaba sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana, que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo… los mejores hombres que tengamos”. "Que grite la economía".

Escrito en una semana como ésta, hace 50 años, el crítico memorando de Helms sobre la conversación con Nixon continúa siendo el único registro conocido de la orden de un presidente estadunidense de derrocar a un líder extranjero electo democráticamente. Desde que desclasificó el documento, en 1975, como parte de una investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otras partes, las notas de Helms se han vuelto la representación de la intervención estadunidense en Chile, y un símbolo de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas, en particular en América Latina.

¿Cómo llegó un presidente estadunidense, dotado de poderes imperiales, a ordenar un cambio encubierto de régimen en otra nación? La desclasificación, en fecha más reciente, de cientos de documentos etiquetados como top secret sobre el papel de la CIA en Chile proporciona componentes críticos de tan siniestra y sórdida historia. Éstas son las principales revelaciones:

– Funcionarios estadunidenses comenzaron a explorar en secreto un golpe militar como parte de los planes de contingencia ante una posible victoria de Allende desde un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas, el 4 de septiembre de 1970. Una "revisión urgente" solicitada por Nixon sobre los intereses y opciones en Chile, conocida como Estudio de Seguridad Nacional Memorando 97, contenía un anexo ultrasecreto titulado "Opción extrema: derrocar a Allende". Presentado por la CIA a principios de agosto de 1970, el anexo mencionaba las presunciones, ventajas y desventajas de un golpe militar si Allende resultaba electo.

– El 8 de septiembre de 1970, apenas cuatro días después de la estrecha victoria de Salvador Allende, el "Comité de los 40", que supervisaba las operaciones encubiertas estadunidenses, se reunió para abordar el caso de Chile. Al final de la reunión, el presidente del comité, Henry Kissinger, solicitó una "evaluación a sangre fría" de los "pros y los contras, los problemas y perspectivas implicados si se organizara ahora un golpe militar en Chile con asistencia de Estados Unidos". Al día siguiente, el cuartel general de la CIA envió instrucciones a su jefe de estación en Santiago para emprender “la tarea organizacional de entablar contactos directos con los militares chilenos… que puedan utilizarse para estimular un "golpe" (en español en el original) en caso de que se tome una decisión en ese sentido”.

– El jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, junto con el embajador estadunidense, Edward Korry, objetó esas instrucciones por considerarlas imprácticas e improbables. Un número significativo de funcionarios de la CIA, la embajada estadunidense y del Departamento de Estado se oponían a los planes de una intervención estadunidense por juzgarla poco realista, destinada al fracaso y peligrosa desde el punto de vista diplomático.

"Lo que proponemos es una flagrante violación de nuestros principios y dogmas políticos", advirtió Vaky a Kissinger en un memorando secreto el 14 de septiembre de 1970. "Si esos principios tienen algún significado, normalmente sólo nos apartamos de ellos para enfrentar graves amenazas a nosotros, es decir, a nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentarlo".

– Kissinger, el director de la CIA Helms y, sobre todo, el presidente Nixon rechazaron estos argumentos. Durante la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Helms, a la que también asistió Kissinger, Nixon expresó que no le preocupaban los "riesgos implicados" al fomentar un golpe. El presidente estadunidense parecía tomar la elección de Allende como un insulto a Estados Unidos. "Ese hijo de puta, ese Allende hijo de puta", exclamó Nixon en una reunión posterior con Korry en la Oficina Oval. "Vamos a aplastarlo".

La directiva de Richard Nixon a Helms puso en marcha la más infame serie de actos en los anales de la política exterior estadunidense. Para instigar un golpe, la CIA se enfocó en proveer armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida a los operativos militares para remover al comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, quien se oponía a un golpe.

Asimismo, el esfuerzo clandestino de la CIA por bloquear la toma de posesión de Allende evolucionó en una extensa campaña para desestabilizar a Chile y crear un "clima golpista" que provocó la toma militar del poder encabezada por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un año después, cuando la historia de la intervención estadunidense en Chile apareció en la primera plana del New York Times, la exposición generó uno de los mayores escándalos internacionales del siglo XX, y dejó un legado de política exterior estadunidense envenenada que continúa persiguiendo a Chile, a Estados Unidos y al resto del mundo hoy en día.

Versión reducida. La completa puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/16/que-grite-la-economia-peter-kornbluh-4109.html

* Analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington y autor de Pinochet: los archivos secretos

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China-UE: la alianza que puede cambiar el mundo

Las relaciones entre China y la Unión Europea serán claves en el diseño de un nuevo orden mundial no centrado en EEUU.

 

Para China una alianza estratégica con Europa, con un papel destacado de Rusia, le permitirá darle todo su sentido a la Ruta de la Seda. Para una Europa a la deriva, puede ayudarla a reposicionarse como el centro político-económico global que supo ser.

Aunque la cumbre virtual realizada el pasado 14 de septiembre, en la que participaron el presidente Xi Jinping, la canciller Ángela Merkel, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, decidió "acelerar las negociaciones sobre el acuerdo de inversiones entre China y la UE y cerrar el acuerdo durante este año", el camino está plagado de espinas.

La importancia que ambas partes concedieron a la cumbre se reflejó en la participación directa del presidente chino y de la canciller alemana, ésta porque su país ejerce la presidencia rotativa de la UE.

Ambas partes llegaron a la cumbre en medio de tensiones y dificultades. Para China la guerra comercial con EEUU, la crisis en la frontera con India, las tensiones con Taiwán y Australia, dibujan un panorama complejo, a lo que deben sumarse las diferencias que mantiene con Bruselas en asuntos económicos, políticos y diplomáticos.

La UE, por su parte, ha sido definida por un think tank europeo como "un barco a la deriva sin utensilios de navegación", por su "incapacidad total de previsión" y por la inexistencia de "los instrumentos operacionales" para resolver sus problemas a nivel interno e internacional. En efecto, la Comisión Europea tiene enormes dificultades para definir una política común ante la mayoría de los desafíos actuales.

Por el lado de China, la nota reinante es el optimismo, por lo menos en las declaraciones públicas. Global Times editorializó luego de la cumbre, que a pesar de las "diferencias ideológicas" existentes, "las dos partes continúan ampliando su cooperación e interacciones". El tono de la prensa china es que las relaciones económicas marchan muy bien, y que las diferencias se concentran en derechos humanos y "los asuntos relacionados con Xinjiang y el Tíbet, y la ley de seguridad nacional de Hong Kong".

Es evidente que Pekín busca orillar las importantes diferencias en el terreno económico, que la presidenta de la Comisión Europea, von den Leyen, destacó como un aspecto en el que "queda mucho, mucho por hacer".

Xi solicitó a la UE adherirse a la coexistencia pacífica, el multilateralismo, el diálogo y la apertura, comparando las diferencias en las relaciones entre Pekín y Bruselas con el antagonismo existente con EEUU. No obstante, la parte europea se empeñó en exigir la eliminación de las barreras a las inversiones europeas, un mayor acceso al mercado del dragón, sobre todo en áreas reservadas para las empresas chinas.

Respecto al acceso a los mercados chinos para las empresas europeas, la comisaria destacó que "no se trata de quedar a medias, se trata de reequilibrar la asimetría y de la apertura de nuestros respectivos mercados", por lo que "China tiene que convencernos de que vale la pena tener un acuerdo de inversión".

En esa dirección, South China Morning Post recordó que el lenguaje y el tono de la parte europea "continúa girando hacia una nueva era, en la que la competencia y la rivalidad están pasando a primer plano, y las áreas de asociación parecen limitadas y difíciles". La excepción, como destaca el medio, fue la canciller alemana Merkel, que se mostró confiada en que continúen los progresos en la relación bilateral.

El acuerdo de inversiones se viene negociando desde hace siete años. El trato igualitario para sus empresas que demanda la UE, está centrado en tres puntos, según Pepe Escobar:

  1. las telecomunicaciones;
  2. el mercado de automóviles que debería estar completamente abierto;
  3. la competencia desleal.

Según Europa, del acero chino por las cuantiosas subvenciones estatales.

Aunque China es un socio comercial vital para Alemania, la Federación de Industrias viene señalando que el dragón es, además de un socio, "un competidor sistémico", en particular por el papel que juega el Estado en apoyo de sus empresas. Sin embargo, Escobar estima que la principal dificultad estriba en la cuestión de los derechos humanos en Xinjiang que, a mi modo de ver, se utiliza por la UE como una forma de presión para abrir el mercado chino, al igual que el diferendo sobre Hong Kong.

La esperanza de firmar el acuerdo de inversiones antes de fin de año no parece nada sencilla, ya que las diferencias siguen siendo importantes y la UE no se va a conformar con cambios menores a la situación actual.

Por otro lado, la fuerte presión de EEUU sobre Europa en el contencioso con Huawei, así como con Alemania en torno al gasoducto Nord Stream 2, han conseguido debilitar la posición europea y abrir brechas entre sus socios. Como señala un artículo de opinión de Global Times, "la mayoría de los países europeos esperan maniobrar en la competencia entre las dos partes [China y la UE] para mejorar la influencia y la autonomía estratégica del Europa".

Llegados a este punto, creo que todas las partes tienen algo importante para perder si no se llega a un acuerdo de inversiones y a una alianza estratégica de larga duración. Menos EEUU que ganaría con una ruptura.

Para Europa, que sus empresas puedan acceder al mercado chino, además de una demanda razonable, representa una oportunidad para remontar la aguda crisis que viven sectores enteros de la industria y los servicios como consecuencia de la pandemia de coronavirus, además de las ya mencionadas dificultades que tiene la UE para proyectarse como potencia independiente en el escenario global.

Para China, el mercado europeo es vital, por dos razones. El principal proyecto estratégico chino, la Ruta de la Seda, establece un vínculo marítimo y terrestre para el intercambio comercial con el viejo continente, un mercado del que la industria del dragón no puede prescindir, por volumen y calidad de su consumo.

Además, la tecnología europea, que siempre fue apreciada y deseada por las grandes empresas y el Estado chinos, cobra una relevancia especial durante la presente guerra con EEUU, que tiene su punto nodal en las tecnologías.

Rusia también se verá beneficiada de una alianza entre a la UE y China, en parte porque secciones de la Ruta de la Seda pasan por su territorio, pero además porque empujaría a Europa cada vez más hacia el Este, poniendo distancias mayores con EEUU.

En el peor de los casos, si la alianza UE-China tropezara, el imperio decadente de Wall Street y el Pentágono tendría una sobrevida, con mejores condiciones para estirar su agonía. Todos los actores globales saben perfectamente lo que está en juego: el diseño de un orden pos-EEUU, que se acelerará después de la pandem

17:45 GMT 16.09.2020(actualizada a las 18:34 GMT 16.09.2020) URL corto

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Misión de la ONU constata violaciones de DDHH en Venezuela y responsabiliza a funcionarios del Gobierno de crímenes de lesa humanidad

"Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes"

16-09-20.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que funcionarios del Estado venezolano, han cometido "violaciones flagrantes" de Derechos Humanos, altamente coordinadas con políticas del Estado, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad, según un primer informe de la Misión Internacional encargada de investigar la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

La investigación constató que el Gobierno venezolano, funcionarios estatales y grupos que trabajaban con ellos, han cometido "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad," reza un comunicado de prensa emitido por el Consejo de DD.HH. de la ONU.

La Misión, cuyo reporte cubre el periodo desde 2014 hasta ahora, investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron exhaustivos, y examinó otros 2.891 casos de froma parcial para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, y pudo constatar evidencias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, violaciones de DDHH durante protestas, así como una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

El informe responsabiliza a altos personeros el gobierno venezolano, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. "La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes," reza el comunicado.

El informe ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas, fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Venezuela renovó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica a lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.

A continuación, el comunicado de prensa de la ONU:

 

Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

 

El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad," dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno."

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión".

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

"Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen," dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

"Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante," dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

"Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro" dijo Francisco Cox.

"Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados."

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.

"Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara."

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Marta Valiñas.

"Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó."

 

Por: Aporrea | Miércoles, 16/09/2020 01:29 PM |

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Miércoles, 16 Septiembre 2020 06:02

El descalabro del sistema interamericano

El descalabro del sistema interamericano

La elección de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela una situación de mayor alcance: los efectos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el giro a la derecha de varios gobiernos de la región y, no menos importante, una fragmentación extrema de América Latina que la condena a una suerte de irrelevancia internacional autoinfligida.

 

El sistema interamericano contemporáneo remite al conjunto de instrumentos e instituciones que han configurado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Con un variado legado de doctrinas, organizaciones, usos y prácticas no carentes de tensiones y divergencias, ese sistema tuvo su mayor institucionalización después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, por ejemplo, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en 1959 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el seno de la OEA. Por supuesto, no siempre ni en todos los temas los intereses y propósitos latinoamericanos y estadounidenses fueron plenamente coincidentes. Sin embargo, y dadas las enormes asimetrías de poder, la región procuró y avaló compromisos multilaterales entendiendo que, a través de ellos, se podía limitar la arbitrariedad de Washington, reforzar los lazos intrarregionales, avanzar en algunos aspectos de la agenda latinoamericana y alcanzar ciertos beneficios con el menor costo posible. Aquellos años coincidieron con el momento de apogeo de la hegemonía de Estados Unidos a escala mundial y continental.

En el período comprendido entre 1947 y 1959, Washington concentró su atención política y sus recursos militares en Europa (el bloqueo de Berlín de 1948-1949), el Sudeste de Asia (la guerra de Corea de 1950-1953) y Medio Oriente (la guerra del Sinaí de 1956 y la crisis en el Líbano de 1958). En América Latina, la Central de Inteligencia Americana (CIA) organizó, en 1954, el derrocamiento con un golpe de Estado del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Este golpe fue antecedido por una resolución anticomunista auspiciada por Estados Unidos en la OEA (con el voto en contra de Guatemala y la abstención de Argentina y México) y fue encubierto mediante la inacción de la organización.

Los tres acuerdos (TIAR, OEA, BID) se enmarcaron en la disputa estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Visto desde Washington, y también desde la mayoría de las capitales latinoamericanas, se debía contener -y de ser necesario revertir- el eventual avance político de Moscú, frenar al comunismo en el área y hacer atractiva para América Latina la inversión estadounidense y su American way of life.

Con marchas y contramarchas, el sistema interamericano se preservó durante décadas. Fue actualizado con la aprobación, en 2001, de la Carta Democrática Interamericana. Desde la región surgieron proyectos alternativos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que no alcanzaron a cimentar un sistema latinoamericano sólido. Se dirá que primó el divide et impera de Estados Unidos. Sin embargo, ese argumento registra una condición necesaria pero no suficiente a los efectos de explicar y entender la ausencia o la imposibilidad de opciones exitosas para la reformulación de las relaciones entre Estados Unidos y la región provenientes de América Latina. Hoy Latinoamérica ha llevado al límite su propia fragmentación, lo cual conduce a la región a una irrelevancia internacional autoinfligida.

El más reciente y mayor intento de transformación del sistema interamericano provino de Estados Unidos durante el gobierno Donald Trump y contó con el notable acompañamiento y aquiescencia de un buen número de gobiernos de la región. Es posible que estemos frente a la búsqueda de una redefinición sustantiva del manejo de la relación entre Washington y América Latina de acuerdo con los objetivos, intereses y preferencias exclusivas de los sectores más reaccionarios en Washington (en consonancia con la lógica de America First). Si así fuera, se trataría de un ejercicio de poder que ha contado con el estímulo y/o el beneplácito de diversos actores domésticos en distintos países de la región. Tres ejemplos apuntan en esa dirección.

El primero tiene que ver con el sistema interamericano en materia de defensa. En 2019 se decidió aplicar el TIAR a Venezuela, país que lo había denunciado en 2013. Históricamente, el TIAR y su convocatoria han mostrado ser ineficaces en su propósito de prevenir o resolver conflictos. En abril del año pasado, la OEA reconoció como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela a un hombre designado por Juan Guaidó. En septiembre, el enviado de Guaidó solicitó la convocatoria de una reunión para activar el TIAR. Bajo la batuta de Estados Unidos, y en el marco del artículo 6 del tratado (que no es aplicable al caso en cuestión), se identificó a Venezuela como una amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Según la resolución aprobada, esto podría llevar a considerar «eventuales recomendaciones en el marco del artículo 8»; artículo que incluye «el empleo de la fuerza armada».

Las consecuencias que se podrían derivar de la invocación del TIAR en el caso de Venezuela pueden ser muy inquietantes. Ubica a la región en la «alta política» mundial de competencia entre grandes poderes –como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962–, identifica una suerte de peligro para la seguridad internacional en América del Sur en el doble marco de la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las drogas» lideradas por Estados Unidos, y agita, como en la Guerra Fría, el regreso de la idea del «cambio de régimen» –pero en este caso mediante el uso colectivo de la fuerza–. En los primeros nueve meses de 2020, y en el contexto de la pandemia de covid-19, cuyo epicentro está ahora en el continente, la probabilidad de recurrir al TIAR y aplicarlo en Venezuela disminuyó notablemente. Sin embargo, esto no significa que no se pueda reactivar (así sea para fines simbólicos) en medio de la elección presidencial estadounidense o después (de modo más coercitivo), dependiendo de su resultado.

Un segundo caso se vincula con el sistema interamericano en materia de derechos humanos. A principios de 2016, la CIDH, que tiene un presupuesto regular anual de unos cinco millones de dólares y además recibe donaciones, anunció que atravesaba una grave crisis financiera que amenazaba su funcionamiento básico. Muchos países del continente reaccionaron y realizaron aportes: Estados Unidos, Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay, efectuaron contribuciones importantes. La Comisión continuó con su trabajo serio, riguroso y reconocido, abocándose a distintos casos a lo largo y ancho del continente y sin distinciones ideológicas.

Pero a partir de la inauguración de la presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2017, los derechos humanos se han venido ubicando en un lugar de mucho menor prioridad, tanto en el campo de la política exterior estadounidense como en el plano de la política interna. Estados Unidos se rehusó asistir a las audiencias de la CIDH sobre inmigración a principios de 2017 y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Además, año tras año, fue reduciendo las partidas presupuestarias para la promoción de la democracia y los derechos humanos y, en 2020, impuso sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por «intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción». En ese contexto, entre abril de 2018 y principios de 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú abandonaron la Unasur (Uruguay hizo lo propio en marzo de 2020). A su vez, en marzo de 2019, se creó el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana (en marzo de este año se sumó Uruguay). En ese mismo mes, la administración Trump decidió reducir en 210.000 dólares su contribución a la CIDH acusándola, desatinada e injustificadamente, de promover la legalización del aborto. En abril, y en la única declaración trascendente, cinco países de Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) le demandaron a la CIDH, después de insinuar su intromisión en asuntos internos, que respete «el legítimo espacio de autonomía» de los Estados respecto a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, se optó por poner en entredicho las recomendaciones del Consejo, remarcar el carácter subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos y remozar una actitud más soberanista frente a esta cuestión.

Con ese telón de fondo, en marzo de 2020 fue reelecto Luis Almagro como secretario general de la OEA. Esa reelección fue impulsada por Estados Unidos, Brasil y Colombia. Ya en enero la CIDH había decidido por unanimidad renovar el mandato de su secretario general, Paulo Abrao. En agosto, Almagro se abstuvo de nombrarlo con lo que emprendió un embate contra la autonomía del Consejo. En realidad, el secretario general de la OEA –con el pleno respaldo de la Casa Blanca y el empuje de los sectores más conservadores del Partido Republicano en el Congreso— no ha hecho más que consolidar, en el seno del órgano más prestigioso de la organización, la polarización que caracteriza las realidades nacionales del continente así como la fisuras entre países de América. El efecto potencial sobre la credibilidad, eficacia e independencia del sistema interamericano, podría ser nefasto. Máxime en un momento en el que regional e internacionalmente hay un reflujo inquietante en cuanto al debilitamiento del derecho humanitario, la regresión de la democracia y el deterioro de los derechos humanos.

El tercer ejemplo remite al sistema interamericano en materia financiera. En el tema de la elección del nuevo presidente del BID se debe subrayar la confluencia de dos hechos. El primero es que el gobierno de Trump decidió asumir el control del banco que ayudó a crear y financiar con el propósito de condicionar la provisión de créditos y buscar limitar la expansión de China en América Latina –en especial en el terreno de los proyectos de infraestructura, energía y tecnología–. En segundo término, América Latina mostró una vez más su disfuncional fractura al carecer de una candidatura de consenso. Desde hace un buen tiempo la región viene erosionando su capacidad de convergencia y concertación.

En efecto, desde que el 16 de junio de este año se presentó el candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, se produjeron fisuras notorias. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador apoyaron al candidato de Washington el mismo 17 de junio. Las expresiones de respaldo se hicieron incluso antes de que el candidato divulgara su agenda, como si los planes de gestión de los candidatos (el de Claver-Carone, el de Laura Chinchilla de Costa Rica y el de Gustavo Béliz de Argentina) del banco fueran irrelevantes. A su vez, entre las cuatro economías más grandes de la región hubo otro clivaje: Brasil y Colombia se manifestaron a favor de la elección estipulada para el 12 de septiembre y Argentina y México pidieron postergar la votación. También hubo disensos en el seno de Mercado Común del Sur (Mercosur) (Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y la Argentina, por el otro) y la Alianza del Pacífico (Chile y México solicitando la postergación, Perú en silencio y Colombia en favor de Mauricio Claver-Carone). Con el correr de los días hubo otra diferencia: los alineados con Washington procuraron consolidar y ampliar el voto regional a favor del candidato de Trump, mientras el cuarteto que bregaba por la postergación compuesto por Argentina, Chile, Costa Rica y México apuntaron a lograr el acompañamiento de los miembros extraregionales del banco, en especial de los países europeos.

¿Cuáles eran las opciones para los que cuestionaban que Estados Unidos estaba incumpliendo un pacto político tácito que desde 1959 se había cumplido mediante la elección de un latinoamericano a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo? La probabilidad de lograr la postergación fue siempre muy baja: se necesitaba una adhesión mayoritaria improbable por las divisiones intralatinoamericanas o la concreción de un aplazamiento concertado con Estados Unidos, lo que era a todas luces imposible, tal como se reflejó en las entrevistas brindadas por el candidato de Trump. La probabilidad de llegar a la fecha de elección y no dar el quórum –por reglamento del BID eso requería 25% de los votos– era igualmente muy reducida, ya que exigía un notable grado de coordinación (que era prácticamente inexistente). La riesgosa decisión de acudir a esta modalidad podía interpretarse como hostil por parte de Estados Unidos (quien además con 30,006% de los votos puede unilateralmente impedir el quórum). También exigía un compromiso tácito muy fuerte y seguro de latinoamericanos y europeos (que era inviable pues Washington también desplegó su diplomacia a los dos lados del Atlántico).

En los días previos a la elección del nuevo presidente del banco, Chinchilla y Béliz bajaron sus candidaturas de manera separada. Era evidente que ninguno de los dos hubiera logrado los votos necesarios. Ahí se abrió la abstención como posibilidad. El 12 de septiembre, Claver-Carone, el único candidato en competencia, resultó electo con 30 votos (equivalente al 66,8% de los apoyos), mientras la abstención obtuvo 16 votos, de los cuales 5 eran de la región (Chile, Argentina, México, Perú y Trinidad y Tobago) y 11 eran extra-regionales (esencialmente europeos). La más reciente votación con un solo candidato fue la reelección de Luis Alberto Moreno en 2015: obtuvo el 96,2% de los respaldos. El resultado que lleva a un estadounidense a la presidencia del BID puede interpretarse como una prueba de insatisfacción política o como la demostración de un déficit de legitimidad de origen. En todo caso, Washington logró su objetivo y hoy controla el banco. La fragmentación de América Latina ha sido sin duda artífice de ese logro.

En solo dos años (2019-2020) se ha generado un gran descalabro en el sistema interamericano en materia de defensa, derechos humanos y finanzas. El presidente Trump, con una relativamente nutrida participación de gobiernos de Latinoamérica, ha ido reconfigurando las relaciones entre Washington y la región. En ese sentido, la próxima elección presidencial en Estados Unidos tiene ahora para los latinoamericanos un significado mucho más importante que las recientes votaciones en ese país: o se ahonda la quiebra del sistema interamericano con consecuencias imprevisibles para la región o se intentan paliar los daños ya producidos mediante la limitación de la arbitrariedad de Washington. Para lo primero la desunión latinoamericana será un factor coadyuvante; para lo segundo se requerirá reducir la grieta intrarregional.

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Las farmacéuticas ganan: los estados europeos indemnizarán por efectos inesperados de las vacunas contra el coronavirus

La empresa que fabrica el suero de la Universidad de Oxford ya ha avisado de que están exentos de demandas por daños y otras farmacéuticas pretenden quedar liberadas de posibles daños no previstos

 

La vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca saltó por enésima vez a los medios por la sospecha de un potencial efecto adverso grave en uno de los voluntarios vacunados. Concretamente, el individuo estaba afectado de una mielitis transversa. Este incidente llevó a la suspensión temporal del estudio hasta este sábado, 12 de septiembre, cuando se anunció su reanudación.

En realidad, este suceso es algo totalmente normal durante la realización de ensayos clínicos. Sin embargo, el seguimiento en tiempo real de las vacunas contra el coronavirus por parte de los medios y la población general ha mostrado una realidad que rara vez suele ser noticia. Los voluntarios que participan en estos estudios pueden sufrir ciertas enfermedades o problemas de salud, causados o no por el tratamiento que se está administrando.

Si tenemos en cuenta que la vacuna de AstraZeneca se está probando sobre miles de personas, es muy probable que surjan incidentes que requieren una mayor investigación para aclararlos. En ese sentido, que se anuncien estos efectos adversos y que se suspendan temporalmente los ensayos clínicos no es motivo de alarma, sino de confianza en que, efectivamente, estos estudios buscan conocer y mostrar la seguridad y eficacia de las vacunas con todas las garantías.

A pesar de que los ensayos clínicos de fase III son la última etapa de evaluación de tratamientos antes de su comercialización, en ocasiones ocurre que se identifican nuevos efectos adversos que no se han documentado previamente, tiempo después de salir al mercado. Esto puede suceder con reacciones adversas extremadamente raras (una por cada millón de pacientes, por ejemplo), o con efectos que solo aparecen a largo plazo o en individuos con unas características biológicas particulares, afectados por determinadas enfermedades o en tratamiento con ciertos fármacos. Por esta razón, los nuevos medicamentos que se comercializan siguen estando bajo supervisión sanitaria constante para detectar posibles problemas para la salud que se hayan escapado en los ensayos clínicos. Se trata de un proceso llamado farmacovigilancia.

En circunstancias normales, si una persona se trata con un medicamento ya comercializado y experimenta un efecto adverso que no se ha documentado previamente ni se ha añadido al prospecto, la responsabilidad legal y los pagos de las potenciales indemnizaciones suelen recaer en la empresa farmacéutica responsable. Bayer, por ejemplo, tuvo que pagar más de 900 millones de euros en indemnizaciones a afectados por el medicamento "Lipobay". Estas personas sufrieron graves efectos secundarios, como rabdomiólisis (destrucción del músculo esquelético), que no se habían documentado previamente. Además, la compañía farmacéutica tuvo que reconocer que su fármaco también pudo haber causado la muerte de un centenar de personas. Bayer finalmente retiró su fármaco del mercado.

Las vacunas tampoco son ajenas a este fenómeno. Como explica Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, "puede haber alertas sobre posibles efectos raros y muy infrecuentes que obliguen a retirar un producto cautelarmente, aunque luego no se pueda establecer nunca que aquello que se vio fuera consecuencia de la vacuna". Destaca el caso de la vacuna RotaShield para el rotavirus, que se retiró en 1999 del mercado en Estados Unidos por asociarse a invaginación intestinal en niños menores de un año, tras su comercialización. La vacuna de la polio también llevó a consecuencias inesperadas. "El caso de la polio inducida por la vacuna oral es un ejemplo de algo que nadie podría haber sospechado jamás: que el virus excretado de una persona vacunada oralmente pueda mutar en la naturaleza, recuperando su virulencia, para después contaminar a personas inmunodeprimidas o no inmunizadas", señala Tarrafeta.

Las demandas multimillonarias por efectos adversos de medicamentos no identificados antes de la comercialización pueden suponer la ruina de las compañías farmacéuticas o afectar gravemente a sus cuentas. No es, por tanto, casualidad que varios puntos conflictivos en las negociaciones entre los Estados europeos y las farmacéuticas traten sobre quién sería responsable y quién tendría que pagar si se produjeran demandas por daños y perjuicios asociados a efectos secundarios de las vacunas no identificados previamente.

El 30 de julio, Ruud Dobber, miembro del equipo ejecutivo de AstraZeneca declaró a la agencia Reuters que su empresa estaría exenta de demandas de responsabilidad por sus vacunas contra el coronavirus en múltiples países, pero no quiso aclarar cuáles. Dobber explicaba que esta "es una situación única en la que nosotros, como compañía, simplemente no podemos asumir el riesgo si... en cuatro años la vacuna está mostrando efectos secundarios. [...] En los contratos que tenemos en vigor, estamos pidiendo una indemnización. Para la mayoría de los países es aceptable asumir ese riesgo sobre sus hombros porque es de interés nacional".

La declaración pública de AstraZeneca no es un suceso aislado. A principios de agosto, múltiples farmacéuticas declararon a diversos medios que buscaban que los Estados se hicieran responsables de indemnizar si se diera el raro y fatídico caso de que aparecieran daños no previstos por la vacunación contra el coronavirus. La idea principal tras su petición era contar con un marco jurídico protector, en caso de que la rapidez en la investigación de las vacunas no llegue a detectar todos los posibles efectos adversos. Estas declaraciones llaman poderosamente la atención cuando, durante los últimos meses, las compañías farmacéuticas han enviado reiterados mensajes tranquilizadores a la población a través de los medios con una promesa principal: no permitirán que las prisas por comercializar las vacunas provoquen que estas lleguen al mercado sin haber demostrado rigurosamente su eficacia y seguridad.

La situación legal de Estados Unidos y Europa será, en teoría, muy diferente cuando llegue el momento de la comercialización de las vacunas contra la COVID-19. Como aclara Belén Tarrafeta: "En Estados Unidos las farmacéuticas están exentas de responsabilidad civil en caso de que haya problemas de seguridad con el producto si este se usa dentro de una autorización de uso de emergencia (EUA). De hecho, hay gran controversia sobre la intención de la FDA (la agencia de medicamentos estadounidense) de utilizar el mecanismo de EUA para la vacuna de COVID, porque es un proceso mucho menos riguroso que el procedimiento normal".

La EUA se utiliza en ocasiones especiales de emergencia sanitaria para acelerar el proceso de autorización en la importación y/o comercialización de algunos medicamentos (y otros productos sanitarios). Los requisitos de la EUA son menos exigentes que el proceso de aprobación normal y puede ocurrir que productos aprobados bajo la EUA no lleguen a pasar el proceso normal.

En Europa, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no contempla una autorización equivalente al EUA para la aprobación de las vacunas contra el coronavirus. Sí que ha puesto en marcha una autorización por la vía rápida para tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Con este método, se acelera la aprobación sin disminuir los requisitos necesarios habituales ni ofrecer amparo legal a las farmacéuticas. Esta situación no es del agrado del sector farmacéutico, que ha solicitado que Europa imite el sistema EUA de Estados Unidos para que así estén protegidos frente a posibles demandas por las vacunas contra la COVID-19.

La EMA deja en manos de cada Estado la negociación con las farmacéuticas para acordar cuál será su responsabilidad legal a través de contratos en caso de demandas. En España, los laboratorios que están evaluando sus vacunas contra el coronavirus ya trasladaron en julio al Ministerio de Sanidad que era necesario establecer una fórmula legal que les protegiera de responsabilidades en el desafortunado caso de que aparezcan efectos adversos tras la comercialización. Como suele ser habitual en las negociaciones con las farmacéuticas, existen muchos detalles rodeados de secretismo. A principios de septiembre, España y el resto de los países de la Unión Europea anunciaron que abonarían a los laboratorios las posibles indemnizaciones a las que se tengan que enfrentar las farmacéuticas si aparecen efectos indeseados o inesperados por las vacunas contra el coronavirus tras su comercialización. En qué condiciones y hasta qué punto se pagarán estas indemnizaciones son detalles que, por el momento, no se han hecho públicos.

"Todo lleva su tiempo"

En estos momentos, los ensayos clínicos en fase III de las vacunas en una etapa más avanzada se encuentran más o menos a la mitad de su desarrollo. Averiguar con suficiente certeza su seguridad y eficacia llevará varios meses más. Como explica el cardiólogo e investigador Eric Topol, "aunque la mayoría de vacunas son seguras, se necesitan ensayos clínicos para demostrar que los participantes no desarrollan reacciones inmunitarias graves por la exposición al virus o una enfermedad inmunitaria compleja. Se necesitan datos de eficacia para demostrar que existe una supresión sustancial de las infecciones en el grupo de la vacuna, comparado con el placebo. Tanto los parámetros de seguridad como de eficacia necesitan poder estadístico suficiente. Todo esto lleva tiempo".

Poder estadístico e incluir a la población más variada posible resultan imprescindibles para conocer a fondo los efectos biológicos de cualquier tratamiento. Precisamente, las farmacéuticas Pfizer/BioNTech anunciaron recientemente que van a expandir el tamaño de su ensayo clínico en fase III de su vacuna: de 30.000 personas pasarán a ser 44.000 para incluir así a individuos de etnias diversas, adolescentes y también a pacientes que sufran otras enfermedades virales.

No existen atajos para averiguar la eficacia y seguridad de una vacuna, y acelerar en exceso las fases de investigación clínica podría llevar, en el peor de los casos, a un recelo hacia las vacunas sin precedentes. Que los Estados vayan a asumir económicamente los riesgos de efectos adversos no detectados previamente en las vacunas contra el coronavirus puede sumar un elemento más de desconfianza.

Por Esther Samper

15 de septiembre de 2020 23:13h

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El fin de la realidad ¿Qué son los «deepfakes»?

La izquierda quería transformar la realidad. La tecnología ha ayudado a burlarla. La inteligencia artificial ha permitido que un político de la India hable idiomas que no habla, ha conducido a la creación de videos pornográficos falsos de celebridades mundiales y hasta ha colaborado a que en Gabón (donde se dio por enfermo al presidente) se produzca un fallido golpe de estado. A través de los deepfakes, Internet está diseminando una nueva amenaza fantasma: que, a través de la imitación de rostros y sonidos de las personas, nunca más sepamos qué es verdad. La realidad está siendo hackeada.

 

En menos de seis años, el desarrollo de la inteligencia artificial puso a disposición de casi cualquiera la posibilidad de crear imágenes falsas indistinguibles de la realidad. Del negocio del porno a un golpe de Estado en Gabón, Internet está diseminando una nueva amenaza fantasma: que nunca más sepamos qué es verdad.

En las últimas elecciones legislativas de Nueva Delhi, el candidato Manoj Tiwari sorprendió a sus electores con un video hablando en hindi, otro en inglés y otro en haryanvi. Antes de ser la principal figura del Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en hindi) en la capital del país, Tiwari fue actor, cantante popular y estrella de un reality show, pero nadie sospechaba que hablara en inglés (capital valioso para las clases urbanas) y mucho menos el dialecto de la zona de Haryana. Días después se supo la verdad: una agencia publicitaria le había propuesto al BJP, al cual pertenece el primer ministro Narendra Modi, ampliar la oferta electoral utilizando inteligencia artificial para crear deepfakes de Tiwari. Con grabaciones anteriores y software de punta, pusieron en su boca palabras que desconocía y llevaron su mensaje por WhatsApp a votantes fuera de sus núcleos de apoyo. No es la primera vez que un candidato imposta su voz para acercarse a nuevos conciudadanos. Ni la primera que se utiliza inteligencia artificial en política. Sí, hasta donde se sabe, es la primera vez que un candidato cambia su propio cuerpo y voz con deep learning para mejorar su performance.

Los deepfakes aparecieron por primera vez en 2017, uno de los años del boom de las fake news. El usuario de reddit /r/deepfakes publicó sus primeras creaciones pornográficas utilizando algoritmos y librerías de imágenes de libre acceso con resultados asombrosos. En sincronía con la aparición de TikTok y las apps de envejecimiento o rejuvenecimiento facial, la técnica de este usuario anónimo se popularizó y pronto surgió la primera app abierta para incorporar un rostro cualquiera a un video existente. Desde Bolsonaro como el Chapulín colorado hasta Cristina Kirchner como una Drag Queen de Ru Paul, Internet se llenó de videos con propósitos básicamente humorísticos, aunque la abrumadora mayoría seguían siendo pornográficos. Lo más notable, a tres años de su aparición, es la mejora de su calidad. En agosto, un fan publicó su propia versión de las escenas de Robert De Niro joven en The Irishman. La comparación entre el trabajo de CGI de Netflix y el deepfake de este usuario de YouTube (y los millones de dólares de diferencia) da la pauta de la accesibilidad y potencial eficacia de esta herramienta.

Para estas creaciones se utiliza un autocodificador, que crea una imagen latente con solo algunas variables (parámetros de sonrisa, ceño fruncido, etc.) y repone con otras la imagen final (los mismos gestos con otro rostro, o el mismo rostro con otro discurso, por ejemplo). Pero no estamos hablando solo de imágenes fijas o en movimiento, sino también de sonido. La falsa primicia basada en un audio viral sobre el supuesto pase de Lionel Messi al Manchester City podría haber prescindido de un imitador talentoso. El audio bien podría haberse creado con un software como el que utiliza el Boston Chlidren’s Hospital para reecrear la voz de quienes perdieron el habla. En septiembre se conoció la primera gran estafa de un deepfake: según el Wall Street Journal, el CEO de una compañía inglesa transfirió 220.000 euros por orden de un software que imitaba la voz de su jefe alemán.

La mera existencia de esta tecnología no solo habilita la posibilidad de crear fakes -con consecuencias políticas y sociales inusitadas- sino desbancar a la realidad de su status: si lo que existe realmente puede ser adulterado o directamente inventado, todo el mundo tiene derecho a desconfiar. El ejemplo más paradigmático de este problema, relató Rob Toews en la revista Forbes, ocurrió en Gabón. Durante largos meses de 2018, su presidente, Ali Bongo, no apareció públicamente. Los rumores sobre su estado de salud e incluso su muerte obligaron al gobierno a revelar que Bongo había sufrido un accidente cerebro vascular, pero que estaba recuperándose y que daría un discurso para Año Nuevo. La rigidez y aparente artificialidad de los movimientos del líder en el mensaje grabado rápidamente despertaron la psicosis de la oposición: el video es falso, exclamaron. Una semana después, y apoyándose en la aparente acefalía, una fracción del Ejército quiso dar un golpe de Estado en Gabón, aunque luego fue reprimido... por el propio Bongo, que sigue al frente del gobierno. El video no había sido alterado.

Nada más que la verdad

La pandemia llevó nuestra relación con las imágenes virtuales a niveles insospechados. Entrevistas laborales, clases, bautismos, consultas médicas, audiencias judiciales, sesiones legislativas, y hasta sexo. La «presencia» es un requisito cada vez más prescindible en los rituales e instituciones que nos constituyen como sociedad. A la inversa, la identidad virtual, su «huella digital», se vuelve cada vez más relevante, y no solo en términos jurídicos sino también prácticos. Allí donde la vida cotidiana encuentra su cauce solo a través de una proyección digital, su autenticación es vital. Lo saben los niños de todas las latitudes que, igual que el senador argentino Esteban Bullrich lo hiciera en el Congreso, ya aprendieron a burlar a sus profesores poniendo imágenes en loop en una clase virtual.

Los deepfakes presentan problemas más complicados. La inteligencia artificial (IA) ya se utiliza en la creación masiva de comentarios para posicionar un producto o servicio en plataformas de e-commerce, y también para fines políticos, como se comprobó durante la campaña presidencial argentina en 2019. ¿Por qué no imaginar protestas o movilizaciones masivas, ejecuciones sumarias, represiones, crímenes callejeros y demás registros visuales inventados? Si las «campañas de desprestigio”» son ya una herramienta consolidada, tanto para quienes la ejercen como para quienes la enarbolan como excusa, ¿qué posibilidades abren los deepfakes? ¿Qué niveles de miseria política puede arrastrar la posibilidad de que un registro visual sea falso?

Según un un análisis del Crime Science Journal, los deepfakes con propósito criminal son el delito basado en inteligencia artificial con mayor poder de daño (o lucro) de su especie y el más difícil de derrotar. Entre sus modalidades se encuentran la falsificación extorsiva de secuestros mediante la imitación de voz o imagen en video, la imitación por voz para acceder a sistemas seguros y una amplia gama de extorsiones con videos falsos.

Estas preocupaciones ya dispararon algunas reacciones. China prohibió la difusión de deepfakes sin su correspondiente advertencia y el Estado de California prohibió su utilización con fines políticos en periodos electorales. En octubre, Facebook creó un fondo de 10 millones de dólares para desarrollar herramientas que detecten rápidamente las imágenes falsas. Microsoft, por su parte, acaba de presentar su «Video Authenticator», una herramienta para detectar deepfakes. E incluso apareció Sensity, la «primera compañía de inteligencia sobre amenazas visuales», que combina monitoreo y detección algorítmica de deepfakes.

Según Sensity, hasta julio de 2019 había menos de 15.000 deepfakes circulando por la web. Un año después, la cifra creció a casi 50.000. El 96% son pornográficos y en lo que va de 2020 ya se subieron más de mil deepfakes por mes solo en sitios de porografía, donde aparecen con cada vez más frecuencia supuestos «videos prohibidos» de celebridades e influencers. «Las compañías detrás de la web porno no consideran que esto sea un problema», le dijo a Wired el CEO de Sensity, Giorgio Patrini. Más bien al contrario. Un deepfake de Emma Watson tiene 23 millones de vistas en Xvideos, Xnxx y xHamster, tres de los mayores sitios porno del mundo, cuya lógica de monetización consiste en la derivación de tráfico masivo a contenidos pagos.

Entre las especulaciones más retorcidas se cuenta el cruce entre deepfakes y realidad virtual, donde personas reales (celebrities o no) puedan cobrar vida como esclavas sexuales virtuales de un usuario. No debería ser la preocupación principal para sociedades como las latinoamericanas, donde ni siquiera está garantizado el acceso a Internet. Pero los últimos años demuestran que el futuro nunca está demasiado lejos.

Nadie lo puede negar

Deepfake no es cualquier tipo de edición de video, sino la aplicación de una tecnología específica para un fin específico: deep learning (aprendizaje profundo) en un registro falso. A su vez, el deep learning no es cualquier tipo de inteligencia artificial. Según la definición del libro homónimo de Ian Goodfellow (2014), Deep Learning busca «resolver las tareas que son fáciles de realizar por un humano pero difíciles de describir formalmente». Por ejemplo, reconocer una imagen. El desarrollo de la informática fue en sentido contrario: ya en 1997, la computadora de IBM Deep Blue logró vencer al mejor ajedrecista vivo del mundo. Pero es mucho más reciente la capacidad de las computadoras para interpretar un estado de ánimo, distinguir a un perro de un gato o directamente «hablar», tareas que cualquier ser humano silvestre puede realizar sin entrenamiento específico. La ironía está encerrada en algunos captcha: «Demuestre que es un humano identificando este semáforo». Qué gran habilidad, señor humano. Felicitaciones.

Ian Goodfellow ya había causado revuelo entre sus colegas con su libro cuando ese mismo año ideó el invento que lo colocó en el panteón global de las mentes fundamentales de la inteligencia artificial: las redes generativas antagónicas (GAN, por sus siglas en inglés), un modelo algorítmico que posibilitó, entre otras cosas, la aparición de los deepfakes. El actual director de Machine Learning en Apple y ex investigador principal en Google Brain (quien todavía no cumplió 35 años) estaba tomando cerveza en un bar de Montreal mientras discutía con unos amigos sobre la capacidad de la inteligencia artificial para generar fotos realistas. El alcohol propulsó una idea que hubiera descartado bajo los efectos de la sobriedad.

Para que una red neuronal aprenda a crear una imagen no solo tiene que observar millones de imágenes sino saber si lo que haya creado está bien o mal. Para resolver este problema, Goodfellow propuso enfrentar a dos redes en una competencia: una red «generadora», entrenada para crear las imágenes, y una red «discriminadora», entrenada específicamente para detectar las diferencias entre una imagen real y otra creada artificialmente. A través de sucesivos rounds, las redes mejoran automáticamente los parámetros sobre los que cumplen su tarea. Y eventualmente, la red discriminadora ya no podrá detectar qué es real y qué falso. La teoría de Goodfellow se comprobó en la práctica y, entre otros usos menos publicitados, los deepfakes asomaron en los suburbios de Internet.

El invento de Goodfellow entraña una lógica fáustica: serás capaz de crear lo real, pero ya no sabrás qué es lo real. En una entrevista con la MIT Technology Review, admite que no habrá solución técnica al problema de la autenticación, sino que será un requisito social educar y concientizar a la población sobre los peligros de esta tecnología y la posibilidad de que las imágenes que observamos pueden o no ser reales. «¿Cómo probarías que eres un humano y no un robot?», le preguntó Lex Fridman en su podcast. «De acuerdo a mi propia metodología de investigación no hay manera de saberlo a esta altura», respondió Goodfellow, quien desde su apellido (que significa «buen compañero») hasta su tono monocorde y precisión discursiva podría pasar por androide. «Probar que algo es real por su propio contenido es muy difícil. Somos capaces de simular casi cualquier cosa, así que habría que servirse de algo más allá del contenido para probar que algo es real», siguió Goodfellow.

La mala reputación de la simulación, sin embargo, no debería eclipsar su potencial: el testeo de drogas simuladas sobre órganos simulados, afectados por enfermedades simuladas; la experimentación subatómica para el desarrollo de energías alternativas; la proyección algorítmica de los viajes espaciales; aplicaciones industriales, agroalimentarias, e incluso artísticas. La mayoría de estas disciplinas requieren una capacidad computacional inmensa (y en ese terreno la mayor apuesta es la computación cuántica), pero lo interesante es la premisa que subyace. Goodfellow busca que las redes «comprendan el mundo en función de una jerarquía de conceptos, cada uno de ellos definidos a partir de conceptos más simples», provenientes de la experiencia.

Si las redes neuronales de inteligencia artificial continúan con este ritmo de aceleración, la humanidad tendrá a su disposición herramientas capaces de dislocar su experiencia con el mundo. Para siempre. A diferencia de otras tecnologías, la «democratización» no resolverá los dilemas que presentan los deepfakes. ¿A quién le reclamaremos la verdad? Quizás habrá que acostumbrarse a vivir sin ella.

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Martes, 15 Septiembre 2020 05:59

Un inmenso archipiélago inconexo

Un inmenso archipiélago inconexo

Sin unidad de las fuerzas comunicacionales no hay clamor emancipador

 

   Somos un archipiélago inmenso de iniciativas comunicacionales inconexas. Tanto daño ha hecho el individualismo, el sectarismo y el aislacionismo… en todas sus metástasis, que incluso cuando se trabaja en equipo, algunos piensan que los otros son parte de un decorado que sólo está para servir al que se cree “jefe” y “obra de sí mismo”. Estamos bajo peligro si permanecemos como un archipiélago inmenso de semiósferas inconexas, archipiélago inmenso cargado con “buenas ideas”, pero incomunicado. Un conjunto de islas sólo unidas paradójicamente por lo que las separa. Para nuestra especie es imposible vivir aislados, aunque nos pensemos autosuficientes, auto-creados. Nuestra hipotética “personalidad singular”, no es más que el producto de las relaciones sociales y vivir como archipiélago es algo más que un aislamiento… en una patología.

            Algunos piensan que es todo lo contrario, que vivimos una “proliferación” de comunicación híper saturada con mensajes vacíos. Que hay sobredosis de medios tele-producidos y redes sociales “participativas” y “democratizadas”. Que no sufrimos insuficiencia de comunicación sino saturación de interactividad mediática. Pero tal descripción en nada coincide con el mapa real de la propiedad de las herramientas para la comunicación, de los motores semánticos mercantilizados y mucho menos en el modelo de acumulación monopólica dominante en el que la inmensa mayoría de los seres humanos vive silenciada y reducida a reproducir, objetiva y subjetivamente, los dispositivos de su enajenación rentable para colmo.

            Pero la asimetría no ha cancelado la necesidad de expresarse. Comunicar es una necesidad social, una cualidad y un derecho humano de primer orden y, por eso, proliferan las iniciativas bajo la dinámica de las tensiones históricas de clase y las urgencias de todo tipo con que nos agobia el capitalismo. Desembozadamente, o clandestinas, las comunicaciones se dejan sentir de manera desigual y combinada. Aunque no siempre, por el aislamiento, nos enteremos.

            Unirnos no implica uniformarnos. Implica, sí en primer lugar, informarnos con todo rigor, de tiempo y forma, qué pensamos y cómo nos proponemos intervenir en la transformación del mundo hacia otro de condiciones objetivas. El qué y el cómo por consenso meticuloso y dinámico. El qué y el cómo resolviendo los problemas más añejos y de abajo hacia arriba. Desde los más postergados y los más urgentes hasta los específicos de algunos sectores estratégicos. Sin derroches, sin emboscadas, sin oportunismos ni reformismos. Para empezar. Solo así podremos construir puentes pertinentes a las necesidades y convertir el “archipiélago” en una “red”. No faltan herramientas para conectar, falta democratizarlas para la unidad política y falta voluntad política para la unidad desde las bases. Los “poderes” le temen mucho a eso.

            La Unidad debe ser expresión concreta de vínculos organizativos nuevos, creadores de soluciones prácticas, hacia condiciones de existencia en sintonía con las luchas y sus programas emancipadores. En primer lugar, el internacionalismo que nos expresa como una fuerza social planetaria, creada por el capitalismo, que busca emanciparse con una lucha mundial, económica y cultural, contra el sistema que depreda al planeta y a las personas. “Estar de acuerdo” debe definir el cómo.

            Se trata de tender puentes en el archipiélago para romper el aislamiento y los antagonismos inducidos entre los pueblos. Luchar juntos contra las divisiones de clase en el comercio y el mercado mundial y en la producción industrial secuestrada por la dictadura de la usura. El internacionalismo de los oprimidos convertido en red de puentes contra los monopolios de la comunicación y la información. Nosotros debemos recordar siempre que las “alianzas” internacionales entre la clase dominante son sólo acuerdos temporales de negocios que financiamos nosotros en perjuicio nuestro siempre. Cada puente sobre el archipiélago debe ser fraternidad organizada para la lucha. No tiroteo de vanidades.

            Tales puentes sobre el archipiélago no son una meta exclusivamente nuestra, ha sido anhelados durante mucho tiempo. Lo que se actualiza en estos puentes es lucha que descubre la urgencia de una sociedad sin clases ni divisiones como posibilidad deseable, posible y realizable (Adolfo Sánchez Vázquez). Y eso se debe al desarrollo de la consciencia porque, tal como está el mundo, aislados oprimidos dentro de la sociedad, sólo tenemos como salidas necrófilas. Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda la sociedad a las condiciones de su modo de apropiación. Nosotros hoy no podremos conquistar las fuerzas productivas sino aboliendo el modo hegemónico de apropiación, y con él, todo modo de apropiación ilegítimo. Nosotros sólo salvaremos lo salvable y deberemos modificar todo lo que ha garantizado la ingeniería del despojo. Nuestra unidad de redes y puentes debe ser una transición hacia un “Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación” o sea, nuevos medios y modos para informarnos y comunicarnos en un contexto de nuevas relaciones de producción.

Pero la forma específica de tal unidad de nuestras fuerzas debe ser motor de los trabajadores desarrollado durante sus propias luchas. Se trata de lograr que la humanidad deje de ser una mercancía más, atomizada, para reproducir mansamente su propia subordinación. La materia prima de los “puentes” es, precisamente, esa consciencia de clase dispuesta a emanciparse construyendo convergencias de forma y fondo. Priorizar los principios sin desatender a las personas. Es una praxis que se va transformando minuciosamente en instrumento de precisión para desactivar el sometimiento de todos nosotros bajo la economía dominante. La unidad se hará esencial sólo si se garantiza su evolución permanente basada en la supremacía de la humanidad sobre el capital. 

Prioridad de acción es construir la unidad. Puentes y redes que, a su vez, se desarrollen continuamente hasta cambiar la correlación de las fuerzas y los paradigmas. Las piedras angulares de nuestros puentes o interconexiones, en todos los sentidos, no pueden ser arbitrarias, sino expresiones concretas del ser social que planifica emanciparse. El de la comunicación es un asunto tan importante y duradero que no puede dejarse (sólo) en manos de los gobiernos efímeros. En última instancia, si los gobiernos deben definir sus políticas de comunicación, deberán hacerlo en colaboración orgánica con la calidad democrática que los medios emancipados y emancipadores sepan exigir e imponer como fuerza social real. Pero eso, ni con mucho, resuelve la necesidad de la tarea comunicacional más sólida que es la comunicación nueva transformada y transformadora que no depende de la agenda semántica de los gobiernos ni las burocracias pero que debe asumir sus responsabilidades y derechos para su desarrollo económico, tecnológico y estratégico. Ese es el reto. 


Por Fernando Buen Abad Domínguez
, Director del Instituto de Cultura y Comunicacióny Centro Sean MacBride, Universidad Nacional de Lanús, Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad, Miembro de la Internacional Progresista, Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

15/09/2020

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Aumentan los límites al reconocimiento facial en EEUU mientras Europa permanece en la autorregulación

La ciudad de Portland se une a la lista de las que prohiben esta tecnología y vetará su uso tanto en espacios públicos como privados, mientras en España el reconocimiento facial se extiende por estaciones, aeropuertos o establecimientos privados como Mercadona

 

Primero fueron las moratorias a su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Después, los vetos en espacios e instituciones públicas. Ahora, la prohibición de su uso también por parte de empresas privadas. Poco a poco, el reconocimiento facial va perdiendo batallas en EEUU, donde la discriminación racial y sexista derivada de su uso está en la primera línea del debate político.

Portland, la principal ciudad del estado de Oregón (EEUU), no ha sido la primera en limitar el uso de reconocimiento facial, pero sí la que ha ido más lejos hasta ahora. En una nueva regulación aprobada esta semana por unanimidad, el gobierno de la ciudad ha ilegalizado que las empresas lo empleen para identificar clientes o empleados por ser "una tecnología con sesgos raciales y de género demostrados y que pone en peligro la privacidad personal", ha declarado el alcalde, Ted Wheeler.

Toda California –el estado más poblado del país, que engloba algunas de las ciudades más importantes de la costa oeste como Los Ángeles o San Francisco– ha prohibido el uso del reconocimiento facial por parte de la policía en todo su territorio hasta 2023. Seguía el ejemplo de la propia San Francisco, una de las primeras ciudades en tomar esta decisión en 2019. Antes de Portland, la última en sumarse al veto había sido Boston, capital de Massachussets, estado donde otras cinco ciudades menores ya habían limitado el reconocimiento facial.

Portland es la primera ciudad que eleva la prohibición a los negocios privados, un movimiento importante porque impide que la policía use las cámaras que disponen de esta tecnología instaladas en las fachadas de los comercios. La policía de San Francisco utilizó este truco para sortear su incapacidad de usar reconocimiento facial el pasado julio, con el objetivo de monitorizar las protestas del movimiento Black Lives Matter, tal y como documentó la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Han sido precisamente estas protestas raciales de EEUU las que han puesto en jaque una tecnología que ya venía siendo muy cuestionada por su mayor propensión al fallo en mujeres o en personas racializadas, como han demostrado varios estudios y experimentos (incluso los realizados por agencias oficiales del Gobierno). Acosados por las críticas, los principales proveedores de soluciones de reconocimiento facial, como Amazon, Microsoft o IBM, elevaron moratorias temporales al uso de sus propios productos por parte de las policías y agencias de seguridad del país, pidiendo una regulación federal que detalle cómo y dónde puede emplearse el reconocimiento facial.

Sin embargo, su actuación en este caso ha sido diferente. Amazon, por ejemplo, gastó 24.000 dólares en lobby para presionar al gobierno de Portland para que adoptara medidas menos restrictivas. En Washington, solo esta multinacional lleva invertidos más de 14 millones de dólares para intentar conseguir que el negocio del reconocimiento facial no caiga por completo debido a una ley nacional del estilo de la aprobada por Portland.

El debate está en auge porque más allá de sus sesgos discriminatorios, el reconocimiento puede ser muy propenso al error en determinados ámbitos. "Puede funcionar con 'niveles aceptables' en entornos cerrados (y con 'niveles aceptables' quiero decir con tasas de error del 30%) pero en entornos abiertos estábamos viendo tasas superiores al 90%, por lo cual básicamente es una tecnología inútil", explicó a elDiario.es Gemma Galdón, consultora tecnológica.

Europa (y España) sigue sin normas específicas

Mientras EEUU avanza en las restricciones al reconocimiento facial, Europa sigue sin normas específicas en este campo. Las empresas que quieran implantar esta tecnología tienen que respetar el resto de leyes, especialmente la de protección de datos. Sin embargo, iniciativas como la de Mercadona, que está probando un sistema de reconocimiento facial para impedir la entrada en sus establecimientos de personas a las que la justicia haya impuesto órdenes de alejamiento contra sus tiendas o empleados, dejarían de ser posibles con una regulación asimilable a la adoptada por Portland esta semana.

La ciudad estadounidense tampoco permitirá el uso de reconocimiento facial en aeropuertos, por ejemplo, donde también está siendo probada en España. Aena tiene un proyecto piloto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que los pasajeros que vuelen a Bruselas o Asturias se identifiquen mediante su cara en el proceso de embarque. Requiere instalar una app y está activo desde finales de 2019 para "embarcar más rápido".

De hecho, el reconocimiento facial lleva años avanzando de manera silenciosa en España, incluso en lugares públicos. Tan en silencio, que ni siquiera los dueños de los establecimientos interiores de la estación de autobuses Méndez Álvaro, en Madrid, sabían que esta dispone de un sistema de identificación de este tipo desde 2016. La organización alemana AlgorithmWatch realizó en agosto una investigación especial sobre las cámaras de reconocimiento presentes en esta infraestructura, revelando que tanto la Policía como la empresa privada adjudicataria de la seguridad tienen la capacidad de introducir una cara nueva en el sistema para que este detecte y siga a esa persona en cuanto entre en la estación, la más grande de España.

La Guardia Civil está investigando el potencial de esta tecnología de identificación para vigilar fiestas populares festivales y otros eventos multitudinarios, mientras que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pretendía poner en marcha un proyecto para probar el reconocimiento facial en el proceso de pago en autobuses públicos, pero ha tenido que detenerlo por el uso obligatorio de mascarillas.

Tanto en España como en la UE, el paradigma sigue siendo la autorregulación del sector bajo un modelo de "desarrollo ético". Por el momento, los intentos de ir más allá han fracasado: el pasado mes de febrero, voces diversas criticaron la decisión de Bruselas de dejar morir su proyecto de imponer una prohibición de cinco años al uso de reconocimiento artificial, dando manga ancha a su implantación en el continente. "Hay tecnología que no está suficientemente madura para poderla regular y es prudente definir períodos de moratoria, no eliminar la innovación alrededor de la IA", manifestó por su parte Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en una entrevista con elDiario.es. "El reconocimiento facial es una tecnología que está en fase de desarrollo inminente. Está claro que a nivel público hay que evitar su uso hasta que se pueda definir un marco normativo mucho más garantista", opinó.

Por Carlos del Castillo

13 de septiembre de 2020 21:34h

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Luis Arce lidera los sondeos pero no evitaría el ballottage

A 35 días de los comicios presidenciales en Bolivia

El candidato del MAS, partido de Evo Morales, aventaja en 10 puntos a Carlos Mesa, de cara a las elecciones del 18 de octubre. 

 

 A 35 días de las elecciones en Bolivia solo existen dos certezas. El futuro político del país se definirá bajo las condiciones que impusieron los golpistas y el Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera todas las encuestas tiene asegurado su paso a una eventual segunda vuelta. Como en los comicios de octubre de 2019, resta saber si le sacará un margen indescontable a Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza. Luis Arce Catacora orilla una ventaja cercana a los 10 puntos sobre Carlos Mesa, porcentaje que necesita además del 40 % de los votos para no ir al ballottage donde los distintos partidos de derecha se aliarían en su contra. En esa eventual entente están Juntos, de la presidenta de facto Jeannine Añez, el Frente Cívico de Luis Fernando Camacho que lidera los sondeos en su bastión, Santa Cruz y otros candidatos como Chi Hyung Chun y Tuto Quiroga que por ahora no mueven demasiado el amperímetro. El otro dato clave es que Evo Morales fue proscripto la semana pasada y no podrá aspirar a una banca en el Senado. Lo reemplazará por el Departamento de Cochabamba el dirigente cocalero Leonardo Loza.

  El panorama electoral convive en Bolivia con la pandemia que atraviesa un crecimiento sostenido de los casos. Hay 125.172 contagiados y 7.250 muertos según las últimas cifras conocidas. El país lejos está de detener al coronavirus. Añez admitió errores en su política sanitaria a fines de mayo e incluso separó del cargo al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien quedó detenido por un hecho de corrupción en la compra de respiradores. El gobierno y los sectores que acompañaron el golpe creen haberse librado del MAS con las medidas judiciales que tomaron para marcarle la cancha pero están muy lejos de conseguirlo. Algunas señales de preocupación se perciben en el oficialismo y las fuerzas destituyentes que apartaron del poder a Morales el 10 de noviembre pasado. 

El candidato a vice de Añez, Samuel Doria Medina, uno de los hombres más ricos de Bolivia y referente de Unidad Nacional (UN), dijo: “voy a gastar lo que sea necesario para que ganemos”. Según las últimas encuestas difundidas, la fórmula que integra con la presidenta viene tercera cómoda detrás de Mesa, el exmandatario que podría pasar a la segunda vuelta si el exministro de Economía de Evo no le saca una ventaja decisiva.

En el MAS también analizaron como un gesto de nerviosismo la invitación con cierto apuro a debatir que le cursó Mesa al candidato que encabeza las pesquisas electorales. El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, le comentó a la red Unitel: “Estamos expectantes a su respuesta, esperamos que ésta sea positiva y que Luis Arce se anime y no como hacía Evo Morales, huir del debate”. Sebastián Michel, el vocero del Movimiento al Socialismo, respondió: “que guarde un poco de paciencia que vamos a tomar una decisión a cuál de todos los debates vamos a asistir”. Uno de ellos está programado para el 4 de octubre en La Paz con los ocho candidatos presidenciales y lo convocaron la Asociación Nacional de Periodistas, la Confederación de Empresarios Privados, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y varios medios de Comunicación.

La estrategia de Añez

Añez sabe que no le dan los números para prolongar su estadía en el gobierno y apunta a esmerilar a Mesa que le llevaría hasta ahora casi 7 puntos porcentuales. En sus últimas declaraciones señaló que consiguió frenar al partido de Evo “en dos oportunidades”, y se preguntó: “¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”. Su estrategia se completa con el intento de poralizar con Morales – como si fuera un candidato imaginario -, quien se encuentra refugiado en la Argentina y vio caer su última chance de competir por una senaduría la semana anterior.

“Aún tenemos la lucha contra el virus, por la reactivación y el empleo, y la lucha contra el tirano, porque Evo Morales intentará volver para tumbar a este gobierno y al siguiente, pero mientras yo esté en esta presidencia quiero garantizarles algo: ese señor solo va a volver a Bolivia para dar explicaciones a la justicia”. El ataque de la presidenta se produjo durante un mensaje que dio el último sábado al cumplir diez meses de mandato.

Arce Catacora se muestra aplomado en cada aparición pública y aún cuando es presionado por la prensa complaciente con el régimen de Añez, no consiguieron correrlo de su eje. Sobre la medida judicial que le impide competir a Evo por una banca señaló que se respetará la decisión del Tribunal paceño, tal como había anticipado el líder histórico del MAS el lunes. Incluso agregó que “no hay posibilidad legal de realizar otro recurso”. La resolución se tomó después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitara a Morales y que el fallo fuera validado por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra.

Querella por crímenes de lesa humanidad

Donde también avanzó una causa pero contra el gobierno de facto de Añez es en Córdoba. La Cámara Federal de la provincia deberá resolver una querella por crímenes de lesa humanidad en Bolivia. Uno de los abogados que se presentó ante el tribunal de la provincia, Rafael Ortiz, aportó como pruebas para invocar la jurisdicción universal informes de Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo boliviana, entre otras organizaciones. El próximo 8 de octubre, además, está convocada una audiencia ante la CIDH. El frente internacional nunca dejó de ser complicado para los golpistas. Hace unos días se conoció un informe de Human Rights Watch titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que advirtió sobre los “cargos desproporcionados contra Evo Morales” y le exigió al gobierno que abandonara su campaña contra el expresidente en el exilio.

El TSE que le impidió inicialmente al líder del MAS presentarse a las elecciones lo conduce el sociólogo y escritor Salvador Romero designado por el gobierno de facto. Revelaciones de WikiLeaks en el pasado hicieron evidente su estrecho vínculo con el Departamento de Estado de EE.UU. y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Una organización de superficie que opera a menudo como un solo bloque junto a la CIA.

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