MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en Washington, en una imagen de 2019.MICHAEL REYNOLDS / EFE

La fiscalía señala que Juan Orlando Hernández protegió al narcotraficante Geovanny Fuentes “para meter droga por las narices a los gringos”

 

El juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, que comenzó el lunes en un tribunal de Estados Unidos, dejó este martes graves acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario del país centroamericano ha sido acusado de narcotráfico. Según el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig, Hernández pactó una alianza con un cartel local, los Cachiros, mediante la que ayudó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un “narcoestado”.

Para la fiscalía, el narcotraficante Geovanny Fuentes operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”. En su alegato inicial, la fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”. De acuerdo con el fiscal Gutwillig, el capo que lideraba el cartel de los Cachiros “sobornó incluso al presidente de Honduras” y se volvió “intocable” después de esta alianza que lo blindó “a prueba de balas”.

Según sus pruebas, en 2013 y 2014, Geovanny Fuentes pagó sobornos al actual presidente por un total de “25.000 dólares en efectivo provenientes del dinero de la droga” y, algo más valioso, “acceso al laboratorio de droga del acusado en las montañas de Honduras”, dijo el fiscal.

Gutwillig anunció entre otras pruebas el testimonio de un testigo presente en esas reuniones, José Sánchez, un contable que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual los Cachiros lavaban dinero. El fiscal dijo que el contable detallará a los 12 miembros del jurado “el ‘shock’ y el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Desde hace semanas los fiscales ya habían adelantado supuestos vínculos entre Geovanny Fuentes y Juan Orlando Hernández en documentos presentados previamente, pero este martes dejaron claro que esa relación es la parte central del caso y que se darán detalles de “reuniones secretas” entre el narcotraficante y el presidente.

“El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Hasta ahora, la fiscalía de Nueva York no había identificado con claridad a Juan Orlando Hernández, descrito hasta entonces como co-conspirador número cuatro (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019. Tony Hernández, exdiputado de la Asamblea de Honduras, fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína. El fiscal también lo acusó de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

El abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Eylan Schulman, restó importancia al testimonio diciendo que “supuestamente 25.000 dólares es todo lo que lleva sobornar a un presidente”. En el caso del contable, dijo la defensa, “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio, advirtió, y sostuvo que espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio. La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel de los Cachiros, que mató a 78 personas y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Por el momento, el presidente de Honduras, que dejará el cargo a final de este año, ha negado cualquier vínculo y en las últimas horas se ha defendido vía Twitter con varios mensajes y una advertencia a Washington. El presidente hondureño aseguró que mantendrá la “alianza internacional en lucha antinarcotráfico” hasta el final de su mandato, pero escribió que si los narcotraficantes “con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA [EE UU] por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras”. Hasta el momento, Juan Orlando Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente con Donald Trump.

Sin embargo, según Hernández, las informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, escribió en Twitter. En el hilo que adjunta, el mandatario hondureño centró su explicación en el cartel los Cachiros, cuyo exlíder Devis Leonel Rivera Maradiaga, se espera que testifique en el juicio contra Fuentes. Este hombre ha declarado a los fiscales que Hernández supuestamente obtuvo dinero a cambio de permitir el narcotráfico en su país, informa la agencia Associated Press.

Por Jacobo García

México - 10 mar 2021 - 01:31 UTC

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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

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Martes, 09 Marzo 2021 06:00

Trenes, muros y mentiras

Trenes, muros y mentiras

La impunidad es la principal característica del poder.

Le permite decir, hacer, prometer, incumplir y, sobre todo, maquillar sus verdaderas acciones e intenciones.

Decir, por ejemplo, “evangelizar”, cuando la corona española perpetraba genocidio contra los pueblos originarios.

Decir, por ejemplo, “democracia”, en cuyo nombre el imperio de ahora invade, bloquea y descuartiza naciones, para apropiarse del petróleo en Libia y en tantos otros rincones del mundo.

Decir, por ejemplo, “desarrollo”, perpetrando la destrucción de pueblos y plantas, comunidades y fuentes de agua, en nombre de un progreso que beneficia sólo a los de más arriba.

El discurso del poder puede invertir la realidad. Según las autoridades, las víctimas se convierten en victimarias, en particular este 8 de Marzo de instituciones amurallas y de prohibiciones, simulando que las mujeres son el problema porque salen a calles y pueden ser violentas.

Curiosa forma de afrontar los feminicidios: prohibiendo marchas en Madrid y rodeando palacios con muros de hierro en Ciudad de México. Ya hay quienes dicen que el feminismo es una “patología social” y que las verdaderas privilegiadas en el mundo actual son las mujeres (https://bit.ly/3t25r3A).

Es sólo el comienzo. Como ellas son el verdadero problema, dicen arriba, y como no hacen falta muros para contener la violencia paramilitar en Chiapas, Guerrero y en medio continente; como ellas son el problema, después de los muros llegarán las balas. Es sólo cuestión de esperar.

El poder impune puede decir: “sería un rotundo fracaso” no terminar el Tren Maya en dos años. Léase: el fracaso consiste en no doblegar pueblos, comunidades y ejidos que incluso han ganado la paralización en instancias internacionales. Claro, se oponen al desarrollo y, por eso mismo, merecen desaparecer.

Los discursos del poder son auto referenciales, no les importa la realidad, ni están sujetos a debate, discusión ni interpelación.

Jair Bolsonaro se despachó con insultos a quienes lo critican por el mal manejo de la pandemia. Escupió un “basta de mimimi”, algo así como “fifi”, a quienes se quejan de la enorme cantidad de muertos cuando las camas para tratamiento intenso están desbordadas, con ocupaciones de hasta el 107% en Porto Alegre. Una vez más, los culpables son las víctimas.

Estados Unidos exporta democracia dónde y cuando le interesa. Por ejemplo, exige democracia en Venezuela y en Cuba, o sea elecciones, pero ignora que el país menos democrático y más represivo del mundo se llama Arabia Saudí, donde las mujeres son brutalmente humilladas y no pueden siquiera conducir coches. Pero la monarquía saudí es el segundo mayor aliado de la Casa Blanca en el mundo.

Estados Unidos exporta igualdad racial cuando la esclavitud enriqueció durante siglos a las clases dominantes, que abolieron el apartheid a regañadientes para llenar las cárceles de afroamericanos. Ahora empiezan a exportar “medio ambiente”, para aislar a los países que quieren someter acusándolos de ser los responsables de un desastre ambiental que es exclusiva responsabilidad de un sistema al que llamamos capitalismo.

En fin, aquí y allá la impunidad del poder.

Hay quienes dicen que mienten. Depende. Ellos son los que determinan lo que es mentira y lo que es verdad. De modo que no tiene mucho sentido debatir en las redes, en un inexistente espacio público, mercantilizado y destruido tiempo atrás.

Y no hay justicia.

Parafraseando al poeta, la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los chuchos.

Por esto, este 8M debe ser para las de abajo, para seguir construyendo lo nuevo, lo diferente entre nosotras, sin mirar arriba, sin prestar atención al “tablado de la farsa” (León Felipe).

8 marzo 2021

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Xu Qiliang durante una sesión de la Asamblea Popular Nacional de China, Pekín, el 25 de mayo de 2020.Thomas Peter / Reuters

El concepto se refiere a la alta probabilidad de una guerra cuando la hegemonía de un Estado se ve amenazada por otra potencia emergente. En 2015, el presidente chino, Xi Jinping, negó que tal cosa estuviese planteada.

 

El general Xu Qiliang, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), suprema autoridad militar de China, instó a aumentar el financiamiento del Ejército Popular de Liberación con el fin de prepararse para un posible enfrentamiento con EE.UU.

"Ante la trampa de Tucídides y los problemas fronterizos, los militares deben acelerar el incremento de su capacidad. […] Debemos hacer avances en los métodos y la capacidad de combate, y sentar una base sólida para la modernización militar", afirmó Xu el pasado viernes durante la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional de China, según South China Morning Post.

El concepto de 'trampa de Tucídides' fue creado en 2012 por el politólogo estadounidense Graham T. Alison. Se refiere a una afirmación del célebre historiador ateniense, quien sostuvo que la guerra del Peloponeso fue inevitable por el miedo que tenía Esparta ante el ascenso de Atenas. Con este concepto, Alison apuntó a la alta probabilidad de una guerra cuando la hegemonía de un Estado se ve amenazada por otra potencia emergente. Un ejemplo contemporáneo de tal situación es la competencia entre EE.UU. y China, según el politólogo.

El concepto ganó pronto popularidad. Sin embargo, en 2015 el presidente de China y jefe de la CMC, Xi Jinping, negó la veracidad de la analogía. "No existe la llamada trampa de Tucídides, pero si los principales países cometen una y otra vez errores de cálculo estratégico, podrían crearse esas trampas", dijo el mandatario chino durante su visita a Seattle (EE.UU.).

Este 7 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseveró que "el mundo no conocerá la paz" hasta que Estados Unidos deje de "interferir en los asuntos internos de otros países"

Publicado: 8 mar 2021 23:38 GMT.

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Las elites también mataron a Berta Cáceres

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.

 

El pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista. En su asesinato convergieron prácticas previas de criminalización y amenazas, así como una serie de tácticas de amedrentamiento propias de las antiguas políticas de la llamada «contrainsurgencia». Estas pueden evidenciarse en la participación de ex-militares entrenados en Estados Unidos, en la utilización de flujos de dinero provenientes de las elites económicas, en el encubrimiento político al más alto nivel y en el uso de la infraestructura militar y judicial del Estado.

Si bien los autores materiales del asesinato y sus operadores intelectuales han sido procesados, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los principales artífices del crimen. Entre ellos, se encuentra implicada la poderosa familia Atala.

Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco –y contra la que Berta Cáceres luchaba«– y del Banco de América Central Honduras, una poderosa institución bancaria que ha recibido la mayor parte de los fideicomisos de parte del gobierno desde el golpe de Estado de 2009, la familia Atala fue señalada en numerosas ocasiones como parte de la estructura criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres. Pero su poder es tal que nadie ha hecho nada al respecto. Para comprender la dimensión político-económica de los Atala, alcanza con mencionar que el Banco de América Central Honduras era, hasta hace solo dos años, el mayor administrador de fideicomisos públicos del país. Además, investigaciones publicadas por The Intercept demostraron una serie de comunicaciones entre los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos directivos de Desarrollos Energéticos SA (DESA), la constructora de la represa hidroeléctrica dirigida por los Atala.

Este caso, marcado por complicidades político-económicas, permite hacerse las preguntas centrales en la vida sociopolítica de Honduras. ¿Qué papel juegan las elites en la política nacional? ¿De qué forma ejercen su influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando hay evidencia que las involucra directamente en el asesinato de Berta Cáceres?

Tal como afirma la politóloga y profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo Benedicte Bull, las elites y sus redes son más fuertes cuando las instituciones son débiles. En su trabajo Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America [Hacia una economía política de instituciones débiles y elites fuertes en Centroamérica], Bull analiza el comportamiento de las instituciones y de las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ausencia de actores movilizados que impulsaran la democratización del Estado, estos países han sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las elites políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos que despliega la elite para este propósito: dinero, fuerza, información e ideología.

En este mismo sentido, Tasha Fairfield –investigadora de la London School of Economics sobre la relación entre política y elites económicas en América– afirma que los mecanismos de incidencia de las elites sobre la agenda pública resultan cada vez más evidentes. Fairfield resalta dos niveles centrales de influencia (e intimidación) de las elites en la política. Por un lado, hace eje en el poder estructural que refiere a las llamadas «señales de mercado» –no a una acción deliberada– que podrían desencadenarse ante una eventual amenaza a los negocios de la elite (como la retirada de la inversión extranjera). Por otro, se focaliza en el denominado «poder instrumental»: los recursos específicos de las elites se articulan con espacios partidarios e institucionales, favorecen las «puertas giratorias» y pueden incidir en los procesos electorales.

El caso de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que las elites en Honduras poseen una muy consolidada relación con el mundo político, a la vez que un modus operandi permanente con el cual ejercen influencia sin restricciones públicas y en total impunidad.

Los instrumentos de la elite en el caso de Río Blanco

El informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre de 2017, titulado Represa de violencia. El plan de que asesinó a Berta Cáceres y el libro Who Killed Berta Cáceres? [Quién mató a Berta Cáceres], escrito por Nina Lakhani, periodista y corresponsal del periódico The Guardian, resultan claves para comprender el caso. Ambos trabajos plasman una investigación que ayuda a comprender esos vínculos en el caso específico del asesinato de Cáceres y constatan el despliegue de seis recursos. En primer lugar, hacen énfasis en el dinero, un recurso abundante para las elites económicas y que es utilizado para múltiples objetivos y tareas. En el caso del asesinato de Cáceres, se destacan prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de promotores o de informantes de esas mismas comunidades, chantaje para los opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos de alto nivel.

Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía: «He gastado mucho dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos», refiriéndose al intento de criminalización de Cáceres y otros líderes comunitarios. En segundo orden, ambas investigaciones hacen eje en el recurso de la fuerza. En el asesinato de la líder se ve implicada la fuerza pública –dada la protección de las empresas involucradas por parte de la Policía y de elementos del Ejército–, pero también la privada, mediante la contratación de ex-militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.

El tercer recurso destacado por las investigaciones es el de la información. El juicio y la publicidad de conversaciones de WhatsApp entre los directivos de DESA han demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (fundado por Cáceres) y sus familias. El recurso de la información también se expresa en el componente técnico y especializado del que pueden disponer las elites: contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby político, abogados de «alto calibre». En cuarto término, se destaca el recurso de la ideología. Esta apunta a la construcción de discursos que justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como vándalos y «quema llantas». Todo esto es facilitado por el nivel de acceso a medios de comunicación del que disponen las elites –en este caso, la familia Atala–: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local, programas pagados, etc. En quinto lugar, las investigaciones destacan los vínculos de las elites con los partidos y la elección de candidatos. Los vínculos de estas familias  –entre las cuales se encuentra la Atala– con los partidos políticos son conocidos. Por ejemplo, el dominio de la familia Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional.

Luego del golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business [Honduras está abierta a los negocios], impulsado por las familias mencionadas, permitió el reparto de los recursos naturales del país cual botín de guerra, incluido Río Blanco. Otra expresión de estos recursos es el intercambio de favores entre la elite y políticos a escala local: alcaldes o diputados que respaldan los proyectos de la elite y reciben a cambio algún tipo de apalancamiento económico.

En sexto lugar, se destacan los vínculos institucionales nacionales e internacionales. Entre ellos, puede identificarse la aprobación en el Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin los requisitos mínimos, protección del Ejército y la Policía, acceso al Ministerio Público e influencia en los juzgados. Luego del asesinato de Tomás García (el primero en encarar la lucha de Río Blanco) el 15 de julio de 2013, Daniel Atala (hijo de José Eduardo Atala Zablah, una de las cabezas empresariales de la familia, gerente financiero de DESA y acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen) le escribió el siguiente mensaje a David Castillo (el enlace entre los autores intelectuales y los sicarios que mataron a Cáceres): «Los militares mataron a un indio. ¿Debería hacer que mi viejo hable con Arturo Corrales? [ministro de Defensa entre mayo de 2013 y diciembre de 2014]». Castillo le respondió afirmativamente y añadió «y a Pompeyo Bonilla [ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013]… está hecho… están movilizando gente». Son igualmente alarmantes el financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, se destaca el uso de las llamadas «puertas giratorias»: el traslado de integrantes de la elite al sector público (como ministros o candidatos y candidatas), así como el reclutamiento de ex-funcionarios públicos con conocimiento especializado contratados por empresas privadas. El caso del ya mencionado David Castillo es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Castillo se valió de esta experiencia (y de los contactos asociados a ella) para migrar al sector privado. Fue así como consiguió llegar a ser el presidente ejecutivo de DESA, cargo que ostentaba cuando Cáceres fue asesinada. Hoy es acusado como uno de los autores intelectuales del crimen.

El asesinato de Cáceres es aleccionador. Ha mostrado que las elites hondureñas están acostumbradas a actuar sin mediación institucional alguna y sin control democrático. Estas elites económicas han moldeado históricamente el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de cooptar. Dispuestas a defender sus intereses, ponen y quitan presidentes sin pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de violencia y garantizarse impunidad.

La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la influencia de las elites mediante estos recursos antidemocráticos, así como la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de estos. Solo así se podrán garantizar soluciones democráticas para los problemas que nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor frecuencia.

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Elecciones en Bolivia: el MAS sigue sin poder conquistar las principales ciudades

El cómputo oficial de votos avanza lentamente y aumenta la incertidumbre

 Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos, y debería ir a segunda vuelta en otros cuatro.

 

A la espera del escrutinio oficial que avanza con lentitud, las cifras preliminares de las elecciones regionales del domingo en Bolivia reflejan que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue sin poder conquistar a los votantes de las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Además vuelve a perder en El Alto, considerada uno de sus bastiones. Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos y que debería ir a segunda vuelta con distintas fuerzas opositoras en otros cuatro. Por eso, parte de la dirigencia del partido ya empezó a pedir una etapa de "reflexión" puertas adentro.

Dentro de la oposición, solo la ultraderechista Creemos ganaría cómodamente la gobernación de Santa Cruz de la mano de Luis Fernando Camacho, y la nueva organización Movimiento Tercer Sistema, constituida por disidentes del masismo, se habría alzado con la victoria en el departamento de Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez aparece tercera.

Hasta ahora, la única base de datos son el boca de urna y el conteo rápido realizados por las consultoras Ciesmori y Focaliza. Los cómputos en cada uno de los nueve departamentos habían avanzado entre el 8 y el 15 por ciento al cierre de esta edición, provocando que las reacciones y evaluaciones de la votación estén basadas solo en proyecciones extraoficiales. Más aún considerando que varias regiones del país combinan ciudades densamente pobladas con vastos territorios rurales.

En las dos últimas décadas, La Paz estuvo administrada por dos abogados, Juan del Granado y Luis Revilla, que inicialmente perteneció al MAS y luego formó su propia organización política, Soberanía y Libertad (Sol.bo). El oficialismo apostó en estos comicios por el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, para intentar seducir al electorado paceño.

Al calor de la campaña, el presidente Luis Arce aseguró que la "única" candidatura capaz de garantizar un trabajo "de la mano con el gobierno" era la de Dockweiler, algo que al parecer no cayó bien en La Paz, que finalmente se decantaría por el exministro del gobierno de facto, Iván Arias.

En Santa Cruz durante años la hegemonía fue del ingeniero Percy Fernández, alcalde de esa urbe en seis ocasiones. En su lugar asumió la arquitecta Angélica Sosa, la heredera de Fernández que no logró conservar la alcaldía, aunque tampoco pudo hacerlo la candidata oficialista, la exsenadora Adriana Salvatierra, pudo conseguirla. Los sondeos muestran un margen estrecho entre el periodista Gary Áñez, del partido del expresidente Carlos Mesa, y el experimentado político Johnny Fernández, por lo que el ganador definitivo se conocerá recién cuando concluya el cómputo oficial.

La región central de Cochabamba es considerada uno de los bastiones del oficialismo entre otros motivos porque allí se encuentra la zona cocalera del Chapare, el feudo sindical y político del expresidente Evo Morales. Esa hegemonía no es tan fuerte en la capital, Cochabamba, donde hay una polarización muy marcada entre los seguidores del MAS y sus detractores, "diferencias" reconocidas por el mismo Morales en la noche del domingo, tras conocerse los resultados extraoficiales que dan el triunfo al opositor excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa. 

La sorpresa en este proceso electoral ha sido la expresidenta del Senado Eva Copa, expulsada del oficialismo por postularse con otra sigla a la alcaldía de El Alto, otro bastión masista. Las encuestas a boca de urna le dan a Copa un amplio triunfo frente al oficialista Zacarías Maquera, con lo que el MAS perdió por segunda vez consecutiva el municipio alteño, administrado actualmente por la opositora Soledad Chapetón.

"Agradezco a Evo Morales y le pido que escuche a su pueblo y acepte las críticas constructivas", declaró este lunes Copa, quien consiguió el 66,8 por ciento de los votos, según las proyecciones, frente al 19,9 por ciento del candidato del MAS, Zacarías Maquera. 

En las demás capitales regionales, el oficialismo aparece con triunfos en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y la ciudad amazónica de Cobija y obtiene un resultado poco claro en Oruro, mientras que en Tarija, Trinidad y Potosí ganaron otros partidos.

Para Evo Morales, los resultados regionales y municipales indican que "el MAS se consolida como primera fuerza política en la historia de Bolivia". El expresidente sostuvo que sus militantes "deben sentirse orgullosos” de ser parte de esa organización, y agradeció al "pueblo boliviano" su "compromiso" con "la patria, las políticas económicas y los programas sociales". 

Los resultados preliminares, sin embargo, generaron malestar en parte de la dirigencia del MAS. "Bajamos entre 15 a 20 por ciento respecto a las elecciones generales de 2019 y "esto no es novedad pues ha ocurrido antes", reconoció el presidente oficialista del Senado, Andrónico Rodríguez. Estos resultados "nos van a llamar a la reflexión y ajustar muchos errores dentro del MAS, si ha habido mal cálculo", señaló el también dirigente cocalero en rueda de prensa.

Los cómputos oficiales de las elecciones regionales del domingo en Bolivia concluirán el próximo fin de semana, anunció este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fuentes de los tribunales electorales de los departamentos de Santa Cruz y Pando señalaron por separado que todavía no estaba decidida la situación de más de un centenar de mesas de votación cuyas urnas fueron quemadas por vecinos que denunciaron supuestos fraudes. Los tribunales regionales deben constatar si también fueron destruidas las actas de escrutinio.

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“La creencia en el libre albedrío es más peligrosa hoy que nunca antes”

Yuval Noah Harari, historiador y filósofo israelí

El académico analiza el mundo de la pospandemia a partir del auge de la vigilancia y el incremento del control. Además, los cambios tecnológicos, su influencia en los sistemas políticos y la inteligencia artificial.

 

Yuval Noah Harari es uno de los intelectuales más influyentes de la actualidad. Lo consultan y convocan de todo el mundo, desde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al empresario Bill Gates y la canciller alemana, Ángela Merkel. Dice que uno de sus principales objetivos es “hacer llegar información científica precisa al mayor número de personas posible”. En esta coyuntura, “si no se hace un esfuerzo por llevar la ciencia al público en general, se deja el terreno libre para todo tipo de ridículas teorías conspirativas”, apunta. En este sentido, y frente a este peligro, sostiene que “el trabajo de los intelectuales públicos es tomar las últimas teorías científicas y encontrar una manera de traducirlas en una historia accesible, sin abandonar el compromiso con los hechos fundamentales”.

Sus obras Sapiens: De animales a dioses; Homo Deus: Breve historia del mañana; 21 lecciones para el siglo XXI; y Sapiens. Una historia gráfica, entre otras, revisan los orígenes del mundo y marcan escenarios de futuros posibles. Esto último, atravesado por uno de sus intereses y focos centrales: la ética del desarrollo científico y tecnológico en el siglo XXI.

En diálogo con Página/12 y a más de un año del comienzo de la pandemia de la covid-19, Harari repasa los distintos aspectos de la crisis que desató el virus y sus corolarios.

--¿Cuál es su análisis sobre los tiempos que corren y qué ideas disparó en usted la situación de pandemia en el mundo?

--La primera lección de la pandemia es que debemos invertir más en nuestros sistemas de salud pública. En este momento, esto debería ser obvio para todos. Aunque todos los seres humanos son huéspedes potenciales del virus, éste no es democrático en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, supone un mayor riesgo para algunas personas. En segundo lugar, sus impactos económicos no se sentirán por igual en todas las partes del mundo. Deberían preocuparnos especialmente los efectos económicos de esta pandemia en los países en desarrollo. Creo que, aunque el virus en sí no sea democrático, podemos esforzarnos por mantener los principios democráticos en nuestra respuesta al virus. En otro nivel, esta crisis ha demostrado el grave peligro que supone la desunión mundial. Se han perdido muchas vidas debido a la incapacidad de los líderes mundiales para trabajar juntos. Ya ha transcurrido un año desde el comienzo de la crisis y, lamentablemente, todavía no tenemos un plan de acción mundial. Es evidente que esta crisis ha puesto de manifiesto lo fracturado que está el sistema internacional y ha revelado lo peligrosa que es esta situación. De alguna manera, es casi como si la naturaleza estuviera poniendo a prueba nuestro sistema de respuesta global para ver cómo podríamos manejar algo mucho peor en el futuro. Desafortunadamente, la forma en que hemos manejado la pandemia no inspira mucha confianza en que podamos manejar algo más complejo como el cambio climático o el aumento de la inteligencia artificial. Espero que esta pandemia sirva como una llamada de atención para la humanidad.

--En relación con un plan de acción mundial, usted dice que “tenemos el conocimiento científico para solucionar esta crisis, pero no la sabiduría política para hacerlo”. ¿A qué se refiere con “sabiduría política”?

--Todos los grandes logros de la humanidad, desde la construcción de las pirámides hasta el vuelo a la Luna, no fueron el resultado de un genio individual, sino de la cooperación entre incontables extraños. Demostrar sabiduría política significaría actuar de manera que se maximice este poder de cooperación para el beneficio de todos. Sabemos que la humanidad es capaz de este tipo de colaboración. Basta con mirar la investigación científica. Ahora, siempre que hablamos de cooperación global, algunas personas se oponen inmediatamente. Dicen que hay una contradicción inherente entre el nacionalismo y el globalismo, y que debemos elegir la lealtad nacional y por lo tanto rechazar la cooperación global. Esto es un error. No hay ninguna contradicción entre nacionalismo y globalismo. El nacionalismo se trata de cuidar a tus compatriotas; no de odiar a los extranjeros. Una pandemia es exactamente una situación así. Si todos los países cooperaran existe la posibilidad de que la covid-19 sea la última gran pandemia de la historia.

--Señala la crisis del nacionalismo mientras otras voces subrayan su auge.

--Si bien es común hablar del resurgimiento del nacionalismo, lo que estamos viendo en todo el mundo es el colapso de la solidaridad nacional y su sustitución por un tribalismo divisorio. El nacionalismo no se trata de odiar a los extranjeros. El nacionalismo se trata de amar a tus compatriotas. Y actualmente, hay una escasez global de tal amor. En países como Irak, Siria y Yemen, los odios internos han llevado a la completa desintegración del Estado y a guerras civiles asesinas. En países como Estados Unidos, el debilitamiento de la solidaridad nacional ha llevado a crecientes fisuras en la sociedad. Las animosidades dentro de la sociedad estadounidense han alcanzado tal nivel que muchos estadounidenses odian y temen a sus conciudadanos mucho más de lo que odian y temen a los rusos o a los chinos. Hace 50 años, tanto los demócratas como los republicanos temían que los rusos llegaran a imponer un régimen totalitario en la "tierra de la libertad". Ahora, tanto demócratas como republicanos están aterrorizados de que el otro partido esté empeñado en destruir su forma de vida. En esta crisis de nacionalismo, muchos líderes que se presentan como patriotas son de hecho todo lo contrario. En lugar de fortalecer la unidad nacional, amplían intencionadamente las divisiones dentro de la sociedad utilizando un lenguaje incendiario y políticas divisorias, y describiendo a cualquiera que se oponga a ellos no como un rival legítimo sino más bien como un traidor peligroso. Donald Trump y Jair Bolsonaro son los principales ejemplos.

--Sus escritos advierten sobre el incremento de la vigilancia y el control a partir de la pandemia. ¿Podría explicar el punto?

--Algunos comentaristas han sostenido que la forma relativamente eficiente en que China enfrentó la pandemia es una prueba de que los sistemas autoritarios son más adecuados para hacer frente a crisis como ésta. Pero esto no es necesariamente cierto. También vemos cómo países más descentralizados como Nueva Zelanda y Corea del Sur lo han hecho bastante bien sin abandonar sus valores democráticos y sin sacrificar las libertades y los derechos humanos de sus ciudadanos. También hay países autoritarios como Irán que han demostrado su incompetencia. No necesitamos aceptar el principio de que los estados autoritarios centralizados están necesariamente mejor equipados para sobrevivir a este tipo de choques. Tal vez el peligro real sea el tema de la vigilancia, y cómo ciertos tipos de vigilancia “bajo la piel” pueden ser intensificados o normalizados por la pandemia. Si usás un brazalete biométrico que monitorea lo que sucede bajo la piel, el gobierno también puede saber lo que estás sintiendo, por ejemplo, mientras leés esto mismo que estoy diciendo ahora. La vigilancia bajo la piel puede crear el mejor sistema de salud de la historia, un sistema que sabe que estás enfermo incluso antes de que te des cuenta. Pero también puede crear el régimen más totalitario que jamás haya existido --un régimen que sabe lo que estás pensando y del que no podés esconderte--.

--En algunos círculos existe una suerte de deslumbramiento por la inteligencia artificial, que usted dice puede ser “una tecnología de dominación”. ¿De qué manera cree que la tecnología puede interactuar o influir en los sistemas políticos?

--Como historiador, me inclino a mirar cómo las eras anteriores de cambio tecnológico influyeron en los sistemas políticos. En el siglo XIX, vemos cómo unos pocos países como Gran Bretaña y Japón se industrializaron primero, y luego pasaron a conquistar y explotar la mayor parte del mundo. Si no tenemos cuidado, lo mismo ocurrirá con la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización. No necesitamos imaginar un escenario Terminator de ciencia ficción de robots rebelándose contra los humanos. Hablo de una inteligencia artificial mucho más primitiva, que sin embargo es suficiente para alterar el equilibrio global. Consideremos cómo podría ser la política en Argentina dentro de 20 años, cuando alguien en San Francisco o Beijing conozca toda la historia médica y personal de cada político, periodista o juez de su país, incluyendo sus escapadas sexuales, tratos corruptos o debilidades mentales. ¿Seguirá siendo un país democrático independiente? ¿O sería una colonia de datos?

--La discusión sobre la función y la finalidad que se da a la tecnología...

--Pero quiero subrayar que éstas son sólo posibilidades, no certezas. No debemos ser víctimas del determinismo tecnológico. Todavía es posible evitar que esto suceda y podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sirva a todos los humanos, en lugar de a una pequeña élite. Por ejemplo, en lo que hace a cuestiones de vigilancia, en la actualidad los ingenieros están desarrollando herramientas de IA al servicio de los gobiernos y las empresas, para vigilar a los ciudadanos. Pero podemos desarrollar herramientas de IA que monitoreen a los gobiernos y las corporaciones al servicio de los ciudadanos. Técnicamente, es muy fácil desarrollar una herramienta de IA que exponga la corrupción. Para un ciudadano individual, es imposible revisar todos los datos y descubrir qué políticos nombraron a sus familiares para trabajos lucrativos en el gobierno. Para una IA, eso tomaría dos segundos. Esto es algo que los ciudadanos pueden y deben exigir.

--En relación con esto último, sus trabajos insisten en que “la gente más fácil de manipular es la que cree en el libre albedrío”. ¿Qué es el libre albedrío y por qué sostiene que la sensación de libre albedrío tiende trampas?

--La gente toma decisiones todo el tiempo. Pero la mayoría de estas decisiones no se toman libremente. Son moldeadas por varias fuerzas biológicas, culturales y políticas. La creencia en el “libre albedrío” es peligrosa porque cultiva la ignorancia sobre nosotros mismos. Nos ciega a lo sugestionable que somos y a las cosas de las que ni siquiera somos conscientes para dar forma a nuestras decisiones. Cuando elegimos algo --un producto, una carrera, un cónyuge, un político-- nos decimos a nosotros mismos: “elegí esto por mi libre albedrío”. Si este es el caso, entonces no hay nada más que investigar. No hay razón para ser curioso o escéptico acerca de lo que pasa dentro de mí, y acerca de las fuerzas que dieron forma a mi elección. Esto es particularmente peligroso hoy en día, porque las corporaciones y los gobiernos están adquiriendo tecnologías nuevas y poderosas para dar forma y manipular nuestras elecciones. En consecuencia, la creencia en el libre albedrío es más peligrosa hoy que nunca antes. La gente no debería creer sólo en el libre albedrío. Debería explorarse a sí misma y entender qué es lo que realmente da forma a sus deseos y decisiones. Es la única manera de asegurarnos de no convertirnos en marionetas de un dictador o de una computadora superinteligente. Si los gobiernos o las corporaciones llegan a conocernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, entonces pueden vendernos lo que quieran, ya sea un producto o un político.

--Frente a estos riesgos, ¿qué sistema global debería establecerse para impedir las consecuencias negativas de esto?

--El desarrollo de una tecnología más ética requerirá cambios institucionales e infraestructurales. Pero hay algunos pequeños ajustes que podemos hacer para empezar. Por ejemplo, un médico no puede empezar a ejercer sin tener algún tipo de educación ética; todos estamos de acuerdo. Sin embargo, no esperamos que los programadores de computadoras tomen cursos de ética a pesar de que tienen una tremenda influencia sobre las vidas humanas. Estas son las personas que están escribiendo los códigos con los que funcionan nuestras sociedades. Muchas de las preguntas que los filósofos han debatido durante miles de años han migrado ahora al departamento de informática. Tenemos que asegurarnos de que los programadores que diseñan los algoritmos que impulsan los vehículos autónomos han aprendido a pensar éticamente. A mayor escala, hay algunos principios más generales para la tecnología ética.

--¿Por ejemplo?

--Primero, no permitir que demasiados datos se concentren en un solo lugar. Muchos países verán la necesidad de centralizar los datos epidemiológicos después de esta pandemia. Esta sería una herramienta maravillosa, pero sería mejor establecer una autoridad de salud independiente que recoja y analice estos datos y los mantenga alejados de la policía o de las grandes corporaciones. Sí, eso es ineficiente, pero la ineficiencia es una característica, no un error. Si el sistema es demasiado eficiente, puede convertirse fácilmente en una dictadura digital. En segundo lugar, los datos personales de las personas siempre deben ser utilizados para ayudarlas en lugar de dañarlas o manipularlas. Este principio se aplica, por ejemplo, a los médicos. Compartir datos para encontrar una cura para la covid-19 es bueno, pero no lo es compartir datos para ayudar a una corporación a evitar el pago de sus impuestos o ayudar a un régimen autoritario a reprimir a los disidentes. En tercer lugar, siempre que se aumenta la vigilancia de los ciudadanos individuales, se debe aumentar simultáneamente la vigilancia de los gobiernos y las grandes corporaciones. Si la vigilancia sólo va de arriba a abajo, esto lleva a la dictadura digital. La vigilancia siempre debe ir en ambos sentidos.

--Nadie desconoce la posición de Trump frente a la pandemia. Sin embargo, y aunque haya perdido la elección presidencial, recibió un caudal de votos importante. En Brasil sucede algo similar en términos de apoyo a Bolsonaro. ¿Qué análisis hace al respecto?

--Trump y Bolsonaro han pasado los últimos años socavando la confianza del público en la ciencia, los organismos gubernamentales y los medios de comunicación. Como era de esperar, esos países están luchando ahora para que la gente escuche las directrices científicas y tome las precauciones básicas de seguridad. No es demasiado tarde para reconstruir la confianza, pero esto requerirá invertir en instituciones y en educación. En última instancia, sin embargo, este enfoque es mejor para todos. Una población bien informada puede afrontar la crisis mejor que una población ignorante y vigilada. Los países con líderes como Trump y Bolsonaro han experimentado mucho sufrimiento innecesario. Y estos líderes deben ser considerados responsables. Cuando la Peste Negra se extendió en el siglo XIV, la humanidad simplemente carecía de los conocimientos necesarios para superar la plaga, por lo que difícilmente se podía culpar a los reyes medievales de la catástrofe. Pero hoy en día tenemos todo el conocimiento científico necesario para contener y derrotar a la pandemia. Si a pesar de todo no lo hacemos, la culpa es de políticos incompetentes.

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Fuentes: CTXT [Ilustración: Fake News Circus, LA BOCA DEL LOGO]

Derecho a la información veraz

La mentira es un arma de destrucción social que esclaviza a los seres humanos, pues puede hacer que actuemos en contra de nuestros intereses y que renunciemos a ser auténticamente libres

El enorme protagonismo que han tenido las mentiras en el mandato de Donald Trump (se le han contabilizado 30.573 en los cuatro años de presidencia) y su masiva circulación a través de las redes sociales pueden llevar a un error importante sobre su verdadera naturaleza, causas y propósitos.

Nos referimos a creer que las ahora llamadas fake news o posverdad son un fenómeno de nuestro tiempo, vinculado a un auge coyuntural de las posiciones políticas extremistas que antes o después desaparecerán, y algo derivado exclusivamente del uso de las nuevas plataformas digitales.

La mentira, el engaño, la difusión de información falsa, de bulos o de dudas malintencionadas son tan antiguas como la humanidad. Y no se trata tan solo de un fenómeno que sea exclusivo de la vida política sino que constituye una auténtica industria puesta al servicio de estrategias comerciales e incluso de los mecanismos más viejos que se conocen para lograr el dominio de unos seres sobre otros. La historia de la comunicación social y de los medios es la de la manipulación informativa y de la decadencia de la verdad.

La larga historia de la mentira en la comunicación social

Falsear la verdad, fabricar noticias, extender bulos y mentir en interés propio a través de los medios de comunicación social ha sido una práctica muy corriente en el último siglo y medio.

La “derrota de la razón” que con tanta brillantez y dolor describió Stefan Zweig, el ascenso del nazismo, o lo que sucedió en España a partir de 1936 no podrían entenderse sin tener presente el papel de los medios como deformadores de la verdad. 

La difusión de noticias falsas y la manipulación de la información se ha utilizado en campañas electorales, en publicidad y en estrategias comerciales, como las que durante años han tratado de ocultar los efectos mortales del tabaco o los costes reales de la sanidad privada. Más recientemente, hemos vivido auténticos procesos de intoxicación comunicativa para ayudar a propagar falsedades sobre hechos o procesos de gran trascendencia: guerra de Irak, 11-M en España, brexit o independencia de Cataluña, entre muchos otros. Por no hablar de la mentira al menudeo que se difunde día a día a través de todo tipo de medios.

Es una evidencia histórica, por tanto, que el engaño y la difusión de falsedades como parte de estrategias para tratar de conseguir determinados objetivos, bien sea de naturaleza política o comercial, no son fenómenos recientes ni casuales sino bien antiguos y deliberados.

Sin embargo, también es un hecho que la difusión de la mentira y el deterioro generalizado de la verdad se están produciendo en los últimos años de una forma más extendida y con consecuencias mucho peores que en épocas anteriores. Pero sería un error, como dijimos, creer que eso se debe solamente a que han cambiado las infraestructuras a través de las cuales fluye la información.

Mentira e ignorancia inducida en la comunicación digital

Es cierto que la proliferación de las nuevas plataformas, redes y artefactos que sirven de medios para producir, almacenar, transmitir y consumir información sin apenas dependencia del tiempo y el espacio y a mucha mayor velocidad, tienen tres efectos principales que facilitan la desinformación y la propagación de mentiras.

En primer lugar, la “balcanización” del sistema de comunicación al generarse miríadas de puntos de emisión y redifusión, periféricos, excéntricos, marginales… pero con gran capacidad de incidencia en amplias zonas o incluso en la totalidad del sistema. Esto hace que, a través de las redes y plataformas, sea más fácil y barato disponer de capacidad para difundir falsedades, bulos o dudas malintencionadas que producen ignorancia e impiden descubrir la verdad. Entre otras cosas, porque –con independencia de que se tenga algún otro tipo de interés político para llevarla cabo– la difusión de información falsa a través de las redes digitales se ha convertido en un negocio muy rentable económicamente (porque se cobra por visualizaciones o reenvíos y los sesgos cognitivos asociados al uso de la red hacen que las informaciones falsas se reenvíen un 70% más que las reales). 

En segundo lugar, la velocidad con que hay que operar en estas plataformas obliga a empaquetar la información de forma mucho más intuitiva y simplificada, con lenguaje menos analítico, más emocional, y vinculado a la experiencia personal y a la opinión que a los hechos y a su análisis objetivo. De este modo, el falseamiento de la verdad se produce más fácilmente y resulta más difícil descubrir la realidad de los hechos.

La intervención de los algoritmos refuerza el sesgo de autoconocimiento que consiste en darle más credibilidad a los datos que ratifican nuestras ideas previas

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los nuevos medios no proporcionan la información limpiamente, o como respuesta directa a la demanda de los receptores, sino a través de algoritmos que previamente determinan el tipo de información que mejor se ajusta a sus perfiles personales. La información que llega a los receptores no es la que se corresponde directa u objetivamente a la demanda que hayan realizado, sino la elaborada o seleccionada “a propósito” por el algoritmo para que pueda ser reconocida más fácil y rápidamente como propia o deseada y sin con la menor reflexión posible.

Así, la intervención de los algoritmos refuerza el sesgo de autoconocimiento que consiste en darle más credibilidad a los datos que ratifican nuestras ideas previas y, por tanto, dificulta que los receptores de información puedan ponerla en duda cuando es falsa. 

Para evitar este y otros sesgos semejantes asociados a la comunicación digital, es decir, para poder discernir sobre lo que es verdad o mentira en la comunicación digital de nuestro tiempo, es preciso que el consumidor de información no solo tenga acceso a ella sino que, además, conozca a la perfección la naturaleza de la infraestructura (del algoritmo) que le permite poseerla, lo que equivale a decir que se encarece la inversión necesaria para descubrir la verdad, haciendo más barato y sencillo propagar falsedades.

Ahora bien, por muy presentes que estén estas circunstancias que abaratan la difusión de la mentira y dificultan y encarecen el descubrimiento de la verdad, a pesar de la abundancia de información y de la pluralidad de fuentes a nuestra disposición, la proliferación de la mentira en nuestro tiempo tiene que ver, en mucha mayor medida, con otras dos circunstancias.

Desigualdad, concentración del poder y desinformación

La primera de ellas es el aumento sin parangón que está registrando la desigualdad en los últimos años. Un fenómeno que necesariamente va unido a la polarización y al aumento de la ya de por sí gran concentración de la propiedad y del poder de decisión no solo en los medios tradicionales de comunicación sino en las nuevas plataformas y también en la economía, las finanzas y la política.
Cuando eso ocurre, para que los de arriba puedan acumular sin descanso privilegios, renta y riqueza a costa, lógicamente, de los de abajo, es imprescindible que estos últimos no sean conscientes de lo que está sucediendo. Quienes disfrutan del poder y de los privilegios necesitan convencer al resto de la población de que no hay alternativa posible a la situación en la que se encuentran y, al mismo tiempo, han de conseguir que quienes afirmen lo contrario no dispongan de capacidad ni poder mediático suficientes para divulgar sus propuestas. Algo que solo se puede conseguir logrando que la población a quien se quiere dominar no perciba la realidad tal cual es e impidiendo que identifique correctamente la naturaleza real de los problemas que le afectan y sus intereses auténticos.

La desigualdad extraordinaria de nuestro tiempo es, al mismo tiempo, la causa y la consecuencia de que la agenda de los medios, lo que se dice en la prensa o en los programas de radio y televisión, lo que se puede hacer o decir o no en las redes… estén cada vez más controlados por un grupo cada vez más reducido de propietarios y editores que se han adueñado del poder omnímodo que permite producir y difundir como verdades las mentiras que les interesan a sus dueños.

Relativismo y debilidad de los mecanismos de contrapoder social

El último fenómeno que a nuestro juicio explica el por qué de la gran decadencia de la verdad que estamos viviendo tiene que ver con el tipo de civilización que ha generado el neoliberalismo.

En las últimas cuatro décadas se ha conseguido forjar una no-sociedad basada en el individualismo, de personas ajenas a su alteridad que viven ajenas a su condición de seres sociales, prácticamente aisladas unas de otras y que socializan, si lo hacen, en grupos virtuales, que solo les pueden proporcionar una confluencia líquida, en el sentido de Zygmunt Bauman, es decir, efímera, incierta, volátil, intangible… en la práctica, completamente irreal.

Eso, por una parte, ha permitido que crezca y se consolide en nuestras sociedades el relativismo que lleva a creer que no existe una verdad objetiva e independiente de nuestra preferencia o percepción subjetiva, que cualquier expresión tiene valor como verdad. Pareciera que el derecho a tener opinión propia se haya sustituido por el de disponer de nuestros propios hechos, de modo que nos estaría permitido definir o percibir la realidad objetiva que nos rodea a nuestro libre albedrío, ajustada a nuestra preferencia. Y, por otra, esa ceguera de la realidad objetiva impide que se puedan generar intereses comunes, resistencias de grupo, contrapoderes frente a los grupos sociales que dominan y utilizan las plataformas y los medios de comunicación social para producir la ignorancia inducida sin la que sería imposible que mantengan sus privilegios.

Estrategias frente a la desinformación y la mentira

Para terminar, hay que preguntarse qué se puede hacer para enfrentarnos a esta especie de Edad de la Mentira en la que se está convirtiendo la era digital que cabalga a lomos de los viejos productores de la desinformación que ahora disponen de más poder mediático, financiero y político que nunca. A nuestro juicio, cabe avanzar por tres grandes líneas de actuación.

La primera y sin la cual nada se podrá hacer para hacer que el respeto a la verdad prevalezca en nuestras sociedades es combatir la desigualdad, distribuir más justamente la riqueza, fortalecer la democracia e impedir que la propiedad de los medios que los seres humanos necesitamos tener a nuestro alcance para vivir en libertad se concentre en tan pocas manos como ahora.

La segunda debería encaminarse a procurar que nuestras sociedades den valor a la verdad.

Más en concreto, para poder combatir la desinformación y la mentira es imprescindible reconocer que las sociedades no pueden desarrollarse en paz y quizá ni siquiera sobrevivir tolerando la indiferencia entre lo verdadero y lo falso. Hay que entender y asumir que la mínima cohesión que precisa una sociedad libre y democrática sólo se puede conseguir compartiendo un concepto de verdad respetado generalizadamente. Y que la mentira, por el contrario, es un arma de destrucción social que esclaviza a los seres humanos, pues puede hacer que actuemos en contra de nuestros intereses y que renunciemos a ser auténticamente libres. De hecho, esta utilidad de la mentira es lo que explica que se produzca y difunda estratégica y deliberadamente a través del sistema de comunicación social, cuando unos grupos de población más poderosos tratan de dominar al resto de la población.

Se ha conseguido forjar una no-sociedad basada en el individualismo, de personas ajenas a su alteridad que viven ajenas a su condición de seres sociales

El corolario de estos principios tan elementales pero en la práctica olvidados hoy día es que la verdad, el reflejo del hecho objetivo, tiene un valor intrínseco para la sociedad, para la convivencia y el bienestar de los seres humanos, para el sostenimiento de la vida y que, por tanto, debe ser protegida con la mayor firmeza posible y con eficacia.

La tercera vía de actuación podríamos describirla como consistente en aumentar el precio, hoy día tan bajo, que se paga por mentir.

Tal y como se puede deducir de lo que venimos exponiendo, es difícil evitar la producción de mentiras y su difusión pero sí se puede exigir responsabilidad a quienes las lleven a cabo, hacerles pagar por ello y, además, mejorar las capacidades para distinguir entre lo verdadero y lo falso, utilizando cuatro grandes tipos de instrumentos.

El más importante de ellos es la educación integral y la alfabetización mediática.

No hay mejor defensa contra la mentira que la formación, el aprendizaje del pensamiento crítico y la alfabetización que permita conocer el funcionamiento de los medios y las servidumbres de las nuevas plataformas, la socialización en valores ciudadanos y el cultivo de la reflexión, del debate en condiciones de igualdad y de la duda que es, como dijo Francis Bacon, la escuela de la verdad.

Otro instrumento fundamental es el desarrollo y la utilización de herramientas contra la desinformación que permiten detectar los mensajes fraudulentos, los bots maliciosos (programas automatizados que simulan comportamientos humanos); establecer baremos de puntuación de credibilidad; seguir los flujos de desinformación; verificar la información para denunciar la falsa; elaborar listas blancas con fuentes de información confiables y otras de no verificadas o denunciables… por poner tan solo algunos ejemplos. 

El tercero, la promoción del periodismo y de los medios independientes y plurales que son los que pueden tratar y proporcionar la información sin la esclavitud que supone estar al servicio o ser propiedad de los grandes grupos mediáticos, económicos, financieros o políticos.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el desequilibrio entre el poder de los diferentes sujetos del sistema de mediación social es tan grande que resultará imposible evitar que los más poderosos puedan producir y difundir desinformación sin que exista un poder regulador superior que, por definición, no puede ser sino el que cuente con la legitimación del sistema democrático.

Para reconocer y defender la verdad es imprescindible una regulación estricta, rigurosa, basada en el mejor conocimiento posible de cómo funciona la maquinaria de la mentira en nuestro tiempo, que facilite la persecución y sancione la falsedad sin ningún tipo de complejo, asumiendo que la verdad existe y que es imprescindible que esté protegida. Pero sin equivocarse sobre el mal que se quiere combatir ni confundir al responsable del daño que causa; es decir, sin producir más lesión a la democracia y la libertad de la que tratara de evitar, como sucede cuando se recurre a la censura o se culpabiliza a los aparatos y no a las personas que los utilizan para difundir la mentira. A quien hay que perseguir y penalizar es a quien produce desinformación y a quien, por cualquier vía, se beneficia de crearla o distribuirla.

Se trata, en fin, de respetar, por un lado, un principio elemental: los hechos son sagrados, las opiniones libres. Y, por otro lado, de algo que no se puede considerar ni muy exagerado, ni radical: simplemente, garantizar que se haga realidad un derecho reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución: el de “comunicar y recibir libremente información veraz”.

Por Emelina Fernández Soriano, Juan Torres López | 06/03/2021

Emelina Fernández Soriano es doctora en Comunicación Audiovisual y expresidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

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El viaje de Francisco a Irak: una jugada estratégica de alto riesgo

El viaje internacional número treinta y tres de Francisco que lo llevará hasta Irak pocos días antes de celebrar el octavo aniversario de su pontificado cumple múltiples objetivos, todos ellos enmarcados en la estrategia político religiosa de la máxima autoridad del catolicismo. Con su visita al país árabe Jorge Bergoglio le da continuidad a uno de los propósitos reiteradamente explicitados desde que asumió su responsabilidad como pontífice: contribuir con su mensaje, su presencia y hasta su testimonio personal a promover la paz aún en las situaciones más conflictivas. Por eso Francisco decidió en este caso no atender las recomendaciones de muchos de sus asesores que le aconsejaron no viajar a Irak porque el periplo representa un grave riesgo para su propia seguridad personal.

El viaje ya había sufrido una postergación por la pandemia. Ahora, pese a las advertencias sobre los peligros que entraña, pesó por encima de todo la convicción del Papa de que su presencia es importante en esa zona del mundo para dar su testimonio a favor de la paz y el diálogo entre las religiones.

También la situación de las minorías cristianas permanentemente acosadas en Irak acrecentaron las motivaciones de Francisco para emprender esta nueva peregrinación, como él mismo la denomina. El Papa quiso de esta manera expresar su solidaridad y acompañamiento a los cristianos perseguidos en aquel país por grupos islámicos radicalizados. Si bien los yihadistas atacaron mayoritariamente a los musulmanes, para comprender la dimensión del problema cristiano es necesario anotar que antes de la invasión estadounidense en 2003, la comunidad cristiana estaba formada por 1,2 millones personas. De ese total actualmente solo quedan aproximadamente trescientos mil cristianos, y la mayoría de esas comunidades han sufrido desplazamientos internos hacia la región autónoma del Kurdistán.

A las consideraciones anteriores hay que sumar además que dentro de los objetivos estratégicos de su pontificado Francisco apunta con firmeza al acercamiento entre las grandes religiones monoteístas y, en particular a la aproximación con el islamismo, convencido como está de que en un mundo atravesado por conflictos entrelazados y concatenados, las comunidades religiosas mayoritarias tienen que actuar de manera mancomunada para colaborar a la paz universal.

Hace poco más de dos años el Papa fue de visita a los Emiratos Árabes Unidos y firmó allí con el Imán Al-Azhar un importante documento "Sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia" donde ese propósito quedó plenamente de manifiesto.

Ahora, en el marco de la visita a Irak, el Papa se reunirá con la máxima autoridad chiíta, el gran ayatolá Alí al Sistani. En el mismo registro de la búsqueda de aproximación entre las grandes tradiciones religiosas históricas se inscribe la simbólica visita que Francisco hará ahora a la llanura de Ur, la tierra del profeta Abraham, padre de las tres religiones monoteístas.

Ampliando la mirada hacia el escenario mundial, no debería perderse de vista tampoco que el viaje de Francisco se produce poco tiempo después de la asunción de Joe Biden en la Casa Blanca, alguien con quien Bergoglio tiene mayor sintonía que con su antecesor. Francisco alimenta la esperanza de que la gestión del nuevo presidente estadounidense produzca cambios positivos en el conflictivo escenario mundial. Esto a pesar de que las señales que siguen llegando desde Washington no parecen modificar en mayor medida la política internacional belicista de los Estados Unidos.

Por ese motivo el mensaje a favor de la paz y en contra del belicismo como solución a las diferencias, también lleva como destino al principal habitante de la Casa Blanca.

Con su presencia en Irak el Papa quiere reforzar su advertencia sobre la gravedad de los conflictos que atraviesan a la humanidad y dar testimonio de su compromiso en favor de la paz, aún desoyendo las advertencias que alertan sobre el riesgo de su seguridad personal.

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Biden extiende decreto que considera a Venezuela una amenaza para la seguridad de EE. UU.

El presidente estadounidense, que mantiene las sanciones económicas decretadas por Donald Trump, ha ratificado este miércoles el decreto de Barack Obama de marzo del 2015 que considera a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La saga del intervencionismo de Trump continúa de la mano de Biden.

 

Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El 8 de marzo del 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que implementaba y ampliaba las sanciones que venían siendo aprobadas por el Congreso ya a finales de diciembre del 2014, declarando al mismo tiempo una “emergencia nacional” ante lo que consideraban el “riesgo extraordinario” que supondría la situación de Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.

En una carta al Congreso Biden manifiesta que “De acuerdo con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará en efecto más allá del 8 de marzo de 2021″.

La misiva del presidente continúa, “La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela.”

Una declaración de “emergencia nacional” y que un país constituya una amenaza para la seguridad nacional, es un instrumento que le permite al presidente estadounidense, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.

Todo el mundo sabe que un país del nivel de Venezuela, hundida en una de las mayores catástrofes económica y social, no constituye ninguna amenaza a la seguridad nacional de una de las potencias más importantes del mundo y con el mayor poderío militar del planeta. Que dicho sea de paso en estos momentos se encuentra en una agresión militar directa en Siria realizando la primera intervención militar de la era Biden.

Biden sigue con la política agresiva de Trump, gobierno durante el cual se vio una de las mayores injerencias contra Venezuela llegando incluso a usar la amenaza de una intervención militar en el país. Y su objetivo, con la extensión del decreto ejecutivo de Obama, no busca más que apuntalar a una oposición de derecha en la representación de Guaidó que desde hace ya tiempo, se encuentra en total debacle política y completamente dividida.

Esta extensión del decreto se da luego que el martes el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó que continúa considerando a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Todo esto a través de una videoconferencia entre Blinken y Guaidó.

Sabemos del cinismo y la hipocresía del imperialismo cuando habla de derechos humanos que no pasa de utilizarlo para sus objetivos injerencistas o justificar escaladas para su intervencionismo. Vemos cómo incluso en su propio territorio, en pleno siglo XXI, Biden mantiene los centros de detención para niños migrantes en EE. UU. que son verdaderos campos de concentración, para solo mencionar un ejemplo entre miles de otros.

Jamás les ha interesado la situación del pueblo trabajador de Venezuela, quien es el que sufre en carne propia la más grande violación a sus derechos por parte del Gobierno de Maduro, un régimen autoritario y cuasidictatorial que mantiene decenas de trabajadores presos por luchar además de condenarlos a una de las mayores calamidades con salarios mínimos que no llegan a un dólar mensual.

Basta una demostración para ello. Mientras el pueblo ya sufre una de las mayores penurias y sufrimientos por las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro, EE. UU. impone sanciones económicas imperialistas que solo llevan a agravar la situación agobiante. Y para ello no les tiembla el pulso.

Repudiar la política de injerencismo y agresión de Biden con la extensión de los decretos ejecutivos de Obama y la mantención de todas las sanciones económicas mantenidas por Donald Trump que siguen agravando los padecimientos del pueblo, es una cuestión fundamental. El enfrentamiento a Maduro y todas sus políticas autoritarias que violan los derechos democráticos más elementales del pueblo trabajador, no puede pasar por apoyarse en las políticas de la oposición de derecha, que no busca más que ataduras al imperialismo y políticas tan criminales contra los trabajadores como las de Maduro.

Redacción La Izquierda Diario Venezuela

Jueves 4 de marzo | 00:10

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