El (rápido) retorno del neoliberalismo y la deriva de Lenín Moreno

Mayo de 2017: después de una victoria estrecha frente a Guillermo Lasso, el nuevo presidente del Ecuador Lenin Moreno sucede a Rafael Correa luego de diez años de transformación del país a través de un proceso que se denominó Revolución Ciudadana. Los actores y los analistas políticos veían en el nuevo presidente la continuación de este proceso político, con algunos cambios de forma en la manera de hacer política (sobre todo con menos conflictividad discursiva), como lo anunciaba su lema de campaña “continuidad con cambios”. 

Marzo de 2019: después de menos de dos años en el poder, el nombre de la “Revolución Ciudadana” ha desaparecido de todos los soportes comunicacionales del gobierno; las tensiones aparecidas a partir de septiembre del 2017 hicieron explotar el partido ganador de las elecciones presidenciales y legislativas, Alianza PAIS; la consulta popular de febrero de 2018 permitió trastornar de manera radical la institucionalidad del país; y se instaló poco a poco un nuevo programa de gobierno que se puede calificar de neoliberal. Los cambios han sido muchos más profundos y radicales que lo previsto, sin ninguna continuidad con el proceso anterior. Más bien, las alianzas políticas se han rediseñado al mismo tiempo que se desacredita todo lo sucedido en la década pasada que, en el discurso de los voceros gubernamentales, es sinónimo de despilfarro de los fondos públicos, de corrupción o de ampliación de un Estado obeso para obedecer al autoritarismo de Rafael Correa.


Este giro político de Lenin Moreno acaba con una década de post-neoliberalismo para lanzar de nuevo el país en los devastadores brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la excusa de intentar resolver la fuerte crisis económica, responsabilidad, según ellos, del gobierno de Rafael Correa. Antes de analizar lo sucedido en el último año en Ecuador, es preciso volver sobre lo que es el neoliberalismo para entender mejor lo que está pasando.


1. ¿Qué es el neoliberalismo?


A pesar de que sus primeros experimentos políticos tuvieron lugar en el Chile de Pinochet, son los gobiernos de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, al inicio de los años 1980, que hicieron del neoliberalismo un modelo socio-económico a copiar en otros países. Sus bases teóricas se construyeron desde los años 1930 con el intelectual Fredrich von Hayek, alrededor de dos temas claves: la defensa del liberalismo político – principalmente la democracia representativa y el Estado de derecho – y la oposición a toda intervención del Estado en las actividades económicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo se impuso en todos los países centrales del capitalismo mundial lo que hizo que los neoliberales tuvieron que esperar su crisis en los años 1970 para surgir como una alternativa a este sistema. Para eso benefició de las redes que había tejido antes y que se articulaban alrededor de algunos think tanks [2] que se convirtieron en instancias privilegiadas del activismo político de los intelectuales neoliberales. Ahí podían influir directamente, a través de la lucha de ideas, en los campos económicos y políticos reuniéndose con otros académicos, ciertos políticos de derecha (principalmente del partido conservador en Reino Unido), editorialistas de medios de comunicación importantes y algunos grandes empresarios. Pero una cosa es establecer las condiciones intelectuales para crear opiniones, influir en la elite política, económica y mediática; otra es hacer de esta idea una fuerza política capaz de ser ejecutada en el campo político. Para lograr este objetivo, los think tanks neoliberales aprovecharon de una coyuntura favorable con la crisis del keynesianismo, el cuestionamiento de un modelo basado en una importante intervención del Estado y la crisis política que atravesaba Reino Unido y el partido conservador.


Una vez que este modelo llegó al poder con Thatcher y Reagan, se ha convertido progresivamente en hegemónico a nivel mundial. En sus cuarenta años de vigencia, ha evolucionado adaptándose a las crisis que el mismo genera: “ el neoliberalismo se nutre actualmente de las reacciones de hostilidad que suscita.” Al principio, se ejecutó en los campos económico y social con el apoyo de una cierta institucionalidad y de normas jurídicas para luego propagarse en los campos políticos, culturales, intelectuales, entre otros. Siguiendo a Gilles Christoph, concebimos el neoliberalismo como un “sistema complejo” es decir “un conjunto de elementos unidos por relaciones de interacción y de interdependencia, de las cuales emerge una estructura coherente, ordenada.” [3]


Para que este sistema pueda existir y ser coherente, el neoliberalismo necesita de la acción del Estado para crear las condiciones favorables a la expansión de la libre competencia – entre empresas pero también entre países para atraer las inversiones –, la libre circulación de los capitales, es decir someter a los países e individuos al orden económico. Se necesita de un Estado que legisle y adopte normas para que el derecho privado prima sobre lo público y los individuos, para disminuir el precio del trabajo y la carga tributaria para las empresas. También los Estados deciden someterse a instituciones internacionales que garantizan el funcionamiento del orden neoliberal como son la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la Unión Europea.


Se trata de una nueva “razón-mundo” [4] que se basa en la extensión de la lógica capitalista en todas las esferas de la sociedad y de la vida. Es parte de la evolución del capitalismo como nueva etapa de acumulación de capital que se esparce territorialmente en todos los rincones del mundo. Dentro de la historia del capitalismo, el neoliberalismo corresponde a su fase financiera, sucediendo al capitalismo mercantil y al industrial. Esta financiarización de la economía se acompaña de la globalización de los intercambios comerciales y de la mercantilización de todos los espacios. Un ejemplo de esto es el éxito recién del concepto de economía verde que, aprovechando de la crisis ambiental y del cambio climático, abre nuevas oportunidades y mercados para el capital, valorizando , entre otras cosas, la naturaleza para mercantilizarla.


El neoliberalismo es inseparable del productivismo y del consumismo que empezó a aparecer en los años 1950 en las sociedades occidentales pero también del individualismo de los años 1970. El ser humano ya no es visto como un ser social sino como un consumidor, lo que vuelven más borrosos los vínculos sociales, el sentimiento de pertenencia a una colectividad común. Las consecuencias en la vida en comunidad son importantes porque ese individualismo lleva a concentrarse en la esfera privada considerada como el núcleo base para la emancipación y el respeto de las libertades individuales. La desafección por la política es real y se expresa, entre otras cosas, por porcentajes cada vez más importantes de abstención electoral o por un alejamiento de los partidos políticos. La satisfacción de las necesidades y deseos individuales y la búsqueda de la realización personal son los principales objetivos de este individualismo para alcanzar la felicidad.


El sistema neoliberal se mantiene alimentándose de las diferentes crisis. Por ejemplo se pensaba que la crisis de 2008 iba a generar un cambio de orientación en las políticas públicas en el centro capitalista yendo hacia un post-neoliberalismo. Pero no fue así y asistimos más bien a una radicalización neoliberal reafirmando así que el neoliberalismo gobierna a través de las crisis: “La crisis se ha convertido en un verdadero modo de gobierno” [5] . Aunque tenga que tomar medidas contrarias a la mayoría de la población, la prioridad es salvar al capital y relanzar la economía.


2. La deriva neoliberal de Lenin Moreno


Fue con el argumento de afrontar la crisis económica que el presidente Lenin Moreno dejó de lado el programa con el cual ganó las elecciones presidenciales de 2017 para apropiarse las críticas y las soluciones de sus opositores durante estas elecciones. Si repite desde dos años que heredó de una crisis económica fuerte (“La mesa no estaba servida”), de un sobreendeudamiento público y de un Estado obeso que vivía por encima de las capacidades financieras del país, parece más bien que esta crisis ha sido inducida para facilitar la aceptación de las medidas de shock que está implementando para resolverla: austeridad presupuestaria, privatizaciones, disminución de los subsidios, eliminación de ciertos impuestos para las empresas, etc.


En los tres últimos años en el poder, el gobierno de Rafael Correa tuvo que afrontar una crisis económica que venía de cuatro componentes: la dependencia de la economía ecuatoriana a la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas (entre 2014 y 2016 el precio del petróleo pasó de cerca de 120 dólares a 20 dólares en sus niveles más bajos); la presencia de un dólar fuerte, lo que tiene consecuencia para sus exportaciones; la devaluación de las monedas de los países vecinos, Perú y Colombia, lo que disminuye la competitividad de sus productos; y las consecuencias económicas del terremoto de abril de 2016 evaluadas en alrededor del 3% del PIB. Además del pago de más de 1000 millones de dólares a la petrolera OXY por un arbitraje internacional a inicios de 2016.


Este periodo de crisis ha profundizado la polarización política y la frontera correismo/anti-correismo. Las manifestaciones de junio de 2015 , las más importantes que tuvo que afrontar la Revolución Ciudadana, mostraron el descontento de una parte de las clases medias, producto, en gran parte, de las políticas públicas de la Revolución Ciudadana pero muy sensibles a los discursos consumistas. Fue por eso que se movilizaron cuando se tomó la decisión de implementar salvaguardias (aranceles) para desincentivar ciertas importaciones y la consecuente salida de divisas. Durante los diez años de la Revolución Ciudadana, a pesar de la existencia de un cierto discurso hegemónico en cuanto a la apropiación de los derechos sociales, no hubo cambios profundos en lo que Gramsci llama el sentido común [6] a partir del cual se construye formas específicas de subjetividad: no se ha desarrollado una contra-hegemonía cultural al neoliberalismo [7] . Además no ha sido posible tampoco luchar contra un discurso anti-impuestos muy vinculado con un discurso anti-Estado, herencia de los años neoliberales pre-Revolución Ciudadana.


Así la base cultural del neoliberalismo seguía presente cuando llegó Moreno al poder. El rol de los medios de comunicación es fundamental para alimentar este sentido común neoliberal. Los medios privados han actuado como actores políticos y han sido uno de los principales opositores de la Revolución Ciudadana. No es una casualidad que ahora se han convertido en una caja de resonancia del gobierno de Moreno, medios privados y públicos apoyando al unísono el cambio de rumbo de la política gubernamental. Ellos son parte del bloque de poder actual sobre el cual se apoya el gobierno de Lenin Moreno y que está conformado por cuatro otros sectores cuyo denominador común es el anti-correismo. Es necesario precisar el rol de los diferentes actores y sus alianzas porque el neoliberalismo debe analizarse también como un conjunto de relaciones de poder que someten la sociedad a la lógica de acumulación del capital.


El primer sector del bloque de poder lo constituyen las cámaras de la producción (comercio, industria) que habían perdido el poder de decidir sobre la política económica durante la década anterior. Su mayor representante dentro del gobierno es el ministro de Economía y finanzas Richard Martínez que hizo toda su carrera profesional dentro de las cámaras empezando como técnico para llegar a ser, desde 2015, Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. El segundo sector es la derecha encabezada por el Partido Social Cristiano cuyo líder es el actual Alcalde (saliente) de Guayaquil, Jaime Nebot el cual se proyecta como uno de los principales presidenciables para las elecciones de 2021. El PSC es el principal aliado del oficialismo en la Asamblea nacional y participa en la repartición de las diferentes instituciones públicas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. En este CPCCS transitorio cuyas conformación y misiones vienen de la Consulta Popular de febrero de 2018 , confluye otro sector que participa del bloque de poder: las organizaciones políticas, sociales y sindicales de izquierda que se oponían al gobierno de Correa. Ahí están presentes algunos socialistas liderados por el ex rector de la Universidad Andina Enrique Ayala Mora o el movimiento indígena alrededor de la CONAIE, cuyas demandas particulares han sido satisfechas, como el retorno de la autonomía de la educación intercultural bilingüe o la reapertura de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi . La CONAIE participa también en la repartición de las instituciones estatales, ya que la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral es dirigente de esta organización. Finalmente, el último sector está representado por la alta sociedad civil simbolizada por el ongismo y el poder importante de representantes del pequeño movimiento político Ruptura de los 25 (como el Secretario particular de la Presidencia Juan Fernando Roldan y la Ministra del Interior y también Secretaria de la Política María Paula Romo).


Paradójicamente este bloque de poder es muy cercano a la alianza electoral que se forjó durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 en apoyo a Guillermo Lasso para confrontar a Lenin Moreno, en ese entonces candidato de la Revolución Ciudadana. Con la gran diferencia que Lasso se queda como opositor al gobierno actual, dejando el espacio a Nebot. Se trata del remplazo de la estructuración política tradicional alrededor del eje izquierda/derecha por un “neoliberalismo progresista” en el cual algunos nuevos movimientos sociales se alían con los poderes económicos y financieros, en este caso para poner fin al correismo (durante las elecciones) y con el objetivo de “descorreizar” las instituciones públicas a través, por ejemplo, del CPCCS de transición.


Este bloque de poder legitima las reformas económicas neoliberales implementadas por los sectores empresariales que están representados directamente en el gobierno, generando así conflictos de intereses en su sector. Laval y Dardot hablan de la “esencia oligárquica de la “gobernanza neoliberal” […] un modo hibrido de ejercicio del poder que se sostiene a la vez en el gobierno de unos pocos o de la elite, en el sentido de una expertocracia, y en un gobierno para los ricos, en el sentido de su finalidad social.” [8] Además del ministro Martínez, los casos más emblemáticos son los ministros de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez quien está vinculado al sector petrolero internacional como Halliburton; de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo quien viene del sector bananero; del Ambiente, Marcelo Mata, abogado especializado en licencias ambientales para Petroecuador; de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, quien fue director de varias concesionarias fluviales y viales en Ecuador y en otros países y cuya familia tiene una de las principales empresas de construcción a nivel nacional ( Hidalgo & Hidalgo S.A. ); de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Guillermo León Santacruz, un empresario del sector de informática y telecomunicación; de Producción, Comercio Exterior , Inversiones y Pesca, Pablo Campana, quien tiene una larga trayectoria en el sector empresarial, principalmente en uno de los grupos económicos más grande del país, el grupo Nobis de su suegra Isabel Noboa.


Este último influyó en la Ley de Fomento Productivo para eliminar el impuesto a la salida de divisas (fundamental en una economía sin moneda propia) para las nuevas inversiones, y ha estado atrás de los procesos para la firma de tratados de libre comercio con EEUU y Canadá, así como de retomar la firma de tratados bilaterales de inversión (TBI). El objetivo de los grandes grupos económicos es la eliminación de este impuesto bajo el discurso de incentivar la inversión extranjera. En la lógica neoliberal, n o se puede controlar el capital, ni poner impuestos al capital. Más bien hay que protegerlo y atraerlo con subsidios y otras exoneraciones. Es esta lógica que constituye el espíritu de la Ley de Fomento Productivo , además de poner obstáculos para que el Estado tenga un rol activo en la economía.


Las reformas económicas están acompañadas por una política de austeridad que busca la eliminación de ministerios y secretarias de Estado así como la disminución del número de servidores públicos bajo el argumento de eficiencia y de acabar con la “obesidad” del Estado, sin precisar cuál sería su tamaño ideal. Es con el mismo argumento que se quiere concesionar la administración de ciertas empresas públicas (un tipo de privatización), principalmente las vinculadas con el sector de telecomunicación y de hidroelectricidad que son las más rentables. El mercado sería más eficiente para la administración de estas empresas y el lenguaje empresarial domina los discursos gubernamentales. Esta reforma del Estado está cobijada en e l discurso de la lucha contra la corrupción, la cual se aplica solo a los servidores públicos, y no a los actores privados, para desgastar lo público y legitimar el debilitamiento del Estado.


Otra política de austeridad que se está implementando es la de bajar los sueldos en la función pública, lo que tendrá consecuencia también sobre el nivel de los sueldos en el sector privado. Si se añade a esta acción la desvinculación laboral de decenas de miles de funcionarios, estos estarán listos a cobrar un sueldo menor para encontrar un nuevo trabajo. La política de bajos sueldos está reclamada por los sectores empresariales bajo el argumento de bajar los costos de producción de las mercancías ecuatorianas y así poder competir en los mercados internacionales, ya que Ecuador tiene uno de los sueldos básicos más altos de América Latina. El próximo objetivo anunciado por el gobierno es la flexibilización del mercado laboral con cambios en el Código laboral.


Todas estas reformas neoliberales se han efectuado para preparar la llegada de la ayuda financiera del FMI. A principio de marzo, en medio de la campaña para las elecciones locales, en las cuales, oficialmente, el gobierno no participó, se firmó el Acuerdo con el FMI. Al momento de escribir este artículo, todavía no se conoce los alcances de este acuerdo que, con el apoyo de otros organismos internacionales, llegaría a prestar al Ecuador unos 10 000 millones de dólares. Se dio a conocer unas reformas legislativas en las cuales se afirma la prevalencia del mercado y de la libre competencia en contra del modelo anterior centrado en la acción del Estado como motor de la economía. El programa político está orientado en el cuidado de los grandes equilibrios macroeconómicos como el fin del déficit comercial, la reducción de la deuda del Estado y del déficit público. Otros señales tienen que ver con la disminución de los subsidios a la gasolina súper y extra, las próximas concesiones de la gestión de los bienes públicos al sector privado, la voluntad de flexibilizar el mercado laboral, etc.

A pesar de decir constantemente lo contrario, en ningún país del mundo se ha podido combinar neoliberalismo y protección social. Hay que temer consecuencias negativas para la sociedad ecuatoriana, entre éstas el aumento de la desigualdad social y de la pobreza. La pregunta que queda por hacer: ¿cuál será la capacidad de resistencia social frente al deterioro social que ocurrirá con estas medidas? El ambiente de polarización política correismo/anti-correismo no ayuda en este panorama porque divide las fuerzas populares y favorece al bloque de poder. La etapa que se abrirá luego de las elecciones locales que tuvieron lugar el 24 de marzo nos dará primeras respuestas.

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El autor es Candidato al doctorado en ciencia política de la Universidad de Paris 7.
[2] Los cuatro principales think tank neoliberales en los años 1970 eran la Sociedad Mont Pelerin, el Institute of Economics Affairs, el Centre For Policy Studies y el Adam Smith Institute. Además de ser co-fundadores del primero, Hayek y Friedman tuvieron roles muy importantes en todos estos organismos. Ver Dixon Keith, 1998, Les évangélistes du marché, Paris, Raisons d’Agir Editions.
[3] Christoph, Gilles, 2010, “Le néolibéralisme: un essai de définition”, en Espiet-Kilty, Raphaële (dir.), Libéralisme(s) ?, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 82.
[4] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2009, La Nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte.
[5] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, p. 32.
[6] Gramsci, Antonio, 2015, Cartas desde la cárcel, Buenos Aires, Editorial Losada.
[7] La inclusión del concepto del Buen Vivir en la Constitución hubiera podido disputar la hegemonía del sentido común neoliberal.
[8] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, p. 24.

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Miércoles, 10 Abril 2019 05:53

La fallida estrategia de EE.UU. en Venezuela

La fallida estrategia de EE.UU. en Venezuela

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se quebró y Juan Guaidó no logró manejar los hilos del poder. Tampoco funcionó la amenaza de una intervención.

El asalto debía ser corto, el gobierno de Maduro no estaba en condiciones de resistir. Sobre esa certeza Estados Unidos (EE.UU.) desencadenó una estrategia para derrocarlo: construyó a Juan Guaidó como presidente 2.0, lo dotó de una ficción de gobierno, un reconocimiento internacional, una narrativa articulada entre medios de comunicación, un aceleramiento de sanciones económicas en diferentes niveles. A partir de la superposición de las variables debían darse los diferentes resultados, hasta llegar a la negociación forzada o la salida.


El curso de los acontecimientos no fue como aparecía en el papel. El primero y principal fue el quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), un elemento medular que debía suceder y no lograron. Para eso fueron descargadas una serie de tácticas, desde la conspiración interna con apoyo de dólares, visas, y garantías, hasta la estrategia de la amenaza latente de posible intervención por parte de EE.UU. Una combinación de bluff, es decir de pistola descargada apuntada de frente, con fechas de condensación para intentar el quiebre, como lo fue el 23 de febrero.


El segundo acontecimiento que debía darse, de menor capacidad de definición en el objetivo, era el apoyo masivo de Guaidó en las calles. Su discurso afirma que el 90% de la población lo apoya. Las imágenes de su capacidad de movilización muestran que el primer impulso del 23 de enero –día de su autonombramiento reconocido por un twitt de Donald Trump– perdió fuerza. Una de las razones principales está en la crisis de expectativas producto de que la promesa de desenlace inmediato no se dio. Otra es que se trató de una construcción artificial, mediática, diplomática, que no logró convocar más allá de la histórica base social de la derecha, marcada por el corte de clase, geográfico, de condiciones materiales de vida, de idiosincrasia, e imaginarios. La oposición se parece demasiado a sí misma.


El tercer punto fue el intento de volcar a los sectores populares a las calles, para lo cual los apagones y su consecuente faltante de agua eran el escenario provocado más favorable. El resultado tampoco fue el esperado: la imagen extendida fue la de una mayoría en busca de resolver los problemas, de forma individual, colectiva, articulada al gobierno. Las protestas, impulsadas en su casi totalidad por la derecha, fueron pequeñas y sin capacidad de irradiación.


Cada una de esas variables tiene puntos de retroalimentación. La crisis de expectativas se debe, por ejemplo, a la constatación de que la Fanb no se ha quebrado, que Guaidó habla de una inmediatez que no sucede, y de la conclusión que al no darse ninguno de los tres resultados, entonces solo queda pedir por la intervención internacional encabezada por Estados Unidos. Esa misma narrativa intervencionista aleja a su vez a quienes podrían ver en la propuesta de Guaidó una alternativa a la situación actual, política y económica. Convocar a las mayorías para lograr una acción de fuerza internacional se topa con evidentes barreras.


El derrocamiento de Maduro no parece posible en la relación de fuerzas nacionales. Ha demostrado que el asalto no será corto, y que el chavismo, que es más que un gobierno, está en condiciones de resistir. De ser un asunto nacional, Guaidó perdería fuerza hasta entrar en la lista de dirigentes de la oposición marcados por el peso de la derrota. El problema es que este nuevo intento de golpe de Estado se armó sobre un punto de no retorno: una construcción de EE.UU. de una fachada de gobierno paralelo, reconocido luego por la Unión Europea, Gran Bretaña, Israel, Canadá, gobiernos de derecha de América Latina. ¿Qué hacer con Guaidó si el plan no da resultados producto del error de cálculo inicial?


La pregunta es por EEUU, su actual administración en la combinación Donald Trump-neoconservadores, y lo que se denomina el Estado profundo, es decir las estructuras de poder real, invisibles, que constituyen y garantizan el desarrollo estratégico de EE.UU. en la disputa geopolítica. Una derrota en Venezuela sería atribuida a la administración, en un período pre electoral, y sería doble: la permanencia de Maduro, es decir la incapacidad de alinear el punto clave del continente latinoamericano, como su implicancia en el cuadro internacional.
Esto último ha tomado particular fuerza en los últimos días, en voz y tuits de diferentes voceros norteamericanos, como Elliot Abrams, encargado especial para Venezuela, Mike Pompeo, secretario de Estado, John Bolton, consejero de seguridad nacional, y Craig Faller, jefe del Comando Sur. Sus diferentes declaraciones han conformado una narrativa que sitúa a Venezuela como base de operaciones de Rusia, Irán, Cuba y China, y al gobierno de Maduro como subordinado a cada uno de esos gobiernos y sus respectivos servicios de inteligencia, militares, en particular de los tres primeros.


Sobre esa construcción de escenario EE.UU. ha anunciado los próximos pasos. Pompeo irá a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, Abrams a España y Portugal, y han convocado a la tercera reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la cuestión Venezuela. Todavía no han anunciado los objetivos para cada uno de los movimientos, aunque es posible prever que existirá una dimensión privada y una pública de los acuerdos. Sobre la segunda podría ser avanzar en lo que parece un objetivo de EE.UU.: declarar al gobierno de Venezuela como organización transnacional del crimen, y calificar a los “colectivos” –una forma de organización popular del chavismo– como grupos terroristas, que, afirmó Bolton, “socavan la Constitución y la integridad territorial de Venezuela”. De cada elemento se desprenden nuevas posibles acciones.


Ese aumento de presiones, bloqueos, aislamientos, no plantea aún, más allá del repetido “todas las opciones están sobre la mesa”, la posibilidad de la intervención militar. El mismo Abrams volvió a alejar esa hipótesis el pasado jueves. ¿Cómo piensan entonces escalar para lograr el desenlace con la combinación de estas acciones? EE.UU. necesita definir vías, capacidades de operaciones en el territorio, acuerdos internos y diplomáticas. Sobre esto último la posición de la Unión Europea, en voz de Federica Mogherini, mantiene que se debe “preparar el terreno para que se celebren elecciones presidenciales libres y transparentes lo más pronto posible”.


¿Estaría dispuesto EE.UU. a un desenlace negociado con posible permanencia de Maduro? Por el momento no lo parecen, así como tampoco a una derrota en Venezuela, que sería, como ya lo han explicitado, geopolítica. Mañana será la reunión del Consejo de Seguridad convocada para abordar este punto. La derecha por su parte llamó a movilizaciones. El cuadro sigue en movimiento.

 

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Trump contra el cuerpo militar de elite iraní

La medida contra la Guardia Revolucionaria se suma a las demás sanciones impuestas por Washington a Teherán después de salirse del acuerdo nuclear.

 

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, incluyó ayer al cuerpo militar de élite de Irán, los Guardianes de la Revolución Islámica, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Es la primera vez Washington toma esa drástica medida contra los militares de otro país. Frente a la decisión estadounidense, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán designó, por su parte, como grupo terrorista a las tropas de Estados Unidos desplegadas en la región de Medio Oriente.


“Este paso sin precedentes, dirigido por el Departamento de Estado, reconoce la realidad de que Irán no solo es un Estado patrocinador del terrorismo, sino también que la Guardia Revolucionaria, participa, financia y promueve el terrorismo como una herramienta estatal”, dijo Trump en un comunicado. El mandatario reconoció que su decisión marca la primera vez que Estados Unidos ha declarado como grupo terrorista extranjero a una parte de otro gobierno, pero consideró que las acciones de Teherán son fundamentalmente diferentes a las de otros gobiernos. “Esta acción deja claros los riesgos de hacer negocios con la Guardia Revolucionaria–como también se la conoce– o de proporcionarle apoyo. Si usted está haciendo negocios con ellos, usted está dando fondos al terrorismo”, sentenció Trump.


El grupo Guardianes de la Revolución Islámica se formó en Irán después de la revolución de 1979 con la misión de defender el régimen clerical, en contraste con las unidades militares más tradicionales que protegen las fronteras, y acumuló un fuerte poder, incluso controla amplios sectores económicos del país.


Con esta calificación, Washington puede actuar judicialmente contra individuos o empresas que presten apoyo material a la Guardia Revolucionaria o a sus socios por violación de sanciones. En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto sanciones a decenas de entidades e individuos afiliados a los Guardianes, pero nunca había castigado directamente a ese cuerpo militar, un paso que derivará en restricciones de viaje y posibles cargos criminales para quienes colaboren con la organización. La inclusión de los Guardianes de la Revolución en la lista de grupos terrorista está destinada a golpear el corazón de la estructura de poder del gobierno iraní.


En declaraciones a periodistas luego del anuncio de Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, advirtió a todos los bancos extranjeros sobre las consecuencias de tener lazos con la Guardia Revolucionaria. “Las empresas y los bancos de todo el mundo ahora tienen claro el deber de garantizar que las compañías con las que realizan transacciones financieras no estén vinculadas de ninguna manera con los Guardianes de la Revolución”, dijo el secretario de Estado.


La decisión es fruto de un agitado debate en el gobierno de Trump, donde algunos funcionarios en el Pentágono y la CIA advirtieron que esa medida podría llevar a represalias contra las tropas estadounidenses en Medio Oriente, según el diario The Wall Street Journal.


Otra de las posibles consecuencias que preocupa a oficiales del Ejército y a los servicios de inteligencia es que esta calificación podría traer complicaciones diplomáticas. Militares o diplomáticos estadounidenses podrían ser impedidos de contactarse con autoridades iraquíes o libanesas que interactúen con la Guardia Revolucionaria, explicó el diario español El País.

La designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, que entrará en vigor el 16 de abril, se suma a las demás sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán después de que Trump decidiera salirse del acuerdo nuclear.


Frente al anuncio estadounidense, Irán no tardó en responder. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní calificó a Estados Unidos como país que patrocina al terrorismo y a las fuerzas estadounidenses en la región como grupos terroristas. En un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, se indicó que la declaración es en respuesta al “ilegal y delirante acto” de Estados Unidos. Además, una declaración firmada por una mayoría de legisladores en apoyo del proyecto de ley dijo que cualquier acción contra la seguridad nacional de Irán y sus fuerzas armadas significaba cruzar una línea roja y que la administración estadounidense lamentaría su decisión.


La medida se produjo en la víspera de las elecciones israelíes (ver aparte), donde el aliado cercano de Trump, Benjamin Netanyahu, que gobernó el país durante más de 13 años, aspira a un quinto mandato amenazado por su rival, el general Benny Gantz, un novato en política.


“Gracias, mi querido amigo, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber decidido declarar a los Guardianes de la Revolución de Irán como una organización terrorista”, dijo Netanyahu en un comunicado emitido minutos después del anuncio de la Casa Blanca. “Gracias por responder a otra importante solicitud mía, que sirve a los intereses de nuestros países y de países de la región”, expresó.


Esta medida de Trump se suma a otros gestos de apoyo a Israel y el gobierno de Netanyahu. El mes pasado reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria en 1967 y se anexó en 1981.

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La India destruye un satélite propio y causa un incidente internacional

La NASA se queja del incremento de basura espacial que puede dañar la Estación Internacional



Sobre el sector espacial se podría decir que para los pioneros no hay nada peor que los imitadores, pero también que en cualquier momento el espacio se puede convertir en un escenario bélico peligroso para todos en vez de un lugar común protegido. Las fuerzas armadas de la India destruyeron el pasado 27 de marzo un pequeño satélite propio recién lanzado, cuyo supuesto objetivo era el espionaje. Lo hicieron para demostrar que el país puede defenderse de ataques a sus activos espaciales, según recalcó el primer ministro indio Narendra Modi en un mensaje especial televisado.


El éxito del simulacro de ataque, a 300 kilómetros de altura, provocó que numerosos fragmentos del satélite pasaran a formar parte de la nube de basura espacial que rodea la Tierra. La NASA puso el grito en el cielo, y nunca mejor dicho. "Lo que ha hecho la India es algo horrible", aseguró James Bridenstine, su director. "Son actividades incompatibles con el futuro de las misiones tripuladas".


La agencia espacial estadounidense ya tiene estimados 400 fragmentos del satélite y localizados 64 de gran tamaño, de los cuales 20 están por encima de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS), que alcanza los 410 kilómetros de altura máxima. Esto supuso un incremento notable del riesgo existente para la base espacial, que está continuamente habitada, asegura la NASA.


El Gobierno indio dijo que la inmensa mayoría de los fragmentos, al estar en órbita baja, caerá en las próximas semanas, quemándose en la atmósfera sin mayores efectos. Un especialista indio señaló, por su parte, que la maniobra no sirve para demostrar nada, porque los chinos podrían ya destruir cualquier satélite indio mientras que esto no se cumple a la inversa.


Este escenario de lenguaje prebélico, sin una razón inmediata aparente, indica la fragilidad de la situación en el espacio, falto de un marco legal suficiente. La India reconoció esta vez que quería sumarse al selecto club de países que han demostrado sus armas antisatélites, o sea imitar a Rusia, Estados Unidos y China. Este país realizó una maniobra similar, en 2007, causando igualmente una nube de basura espacial nueva. Estados Unidos hizo lo mismo en 2008, con la excusa de que un satélite que terminaría cayendo a la Tierra portaba combustible tóxico.


El hecho es que Estados Unidos y sus socios (Rusia, Canadá, la Unión Europea y Japón) no pidieron permiso a nadie para poner en órbita su Estación Espacial, ahora amenazada por sus imitadores. También sucede que el programa espacial chino está reproduciendo los de estadounidenses y rusos de hace casi cincuenta años, con un fuerte componente de orgullo nacional, y además es el mayor contribuyente a la basura espacial. Pero cuando se quejó Bridenstine de la acción india, acababa de anunciar que intentan que vuelvan astronautas de Estados Unidos a la Luna para 2024. La razón principal es, una vez más, política, porque así lo quiere el presidente Trump.


De los 23.000 elementos de basura espacial de más de 10 centímetros, en órbita baja, que rastrean las principales potencias espaciales, casi un tercio se atribuye a la maniobra china de 2007 y al choque de un satélite ruso y otro estadounidense en 2009. Los militares estadounidenses se quejan de que su capacidad de rastreo y de aviso del peligro, considerada la mejor del mundo, es solicitada, y obtenida gratis, por los mismos que producen intencionadamente basura espacial. De hecho, todos los países con actividades espaciales han puesto en peligro a los habitantes de la Tierra alguna vez, en especial cuando se han producido reentradas de naves o etapas de cohetes grandes, por accidente o no, aunque el riesgo sea muy pequeño.


La Agencia Espacial Europea (ESA) hizo el año pasado un repaso sistemático del exterior de su módulo laboratorio Columbus, que forma parte de la ISS, en busca de desperfectos, causados por los micrometeoritos naturales y la basura espacial, que pudieran poner en peligro la base. Se encontraron varios centenares de pequeñas marcas de impacto, aunque sin consecuencias. En la NASA, los especialistas rastrean todos los trozos errantes considerados peligrosos para la ISS y la desplazan cuando es necesario para evitarlos.
En el caso de la destrucción del satélite indio, un día después de la declaración del director de la NASA el Departamento de Estado de Estados Unidos se apresuró a limar asperezas con la India, aduciendo su condición de aliado estratégico con el que seguirán cooperando. Las cosas no parecen que vayan a cambiar mucho por ahora en el gran escenario espacial, aunque se esté jugando con fuego, al menos mientras no se produzca un accidente grave.

Lunes, 08 Abril 2019 06:33

Inaguantable

Inaguantable

La noticia empezó a circular la noche del viernes, cuando el régimen de Trump presentó ante un tribunal en San Diego su propuesta para cumplir con una orden judicial donde indica que calcula tardar entre uno y dos años para encontrar y empezar a reunificar a miles de niños que el gobierno separó por la fuerza de sus padres y familiares. Tardará todo ese tiempo porque ahorita no sabe dónde están miles de esos menores.

Fue hace justo un año cuando oficialmente se implementó la política de "cero tolerancia", anunciada por el entonces procurador general Jeff Sessions. El régimen de Trump argumentó que la ley los obligaba a separar familias. Pero no existe tal ley. Fue una decisión política de impulsar una medida para arrestar a casi todo inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera, acompañado o no por niños. Como el Departamento de Justicia no puede procesar penalmente a menores de edad junto con sus padres, éstos fueron separados; así, los adultos fueron internados en centros de detención y los niños clasificados como menores no acompañados colocados en centros y albergues operados por contrato con el Departamento de Salud y posteriormente muchos fueron entregados a familiares o, bueno, no se sabe exactamente. Casi 2 mil menores de edad fueron separados en sólo un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 2018, según cifras oficiales.

Ante una ola de protesta cada vez mayor de diversos sectores, incluidos algunos conservadores, junto con asociaciones nacionales de pediatras y sicólogos, entre otros, Trump y su gente buscaron distanciarse de la política que ellos mismos impulsaron; primero, el presidente insiste en que sólo estaba cumpliendo con leyes "horribles" promulgadas por demócratas (falso) y segundo, asegura: "odio que los niños sean llevados a otro lugar". Su secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen (quien este domingo presentó su renuncia después de múltiples críticas del presidente de ser demasiado "débil" para controlar la migración), declaró sin ninguna vergüenza: "no tenemos una política de separar familias en la frontera. Punto". Pocos días después su jefe se vio obligado, ante la ola de condenas, a suspender esa misma política que supuestamente no existía; cinco días más tarde un juez federal ordenó el fin de esa política.

Una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) culminó con una orden judicial federal para que el régimen reunificara a los 2 mil 737 niños que fueron separados de sus padres.

Pero resulta que son muchos, potencialmente miles, de niños más. Con la propuesta presentada ante el tribunal el pasado viernes, el régimen, en efecto, confesó que no sabe cuántas familias separó, y agregó que por ello podría necesitar entre 12 y 24 meses para identificar a "todos", al revisar unos 47 mil casos de "menores no acompañados" que estaban bajo custodia del gobierno en algún momento entre julio de 2017 y junio de 2018. El mes pasado, el inspector general del Departamento de Salud informó que hay muchos más casos de niños separados de los que anteriormente se han registrado, y que no tenían ni un cálculo sobre cuántos son.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU encargado del caso, criticó la propuesta al afirmar que "el gobierno fue capaz de juntar rápidamente los recursos para arrancar a estos niños de sus padres y ahora necesitan reunir los recursos para reparar el daño".

Ni un solo gobierno de los países donde nacen, crecen y viajan estos niños se ha atrevido a denunciar todo esto, mucho menos a pedir que el régimen estadunidense rinda cuentas. Todos vieron las imágenes de pequeños en jaulas, todos pudieron escuchar los gritos y el llanto de los menores arrancados de los brazos de sus padres, todos podían leer los testimonios de víctimas, de madres y padres enloquecidos por saber dónde estaban sus hijos, de reportes sobre el trauma tal vez permanente que esto les ha ocasionado.

Es inaguantable, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué nos pasa?

"El carácter verdadero de una sociedad es revelado en cómo trata a sus niños": Nelson Mandela, 1997.

 

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Un hombre usa un puntero para explicar el mapa de la nueva capital egipcia. - MOHAMED EL-SHAHED / AFP


La ciudad promete convertirse en la primera urbe inteligente del país, y de momento sólo está previsto que se trasladen hasta allí los sectores más elitistas de la sociedad.


Abandonando El Cairo por una de las carreteras que conducen hacia la ciudad costera de Ain Sokhna, en el Mar Rojo, un puesto de control despunta en solitario a medio camino. Enfrente, un aburrido grupo de jóvenes uniformados custodia lo que parece ser solo el vasto y vacío desierto que se abre paso detrás de ellos.


A escasos kilómetros de la caserna, algunos edificios monumentales se empiezan a erigir en el páramo sin aparente coherencia. A simple vista podrían parecer un espejismo, pero los carteles que se alzan junto al asfalto les delatan. Las obras son parte del proyecto más avaricioso del régimen del ex jefe del Ejército y actual presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi: una nueva capital de 714 kilómetros cuadrados construida desde cero en el desierto, a unos 35 kilómetros al este de El Cairo y a unos 60 de la ciudad de Suez.


Fue durante una conferencia económica celebrada en Egipto a mediados de marzo de 2015 cuando saltó la noticia. Sin ningún tipo de consulta previa, el entonces ministro de Vivienda y actual primer ministro del país, Mostafá Madbuly, hizo pública la decisión del gobierno de construir una nueva ciudad que sustituiría El Cairo como capital del país.


Esquivando la espontaneidad que da forma y carácter a los barrios de ciudades como El Cairo, la futura capital de Egipto estará dividida en distritos temáticos que prometen convertirla en una urbe tan funcional como controlable. Haciendo las delicias del régimen, el espacio para la improvisación urbana, muy común en El Cairo, va a ser nulo.


Por si el proyecto base no fuese suficientemente ambicioso, las autoridades anticipan que la nueva capital será la primera ciudad 2.0 del país. El control inteligente del tráfico, las casas inteligentes o la gestión inteligente de recursos son algunas de las promesas de sus responsables, que aseguran que también habrá cámaras de vigilancia por toda la urbe.


Debido a la gran superficie reservada para el proyecto, todos los esfuerzos se concentran ahora en la primera fase de un total de tres. Estos 168 kilómetros cuadrados iniciales, sin embargo, se convertirán en el corazón de la ciudad, albergando los grandes centros de poder político y económico, y tendrán un coste de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.
Será también en esta primera fase donde se encontrarán algunos de los sueños más megalómanos del régimen, como la mezquita con más capacidad de Egipto y la catedral más grande de Oriente Medio, ambas ya construidas. Y totalmente vacías. Asimismo, la futura capital debería contar con la mayor ópera de Oriente Medio, la torre más alta de África, o una zona verde dos veces más extensa que el Central Park de Nueva York, que atravesará el centro de la ciudad imitando el paso del río Nilo por El Cairo.


Este multimillonario plan se está construyendo, según la versión oficial, con el dinero obtenido a través de la venta anticipada del terreno, y los responsables insisten en que no reciben fondos de las arcas del Estado y que el Ejército se limita a supervisar su ejecución. En la práctica, no obstante, ambas cuestiones resultan hasta cierto punto un enigma.


En este sentido, el Ministerio de Vivienda posee el 49% de la empresa encargada de desarrollar la urbe, y el Gobierno asume el coste de, al menos, el distrito gubernamental. Por otro lado, las filas castrenses ostentan el otro 51% de la compañía, son las promotoras de algunas partes de la ciudad y, aunque no construyen nada, es difícil pensar que su imperio económico no se beneficia indirectamente de unas obras tan gigantescas.


Lo que tampoco está claro a estas alturas es el calendario, puesto que en los últimos meses los responsables de las obras han pasado de señalar el año 2021 como fecha para finalizar la primera fase del proyecto a apuntar hacia 2024. Aun así, la presión que cargan sobre los hombros los cerca de 200.000 trabajadores que se desplazan cada día hasta el lugar es importante, puesto que las autoridades quieren trasladar allí cuanto antes el Parlamento, los ministerios y la Presidencia.
La capital de la élite


La principal razón argüida por las autoridades para justificar la nueva ciudad es que El Cairo es un caso perdido y que una nueva capital permitiría evitar los errores cometidos allí y al mismo tiempo ayudaría a descongestionarla. “Necesitamos urgentemente la nueva capital”, asegura El Husseiny, portavoz de la Nueva Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano (ACUD), la empresa a cargo del proyecto. “El Cairo está superpoblada, hay mucho tráfico y la infraestructura ya no es útil para sus ciudadanos”, agrega el militar, en un intento de justificar las obras.


Para lograrlo, los planes de la nueva ciudad pasan por albergar, cuando se haya terminado, un total de seis millones y medio de habitantes y 1.750.000 empleos. La viabilidad de estas cifras, no obstante, resulta muy cuestionable, y en cualquier caso insuficientes.


Egipto cuenta con un largo historial de nuevas ciudades, especialmente diseñadas en la órbita de El Cairo, que se han ideado para descongestionar la capital y han acabado no solo fracasando estrepitosamente en el intento sino centralizando aún más el país. En este sentido, las ocho nuevas urbes ideadas alrededor de El Cairo desde los años setenta aspiraban acoger 16 millones de habitantes y ahora apenas alojan un 8% de ese objetivo.


La nueva capital no parece que vaya a ser una excepción, ya que por ahora no se sabe ni cuándo se construirán sus dos siguientes fases, donde está previsto que se concentren la mayoría de los barrios residenciales, y hay quien teme que esas obras nunca arrancarán. Además, en la primera fase del proyecto no habrá vivienda social, lo que reduce el espectro de potenciales residentes a las clases altas del país.


Incluso en un escenario en el que se cumplen los números prometidos inicialmente para la nueva ciudad, ésta sería incapaz de aliviar la presión sobre El Cairo. Así, en los próximos diez años, está previsto que el Gran Cairo crezca en cinco millones de habitantes y que 1.680.000 jóvenes entren en la edad de trabajar, de modo que la nueva urbe apenas sería capaz de absorber ese incremento cuando aún le faltarían muchos años para terminar completamente las obras.


“Necesitamos otra ciudad importante, sea o no capital, pero ya existen ciudades que tienen la infraestructura y el potencial para convertirse en un centro importante, alejado de El Cairo y que permita descentralizar, disminuir su población y empezar a tener cierta migración hacia [allí]”, observa un arquitecto de El Cairo en condición de anonimato.


Por estos motivos, muchos egipcios consideran que el principal objetivo del régimen con la nueva capital es alejarse de Gran Cairo, donde viven unas 24 millones de personas, y recluirse en una ciudad diseñada bajo una lógica securitaria que permita evitar que el colapso sufrido durante la Revolución de 2011 vuelva a repetirse. “La nueva capital va a ser una ciudad militar, a la que el régimen va a llevarse a sus seguidores mientras hace que físicamente sea muy difícil llegar hasta ellos”, prevé el reputado urbanista David Sims. “Es un sueño para un gobierno autoritario”, agrega.


En esta línea, los actuales progresos de la nueva capital están teniendo lugar mientras el Parlamento egipcio está inmerso en un proceso de enmiendas constitucionales. Cuando éstas se aprueben en un referéndum popular previsto dentro de pocos meses, se establecerá en el país un nuevo orden político que cimentará aún más en el poder a Al Sisi y al Ejército. Cuando llegue el momento, un búnker les estará esperando. “La nueva capital solo se construye con la lógica de asegurar el nuevo régimen”, considera la antropóloga urbana Omnia Khalil, que concluye: “No quieren que un enero como el de 2011 vuelva a suceder”.

Por MARC ESPAÑOL
@mespanolescofet

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Trump exhorta a un G-3 nuclear de EU con China y Rusia

Pareciera descabellado imaginar un arreglo nuclear entre las tres superpotencias EU/Rusia/China cuando Trump aprieta las tuercas contra China, en Taiwan (https://bit.ly/2UpRfng), y contra Rusia, desde el Báltico hasta Venezuela (https://bit.ly/2G3JnzV).

En el epílogo de las negociaciones entre EU y China para finiquitar la deslactosada "guerra comercial" de Trump, el presidente de EU se ha re-energizado con el final feliz del alucinógeno Rusiagate, cuyo corolario en México fue la hilarante y delirante "trama rusa" (https://bit.ly/2Ux9Qh2).

El mandarín Xi llegaría a su planeada cumbre con Trump en cuatro semanas con un triunfo regional de impacto global: su acercamiento con Europa y la incrustación de Italia a las Tres Rutas de la Seda (https://bit.ly/2YOaeag), mientras Trump se despoja de la lápida doméstica del Rusiagate que le permite suspirar por su relección y empujar su pugnaz agenda tanto contra Irán, para beneficiar a Israel, como contra los débiles del planeta: desde los mexicanos hasta los palestinos.

Son niveles diferentes cuando nada se asemeja a la confrontación nuclear donde Trump hizo una declaración inesperada, en presencia del viceprimer ministro chino Liu He, que apela a un G-3 nuclear de EU con Rusia y China: "Entre Rusia, China y nosotros, estamos dilapidando miles de millones de dólares en armas, incluyendo las nucleares, lo cual es ridículo (sic)". Agregó: “pienso que es mucho mejor si nos arreglamos y no fabricamos estas armas (…) estos tres (sic) países pienso pueden juntarse y frenar el dispendio y así gastar en cosas que son más productivas hacia una paz de largo plazo”. El viceprimer ministro Liu He festejó la propuesta de Trump como una "muy buena idea".

Llama la atención que Sputnik diera a conocer la sorprendente declaración de Trump, frente al silencio estruendoso de los multimedia de Occidente, y recalca su comentario sobre la "responsabilidad global (sic) de Washington y Pekín" cuando el acuerdo comercial de China y EU sería una "cosa (sic) tremenda para el mundo" (https://bit.ly/2KfRDRt).

Esa es justamente la cosmogonía del mandarín Xi, quien envió una carta a Trump sobre la necesidad de preservar la "estabilidad estratégica global" que rebasa el vulgar reduccionismo comercial y pone en tela de juicio el proteccionismo unilateral (https://bit.ly/2YVQMZa).

Llamó aún más la atención el título de Russia Today sobre la aprobación de China a la declaración pacifista de Trump (https://bit.ly/2VqOlMb).

La propuesta de Trump suena muy atractiva para los genuinos pacifistas y los abolicionistas de las letales armas nucleares: invertir en la paz en lugar de gastar en armas.

El grave escollo radica en los intereses del complejo militar industrial de EU, que si bien acepta a regañadientes el ascenso geoestratégico y militar de Rusia y China –que mantienen una "asociación estratégica" cuya envergadura y alcances secretos se desconocen, pero se infieren– no se ve cómo acepte un recorte del gasto militar nuclear sin que afecte sus ganancias misántropas.

¿Qué le habrá querido decir entre líneas el mandarín Xi en su carta a Trump sobre la "estabilidad estratégica global"?

¿Habrá insinuado Xi un mayor acercamiento con Rusia para defenderse de las jeremiadas bélicas de Trump?

Tres días antes a la pasmosa declaración pacifista de Trump, el mandarín Xi había exhortado públicamente a EU a colaborar con China "para ayudar a estabilizar y a reducir la incertidumbre en los asuntos globales" de las que forman parte las negociaciones para finiquitar la "guerra comercial" que propinó Trump a China: "como grandes países, nuestra relación uno con el otro pueden tener un gran impacto en la estabilidad estratégica global y todos debemos apuntalar nuestras responsabilidades especiales con el mundo".

Trump y el mandarín Xi coinciden sobre su "responsabilidad global", pero asombra mucho más que el presidente de EU exhorte a un "G-3 nuclear" con Rusia y China.

Trump acepta tácitamente la "estabilidad estratégica global" que propone el mandarín Xi, mientras Rusia toma nota, sin oponerse.

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La Constituyente de Venezuela despoja a Guaidó de su inmunidad parlamentaria

CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto en el que autoriza la continuación de un juicio contra el parlamentario opositor Juan Guaidó, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le solicitó retirar la inmunidad.


"Decreta autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) publíquese el presente decreto (…) y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia", indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en un discurso.


"El que entendió, entendió", repitió en varias ocasiones el máximo representante de la constituyente, tras la aprobación unánime del decreto en el que si bien no especificó que se levantaba la inmunidad parlamentaria a Guaidó ordenó a que se continuara el juicio.


Este decreto fue aprobado en moción de urgencia durante una sesión que comenzó este martes a las 16:18 hora local (20:18 GMT) y concluyó cuatro horas después.
Durante su discurso, Cabello pidió a darle tiempo a la justicia y remarcó que ésta "tiene sus tiempos".


"A veces tarda la ley, pero va a llegar, en este caso va a llegar, no nos desesperemos, vamos poco a poco, se llega, y muy lejos se llega, sin desesperarnos", agregó.
Por otra parte, indicó que el parlamentario ha perdido respaldo, incluso de los partidos de oposición y afirmó que "Juan Guaidó es la nada" y por ende nadie asume la responsabilidad de los actos que él ejecuta.


Además, señaló que el sistema de justicia de Venezuela, así como los constituyentes, están bajo la amenaza constantes del Gobierno de EEUU, pero destacó que eso no incidirá en la aplicación de castigo a quien infrinja las leyes.


Durante la discusión previa a la aprobación del decreto también se pronunció la constituyente María León, quien destacó la necesidad de que se constituyan tribunales populares.
"Yo pediría tribunales populares, y que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo decida qué hacer con quien traiciona a la patria", acotó.


Por su parte, la constituyente Tania Díaz pidió al Tribunal y a la Contraloría General seguir con la aplicación de la justicia.


"Le pedimos al tribunal, a la procuraduría, a la contraloría, que ya hizo parte de su trabajo, que actúe contra este diputado y contra cualquiera que ose atentar contra nuestra soberanía", sostuvo.


Esta decisión de la constituyente se aprobó un día después de que el máximo tribunal exigió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.


"Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez", señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.


Además, el máximo tribunal ratificó el lunes las medidas cautelares contra Guaidó, entre las que se encuentra: prohibición de salida del país, de enajenar y gravar los bienes de sus propiedades, así como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en Venezuela.


Además, el TSJ resolvió aplicar una multa de 200 unidad tributarias, equivalente a 10.000 bolívares (moneda local) o 3 dólares, por haber violado la prohibición de salida en su contra el 22 de febrero.


El jueves 28 de marzo, la Contraloría General de Venezuela decidió inhabilitar por 15 años a Guaidó para el ejercicio de cualquier cargo público, por no justificar el origen de los fondos que ha utilizado en los últimos meses para realizar viajes dentro y fuera de Venezuela.

03:14 03.04.2019(actualizada a las 04:13 03.04.2019)

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Soldados israelíes se enfrentan con manifestantes palestinos sobre la cerca fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza./Reuters

El ejército israelí ha diseñado un plan para reocupar toda la Franja de Gaza en solo cuatro horas, una posibilidad que Benjamín Netanyahu ha rechazado hasta ahora pero que podría cristalizar después de las elecciones de la semana que viene, según el informe publicado el lunes por un diario de Tel Aviv.


El ejército israelí tiene “prácticamente listo” un plan para invadir militarmente toda la Franja de Gaza, una decisión que podrán tomar los líderes políticos tras las elecciones del 9 de abril, según un informe que publicó este lunes el diario Maariv, un periódico muy cercano al primer ministro Benjamín Netanyahu.


El plan prevé una guerra a gran escala en la que participarían todas las ramas del ejército, especialmente personal de infantería y unidades especiales que llevarían a cabo operaciones confidenciales. También intervendría la aviación con intensos ataques aéreos y la marina bombardeando desde el mar, como ya ocurrió en la invasión parcial de 2014.


El objetivo inicial sería tomar el control completo de todo el territorio, desde la verja que separa la Franja de Israel hasta la costa mediterránea, algo que según el plan podría conseguirse en solo cuatro horas. En este sentido puramente militar, la misión es plausible, aunque lógicamente una operación de estas características conllevaría repercusiones importantes, incluidas consecuencias políticas, algunas de las cuales son difíciles de calibrar con antelación.


El liderazgo político que salga de las elecciones israelíes de la próxima semana debería decidir si la invasión pretende derrocar al gobierno de Hamás, lo que parece un objetivo lógico que, por lo demás, no es la primera vez que se plantea el gobierno de Israel, aunque hasta ahora lo ha evitado cuidadosamente.


Una de las preguntas que están sobre la mesa es quiénes sustituirán a Hamás, pero está claro que las ideas islamistas continuarán siendo seguidas por una buena parte de la población de la Franja. Con toda seguridad, habrá milicianos, y no solamente milicianos islamistas, que hostigarán permanentemente a las fuerzas israelíes y con toda probabilidad les causarán un número de bajas considerable.


Un escenario que permitiría la evacuación rápida de las fuerzas invasoras consistiría en entregar la Franja a la Autoridad Palestina. Sin embargo, esta posibilidad es remota puesto que Israel no confía en el gobierno del presidente Mahmud Abás. De hecho, el gobierno de Abás ya perdió la Franja en 2007 ante el empuje de Hamás. Contando con que las milicias, no solo las islamistas, estarán bien armadas y poseerán un número elevado de efectivos, es muy dudoso que la Autoridad Palestina pueda mantener un control efectivo sin presencia israelí sobre el terreno.


Además, es un interés supremo de Israel mantener la división interpalestina en la medida de lo posible con el fin de mostrar al mundo que los palestinos son incapaces de gobernarse, y justificar de esta manera que a Israel no le queda más remedio que seguir ocupando Cisjordania y seguir expandiendo las colonias judías.
El periódico de Tel Aviv indica que Israel ha considerado establecer en la Franja de Gaza una gobernanza árabe-internacional, y ha considerado que Egipto asuma la gestión del día a día después de la invasión. Pero aunque ha consultado esta opción en conversaciones privadas con líderes del mundo árabe, Netanyahu habría recibido respuestas negativas de sus interlocutores.


Ante este revés, cobra cierta fuerza la hipótesis de que las tropas israelíes se mantengan permanentemente en Gaza y establezcan un gobierno militar que se encargue de alimentar a dos millones de palestinos, una tarea que no sería fácil y que incluiría hacerse cargo de la salud, los alimentos, el combustible, la educación, etcétera. Naturalmente, esta situación hace dudar a los líderes israelíes. En la práctica significaría dar un viaje en el tiempo hasta el periodo previo de los acuerdo de Oslo de 1993, una situación que llena de las peores pesadillas las cabezas de los líderes israelíes, aunque no de todos.


Sin embargo, si el ejército se retira después de la invasión en un plazo razonable, la situación podría ser otra pesadilla quizás peor, ya que las armas y la preparación de millares de milicianos podrían convertir el sector en un terreno fértil para el caos, un caos que quizá fuera similar al de Somalia.


Si el 9 de abril Netanyahu es el único líder capaz de formar gobierno y obtiene su quinto mandato, las posibilidades de una invasión serán más elevadas, no a causa de Netanyahu, que siempre se ha mostrado prudente con la Franja, sino a causa de sus posibles aliados de la extrema derecha y nacionalistas que durante la actual campaña están exigiendo que se acabe de una vez por todas con Hamás, lo que requeriría entrar a fondo en la Franja.


La cautela de Netanyahu también tiene contraindicaciones. En los tres años y medio que siguieron a la invasión de 2014 hubo una calma casi absoluta en la Franja y Netanyahu no la aprovechó para establecer un diálogo político y llegar a un acuerdo de larga duración, o incluso para aliviar las extremas condiciones de

vida de la población civil, lo que revela que una solución política no entra en sus planes. En la práctica, la inmensa mayoría de los israelíes comparte la opinión del primer ministro.
Ha sido necesario que Hamás y las demás milicias lancen un gran número de cohetes en la víspera de unas elecciones para que Netanyahu haya entendido que conviene aliviar las condiciones de vida de los palestinos de Gaza. Esta decisión indica que Netanyahu es más sensible y vulnerable a los cohetes que a la calma.


El hecho de que Netanyahu haya accedido a que Qatar meta dinero en la Franja cada mes, y el hecho de se haya avenido a negociar ahora con Hamás, indica que el primer ministro está comprando una calma temporal. Su objetivo es abortar cualquier posibilidad de una negociación política que conduzca al establecimiento de un estado palestino. Si una invasión de la Franja es necesaria para ello, Netanyahu sin duda acabará dando ese paso.

JERUSALÉN
02/04/2019 08:07 Actualizado: 02/04/2019 08:07
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

 

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Lunes, 01 Abril 2019 06:03

Con Dios de nuestro lado

Con Dios de nuestro lado

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, comentó el otro día que es muy posible que Dios haya sido quien colocó a Trump en la Casa Blanca. No está solo. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró a finales de enero que Dios "quería que Donald Trump se convirtiera en presidente y es por eso que esta ahí".

Pompeo, así como el vicepresidente Mike Pence, son cristianos evangélicos e igual que promueven políticas favorecidas por estas corrientes religiosas dentro de Estados Unidos, también condicionan la política exterior, desde Medio Oriente (sobre todo la defensa de Israel por motivaciones bíblicas), al financiamiento de programas antiaborto, y hasta en la construcción del muro fronterizo, entre otras cosas.

Pompeo, Pence, Jeff Sessions, ex procurador general, y Betsy DeVos, secretaria de Educación, son parte de un grupo de estudios de la Biblia encabezado por el pastor Ralph Drollinger, quien cree que los cristianos en el gobierno están obligados a contratar sólo a otros cristianos, informa Ron Charles, del Washington Post.

Trump –a pesar de sus pecados graves incluidos dos divorcios y constantes aventuras extramaritales incluso con estrellas de cine porno, entre otros– forjó una alianza con las corrientes cristianas conservadoras al adoptar sus posiciones antiaborto, antihomosexuales, la promoción de estudios bíblicos (incluidos los que hablan sobre la evolución) en escuelas públicas y la anulación (parcial) de la regulación federal prohibiendo el respaldo de candidatos políticos por iglesias, entre otras cosas, a cambio de ser coronado como un salvador. Robert Jeffress, líder nacional evangélico, declaró que “millones de estadunidenses creen que la elección del presidente Trump representó a Dios ofreciéndonos otra oportunidad, tal vez nuestra última oportunidad, para realmente hacer a América grande de nuevo”.

Sin embargo, Trump, comparado con sus antecesores, es el presidente con menor vínculo religioso a lo largo de su vida (es oficialmente presbiteriano). De hecho, aun si lo recuerdan, no sería bienvenido en las iglesias de su juventud hoy día, ya que se oponen a sus políticas, incluyendo la antimigrante. Pero como casi todo en su vida, esto se maneja como parte de un espectáculo y Trump está dispuesto hasta a poner su autógrafo en un libro que no sólo no escribió, sino que es difícil de creer que haya leído: la Biblia.

Este es el país mas religioso del primer mundo; "los estadunidenses rezan con más frecuencia, asisten más a servicios religiosos semanales y dan una importancia mayor a la fe en sus vidas" que los adultos de los demás países occidentales avanzados, registra el Centro de Investigación Pew. Aproximadamente 83 por ciento de adultos cree en Dios (63 por ciento de ellos en términos absolutos).

La consigna oficial en cada billete de dólar es "en Dios confiamos" (algo que primero se grabó durante la Guerra Civil y reapareció en 1956, cuando el Congreso lo declaró lema oficial). El Juramento de Lealtad (Pledge of Allegiance), un verso semioficial que se recita en las escuelas y en algunos actos oficiales, fue escrito en 1891, pero en 1954 la frase "bajo Dios" fue añadida en un esfuerzo por definir a Estados Unidos como un país de fe frente al enemigo: una Unión Soviética atea. Y aunque curiosamente la Constitución de Estados Unidos no menciona a Dios o alguna fuerza divina, las 50 constituciones estatales incluyen una referencia divina, informa el Pew.

Pero vale recordar que no hay un solo Dios aquí, y la historia de este país fue en parte escrita por las grandes corrientes religiosas progresistas que han nutrido magnos movimientos sociales y políticos por la abolición de la esclavitud, los derechos laborales, derechos civiles, movimientos antiguerra, de defensa de inmigrantes y refugiados, entre otros.

En pleno siglo XXI en el país más poderoso del mundo un Dios muy blanco y rico que, dicen, eligió a Trump, se enfrenta, otra vez, con el Dios de los que luchan por un paraíso de la justicia, la dignidad y la igualdad.

https://www.youtube.com/watch?v=cAgAvnvXF9U. También consultar en https://open.spotify.com/track/5hBOEqqkcQaUgkRhh6E yX4?si=r0q6chwHRNm7QC_unh_oKw

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